Dependencia
Maestre: «Cospedal está derogando la Ley de Dependencia por la puerta atrás»
La Ley de Dependencia, la considerada como el “cuarto pilar” del Estado del Bienestar es las más afectada por la política de continuos recortes de los gobiernos de Mariano Rajoy en España y María Dolores Cospedal en Castilla-La Mancha.
Esta es la conclusión que ponía sobre la mesa la portavoz del PSOE castellano-manchego, Cristina Maestre, tras analizar los datos que da mes a mes el propio Gobierno de la Nación sobre la situación de esta norma.
En Castilla-La Mancha, es más, indicaba Maestre, la Ley de Dependencia en los dos últimos años y pico, desde que gobierna el PP, “está siendo derogada en la practica por la puerta de atrás”. Desde mayo de 2012, 17 meses, explicaba, no se ha resulelto ni una sola prestación.
Los datos oficiales avalan este planteamiento, señaló Maestre en una rueda de prensa celebrada en Ciudad Real. Con las cifras oficiales a 30 de septiembre último, en la comunidad autónoma, en lo que va de legislatura, se ha retirado la prestación económica a más de 5.800 personas dependientes
Además, 11.500 beneficiarios de la ley han dejado de serlo y, en lo que va de año se han dejado de atender a más de 2.000 familias. En estos momentos existen casi 4.700 personas esperando para ser valoradas en su nivel de dependencia.
En la provincia de Ciudad Real, se ha retirado la prestación de ayuda a cuidador a casi 1.500 familias, casi 1.200 personas están esperando que se les dé una respuesta a su petición valoración y, en lo que va de año, ha descendido en 437 el número de personas atendidas.
Son datos que confirman la postura del PP ante la Ley de Dependencia desde que fue tramitada en el Congreso de los Diputados en la anterior legislatura. El PP, remarcaba Maestre, nunca quiso la Ley de Dependencia, votó a favor de la misma para no quedar mal políticamente, pero, ahora que está en el Gobierno la está dejando en nada por vía de los hechos consumados.
Otro aspectos, dijo, es el de la aplicación de nuevas tasas a la hora de que los afectados puedan iniciar la tramitación de una ayuda.
Con estas decisiones, Maestre no tiene dudas de que el PP “está retorciendo el brazo a los dependientes para que ellos mismos renuncien a las ayudas a las que tienen derechos”.
Otro punto a analizar es el de la generación de trabajo. La portavoz socialista recordaba que, si uno de los objetivos del PP es la creación de empleo, todos los estudios realizados al efecto confirman que, en torno a la dependencia, hay un nicho importante para la generación de puestos de trabajo que el PP “se está cargando”.
Todas las actuaciones en este campo de Cospedal, puntualizaba Maestre, ha llevado a que, según las estadísticas, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha sea una de las últimas regiones, junto a Aragón, en la aplicación de la Ley de Dependencia.
Maestre apuntó que el PSOE seguirá defendiendo esta ley, en lo más cercano, con enmiendas para mejorar su dotación económica en los presupuestos de la región para el próximo año de 2014.
Dependientes y mujeres, un binomio inseparable
Una breve cronología de hechos en relación con la tan manida y conocida Ley de Dependencia o de Pro moción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (Ley 39/2006 de 14 de diciembre) sentó las bases para construir el futuro Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, que financia los servicios que necesitan las personas dependientes, bien por enfermedad o accidente o suceso incapacitante, o para que al llegar a la vejez se les garantice un sustento mínimo.
No podemos obviar que las personas dependientes están incapacitadas para desarrollar actividades de la vida diaria y requieren ayuda para realizarlas. Nuestra labor como ciudadanos es potenciar al máximo la independencia en el dependiente. A ese espejismo, por realista, conviene que nos apliquemos todos para hacer un país más sano y equilibrado.
De los 46 millones de españoles del año 2008, unos 2 millones eran dependientes y concluyen varios estudios que la dependencia era más evidente con el aumento de la edad de las personas, más frecuente entre las mujeres y entre personas de clase social con menor formación. Los datos hablan por sí solos y configura una silueta reveladora, persona mayor, mujer y sin formación.
Si valoramos el orden de aparición de la dependencia y su prevalencia de las discapacidades que pueden provocar dependencia personal, en primer lugar y con más frecuencia, encontramos los problemas relacionados con la movilidad exterior; siguen las dificultades en las tareas habituales del hogar y, en tercer lugar, los problemas de cuidado personal.
Y vuelven las mujeres. La ayuda familiar es la principal respuesta y, normalmente, viene de la mano de mujeres: la hija que asume el cuidado de sus mayores (y que la actual ley condena a malvivir en el futuro por ausencia de protección en el sistema de Seguridad Social), la esposa que cuida varón, la madre que cuida hijo/a dependiente, mujeres que no ven otro horizonte. De nuevo mujeres perdedoras por cuidadoras.
La ley anterior contó con un amplio debate a lo largo de todo el año 2006 y en noviembre de ese año contó con el apoyo mayoritario de los diputados representativos y el 1 de enero de 2007 empieza a andar. Sin tiempo para grandes conclusiones y reflexiones, con el acceso del Partido Popular al gobierno en 2011, y sin debate alguno en la sociedad, ya en el primer Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011 paraliza la aplicación de la Ley de Dependencia, dejando fuera del sistema, y de un plumazo, a unos 400.000 españoles con dependencia moderada.
Posteriormente, con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, se retiran 283 millones de euros para dependientes moderados y, consecuentemente, las comunidades autónomas se ven obligadas a retirar otros 283 millones de euros al anularse la partida que lo sustentaba.
Medio año después modifica el gobierno la Ley de Dependencia del gobierno socialista y paraliza la aplicación de algunos conceptos de la misma, por dos años, haciendo importantes reformas en otros aspectos, para lo que recurre al R.D. Ley 20/2012, de 13 de julio. Pasado un año de aplicación del precitado R.D. Ley, y sólo en el período agosto 2012-agosto 2013, sacamos conclusiones conmovedoras, como que 122.244 personas han sido expulsadas del sistema de dependencia y no reciben prestación o han dejado de tener derecho a la prestación por dependencia. De nuevo el colectivo femenino es el más golpeado y afectado por la medida. De nuevo mujeres sufridoras por mujer-dependiente o por mujer-cuidadora. Mujeres, personas al fin y al cabo. Y eso, sin citar a los varios miles de solicitantes que no se han registrado para demanda de dependencia en todo el país.
A todo esto debemos sumar los miles de dependientes que han visto recortadas sus prestaciones por múltiples motivos y que, incluso, paradojas aparte, ha contribuido a aumentar hasta el número de separaciones matrimoniales, por afectar a las uniones de dependientes, fórmula más habitual de convivencia entre este colectivo. Y es que pensiones entre los 300? y los 350? para quienes necesitan afrontar gastos extraordinarios, por necesarios y no habituales en familias normalizadas, no dan para mantener a quienes quieren vivir la dependencia con la mayor independencia posible.
Si ponemos cara a la realidad en un municipio tinerfeño como Icod de los Vinos, obtenemos que, de una u otra manera, los actuales desmanes del gobierno de Madrid con la Ley de Dependencia afectan a más de 300 familias, a las que condenan a vivir en la intransigencia y el desconcierto.
Los datos no evidencian sino un desplome absoluto del sistema de dependencia, pasando varios cientos de miles de personas, la mayoría mujeres, el calvario de la inmundicia y el abandono, al no poder disponer de unos recursos mínimos que garanticen una vida desde la mayor dignidad posible. Lamentos aparte, tiene rostro de mujer y llevan la peor parte.
Cáritas alerta de que la reforma local aleja a los más vulnerables del acceso a los servicios sociales
Cáritas alerta de que el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del Ministerio de Hacienda aleja a las personas más vulnerables del acceso a los servicios sociales, sobre todo en las zonas rurales, y aboga por consensuar una reforma que ponga a este colectivo «en el centro».
Esta organización considera que es posible introducir algunos cambios en el texto legislativo, que este viernes se abre al trámite de enmiendas. En este sentido, apela tanto al Gobierno y al Grupo Popular en el Congreso, como al resto de grupos parlamentarios, a que valoren las reiteradas peticiones formuladas al respecto por el conjunto de las entidades del tercer sector.
De manera concreta, Cáritas propone que se permita desarrollar una organización técnica y competencial que ponga en el centro de sus objetivos a las personas en situación social más precaria, a través de dos niveles de atención (primario y secundario) y con un criterio de proximidad de los servicios a la vivienda habitual de los ciudadanos.
Por otro lado, plantea la necesidad de que el Estado garantice unos derechos mínimos, determine quién es la población titular de los mismos y qué tipo de atención queda garantizada.
Cáritas muestra también su preocupación por la introducción dentro de esta reforma de una nueva restricción en el acceso al empadronamiento por parte de las persona extranjeras no comunitarias, una medida, que, a su juicio, «debe ser suprimida» del proyecto «por cuanto desvirtúa la naturaleza del empadronamiento y condena todavía más a la invisibilidad a un sector de la población».
Aerte forma en fiscalidad de la dependencia
La patronal de centros y servicios de la dependencia de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha organizado el curso “Fiscalidad de la Dependencia”. Con una duración de seis horas, la jornada formativa tendrá lugar en su sede de Valencia el viernes 25 de octubre.
Abordará todas las novedades legislativas de ámbito fiscal que han surgido durante el último año en el sector sociosanitario como: el análisis de la tributación, las novedades fiscales (IVA, IRPF, Impuesto Sociedades) o la fiscalidad local y de las entidades sin ánimo de lucro.
Federico Javier Varona, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, socio-Director de Varona, será el encargado de analizar estos y otros temas de interés.
Esta jornada se enmarca dentro del módulo formativo que AERTE está desarrollando, dirigido especialmente a ampliar el conocimiento de directores de centros de servicios sociales.
El Gobierno asegura que si las partidas de los PGE de dependencia no son suficientes aportará los créditos necesarios
El Gobierno asegura que si las partidas destinadas a sufragar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no son suficientes el Ejecutivo se encargará de aportar los créditos necesarios para su funcionamiento.
Así se desprende de una respuesta parlamentaria del Ejecutivo al diputado del PSOE, Miguel Ángel Heredia, recogida por Europa Press, en la que asegura que, por parte del Gobierno, se han establecido toda una serie de medidas encaminadas a lograr una mejora en el sistema, racionalizando el gasto público en relación con esta materia, y asegurando la sostenibilidad presente y futura del mismo.
Eso sí, señala que, por parte de la Administración General del Estado (AGE) se consignan anualmente en los Presupuestos las cantidades necesarias para hacer frente a las obligaciones de financiación recogidas en la propia ley de dependencia.
«En todo caso, si las cantidades inicialmente presupuestadas resultasen insuficientes, se procedería a tramitar las ampliaciones de crédito suficientes para contar en todo momento con los créditos necesarios», confirma el Gobierno.
De esta manera, tanto para el presente ejercicio como para los ejercicios futuros, por parte de la AGE confirma que se consignarán las cantidades suficientes para poder cumplir con los compromisos asumidos en relación con la financiación de la Ley. «Por lo tanto, no existe ninguna previsión de recortes en esta materia», sentencia el Ejecutivo ‘popular’.
Las empresas asociadas a AERTE confirman su presagio: no podrán pagar sus nóminas en octubre
Aerte recuerda al Ministerio de Hacienda que el sector lleva más de un año sin cobrar en la Comunidad Valenciana y que el gobierno valenciano le ha comunicado que no abonará en el tiempo establecido la deuda comprometida.
La falta de efectividad de las acciones de la Conselleria de Bienestar Social genera al mes más de 10 millones de deuda al sector empresarial de atención a la dependencia de la Comunidad Valenciana.
AERTE volverá a solicitar al Ministerio de Hacienda que actúe de forma urgente para poner fin al continuo bloqueo de pago de deuda acumulada que mantiene la administración valenciana y que asciende a más de 100 millones. Planteará que abone directamente al sector el pago de la deuda comprometida.
El promedio de tiempo sin cobrar la deuda en la Comunidad Valenciana es cuatro veces superior a la media. Las empresas asociadas a aerte confirman su presagio: no podrán pagar sus nóminas en octubre.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana, aerte, insistirá hoy al Ministerio de Hacienda para que actúe con el objeto de resolver el bloqueo del pago de deuda acumulada que, desde la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, viene manteniendo de forma continua con el sector de centros de atención a dependientes de la Comunidad Valenciana.
Para ello, la patronal de la dependencia de la Comunidad Valenciana, ya solicitó el pasado 4 de octubre una reunión con el Ministerio de Hacienda. Hoy en Madrid, volverá a reclamarla por vía de urgencia para denunciar la escandalosa y continua situación que se da en la Comunidad Valenciana, fruto de la escasa efectividad de las acciones de la Consellería de Bienestar Social encaminadas a resolver el problema, en un asunto que afecta a más de 14.000 puestos de trabajo y más de 22.0000 personas dependientes sólo en la Comunidad Valenciana.
María José Mira, directora general de aerte, ha subrayado hoy desde Madrid que “el promedio de tiempo sin abonar las cantidades pendientes en la Comunidad Valenciana es cuatro veces superior a la media. Esta actitud es inaceptable y está provocando que se generen aproximadamente unos 10 millones de euros al mes de deuda, que se acumulan a los 100 millones de euros que se adeuda a día de hoy”.
Ante este constante incumplimiento del compromiso de pago, Mira advierte: “el sector no puede esperar más: la situación para las empresas y trabajadores del sector es inaguantable socialmente, sanitariamente, económicamente y moralmente. Sólo en la patronal de empresas de la dependencia en la Comunidad Valenciana, aerte, hay adheridos más de 200 centros, en octubre algunos de ellos ya no podrán pagar las nóminas. Necesitamos una solución ya, de una vez por todas, con un compromiso firme y fiable que verdaderamente se cumpla, porque la situación de agrava cada día, dado que las empresas han superado el límite de resistencia”.
AERTE solicitará al Ministerio que abone directamente al sector el pago de la deuda comprometida
Ante la falta de efectividad de la Conselleria de Bienestar Social y la urgencia que requiere solucionar este grave problema, explica María José Mira, “plantearemos al Ministerio como solución más rápida y eficaz el pago directo por vía de urgencia de los fondos estatales de dependencia desde el estado a las empresas y beneficiarios. Entendemos que dada la falta de liquidez del Gobierno valenciano, y la falta de soluciones, ésta sería una de las únicas que permitieran “respirar” al sector”.
Mira señala que, “se trata de deudas avaladas por contratos y compromisos firmados, con línea presupuestarias fijadas para ese fin y que, obviamente, no se están destinando al mismo. Lo cual es totalmente incomprensible. ¿A dónde se ha destinado ese dinero?”.
Por otro lado, Mira recalca que “existe una latente asimetría de la deuda de nuestro sector con respecto a otros, cuyos calendarios de pago son menos dramáticos, ya que, prácticamente no hay ninguno que esté en alrededor de un año de impagos, como es el caso. Y, a su vez, una asimetría incluso dentro de la misma Conselleria con entidades y recurso que llevan más de un año sin cobrar, como es nuestro caso, y otros que están casi al día. Y si además, le añadimos que estamos hablando de un sector que trabaja con personas dependientes la situación se agrava más si cabe”.
Deuda acumulada de la Administración valenciana en el mes de octubre al sector de los centros y residencias de atención a los dependientes de la Comunidad Valenciana (Fuente: AERTE).
– 44 millones de euros correspondientes a los servicios públicos de gestión privada. Pendientes de cobro desde noviembre de 2012, es decir once meses sin cobrar.
– 40 millones de euros correspondientes a los servicios de accesibilidad social. Pendientes de cobro desde diciembre de 2012, es decir, diez meses sin cobrar.
– 9 millones de euros correspondientes a los Bono-residencias. Pendientes de cobro desde enero de 2013, es decir, nueve meses sin cobrar.
– 9,3 millones de euros correspondientes a servicios que prestan a las residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario (Lares).
La ‘marea naranja’ informará a los dependientes sobre sus derechos a prestación
‘Marea Naranja’, una organización integrada por trabajadores sociales y personas dependientes, ha organizado una campaña informativa para dar a conocer cómo afectan en cada caso los recortes presupuestarios en la aplicación de la Ley de Dependencia.
El portavoz de esta organización, Carlos Santamaría, detalló ayer que se desarrollará en diferentes puntos de Logroño hasta el próximo 14 de noviembre con el lema ‘Reclama tus derechos, nosotros te ayudamos’. Durante las tardes de los días laborables, excepto viernes, los dependientes y sus familiares podrán acercarse a las sedes del Colegio Riojano de Trabajo Social (lunes y miércoles), UGT (martes) y CC OO (jueves) para conocer de forma detallada si tienen derecho a alguna prestación que ha sufrido un «recorte».
Santamaría aseguró que, si es necesario, se presentarán solicitudes individualizadas para acceder a prestaciones que no se reciben y se ha comprometido a realizar un seguimiento de estas peticiones y quejas, que se enviarán al Gobierno regional.
Aunque no precisó el número de riojanos que se han visto afectados por los recortes, según los datos de ‘Marea Naranja’, el cambio en el baremo de reconocimiento del grado de dependencia y el retraso de la aplicación de algunos grados hasta 2015 afecta a unas 2.765 personas.
Santamaría recordó que, en marzo pasado, el Gobierno regional modificó por un decreto la cartera de servicios a la Dependencia y explicó que, para 2014, no se ha precisado todavía qué rebaja en las prestaciones se producirá, aunque los Presupuestos Generales del Estado recogen una reducción a la Dependencia del 46 %, unos 1.700 millones de euros.
El geriátrico de Elda lanza un SOS
La residencia y centro de día para mayores dependientes «El Catí» de Elda, cuya titularidad depende de la Conselleria de Bienestar Social, se encuentra asfixiada económicamente porque la Generalitat Valenciana no le ha realizado ni un solo pago en todo el año 2013 y, además, sigue debiéndole el mes de diciembre de 2012. En total a la Fundación, Salud y Comunidad (FSC) que es la empresa que lleva prestando este servicio desde 2005, la Conselleria de Bienestar Social le debe 1,7 millones de euros por diez meses de impago continuado.
La situación es «límite» y la concesionaria ya ha anunciado que, si no recibe ninguna transferencia económica en las próximas semanas, a partir del próximo mes de noviembre ya no podrá hacer frente al pago de las nóminas de los 70 profesionales que trabajan en el geriátrico. Una circunstancia que se mantendría en diciembre –incluyendo la paga extra de Navidad– y que podría repercutir en el cuidado de los 110 mayores a los que se atiende tanto en régimen residencial como en el centro de día. Pero, a partir del próximo mes, la concesionaria también tendrá dificultades en adquirir los alimentos, hacer frente a las facturas de luz, agua y gas así como en pagar a los proveedores y a la Seguridad Social.
Para evitar llegar a este extremo los responsables de FSC han remitido una carta al Ayuntamiento de Elda solicitando al equipo de gobierno popular que medie ante el Consell para acabar con este problema. También han pedido ayuda a los grupos parlamentarios de Compromís, EU y PSPV y están a la espera de mantener otra reunión con Asunción Sánchez Zaplana, que es la titular de la Conselleria de Bienestar Social a quien este diario ha preguntado, en los últimos días, por la problemática que atraviesa «El Catí» sin obtener respuesta alguna a pesar de la insistencia.
La Conselleria no paga y los bancos no financian
El subdirector del área de Atención a la Dependencia de FSC, Ismael Estevan, admitía ayer que su empresa se encuentra en una encrucijada. «La Conselleria no nos paga lo que nos debe, ni siquiera una parte, y los bancos ya no nos dan más crédito porque no se fían. Por lo tanto ya no tenemos capacidad de financiarnos y sin nuevos créditos es imposible seguir pagando a nuestros trabajadores y a quienes nos abastecen de todo lo que necesitamos», explica Estevan recordando que FSC siempre ha pagado en tiempo y forma a sus operarios y a sus proveedores. «Algo que, por desgracia, ya no vamos a poder hacer si la Generalitat no nos abona lo que nos debe», advierte Ismael Estevan mostrándose proclive, no obstante, a acordar un plan de pagos con Bienestar Social para acabar con la «agonía».
El Sistema de Dependencia pierde 116 beneficiarios al día y 800 trabajadores en el último mes
El Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) pierde 116 beneficiarios al día y 800 trabajadores en el último mes, según denuncia la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en base a los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En septiembre, se han reducido en 3.475 los dependientes y en 7.163 los que han perdido su derecho a ser atendidos.
Esta organización explica que la reducción de beneficiarios en espera de una prestación se ha conseguido «cercenando» el acceso al sistema y «abandonando» a los que ya son titulares del derecho y advierte de que los recortes se relacionan con el fallecimiento de los dependientes.
Asimismo, señalan que el retroceso en el sistema es «notorio» con respecto al mes anterior, pues todas las cifras son negativas: 3.475 beneficiarios, 3.899 dictámenes menos, 2.910 solicitudes menos, 3.504 grandes dependientes menos, 2.273 dependientes severos menos.
En cuanto a prestaciones y servicios, esta organización señala que hay 1.700 servicios de teleasistencia menos, 1.095 servicios de ayuda a domicilio menos, 158 plazas de centros de día menos, 717 plazas residenciales menos, 2.680 prestaciones de cuidadores familiares menos. La reducción de estos servicios, ha generado, según esta entidad, el despido de 800 trabajadores.
La Asociación de Directores y Gerentes asegura que se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que den un menor grado de dependencia y por tanto reducir el coste. También duda de que se estén atendiendo a quienes más lo necesitan y asegura que «decenas de miles» de personas con derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo «morirán sin ser atendidas».
La reducción del «limbo» de la dependencia o lista de espera se ha obtenido, según esta organización, impidiendo que nuevos dependientes accedan al sistema, y, por otro lado, abandonando a su suerte a los cientos de miles de personas que tenían dependencia severa o gran dependencia y que están falleciendo sin ser atendidos o a los que se les revisa el grado para bajarlos al Grado I. Durante este último mes 7.163 personas con derecho menos figuran en el Sistema.
La Vall d’Albaida dispone de una red asistencial para mayores con 952 plazas
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha asistido al homenaje a las personas mayores que ha organizado el Ayuntamiento de L’Olleria, donde ha destacado que la participación activa de los mayores en la sociedad «es fundamental para promover la autonomía, prevenir la dependencia y mejorar la calidad de vida».
En este sentido, la consellera ha indicado que desde la Generalitat «vamos a seguir fomentando el asociacionismo entre las personas mayores, con la finalidad promover la plena participación social del colectivo».
Este año la Conselleria de Bienestar Social destina más de 1’5 millones de euros a financiar actividades y proyectos desarrollados por 464 asociaciones de personas mayores de toda la Comunitat.
Plan de Envejecimiento Activo
En la Comunidad Valenciana actualmente viven alrededor de 900.000 personas mayores de 65 años, lo que supone el 17’5% de la población.
La consellera de Bienestar Social ha subrayado la importante aportación de las personas mayores a la sociedad «por su carácter dinámico, comprometido y generoso», y ha añadido que desde la Generalitat «trabajamos para conseguir que el envejecimiento sea para ellos una experiencia positiva y una etapa muy activa».
El Plan de Envejecimiento Activo de la Generalitat promueve la salud, ocio y tiempo libre de 400.000 personas mayores de la Comunitat Valenciana, con el objetivo principal de fomentar su autonomía personal y contribuir a mejorar su calidad de vida a través de programas, recursos y actuaciones que promocionan la autonomía y previenen la dependencia. El Plan incluye, entre otros, los programas de Termalismo, Vacaciones Sociales, «No estés solo en Navidad», o «Coneix la teua Comunitat», así como los Centros Especializados de Atención a Mayores (CEAM).
Recursos para mayores en La Vall d’Albaida
Las personas mayores de la comarca de La Vall d’Albaida disponen de una red asistencial de 21 centros con 952 plazas. Concretamente, cuentan con 8 centros residenciales con 574 plazas, 9 centros de día y 378 plazas, 1 Centro Especializado de Atención a Mayores y 3 Centros Sociales.
Asimismo, 47 personas mayores de 65 años de la comarca son beneficiarias del programa ‘Menjar a Casa’ de la Conselleria de Bienestar Social, un servicio de atención domiciliaria que ofrece a las personas mayores una dieta saludable en su propio domicilio y adaptada a sus necesidades.
La Fundación San Rosendo diseña y gestionará el nuevo centro gerontológico del Obispado de Tui-Vigo y la parroquia Nuestra Señora del Rocío
Las obras, que han comenzado hoy, cuentan con un plazo de ejecución de 14 meses y suponen una inversión de 3 millones de euros.
El Obispado de Tui-Vigo y la parroquia Nuestra Señora del Rocío encargaron a la Fundación San Rosendo el diseño del proyecto y la gestión del centro gerontológico.
El nuevo edificio surge con vocación de servicio a la comunidad parroquial ya que también albergara servicios de Caritas.
Este lunes, 14 de octubre, se han iniciado las obras de construcción de la nueva residencia para mayores dependientes de la parroquia Nuestra Señora del Rocío, en el barrio de Coia (Vigo), cuyo diseño y gestión del proyecto gerontológico ha sido adjudicado por la Diócesis de Tui-Vigo a la Fundación San Rosendo.
La nueva residencia se ubica en una parcela de más de 3.500 m2, cedida por la parroquia Nuestra Señora del Rocío, adosada a la Iglesia. Las obras, que realiza la empresa olívica Civis Global, tienen un plazo de ejecución de 14 meses y supondrán una inversión de 3 millones de euros.
74 plazas para mayores asistidos y Centro Parroquial
La Diócesis de Tui-Vigo trata así de dar respuesta a las necesidades sociales de la comunidad. El nuevo edificio, diseñado por Castro y Alonso Arquitectos, tiene una clara vocación de servicio social, ya que junto con la residencia de personas mayores también albergará las actividades pastorales, como Cáritas, en los locales destinados a Centro Parroquial.
La superficie útil está distribuida entre 2 sótanos y 3 plantas. La zona de uso parroquial se ubicará en la primera y segunda planta con un espacio mayor para la sacristía, comunicado con el templo, un pequeño vestuario y aseo para los oficiantes. En la planta segunda se sitúan los despachos parroquiales, un pequeño almacén-archivo y los aseos. Este espacio se comunica con el resto del complejo mediante un vestíbulo independiente.
Cáritas parroquial contará con dos dependencias de almacenamiento en el sótano y otra para el reparto de alimentos y bienes a los más necesitados. Su funcionamiento es independiente del resto del Centro Parroquial y dispone de acceso propio.
El resto del espacio se destinará a la residencia de mayores Nuestra Señora del Rocío que contará con 74 plazas para personas dependientes, en la que tendrán preferencia los vecinos del barrio de Coia. Las zonas de uso común como sala de convivencia, comedor, sala de rehabilitación y sala de lo social se encuentran en la planta baja, aunque se reserva en la planta primera una sala de uso polivalente.
En la planta baja también estarán ubicados los espacios de uso administrativo, despachos, aseos para residentes y sala de visitas independiente del resto del edificio y salida directa al exterior.
En el momento de plena ocupación, la residencia empleará a 30 profesionales entre gerontólogos, enfermeros y cuidadores. Como en el resto de centros gestionados por la Fundación San Rosendo, la residencia mantendrá la política de contratación de proveedores locales.
20 años de atención a personas mayores
La residencia del Rocío en Vigo se sumará a la red de 66 centros gerontológicos que la Fundación San Rosendo tiene distribuidos en más de 40 localidades de Galicia. El 85% de estos centros asistenciales se encuentran en entornos rurales deprimidos, donde la oferta privada es escasa.
La Fundación San Rosendo y la Diócesis de Tui-Vigo ya tienen una amplia trayectoria en el desarrollo de proyectos asistenciales para atender las demandas sociales a través de los centros para mayores de Valeixe, Covelo, Patos y Stella Maris.
La Fundación San Rosendo gestiona más de 3.500 plazas asistenciales en Galicia, que atienden más de 1.500 profesionales. Todos los centros de la entidad con más de 100 plazas cuentan con el reconocimiento europeo de calidad ISO 9001:2008.
Comunicación Fundación San Rosendo
Rosa Pontes
686 037 314
www.fundacionsanrosendo.es www.diocesetuivigo.es
@Fsanrosendo
Comunicación Obispado Tui-Vigo
Alberto Cuevas
986 375 153
www.diocesetuivigo.es
AVREP alerta que la deuda del Consell con el sector aumenta 3 millones de euros cada mes ante la pasividad del Gobierno valenciano
La deuda que mantiene la Generalitat Valenciana con las empresas encargadas de la gestión de residencias públicas se incrementa mensualmente en más de 3 millones de euros, ante la ausencia de medidas para paliar esta situación por parte del Consell. Actualmente, el impago al que tienen que hacer frente las empresas agrupadas en la supera los 38,5 millones de euros.
La operatividad de la red de centros públicos compuesta por 40 centros socio-sanitarios, podría verse afectada en las próximas semanas, e incluso terminar por reducirse a sólo 12 recursos ante la situación desesperada en la que se encuentran 28 centros, al no ser incluidas estas empresas en el Plan de Pago a Proveedores impulsado por el Gobierno Valenciano.
Y, lo más grave, es que la pasividad y falta de respuesta del Gobierno Valenciano puede afectar al funcionamiento de éstos recursos socio-sanitarios en los próximos meses, lo que pondría en peligro el 70% de la red de centros de la Generalitat Valenciana de atención a personas mayores dependientes mediante gestiones integrales.
En este sentido, y con el constante incremento de la deuda, de no afrontar el Gobierno Valenciano los impagos mediante recursos propios, en diciembre la deuda ascendería a casi 50 millones de euros y superaría el año de retraso, situación que no se ha producido en ninguna otra autonomía y que deja en una posición insostenible a gestores, trabajadores y dependientes valencianos.
De hecho, la no inclusión de las empresas de gestión de residencias públicas en los planes de pago, supone condenar a más de 2.600 dependientes y cerca de 2.000 trabajadores a perder sus derechos y empleos, con riesgo de continuidad en la prestación del servicio en la mayoría de los recursos presentes en 25 municipios de Alicante (6), Castellón (3) y Valencia (16).
Deuda validada por intervención
Por ello, desde la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas, que agrupa a prácticamente el 100% de los operadores y centros del sector, se ha solicitado al Consell el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público y, en este sentido, se ha demandado que se salde la deuda con estos centros con la partida presupuestaria correspondiente, que se encuentra validada por la intervención.
La reducción de la operatividad de los recursos de la red de centros de la Generalitat Valenciana de atención a personas mayores dependientes mermará la calidad de vida de muchos dependientes y sus familias. Y, paralelamente, provocará la pérdida de empleo no deslocalizable, que mayoritariamente beneficia a mujeres en municipios con poca masa de población activa.
AVREP reclama, por tanto, un esfuerzo de los gobernantes autonómicos y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para priorizar los servicios sociales a los colectivos más necesitados, garantizando el derecho adquirido por Ley.
Más info: prensa@sanserif.es · t.963 466 406 · 627760487
Burriana ofrece un curso de formación a cuidadores no profesionales de personas dependientes
Un total de 20 cuidadores de personas dependientes se beneficiarán en Burriana de un curso de formación que ofrecerá el Ayuntamiento, a través del Servicio Municipal de Atención a la Dependencia, entre el 14 de octubre y el 8 de noviembre, según ha informado hoy la concejal de Servicios Sociales, Mercedes Giménez.
La edil, acompañada por una de las trabajadoras sociales a cargo de este servicio, Carlota Nafría, ha explicado que este ciclo, el primero de estas características organizado directamente por el Ayuntamiento, está dirigido a aquellos cuidadores no profesionales que atiendan a personas con dependencia derivada de la edad, “y cada año lo iremos destinando a las distintas vertientes de la dependencia”, ha avanzado Giménez, quien ha añadido que la Generalitat Valenciana ha delegado en los consistorios la organización y realización de estos cursos.
La concejal de Servicios Sociales ha explicado que el Ayuntamiento ha contabilizado 137 cuidadores en Burriana que cobran una prestación económica por atender a personas dependientes en el entorno familiar, “y tras una primera comprobación, hemos constatado que la mayoría no ha realizado los correspondientes cursos de formación”.
El curso se desarrollará los lunes, miércoles y viernes en el Centre Municipal de Cultura la Mercé y consta de cuatro módulos: Recursos sociales y sanitarios y generación de redes, cuidado de las actividades básicas en la vida diaria y medidas higiénico-sanitarias, desarrollo personal y formación especifica en la dependencia derivada de la edad. Este último, según Mercedes Giménez, se ha hecho extensivo a las asociaciones de Parkinson, Alzheimer y Ateneo (Daño cerebral sobrevenido).
Las clases las impartirán profesionales de distintas disciplinas, con el fin de ofrecer una formación lo más amplia y completa posible. Así, el profesorado lo integran las trabajadoras sociales del Centro de Salud María Comitre y Luisa Álvarez, la enfermera de gestión de casos Ana Cervera, la fisioterapeuta de la Residencia de la Tercera Edad Gema García, el médico internista Cristian Garcia, la auxiliar de ayuda a domicilio de Servicios Sociales Rosabel, el psicólogo responsable de la Unidad de Prevención Comunitaria de Servicios Sociales, Pedro Cuesta, así como las trabajadoras sociales del Servicio Municipal de Atención a la Dependencia, Carlota Nafría y Helen Navarro, responsables de la programación y organización del curso.
Mercedes Giménez considera muy interesante y apropiado este curso para facilitar la tarea de los cuidadores no profesionales, crear redes de apoyo psicosocial para que no se sientan solos en su dura tarea y mejorar en general su calidad de vida.
La concejal agradece la implicación de todos los profesionales en este primer curso y el trabajo de las responsables del Servicio Municipal de Atención a la Dependencia, al tiempo que confía en que sea un éxito y se consolide con nuevas ediciones en los próximos años.
Cantabria, «referente» a nivel nacional en la atención a la dependencia
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha ensalzado este viernes, en Santander, que Cantabria es «un referente y un modelo» a nivel nacional en la atención a la dependencia, por lo que ha considerado que debe ser «un espejo» para el resto de CCAA.
Moreno, que ha dado una rueda de prensa antes de reunirse con varios colectivos para explicarles la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género, ha apoyado esta consideración en los últimos datos del IMSERSO sobre atención a la dependencia.
Así, ha afirmado que en Cantabria reciben prestación el 93 por ciento de los cántabros con derecho a ella y el 99 por ciento de las solicitudes para expedientes de dependencia se valoran.
También ha destacado que la lista de espera en este área es del 6,4 por ciento en la región, lo que la sitúa entre «las más bajas del conjunto del país».
El secretario de Estado ha manifestado su «satisfacción» porque «el trabajo coordinado y de cooperación» entre el Estado y el Gobierno regional «está dando sus frutos» en el ámbito de la dependencia.
Asimismo, ha felicitado a la consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, y a la Ejecutivo cántabro en su conjunto «por haber asumido» esta atención «en una situación de enormes dificultades económicas como la que hemos vivido y seguimos viviendo durante estos años».
Finalmente, Moreno ha opinado que los gestores de la administración cántabra han sido «capaces con audacia, con inteligencia y con tesón de haber conseguido que Cantabria sea un referente y un modelo en el conjunto de España«.
Artur Mas se compromete a no recortar más a las residencias
El presidente de la Generalitat Artur Mas se comprometió ayer ante Cinta Pasqual, presidenta de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), a no aplicar ningún otro recorte al sector de la gente mayor. Esta promesa tranquiliza al sector de las residencias, que temía un descenso en las tarifas, pero no responde a las otras demandas planteadas por la patronal.
El President, que estuvo acompañado por la consellera de Benestar Social i Familia Neus Munté, explicó a la presidenta de ACRA que “cuando la economía lo permita” se volverán a activar las Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio, es decir las PEVS, las ayudas a personas que a la espera de poder entrar en residencias de titularidad pública acuden a centros privados. Mas tampoco quiso comprometerse, según una nota difundida por esta patronal mayoritaria del sector, a establecer un calendario para el pago de los 160 millones que la Generalitat les adeuda.
Cinta Pasqual explicó a Mas durante la reunión que se prolongó por espacio de una hora la difícil situación por la que atraviesan unas residencias que dan servicios a 56.000 personas.
La consellera Munté señaló ayer, a través de una respuesta parlamentaria, que los catalanes que solicitan una revisión de su grado de dependencia deben esperar una media de 2,93 meses. Y el tiempo medio para obtener un certificado de discapacidad oscila entre los cinco meses del Baix Llobregat (Barcelona) y 1,5 meses en las Terres de l’Ebre. Además, dijo que la Generalitat estudia distintas alternativas de copago de los usuarios de la ley de dependencia ante los impagos del Estado. En 2012 la Generalitat aportó 929 millones de euros al sostenimiento de las medidas incluidas en la ley de la dependencia y el Estado invirtió sólo 243 millones.
17.500 mayores dependientes, colgados sin residencia
Una de las peores caras de la crisis de las arcas públicas son los recortes en prestaciones y servicios vinculados a los grandes dependientes de más de 65 años de edad. En Catalunya 17.000 personas de este colectivo llenan la lista de espera para ocupar una plaza pública de residencia. Una cifra a la que se añade, según señalan fuentes del sector, medio millar de usuarios que, desde el 1 de agosto, no puede acceder a una residencia privada a causa de la supresión indefinida de las Prestaciones Económicas Vinculadas a Servicio (PEVS), las ayudas que la Generalitat otorgaba a personas que están esperando a entrar en un centro geriátrico de titularidad pública y no pueden costearse íntegramente lo que vale una residencia privada.
“Ahora la gente que está en esta situación tiene que pagar la plaza privada exclusivamente con su patrimonio”, lamenta la presidenta de la Associació Catalanade Recursos Assistencials (ACRA), Cinta Pascual. Pero una plaza en un centro privado asciende a más de 1.700 euros mensuales, una cantidad difícilmente asequible para una pensión media en España (950 euros al mes). En estos casos son las familias las que acostumbran a atender las necesidades de estos mayores con grandes dependencias, a pesar de que son personas que “necesitan servicios profesionales”, según comenta el presidente de la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (UPIMIR), Vicente Botella. En este sentido la Generalitat asegura que estos ciudadanos son atendidos por otras vías, como asistencia domiciliaria o prestación de cuidado no profesional.
Además de los usuarios directamente afectados por no poder acceder a una residencia pública, los recortes en este tipo de prestaciones están generando un aumento de plazas vacantes en los centros geriátricos colaboradores, que fuentes del sector cuantifican en unas 1.200 de un total de 13.000, lo que agrava aún más la delicada situación por la que atraviesa el sector como consecuencia de la crisis y los impagos de la Generalitat -160 millones de euros sin fecha de pago-. “Las plazas de las residencias que antes se cubrían mediante prestación vinculada a servicio ahora ya no se ocupan”, afirma Pascual.
Según señala Botella, otra de las cosas que afecta a la continuidad de los centros colaboradores, donde una parte del importe va a cargo del usuario y el resto de la Administración, es que hay residencias que desde el 1 de enero no perciben los ingresos procedentes de la Generalitat. Los impagos provocan que algunos centros deban dinero a propietarios de inmuebles, proveedores, personal e impuestos. Aún así, Botella asegura que los usuarios “reciben el mismo nivel de atención que antes”, a pesar de que haya trabajadores que han dejado de cobrar algunas nóminas.
Medidas para la sostenibilidad de los centros geriátricos
“El año pasado cerraron 27 centros, este año serán más”, alerta la presidenta de ACRA, que concreta que el sistema cuenta con 8.500 plazas privadas libres. “Como no tengas una ocupación alta, no funcionas”. Precisamente, esta semana una nutrida representación de asociaciones y patronales del sector ha expuesto su preocupación por los últimos recortes y los impagos del Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) ante el presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien se ha comprometido a no efectuar ningún otro recorte en el sector y a restablecer las PEVS “cuando la economía lo permita”.
Por otro lado, el ICASS y representantes de los equipamientos residenciales han acordado profundizar en la flexibilización y la racionalización de las ratios del personal de los centros según el perfil de los usuarios. También se ha propuesto cambiar el régimen de relación del Departamento de Bienestar Social y Familia con las residencias que tienen plazas colaboradoras y transformarlas en plazas concertadas para garantizar la sostenibilidad del sistema.
El impagable papel de la mujer en casos de dependencia
En España hay más de dos millones de personas dependientes y cerca de 300.000 permanecen en lista de espera para poder acceder a ayudas del Estado. Ante este panorama, la figura de la familia cobra una relevancia cada vez mayor por el papel que juega en el cuidado de estos enfermos, máxime si, además, son mayores.
Y si hay una protagonista a la cabeza de estos cuidados es, sin duda, la mujer ya que en el 89% de los casos son ellas las que asumen toda la responsabilidad. Y ante este compromiso aparecen numerosas dudas que pueden provocar angustia (por no saber si le estará moviendo bien, si es la comida adecuada o si le ha administrado bien la medicación), conflictos (entre los familiares a la hora de establecer horarios para permanecer con el enfermo o al hacer entender cómo se les debe cuidar) o incomprensión (el entorno muchas veces no sabe asimilar que el cuidador renuncie a separarse del enfermo).
Y en el día a día la mujer puede verse relegada a un papel que la hiciera parecer invisible, ya que en muchos casos ocupan las veinticuatro horas a cuidar de su familiar enfermo y dependiente. Por eso, es necesario que se reconozca su labor y que se les preste ayuda y comprensión. Un error común es pensar que los enfermos y los mayores solo generan gastos a la Administración. Al contrario, gracias a la labor que desempeñan, los familiares están bien atendidos, son tratados con cariño y sufragan numerosos gastos.
Los mayores quieren ser escuchados
Para ayudar a que este proceso no sea tan complicado, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha presentado el«Manual de Buena Práctica en Cuidados a las Personas Mayores». Su presidente, el doctor José Antonio López Trigo, asegura que su publicación era muy necesaria porque «el cuidado viene de un día para otro y, al igual que el enfermo, el cuidador tiene que ir asumiéndolo. Lo que necesitan ambos es comprensión ya que su angustia es difícil de expresar porque no se verbaliza. El no saber si estarán cuidando bien de su familiar, tener que dejarle solo, no contar con más apoyos… Muchas veces somos los médicos los que debemos indagar en ello para poder ayudarles».
El libro contempla situaciones con las que los cuidadores se tienen que enfrentar a diario y ante las que pueden llegar a sentirse muy solos. La formación y el criterio para que puedan atender a los enfermos del mejor modo posible resulta vital y con algunos de los consejos que han elaborado expertos y que quedan reflejados de un modo sencillo en el libro, la tarea puede convertirse en algo más sencillo.
Ayer se celebraba en todo el mundo el «Día Internacional de las Personas Mayores». El lema de este año «El futuro que queremos» recogía una demanda que, por habitual, no deja de esconder una realidad, y es que las personas mayores quieren que la sociedad les atienda, sentirse escuchados, y tener derecho a decidir. Sienten la necesidad de que los clichés negativos que acompañan a la vejez desaparezcan para dejar sitio y aportar relevancia a los aspectos positivos que esta etapa comprende. Sabiduría, experiencia, conocimiento, paciencia, o la representación de todo un abánico de valores como pueden ser el respeto por los demás y el altruismo.
Reconocimiento a la labor de las mujeres
En este sentido, López Trigo —«nos preocupa que se tomen decisiones sin contar con los mayores. Nos pasamos la vida decidiendo por ellos y no se les escucha todo lo que se debería»— ha anunciado un acuerdo entre el IMSERSO y la SEGG para promover la atención de calidad a este colectivo.
«Soy consciente de que recibir ayuda dos veces por semana no resuelve el problema. Por eso, desde el convencimiento de que las instituciones y los profesionales podemos hacer más, con estos acuerdos, estamos avanzando en el apoyo que les queremos dar a estas familias. Por ejemplo, con el portal de servicios de formación en el que se les informará de cómo aplicar los cuidados básicos, apoyo sobre legislación, así como la atención a otras demandas y preocupaciones que puedan surgir», añadió.
Es una tarea de toda la sociedad que tanto los enfermos como sus cuidadores se sientan apoyados y reconocidos frente a una situación que puede alargarse durante muchos años.
El PP pide regular la cualificación profesional de los asistentes de personas dependientes
El PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para pedir al Gobierno que regule la cualificación profesional de los asistentes de personas dependientes pues considera que actualmente hay un vacío legal.
En su iniciativa, recogida por Europa Press, el PP advierte de que la cualificación profesional del personal asistente «carece de perfil profesional con reconocimiento oficial», un «vacío legal» que a su juicio está impidiendo la extensión de esta figura entre personas con discapacidad. «Se está produciendo una situación de inseguridad jurídica y laboral, que influye en las escasas contrataciones realizadas», sostiene.
La Ley de Dependencia determina que el personal asistente «realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia de cara a fomentar su vida independiente» y prevé una retribución para que las personas dependientes puedan contratar un asistente que «facilite al beneficiario el acceso a la educación y el trabajo».
Sin embargo, según datos de abril de este año sólo un 0,13% de las personas dependientes con prestación la utilizaban para contratar asistencia personal, casi todas en el País Vasco.
UN VACÍO LEGAL QUE FRENA LA CONTRATACIÓN
Para el PP, ese vacío legal hace que las personas que se dedican profesionalmente a las tareas de asistencia se encuentran en un régimen de trabajo «que no es acorde con su desarrollo laboral diario, ya que tienen que acogerse a convenios profesionales dentro del sector que no se ajustan a su perfil de trabajo».
«De este modo se propician situaciones contradictorias y difíciles de resolver tanto por parte del empleado como del empleador –añaden–. Por ese motivo es necesario regular la figura del asistente personal para que así puedan disponer, tanto los trabajadores como las personas con discapacidad que quieran contratarles, de un marco legal específico tanto en el ámbito jurídico como laboral».