Bienestar Social
Los alcaldes se rebelan contra el desguace de sus servicios sociales
La alarma por el incierto futuro que se cierne sobre los servicios sociales municipales —unas prestaciones especialmente exigidas en tiempos de crisis económica como los actuales— ha cundido entre los alcaldes que temen la desaparición de la red asistencial de proximidad desarrollada a lo largo de tres décadas y fuertemente arraigada y que en la actualidad da servicio a siete millones de personas. Regidores de todo signo político —hasta la Federación Gallega de Municipios y Provincias, presidida por un alcalde del PP— están elevando el tono de sus quejas a medida que se acerca el debate sobre el proyecto de ley de reforma local que tendrá lugar el jueves en el Congreso, una norma que forma parte del programa de ajustes del Gobierno y que pretende llevar a la práctica el principio: una administración, una competencia.
De acuerdo con su actual redacción, el proyecto de ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local limita a los Ayuntamientos las competencias en servicios sociales. Solo los que tengan más de 20.000 habitantes están obligados a hacer frente a una reducida labor de “evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. En los municipios más pequeños, el 87% del total, esta competencia se reconoce pero no será de obligatoria aplicación. El resto de los servicios sociales recaen en la Administración autonómica.
Fernando Clavijo, alcalde de Coalición Canaria de San Cristóbal de la Laguna (150.000 habitantes, Tenerife) es uno de los 2.000 regidores que el domingo se reunieron en Madrid para protestar por esta reforma y anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional si el Ejecutivo no consensúa la ley con ellos. “La norma obedece a un criterio economicista, es decir, pretende ahorrar”, apunta Clavijo a este diario. “Y no conozco otra forma de ahorro en el gasto público que no suponga recortes y quitar prestaciones a los ciudadanos”. El alcalde de La Laguna teme que si retiran a los municipios la posibilidad de ofrecer los servicios que prestan —“nosotros, por ejemplo, ayudamos a miles de personas mayores a limpiar la casa, les compramos la medicación, la comida…”— las autonomías no se hagan cargo de ellos.
“La gama de servicios sociales que prestamos es enorme”, añade Abel Caballero, alcalde socialista de Vigo (300.000 habitantes). “Contamos con un albergue para personas sin hogar, tenemos programas de lucha contra el maltrato, atención a la infancia, a personas con discapacidad… todo esto desaparece. ¿Quién lo va a prestar y cómo? Las autonomías no son capaces. La ley puede abrir una senda de falta de asistencia”.
José Masa, alcalde de Rivas-Vaciamadrid (75.000 habitantes), de IU insiste en cómo la transferencia de competencias a las comunidades autónomas supondrá “un retroceso en la atención social en una época de grave crisis”. “Todo lo que tiene que ver con la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los mayores, la igualdad, la integración de inmigrantes, juventud, infancia, pasará a depender de una administración más lejana”, apunta. “Y no está claro que las autonomías asumirán y podrán pagar estas competencias, hoy mismo el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se ha quejado de que tiene un problema de financiación”. David Pérez, alcalde del PP de Alcorcón (170.000 habitantes), es más prudente. Destaca que la ley está aún en proceso de tramitación. “Es prematuro y aventurado pronunciarse sobre los efectos que puede tener”, traslada. Y aunque manifiesta que no teme que desaparezcan servicios, admite que, tal y como la ley está planteada, existen incertidumbres relativas a cómo se van a sufragar los servicios si pasan a depender de unas autonomías exhaustas de fondos. “Hay que clarificar la financiación, que no está definida, el Estado debería arbitrar una fórmula para que las autonomías puedan asumir el coste [de las nuevas prestaciones que deberán asumir]”.
El cambio que introduce la nueva norma supone un importante cambio de concepto. La ley de Bases actual, de 1985, atribuye a los Ayuntamientos competencias en “servicios sociales, promoción y reinserción social”, aunque las comunidades se hayan ido haciendo cargo de esas competencias, al menos sobre el papel, en sus respectivos estatutos. De ahí que los municipios, especialmente aquellos de más de 20.000 habitantes, fueran desplegando desde la mitad de los años ochenta servicios de ayuda a domicilio, residencias de mayores, prestaciones de ayuda a la familia, de prevención e inserción social, comedores públicos o cualquier otro que el Consistorio considerara necesario para sus ciudadanos.
Con el paso de los años, esta atención próxima se ha convertido en una amplia red asistencial con un elevado volumen de gasto. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una de las entidades que más ha insistido en la amenaza que supone la ley de reforma de la Administración local, ha contabilizado los millones de euros que están en el aire debido a la norma en un intento de dimensionar el coste de los servicios que hay en juego. Y el resultado es superior al que esperaban.
El gasto de las Administraciones locales en materia de servicios sociales es de 5.118 millones de euros, de acuerdo con lo recogido en el presupuesto liquidado de 2012.
En esta suma se encuentran incluidos los fondos destinados por las comunidades autónomas a apoyar estos servicios (1.276 millones de euros). Una vez restada esta cantidad, la suma sigue siendo notablemente elevada: 3.851 millones de euros. Excepto unos pocos cientos de euros —que corresponderían a los salarios del personal que necesitan los municipios para prestar sus disminuidas funciones de información, derivación y atención urgente— los más de 3.500 millones de euros restantes corresponden al coste de prestaciones que deberían asumir las autonomías.
Aunque la ley abre la puerta a que no lo hagan. Una disposición adicional de la nueva ley prevé que, una vez asumidas por las autonomías las competencias relativas a la prestación de servicios sociales, de promoción y reinserción social, les corresponderá “establecer (…) las medidas necesarias para racionalizar el servicio”.
El informe de los gerentes sociales destaca cómo parte del dinero en atención social que gastan los Ayuntamientos acaba en el sector privado. Un 38% del gasto social municipal corresponde a servicios del sector privado (ayuda a domicilio, teleasistencia) y un 21% a transferencias de ayuda directa (a las familias) o indirecta (a través de entidades sin ánimo de lucro).
De ahí que no solo estén en el aire decenas de miles de puestos de trabajo de funcionarios municipales, sino también de otras entidades. “Se van a ver afectadas las empresas de ayudas a domicilio que tienen contratadas a miles de personas. Hay 650.000 usuarios de ayuda a domicilio, 648.000 cuyo servicio lo prestan los Ayuntamientos. Significa que hay 32.240 auxiliares de hogar que serían los más afectados. La reforma local pone en riesgo esos empleos. Pero hay hasta 70.000 empleos sociales en el aire en total”, apunta José Manuel Ramírez, de la asociación de gerentes.
Para Ramírez es imprescindible que la ley reconozca a los servicios sociales municipales las competencias de los servicios de proximidad. Y conceder cinco años para la transferencia de otros servicios (por ejemplo, las residencias) a las autonomías.
La Vall d’Albaida dispone de una red asistencial para mayores con 952 plazas
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha asistido al homenaje a las personas mayores que ha organizado el Ayuntamiento de L’Olleria, donde ha destacado que la participación activa de los mayores en la sociedad «es fundamental para promover la autonomía, prevenir la dependencia y mejorar la calidad de vida».
En este sentido, la consellera ha indicado que desde la Generalitat «vamos a seguir fomentando el asociacionismo entre las personas mayores, con la finalidad promover la plena participación social del colectivo».
Este año la Conselleria de Bienestar Social destina más de 1’5 millones de euros a financiar actividades y proyectos desarrollados por 464 asociaciones de personas mayores de toda la Comunitat.
Plan de Envejecimiento Activo
En la Comunidad Valenciana actualmente viven alrededor de 900.000 personas mayores de 65 años, lo que supone el 17’5% de la población.
La consellera de Bienestar Social ha subrayado la importante aportación de las personas mayores a la sociedad «por su carácter dinámico, comprometido y generoso», y ha añadido que desde la Generalitat «trabajamos para conseguir que el envejecimiento sea para ellos una experiencia positiva y una etapa muy activa».
El Plan de Envejecimiento Activo de la Generalitat promueve la salud, ocio y tiempo libre de 400.000 personas mayores de la Comunitat Valenciana, con el objetivo principal de fomentar su autonomía personal y contribuir a mejorar su calidad de vida a través de programas, recursos y actuaciones que promocionan la autonomía y previenen la dependencia. El Plan incluye, entre otros, los programas de Termalismo, Vacaciones Sociales, «No estés solo en Navidad», o «Coneix la teua Comunitat», así como los Centros Especializados de Atención a Mayores (CEAM).
Recursos para mayores en La Vall d’Albaida
Las personas mayores de la comarca de La Vall d’Albaida disponen de una red asistencial de 21 centros con 952 plazas. Concretamente, cuentan con 8 centros residenciales con 574 plazas, 9 centros de día y 378 plazas, 1 Centro Especializado de Atención a Mayores y 3 Centros Sociales.
Asimismo, 47 personas mayores de 65 años de la comarca son beneficiarias del programa ‘Menjar a Casa’ de la Conselleria de Bienestar Social, un servicio de atención domiciliaria que ofrece a las personas mayores una dieta saludable en su propio domicilio y adaptada a sus necesidades.
La Fundación San Rosendo diseña y gestionará el nuevo centro gerontológico del Obispado de Tui-Vigo y la parroquia Nuestra Señora del Rocío
Las obras, que han comenzado hoy, cuentan con un plazo de ejecución de 14 meses y suponen una inversión de 3 millones de euros.
El Obispado de Tui-Vigo y la parroquia Nuestra Señora del Rocío encargaron a la Fundación San Rosendo el diseño del proyecto y la gestión del centro gerontológico.
El nuevo edificio surge con vocación de servicio a la comunidad parroquial ya que también albergara servicios de Caritas.
Este lunes, 14 de octubre, se han iniciado las obras de construcción de la nueva residencia para mayores dependientes de la parroquia Nuestra Señora del Rocío, en el barrio de Coia (Vigo), cuyo diseño y gestión del proyecto gerontológico ha sido adjudicado por la Diócesis de Tui-Vigo a la Fundación San Rosendo.
La nueva residencia se ubica en una parcela de más de 3.500 m2, cedida por la parroquia Nuestra Señora del Rocío, adosada a la Iglesia. Las obras, que realiza la empresa olívica Civis Global, tienen un plazo de ejecución de 14 meses y supondrán una inversión de 3 millones de euros.
74 plazas para mayores asistidos y Centro Parroquial
La Diócesis de Tui-Vigo trata así de dar respuesta a las necesidades sociales de la comunidad. El nuevo edificio, diseñado por Castro y Alonso Arquitectos, tiene una clara vocación de servicio social, ya que junto con la residencia de personas mayores también albergará las actividades pastorales, como Cáritas, en los locales destinados a Centro Parroquial.
La superficie útil está distribuida entre 2 sótanos y 3 plantas. La zona de uso parroquial se ubicará en la primera y segunda planta con un espacio mayor para la sacristía, comunicado con el templo, un pequeño vestuario y aseo para los oficiantes. En la planta segunda se sitúan los despachos parroquiales, un pequeño almacén-archivo y los aseos. Este espacio se comunica con el resto del complejo mediante un vestíbulo independiente.
Cáritas parroquial contará con dos dependencias de almacenamiento en el sótano y otra para el reparto de alimentos y bienes a los más necesitados. Su funcionamiento es independiente del resto del Centro Parroquial y dispone de acceso propio.
El resto del espacio se destinará a la residencia de mayores Nuestra Señora del Rocío que contará con 74 plazas para personas dependientes, en la que tendrán preferencia los vecinos del barrio de Coia. Las zonas de uso común como sala de convivencia, comedor, sala de rehabilitación y sala de lo social se encuentran en la planta baja, aunque se reserva en la planta primera una sala de uso polivalente.
En la planta baja también estarán ubicados los espacios de uso administrativo, despachos, aseos para residentes y sala de visitas independiente del resto del edificio y salida directa al exterior.
En el momento de plena ocupación, la residencia empleará a 30 profesionales entre gerontólogos, enfermeros y cuidadores. Como en el resto de centros gestionados por la Fundación San Rosendo, la residencia mantendrá la política de contratación de proveedores locales.
20 años de atención a personas mayores
La residencia del Rocío en Vigo se sumará a la red de 66 centros gerontológicos que la Fundación San Rosendo tiene distribuidos en más de 40 localidades de Galicia. El 85% de estos centros asistenciales se encuentran en entornos rurales deprimidos, donde la oferta privada es escasa.
La Fundación San Rosendo y la Diócesis de Tui-Vigo ya tienen una amplia trayectoria en el desarrollo de proyectos asistenciales para atender las demandas sociales a través de los centros para mayores de Valeixe, Covelo, Patos y Stella Maris.
La Fundación San Rosendo gestiona más de 3.500 plazas asistenciales en Galicia, que atienden más de 1.500 profesionales. Todos los centros de la entidad con más de 100 plazas cuentan con el reconocimiento europeo de calidad ISO 9001:2008.
Comunicación Fundación San Rosendo
Rosa Pontes
686 037 314
www.fundacionsanrosendo.es www.diocesetuivigo.es
@Fsanrosendo
Comunicación Obispado Tui-Vigo
Alberto Cuevas
986 375 153
www.diocesetuivigo.es
Bienestar Social oferta el programa “No estés sólo en navidad”
La concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Nucía oferta un año más el programa “No estés Sólo en Navidad” de la Generalitat Valenciana. El objetivo de este programa es ofrecer compañía a en las fiestas navideñas a personas mayores que estén viviendo en soledad.
El programa va dirigido a personas mayores válidas que viven solas y no tienen posibilidad de pasar los días de navidades en compañía de familiares o amigos por la lejanía de estos o por otras circunstancias Los beneficiarios pasaran unos días alojados en un hotel de la Comunidad Valenciana junto a otras personas mayores, realizando actividades y celebrando los días festivos con comidas especiales. El programa es totalmente gratuito.
El periodo de estancia será del 23 al 27 de Diciembre de 2013. El programa incluye: estancia en hotel de tres estrellas en régimen de pensión completa, desplazamientos de ida y vuelta, excursiones y cena especial de Nochebuena y comida especial de Navidad.
Los requisitos para disfrutar del programa son: residir en la Comunidad Valenciana, ser mayor de 65 años, o ser pensionista de invalidez, jubilación o viudedad con 60 años cumplidos, valerse por si mismo y que vivan solos y les sea imposible reunirse con familiares o amigos por la lejanía de estos o por otras circunstancias.
La persona solicitante deberá adjuntar a la solicitud: fotocopia del DNI, copia de la revalorización de la pensión 2013, informe médico e informe del trabajador social.
El plazo para presentar las solicitudes en el Centro Social El Calvari finalizará el 31 de Octubre. Toda la documentación necesaria para tramitar la solicitud la podrán obtener en el Centro Social El Calvari.
“Un año más desde Bienestar Social queremos dar publicidad a este interesante programa de “No estés Sólo en Navidad” de la Consellería de Bienestar Social. Un programa que intenta que nadie esté sólo en unas fiestas tan entrañables como las navideñas. Para ello se han de cumplir una serie de requisitos. Por ello animo a todas las personas que cumplan con el perfil a que lo soliciten, ya que las personas que han participado de La Nucía los últimos años han vuelto muy contentas de esta experiencia” afirma Esperanza Soria Such, concejala de Bienestar Social.
El Gobierno acelera el paso hacia la política de la beneficencia
Los «presupuestos sociales» que defiende el Gobierno prevén un tijeretazo del 36% a los servicios sociales para 2014. Al recorte se han sumado en los últimos meses otras medidas y cambios legislativos que, según denuncian profesionales, asociaciones, sindicatos y usuarios, socavan los derechos sociales y dejan la caridad como única salida.
1. Tijeretazo presupuestario
Los Presupuestos Generales del Estado en materia de servicios sociales han pasado de los 2.848 millones de euros de 2013 a 1.809. No obstante, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se refiere a «blindaje» en las cuentas. La razón es que para 2013 se incluyeron 1.034 millones con los que se pagaron atrasos de la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales de personas con dependencia.
Aun olvidando esta cantidad, las cuentas no cuadran si se considera que la demanda se ha disparado. A falta de datos oficiales, los expertos estiman que en los dos últimos años la demanda de algunas prestaciones de emergencia –para hacer la compra, pagar el recibo de la luz o la hipoteca– han aumentado hasta un 200%. Además, un total de 201.729 personas siguen esperando recibir la ayuda que les fue reconocida por la ley de dependencia.
2. Destrucción de la ley de dependencia
«Están dejando vacíos de contenidos reales los servicios, para echar a la gente y para que el que pueda contrate a un seguro privado, pero como la mayoría no podemos permitírnoslo, quedamos en manos de la caridad». Así interpreta José Luis Gómez-Ocaña, presidente de la Plataforma de la Dependencia en Castilla-La Mancha, la marcha atrás de la única ley estatal que reconoce y garantiza un derecho subjetivo en materia de servicios sociales.
Hace poco más de un año el Gobierno retrasó la entrada de los dependientes moderados en el sistema, eliminó la obligación de pagar la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras y amplió hasta dos años el plazo que tienen las autonomías para entregar las ayudas ya reconocidas sin tener que asumir la retroactividad con que nació la ley. Para el año que viene, con una lista de espera crónica, el Gobierno ha presupuestado exactamente la misma cantidad que en 2013: 1.087 millones de euros, que repartirá entre las comunidades autónomas en función del número de dependientes a los que atiendan.
«¿Sabes lo que es estar valorado y no tener la atención que te corresponde por ley?», añade otra miembro de la plataforma. Para Gómez-Ocaña, hay gato encerrado. «No es lógico el hachazo a la dependencia, con lo poco que significa respecto a todo el dinero que se maneja», apunta.
Gómez-Ocaña, maestro de escuela de Toledo, lleva años luchando porque sus dos hijos, de 10 y 17 años, ambos con una enfermedad rara hereditaria, grandes dependientes, sobrevivan. Han ido superando los retrasos en el pago de las ayudas del Gobierno de María Dolores de Cospedal, pero la salud de Nacho, el menor, ha empeorado hace unas semanas. La esperanza de su padre es que aguante lo suficiente para poder beneficiarse de un tratamiento pionero que se empezará a aplicar en Gran Bretaña en 2014.
3. Desmantelamiento de los servicios sociales
A los recortes que se soportan desde 2011 se suma ahora el Proyecto de Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, en trámite parlamentario. El texto prevé eliminar las competencias municipales en «la prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social», cediéndolas a las autonomías. En la práctica, esto representa que los ayuntamientos solo garantizarán unos servicios mínimos de información y orientación y alguna prestación económica de emergencia y de carácter puntual.
La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha elaborado un decálogo donde se denuncia que este traspaso de competencias supondrá la eliminación de los servicios sociales municipales, teniendo en cuenta el estado de las arcas autonómicas. El documento, firmado por asociaciones de personas mayores, profesionales, sindicatos y las principales organizaciones empresariales del sector, alerta de que al menos 200.000 familias se quedarán sin asistencia. Además, calculan la pérdida de 65.000 puestos de trabajo.
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) denuncia que peligra la continuidad de la ayuda a domicilio. Esta organización calcula que unas 600.000 personas se benefician de ella en toda España, en su mayoría a través de los servicios sociales municipales (del total, sólo 121.000 se conceden por la vía alternativa de la ley de dependencia).
Al margen de esta reforma, el pasado enero la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, anunció a los consejeros del ramo que iba a dejar de financiar los servicios sociales municipales mediante el llamado Plan Concertado. En los presupuestos de 2014 aún no se recoge este recorte. El Gobierno ha mantenido su aportación; 32 millones de euros que no se estiran lo suficiente como para ayudar, ni con carácter de urgencia, a los más de ocho millones de familias que acuden a los servicios sociales municipales porque no pueden comprar comida, pagar las medicinas, el recibo de la luz, el agua o el alquiler de su vivienda.
Para la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, «el panorama es absolutamente demoledor». Los servicios sociales son «el último recurso para un número cada vez mayor de personas y familias», recuerda en un comunicado.
4. Vía libre a la privatización
La reforma de la Administración Local también abre la puerta a que los servicios sociales sean de «gestión indirecta». Muchas prestaciones, como la ayuda a domicilio, ya llevan años prestándose a través de empresas subcontratadas. La novedad que implica la reforma es que los ayuntamientos también podrán delegar el servicio mínimo de asesoramiento que quede en sus manos, y que hasta ahora imparte personal propio en una entidad privada.
El Ayuntamiento de Galapagar (PP), en la comunidad de Madrid, ya se ha adelantado a la aprobación del proyecto de ley. El pasado 4 de abril aprobó la externalización de todos sus servicios sociales argumentando que el objetivo es «abaratar los costes» y mejorar la atención. La medida ha sido criticada por vecinos, oposición, profesionales y sindicatos, que han protagonizado varios actos de protesta en los últimos meses. También el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Madrid se ha pronunciado defendiendo los servicios sociales como «imprescindibles» y denunciando que «su privatización busca siempre un beneficio económico».
5. Rentas mínimas inaccesibles
Escudadas por la crisis, muchas autonomías han endurecido las leyes que garantizan las rentas mínimas, las pagas que se dan a aquellas familias sin ningún tipo de recursos, de unos 500 euros, dependiendo de la autonomía. En Madrid la espera ya es de 12 meses, por ejemplo. Estas ayudas se solicitan cuando la familia quizá ya lleva meses sin ningún ingreso.
Según la Alianza Social en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales de Madrid, el año pasado aumentó un 76% el número de solicitudes para obtener esta ayuda, mientras que el número de familias beneficiarias sólo se incrementó en un 22%. Esta plataforma, integrada por sindicatos, educadores y trabajadores sociales, psicólogos, la Confederación de Consumidores y Usuarios CECU, EAPN y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, entre otros, denuncia que las trabas para beneficiarse son cada vez mayores.
«Se trata de vericuetos administrativos, como la solicitud de documentación extra que en principio no era necesaria», explican desde la organización. Ante esta situación, ¿cómo sobrevivir, entonces, a la espera? Quedan las ayudas de emergencia, concretas, que pueden conceder los ayuntamientos. Pero tampoco el dinero llega, y las familias buscan salidas fuera de la red pública. Una muestra es que Cáritas casi ha triplicado el número de personas atendidas en los últimos años.
6. Desvío de responsabilidades
Cuando Ana Mato anunció que los inmigrantes sin papeles dejarían tener tarjeta sanitaria y, por tanto, atención médica (salvo en determinados casos), negó que estas personas fueran a quedar desatendidas. Para ello, aseguró, se firmarían acuerdos con las ONG. Pero las ONG no están conformes con la idea de que ellas deban asumir el papel que el Estado está dejando de ejercer.
«No tenemos que sustituir al Gobierno, somos complementarios», explican desde EAPN-España, una red de ONG que luchan contra la pobreza y la exclusión social, entre las que se encuentran Cáritas, Cruz Roja o CEAR. Su presidente, Carlos Susías, recuerda que «la pobreza y la exclusión no caen del cielo, son consecuencia de decisiones políticas». Por eso exigen que el Gobierno asuma su responsabilidad de crear planes integrales y herramientas para fomentar la inclusión social. EAPN-España rechaza la vuelta a la beneficencia y la caridad. Según explican, estos conceptos muestran la tolerancia: «Como hay pobres, vamos a darles de comer». Para ellos, la clave está en luchar por que no haya pobres, algo que no se combate con el parche de la beneficencia.
7. La solidaridad del vecino
El paso « del Estado del bienestar a una sociedad participativa«, que defendió el rey de Holanda hace unas semanas, muestra la tendencia que también vive España. Las llamadas a la solidaridad para sustituir lo que hasta ahora el Estado paga con las arcas públicas están a la orden del día.
El último debate al respecto, muy visible en las redes sociales, lo ha protagonizado el programa de TVE ‘Entre todos’, que empezó a emitirse el 26 de agosto, en la sobremesa. Este espacio, que la cadena pública define en su web como «una red social de cooperación», muestra a familias necesitadas y abre una línea telefónica para que otras personas les hagan donaciones económicas o les presten otro tipo de ayuda. El formato ha provocado una discusión entre quienes consideran que publicitar la caridad excusa la evasión de la Administración Pública y aquellos que defienden que es la solución más pragmática para quien no tiene nada.
Bruselas avisa de la creciente divergencia en bienestar social entre España y Alemania
La Comisión Europea ha alertado este miércoles de la creciente divergencia en materia de bienestar social entre los países del centro y los de la periferia, y en particular entre Alemania y España, desde el inicio de la crisis -en cuestiones como el nivel de paro y pobreza, la tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan, la desigualdad de ingresos o la renta disponible de los hogares- por considerar que pone en riesgo la unión económica y monetaria.
«La UE debe reequilibrar la gobernanza de la unión económica y monetaria para afrontar mejor los problemas de divergencia entre la situación de materia de empleo y social de los países de la eurozona», ha reclamado el comisario de Empleo, László Andor.
Para ello, el Ejecutivo comunitario ha propuesto este miércoles crear un cuadro comparativo de cinco indicadores cuyo objetivo es, según Andor, «detectar problemas graves de empleo y sociales mucho antes para adoptar medidas con el fin de afrontar mejor la crisis actual y prevenir que en el futuro se desarrollen crisis graves».
Los indicadores evidencian, de acuerdo con los datos de la Comisión, que en los años previos a la crisis hubo una convergencia en materia social entre España y Alemania que se quebró a partir de 2007. Desde ese momento y hasta 2012, mientras que Berlín mejora en todos los indicadores, Madrid registra un fuerte empeoramiento.
Así, en materia de tasa de paro, España tiene una tasa del 26,2% (la segunda más alta de la UE, sólo superada por Grecia), mientras que Alemania registra la segunda tasa más baja (5,2%). En 2007, los dos países tenían un nivel de desempleo similar de alrededor del 8%.
El porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan (ni-ni) ha aumentado en España desde el 12% en 2007 hasta el 18,8%, el segundo más alto de la UE de nuevo por detrás de Grecia. En cambio, en Alemania cae del 9% al 7,7%. Por su parte, la tasa de población en riesgo de pobreza en España ha subido del 19,6% al 25,7%. También en Alemania se registra un incremento, pero mucho más suave, del 15,2% al 15,9%.
La renta disponible de los hogares en 2010 cayó 5 puntos en España, mientras que progresó dos puntos en Alemania. Desde ese año se está produciendo la evolución inversa. Finalmente, los indicadores de Bruselas detectan un aumento de la desigualdad en España, mientras que en Alemania se mantiene estable.
Así, si el nivel de ingresos de la población española más rica era al principio de la crisis de media cinco veces más alto que el del sector más pobre, en 2011 es casi siete veces más alto. En Alemania, el valor se ha mantenido estable en cinco.
FRAGILIDAD DE LA RECUPERACIÓN
En su último informe trimestral sobre el empleo y la situación económica publicado este lunes, la Comisión avisa de que la recuperación es «frágil» y que las condiciones sociales y del mercado de trabajo siguen siendo «muy difíciles».
Las tasas de desempleo juvenil han alcanzado niveles sin precedentes, con un promedio del 23 % para la UE en su conjunto y hasta un 63 % en Grecia y un 56% en España. El desempleo de larga duración ha aumentado en la mayoría de los Estados miembros, alcanzando un máximo histórico en el conjunto de la UE.
Además, la destrucción neta de puestos de trabajo ha coincidido con empleos más precarios: ha aumentado el empleo a tiempo parcial, especialmente el involuntario, aunque haya disminuido la proporción de contratos temporales en la UE, más afectados por la contracción.
La pobreza ha aumentado en la UE desde 2007. Los ingresos de las familias disminuyen y un 24,2 % de la población de la UE se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión. Esto afecta especialmente a los niños, puesto que ha aumentado el desempleo y el número de hogares sin ingresos laborales, así como la pobreza de las personas con empleo.
La contratación de empleados con discapacidad crece en 2013 un 10,4% hasta los 45.135 contratos
La contratación de empleados con discapacidad crece en lo que va de 2013 un 10,4% más que en el mismo periodo de 2012, hasta los 45.135 contratos, según los datos del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), difundidos por FEACEM, entidad miembro de CERMI.
Sin embargo, esta entidad señala que la contratación de este colectivo trabajadores «aumentaría más intensamente» si España dispusiera de un mejor marco normativo de promoción de la inclusión laboral, «global, amplio y actualizado», para este sector social, que trascienda y supere el vigente, que data de hace más de 30 años.
«La evolución positiva de la contratación, a pesar de la aguda crisis que atraviesa la economía española, ha de ser aprovechada con la renovación del marco normativo y de las políticas activas de empleo, que por su antigüedad e inadecuación a la realidad actual no acompañan suficientemente esta tendencia favorable a la inclusión laboral», señalan desde el CERMI.
El número de contratos acumulados a agosto de 2013 es también superior al número de contratos acumulados a agosto de 2011 (un 7% superior). La contratación de personas con discapacidad en centros especiales de empleo, muestra un incremento respecto al año anterior; la contratación en empresas que no son centros especiales de empleo mejora y presenta también un resultado ligeramente superior al año anterior.
La evolución mensual de la contratación de personas con discapacidad en centros especiales de empleo presenta, en el acumulado a agosto de 2013, un resultado superior al mismo período de 2012. Así en el acumulado a agosto de 2013 se ha realizado un total de 32.049 contratos para personas con discapacidad en este tipo de empresas, lo que supone un incremento del 14,83% respecto a las contrataciones realizadas en el acumulado a agosto de 2012 (27.908 contratos).
Esta realidad global del país tiene una distribución territorial homogénea entre las comunidades autónomas, excepto Asturias, Canarias y Murcia que tienen un saldo negativo. El CERMI destaca también que la contratación acumulada en agosto de 2013 supere la realizada en el acumulado a agosto de 2011 (es superior en un 15,4%).
Ana Mato, Cospedal, Rudi y Rafael Hernando, nominados al Premio ‘Corazón de Piedra’ 2013
La ministra de Sanidad, Ana Mato; la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal; la de Aragón, Luisa Fernanda Rudi y el diputado nacional del PP Rafael Hernando, han sido nominados para el premio ‘Corazón de Piedra’ 2013, galardón que entrega la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en reconocimiento por la «falta de sensibilidad en materia social y el desprecio hacia las personas más necesitadas».
Según informa la organización en un comunicado, el «ganador» será elegido por votación popular a través de la página web de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales y en las redes sociales. La votación se prolongará durante las próximas semanas y el resultado se dará a conocer el 25 de octubre durante el XX Congreso anual de la Asociación, al que serán invitados a asistir todos los candidatos.
El premio, que será entregado en ese mismo acto, consistirá en un diploma y trofeo al ganador, así como diploma a los candidatos que no resulten ganadores. «En caso de que alguno de ellos no asista personalmente a recoger su trofeo, les será entregado en el lugar que ellos mismos determinen y si tampoco fuera posible, se les enviará por mensajería», según explica la organización.
‘Corazón de Piedra’ nace como alternativa al premio que la asociación viene entregando en sus congresos anuales para reconocer la labor positiva de personas, entidades, empresas y medios de comunicación en materia social.
«De la misma manera que se debe conocer estas buenas prácticas en materia social, es necesario que se reconozca a las personas que muestren mayor insensibilidad y cuyas opiniones o actuaciones produzcan más desamparo y sufrimiento a las personas y familias, especialmente en situaciones tan graves como las que estamos viviendo», explica la asociación.
En este sentido, Mato ha sido propuesta como candidata «por su personal insensibilidad y porque su único cometido al frente del Ministerio ha sido recortar, destruir y demoler políticas sociales», mientras que Cospedal se nombra «por su obsesión por desmontar políticas sociales, con especial dedicación a aquellas dirigidas a las personas más vulnerables».
En cuanto a Rudi, la asociación ofrece su candidatura «por la aplicación del gobierno que preside en desmontar el Sistema de Atención a la Dependencia, y añadir un destacable punto de crueldad al culpar de sus malos resultados a los fallecidos», mientras que a Rafael Hernando se le ha propuesto por «su descaro y crueldad al decir que son los padres los responsables de la situación de los niños que padecen dificultades de alimentación».
Las personas mayores, en «grave riesgo» de «pobreza y marginalidad» por la crisis
La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) ha advertido del «grave riesgo» que sufren las personas mayores de caer en situaciones de «pobreza y marginalidad» por los efectos de la crisis económica, agravados por los recortes y medidas como el copago farmacéutico y sanitario, la reducción de ayudas a la dependencia y la pérdida de poder adquisitivo que, a juicio de la organización, «previsiblemente» se producirá como consecuencia de la reforma de las pensiones.
Con motivo del ‘Día Internacional de las Personas Mayores’, que se conmemora este martes, la unión de asociaciones ha recordado que el colectivo de personas mayores representan el 17,4 por ciento de la población total española –según los datos del INE publicados en 2012–, lo que supone que son más de 8 millones de personas.
«Un día como hoy, no hay muchos motivos para la celebración», según ha indicado la presidenta de UNAF, Teresa Blat, que ha subrayado que «los derechos más básicos de las personas mayores no están siendo garantizados» y ha reclamado que el colectivo «sea un grupo prioritario de atención por parte de los poderes públicos».
En este sentido, ha pedido además que, para ello, se tomen medidas para «continuar avanzando hacia su reconocimiento social, su derecho a la participación y, en definitiva, su plena ciudadanía».
Por otra parte, Blat ha alertado de la posibilidad de que, debido a las situaciones de vulnerabilidad a que se ve expuesto el colectivo y al «progresivo» envejecimiento de la población y de su situación de dependencia tanto funcional como emocional, las personas mayores corren el riesgo de «convertirse en uno de los grupos sociales más susceptibles de sufrir situaciones de abuso y malos tratos».
Por todo ello, ha reiterado su petición a las administraciones públicas para que destinen recursos y desarrollen medidas para proteger a las personas que forman parte de este colectivo y, por lo tanto, son susceptibles de sufrir situaciones de pobreza, violencia o marginalidad.
El programa ‘Menjar a casa’ beneficiará a 427 mayores de 65 años
El programa consiste en la entrega diaria, los laborables, de un menú completo que consta de dos platos y postre, adaptado a las necesidades nutritivas de cada usuario.
La Junta de gobierno local del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado la renovación del convenio de colaboración con la Conselleria de Bienestar Social para el desarrollo del programa ‘Menjar a casa’, que beneficiará a 427 mayores de 65 años, según han informado fuentes municipales.
La finalidad de este programa es la distribución de comida ya elaborada en los domicilios de las personas mayores que, por su especial situación, tienen una deficiente nutrición.
La Generalitat puso en funcionamiento este programa en el año 2004. En septiembre de 2007 se suscribió el último Convenio de colaboración entre la Consellería de Bienestar Social y el Ayuntamiento de Valencia para su desarrollo en la ciudad, que comprendía como financiación por parte de la Consellería un 42%, por parte del Ayuntamiento un 24%, y el resto, un 34%, por parte de las personas beneficiarias.
El convenio se ha ido prorrogando hasta llegar a la actualidad, en que la Junta de gobierno local ha decidido su renovación por otros tres años, hasta septiembre de 2016, según la misma fuente. El reparto de la financiación se mantiene en el nuevo convenio que ha aprobado este viernes la Junta de gobierno local, en el que las plazas asignadas al Ayuntamiento ascienden a 427 usuarios, lo que supone que la financiación municipal a aportar, el 24% del precio, asciende a un total de 225.223 euros al año.
Al respecto, la concejala de Bienestar Social e Integración, Ana Albert, ha subrayado que «en estos momentos el número de beneficiarios en la ciudad asciende a 417 personas, 35% hombres y 65% mujeres, y nuestro propósito es que cada año pueda haber más beneficiarios en Valencia de este programa».
Aumento de beneficiarios
La concejala ha destacado que cada año ha ido creciendo el número de usuarios de Menjar a Casa. Así, el programa se inició en Valencia en 2004 con 100 personas beneficiarias, aumentando a 407 en 2010, 417 en 2013 y para 2014, con el nuevo convenio, el programa tendrá 427 plazas en la ciudad.
El programa consiste en la entrega diaria, de lunes viernes, excepto los festivos, de un menú completo que consta de dos platos y postre, adaptado a las necesidades nutritivas de cada usuario, según informe médico. Pretende contribuir a la permanencia de las personas mayores en su entorno habitual, mejorando al mismo tiempo, su salud, bienestar y calidad de vida. El objetivo del programa es que estas personas, que son mayores o que tienen alguna dependencia o dificultad de movilidad, reciban una óptima alimentación sin necesidad de moverse de casa.
Entre los requisitos para acceder a Menjar a Casa destaca el tener 65 años o más, y también podrán acceder personas mayores de 60 años en situación de dependencia y mayores de 18 años con discapacidad, que convivan con la persona mayor de 65 años, beneficiaria del programa. Asimismo, deben estar empadronados en la ciudad de Valencia y tener autonomía suficiente para la preparación e ingesta de los alimentos objeto del servicio, o en su caso contar con apoyo y «lo más importante: han de acreditar que necesitan el servicio, y para ello presentar informe social e informe médico».
Celebradas las jornadas madrileñas «Buenas prácticas en Centros de día»
Los días 24 y 25 de septiembre La Dirección General de Mayores y Atención Social del Ayuntamiento de Madrid han organizado las jornadas “Buenas prácticas en los centros de día”.
En el acto, inaugurado por la Delegada del Área de gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, María Dolores Navarro, participaron el Coordinador General de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, D. Carlos Martínez y D. Javier Gómez Martín. Presidente de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE,) como numerosos profesionales de los Centros de día Madrileños.
En este encuentro, lugar de intercambio de experiencias, se dieron cita numerosos profesionales de centros de día donde compartieron experiencias de buenas prácticas que seguro enriquecerán a las iniciativas de los centros de día presentes en estas jornadas.
Gracias al trabajo de la Dirección General de Mayores y Atención Social y al buen hacer de todos los profesionales de la red de centros de día madrileños, hoy por hoy, y en palabras de nuestro presidente, podemos hablar de “un modelo de Madrid con acento propio” por cinco razones: tradición, su correcta aplicación del modelo, su contenido y nivel técnico, su compromiso con la calidad y los resultados obtenidos.
Consejera andaluza señala que a la Dependencia «nunca se le pueden aplicar criterios de subvención, incentivos o ayudas»
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha señalado que el criterio de admisión de las persona en el Sistema Andaluz de Dependencia «es el que establece la Ley a nivel nacional», pero «nunca se le pueden aplicar criterios de subvención, incentivos o ayudas», porque «estamos hablando de derechos». «Tampoco se le aplicaría a un derecho consolidado como es la asistencia sanitaria», añade.
La consejera ha hecho esta declaraciones al ser preguntada por los periodistas en Sevilla sobre si en Dependencia se podrían perder ayudas con la nueva medida de la Junta de Andalucía, anunciada este martes en Consejo de Gobierno, de ampliar los requisitos para medir la capacidad económica de los solicitantes de ayudas públicas de modo que, además del nivel de ingresos por renta, también ponderará el patrimonio neto del posible beneficiario de las mismas.
Así, la consejera ha recordado que la Ley de Dependencia tiene un carácter normativo «de máximo rango» a nivel nacional, «donde el criterio de renta no entraría en el control que se estableció este martes a nivel de ayudas, subvenciones y aportaciones por parte de la Administración autonómica andaluza par otros temas», es decir, «estamos hablando de derechos, y, por lo tanto, no estamos hablando de subvenciones, incentivos o ayudas, y no se le aplicaría el mismo criterio a no ser que hubiera un cambio normativo a nivel nacional».
En este sentido, aclara que, en este momento, el criterio de admisión de las persona en el Sistema Andaluz de Dependencia «es el criterio que establece la Ley, con las modificaciones posteriores que ha hecho el Gobierno del PP al respecto de la Ley». Pero, insiste Sánchez Rubio, «nunca se le pueden aplicar criterios de subvención, incentivos o ayudas». «Creo que hay que distinguir el derecho de la subvención, la ayuda o el estímulo, que es lo que la Junta quiso dejar claro este martes», reitera la consejera.
Asunción Sánchez Zaplana participa en el homenaje a los mayores de Llíria
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha asistido al homenaje que realiza el Ayuntamiento de Llíria a las Personas Mayores de la localidad en el marco de las Fiestas Patronales.
Sánchez Zaplana ha estado acompañada por el alcalde, Manuel Izquierdo, representantes de las tres asociaciones de Jubilados y Pensionistas de Lliría y más de 2.000 mayores de la localidad que han participado en el encuentro.
La consellera ha destacado «la importante labor de las asociaciones de personas mayores de nuestra Comunitat que desarrollan actividades culturales, programas de ocio y tiempo libre, acciones de formación, en definitiva, iniciativas dirigidas a fomentar el envejecimiento activo y la participación de los mayores».
Asimismo, ha recordado alguno de los programas impulsados por la Generalitat para el colectivo como ‘Vacaciones Sociales’, ‘Coneix la teua Comunitat’, ‘Termalismo Valenciano’, ‘No estés solo en Navidad’, además de otros servicios de atención domiciliaria.
Asunción Sánchez Zaplana ha animado a las personas mayores a solicitar la Tarjeta del Mayor, «que ofrece numerosos beneficios para los mayores», y se ha dirigido a las empresas y los comercios de Llíria para que se adhieran a esta iniciativa.
«Desde los distintos departamentos del Consell trabajamos cada día para defender los derechos de las personas mayores y para ofrecerles una red de recursos y servicios dirigidos a mejorar su bienestar y calidad de vida», ha señalado, ha concluido la consellera.
La venta de los viajes del Imserso arranca el 21 de septiembre
A partir del 21 de septiembre, los usuarios acreditados de Andalucía, Extremadura y País Vasco podrán adquirir sus viajes a través de la web de Mundosenior o en las agencias autorizadas. (Europa Press)
Con más de 900.000 plazas para toda España, la venta del programa en las comunidades de Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, Murcia, Navarra y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se llevará a cabo a partir del 24 de septiembre.
Por su parte, los interesados de la Comunidad Valenciana y Cataluña tendrán que esperar al próximo 26 de septiembre, mientras que en Asturias, Castilla y León, La Rioja y Madrid podrán comprar su viaje desde el sábado 28 de septiembre.
Entre las condiciones, los usuarios acreditados con plaza podrán reservar su viaje el mismo día del inicio de venta en su comunidad autónoma, eligiendo uno de los destinos, estancias y fechas disponibles.
Asimismo, podrán reservar un viaje los usuarios en cobertura de vacantes, siempre que haya plazas vacantes, el siguiente día laborable después del inicio de ventas de cada una de las comunidades autónomas, eligiendo uno de los destinos, estancias y fechas disponibles.
Además, podrán reservar más viajes, siempre que haya plazas vacantes, a partir de dos días laborables después del inicio de las ventas en su comunidad.
Con este programa las personas mayores tienen la posibilidad de disfrutar, a precio reducido, de estancias en zonas turísticas del litoral peninsular,Baleares y Canarias.
También incluye viajes culturales a Andalucía, Asturias, Aragón, Baleares, Cantabria, las dos Castillas, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco; y turismo de naturaleza en Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Comunidad Valenciana; desde octubre hasta junio.
El programa tiene una variada oferta de turnos de vacaciones, que pueden ser de cinco, seis, ocho, diez o 15 días de estancia, en régimen de pensión completa, con transporte de ida y vuelta, asistencia sanitaria y póliza de seguro.
La partida para programas de vacaciones del Imserso se redujo este año un 5,8% respecto a 2012, hasta los 105,4 millones de euros, aunque el Gobierno prevé mantener los niveles de inversión en los programas de Turismo Social para Mayores y Termalismo el próximo año.
Concretamente, la partida del programa de vacaciones para mayorespasó en 2013 de los 75,4 millones de euros a los 68,2 millones de euros, mientras que al termalismo se destinaron 34,2 millones de euros, frente a los 33,7 millones de euros del año anterior.
Así, el director general del Imserso, César Antón, insistió en que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está trabajando para lograr dicho objetivo durante su intervención el pasado mes de julio en una rueda de prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
«Lo importante es que estamos trabajando para que en 2014 se mantengan los mismos niveles que la temporada que acabamos de cerrar, es decir, no hay ninguna reducción prevista para el 2014», destacó Antón.
Los centros de participación activa para mayores preparan en Benalmádena sus actividades
El primer teniente de alcalde y concejal de Bienestar Social, Francisco Salido, ha informado hoy en rueda de prensa sobre el inicio de las actividades en los centros de participación activa para mayores y en los sociales, así como también de las mejoras y de las novedades que incorporará este nuevo curso, que arrancará el próximo 1 de octubre.
Entre ellas, destacan actividades deportivas como Tai-Chi, gimnasia de mantenimiento, yoga o pilates, así como también continuarán los talleres de memoria, las manualidades, los bailes, los coros y el teatro. ‘Anica Torres’, en Arroyo de la Miel; ‘Silvestre González’, en Benalmádena Pueblo, y el Centro Social de Carola serán los centros en los que se impartirán el amplio abanico de actividades que un año más oferta la Delegación de Bienestar Social.
El concejal ha animado a todos los mayores «a participar en el programa de actividades que se ha confeccionado atendiendo al gusto de nuestros usuarios y a la demanda que nos han hecho en cursos anteriores». «Desde la Delegación de Bienestar Social trabajamos en la dinamización de los centros de mayores con actividades varias y atractivas, pues son de gran importancia para conseguir un envejecimiento activo y una mejora en la calidad de vida de nuestros mayores, quienes ocupan un lugar prioritario en nuestra gestión municipal», ha manifestado el edil, que ha añadido que «continuaremos trabajando para ampliar las actividades de los centros, con cursos y talleres novedosos y de gran interés para los mayores».
Los plazos para inscribirse en los diferentes centros están publicados en los tablones de anuncios y son los días 16 y 17 de septiembre, de 9:30 a 13:00 horas, en el centro ‘Anica Torres’; el 17 de septiembre, de 17:30 a 20:00 horas, en Centro Social de Carola; y los días 19 y 20 de septiembre, de 10:00 a 12:00 horas, en el Centro ‘Silvestre González’.
Una tienda de Oysho, atendida por personas con TMS
La cadena de moda Oysho se ha sumado al programa social ‘for&from’ del Grupo Inditex abriendo una tienda atendida por personas con trastorno metal severo (TMS) en Palafolls (Barcelona) en colaboración con la Fundació El Molí d’en Puigvert, según informa la compañía.
En concreto, la plantilla de la tienda está compuesta por ocho personas, seis de las cuales están diagnosticadas con TMS. Estos trabajadores han recibido formación específica tanto de la Fundació El Molí d’en Puigvert, especializada en desarrollar programas de rehabilitación social y laboral de personas con TMS en la comarca del Maresme, como de los equipos de tienda de Oysho.
El establecimiento de Oysho ‘for&from’ dispone de una superficie comercial de 80 metros cuadrados en una sola planta y ha sido concebido para ofrecer el nivel más elevado de accesibilidad y eliminación de barreras, manteniendo la imagen con la que Oysho se presenta en sus más de 500 tiendas en todo el mundo.
Se trata de la tercera tienda del programa en esta localidad, donde también están presentes Massimo Dutti y Bershka ‘for&from’, y la séptima del proyecto.
Esta iniciativa se enmarca en el programa de inserción laboral de Inditex para personas con algún tipo de discapacidad física o intelectual, ‘for&from’, que nació en 2002 con la apertura de una primera tienda de Massimo Dutti.
Con esta nueva apertura, el programa ‘for&from’ cuenta con una red de siete tiendas: tres en Palafolls (Barcelona), de Massimo Dutti y Bershka; dos en Allariz (Ourense), de Massimo Dutti, y Tempe (complementos y calzado de todas las cadenas del Grupo Inditex); otra de Tempe, en Elche (Alicante) y una de Stradivarius, en Manresa (Barcelona).
TRAYECTORIA
En 2001, Inditex estableció los primeros contactos con la Fundació Molí d’en Puigvert con el objetivo de explorar nuevas fórmulas de inserción socio-laboral para colectivos vulnerables y personas con dificultades de integración.
Así, en abril de 2002 se puso en marcha en Palafolls una tienda Massimo Dutti en la que trabajan personas con TMS. En 2008, Bershka se unió a este programa de la Fundació Molí con una nueva tienda ‘for&from’ en esta localidad.
El proyecto ‘for&from’ se amplió en 2007 y 2010 con nuevas tiendas de Massimo Dutti y Tempe en Allariz (Ourense) gestionadas por personas con diferentes grados de minusvalías físicas, en colaboración con la Confederación Galega de Persoas con discapacidade (Cogami).
A finales de 2010, Tempe inauguró una nueva tienda en Elche (Alicante) con la Asociación Pro Discapacitados Psíquicos de Alicante
(APSA) y en 2011, Stradivarius se unió a esta iniciativa del Grupo con una tienda en Manresa (Barcelona), junto a la cooperativa local Moltacte.
Cataluña niega que haya malnutrición infantil y descarta toda «medida excepcional»
El conseller de Salud de la Generalitat de Cataluña, Boi Ruiz, ha reiterado este martes que en la comunidad no existen casos de malnutrición infantil derivados de la situación socioeconómica de las familias por la crisis, así que ha descartado que se realice «ninguna medida excepcional» para abordarla.
En rueda de prensa tras el Consell Executiu, ha desvirtuado el informe del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que alertaba de 50.000 casos de malnutrición infantil, por entender que se basa en una encuesta a las familias sin rigor científico, si bien ha considerado evidentes los riesgos derivados de la crisis a nivel social y por ello es necesaria una «especial alerta».
La consellera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, por su parte, ha valorado positivamente las recomendaciones del Síndic, y ha asegurado que el Govern trabaja para homogeneizar los criterios de concesión de las becas comedor y para fortalecer la mesa solidaria de suministro de alimentos.
Ruiz ha explicado que el informe hecho por los servicios de atención primaria en el que se apunta la existencia de unos 750 casos de desnutrición, y del que el Síndic también se hacia eco, se refiere en su mayoría a casos en los que existe una enfermedad previa que impide la correcta absorción de los nutrientes.
Ha lamentado que la obesidad también puede interpretarse como un problema de malnutrición y ha afirmado que la cifra de 50.000 menores se extrae de una pregunta hecha a las familias en las que se les cuestiona si pueden permitirse darle de comer a sus hijos dos veces a la semana pescado y carne, por lo que «todos los vegetarianos tendrían déficits de proteínas».
«Nadie puede decir científicamente, hablando con rigor, que esto (desnutrición infantil derivada de la pobreza) esté pasando en Cataluña», ha insistido, pese a que la red sanitaria actúa como centinela para detectar los casos que puedan producirse.
La Obra Social de BBK abre el plazo de inscripción para 3.500 plazas de actividades para personas mayores
La Obra Social de BBK ha abierto el plazo de inscripción para más de 3.500 plazas de actividades para personas mayores que han cumplido su ciclo laboral. El registro se podrá realizar sólo a través de Internet hasta el 22 de septiembre y la lista de personas admitidas se hará pública el 11 de octubre.
Según ha informado BBK, la entidad sorteará entre sus clientes mayores de 60 años, además, tres entradas dobles para la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián, el próximo 23 de septiembre, una videocámara ‘Panasonic HC-V510’, el 1 de octubre, y 50 pagas de 1.000 euros, el 19 de noviembre.
La iniciativa oferta las plazas en unos 220 distintos programas de «ocio activo y saludable», que se distribuyen en áreas como el bienestar y crecimiento, aprendizaje cultural, expresión artística, cursos musicales, idiomas o nuevas tecnologías, y buscan promover el «crecimiento personal, el enriquecimiento cultural y el aprendizaje».
La Obra Social de BBK ha recordado que el orden de inscripción, a través del portal www.bbk.es/actividades, no influirá en la adjudicación de las plazas, por lo que se ha habilitado un único periodo de solicitudes que se mantendrá hasta el próximo 22 de septiembre. Las concesión de las plazas disponibles priorizará a los clientes que tengan domiciliada su pensión o nómina en Kutxabank.
