Bienestar Social
Castellón concentra el 20% de la red pública concertada de la dependencia, que integra ya más del 40% de mayores de la CV que viven en centros
Es necesario consolidar la red pública de atención para garantizar que en 2 años el sistema de la dependencia llegue a todos los castellonenses, según Penadés
Una de cada cinco personas en situación de dependencia de la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas es atendida en la provincia de Castellón, según ha señalado hoy el presidente de la patronal, Marcos Penadés, que ha destacado que esta entidad integra ya a más del 40% de los mayores que viven en centros socio-sanitarios en la Comunidad Valenciana.
Penadés ha explicado que la red de centros públicos y concertados que preside aboga por extender la presencia de recursos a todo el territorio y evitar así la concentración de recursos en zonas concretas, situación que obliga en casos de dependencia severa al desarraigo o la elección de recursos no adecuados para la necesidad del ciudadano.
En este sentido, el portavoz de la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas ha recordado que, desde su constitución, se ha incrementado progresivamente la presencia de recursos en la provincia de Castellón, cubriendo en la actualidad el 35% del territorio, con un total de 18 recursos y más de 1.200 plazas asistenciales, así como centros de día, servicios de ayuda a domicilio, etc. De esta forma, más del 80% de la población de la provincia tiene una residencia de la red pública concertada en su población o poblaciones cercanas.
Para Marcos Penadés, la sociedad demanda a los gestores de la dependencia que articulen las medidas oportunas para consolidar una red pública de atención que garantice que, en menos de 2 años, el sistema de la dependencia llegue a todos los castellonenses que lo necesiten. Y, como ejemplo, ha recordado que actualmente casi una de cada cuatro personas con derecho a recibir ayudas aún no la recibe, si bien, el nuevo modelo que está perfilando el Ministerio de Sanidad puede reconducir esta situación.
Penadés, que ha realizado estas declaraciones en su visita periódica a los recursos de Aecas en la provincia de Castellón, ha incidido en que las medidas adoptadas hasta la fecha, como la simplificación normativa y de niveles de aplicación -de seis niveles a tres- o la apuesta por la atención en recursos profesionales, permiten vislumbrar un futuro para el actual sistema de la dependencia.
Control de la Administración
No obstante, el portavoz de la Red pública concertada ha manifestado que es necesario que los indicios –nuevos beneficiarios en el sistema y reducción de la lista de espera- se concreten para autonomías como la valenciana, en la que la tasa de reposición y la deuda mantenida con el sector han generado una situación difícilmente sostenible, que sólo puede sobreponerse recuperando la confianza de los ciudadanos mediante la garantía de una red pública sustentada en concursos públicos abiertos y con un férreo control de la Administración Pública.
Así Penadés, ha defendido una apuesta por los recursos públicos y concertados, que representan el 90% de los asociados de AECAS, con una amplia distribución geográfica, incluyendo las zonas del interior de la Comunidad Valenciana, con menor densidad de población, pero con las mismas necesidades de atención a las personas dependientes.
Cataluña está elaborando una ley propia de dependencia
La consejera de Bienestar Social y Familia de Cataluña, Neus Munté, anunció en el Foro Nueva Economía, celebrado recientemente en Barcelona, la elaboración de la Ley Catalana de Dependencia, “una ley propia con una mayor transversalidad entre servicios sociales y sanidad, y con una mayor financiación”. Para ello, se ha constituido un grupo de expertos, con el objetivo de que la ley esté aprobada dentro de la actual legislatura.
En su opinión, la Ley de Dependencia necesita de una reforma desde el punto de vista conceptual, y está amenazada por una financiación insuficiente desde sus inicios.
Para Munté, la financiación es un elemento fundamental en el desarrollo del sistema de atención a la dependencia. Debe ser suficiente para garantizar su sostenibilidad, tanto en las aportaciones provenientes de los Presupuestos Generales del Estado como en el presupuesto autonómico y el copago. Es necesario avanzar una ley marco de protección social, que plantee un equilibrio territorial y una adecuada colaboración entre el sector público y la iniciativa privada.
La reforma de la ley de dependencia del año 2012 definió una importante reducción en la aportación de los Presupuestos Generales del Estado. Según la consejera, en el año 2008 el 66 % del presupuesto de dependencia fue aportado por la Gobierno central y el 34 % por los Presupuestos Generales del Estado. Estas cifras han sido del 80 y del 20 % en 2012.
Se refirió también a la importancia de la participación de las personas mayores en la sociedad y de las relaciones intergeneracionales. Para ello, incidió en la necesidad de promover políticas de envejecimiento activo.
748.235 dependientes, beneficiarios de la Ley de Dependencia
Un total de 748.235 personas figuran a 30 de abril como beneficiarias de alguna de las prestaciones o servicios que ofrece la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, mientras que 218.345 tienen reconocido el derecho a acceder a estas ayudas pero aún esperan que les sean concedidas, conforme los difundidos por del IMSERSO tras depurar los 25.806 expedientes irregulares denunciados por el Tribunal de Cuentas.
En concreto, el proceso ha supuesto la regularización de 13.110 casos en el primer trimestre del año y otros 12.696 sólo en el mes de abril, cuando se ha completado la ‘limpieza’. No obstante, menos de la mitad de estos han tenido un efecto sobre las estadísticas generales: se trata de 5.929 casos eliminados del cómputo global, bien porque el dependiente que figuraba había fallecido, bien porque su expediente estaba duplicado.
Así las cosas, el número de personas recibiendo un servicio o prestación queda en 748.235, lo que supone un descenso en el número de beneficiarios de la ley de dependencia tanto respecto del mes de marzo (2.259 personas menos con datos ya regularizados) como en comparación con diciembre de 2012 (3.316 personas menos).
En cuanto a la lista de espera, que también se ha visto afectada por la regularización de expedientes duplicados o de personas que ya habían fallecido, a 30 de abril figuran 218.345 personas, 20.281 menos que en marzo y un 28,63 por ciento menos de las que figuraban a 1 de enero de 2012.
Para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales este dato es un «espejismo» que no refleja una mejora en el sistema ya que, de ser así, el número de personas atendidas se habría incrementado en la misma proporción que se reducía la cifra de quienes estaban esperando. Sin embargo, no sólo no se ha incrementado sino que se ha reducido el número de beneficiarios.
Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press, el director de la organización, José Manuel Ramírez, quien asegura que miles de personas en situación de dependencia han fallecido desde enero de 2012 esperando a recibir la prestación o servicio a la que tenían derecho por ley. «Es una inmoralidad decir que se reduce ese limbo de la dependencia por un aumento en la prestación de servicios, porque se debe al recorte de derechos y a los fallecimientos», ha afirmado.
MÁS DE 12.000 FALLECIDOS EN LAS LISTAS
En este sentido, citando datos oficiales indica que cuando Ana Mato llegó al Ministerio de Sanidad, «1.045.000 personas tenían derecho a recibir atención por dependencia y ahora son 966.580», lo que achaca a la reforma que ha dejado fuera del sistema a los dependientes moderados, a la falta de incorporación de nuevos dependientes severos y a los fallecimientos entre quienes estaban atendidos.
En cuanto a las regularizaciones, los Directores y Gerentes de Servicios Sociales consideran que se trata de un asunto «ridículo» y «residual» que no afecta demasiado a los grandes datos del sistema, ya que se trata de 13.418 expedientes «en un mar de más de un millón de personas» que están de un modo u otro, integradas en el sistema.
El Tribunal de Cuentas denunció posibles irregularidades en un total de 25.806 expedientes. Según los datos difundidos por el IMSERSO, 12.055 resultaron corresponder a personas que habían fallecido y seguían dadas de alta, en 1.363 casos se trataba de duplicidades, y en otros 12.388 había errores que se han subsanado sin generar repercusiones a nivel estadístico. Hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas cobran del Estado para la ley de Dependencia en función del número de beneficiarios que tengan. Tras la depuración, figuran 13.418 menos.
De ellos, el grupo más amplio correspondía al sistema andaluz, donde el Tribunal de Cuentas detectó hasta 5.174 incidencias, de las que 2.248 resultaron ser expedientes de fallecidos (1.359) o casos duplicados (889). En número le siguen la Comunidad de Madrid, con 1.834 expedientes retirados de las estadísticas oficiales (1.666 de difuntos), Cataluña, que tenía 1.472 irregulares (1.469 de fallecidos) y Castilla y León, con 1.438 casos (1.288 de fallecidos).
En el lado opuesto, las comunidades que ofrecían al Gobierno datos más fiables eran La Rioja, con 15 expedientes irregulares, todos de fallecidos; Baleares, con 24; y Canarias, donde figuraban 93 personas que ya habían muerto y tres duplicidades.
Madrid celebra las jornadas «Las personas mayores y la ciudad» para promover un entorno más amigable con los mayores
«Madrid quiere unirse a la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores. Madrid quiere ser una ciudad donde se facilite el envejecimiento activo de sus vecinos de más edad, que representan cerca del 20 % de su población». Así lo ha manifestado la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en la inauguración de las Jornadas «Las personas mayores y la ciudad», que se celebran estos días en el espacio CentroCentro Cibeles de Cultura y Ciudadanía (Plaza Cibeles, 1).
Botella ha recordado que la solicitud de adhesión a la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores fue un acuerdo del Pleno municipal del pasado mes de marzo, y ha expresado su certeza de que estas jornadas, que organiza la Dirección General de Mayores y Atención Social del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales, suponen una buena oportunidad para establecer las bases del proceso de adhesión.
«Una ciudad amigable con los mayores, es la que dispone de las políticas, los servicios y los entornos que facilitan el envejecimiento activo de las personas. Para ello, se precisa tanto un reconocimiento de las capacidades y recursos de las personas mayores como el respeto por sus decisiones y su elección de su estilo de vida y, además, la capacidad para dar una respuesta flexible a las necesidades del envejecimiento», ha dicho la alcaldesa de Madrid,
Pero hay más. «Una ciudad amigable con los mayores es también amigable con todos los vecinos. Porque los edificios y las calles libres de barreras mejoran la movilidad de personas con discapacidad. Un entorno de barrios seguros permitirá a todos salir a la calle con confianza. Y las familias mejoran su calidad de vida cuando sus mayores cuenten con los servicios de salud que necesitan. Además, la economía se beneficia del consumo de nuestros mayores.»
Madrid en cifras
La población de Madrid supera los tres millones de habitantes (3.237.937). De estos, el grupo de mayores de 65 años supone el 19,4 %. Y los mayores de 80 años son más de 200.000 (204.458). El Ayuntamiento de Madrid cuenta con más de 300.000 socios de los 89 Centros Municipales de Mayores; más de 100.000 hogares disponen de teleasistencia; más de 45.000 usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio; y más de 7.000 son usuarios de los Centros de Día.
Durante las jornadas «Las personas mayores y la ciudad», se tratarán temas que serán el punto de partida para sumarse al proyecto, con un enfoque participativo, que involucra a mayores y profesionales que trabajan con ellos:
- «Una ciudad sin obstáculos», sobre el entorno físico de la ciudad, la accesibilidad en la calle, en los edificios y el transporte.
- «Servicios para mayores en una gran ciudad», tocando temas relacionados con servicios sociales, salud, seguridad y deporte.
- «Comunicación e información como herramienta de conocimiento», epígrafe que incluye nuevas tecnologías al servicio de los ciudadanos, acceso de los mayores a éstas, teleasistencia, redes sociales, etc.
- «Oportunidades e igualdad en la participación», este cuarto gran tema se refiere a los órganos de participación específicos, como el Consejo Sectorial de Mayores de la Ciudad de Madrid, pero también a la contribución de la opinión de los mayores a través de las encuestas para la mejora de los servicios y el valor en alza del voluntariado.
El Sepad afirma que Extremadura supera la media nacional en cuanto a implantación de la Ley de la Dependencia
El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) ha defendido su gestión y ha afirmado que Extremadura «supera» la media nacional en cuanto a implantación de la Ley de la Dependencia.
En relación a un comunicado de UGT, en el que se afirma que la región está «por debajo de la media nacional» en la implantación de la citada ley, el Sepad ha aclarado que, según los datos publicados mensualmente por el Imserso, el 1,75 por ciento del total de la población extremeña es beneficiaria con prestación de la Ley de la Dependencia, mientras que en el conjunto nacional ese porcentaje es del 1,56 por ciento.
Asimismo, con respecto a la gestión de la Dependencia, los datos del Imserso reflejan que Extremadura se coloca entre las tres comunidades autónomas con mayor número de personas valoradas, registrando un porcentaje en este capítulo del 4,09 por ciento, frente a la media nacional que es del 3,22 por ciento.
Extremadura ostenta también el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a porcentaje de solicitudes de la Ley de la Dependencia. Mientras el conjunto del Estado tiene una media del 3,44 por ciento en este apartado, la región alcanza un 4,26 por ciento, señala el Sepad en nota de prensa.
Además, Extremadura se encuentra entre las comunidades autónomas que están apostando firmemente por ofrecer servicios profesionales, frente a las prestaciones económicas en el entorno familiar.
Concretamente, la región ocupa un puesto destacado en el ranking nacional al contar con un 59,17% de servicios, frente a un 40,83 por ciento de prestaciones económicas en el entorno, superando nuevamente a la media nacional, que tiene un 55,98 por ciento y un 44,02 por ciento, respectivamente.
Este balance en «favor» de las prestaciones profesionales «beneficiará» a la región porque el nuevo sistema que aplicará el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el reparto de los fondos entre las comunidades autónomas «discriminará positivamente a aquellas que den prioridad a la atención a las personas dependientes mediante servicios profesionales en lugar de ayudas a los cuidadores familiares», añade.
COMPARATIVAS NACIONALES
Por otro lado, el Sepad ha recalcado que a la hora de realizar una comparativa nacional y establecer una media es necesario comparar los datos sobre el porcentaje poblacional de cada comunidad autónoma, porque de otro modo los datos resultantes «no son objetivos».
Según ha detallado, solo ocho de las 17 comunidades autónomas utilizan únicamente el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), que es la aplicación nacional para la gestión de la ley, volcando en él los datos en cuanto se inicia un procedimiento.
Este hecho supone que otras nueve comunidades autónomas utilizan programas informáticos paralelos al SISAAD, trasladando los datos al sistema nacional no cuando se inicia el procedimiento, sino en otros momentos del expediente, por lo que el Sepad considera que «de ninguna manera» la comparativa entre territorios puede realizarse sobre estos datos.
Para que la comparativa sea «adecuada, veraz y objetiva», ha añadido, debe utilizarse «siempre» el porcentaje de la población, evitando así «toda serie de equívocos».
VENTAJAS EN EXTREMADURA
A su vez, el Sepad ha destacado el «esfuerzo» del Gobierno de Extremadura para que las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar solo se reduzcan en el mínimo exigido por el Gobierno central, que es de un 15%, no haciendo por tanto uso de la posibilidad que ofrece el Real Decreto Ley de aumentar este porcentaje.
Respecto al régimen de incompatibilidades ha explicado que, pese a que la reforma de la Ley de la Dependencia ha introducido importantes modificaciones, incompatibilizando servicios y prestaciones, en Extremadura el régimen de incompatibilidades permanece en las mismas condiciones que antes de esta modificación legal, ofreciéndose por tanto un nivel de protección adicional.
Asimismo, ha indicado el Sepad que Extremadura «no» va a realizar «por el momento» una revisión de la capacidad económica de quienes ya están cobrando alguna prestación, ni va a tener en cuenta el periodo suspensivo de retroactividad máximo de dos años en los expedientes de niños de 0 a 3 años, garantizando por tanto la atención a estos menores, apunta.
Por todo lo anterior, subraya que Extremadura «no sólo está realizando una correcta aplicación y desarrollo de la Ley de la Dependencia, sino que cree firmemente en ella», poniendo «todos los medios adecuados, tanto de personal, como informáticos y presupuestarios», para continuar con sus líneas de actuación.
II JORNADAS INTERNACIONALES DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: INNOVACIONES PARA VIVIR EN CASA
Organizan la Fundación Caser para la Dependencia y Fundación Pilares para la autonomía personal, tendrán lugar los días 25 y 26 de Junio de 2013 en Madrid. Colaboran la Fundación Vodafone y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Como sabemos por la investigación desarrollada, las personas que necesitan apoyos por su situación de fragilidad o dependencia quieren recibir atención en su propio domicilio. Este deseo es coherente, por otra parte, con las recomendaciones y tendencias internacionales acerca de priorizar aquellas políticas que favorezcan la permanencia en la propia casa en condiciones adecuadas de bienestar. Lo anterior requiere hacer confluir y articular muy diversas áreas (los servicios de atención domiciliaria social y sanitaria, la coordinación entre ambos sectores, el desarrollo de los servicios de proximidad, las TIC, las adaptaciones del hogar y productos de apoyo, la política de vivienda, el apoyo a las familias…). Y también requiere que revisemos de manera crítica la provisión actual de apoyos para reconsiderarlos y desarrollar nuevas vías y soluciones que sean más acordes a una población que es cada día más consciente de sus derechos y más exigente en el ejercicio de su autonomía.
Para abordar todas estas cuestiones, la Fundación Caser para la Dependencia y la Fundación Pilares para la Autonomía Personal organizan las “II Jornadas Internacionales de Atención a la Dependencia: Innovaciones para vivir bien en casa. Más bienestar para las personas, mayores oportunidades de desarrollo”, en la que se presentarán las últimas innovaciones para ofrecer, de manera integral, las atenciones y servicios que requieren las personas en situación de fragilidad o dependencia que viven en su domicilio.
El mundo de la investigación, de las TIC, de vivienda y de las políticas públicas tanto de España como de otros países de nuestro entorno, se darán cita en estas Jornadas y en ellas se propiciará el debate enriquecedor con todos los participantes que acudan a las mismas.
Fecha: 25 y 26 de Junio 2013
Lugar: Salón de Actos del Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad. Pº del Prado, 18-20, Madrid
Plazas limitadas
Programa e inscripción: www.vivirencasabien.org
En Cataluña hay 161.213 personas que se benefician de la Ley de Dependencia
La cifra supone un 12,1% más que en marzo de 2012. La Generalidad se queja de que el Gobierno no asume parte de la partida que le corresponde para hacer frente al coste de la aplicación de la ley.
Un total 161.213 personas se benefician actualmente de la aplicación de la Ley de Dependencia en Cataluña. Según los datos oficiales ofrecidos por la Consejería de Bienestar Social y Familia, el número actual de prestaciones y servicios asciende a 207.575 a fecha de 31 de marzo de este año.
En el último año (de marzo a marzo) hay un 12,1% más de beneficiarios de la prestación de ayuda para las personas en situación de dependencia -en aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre-, pasando de los 143.724 al número actual de personas que reciben algún tipo de ayuda en Cataluña.
El 67% de los beneficiarios son mujeres y el 33%, hombres. Por edades, 78.946 tienen más de 80 años de edad; 43.869 personas, entre 65 y 79 años; y cabe destacar que1.135 bebés en Cataluña -menores de tres años- también reciben algún tipo de ayuda gracias a la norma de aplicación en toda España.
‘Un gran sobre esfuerzo’
En una respuesta al grupo del PSC en el Parlamento autonómico, la consejera Neus Munté i Fernández (CiU) ha informado que en el año 2012, la Generalidad ha destinado 922,8 millones de euros para sufragar los gastos de la aplicación de la Ley de Dependencia. Mientras que el Gobierno ha transferido a la Administración autonómica, para esta partida, 243,54 millones de euros.
Munté ha lamentado la baja cantidad del Gobierno destinada a esta partida y ha señalado que la Generalidad realiza ‘un gran sobre esfuerzo’ para garantizar las prestaciones y los servicios de la dependencia. Según los datos de la Consejería de Bienestar Social y Familia, la Administración autonómica soporta el 80% del coste de la aplicación de la ley y el Gobierno, el 20% restante.
Casi 800 euros por asistente personal
La Consejería también ha informado de que, en 2013, la media de tiempo para resolver las valoraciones de grado iniciales de las peticiones de posibles afectados por la ley está siendo de 1,19 meses; y para los programas individuales de atención iniciales (PIA), de 1,38 meses.
Además, la media de las prestaciones económicas otorgadas cada mes (tomadas con fecha del mes de febrero de 2013) a los beneficiarios están siendo de 283,34 euros para los cuidadores no profesionales; 669,56 euros para la prestación económica vinculada; y 788,70 euros para un asistente personal.
Nuevo cheque de ayuda a domicilio en Castilla-La Mancha
El director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan José García Ferrer, ha anunciado la creación de un cheque de Ayuda a Domicilio, que permitirá al propio usuario elegir la persona o entidad acreditada que quiere que le preste este servicio.
El director general ha mantenido un encuentro con representantes de asociaciones de mujeres del medio rural, en el que han participado la presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), Carmen Quintanilla, y miembros de la Junta Directiva de cuatro provincias de la región, según ha informado la Junta en nota de prensa.
En este marco, el director general y las representantes de AFAMMER han acordado trabajar «de la mano» en la renovación del Servicio de Ayuda a Domicilio que la Junta de Comunidades presta a los ciudadanos que lo precisan en Castilla-La Mancha.
Esta «innovadora» propuesta, ha dicho García Ferrer, servirá de vía para que muchas mujeres del medio rural puedan trabajar como autónomas o cooperativas de iniciativa social. «Así favoreceremos la creación de nuevos puestos de trabajo en nuestros municipios», ha señalado.
Hasta el momento, este servicio lo prestan los ayuntamientos, a través de subvenciones concedidas por la propia Junta de Comunidades. La puesta en marcha de este proyecto vendrá a complementar la estructura del mismo a través de personas o entidades acreditadas. Además, el nuevo modelo de cheque de Ayuda a Domicilio, que comenzará a funcionar a principios del próximo año, permitirá que el ciudadano elija a la persona que le preste este servicio.
Llegar a todos
El motivo que ha llevado a replantearse y modificar la estructura del Servicio de Ayuda a Domicilio «es llegar a los 200 municipios de la región a los que no estamos llegando actualmente. De ellos, 140 corresponden a la provincia de Guadalajara, que en la actualidad no pueden acceder al mismo. Con la puesta en marcha de esta iniciativa, el Gobierno regional, en colaboración con AFAMMER, logrará llegar a todas aquellas personas que lo necesitan y que en la actualidad por distintos motivos, no reciben la ayuda», ha aseverado García Ferrer.
«Clara apuesta de futuro»
Por su parte, la presidenta de AFAMMER, Carmen Quintanilla, ha afirmado que este acuerdo es «una clara apuesta de futuro para las mujeres que se encuentran en el ámbito rural. Hemos demostrado que somos emprendedoras y capaces de liderar proyectos de diversa índole en los municipios».Quintanilla ha apuntado que «desde la formación y la profesionalidad, las 15.000 mujeres que forman parte de esta asociación en la región asumirán este compromiso, para ayudar a los mayores y dependientes que requieran de esta atención», ha concluido.
Aprobado el decreto que regula el Comité de Ética en Intervención Social del Principado
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regulará el Comité de Ética en Intervención Social, un órgano multidisciplinar, de carácter consultivo y asesor, que mejorará la calidad en la intervención social.
Este comité se encargará de analizar y asesorar en la resolución de posibles conflictos éticos, en los ámbitos de intervención de servicios sociales; de orientar en la elaboración de documentos de buena praxis o protocolos de actuación, desde el punto de vista ético, y en potenciar la formación en ética asistencial de los profesionales de los servicios sociales.
Un rasgo distintivo del futuro comité de ética en Servicios Sociales lo constituye la apuesta por la participación y la búsqueda de la pluralidad a lo largo de todo el proceso. Profesionales diversos, de distintos sectores, de distintas disciplinas, de la atención directa y de la gestión, del ámbito público y privado, han participado en este proceso. Un espíritu que permanecerá en la composición final de los miembros que integren este primer comité.
Por tanto, el Comité de Ética en Intervención Social se configura como un recurso para facilitar la reflexión y deliberación, orientando prácticas concretas que ayuden a la toma de decisiones óptimas y prudentes en aquellos casos donde convergen diversidad de perspectivas y opiniones entre todas las partes implicadas, como son los profesionales, personas usuarias, familias, entidades e instituciones, así como otros agentes sociales.
En definitiva, su papel debe de ser el de constituir un foro de deliberación, multidisciplinar e independiente, al servicio de la calidad asistencial y del bienestar de las personas usuarias de los servicios sociales, contribuyendo a la adopción de decisiones de calidad en supuestos complejos en que se presentan conflictos de diversos valores o derechos de las personas implicadas.
Fuente: http://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.07ff9aff07894a25ffdfb2c5f2300030/?vgnextoid=5c2da4e82fbce310VgnVCM10000098030a0aRCRD&vgnextchannel=123d6a6227cdd210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.http.lang=es
Sanitas participa en un proyecto internacional para demostrar que el ejercicio físico aplaza la dependencia
Sanitas Residencial va a participar en un proyecto internacional, llamado ‘Happier’ y liderado por el grupo asociativo Siel Bleu, que tiene como objetivo demostrar como un programa de actividad física adaptada, diseñado y aplicado por profesionales resulta eficiente para contribuir a un envejecimiento activo en el entorno residencial.
Con una financiación del Ministerio francés de Salud y de la Comisión Europea, el proyecto está enmarcado en el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la solidaridad intergeneracional celebrado en 2012, y tiene como base los 32 centros residenciales participantes, de los cuales ocho son españoles y tres pertenecen a Sanitas Residencial.
En concreto, el fin de esta iniciativa es mantener y mejorar las capacidades físicas de las personas mayores para así aplazar los efectos de la dependencia y las desventajas vinculadas a la enfermedad, al envejecimiento o la minusvalía.
Así, durante 18 meses, un total de 450 residentes participaran en el proyecto. En el caso de España, una treintena de residentes de Sanitas Residencial Loramendi, Sanitas Residencial Les Corts y Sanitas Residencial Provença realizarán cuatro tipos de programa centrados en siete aspectos básicos: resistencia, aguante, flexibilidad, equilibrio, memoria, comunicación y relajación.
Además, los técnicos de Siel Bleu llevarán a cabo, de forma regular, un seguimiento y una evaluación detallada semanal, mensual y semestralmente. De esta forma, los educadores deportivos serán los encargados de valorar la movilidad mientras que los responsables del grupo se centrarán en indicadores como el conocimiento y la socialización.
Del mismo modo, en los distintos controles se valorarán opiniones como la implicación, el bienestar y la autonomía de cada uno de los participantes. Incluso, se tratará de medir otros aspectos como la contribución indirecta del programa sobre los profesionales de la residencia, dado que las mejoras de autonomía y de humor de los participantes influye positivamente en el trabajo diario de los profesionales.
En este sentido, más de 96 cuidadores y médicos y 15 educadores físicos estarán inmersos en este proyecto con el fin de mejorar, en todo lo que sea posible, la vida de los residentes.
Los mayores madrileños podrán elegir residencia concertada libremente
La Comunidad de Madrid ha acordado que una parte de las plazas residenciales concertadas para personas mayores dependientes puedan ser elegidas libremente por los usuarios para facilitar a las familias cambiarse de centro si no están cómodas donde están, según ha explicado el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria.Estas medidas afectan a 4.708 plazas en residencias de mayores, con un coste total de 179,2 millones de euros, según ha explicado Victoria en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Además, el consejero ha señalado que esta libertad de centro se va a implantar de forma gradual, a partir del mes de agosto, y que si los usuarios no solicitan traslado alguno, continuarán recibiendo la atención en el mismo centro que tenían hasta ahora.
Victoria ha destacado que se «animará» a las residencias a una «sana competencia» en la medida en que si los usuarios deciden que no están recibiendo los servicios que estiman oportunos, los centros dejarán de tener las plazas concertadas por la Comunidad de Madrid.
Con este acuerdo marco, se unificarán los contratos de todas las residencias con la Administración. Concretamente, afectará a las plazas concertadas de financiación total, destinadas a personas mayores dependientes que tienen las rentas más bajas.
Los nuevos contratos se formalizarán en base a la disponibilidad presupuestaria anual, correcta ejecución de los contratos, preferencias de los usuarios, ofertas económicas y necesidades de ordenación de la red pública. En el Acuerdo se enmarcarán más de 200 contratos existentes en la actualidad.
La adjudicación anual de los contratos que estén dentro de este Acuerdo Marco se realizará de forma simplificada y sin necesidad de someterlos a un nuevo concurso. Con esta fórmula se logra la continuidad del servicio, el ajuste de plazas adjudicadas a cada centro en función de las demandas de los usuarios y la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio.
La Comunidad de Madrid está preparando un segundo Acuerdo Marco para plazas concertadas de financiación parcial.
Requisitos de las residencias
Los centros que, estando autorizados, cumplan los requisitos de solvencia económica y técnica podrán incorporarse a este Acuerdo Marco. Los residencias que quieran participar tendrán que haber gestionado de forma continuada, al menos, una residencia en los tres años anteriores por un tiempo no inferior a nueve meses. Además, tendrán que ofertar como mínimo 15 plazas.
Asimismo, tendrán que prestar los siguientes servicios de forma ininterrumpida durante las 24 horas del día los 365 días del año: el alojamiento, que incluirá el uso de una habitación y zonas de convivencia, la manutención, la ropa de cama, de mesa, de aseo así como el lavado, repasado y planchado de la ropa personal.
También deberán comprometerse a la promoción de la integración y participación en la vida del centro, la animación sociocultural y las relaciones con las familias de los usuarios. También se tienen que hacer cargo del control y la protección del usuario, incluyendo todas las actividades encaminadas a la seguridad y salvaguarda de su integridad personal, como el aseo, la higiene personal, el cambio de pañales, vestido, etc.
La Xunta fija su estrategia de atención a la dependencia hasta 2020
El Gobierno gallego ha dado el visto bueno a su estrategia para la atención y prevención de la dependencia, una guía que fija el horizonte temporal de 2020 para poner en marcha medidas que permitan mejorar y prolongar la autonomía personal.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que este documento supone un «salto cualitativo» en políticas sociales y una apuesta por el ámbito preventivo y no solo asistencial.
Tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, Núñez Feijóo ha explicado en conferencia de prensa que esta estrategia está centrada en seis áreas de actuación, con 28 objetivos y casi 400 propuestas de actuación.
Además, la Xunta ha acordado también la presentación de Galicia para liderar un proyecto europeo que convierta a la Comunidad en un «referente» de la vida saludable.
Núñez Feijóo ha explicado que en los próximos años se prevé que la población gallega descienda casi un 2 %, pero los mayores de 65 años aumentarán sobre un 3,5 % y se calcula que la población con dependencia aumente un 8,14 %.
Por este motivo, ha dicho, el Gobierno gallego trabaja desde hace tiempo en una estrategia para la prevención precoz de la dependencia para prolongar la autonomía personal de los ciudadanos.
Ha considerado que Galicia es «pionera» en la elaboración de esta guía que, ha dicho, «nace del diálogo, consenso y acuerdo» entre distintos grupos de trabajo de la Xunta y entidades representativas de mayores.
Las seis áreas en las que está divida esta estrategia atienden a la educación y la concienciación de los ciudadanos, al aumento de la esperanza de vida libre de dependencia, a la mejora de la calidad de vida, al estímulo a través de amigos y familiares, a la investigación y la innovación y a la mejora de los recursos de la administración.
Ha señalado que la Xunta pretende mejorar la calidad de vida de los mayores, hacer «más sostenible» el sistema de sanidad y bienestar y lograr ser un referente europeo en el envejecimiento saludable.
Según Núñez Feijóo, cada euro que se destina a prevención de la dependencia equivale a la rebaja del gasto de 129 euro al año en su tratamiento.
Por otra parte, el Gobierno gallego ha presentado hoy los datos del plan para prevenir la violencia laboral en el ámbito sanitario.
Desde 2010 se han reducido un 32 % los episodios violentos, al pasar de 255 a 188 en 2012, aunque el objetivo de la Xunta es que «la sinrazón de estos episodios violentos sea cero», ha concluido Núñez Feijóo.
En la reunión de hoy la Xunta ha decidido renovar un convenio con la Fundación Josep Carreras para buscar donantes de médula para las personas con cuyas familias estos trasplantes son incompatibles.
Desde 2008, la primera vez que la Xunta firmó un convenio con esta fundación, y hasta el 1 de enero de este año se han hecho 117 trasplantes por medio de esta colaboración.
El Principado edita una guía sobre Confidencialidad en Servicios Sociales
La Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias acaba de publicar una novedosa guía sobre Confidencialidad en Servicios Sociales
La guía, Confidencialidad en Servicios Sociales, es el primer título de la Serie Ética y Servicios Sociales. Ha sido elaborada por un grupo interdisciplinar de profesionales que trabajan en distintos ámbitos (infancia, servicios sociales de base, inclusión social, personas mayores y personas con discapacidad). . Ofrece, además de una primera parte introductoria que plantea cuestiones conceptuales en relación a este tema, una serie de recomendaciones surgidas de la reflexión sobre cómo proteger la confidencialidad desde una buena praxis profesional en la intervención social.
El trabajo ha sido coordinado desde la Sección de Calidad de dicha Consejería. El documento se puede descargar libremente en el siguiente enlace del portal del Principado de Asturias, dentro del apartado dedicado a Calidad en Servicios Sociales, espacio donde además se recogen otros materiales y documentos de gran interés.
Mayo 2013
El TC anula la ley autonómica que denegó la dependencia por silencio administrativo
El Tribunal Constitucional (TC) obliga a la Generalitat a notificar personalmente a quien deniegue una prestación que haya solicitado en amparo a la ley de Dependencia. El alto tribunal ha declarado inconstitucional la disposición adicional número once de la ley de Presupuestos de la Generalitat de 2008 que rezaba: «en los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes, el vencimiento del plazo máximo sin haberse dictado y notificado resolución expresa determinará la desestimanción de la solicitud formulada por silencio administrativo». El Consell ya rectificó esta norma en 2009, según confirmaron fuentes de la Conselleria de Bienestar Social.
La norma impulsada por el Consell en 2007 y aprobada por las Corts el 27 de diciembre del mismo año fue recurrida por el Defensor del Pueblo. El Consell defendía que la medida era necesaria para ahorrar, argumento que tumba el Tribunal Constitucional al entender que «el eventual ahorro se produciría únicamente cuando la denegación fuera firme, no bastando para ello su desestimación inicial». Los magistrados anulan la norma pero su decisión no afectará a las situaciones que hasta la fecha de hoy se hayan denegado así.
Para el TC la disposición adicional que denegaba ayudas por silencio administrativo «se encuentra fuera del contenido constitucionalmente admisible de una ley de presupuestos autonómica». Además de tumbar el argumento de la Generalitat, el TC considera que «la norma se reputa contraria al artículo 9.3 de la Constitución (seguridad jurídica)».
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) anunció ayer la interposición de recursos contencioso-administrativos por el bloqueo de los expedientes aprobados que no han recibido prestación. La patronal de la dependencia pide un acuerdo «estatal» que implique al Gobierno y a todos los agentes competentes para evitar que desaparezca la ley de Dependencia.
Más de 3.000 personas contra los impagos
Miles de personas recorrieron ayer las calles de Valencia para denunciar el retraso por parte del Consell en el pago de servicios y entidades que atienden a personas con discapacidad, centros cuya situación consideran «dramática» debido a que algunos trabajadores llevan cinco meses sin cobrar. La manifestación fue convocada por la Coordinadora de Discapacidad y Dependencia (CDD) y fue desde la estación del Norte de Valencia hasta la Conselleria de Bienestar Social y la Generalitat. Más de 3.000 personas, según fuentes de la organización, participaron en una marcha que iba encabezada por una pancarta con la frase «Por el respeto, la dignidad y la justicia social» y durante la cual se gritaron frases como «la dependencia no se vende» o «dignidad para la discapacidad».
Empresas donostiarras muestran productos para mejorar la calidad de vida de mayores y dependientes en LaguntzaTEK
Una docena de empresas donostiarras mostrarán hasta el próximo sábado productos para mejorar la calidad de vida de personas mayores o dependientes en la carpa LaguntzaTEK, instalada en las inmediaciones del Kursaal.
El espacio es fruto de la colaboración de Fomento de San Sebastián y la Fundación Policlínica Gipuzkoa y se enmarca dentro de DONOSTIAutism con motivo del congreso IMFAR 2013 que congrega a más de 1.700 expertos en el campo del autismo.
La carpa ha sido inaugurada este jueves por el concejal delegado de Desarrollo Económico, Josu Ruiz, el presidente de IMFAR 2013, Joaquín Fuentes, y la presidenta de INSAR (International Society for Autism Research), Helen Tager-Fushber-ek.
El objetivo de esta iniciativa es la promoción de las empresas vinculadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores o con cierta dependencia. Este sector emergente integra, en torno al Cluster, a más de 50 empresas y entidades que se centran en el diseño, fabricación, distribución y comercialización de tecnologías asistivas e innovadoras.
Las firmas participantes, además de Fomento de San Sebastián, son Adom, Bera-Bera, Gerodan, Kutxazabal, Linbika, Nesplora, Obea Chair, Obea Ortopedia, Pclanik, Sumisan y Tecnalia. La entrada al recinto es libre y gratuita y el horario de 11.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 20.00 horas.
El cluster de Soluciones de apoyo, constituido en 2011 con el liderazgo de Fomento San Sebastián, tiene como objetivo mejorar la competitividad de las compañías y agentes que trabajan en el ámbito de soluciones de apoyo y aumentar la percepción social sobre los beneficios de este tipo de productos y servicios.
Este cluster persigue promover la actividad en el sector a través de diversos servicios en red como son la creación de empresas e infraestructuras, apoyo a la internacionalización, I+D+i, financiación, asesoramiento especializado, o proyectos de colaboración.
La tasa de discapacidad en la infancia crece un 16 por ciento en la última década
Los niños de hoy con una discapacidad son un 16,3 por ciento más numerosos que hace una década, un incremento que es mayor en el caso de familias con ingresos elevados, según un estudio que se presentará este domingo en la reunión anual de la Academia de Sociedades de Pediatría que se celebra en Washington (Estados Unidos).
La investigación también encontró que los problemas relacionados con las condiciones de salud física han disminuido. «Cerca de 6.000.000 niños tenían una discapacidad en el periodo 2009-2010, casi un millón más que en el 2001-2002», destacó la autora principal, Amy J. Houtrow, director de la División de Medicina de Rehabilitación Pediátrica del Hospital Infantil del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh y profesor asociado de Medicina Física y Rehabilitación y Pediatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos).
Houtrow dijo que estudios anteriores ya habían indicado que la prevalencia de la discapacidad en la infancia es cada vez mayor, por lo que esta experta y sus colegas querían ver más de cerca las condiciones y los factores sociodemográficos asociados a la discapacidad.
Los investigadores analizaron los datos de la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud llevada a cabo por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en el periodo 2001-2002 y los datos de la encuesta de 2009-2010.
Un total de 102.468 padres de niños de 0 a 17 años participaron en las entrevistas, en las que se les preguntó sobre si sus hijos habían tenido algún tipo de limitaciones en el juego o actividad, recibían servicios de educación especial, necesitaban ayuda con el cuidado personal, tenían dificultad para caminar sin ayuda, problemas con la memoria o cualquier otra limitación.
Si respondían que sí a cualquiera de estas preguntas, se les preguntó si las limitaciones de su hijo se debía a una visión o un problema de audición, asma o problema de respiración, articulaciones, huesos o problemas de músculos, déficit intelectual o retraso mental, problemas emocionales o de conducta, epilepsia, problemas de aprendizaje, del habla, trastorno de déficit de atención, defectos de nacimiento, lesiones u otras alteraciones de desarrollo.
Los investigadores clasificaron las condiciones en tres grupos: neurodesarrollo mental, físico y otros. Los resultados mostraron que la prevalencia de la discapacidad se incrementó un 16,3 por ciento desde el periodo 2001-2002 al 2009-2010.
Mientras las discapacidades relacionadas con la salud del desarrollo neurológico y mental aumentan, las debidas a las condiciones físicas disminuyen. Esta tendencia fue más notable entre los niños menores de 6 años de edad, cuya tasa de discapacidades del desarrollo neurológico casi se duplicó durante el periodo de estudio de 19 a 36 casos por cada mil niños. «Sospechamos que una parte del incremento en discapacidades del desarrollo neurológico se debe al aumento de la incidencia o el reconocimiento de los trastornos del espectro autista», dijo Houtrow.
Los datos también mostraron que los niños que viven en condiciones de pobreza experimentaron las mayores tasas de discapacidad en los dos periodos de tiempo, pero no el mayor crecimiento, que se vio entre los niños que viven en hogares con ingresos iguales o superiores al 300 por ciento del nivel federal de pobreza (alrededor de 66.000 dólares o 50.254 euros por año para una familia de cuatro miembros).
«Nos preocupa que los que viven en la pobreza puede estar teniendo problemas con ser diagnosticados y recibir los servicios necesarios», concluyó Houtrow.
Aerte desaprueba que el Gobierno «pueda siquiera plantearse un nuevo recorte en los derechos de las personas dependientes»
Para Aerte, Patronal de la Dependencia en la Comunidad Valenciana, los nuevos recortes anunciados por el Gobierno en Dependencia impedirían a miles de dependientes vivir con un mínimo de dignida, vulnerando, con esta medida, los derechos de los dependientes y faltando, a su vez, al compromiso que asumió el Estado con la población dependiente, cuyos recortes anunciados de forma unilateral por el Gobierno, son rechazados por Aerte.
Según la patronal de la dependencia en Comunidad valenciana, esta nueva medida de ajuste, junto a los retrasos en los pagos, la disminución de beneficiarios de las prestaciones, el incremento del copago por los dependientes y todos los expedientes bloqueados que dejan sin atención a miles de dependientes con derecho reconocido, certifican la extinción objetiva de la Ley de Dependencia.
Así lo ha manifestado María José Mira, directora general de Aerte, quien ha subrayado la contradicción que supone recortar en la aplicación de derechos fundamentales para las personas Dependientes mientras que, por otro lado, se mantienen estructuras de despilfarro que hacen más injusta e insostenible la situación en la que se encuentran nuestros Dependientes.
Para la directora general de Aerte, no es de justicia que en España se destinen fondos públicos millonarios como grandes obras e infraestructuras que no ofrecen rentabilidad, cuando la alternativa que se ofrece como ahorro sea dificultar, aún más, el día a día de miles de personas dependientes y especialmente vulnerables.
Máxime cuando se ha demostrado con estudios independientes la rentabilidad económica del sector en retornos vía impuestos como IVA o IRPF, recaudación en seguridad social, etc, que suponen los fondos destinados a este sector, así cómo el impacto directo sobre el empleo, dado que se genera un trabajador directo por cada 2 plazas residenciales según la legislación existente.
Obviamente el simple anuncio de aplicación de nuevas medidas de recortes, además de ser socialmente perversas -dado que afectan a aquellos ciudadanos más débiles- conllevarían una destrucción de empleo más elevado que en otros sectores por la misma argumentación anterior. Aun se entienden menos estos anuncios, afirma la directora general cuando los políticos actuales no dejan ocasión para declarar su preocupación por las estadísticas de desempleo.
María José Mira califica estos nuevos ajustes presupuestarios anunciados como “medidas impropias de un sistema democrático comprometido con la salud y la calidad de vida de sus ciudadanos”.
Cuando el pasado julio el gobierno anunció modificaciones en la Ley Dependencia que racionalizaban su aplicación, Aerte inocentemente aceptó dichas medidas por entenderlas como un comienzo de exigencia hacia la profesionalización del sector asumiendo que así, la ley de dependencia, se convertía en una ley de servicios.
Siempre creímos, señala Mira, que con los ahorros que se generaban al aplicar medidas de ajuste, como la modificación en los criterios del copago, se iban a atender a las personas en situación de dependencia que todavía no están asistidas. Nunca imaginamos, comenta la directora general de la Patronal, que los ahorros irían encaminados a recortar presupuesto directamente.
Aerte anuncia demandas judiciales
Ante esta situación y tal y como propusieron y aprobaron los asociados de AERTE en su reciente Asamblea General anual, la patronal de la Dependencia sólo ve una solución a la cegera e incapacidad que muestran nuestros dirigentes y que nunca se ha querido aplicar: aconsejar a los dependientes a que emprendan acciones jurídicas que puedan traducirse tanto en la reclamación del cumplimiento de la Ley de Dependencia en sus plazos, como en el respeto a la libertad de elección del usuario que ésta establece.
Aerte también ha anunciado otras acciones jurídicas como recursos contra las órdenes de Bono (por entender que se tratan de plazas concertadas de centros que deben de tratarse equitativamente que el resto de operadores del sector) y contra la supuesta firma de un contrato que sólo beneficiaría a unas pocas empresas en detrimento de la gran mayoría del sector cuando el coste de dichas plazas es justo el doble que las ayudas de la dependencia; así como contra los concursos públicos del sector que se liciten por debajo del coste legal.
La patronal no ha tenido más remedio que personarse, por tratarse de un tema que afecta a la mayoría de sus asociados, en todos los recursos presentados por algunas empresas que defienden una falsa exclusividad del concierto de sus plazas frente a cualquier otro tipo de financiación pública.
Más de 12.800 valencianos tienen ya la tarjeta del mayor
La Conselleria de Bienestar Social ha emitido desde que se inició el programa en junio del pasado año un total de 12.871 tarjetas del mayor, un documento que permite a los portadores, mayores de sesenta años, beneficiarse de un sinfín de ventajas en numerosos establecimientos de la Comunitat Valenciana.
Según los datos actualizados del Departamento que dirige Asunción Sánchez, en la provincia de Valencia hay 8.870 beneficiarios, en la Alicante, 2.798 y en la de Castellón, 1.503. Además, el 51 por ciento del total son mujeres y el 49 por ciento, varones.
En cuanto a las solicitudes, dicha área recibió un total de 13.672. La mayoría de ellas, de personas de edad comprendida entre 65 y 75, el 55 por ciento, lo que se traduce en 7.583 ciudadanos. Rellenaron también los papeles 2.711 menores de 65 años y 2.879 entre 75 y 85 años. Mayores de 85, tan solo registraron 499 peticiones.
La tarjeta del Mayor es una iniciativa de la Generalitat que tiene por objetivo que sus titulares puedan acceder a una serie de ventajas y descuentos en establecimientos y servicios sociosanitarios como ópticas, clínicas dentales, agencias de viajes o casas rurales. En total, hay adheridas al programa 312 entidades.
Pese a que destaca la participación de empresas ortopédicas, ópticas y odontológicas, en el catálogo hay establecimientos de todo tipo. Desde funerarias hasta panaderías, pasando por una tienda de informática.
De la tarjeta pueden beneficiarse todas aquellas personas que hayan cumplido ya 65 años o que sean pensionistas mayores de 60. Además, han de residir en alguno de los municipios de la región valenciana. Las solicitudes deben presentarse en las direcciones territoriales de la Conselleria de Bienestar Social, en las oficinas Prop de la Comunitat, en los centros Especializados de Atención a mayores o en los servicios sociales de los Ayuntamientos.
La directora general de Acción Social y Mayores, Pilar Albert, mostró su satisfacción por la acogida del proyecto, «como muestra el número de documentos acreditativos expedidos y de las empresas y comercios que participan».
En esta línea, aseguró que las personas mayores «merecen» todo este esfuerzo del Consell, «para mejorar su calidad de vida».
«Se trata de una iniciativa muy importante de apoyo a nuestros mayores, el Gobierno valenciano es consciente del papel tan importante que están jugando en la sociedad por su inestimable experiencia y porque, en una época complicada como la actual, están siendo el pilar y apoyo de muchas familias y cualquier descuento o ventaja que puedan obtener es una gran ayuda».
