Dependencia
Aerte cifra en más de 100 millones la deuda acumulada con todo el sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte), junto con la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), solicitará este viernes una reunión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de cara a abordar el «desbloqueo necesario y urgente» de las cantidades pendientes de pago, que a día de hoy Aerte cifra en más de 100 millones de euros entre todo el sector de la dependencia de la Comunitat Valenciana.
En concreto, ha indicado en un comunicado, la deuda se divide en 44 millones correspondientes a los servicios públicos de gestión privada, pendientes de cobro desde noviembre de 2012; 40 millones de los servicios de accesibilidad social, pendientes de cobro desde diciembre de 2012; nueve millones correspondientes a los bono-residencias, pendientes de cobro desde enero de 2013; y 9,3 millones correspondientes a servicios que prestan a las residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario (Lares).
La directora de Aerte, María José Mira, ha apuntado que «la situación por la que atraviesan todos los centros y residencias, diez meses seguidos sin cobrar, se hace cada vez más insostenible a medida que la deuda se acumula», por lo que «tienen serias dificultades para pagar no sólo a sus profesionales, sino para poder seguir desarrollando unos servicios de asistencia de calidad a más de 22.000 personas dependientes en la Comunitat Valenciana, en su mayoría mayores y discapacitados».
María José Mira ha subrayado que, además, «muchos centros están pagando altos intereses a las entidades bancarias a las que, por falta de financiación de la administración, han tenido que pedir prestado, haciendo así mas insostenible su situación». «Raro es el día que no contacta algún asociado con nosotros por problemas de embargos o sanciones de hacienda», ha lamentado.
La situación del cobro al sector de la dependencia es «especialmente grave» en la Comunitat Valenciana, donde, según Aerte, el promedio de tiempo sin cobrar es cuatro veces superior a la media.
«SITUACIÓN ASFIXIANTE»
«Esto, unido a que no se ha abonado la deuda integrada en la primera fase del plan de pagos a proveedores, junto al aplazamiento del pago de otra parte de la deuda establecida para la segunda fase de dicho plan, hace que la situación para muchas residencias y sus dependientes sea asfixiante», ha denunciado.
En este sentido, Mira ha añadido que «la administración central no puede dar la espalda a la Comunitat Valenciana, más aún cuando nuestras empresas han sido un referente a seguir por otras comunidades en distintos modelos de colaboración sociosanitaria con la administración».
Ana Mato, Cospedal, Rudi y Rafael Hernando, nominados al Premio ‘Corazón de Piedra’ 2013
La ministra de Sanidad, Ana Mato; la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal; la de Aragón, Luisa Fernanda Rudi y el diputado nacional del PP Rafael Hernando, han sido nominados para el premio ‘Corazón de Piedra’ 2013, galardón que entrega la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en reconocimiento por la «falta de sensibilidad en materia social y el desprecio hacia las personas más necesitadas».
Según informa la organización en un comunicado, el «ganador» será elegido por votación popular a través de la página web de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales y en las redes sociales. La votación se prolongará durante las próximas semanas y el resultado se dará a conocer el 25 de octubre durante el XX Congreso anual de la Asociación, al que serán invitados a asistir todos los candidatos.
El premio, que será entregado en ese mismo acto, consistirá en un diploma y trofeo al ganador, así como diploma a los candidatos que no resulten ganadores. «En caso de que alguno de ellos no asista personalmente a recoger su trofeo, les será entregado en el lugar que ellos mismos determinen y si tampoco fuera posible, se les enviará por mensajería», según explica la organización.
‘Corazón de Piedra’ nace como alternativa al premio que la asociación viene entregando en sus congresos anuales para reconocer la labor positiva de personas, entidades, empresas y medios de comunicación en materia social.
«De la misma manera que se debe conocer estas buenas prácticas en materia social, es necesario que se reconozca a las personas que muestren mayor insensibilidad y cuyas opiniones o actuaciones produzcan más desamparo y sufrimiento a las personas y familias, especialmente en situaciones tan graves como las que estamos viviendo», explica la asociación.
En este sentido, Mato ha sido propuesta como candidata «por su personal insensibilidad y porque su único cometido al frente del Ministerio ha sido recortar, destruir y demoler políticas sociales», mientras que Cospedal se nombra «por su obsesión por desmontar políticas sociales, con especial dedicación a aquellas dirigidas a las personas más vulnerables».
En cuanto a Rudi, la asociación ofrece su candidatura «por la aplicación del gobierno que preside en desmontar el Sistema de Atención a la Dependencia, y añadir un destacable punto de crueldad al culpar de sus malos resultados a los fallecidos», mientras que a Rafael Hernando se le ha propuesto por «su descaro y crueldad al decir que son los padres los responsables de la situación de los niños que padecen dificultades de alimentación».
Gobierno catalán dice que intensificará el diálogo con las entidades tras los nuevos recortes en dependencia
La consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, ha asegurado este miércoles que intensificará el diálogo con las entidades sociales, tras anunciar que mantendrá la suspensión de nuevas ayudas a dependientes para pagar una residencia –el departamento anunció en un principio que la suspensión sería solo en julio y agosto– y el recorte del 4,6% en los pagos a centros sociosanitarios con carácter retroactivo –un 0,25% del total de dinero público que reciben–.
«Tenemos un importante problema de financiación de todo lo que tiene que ver con la dependencia», ha admitido Munté en una atención a los medios, en la que ha reiterado que la ley de dependencia está infradotada por parte del Estado y la Generalitat realiza un sobreesfuerzo desde hace años para atender a todas las personas.
Preguntada sobre por qué anunció en un principio que la suspensión era solo de dos meses, cuando finalmente se ha prorrogada ‘sine die’, la consellera ha asegurado que se debe a que en julio no se conocía el techo de déficit que, a pesar de ser superior en el caso de Catalunya que el de otras comunidades autónomas, ha considerado «totalmente insuficiente e injusto».
Munté, que ha recordado que cada décima adicional de déficit suponía disponer de 200 millones de euros, ha precisado también que los Presupuestos Generales del Estado para 2014 no prevén partidas adicionales para el sector de la dependencia, y la aportación del Gobierno «no ha hecho más que descender», lo que hace imprescindible buscar soluciones para construir un modelo sostenible de atención, algo que se ha comprometido a hacer desde el diálogo constante con las entidades.
En todo caso, y en relación a las 17.000 personas que están en lista de espera en Catalunya para acceder a una residencia –según cifras de las entidades–, la consellera ha asegurado que ello no quiere decir que no reciban otro tipo de ayuda, y se ha comprometido a buscar soluciones y ofrecer otro servicio: «Nadie quedará desatendido», ha prometido.
Asimismo, ha evidenciado que las 11.000 plazas que ya existían en el sistema de prestación económica vinculada (PEV) –como se llama el programa ahora definitivamente suspendido y que permitía a dependientes sin plaza pública acceder a una residencia privada–, Munté ha precisado que se seguirán pagando.
La consellera, que ha señalado que el sobreesfuerzo de la Generalitat en el ámbito de la dependencia no puede ser ilimitado, ha desvinculado los nuevos recortes de una decisión tomada por motivos de ahorro económico, sino para «evitar problemas de sobreesfuerzo mayores», por lo que ha evitado cuantificar el coste para el Govern del mantenimiento de este programa.
Las personas mayores, en «grave riesgo» de «pobreza y marginalidad» por la crisis
La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) ha advertido del «grave riesgo» que sufren las personas mayores de caer en situaciones de «pobreza y marginalidad» por los efectos de la crisis económica, agravados por los recortes y medidas como el copago farmacéutico y sanitario, la reducción de ayudas a la dependencia y la pérdida de poder adquisitivo que, a juicio de la organización, «previsiblemente» se producirá como consecuencia de la reforma de las pensiones.
Con motivo del ‘Día Internacional de las Personas Mayores’, que se conmemora este martes, la unión de asociaciones ha recordado que el colectivo de personas mayores representan el 17,4 por ciento de la población total española –según los datos del INE publicados en 2012–, lo que supone que son más de 8 millones de personas.
«Un día como hoy, no hay muchos motivos para la celebración», según ha indicado la presidenta de UNAF, Teresa Blat, que ha subrayado que «los derechos más básicos de las personas mayores no están siendo garantizados» y ha reclamado que el colectivo «sea un grupo prioritario de atención por parte de los poderes públicos».
En este sentido, ha pedido además que, para ello, se tomen medidas para «continuar avanzando hacia su reconocimiento social, su derecho a la participación y, en definitiva, su plena ciudadanía».
Por otra parte, Blat ha alertado de la posibilidad de que, debido a las situaciones de vulnerabilidad a que se ve expuesto el colectivo y al «progresivo» envejecimiento de la población y de su situación de dependencia tanto funcional como emocional, las personas mayores corren el riesgo de «convertirse en uno de los grupos sociales más susceptibles de sufrir situaciones de abuso y malos tratos».
Por todo ello, ha reiterado su petición a las administraciones públicas para que destinen recursos y desarrollen medidas para proteger a las personas que forman parte de este colectivo y, por lo tanto, son susceptibles de sufrir situaciones de pobreza, violencia o marginalidad.
Las residencias de mayores del sector social denuncian impagos por parte de siete comunidades autónomas
La Federación Lares, que representa a las residencias para mayores y dependientes gestionadas por entidades sociales –fundaciones, Cáritas y ONG–, denuncia en su último informe que hasta siete comunidades autónomas acumulan «grandes bolsas de deuda» con los centros residenciales por el impago de las plazas residenciales que tienen concertadas y que mantienen reservadas, se ocupen o no.
El nivel más «crítico» se da en Andalucía, donde la deuda supera los 14 millones de euros sólo para los centros de Lares y el pago de plazas, que debería abonarse a los treinta días, se está ejecutando con retrasos de hasta 4 meses. Para poder seguir funcionando, los centros han tenido que solicitar a los bancos anticipos de las facturas emitidas a la Junta, con un interés del 4%, así como pólizas de crédito.
En esta región, casi el 14 por ciento de las plazas concertadas con los centros Lares están vacantes y desde julio de 2012 «sólo se reponen las plazas para atender urgencias sociales y sólo en casos extremos», mientras las valoraciones están «prácticamente paralizadas y cuando se realizan reflejan índices a la baja». «El sistema está prácticamente paralizado, siendo los más afectados los usuarios sin acceso a los recursos que necesitan», explica el informe.
En Baleares, el nivel también se considera «crítico» en el informe. «Hay una importante deuda acumulada de 340.000 euros del impago de las 30 plazas concertadas en la Residencia Reina Sofía- Ibiza (única de Lares con plazas concertadas) desde el 2011 y hasta mayo de 2013», explica la organización, para incidir en que ha sido necesario contratar una póliza de crédito de 500.000 euros. El peso de esta deuda puede «hundir» el centro.
RIESGO DE DESAPARICIÓN EN CANARIAS
En la misma línea, las Islas Canarias, con un nivel igual de «crítico» por el adeudo de hasta siete meses de plazas concertadas a los centros residenciales más pequeños. «Es este un volumen muy importante para su dimensión empresarial», explica el informe, para incidir en que, también en este caso, la deuda se soporta con la suscripción de pólizas de crédito «que conllevan intereses importantes».
«Así las cosas las plazas concertadas corren el riesgo de desaparecer: En la actualidad los mayores atendidos en ellas no llegan a las 100 personas y mientras, el diálogo con las Administraciones es absolutamente deficiente», dice el informe sobre Canarias, donde, según afirma, «la Ley de Dependencia está totalmente paralizada».
Mientras, en la Comunidad Valenciana, los centros aún no se han recibido los importes correspondientes al 2013, es decir, el 60% del importe de las plazas concertadas, y se acumula una deuda «importante». Por un lado, los centros asociados a Lares de titularidad municipal tienen pendiente desde 2012 recibir 270.000 euros. Por otro, se adeuda a todos los centros 5,5 millones de euros por las plazas concertadas desde enero del 201) y 527.000 euros de subvenciones para equipamiento desde 2010.
Asimismo, en Castilla La Mancha se deben entre 3 y 4 meses tanto en los conciertos como en las residencias que funcionan por convenio, aunque está previsto que se salden con los mecanismos de pago a proveedores que están en marcha. En Extremadura, por su parte, las plazas se pagan en un plazo de dos a tres meses y se acumula una deuda actualmente de 12.000 euros, y en La Rioja, donde los pagos son a 90 días, se acumulan 3 meses de retraso, según el informe.
PLAZAS VACANTES, DEPENDIENTES INFRAVALORADOS
«La crisis económica ha provocado que las Administraciones retraigan el gasto en dependencia y esta postura se ha materializado de muy diversas formas, generando una cascada de desajustes», señala Lares, Lares, que agrupa a más de 950 entidades en las 17 comunidades autónomas.
En este sentido, denuncia que la reforma de la Ley de Dependencia por la que se suprimieron los niveles intermedios que se utilizaban para clasificar la situación de la persona necesitada de atenciones, ha desembocado en «una extendida tendencia a la baremación a la baja» por lo que un beneficiario con gran dependencia es catalogado, por ejemplo, con un grado medio y quien estaba en esta situación, a su vez, puede ser considerado moderado.
Lares sostiene que esta medida «provoca que los centros perciban importes inferiores al coste de la atención real que prestan» a los dependientes que están ingresados en ellos. «En Aragón, por ejemplo, apenas hay mayores valorados con el Nivel III (Gran Dependencia)», explica el informe.
Otro de estos «desajustes» que señala la organización es la desocupación de plazas residenciales por la falta de reposición de los dependientes que fallecen. Según explica el informe, en Aragón el 46% de las plazas concertadas en centros Lares está vacante y las plazas por defunción no se cubren desde el 2010. Mientras, las plazas vacías en Andalucía son el 14% y no se producen reposiciones desde julio de 2012.
Asimismo, refiere una «bajada o congelación extendida en los precios de las plazas concertadas», aunque las Administraciones muestran cierta tendencia a flexibilizar parámetros como ratios de personal y de servicios que ayuden a los centros a soportar estas bajadas de precios. En algunas comunidades, en cambio, los precios de las plazas concertadas han subido ligeramente como es el caso de Asturias (1%) y Euskadi con un porcentaje cercano al 5%.
Sanidad asegura que «la peor parte de los ajustes» en política social «ha pasado»
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Miniosterio de Sanidad, Juan Manuel Moreno, ha afirmado que «la peor parte de los ajustes presupuestarios» en política social «ha pasado ya» y se ha entrado «en un tiempo nuevo», de «consolidación del gasto» en el que «ya no hay necesidad de ajuste».
Así lo ha explicado en la rueda de prensa de presentación del presupuesto con que contará el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para el próximo curso, cuando dispondrá de 1.912 millones de euros, 3,2 millones más que en 2013, de los que 1.527 millones irán a parar a su departamento, 1,4 más que en 2013.
El grueso de estas partidas se irá al Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), que sobre el papel este año cuenta con un 46% menos de presupuesto por la desaparición de 1.034 millones de euros que el año pasado se consignaron de forma excepcional para sufragar cuotas a la Seguridad Social de cuidadores familiares que se adeudaban desde la legislatura anterior.
Moreno ha concretado que descontando estas obligaciones, el presupuesto para Dependencia este ejercicio ascenderá a 1.175 millones de euros, 4,8 millones más que el año pasado. Esta cantidad, el 61% de los fondos de que dispondrá el ministerio, incluye los 1.087 millones del nivel mínimo de financiación para las comunidades autónomas, que no varía.
A estas partidas hay que sumar otras cantidades que repercuten en la financiación de la dependencia, como 128,6 millones para promoción de la autonomía personal, 4,7 millones en transferencias al IMSERSO para la atención de grandes dependientes, 128,6 millones para termalismo social o 5 que se consignan para fundaciones que trabajan con mayores y discapacidad.
Con todo, en 2014 no habrá nivel acordado de financiación con las comunidades autónomas, por lo que el nivel mínimo será toda la transferencia que reciban del Estado para sufragar la gestión del SAAD y seguirá congelada la incorporación al sistema de dependientes moderados, cuyo ingreso se pospuso hasta julio de 2015.
22,2 MILLONES PARA VIOLENCIA DE GÉNERO
Por otra parte, Moreno ha destacado el «compromiso» del Ejecutivo en lucha contra la violencia de género y ha destacado que el presupuesto de la Delegación del Gobierno para estos fines se mantendrá íntegro respecto de año pasado, con 22,2 millones de euros y «ni una sola política» de protección o asistencia a las víctimas se verá afectada en el nuevo ejercicio. «No hay ni un paso atrás», ha asegurado.
En este sentido, ha destacado que el servicio de tele asistencia ATEMPRO mantiene una partida de 5,5 millones de euros, el servicio telefónico 016 se queda con 1,1 millones y la partida para asistencia social de las víctimas respeta los 4 millones del año pasado. Además, se incrementa la partida para sensibilización en 122.000 euros hasta alcanzar 1,6 millones.
También varía el presupuesto para los brazaletes GPS de localización de maltratadores porque, según ha explicado Moreno, se ha «renegociado» el contrato y se ha conseguido una rebaja del precio «en torno a 200.000 euros». Este dinero va a reinvertirse en una nueva «macroencuesta» sobre violencia de género que ejecutará el Instituto Nacional de Estadística por importe de 300.000 euros, conforme ha señalado.
14 MILLONES PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER
Por otra parte, en materia de Igualdad, Moreno ha destacado que el Instituto de la Mujer contará con 13,6 millones de euros para el próximo año «una vez corregidos los desajustes presupuestarios del gobierno anterior, que habían dejado un agujero de siete millones de euros». En paralelo, se destinarán otros casi seis millones para promoción del emprendimiento y el empleo femeninos, parte de los cuales proceden de fondos europeos.
Otro de los asuntos en los que ha hecho más hincapié el secretario de Estado es en el presupuesto de lucha contra la pobreza, en tanto que su departamento gestiona la recaudación del IRPF correspondiente a la casilla de fines sociales y que el año próximo podría superar los 211 millones de euros, según sus propias estimaciones.
Además, Moreno ha destacado que, por un lado, el Ministerio ha aumentado en 1,8 millones la aportación de las subvenciones sociales con cargo al IRPF y, por otro, se ha incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado la creación de un fondo europeo de ayuda a personas en riesgo de exclusión social dotado con 40 millones de euros procedentes de la Unión Europea.
El informe económico y financiero que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presentado este lunes en el Congreso junto al proyecto de Presupuestos Generales del Estado recoge una caída global del 36,4% en las partidas que las distintas administraciones públicas destinarán el próximo año a Servicios Sociales y Promoción Social.
1 de octubre Día Internacional de las Personas mayores
Bienestar Activo organiza I Jornada sobre Derechos y Buen Trato a las Personas Mayores.
En el año 1990, Naciones Unidas estableció esta fecha para que, desde todos los países, se realicen actividades para concienciar a la población y a los estados acerca del envejecimiento de la población.
El tema de la conmemoración de este año, «El futuro que queremos: lo que dicen las personas mayores», se eligió para llamar la atención sobre los esfuerzos de las personas mayores, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de las Naciones Unidas y los Estados miembros para incluir la cuestión del envejecimiento en la agenda de desarrollo internacional.
Por ese motivo la Asociación Bienestar Activo organiza I Jornada sobre Derechos y Buen Trato a las Personas Mayores, que se celebrará mañana 1 de octubre en el Teatro Filarmónica de Oviedo.
La misma pretende ser un espacio para fomentar un mejor trato a las personas mayores, lo que implica reivindicar y reconocer sus derechos, tanto desde las instituciones como desde el ámbito familiar. Considerando sus promotores de especial importancia que sean las propias personas mayores quienes reclamen, reivindiquen y defiendan sus derechos, por ello entendemos esta I Jornada como una plataforma para hacerlo.
La entrada es libre y gratuita y el programa es el siguiente:
18:00 a 19:15 Ponencias:
“La atención centrada en la persona, un enfoque para el buen trato”, María Teresa Martínez, Psicóloga Experta en Gerontología Social
“Co-dependencia Vs buen trato en la atención a las personas mayores”, Maite Montes Nava, Psicóloga
Presentación del informe “Índice global del envejecimiento” realizado por Helpage Internacional Aita Sabela Siñeriz, Trabajadora Social
19:15 a 19:30 Pausa – descanso
19:30 – 20:00 Charla testimonial:
Secot (Seniors para el asesoramiento empresarial)
Carmen Ruiz – Tilve Arias, Escritora
Rafael Funes Martínez, Director del C.S.P.M. El Entrego
20:00 – 20:30 Debate
La Asociación Bienestar Activo, de reciente creación, nace como una actividad complementaria y transversal a la empresa socialEntamando Iniciativa Social. Sus principales objetivos son promocionar e informar sobre la importancia del envejecimiento activo, saludable y positivo, así como sobre los derechos, buenas prácticas y promoción del buen trato en los siguientes colectivos: personas mayores de 45 años, mujeres, personas con enfermedad crónica, personas con discapacidad, personas con demencia o en situación de dependencia.
Fuente: http://www.bienestaractivo.
INVITACIÓN JORNADA DERECHOS Y BUEN TRATO A P. MAYORES. ASOCIACION BIENESTAR ACTIVO
Cruz Roja dará prioridad a las personas mayores con cargas familiares
Cruz Roja Española centrará los esfuerzos del ‘Llamamiento de Ayuda Excepcional’ lanzado el año pasado en atender a los «numerosos casos» de personas mayores que, según la organización, con motivo de la quiebra económica de sus hijos o familiares han visto aumentadas sus responsabilidades teniendo que hacerse cargo de familias numerosas (en el 12 por ciento de los casos) únicamente con su pensión o de cuidar de personas dependientes, cosa que sucede en la mitad de los casos que atiende la organización.
De hecho, la organización ha recordado que, según datos del Consejo Económico y Social, «más de 420.000 hogares españoles viven gracias a la pensión de los abuelos».
Por otra parte, ha destacado que el 20 por ciento de las personas de este colectivo que reciben ayuda por parte de Cruz Roja tienen una pensión por debajo de los 500 euros y en el 16 por ciento de los casos tienen problemas graves de salud o se encuentran en situación de dependencia.
Por ello, ha anunciado que centrará su actividad de forma prioritaria en este colectivo junto con otros considerados por la ONG como casos de «extrema vulnerabilidad». En este sentido, ha explicado que existen también multitud de personas mayores que ejercieron, en su momento, como avalistas de sus hijos para la compra de un piso y que, ante la imposibilidad de estos de mantener los pagos, se ven sometidos a situaciones de ejecución hipotecaria de la vivienda que tenían en propiedad.
Las acciones de la organización irán dirigidas, además de a la atención básica, a promover el envejecimiento activo y la permanencia en el hogar de estas personas, a través de servicios como la asistencia a domicilio y los préstamos de productos de apoyo.
La responsable del Area de Atención a personas mayores y sus Familias de Cruz Roja Española, Begoña Dorado del Águila, ha destacado, sin embargo, la «gran capacidad de los mayores de hacer frente a los problemas, de sobreponerse a ciertos embates y de mantener intactas ciertas ilusiones e inquietudes».
De hecho, ha recordado que el colectivo «supone un porcentaje significativo de quienes colaboran para sacar adelante los proyectos y actividades que desarrolla la organización, en una clara muestra de solidaridad e interés en participar socialmente».
Por ello, ha invitado a la ciudadanía a colaborar con Cruz Roja a través del ‘Llamamiento de Ayuda Excepcional’ o bien, con la colaboración de los voluntarios de la organización, a la «creación y fortalecimiento» de redes con servicios como la ayuda a domicilio complementaria, el respiro familiar, y que «promocionen la participación de las personas en las actividades de su comunidad con servicios como el transporte adaptados o los préstamos de productos de apoyo».
Celebradas las jornadas madrileñas «Buenas prácticas en Centros de día»
Los días 24 y 25 de septiembre La Dirección General de Mayores y Atención Social del Ayuntamiento de Madrid han organizado las jornadas “Buenas prácticas en los centros de día”.
En el acto, inaugurado por la Delegada del Área de gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, María Dolores Navarro, participaron el Coordinador General de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, D. Carlos Martínez y D. Javier Gómez Martín. Presidente de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE,) como numerosos profesionales de los Centros de día Madrileños.
En este encuentro, lugar de intercambio de experiencias, se dieron cita numerosos profesionales de centros de día donde compartieron experiencias de buenas prácticas que seguro enriquecerán a las iniciativas de los centros de día presentes en estas jornadas.
Gracias al trabajo de la Dirección General de Mayores y Atención Social y al buen hacer de todos los profesionales de la red de centros de día madrileños, hoy por hoy, y en palabras de nuestro presidente, podemos hablar de “un modelo de Madrid con acento propio” por cinco razones: tradición, su correcta aplicación del modelo, su contenido y nivel técnico, su compromiso con la calidad y los resultados obtenidos.
AERTE y la FED reclaman urgencia para impulsar nuevas fórmulas de colaboración sociosanitarias público-privadas
En la Jornada organizada por CIERVAL “Colaboración Público-Privada ¿respuesta a la crisis?” celebrada hoy en su sede de Valencia, AERTE y la FED reclaman urgencia para impulsar nuevas fórmulas de colaboración sociosanitarias público-privadas.
El pago efectivo de la deuda pendiente, más de 50 millones acumulados al sector por parte de la administración central y autonómica; mayor coordinación sociosanitaria; la potenciación del turismo de salud o la colaboración entre centros y hospitales, principales reclamaciones para dinamizar el sector y colaborar en la reactivación de la economía.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) a través del presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), Alberto Echevarría, ha participado esta mañana en la jornada organizada por CIERVAL que con el título “Colaboración Público-Privada ¿respuesta a la crisis?” en la que se ha reflexionado sobre el papel de la administración y las empresas en la gestión de los servicios públicos.
Desde la patronal de la dependencia se ha expuesto el papel cada vez más importante que supone el sector de la dependencia para afrontar la crisis económica por su carácter generador de empleo, las residencias crean un puesto de trabajo por cada dos personas atendidas, y por propiciar retornos directos e indirectos que estimulan el tejido productivo y favorecen la reducción del déficit público. Además, se ha apuntado que el sector garantiza de una forma eficaz la atención sociosanitaria a personas dependientes que crece de forma continuada: diariamente se atienden, sólo por los profesionales asociados a AERTE, a más de 24.000 personas (la mayoría, mayores y discapacitados).
Por ello, se ha reclamado una mayor implicación y compromiso efectivo de las administraciones públicas tanto central como autonómica en aquellos retos esenciales para la sostenibilidad del sector: retos como la agilización del pago de las prestaciones y el reconocimiento de la situación de dependencia a las personas con derecho a ser atendidas; el pago por parte de la administración central y autonómica de la deuda acumulada a los centros que en estos momentos asciende a más de 50 millones de euros; la aplicación real de la Ley de la Dependencia o la compleja arquitectura financiera que genera efectos barrera para la sostenibilidad del sector.
Alberto Echevarría ha recordado el excelente nivel de cualificación de los profesionales del sector y felicitó a la Comunidad Valenciana por haber sido y ser pionera en muchos aspectos con iniciativas que hacen que sea imprescindible la colaboración público-privada. Programas como el Bono Residencia, del que hasta la fecha se han beneficiado miles de personas y cuyo modelo ha sido referenciado por autonomías, la eficacia con que se administra el material fungible a través de una central de compras centralizada en la misma Conselleria o la forma en que se ofrecen los servicios de farmacia en algunos de los centros proporciona a la Comunidad Valenciana un espacio relevante en el mapa nacional de la dependencia. Aspectos que otras comunidades replican y que, sin embargo, en su aplicación son más eficaces.
El presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia ha alabado que la Comunidad Valenciana sea un territorio atrayente para el sector turístico pero ha remarcado que “deberíamos aprovecharlo como plataforma para el desarrollo de proyectos como el turismo de salud, una idea emprendedora que necesita apoyo para poner en marcha políticas internacionales que lleven a la firma de acuerdos bilaterales con otros países que sí saben valorar la calidad de nuestros servicios, nuestros centros y la profesionalidad de nuestros trabajadores”.
Otra idea expuesta por Echevarría ha sido la de impulsar la coordinación sociosanitaria mediante la colaboración entre centros sociosanitarios y los hospitales en aspectos como la reducción de la estancia media en hospitales, derivando a los pacientes a centros donde el nivel de profesionalidad y atención no tiene nada que envidiarles.
La Generalitat Valenciana acumula una deuda de 35 millones de euros con el sector y es la única autonomía española que tiene retrasos en los pagos superiores a 9 meses
Se ponen en peligro cerca de 2.000 puestos de trabajo no deslocalizables en los 25 municipios en los que dan servicios estas empresas.
La Generalitat Valenciana acumula una deuda de 35 millones de euros con el sector que engloba a las empresas de atención socio-sanitaria encargadas de la gestión de residencias públicas, con una media de impagos superior a los 9 meses, la ratio más alta de España, según datos aportados por las organizaciones sindicales y la propia Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP).
Desde la Entidad, se considera inadmisible que se mantenga una deuda con los operados que gestionan los centros públicos, máxime cuando esta gestión está regulada por contratos administrativos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público, que se licitan mediante concursos públicos por periodos de 4 años, y que cuentan con una asignación y partida presupuestaria plurianual validada por la Intervención.
Si bien la realidad, tal y como se denuncia desde AVREP, es que, mientras que la media de retrasos en el pago a proveedores en España está en 90 días, la Comunidad Valenciana triplica este periodo, alcanzando picos de hasta 12 meses de impagos a las entidades que atienden a los mayores y las personas en situación de dependencia, especialmente aquellas vinculadas a residencias públicas. Ver Anexo I (mapa).
En este sentido, desde la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas se ha reclamado al Gobierno Valenciano que busque los medios necesarios para hacer efectivo el pago de la deuda que mantiene con los operadores del sector desde noviembre de 2012, dado que éstos no han sido incluidos en el primer tramo del Plan de Pago a Proveedores, que finalizó el 6 de septiembre, y que teóricamente estaba destinado a cubrir los impagos que mantenía la Generalitat Valenciana hasta el 30 de abril de 2013.
La no inclusión de las empresas de gestión de residencias públicas, supone condenar a más de 2.600 dependientes y cerca de 2.000 trabajadores a perder sus derechos y empleos, dado que la situación se ha convertido en insostenible para muchos de los gestores, con riesgo de continuidad en la prestación del servicio en la mayoría de los recursos presentes en 25 municipios de Alicante (6), Castellón (3) y Valencia (16).
Desmantelamiento de la red pública
El incremento mensual de la deuda y el sistemático incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público por parte del Gobierno Valenciano ha provocado que la red pública de atención a personas en situación de dependencia pueda desaparecer en los próximos meses ante la pasividad de los gobernantes autonómicos y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con el consiguiente perjuicio social y reducción de la calidad de vida para muchos dependientes y sus familias.
La Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP), constituida recientemente para defender a las empresas, trabajadores y usuarios de estos centros, representa al 97% de los gestores de éste sector, agrupando a las entidades que coordinan los servicios de 26 de los 28 recursos disponibles en la red pública de la Generalitat Valenciana.
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Consejera andaluza señala que a la Dependencia «nunca se le pueden aplicar criterios de subvención, incentivos o ayudas»
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha señalado que el criterio de admisión de las persona en el Sistema Andaluz de Dependencia «es el que establece la Ley a nivel nacional», pero «nunca se le pueden aplicar criterios de subvención, incentivos o ayudas», porque «estamos hablando de derechos». «Tampoco se le aplicaría a un derecho consolidado como es la asistencia sanitaria», añade.
La consejera ha hecho esta declaraciones al ser preguntada por los periodistas en Sevilla sobre si en Dependencia se podrían perder ayudas con la nueva medida de la Junta de Andalucía, anunciada este martes en Consejo de Gobierno, de ampliar los requisitos para medir la capacidad económica de los solicitantes de ayudas públicas de modo que, además del nivel de ingresos por renta, también ponderará el patrimonio neto del posible beneficiario de las mismas.
Así, la consejera ha recordado que la Ley de Dependencia tiene un carácter normativo «de máximo rango» a nivel nacional, «donde el criterio de renta no entraría en el control que se estableció este martes a nivel de ayudas, subvenciones y aportaciones por parte de la Administración autonómica andaluza par otros temas», es decir, «estamos hablando de derechos, y, por lo tanto, no estamos hablando de subvenciones, incentivos o ayudas, y no se le aplicaría el mismo criterio a no ser que hubiera un cambio normativo a nivel nacional».
En este sentido, aclara que, en este momento, el criterio de admisión de las persona en el Sistema Andaluz de Dependencia «es el criterio que establece la Ley, con las modificaciones posteriores que ha hecho el Gobierno del PP al respecto de la Ley». Pero, insiste Sánchez Rubio, «nunca se le pueden aplicar criterios de subvención, incentivos o ayudas». «Creo que hay que distinguir el derecho de la subvención, la ayuda o el estímulo, que es lo que la Junta quiso dejar claro este martes», reitera la consejera.
El Ayuntamiento de Barcelona pone en marcha un proyecto para paliar el aislamiento de los cuidadores de personas dependientes
El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha una prueba piloto para dar soporte a los cuidadores de las personas dependientes, que se basa en el empleo de tabletas electrónicas para evitar el aislamiento al que a veces se enfrentan los familiares de personas dependientes. El proyecto está liderado por Tunstall Televida, la empresa que gestiona el servicio de teleasistencia del Ayuntamiento, cuenta con la participación de Orange y el Institut de l’Envelliment de la UAB; y ha sido presentado en el contexto del m4all de la Mobile World Capital, ya que pretende mejorar la comunicación y las relaciones sociales de los cuidadores mediante una tableta digital.
La jefa del Departamento de Gent Gran de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, Ester Quintana; Òscar Pallerols, director de los Centros de Competencia de la Fundación Barcelona Mobile World Capital; y representantes de las empresas Tunstall Televida y Orange fueron los encargados de presentar el proyecto Easy Tablet en Barcelona, un acto que se enmarca en la celebración de las fiestas de la Mercè 2013 en la decimoctava Mostra d’Associacions de Plaça Catalunya.
El piloto va dirigido a los cuidadores de las personas dependientes con el objetivo de facilitarles la comunicación y la integración social, debido al aislamiento que a menudo sufren los familiares o responsables de atender a personas con necesidad de cuidado durante las 24 horas.
30 personas usuarias del Servicio Municipal de Teleasistencia forman parte de este proyecto, que arrancó el 21 de septiembre y que tendrá una duración de seis meses. Con las tabletas, el usuario puede, de forma sencilla e intuitiva, realizar videoconferencias, gestionar sus contactos y su agenda (con alertas de recordatorios), así como enviar mensajes y realizar actividades de ocio (juegos, vídeos, fotos…). Además, la solución incluye capacidades de conversión texto-voz y viceversa.
El proyecto contempla la figura del dinamizador, que puede gestionar las tabletas de forma remota con la plataforma cloud de Orange, y que cuelga documentos y vídeos sobre temáticas de interés de las personas usuarias, hace recordatorios de hábitos saludables e informa sobre acontecimientos y actividades socioculturales de su entorno. Los usuarios también pueden acceder a juegos, intercambiar mensajes con otras personas usuarias de la tableta, sus contactos o con el Servicio Municipal de Teleasistencia, hacer fotos y acceder a la biblioteca fotográfica en la que el dinamizador puede colgar fotos de interés.
El programa se beneficia del servicio Esencial Tablet, la infraestructura y los recursos tecnológicos que aporta Orange. La adaptación de la tecnología y el sistema a las necesidades de las personas que van a usarla, la dinamización de las actividades y la interacción con los y las participantes que corresponde a Tunstall Televida. El asesoramiento y el estudio de impacto lo lleva a cabo el Institut de l’Envelliment.
La presentación tuvo lugar en el Mobile World Centre, un espacio de exposición permanente de la Mobile World Capital, ubicado en la plaza Catalunya, para difundir y enseñar las tecnologías más innovadoras y las soluciones móviles a los ciudadanos.
El proyecto piloto se enmarca en las mejoras en innovación y adaptación a las necesidades y a diferentes perfiles de usuarios que está implantando el Ayuntamiento de Barcelona en el Servicio Municipal de Teleasistencia, que atiende a más de 64.000 personas en la capital barcelonesa.
La Junta crea un grupo de trabajo para encontrar «la mejor solución» a la reserva de plazas en residencias de mayores
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta, María José Sánchez Rubio, ha anunciado que la semana próxima se formalizará el grupo de trabajo creado con el sector de las residencias de mayores y personas discapacitadas para encontrar «la mejor solución» al asunto de la reserva de plazas.
En declaraciones a los periodistas en Cádiz, la consejera ha matizado que la orden dada por su antecesora en el cargo de eliminar la reserva de plazas se ha «paralizado» para «retomarla» con el colectivo afectado y estudiar conjuntamente «cómo se podría modificar para que, de alguna forma, sigamos atendiendo a las personas que tenemos que atender y no lesionemos los intereses de los que están gestionando las plazas».
Explica Sánchez Rubio que hasta ahora «estábamos financiando en torno al 60 por ciento de las plazas que estaban vacantes y había personas que estaban esperando a entrar a las residencias». Eso era «razonable» cuando la plaza se cubría «en una semana», pero «ahora ya no era razonable y, por tanto, hay que estudiarlo».
La Junta de Andalucía garantiza que abonará las deudas a empresas y familias por dependencia
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha garantizado este martes que la administración autonómica abonará las deudas a empresas y familias por el servicio de dependencia.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Vázquez ha querido dejar clara la apuesta de la Junta por la dependencia y por lo que supone para muchas familias ese cuarto pilar del estado del bienestar, al tiempo que ha garantizado que la pretensión es mejorar, sabiendo las enormes dificultades impuestas por el Ejecutivo de la nación, con medidas que vienen a recortar todas las conquistas que se habían logrado.
Además, ha manifestado que la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, lo primero que ha hecho es plantear un plan de pago en la línea de poder atender esas deudas que se tienen y que no se han podido abonar en su momento.
Vázquez ha recalcado que hay una voluntad política, evidentemente, de sufragar el pago para que el sistema siga funcionando, porque la dependencia es un pilar irrenunciable.
También ha señalado que la Junta entiende el malestar de empresas y de familias que ven que les llega el dinero con cierto retraso. «Pero les llegará y no es solo una cuestión de voluntad política, sino de convencimiento y de apuesta firme por las políticas de dependencia», ha sentenciado.
La patronal AERTE sigue a la espera de una solución a los impagos
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), tras haberse reunido esta mañana con las Consellerias de Bienestar Social y Hacienda, sigue a la espera de un compromiso y de la firma de una regulación segura de los pagos comprometidos con el sector de forma equitativa.
La Administración valenciana se compromete a que no aumente la deuda actual con un mecanismo de pago mensual.
Aerte, que había solicitado a las administraciones valencianas un plan de pagos que pueda garantizar la sostenibilidad del sector, sigue sin una contestación clara ni con la seguridad de que se vaya a afrontar la deuda que mantiene con la administración, aunque desde las Consellerias de Bienestar Social y de Hacienda se han comprometido a que no se eleve la deuda contraída desde 2012 mediante un mecanismo de pago mensual que podría estar listo a finales de este mes.
Desde la patronal valenciana le han insistido a las administraciones que el sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana se encuentra en una situación muy compleja y delicada al no poder hacer frente por más tiempo a la carga de deuda que mantiene la Generalitat Valenciana y que sólo en los centros de atención a dependientes de titularidad pública asciende a más de 50 millones de euros, correspondientes a las facturas desde octubre de 2012. Cabe recordar que estos centros atienden a más de 5.000 personas, entre dependientes y discapacitados, y dan empleo a más de 3.000 profesionales.
Por otra parte, Aerte le ha solicitado una vez más a la Administración que es necesaria la ordenación del sector con iniciativas como la existencia del mismo número de plazas concertadas que de ayudas directas al usuario con un presupuesto que se distribuya equitativamente entre ambos programas, respetando siempre la libertad de elección del usuario. Por último, desde la patronal valenciana han insistido en la necesidad de la aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana, así como la atención de los más de 11.000 personas dependientes, ancianos y discapacitados en su mayoría, que tienen reconocido el derecho a asistencia pero no reciben ninguna prestación.
Más de 18.000 jienenses tienen el servicio de teleasistencia
El Servicio Andaluz de Teleasistencia (SAT) de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía ha atendido desde la entrada en funcionamiento de este servicio más de tres millones de llamadas en Jaen.
“De las llamadas que las personas beneficiarias han realizado al SAT pulsando el botón de su dispositivo de teleasistencia, una parte importante se han producido por motivo de conversación y compañía (el 64% de las recibidas), de ahí el importante papel que juega esta prestación para paliar situaciones de soledad y aislamiento social”, ha destacado la delegada territorial de Salud y Bienestar Social, Ángeles Jiménez. También resaltan las llamadas por motivo de emergencia (el 16,8%) o para solicitar algún tipo de información (19,26%).
Entre las llamadas gestionadas, también se encuentran las que los propios profesionales del SAT realizan desde la central, ya sea para movilizar recursos en caso de emergencias, dar aviso a familiares o contactos en caso de necesidad, para proporcionar alguna información de interés, hacer un seguimiento periódico del estado de las personas beneficiarias, recordar una cita médica o para actualizar sus datos de forma que se garantice una prestación de calidad, eficaz y eficiente.
En la actualidad, el SAT cuenta en Jaén con 18.752 personas titulares. “Estas personas sin moverse de su domicilio y con tan sólo apretar un botón, se ponen en contacto a través de una línea telefónica con el equipo de profesionales que atiende este recurso social”, ha enfatizado Jiménez.
No obstante, son muchas más personas las que se benefician en Jaén de este servicio, ya que hay que añadir, como personas beneficiarias del SAT, a aquellas que conviven con los titulares y que también tienen más de 65 años, así como a los cuidadores y las cuidadoras de las personas en situación de dependencia que, de igual manera, también disfrutan de las prestaciones del SAT, puesto que pueden hacer uso del dispositivo de teleasistencia y se les presta la misma atención.
Cada diez minutos se deja de atender a un beneficiario de la Ley de Dependencia
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha elaborado un estudio con los últimos datos del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia del que se desprende que una persona deja de ser atendida cada diez minutos y cada media hora, un trabajador pierde su empleo.
La organización, que toma como referencia el balance oficial del SAAD publicado este mes por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, destaca que hay 4.654 beneficiarios menos en el sistema y un total de 8.999 personas han perdido su derecho a ser atendidos, un año después de la reforma de la Ley de Dependencia. «Se consolida la dinámica de destrucción paulatina del sistema sin que se haya mejorado en ningún aspecto de la gestión», concluye.
En comparación con el mes anterior, «el retroceso es notorio», según el estudio, porque «todas las cifras son negativas»: 4.654 beneficiarios menos, 9.068 dictámenes menos, 7.827 solicitudes menos, 4.751 grandes dependientes atendidos menos y 2.731 dependientes severos atendidos menos.
Misma tónica revelan los datos de prestaciones y servicios que recogen los directores y gerentes, con una reducción de 2.496 sistemas de teleasistencia, 1.088 Ayudas a domicilio menos, una caída de 242 plazas de Centros de Día y de 1.258 plazas en residencias, 289 prestaciones vinculadas al Servicio menos que el mes anterior y hasta 2.448 prestaciones para cuidadores familiares menos. Esto equivale, según sus cálculos, a la pérdida de 1.500 empleos.
«Se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que den un menor grado de dependencia y por tanto reducir el coste ¿O se está dejando de atender a quienes más lo necesitan? Todo indica que decenas de miles de personas con derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo mueran sin ser atendidas», denuncian los expertos, para asegurar que «los fallecimientos de personas dependientes financian el déficit del Estado y marcan el ritmo del desmantelamiento del Sistema».
En este sentido, señalan que la reducción de la lista de espera para acceder a una ayuda por dependencia difundida «como un logro» por el Ministerio de Sanidad, «se ha obtenido de la manera más cruel, eliminando personas acreedoras al derecho a ser atendidos».
«La estrategia ha sido doble: por un lado impedir que nuevos dependientes accedan al sistema –modificaciones del calendario primero por el RD-Ley 20/2011 y posteriormente por el RD-Ley 20/2012 que retrasa la entrada de personas dependientes con Grado I hasta julio de 2015–, y por otro lado, y esto es lo más doloroso, abandonando a su suerte a los cientos de miles de personas que tenían dependencia severa o gran dependencia y que están falleciendo sin ser atendidos», señalan.