Bienestar Social
Sanidad opina que el número de Grandes Dependientes atendidos es «elevado» y lo atribuye a un mal uso del baremo
La Evaluación 2012 del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) que la ministra de Sanidad, Ana Mato, presentará mañana a las Comunidades Autónomas en el Consejo Territorial del ramo, considera que hay un «elevado» número de personas declaradas Grandes Dependientes (Grado III) y lo atribuye a «un uso inapropiado del baremo de valoración» con el que se diagnostica la situación que tiene cada persona.
El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, analiza los datos del SAAD entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero de 2013 y señala que de 1,26 millones de personas valoradas y con derecho a prestación, 394.777 estaban localizadas en el Grado III, un 31,27 por ciento, que es «casi el doble de lo previsto» en el Libro Blanco de la Dependencia, redactado en 2007.
«A 31 de diciembre de 2011 este porcentaje era aún mayor: el 33,74% de personas reconocidas en Grado III (431.811 beneficiarios)», expone el documento, que destaca no obstante que, «en este año ha descendido en 2,5 puntos porcentuales» el peso de la población con un mayor nivel de dependencia.
El texto recoge «posibles causas de esta situación» que «se resumen en el uso inapropiado del baremo de valoración» aunque, conforme explica, «puede ser que confluyan también otros factores» como «que se han realizado reconocimientos de grado mediante la denominada ‘pasarela’ de personas ya atendidas».
«Otra razón de este número tan elevado de personas reconocidas en Grado III pudiera ser que la financiación viene directamente relacionada con el grado de dependencia reconocido», plantea el informe del Ministerio de Sanidad.
La evaluación dedica un capítulo a comparar el sistema de dependencia español con los de Alemania, Austria y Francia y, tras destacar que los baremos muestran «importantes diferencias» en cada uno, asegura que «sin duda el más generoso es el español».
Según afirma, con los criterios que aplican los alemanes 163.000 personas atendidas en España se quedarían fuera del sistema y en Francia, 463.000 no llegarían a entrar. En este país se excluye de la atención a la dependencia a las personas menores de 60 años y no tienen Grado I en su clasificación.
«Si nos centramos en los casos de Alemania y Austria, los más parecidos a España, tenemos que las personas valoradas en Grado III son un 11,9 y un 15,66%, respectivamente, mientras que en España este porcentaje, a 1 de enero de 2013, se eleva al 31,27%», explica el informe.
Plan piloto para la inserción laboral de personas con trastornos mentales
Catalunya iniciará este jueves un plan piloto para facilitar la inserción laboral de personas con enfermedades mentales graves.
El proyecto está basado en un método pionero ideado por la empresa estadounidense Darmouth Psychiatric Research Center, que permite combinar la atención social y sanitaria con la incorporación a un puesto de trabajo ordinario.
Además del Darmouth Psychiatric Research Center, este plan piloto cuenta con el impulso de la Obra Social La Caixa y de las consellerias de Salud, Bienestar Social y Familia, y Empresa y Empleo, cuyos titulares han rubricado este miércoles el convenio que ha dado luz verde al proyecto.
«Este plan piloto permitirá eliminar barreras mentales y combatir la estigmatización de las personas con enfermedad mental», ha valorado en rueda de prensa la consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, que también ha ensalzado el fomento de la igualdad de oportunidades del proyecto.
El objetivo de la iniciativa es mejorar el acceso de las personas adultas con trastornos mentales graves a una ocupación efectiva en empresas ordinarias, mediante la metodología innovadora conocida como Trabajo con Apoyo Individualizado (IPS, por sus siglas en inglés).
La metodología IPS, que se basa en el acompañamiento individualizado de los usuarios, se ha demostrado altamente efectiva para la inserción laboral de las personas con trastornos mentales.
Según la Conselleria Salud, un 25% de la población catalana está en riesgo de padecer en algún momento de su vida este tipo de trastorno.
El conseller de Salud, Boi Ruiz, ha destacado que el plan piloto se ha impulsado con la «complicidad» de las entidades del sector, y se ha mostrado confiado en que su implantación será un éxito.
BARCELONA, GIRONA Y BAIX LLOBREGAT
La iniciativa se pondrá en marcha en Barcelona –Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi y Eixample–, Girona y Baix Llobregat, y contará con el apoyo de las herramientas y profesionales del Programa Incorpora de La Obra Social La Caixa, destinado al fomento de la integración laboral de colectivos vulnerables, entre los que se encuentran las personas con enfermedades mentales.
El conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, ha avanzado que la intención del Govern es «ir más allá» y expandir el plan piloto a otros puntos del territorio catalán, además de convertir este programa en uno de los ejes básicos de la inserción sociolaboral de las personas con trastornos mentales.
El director general de la Obra Social La Caixa, Jaume Lanaspa, ha recordado que el Programa Incorpora ha permitido la inserción laboral de 56.000 personas vulnerables, como mujeres maltratadas, jóvenes y reclusos.
«Es un orgullo poder trabajar ahora también con personas con trastornos mentales», ha valorado Lanaspa, que ha destacado la importancia de la inserción laboral de los colectivos más desfavorecidos para la cohesión social.
Una mujer mexicana de 100 años, que de niña no pudo ir a la escuela por su pobreza, acaba de terminar la primaria
Una mujer mexicana de 100 años, que de niña no pudo ir a la escuela por su pobreza, acaba de terminar la primaria con un programa especial de educación para adultos. «Casi no puede caminar y ha sido un logro bastante importante», dijo la jefa del departamento de planeación del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) del estado de Oaxaca, Norma Jiménez López.
La recién graduada, Manuela Hernández, nacida el 17 de junio de 1913 en la ciudad de Tuxtepec, relató que cuando era pequeña un tío la ayudó a entrar a la escuela, pero sólo pudo completar el primer grado porque sus padres necesitaron que empezara a trabajar.
«Al año siguiente, que yo ya podía lavar y planchar, ya no me dejaron ir pues les hacía falta en el trabajo», dijo. Según explicó Jiménez, el sistema de educación para adultos es un modelo flexible y abreviado que permite a los adultos mayores completar la primaria en promedio en unos dos años y medio a tres, en lugar de los seis habituales.
Sin embargo, cada caso es diferente. Algunos de los estudiantes llegan con conocimientos adquiridos en la vida que se les acreditan como parte de su plan de estudios. Hernández tuvo que hacer sólo un año porque ya sabía leer y escribir. «La mejor carrera es el estudio», afirmó después de recibir el certificado la semana pasada, según un comunicado difundido por el IEEA.
La mujer, un ama de casa viuda con dos hijos, contó que le gusta mucho leer, pero que su vista ya está cansada y a veces se le dificulta. Estudiar hace de la gente «mejores personas», señaló. «Cada vez que aprendo algo me digo a mí misma: ahora ya no me van hacer guaje (engañar)».
El IEEA informó que actualmente atiende a unas 7.700 personas de más de 65 años, de los cuales el 85 por ciento está siendo alfabetizado o cursa la primaria y el 15 por ciento estudia la secundaria. «Es en general gente que no pudo estudiar porque eran muy pobres y tuvieron que trabajar», dijo Jiménez. «Para ellos es un logro: pasar un examen, socializar con otras personas en los círculos de estudio, tener el reconocimiento. Es algo que los hace sentir muy orgullosos».
Euskadi implanta el copago farmacéutico a partir de este lunes
El Gobierno vasco aplicará el copago farmacéutico a partir de este lunes, 1 de julio, en cumplimiento del auto del Tribunal Constitucional que suspendió el decreto del Ejecutivo autónomo que pretendía evitarlo.
El copago se implantará a la vez en todos los territorios y en la totalidad de las farmacias de la Comunidad autónoma. Las aportaciones derivadas del copago farmacéutico en Euskadi se situarán, según las primeras estimaciones del Ejecutivo vasco, entre los 16 y los 20 millones de euros anuales.
Por su parte, el Gobierno ha invertido, para su puesta en marcha, 422.000 euros en una aplicación informática dirigida a la farmacia que quiere hacer el copago «lo menos gravoso» posible a la población. A diferencia con lo que ocurre en otras Comunidades autónomas, en Euskadi, las personas que lleguen al tope de aportación no tendrán que adelantar más dinero y esperar posteriormente a su reembolso.
De esta forma, los perceptores de las pensiones más bajan pagarán un máximo de ocho euros al mes y, en ningún caso, tendrán que hacer aportaciones por encima de esa cantidad». El Gobierno vasco ha manifestado, en numerosas ocasiones, que está en desacuerdo con la aplicación del copago pero lo hará en cumplimiento del auto del Tribunal Constitucional que dejó en suspenso determinados artículos del decreto 114 del Gobierno vasco.
Precisamente, el gabinete Urkullu ha argumentado que su oposición a esta medida ha permitido retrasar durante un año su entrada en vigor en Euskadi, que será, de hecho, la última comunidad autónoma de todo el Estado en implantarla.
La aplicación
El Ejecutivo autónomo lleva seis meses trabajando en una aplicación informática para instalar en las farmacias con el objetivo de que sea «lo menos gravoso para la población, especialmente, para los pensionistas».
Esa aplicación se instalará en las farmacias y permitirá consultar el tipo de aportación de cada persona, además de «controlar los límites máximos de esa aportación para evitar los reintegros de gastos. A partir de la entrada en vigor del copago, las recetas tendrán un código TSI de aportación y las personas usuarias deberán abonar el porcentaje asociado, que dependerá de su situación sociolaboral y nivel de renta».
Las rentas por debajo de los 18.000 euros anuales seguirán costeando, como hasta ahora, el 40 por ciento de los medicamentos adquiridos con receta oficial, y, desde esa cifra hasta los 100.000 euros, tendrán que costear el 50 por ciento. Quienes superen los 100.000 euros de renta anual tendrán que abonar el 60 por ciento.
En el caso de las personas pensionistas, con carácter general, pagarán el 10 por ciento del precio del medicamento, con un tope mensual por persona establecido en función de su renta. Quienes perciban menos de 18.000 euros pagarán un máximo de 8,14 euros al mes por persona. Si la pensión oscila entre 18.000 y 100.000 euros, un tope de 18,32 euros al mes, en el caso de rentas por encima de 100.000 euros, el tope se establece en 61,08 euros por personas y mes.
En todos los casos, quedarán exentos las personas afectadas de síndrome tóxico, con discapacidad contemplada en la normativa específica, los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o de pensiones no contributivas, parados de larga duración cuando se les haya agotado el subsidio y en tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
La Seguridad Social dispondrá de otros 3.500 millones del Fondo de Reserva
La Seguridad Social dispondrá de otros 3.500 millones de euros del Fondo de Reserva -la denominada «hucha de las pensiones»- para abonar las pensiones.
En un comunicado, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, señala que dispondrá de dicha cantidad el 1 de julio porque en ese mes se produce una «importante necesidad» de financiación para hacer frente a la mensualidad ordinaria y a la paga extraordinaria.
Precisa que el saldo de tesorería a cierre de junio «no permite afrontar el pago de las prestaciones» sin tener que recurrir al fondo de reserva.
Según Empleo, el desembolso de julio se produce en un contexto de disminución del saldo de tesorería, que se explica porque la recaudación bajó el 1,57 % anual y por el crecimiento del número de pensiones, cuyo gasto avanza a una tasa anual del 3,85 % (ambos con datos acumulados hasta junio).
Las transferencias del Estado han hecho posible que durante el primer semestre no se haya tenido que recurrir al fondo de reserva, circunstancia que ha cambiado durante el tercer trimestre, subraya el Ministerio.
En 2012 se utilizaron reservas por valor de 11.683 millones de euros, 7.003 millones del fondo de reserva propiamente dicho y 4.680 del fondo de prevención y rehabilitación.
La ley establece el uso del fondo de reserva en los supuestos de existencia de déficit por operaciones no financieras.
En 2012 el déficit fue de 11.636,22 millones de euros (actualizado a 18 de junio) y para 2013 se prevé que alcance los 14.873 millones.
También puede utilizarse para necesidades hasta un importe máximo equivalente al importe del déficit por operaciones no financieras que pongan de manifiesto las previsiones de liquidación de los presupuestos de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
En este sentido, Empleo señala que el importe que se abona el primer día hábil de julio supera los 14.000 millones y que el día 22 hay que liquidar el IRPF correspondiente a esas pensiones, que se cifra en unos 1.000 millones.
La información sobre los importes que se utilicen, si fuera necesario, del fondo de reserva en el tercer trimestre se elevará al Consejo de Ministros en octubre, tal y como establece la ley.
Las CC.AA tendrán que certificar mensualmente y por escrito en qué gastan el dinero estatal de dependencia
Las comunidades autónomas tendrán que certificar por escrito mensualmenete y año tras año en qué gastan el dinero que reciben del Estado para la aplicación de la Ley de Dependencia, según establece una orden que ultima el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a la que ha tenido acceso Europa Press, y que será sometida a consideración del Consejo Territorial de Dependencia el 2 de julio.
El texto, que creará un nuevo sistema de información del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SISAAD), establece que un cargo autonómico no inferior al rango de director general deberá presentar todos los meses un escrito dando fe de la veracidad de los datos de su comunidad sobre altas y bajas de beneficiarios y prestaciones y servicios.
La medida, que se justifica en el borrador de la orden por la necesidad de mejorar en «eficiencia», así como en «calidad y transparencia», ya que las comunidades reciben dinero en función de la población atendida, se adopta después de que el Tribunal de Cuentas detectara en una revisión de los datos del sistema la existencia de las de 12.000 expedientes con irregularidades, en muchos casos, por beneficiarios ya fallecidos que aún figuraban de alta.
Ahora, «con el fin de avanzar en la transparencia y conocer el coste total» del sistema, las comunidades «expediran anualmente un certificado que reflejarán la aplicación de los créditos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado para la financiación del mismo, y la aportación de la comunidad autónoma a esta finalidad», conforme establece la orden.
«El titular del órgano competente de las comunidades autónomas, con rango al menos de Director general, expedirá anualmente y antes del 30 de abril, certificación con el visto bueno y conforme del representante de la intervención de la comunidad autónoma para los datos económicos y presupuestarios», concreta el documento.
Además, «el dia 25 de cada mes» tendrán que remitir al IMSERSO un formulario –con un modelo único en todo el territorio–cumplimentado y firmado por un director general o cargo superior en el que dé cuenta de las altas y bajas que se han cursado en el sistema y las variaciones que hayan podido producirse en los datos facilitados por su comunidad autónoma durante el mes anterior.
«Esta certificación servirá para la liquidación mensual del nivel mínimo, así como para la acreditación de la veracidad de los datos incorporados en el Sistema de Información», explica el texto, que concreta la obligación de que incluya también datos de resoluciones de reconocimiento de la situación de dependencia, prestación y efectividad del derecho, así como las modificaciones relativas a las revisiones de grado y de la prestación reconocida y los traslados».
En cuanto a la nueva regulación en sí del SISAAD, la orden ministerial recoge varias novedades como la creación en el IMSERSO de un sistema informático para la introducción de información desde todas las comunidades autónomas, en el que se constituirá una base de datos de carácter personal a la que éstas accederán con un perfil de usuario.
No obstante, contempla la posibilidad de que haya comunidades «que decidan mantener sus propios sistemas de información», aunque las obliga a suscribir «convenios de colaboración con el IMSERSO como instrumento regulador que garantice la transparencia, integridad e interopoerabilidad» de todos los sistemas dentro del paraguas único del SISAAD.
Asimismo, se introducen novedades en cuanto a la información, que se ve ampliada, pues ahora, además de cuestiones como género, edad y grado de dependencia, figurarán también características del usuario como discapacidad reconocida o enfermedades raras de haberlas y variables socioeconómicas como la condición de emigrante español retornado, junto a una descripción completa del perfil de su cuidador.
«Los datos serán recogidos por el personal designado por la Administración a tales efectos y entre los que se encontrarán los valoradores, trabajadores sociales y sus órganos supervisores, la información será proporcionada por el propio interesado o su representante legal mediante su presentación en las diferentes Administraciones Públicas y registros públicos involucrados en la gestión del Sistema, establece la orden.
A su vez, los empleados públicos podrán recabar información directamente del interesado en su hogar u otras localizaciones diferentes al mismo como residencias u otros centros de prestación de servicios, conforme puntualiza el texto.
Consejera catalana de Bienestar Social: «La crisis está haciendo que la brecha social sea más cruel y grande que nunca»
La consejera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, ha alertado este jueves de que «la crisis está haciendo que la brecha social sea más cruel y grande que nunca», aunque ha destacado la labor de contención del Govern para evitar que se amplíen las diferencias.
«Cada vez se pone más énfasis en la brecha social, aunque estamos luchando para que no se acentúe», ha destacado Munté en la inauguración de la IV Conferencia Técnica sobre los programas de crisis e la Creu Roja de Cataluña, celebrada en la Casa del Mar de Barcelona.
Munté ha destacado la colaboración entre la Generalitat y las entidades sociales como Creu Roja en la lucha contra la exclusión social: «Tenemos la suerte de tener un país con un fuerte tejido asociativo que siempre ha estado al servicio de las personas», ha celebrado.
Ha admitido que «las administraciones no pueden hacerlo todo», y ha afirmado que la Generalitat seguirá cofinanciando los programas humanitarios de Creu Roja, tras destacar la importante labor social que realiza en Cataluña.
Aún así, ha advertido de «dificultades de tesorería» de la Generalitat que impiden abonar el conjunto de contratos y subvenciones con las entidades sociales, aunque ha destacado que se trata de casos puntuales y que la mayoría de pagos se realizan con normalidad.
LABOR CONSTANTE
El presidente de Creu Roja de Cataluña, Josep Marquès, ha recordado que «incluso en años buenos ha habido gente que sufría en el país», y ha ensalzado la labor constante de la entidad humanitaria para dignificar a los colectivos más vulnerable.
Marquès ha recordado que el 35% de los recursos de Creu Roja de Catalunya proceden de recursos propios, principalmente socios y patrocinadores empresariales, a quienes ha agradecido su colaboración.
Los colectivos de prioridad más inmediata para la entidad humanitaria son los ancianos, los desempleados de larga duración y los niños, a quienes destina la mayor parte de recursos para poder cubrir sus necesidades más básicas.
Precisamente esta semana Creu Roja de Cataluña ha iniciado una campaña extraordinaria para alimentar a más de mil niños catalanes que viven en entornos vulnerables a través de ayudas económicas y apoyo nutricional, teniendo en cuenta que ha finalizado el periodo escolar y no pueden hacer uso de becas comedor.
El CERMI aplaude que por fin vaya a aprobarse el plan de atención a menores de 3 años en situación de dependencia
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) aplaudió hoy que, «tras varios años acumulados de retrasos, vaya a entrar en curso de aprobación el plan específico de atención a menores de 3 años en situación de dependencia, tal como ordenaba la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia».
Según indicó el Cermi en una nota, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del Imserso, ha remitido a los órganos consultivos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), entre los que se encuentra el Consejo Nacional de la Discapacidad, del que el Cermi forma parte, el borrador de plan de atención a menores de 3 años, para aportaciones y sugerencias de las distintos sectores sociales con intereses en el despliegue del SAAD.
La Ley 39/2006 obligaba al Gobierno central y a las comunidades autónomas la aprobación de un plan específico de atención a los niños y niñas de hasta 3 años en situación de dependencia, que estableciera los apoyos que estos menores precisan para potenciar su autonomía personal, dadas las singularidades que presentan por razón de su temprana edad en relación con el resto de personas beneficiarias del SAAD.
«En estos más de seis años de aprobación de la ley que creó el SAAD el Cermi ha venido exigiendo la adopción de este plan y denunciando los retrasos e incumplimientos en los que han incurrido los distintos gobiernos y administraciones, para materializar una pieza básica para la promoción de la autonomía personal de los niños y niñas con discapacidades con grandes necesidades de apoyo», añade la nota.
Una aplicación informática permite elaborar dietas personalizadas para las personas de centros de atención social
Una aplicación informática permite a la Comunidad de Madrid elaborar dietas personalizadas para los 2,7 millones de personas de los 93 centros de atención social de la región.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel y el coordinador médico asistencial de la Comunidad de Madrid, Primitivo Ramos, han visitado este lunes la residencia de mayores Vista Alegre, en el distrito de Carabanchel, para conocer la atención que se presta y comprobar la calidad de los menús que se elaboran en este centro que atiende a 126 personas.
La Comunidad de Madrid elabora cada año más de 2,7 millones de menús personalizados para los más de 7.500 usuarios que están repartidos por los 93 centros de atención social con los que cuenta el Sistema Regional de Bienestar Social en la región.
Durante su visita, González ha comprobado la aplicación informática que se utiliza para la elaboración de los menús saludables, que consumen las personas que actualmente son atendidas en los centros de atención social de la región.
Gracias a esta herramienta informática es posible confeccionar diez tipos distintos de dietas, en función de las necesidades de cada uno de los usuarios -enfermedades, restricciones, alergias o compensaciones por déficit alimentario, entre otras, y de la estación del año.
Cada tipo de régimen ha sido elaborado con el asesoramiento de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA) y de la Cátedra de Nutrición de la Universidad Complutense de Madrid. Además, los jefes de cocina de los centros sociales han recibido formación para el manejo de la aplicación informática.
Esta aplicación muestra si el menú elegido es el más adecuado en cada caso y también confirma a los profesionales de los centros si el contenido de nutrientes y el número de raciones de cada uno de los principales grupos alimenticios son correctos.
Llevar una dieta saludable ayuda a evitar o retrasar problemas cardiovasculares, de sobrepeso o enfermedades como la diabetes. González, que ha asistido también a una demostración del sistema de confección de menús, ha ayudado al jefe de cocina, Carlos Bote, a elaborar uno de los platos.
En su intervención, el presidente ha destacado que con este sistema informático se consigue que las personas tengan una alimentación correcta adecuada a sus necesidades alimentarias, pero también lograr una «gestión eficiente» de la alimentación.
NUEVO CERTIFICADO DE CALIDAD
La Comunidad de Madrid ha recibido el cuarto certificado de calidad ISO internacional para las 24 residencias de Mayores públicas de la región, dependientes de la Consejería de Asuntos Sociales.
Esta excelencia en los servicios que ofrecen los centros de atención social del Servicio Regional de Bienestar Social se demuestra con la obtención de este cuarto sello de calidad que acredita la excelencia en todos estos centros en los procesos de atención asistencial, geriátrica y farmaceútica, en la gestión de quejas y solución de problemas provenientes de todo tipo de inspecciones.
También avalan el análisis de peligros y puntos críticos de control en todo el proceso alimentario.
La mejor prueba de la calidad de la red pública regional y la de sus servicios sociosanitarios es que Madrid es la comunidad autónoma con la mayor esperanza de vida de toda España.
Además, estas certificaciones han sido concedidas por una entidad independiente de acuerdo con la norma internacional de referencia ISO 9001:2008 Internacional. La Comunidad de Madrid está realizando un esfuerzo para homogeneizar todos los cuidados que presta a las personas mayores y a las personas con discapacidad, y dispone de un sistema de calidad que está certificado y que garantiza los procesos clave en la atención.
UN TOTAL DE 21.000 PLAZAS PARA LA DISCAPACIDAD
La región cuenta con 21.000 plazas para atender las necesidades de las personas con discapacidad, desde el momento en que esta surja, ya sea desde el nacimiento o sobrevenida en la edad adulta, donde se presta una atención especializada y de calidad. Esta atención se ofrece de manera gratuita, de hecho, Madrid es la única Comunidad Autónoma que presta estos servicios gratis.
Además, la región cuenta con más de 100 centros ocupacionales para personas con discapacidad intelectual, entre residencias con centros ocupacionales y centros ocupacionales, que atienden a unas 7.000 personas. La finalidad de estos centros es el desarrollo de las habilidades profesionales, personales y sociales de las personas con discapacidad para contribuir a su integración sociolaboral.
Algunos de estos centros cuentan también con residencia para proporcionar alojamiento, manutención, atención, cuidado y apoyo personal y social para la vida diaria, y fomento de las actividades de ocio, tiempo libre y convivencia.
MÁS DE 29.000 PLAZAS PARA LOS MAYORES DE LA REGIÓN
El Gobierno regional cuenta con más de 29.0000 plazas, entre residencias y centros de día, que ofrecen una atención especializada y de calidad, de las que más de 15.000 están destinadas a los mayores más vulnerables por carencias económicas.
Asimismo, la Comunidad de Madrid desarrolla una serie de iniciativas que promueven la participación de estos madrileños y garantiza su bienestar, con el fin de prevenir situaciones de dependencia y potenciar una vida saludable y activa.
Cabe mencionar, los clubes de aficionados de fotografía, literatura, teatro o jazz, los campeonatos de ajedrez, dominó o petanca, los concursos de chotis o fotografía, así como actividades deportivas.
Según los últimos datos facilitados por el IMSERSO, la atención que la Comunidad de Madrid presta a las personas en situación de dependencia la sitúa en los puestos de cabeza de atención residencial, atención diurna, servicios de ayuda a domicilio y promoción de la autonomía personal.
Los cuidadores se dan de baja de la Seguridad Social por no poder pagarla
El Gobierno central, en aras de austeridad y la eficiencia, reformó el sistema de atención a la Dependencia para hacerlo «viable». Recortó algunas prestaciones, aprobó una moratoria para los grados más bajos y obligó a los cuidadores no profesionales a sufragar su Seguridad Social, entre otros aspectos. Precisamente, estos últimos, según las asociaciones de defensa de la ley, son los que más están sufriendo los cambios.
El 90 por ciento de los familiares que atienden a sus dependientes en la Comunitat y que estaban dados de alta en el sistema de Seguridad Social, se han dado de baja en los últimos ocho meses. Así, según el Ejecutivo de Mariano Rajoy, se ha pasado de los 16.397 que cotizaban en julio de 2012 a tan solo 1.658 en marzo de 2013. Y es que, desde el pasado mes de septiembre, son los propios cuidadores los que han de sufragar íntegramente la cuota, que oscila entre 80 y 250 euros al mes, cantidad casi imposible de pagar para muchos, teniendo en cuenta que la subvención que perciben no supera los 500 euros.
De esta manera, únicamente el ocho por ciento de los cuidadores que hay en la Comunitat (20.828) cotizan a la Seguridad Social. En la provincia de Valencia hay 11.156, en la de Alicante, 7.412 y en la de Castellón, 2.256.
Según aseguró la portavoz de la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia en Valencia, Palmira Castellano, sólo cotizan aquellos con circunstancias muy específicas, como que les queda poco tiempo para jubilarse, por lo que les compensa hacerse cargo de los últimos pagos.
Hasta ahora era el Gobierno el que sufragaba la Seguridad Social de estos cuidadores, tal y como establecía la ley en 2007, para que tuvieran una pensión de jubilación. Con la reforma es voluntario darse de alta en el sistema. En opinión de Castellano, es un paso atrás, ya que no se reconoce el trabajo de estas personas que se encargan durante las 24 horas del día de cuidar de sus familiares enfermos y no pueden, por lo tanto, desempeñar otro trabajo.
Además, a esta medida hay que sumarle el recorte de un 15 por ciento en las ayudas que cobran. De esta manera, perciben una media cercana a los 400 euros.
En esta línea, la representante denunció que con esa cantidad ahora también tienen que pagar una parte de los medicamentos que necesiten, después de que el Consell aprobara el copago farmacéutico para el colectivo.
Recurso «excepcional»
La ley creó la figura del cuidador no profesional para casos excepcionales, pero se ha convertido en uno de los recursos más demandados del sistema, ya que es uno de los más económicos.
Sin embargo, las condiciones para desempeñar esta función no son pocas. El cuidador ha de ser cónyuge o pariente del dependiente. También ser mayor de edad, acreditar las capacidades adecuadas, convivir con la persona beneficiaria y no desempeñar cualquier otra actividad profesional o cobrar prestación de desempleo. Además ha de recibir formación específica, de la que se encarga la Conselleria de Bienestar Social.
En la actualidad, según los últimos datos del Imserso del 31 de mayo de 2013, hay más de 40.000 personas beneficiarias de prestaciones por dependencia en la región valenciana, un número similar al de ejercicios anteriores. De ellas, el 56,46 por ciento reciben subvenciones relacionadas con el servicio (prevención y promoción de autonomía personal, ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día y de noche y atención residencial) y el 43,54 por ciento, para cuidadores familiares.
Gestionar servicios sociales en tiempos de crisis
Un millón cincuenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y dos euros con treinta y cinco céntimos, (1.054.842,35€) esta es la deuda de la Conselleria de Bienestar Social al Ayuntamiento de Alcoi en materia de Servicios Sociales.
Empiezo este artículo con un cifra que esconde el gran esfuerzo económico que estamos realizando el Ayuntamiento para hacer frente a las necesidades de muchos de nuestros ciudadanos, una cifra que encierra la dedicación de las y los técnicos del Departamento de Servicios Sociales para poder atender los cada vez más numerosos casos de personas que acuden al departamento en busca de ayuda.
Como Ayuntamiento nos sentimos con la responsabilidad de denunciar públicamente esta situación. Somos la administración más cercana al ciudadano. La administración que conoce de primera mano los problemas de muchos de nuestros vecinos. No nos sirve que se excusen en la situación económica. Las cifras macroeconómicas y los baremos no entienden del esfuerzo diario de las personas por vivir dignamente. Ahora es el momento de dedicar un mayor esfuerzo económico y reforzar las políticas sociales.
Pero la Conselleria lejos de esta realidad está haciendo mucho más difícil el día a día de las familias. Un claro ejemplo lo tenemos en la Renta Garantizada de Ciudadanía, una prestación económica que se destina para ayudar a familias con dificultades. La Generalitat Valenciana debe al Consistorio 276.205€. Una cantidad que el Ayuntamiento de Alcoi está anticipando para que las familias no dejen de percibir la ayuda. Una muestra más de la desidia de una Conselleria a la que no le preocupa el bienestar de sus ciudadanos. Tienen un concepto muy equivocado entre lo que debería ser «solidaridad» y lo que quieren convertir en «caridad».
Cada día en el Departamento de Bienestar Social se atiende a más familias que acuden para que se les ayude, entre las diferentes prestaciones que se conceden a nivel municipal hay que destacar la de necesidades básicas, una ayuda económica para la compra de alimentos y productos de primera necesidad, la petición de demanda para la obtención de dicha ayuda se ha visto incrementada en un 60% más que en el primer trimestre del 2012, pero pese a al incremento se está dando cobertura.
Desde que accedimos al gobierno en 2011 ya en plena crisis, centramos nuestros esfuerzos en priorizar el área de Bienestar Social trabajando conscientes de las necesidades. Para ello hemos ido incrementado año a año la partida para ayudas de emergencia en más de un 100% y seguiremos esforzándonos para hacer todo lo que esté a nuestro alcance, aunque somos conscientes que por desgracia siempre será insuficiente.
Pero no me quería olvidar de una parte importante de quienes contribuyen también con su esfuerzo a la mejora del día a día de las personas. Quienes estamos al frente de este Ayuntamiento sabemos que es imprescindible contar con la colaboración y el trabajo incesante de entidades sociales de nuestra ciudad. Equipos de personas que están dedicando su tiempo ayudar a las familias, dando cobertura a las necesidades allí donde la administración no puede llegar. A todas ellas mi agradecimiento público por todo su trabajo.
No son tiempos fáciles y para esta Concejalía, como pueden deducir, menos si cabe. Pero seguiremos con las ganas y las fuerzas de seguir trabajando y esforzándonos por mejorar esta delicada situación en la que estamos inmersos, contamos con la implicación de todo el equipo humano que conforma este departamento de bienestar social que a lo largo de este tiempo de dificultad han resuelto centenares de situaciones complejas. Y ese bagaje de trabajo, dedicación y empeño de todos estos años, nos hacen mirar con optimismo hacia el futuro.
Alertan contra la desprofesionalización de los servicios de ayuda a domicilio
Aerte, principal patronal de la dependencia en la Comunidad Valenciana, ha celebrado este miércoles la I Jornada sobre Nuevas Perspectivas en el Servicio de Ayuda a Domicilio: retos y perspectivas, un foro de reflexión que ha contado con la asistencia de Asunción Sánchez Zaplana, consellera de Bienestar Social, de Alberto Echevarría -presidente de la FED- representantes de la Comisión de SAD de Aerte, más de 100 alcaldes, empresarios e interesados en el sector.
La jornada que ha contado con una amplia acogida, teniendo en cuenta el incremento experimentado en la demanda de este servicio, que de desde 1999 hasta 2012, casi ha cuadruplicado su demanda pasando de 112.979 usuarios a más de 400.000, en un contexto en el que que hoy por hoy, más del 78% de los mayores de 55 años nos afirman que en un futuro escogerán permanecer en su vivienda habitual.
La I Jornada de Aerte centrada en el SAD, ha analizado la realidad del servicio desde diversas perspectivas que han permitido analizar factores como la desprofesionalización de los servicios de atención a la Dependencia, su estructura de costes, la reforma de las Entidades Locales y su impacto sobre el SAD, la tecnología que actualmente se está aplicando al SAD, su evolución y tendencias futuras.
En este contexto, José María Moreno -presidente de Aerte– ha calificado al SAD como un servicio polivalente, de gran utilidad, destacando factores de gran relevancia social como su versatilidad y capacidad de adaptación, y su potencial de generación de empleo, sin olvidar su influencia en la calidad de vida de las personas.
En el curso de su intervención, el presidente de Aerte ha denunciado licitaciones publicadas en ayuntamientos de la Comunidad Valenciana cuyos precios no alcanzan tan siquiera los costes laborales asociados a los convenios vigentes, con trabajos realizados por empresas que no cumplen con los requisitos mínimos exigidos, e incluso prestando servicios a la mitad del precio por hora que marcan los convenios, entrando en graves casos de ilegalidad, competencia desleal, intrusismo…
Durante su intervención, José María Moreno ha incidido en el verdadero problema que suponen estas situaciones: la calidad del servicio que reciben lo susuarios, que pone en peligro la atención y el ciudado de la población dependiente, por lo que ha pedido a los alcaldes asistentes compromiso para combatir estas situaciones, aludiendo a las graves responsabilidades que pueden derivarse de haber problemas.
El presidente de Aerte ha concluido manifestando la importancia de este servicio, dirigido a una población en constante crecimiento con una progresiva demanda que genera empleo y es estratégico por el servicio que presta. Por ello, Moreno ha demandado más recursos, teniendo en cuenta la posición que ocupa la Comunidad Valenciana en algunos indicadores de servicios sociales recientemente publicados.
Paralelamente, José María Moreno ha incidido en reivindicaciones clásicas para este sector, pero de gran importancia para cientos de personas, destacando los miles de expendientes de personas en situación de dependencia, con sus derechos reconocidos, pero que tienen su expediente bloqueado en Consellería y por ello, no están recibiendo ninguna prestación, lo que supone un incumplimiento de la Ley.
100.000 normas autonómicas y 10.000 de la Administración central
Por su parte, Alberto Echevarría -presidente de la FED- se ha mostrado crítico en su intervención respecto de la duplicidad de competenias en cuanto a la normativa emanada de las CC.AA. frente a la estatal, aludiendo a las 100.000 normas de carácter autonómico que se han registrado en 2011 frente a las 10.000 de la Administración General del Estado.
Para Echevarría, esta dualidad normativa entorpece y dificulta la actividad del sector, abocado a duplicar en ocasiones el cumplimiento de una normativa que necesita adecuarse en un contexto de criterio único. En este sentido, y aludiendo también al gasto que se general, el presidente de la FED ha demandado la necesidad de racionalizar la normativa, teniendo en cuenta el ahorro de tiempo y dinero que se alcanzaría con una normativa emanada de una Administración.
En Navarra el nuevo sistema de concierto económico para residencias de mayores comenzará a aplicarse en seis centros desde julio
El nuevo programa de concierto económico ‘resideN’ para residencias de personas mayores comenzará a aplicarse en Navarra, a partir de julio, en seis centros, después de que el Gobierno de Navarra haya autorizado la contratación en su sesión de este miércoles.
Los contratos, de carácter cuatrienal, comprenden 301 plazas concertadas. La aplicación del nuevo programa ha comenzado por los centros cuyo concierto ya había caducado. Se trata de las siguientes residencias: Virgen del Camino de Miranda de Arga (23 plazas), Centro de Grandes Dependientes de San Adrián (110 plazas), Centro Nuestra Señora del Rosario de Carcastillo (8 plazas), Residencia Real Casa Misericordia de Tudela (90 plazas), Residencia Amma Ibañeta de Erro (20 plazas) y Residencia La Vaguada de Pamplona (50 plazas). Los centros cuentan con una plantilla global de 237 trabajadores.
Las nuevas condiciones económicas, establecidas de forma consensuada con los centros, irán extendiéndose al conjunto de residencias navarras conforme vayan finalizando los contratos en vigor.
El presupuesto del Gobierno de Navarra para la atención residencial de personas mayores durante 2013 asciende a 41,8 millones de euros.
El consejero de Políticas Sociales del Ejecutivo, Íñigo Alli, ha explicado que se busca el «mejor modelo de gestión» para la atención a las personas mayores que ocupan plazas en residencias, «un modelo que garantice que su dotación presupuestaria para 2013 sea 400.000 euros más que el año pasado».
Según ha dicho, «se trata de simplificar con un único modelo de concierto, que sólo separe a personas dependientes de no dependientes», así como de «flexibilizar mucho más la gestión de las residencias».
OBJETIVOS
El denominado programa ‘ResideN’, que sustituye al hasta ahora vigente Concerdep (2009), presenta un doble objetivo. Por una parte, disponer de una adecuada red de servicios de atención residencial en condiciones óptimas para asegurar la autonomía, dignidad y calidad de vida. De otra parte, disponer de un modelo económico más equitativo para los centros, que contribuya a su estabilidad y al mantenimiento de los puestos de trabajo.
Para ello, se incluyen nuevos perfiles de usuarios, se reorganizan y simplifican los tipos de módulos y se flexibiliza la contratación de determinados perfiles profesionales.
En la actualidad, existen en Navarra 45 centros de mayores y 2 de psicogeriatría con plazas concertadas. El número de plazas concertadas en centros públicos y privados asciende a 1.645, a las que hay que añadir otras 275 plazas en centros propios del Gobierno de Navarra y 110 de atención psicogeriátrica.
Este sector proporciona más de 2.000 puestos de trabajo en la Comunidad Foral, en su mayoría empleos femeninos.
LAS PRINCIPALES NOVEDADES
El nuevo modelo amplía la posibilidad de atención en residencias para mayores de 65 años a nuevos colectivos. Concretamente, ofrece cobertura para los denominados dependientes sociales; esto es, personas mayores de 65 años que, sin tener un grado de dependencia, presentan una problemática familiar o personal que les conduce al riesgo de exclusión social. El número de plazas destinadas a estas personas en cada centro no superará el 5 por ciento del total.
También se dará cabida de forma voluntaria a los discapacitados mayores de 65 años, cuyas necesidades de atención sean asimilables a los de un mayor con dependencia.
En lo que se refiere al régimen económico, se homogeneizan las condiciones, con el fin de ofrecer un sistema más equitativo y eliminar las diferencias de precios existentes ahora entre residencias. Con este fin, los tipos de módulos se han reducido a dos: dependientes y no dependientes.
Para plazas del primer caso, se han establecido cuatro tramos de tarifas: de 1.700 a 1.800 euros, de 1.800 a 1.900 euros, de 1.900 a 2.000 euros y de 2.000 a 2.100 euros. La elección de uno u otro tramo se establece en función de tres criterios: la ubicación de la residencia, su tamaño y los perfiles de los trabajadores, primándose aquéllas que estén situadas en zonas rurales y sean de tamaño pequeño.
En el caso de plazas para no dependientes existe un único tramo con precios entre 1.200 y 1.300 euros.
Por su parte, para los usuarios se establecen tres tipos de precio en función de la renta: hasta un máximo de 1.502 euros para dependientes, hasta 1.391,71 euros para severos y moderados y hasta 758,83 euros para los no dependientes.
Además, el nuevo modelo flexibiliza la contratación de determinados trabajadores (cocina, lavandería y limpieza), eliminando las ratios que se exigían hasta ahora en función del número de residentes.
Bienestar Social seguirá gestionando la teleasistencia en Áviles
La Comisión Informativa de Bienestar Social de Avilés dio ayer su conformidad al borrador de encomienda de gestión del Principado de Asturias para la prestación de los servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia Domiciliaria, que atienden a un total 1.050 personas.
Se trata de ciudadanos que tienen derecho a estos servicios en función de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
La consejería de Bienestar Social y Vivienda ha remitido el citado borrador a todos los ayuntamientos asturianos con el fin de encomendar la prestación de los referidos servicios, de competencia autonómica, a las distintas entidades locales.
Los servicios de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia para personas dependientes se financiarán con las aportaciones del Estado y de la Comunidad Autónoma, así como del beneficiario en función de su capacidad económica.
En Avilés, 600 personas reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio y 450 el de Teleasistencia Domiciliaria. Unos servicios que son prestados por el Ayuntamiento de Avilés a nivel municipal al amparo de la Ley de Dependencia.
Esta confirmación se produce pocos días después de que la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, anunciara la firma con los diferentes ayuntamientos de la encomienda de gestión «para la prestación de estos programas, ya que el Consejo de Gobierno autorizó los acuerdos con las entidades locales».
El Ejecutivo asturiano se compromete a abonar todos los gastos que ocasionen estos servicios a las corporaciones municipales. La ayuda a domicilio y teleasistencia a personas con dependencia reconocida son competencia de la comunidad, que determina qué personas tienen derecho a recibir las prestaciones, su intensidad y la aportación económica que les corresponde, según la normativa estatal.
En total, el Principado destinará casi once millones de euros a la prestación de los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio a personas dependientes, de los que se benefician, según los datos ofrecidos por la Consejería, 2.500 asturianos.
Bienestar Social reclama 25.000 euros a una mujer sin recursos tras retirarle la pensión
La Generalitat Valenciana reclama 25.000 euros a una mujer sin recursos tras retirarle la pensión por invalidez no contributiva que le concedió en el año 2002. La Conselleria de Bienestar Social considera que la mujer perdió el derecho a cobrar la pensión en el año 2007 porque su marido empezó a percibir un subsidio por invalidez de 625 euros. La afectada, Nieves Pozuelo, pidió ayer al titular del juzgado de lo Social número dos de Valencia que revoque la decisión de la conselleria. El abogado de la Generalitat Valenciana se opuso.
Nieves Pozuelo y su marido Bernabé Coleto, con el que lleva casada cuarenta años, subsisten gracias a las bolsas de alimentos que semanalmente les proporcionan Cáritas y una ONG latina. La pareja, que no tiene hijos, paga mensualmente 286 euros de hipoteca y con el resto del dinero hacen frente a las facturas de agua, luz, gas y comunidad. «Nos queda algo para comida. A veces compramos una carcasa de pollo para hacer caldo», aseguró Bernabé Coleto mientras esperaba a que empezara el juicio en la Ciudad de la Justicia de Valencia.
La mujer, que tiene 62 años, padece fibromialgia desde hace más de una década y ha sido operada veinticuatro veces. «Tengo reconocida una minusvalía del 67% y en el año 2002 me concedieron la pensión de invalidez no contributiva por la que cobraba 347 euros», precisó Nieves.
El marido, que ahora tiene 56 años, trabajaba como albañil, pero tuvo que dejarlo porque físicamente no aguantaba. La Administración le concedió a Bernabé una pensión de 624 euros por invalidez el 26 de febrero de 2007.
La Conselleria de Bienestar Social realizó una inspección de oficio al caso de Nieves Pozuelo en el año 2011 y llegó a la conclusión de que no tenía derecho a percibir la prestación desde que su marido comenzó a cobrar la pensión de 624 euros. La abogada del turno de oficio que asiste a la pareja explicó que la Administración entiende que la pareja supera el mínimo que les daría derecho a las dos prestaciones.
La Conselleria de Bienestar Social reclama ahora a la mujer 18.000 euros por los 347 euros mensuales que percibió entre los años 2007 y 2011 y otros 7.000 euros por intereses de demora.
La abogada de la familia interpuso una demanda contra la Generalitat en el juzgado de lo Social número dos de Valencia para que rectifique y reconozca el derecho de la mujer a cobrar la pensión no contributiva. La letrada advirtió ayer al juez encargado del caso de que la propia administración reconoció que tenía derecho. Además, la pareja desconocía que tenía la obligación de comunicar que la mujer percibía la pensión de 347 euros.
La situación está a punto de llevar a la ruina a la pareja, que carece de recursos para pagarle a la Generalitat los 25.000 euros que le reclama. «No nos negamos a pagar, pero no tenemos dinero. Nos han dicho que nos pueden embargar la mitad de nuestro piso y todavía nos quedan por pagar doce años de hipoteca», lamentó Bernabé Coleto. El matrimonio se compró un piso en la calle Síndico Mocholí de Valencia -que está situada entre el barrio de San Marcelino y La Torre- en el año 2002. La pareja todavía adeuda al banco 41.000 euros de la vivienda.
«Ahora la mitad del dinero se nos va en la hipoteca y el resto en los gastos básicos y en los seguros de la vivienda y el de deceso. No tenemos para comer», insistió Nieves.
Su marido reconoce sin avergonzarse que recoge patatas de desecho en campos de las inmediaciones de Valencia con el permiso de los agricultores para poder comer. «Son patatas picadas que quedan en el campo tras la cosecha. También todo los sábados voy a la ONG Mira -una organización colombiana- porque nos dan verdura. El otro día me dieron garbanzos y algo más», añadió Bernabé.
La pareja confía ahora en que el juez de lo Social les dé la razón y les libere de pagar los 25.000 euros que les reclama la Generalitat Valenciana por una pensión a la que creían que tenían derecho.
«Ella tenía obligación de comunicar la paga del marido»
El abogado de la Generalitat Valencia defendió ayer en el juicio que la mujer «tenía la obligación de comunicar la otra pensión» cuando su marido comenzó a cobrarla en el año 2007. El letrado advirtió al magistrado del caso de que la unidad familiar superaba los límites para tener derecho a la pensión no contributiva. «Todos los años superó el límite y por eso la Generalitat reclama lo que cobró de forma indebida entre los años 2007 y 2011», indicó el abogado de la Generalitat Valenciana en un juicio que duró cinco minutos.
Fuentes jurídicas explicaron que la Administración ha incrementado las inspecciones de oficio ante la caída de ingresos. Las mismas fuentes incidieron en que «la falta de sensibilidad de la Generalitat puede abocar a la ruina» a familias como la de Nieve Pozuelo y Bernabé Coleto que carecen de recursos y de posibilidad de generarlos por sus limitaciones físicas. Bernabé Coleto aseguró que la Generalitat ya les ha enviado cartas comunicándoles que les embargarán si en las próximas semanas no hacen frente al pago de 25.000 euros que les reclaman. «Yo no tengo hijos, pero me gustaría que mis sobrinos pudieran heredar mi casa cuando muramos. No sé qué va a pasar ni qué vamos a hacer», admitió.
CERMI denuncia que el proyecto la de Ley de Apoyo a Emprendedores «omite por completo» a la discapacidad
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha denunciado que el proyecto de la Ley de Emprendedores «es decepcionante» puesto que «omite por completo a la discapacidad y ni siquiera recoge un recuerdo de cortesía a la Economía Social».
Ante esto, Pérez Buen ha lamentado que «para la gobernanza económica del país, la organizaciones de discapacidad sigue siendo inexistentes». Por ello, considera que es «innegable que la postrada economía española precisa de estímulos intensos para reactivarse». «Es una evidencia que se ha hecho poco y mal desde los poderes públicos», ha apuntado.
«Si la Ley de Apoyo a Emprendedores pretende reformular las bases del emprendimiento económico, incluida, por supuesto, la dimensión social, desde fundamentos sólidos y con fines ambiciosos, será bienvenida –ha precisado–. Pero si la Ley es empleada a guisa de señuelo para parecer que se hace algo, entonces será, no sólo una burla, sino un fracaso estrepitoso».
Por otro lado, ha destacado que las entidades centradas en la discapacidad «no pueden conformarse con quedar cubiertas o amparadas simplemente por las medidas genéricas». «Sería una prueba más de que nuestra clase política no sabe identificar ni apreciar lo mucho y bueno que se está haciendo en términos de desarrollo económico por parte del movimiento social de la discapacidad», ha añadido.
Finalmente, Pérez Bueno ha recordado que el hecho de que les «borren del mapa», «no significa que no existan y que estén vivos». En este sentido, ha anunciado que el Comité ha presentado al Gobierno un documento extenso con decenas de medidas favorables a la discapacidad desde la dimensión económica. «Presionaremos para que terminen acogiendo alguna», ha aclarado.
CERMI Madrid pide un “cambio de rumbo” en materia de dependencia y autonomía personal en la Asamblea de Madrid
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Madrid, CERMI Comunidad de Madrid, compareció en la denominada Comisión Permanente de Políticas Integrales de Discapacidad de la Asamblea autonómica con el objetivo de analizar el grado de cumplimiento de la Ley 39/2006 para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, y para exponer las reivindicaciones del colectivo con respecto a esta normativa, que, a juicio de CERMI Madrid, “genera más dependencia que autonomía” y “no ofrece soluciones a los problemas que pretendía solventar, dado que los agrava”.
El presidente del CERMI Comunidad de Madrid, Javier Font, fue el encargado de intervenir en la citada comisión, que fue convocada en este caso a petición del grupo parlamentario de Izquierda Unida (IU). Font reiteró ante los diputados de la Asamblea que la mencionada Ley «está provocando un efecto contrario al deseado», dado que «alimenta la dependencia de las personas y, por el contrario, no fomenta que puedan valerse por sí mismas, lo que se traduce en un fracaso rotundo del sistema, al contribuir a que se avance hacia un modelo social de personas no integradas en la sociedad de forma plena y activa».
Asimismo, el presidente de CERMI Madrid criticó con dureza que «se pida al colectivo de personas con discapacidad, que no ha tenido nada que ver con la crisis, que asuma enormes sacrificios y recortes presupuestarios que alimentan su exclusión y que dificulta a muchas personas llevar una vida digna y plena». En este sentido, durante su intervención, el comité indicó que este «sobreesfuerzo» lleva a muchas familias a una situación «insostenible» y remarcó que el colectivo está cansado de que la Administración «vea a los Servicios Sociales como los causantes de la crisis y de la deuda de nuestro país».
Por todo ello, el presidente de CERMI Madrid, ante la atenta mirada de los diputados madrileños, sostuvo que «la austeridad en el gasto social no debe recaer siempre en los más débiles». También criticó con vehemencia que la Comunidad de Madrid obligue en la actualidad a muchas personas con discapacidad a ser valoradas como «dependientes» para obtener subvenciones sociales y la supresión de las ayudas individuales que la Comunidad destinaba al fomento de la Autonomía Personal.
«Desde que se aprobó la Ley de Dependencia y Autonomía Personal no hemos avanzado», remachó en varias ocasiones Font, para afirmar que esta normativa es usada como un instrumento por parte de la Comunidad para «obtener más financiación del Estado y reducir el gasto social en servicios primarios con arreglo a la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad». Por otra parte, el presidente de CERMI Madrid también trasladó a los diputados distintas reivindicaciones del tejido asociativo.
Pidió que sean los profesionales de los centros base quienes valoren, de forma exclusiva, a los dependientes, que se analice la situación de las personas con discapacidad en los centros penitenciarios y que se regule de forma adecuada la figura del asistente personal que contempla la Ley 39/2006, que carece de marco normativo que regule esta figura profesional. Además, reclamó que las personas con discapacidad se puedan acoger a un régimen fiscal especial que facilite la contratación de asistencia personal.
Por último, durante la comparecencia ante la Asamblea de Madrid, el presidente de CERMI Madrid reiteró que «ser pionero en tener un mayor número de plazas en residencias, de lo que se jacta la Comunidad, no es más que una constatación del fracaso de las políticas autonómicas en materia de autonomía personal».
Por ello, reclamó «un cambio de rumbo» para fomentar la autonomía personal en detrimento de la dependencia y aseguró que «no habrá avances mientras la Administración siga pensando que los programas de autonomía personal son más caros que abocar a las personas a vivir en centros residenciales».
¿Qué precisamos ofrecer para que las personas en situación de dependencia puedan vivir bien en su propia casa?
JUAN SITGES, DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN CASER PARA LA DEPENDENCIA, Y
PILAR RODRÍGUEZ, PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN PILARES PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL
¿Está en riesgo el servicio de ayuda a domicilio (SAD)?, ¿cómo coordinarlo con la atención domiciliaria sanitaria?, ¿pueden las familias seguir asumiendo el peso de los cuidados que hoy afrontan?, ¿las prestaciones de la LAPAD son adecuadas?, ¿qué necesitamos saber, revisar e implementar para favorecer la permanencia en el domicilio con calidad de vida de las personas que requieren apoyos?
En los países de nuestro entorno y también en España existe una seria preocupación sobre cómo responder a cuestiones semejantes a éstas. Se trata de conjugar que el suministro de recursos se adapte a las necesidades de atención de las personas que tienen una situación de fragilidad o dependencia, que cumplan criterios de calidad, que sean sostenibles económicamente y que, además, se ajusten realmente a lo que ellas y sus familias desean.
Y sabemos por la investigación desarrollada que estas personas anhelan permanecer en su domicilio y recibir en él las prestaciones que precisan. Existe en este punto coherencia entre este deseo mayoritario de la ciudadanía y las recomendaciones de los organismos internacionales y las propuestas de los expertos y de la comunidad científica en materia de envejecimiento y discapacidad: la casa y el propio entorno como escenarios preferentes de vida y suministro de apoyos.
Sin embargo, lograr el loable objetivo de ofrecer las soluciones adecuadas para que las personas puedan seguir viviendo en casa y experimentar que tienen calidad de vida y que pueden seguir desarrollando sus propios proyectos vitales no parece estar resultando fácil. Se requiere, por una parte, que seamos capaces de crear entornos propicios y favorables, lo que tiene que ver condisponer de viviendas que reúnan condiciones de accesibilidad, adaptabilidad y confort (viviendas para toda la vida) y de favorecer la interacción social y la inclusión comunitaria. Y también tiene que ver con la posibilidad de acceder a productos de apoyo, elementos domóticos, teleasistencia y otras TIC que sean usables y accesibles a las personas con necesidades especiales.
En lo concerniente a la buena atención, existe una percepción generalizada de que es necesario realizar una evaluación crítica y en profundidad de servicios, como el de Ayuda a Domicilio (SAD), que hasta ahora han sido vistos como piedra angular para la permanencia en casa. Se trata de conocer bien sus insuficiencias y corregirlas, planteando las reorientaciones o reformas que sea preciso emprender para desarrollar nuevas vías y soluciones que sean más acordes a una población que es cada día más consciente de sus derechos y más exigente en el ejercicio de su autonomía.
Hacer confluir, pues, la diversidad de áreas que es preciso mejorar y articular para conseguir una correcta y acorde atención (los servicios de atención domiciliaria social y sanitaria, la coordinación entre ambos sectores, el desarrollo de nuevos servicios de proximidad, las adaptaciones del hogar y productos de apoyo, una nueva política en materia de vivienda, las prestaciones económicas, un apoyo eficaz a las familias…) requiere de un análisis en profundidad de lo que hacemos y compararlo también con las innovaciones que se están produciendo en otros países.
En aras a facilitar el abordaje de cuestiones como las mencionadas, la Fundación Caser para la Dependencia y la Fundación Pilares para la Autonomía Personal han unido de nuevo sus esfuerzos para organizar, en colaboración con el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales y la Fundación Vodafone, las II Jornadas Internacionales de Atención a la Dependencia. En ellas se presentarán un conjunto de propuestas innovadoras con las que se intenta ofrecer, de manera integral, las atenciones y servicios que requieren las personas en situación de fragilidad o dependencia que viven en su domicilio. Así, el mundo de la investigación, de las TIC, de vivienda y de las políticas públicas europeas, se darán cita en este Encuentro y en ellas se propiciará el debate enriquecedor con todos los participantes que acudan a las mismas.
Al diseñar el contenido de estas Jornadas hemos pretendido un objetivo clave: ofrecer un espacio de encuentro y reflexión en el que mostrar una variedad de experiencias innovadoras de fuera y de dentro de España relacionadas con la provisión de apoyos que se están proponiendo en el ámbito internacional como idóneos por un triple motivo: Por una parte, porque parecen ofrecer a las personas que requieren apoyos por su situación de dependencia y a sus familias cuidadoras una atención de calidad sin menoscabo de principios como la salvaguarda de su autonomía personal; por otro lado, porque los costes de los sistemas de apoyos y atención integral en el medio comunitario resultan más costoeficientes que los que se prestan en las instituciones; y, finalmente, porque el desarrollo de estos servicios de proximidad tienen gran capacidad de generar riqueza y empleo.
Y como objetivo complementario, también nuestras dos Fundaciones, junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), estamos llevando a cabo una amplia investigación para conocer cómo se está desarrollando el SAD en España, qué dificultades presenta para ajustarse a la demanda hoy existente y qué vías de mejora se sugieren cara al futuro por parte de las entidades locales y de los profesionales. Los primeros resultados se darán a conocer en el transcurso de las Jornadas.
Creemos, en fin, que el encuentro que celebraremos en Madrid durante los días 25 y 26 de junio es una cita a tener en cuenta por las instituciones públicas y privadas, los proveedores de servicios, los profesionales y expertos del sector, los movimientos asociativos de personas mayores y con discapacidad, los medios de comunicación y el resto de agentes interesados. Confiamos en que las ponencias seleccionadas suscitarán el suficiente interés para motivar la asistencia a las Jornadas, pero creemos que el éxito de las mismas se logrará sobre todo con las aportaciones de los debates sobre todo con las aportaciones de los debates que se susciten en su seno, por lo que animamos a la máxima participación.
