Bienestar Social
La contratación de personas con discapacidad crece un 3,33%
La contratación de personas con discapacidad crece un 3,33 por ciento en el primer trimestre de 2013, lo que supone un total de 14.455 nuevos contratos realizados en los primeros meses del año, frente a los 13.987 que se efectuaron en el mismo periodo de 2012, según los datos ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), recogidos por la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros de Empleo (FEACEM).
Asimismo, la Federación ha señalado que la contratación de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo (CEE) en el primer trimestre del año muestra un aumento respecto al año anterior, con un total de 9.687 contratos en CEE en 2013, frente a los 8.958 en el mismo trimestre del pasado año, lo que supone el incremento del 8,13 por ciento. Si embargo, FEACEM ha indicado que la contratación en el resto de empresas continua descendiendo.
En cuanto a las comunidades autónomas, Cataluña, con 326 nuevos contratos; y Castilla León, con 202, han sido las regiones donde más ha crecido el índice de contratación de personas con discapacidad. Por el contrario, Andalucía y Aragón recogen 74 y 56 puestos de trabajos menos –respectivamente– con respecto al mismo trimestre de 2012.
Además, el documento revela un cambio de tendencia respecto al año anterior con el incremento de estos contratos en Cataluña, Castilla y León, Valencia y Galicia; así como con el decrecimiento que muestran Madrid, Canarias y Asturias en este 2013.
HelpAge reclama a los políticos europeos una Convención Internacional por los Derechos de las Personas Mayores
La Fundación HelpAge Intenational España ha demandado a los políticos europeos apoyo para conseguir una Convención Internacional por los Derechos de las Personas Mayores, coincidiendo con el Día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional, celebrado este lunes.
Asimismo, con motivo de este día, la Fundación ha promovido las jornadas ‘Los Derechos Humanos son un Derecho de Todos: No a la Discriminación por Edad’, que nacen con el objetivo de «continuar el trabajo de HelpAge para apoyar los derechos de las personas mayores a nivel nacional». En este sentido, la organización ha explicado que su misión comenzó con del lanzamiento, el pasado mes de octubre en Madrid, del informe ‘Envejecer en el siglo XXI: Una celebración y un desafío’, realizado junto al Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).
La directora general de HelpAge International, Silvia Estefanoni, ha manifestado que es «fundamental» el establecimiento de una Convención por los Derechos de las Personas Mayores. «Es necesario tomarse muy en serio que vivimos en un mundo que envejece y establecer mecanismos para afrontar ese reto».
Por su parte, la presidenta de HelpAge International España, Pilar Rodríguez, ha subrayado la importancia de «aunar esfuerzos para responder al desafío de que las personas mayores vean respetados sus derechos». Además, ha planteado la necesidad de trabajar a través de alianzas para «conseguir una visibilización de los derechos y necesidades de las personas mayores».
Por otro lado, la Fundación ha presentado también la exposición fotográfica ‘La Mirada de los Mayores». Personas Mayores Desplazadas en Colombia’, que recoge las imágenes del fotoperiodista Antonio Olmos y de la fotógrafa Loise O’Gorman sobre desplazados mayores colombianos. Así, HelpAge ha recordado que el 10,1 por ciento de los desplazados en Colombia son personas mayores de 60 años.
El deporte, clave para la inclusión de personas con discapacidad
Según el Centro de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI), la práctica deportiva permite impulsar un cambio de actitud fundamental entre los niños y niñas de cara a la inclusión de personas con discapacidad.
El deporte es una de vías que permite poner en contacto a jóvenes con y sin discapacidad. Cuando a los chicos y chicas sin discapacidad se les da la oportunidad de practicar deporte junto a personas con discapacidad, su actitud hacia la inclusión se vuelve más positiva, según explican desde el CEDI. Igualmente, es importante que en la escuela se utilice una metodología inclusiva, y para ello el papel de los profesores de Educación Física es fundamental.
En los últimos cuatro años, el CEDI y la Fundación Sanitas han promovido iniciativas deportivas que han permitido que más de 5.600 niños y niñas, con y sin discapacidad, hayan tenido la oportunidad de practicar algún tipo de deporte inclusivo. Ambas organizaciones colaboran en el marco de la Alianza por el Deporte Inclusivo 2012-2015.
Este año, cerca de 800 alumnos con y sin discapacidad de la Comunidad de Madrid participaron en el Día del deporte inclusivo en la escuela, el pasado 26 de abril. Los jóvenes demostraron sus habilidades en diferentes deportes paralímpicos como atletismo para ciegos, boccia, goalball, baloncesto en silla de ruedas o judo. La jornada lúdico-deportiva tuvo lugar en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) y del Consejo Superior de Deportes.
El Día del deporte inclusivo se enmarca dentro del programa educativo “Deporte inclusivo en la escuela”, una iniciativa puesta en marcha con el objetivo de promover la práctica deportiva inclusiva en los centros de secundaria. En total, más de 2.800 alumnos con y sin discapacidad de entre 12 y 17 años, de 16 centros educativos de la Comunidad de Madrid, han participado en esta iniciativa promovida por el CEDI y la Fundación Sanitas, junto con el Comité Paralímpico Español, Liberty Seguros y la Fundación Adecco.
5 millones para paliar los recortes estatales en ayudas sociales
El Ayuntamiento de La Laguna aportará de su propio presupuesto cinco millones de euros para compensar el drástico recorte del Gobierno de España en el ámbito de los servicios sociales. Así lo confirmó el concejal responsable de Bienestar Social, Miguel Ángel González, quien denunció que «la incomprensible dejación estatal en el ámbito social es vergonzosa, poniendo en entredicho la propia viabilidad del sistema de atención social en todo el país, y dejando caer todo el peso de la financiación de numerosos recursos en los ayuntamientos, a los que al mismo tiempo limita su capacidad de maniobra, generando un círculo vicioso que paradójicamente sufren las personas con mayores necesidades».
Sin embargo, «este Ayuntamiento y su alcalde Fernando Clavijo sí tienen clara cuál es la prioridad absoluta, por lo que seguiremos poniendo las partidas económicas que sean precisas para que los diferentes programas y recursos sociales sigan prestándose», precisó González, aludiendo a un acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la pasada semana que aprobó la citada aportación municipal de cinco millones de euros.
En concreto, la aportación del Gobierno de España al Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales se ha reducido este año un 42% con respecto al pasado año, en que también había habido recorte estatal, quedando su financiación para La Laguna durante este 2013 en apenas 67.000 euros. A su vez, el Gobierno de Canarias ha mantenido su financiación a este plan, cifrada en 509.000 euros.
El Plan Concertado es una herramienta fundamental que, desde finales de los años 80, establece la cooperación económica entre las diferentes administraciones públicas para garantizar unos servicios sociales básicos a la ciudadanía. Bajo su paraguas se halla la red de Unidades de Trabajo Social de zona (encargadas de la tramitación de ayudas de emergencia social, a familias, personas mayores o con discapacidad) o la financiación de programas tan relevantes como la ayuda a domicilio y la teleasistencia a mayores y dependientes.
El presupuesto de Bienestar Social previsto para este año es de 14,4 millones de euros, cifra que representa un 10% del gasto total de la Corporación local.
Es preciso señalar que el pasado mes de marzo el Pleno municipal ya acordó por unanimidad instar al Gobierno de España a reponer sus aportaciones al Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, contribuyendo en mayor medida a la continuidad del régimen de prestaciones que recibe la ciudadanía en situación de necesidad social.
Asimismo, el concejal lagunero de Bienestar Social, Miguel Ángel González, también expresó su preocupación sobre el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en línea con la postura ya expresadas por las federaciones de municipios canarios y españoles. Según indica el concejal, «este anteproyecto estatal, bajo la excusa de clarificar competencias, retira numerosas prestaciones de servicios sociales a los ayuntamientos, alejándolas de los ciudadanos, lo que asestaría un golpe sin precedentes a la actual estructura del sistema público de servicios sociales».
Intercambio entre residentes de Sanitas Txindoki y Miramón
La primavera ha comenzado fuerte en el gerontológico Sanitas Residencial Txindoki. Aunque en realidad, todas las estaciones lo hacen en este centro en el que la actividad no cesa, para alegría de sus residentes que se suman sin prejuicios a cualquier propuesta que les llegue desde sus responsables.
Hace unos días, tuvieron la oportunidad de participar en una suerte de intercambio interresidencial, al recibir la visita de un grupo de Residentes del centro Sanitas Residencial Miramón, de San Sebastián. En un ambiente festivo, y como preparativo para los San Prudencios que también disfrutarán, vivieron una jornada muy intensa. Por la mañana tuvieron ocasión de jugar al bingo con regalos y fueron obsequiados con unos pintxos de txistorra. Posteriormente los visitantes dieron un paseo por los alrededores del gerontológico, quedándose sumamente complacidos de ver el sitio tan privilegiado donde está instalado el centro, con un espacio en el que pueden pasear, admirar las huertas, etc, aspectos todos ellos muy favorecedores e ilusionantes para las personas mayores. No en vano, muchos de ellos proceden del mundo rural. Ya por la tarde celebraron una misa cantada especial, rociera, haciendo un guiño a la Feria de Abril. De hecho, recordaron que la primera que se celebró en Sevilla fue organizada por un catalán y un vasco.
Para completar la jornada, también rememoraron el popular concurso televisivo ‘1, 2, 3, responda otra vez’. Y con todo detalle, además, ya que no faltaron las Tacañonas, las azafatas, los concursantes, las pruebas, los premios y hasta la famosa Ruperta. Para terminar, baile por sevillanas.
Según explican desde el centro fue «un día realmente bonito, festivo, diferente, y muy entrañable para los residentes de Donostia que prometieron volver. Eso sí después de que los lazkaotarras les devolvamos la visita a la capital».
Charla, hoy
Por otro lado, hoy jueves a las 4 de la tarde tendrá lugar en Txindoki una charla informativa sobre la prevención cardiovascular que será impartida por la doctora Pilar Nuñez, y la fisioterapeuta Udane Etxezarreta. Esta misma charla se celebro hace dos meses pero hubo gente que se quedó sin poder escucharla y se repite de nuevo para todos aquellos jubilados que se quieran acercar hasta el centro gerontológico ya que está dirigida al colectivo de mayores principalmente.
Asimismo, mañana viernes, para honrar al patrón, los residentes también se irán de fiesta. Celebrarán una comida en la Sidrería Amebi, que compartirán con un grupo de usuarios del centro de día de Garagune de Ordizia mientras ya preparan con entusiasmo las numerosas actividades que están organizando en los talleres para el mes de mayo.
La Junta andaluza multará hasta con 6.000 euros a cuidadores de personas dependientes que cometan faltas muy graves
La Junta de Andalucía multará hasta con 6.000 euros a los cuidadores de personas dependientes que cometan faltas muy graves, en virtud de un decreto aprobado por el Consejo de Gobierno y que modifica el reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Servicios Sociales, vigente desde 2008, con el objetivo de garantizar la calidad, el seguimiento y el control de las prestaciones que utilizan las personas en situación de dependencia.
La norma, que también desarrolla el cuadro de infracciones y sanciones previstos en la Ley de Dependencia, adecua las tareas que realizan los inspectores para mejorar los aspectos asistenciales en esta materia. Los cambios introducidos se dirigen sobre todo a reforzar la labor de verificación de la calidad de las prestaciones que se ofrecen a través del Servicio de Ayuda a Domicilio, así como de las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar.
El citado decreto desarrolla el modelo sancionador previsto en la ley estatal para crear un sistema propio y adaptado al elevado grado de implantación del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en Andalucía. Así, el nuevo régimen sancionador establece, para faltas leves, multas de hasta 300 euros a personas cuidadoras y de hasta 30.000 euros a proveedores de servicios.
Para las faltas graves, las cuantías son de 300 a 3.000 para cuidadores y 30.001 a 90.000 euros para proveedores de servicios. Finalmente, para las muy graves, se fijan cuantías de entre 3.001 y 6.000 euros para personas cuidadoras y de entre 90.001 y un millón de euros para proveedores, según ha explicado el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.
Los profesionales de la Inspección realizaron el pasado año 74.209 visitas domiciliarias, de las cuales 17.102 se dirigieron al primero de estos fines y 57.107 al segundo. Su labor se completa con las actuaciones en centros residenciales (2.280 en 2012); las comprobaciones del correcto uso de los fondos públicos destinados a la atención a la dependencia, y la verificación de los requisitos de la autorización administrativa para el funcionamiento y concierto de los centros y empresas de servicios.
51 INFRACCIONES EN 2012
La Inspección de Servicios Sociales detectó el pasado año en Andalucía un total de 51 infracciones que dieron lugar a sanciones. De ellas, 15 fueron leves, 35 graves y una muy grave.
En Andalucía hay actualmente 251.080 prestaciones concedidas y 183.186 personas beneficiarias, lo que representa el 27 por ciento y el 25 por ciento del total nacional, respectivamente. Asimismo, 48.002 andaluces reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio, cifra que supone el 40 por ciento del conjunto de España (124.920). A ello se suman las 177.000 personas beneficiarias del Servicio de Teleasistencia, de las que 63.695 están en situación de dependencia (más de la mitad de las 127.294 registradas en España).
La Administración autonómica ha destinado unos 5.400 millones de euros al desarrollo de la Ley de la Dependencia desde su entrada en vigor en 2006. En los presupuestos de 2013 se consigna una partida inicial de 1.108 millones para la Agencia de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Andalucía, pese a los recortes estatales que supondrán este año una merma de 125 millones de euros.
TRIBUNAL DE CUENTAS «DA LA RAZÓN» A LA JUNTA
De otro lado, Vázquez ha anunciado que esta semana se han podido conocer los datos definitivos del Tribunal de Cuentas sobre las ayudas a la dependencia entre los años 2007 y 2011, que «dan la razón» a la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, después de que en un primer dictamen se apuntaran unos 5.000 posibles casos fraudulentos en Andalucía en relación a los fondos recibidos del Gobierno.
El portavoz del Gobierno andaluz ha asegurado que este primer dictamen, previo a las alegaciones realizadas por la Junta de Andalucía, se difundió «de forma intencionada», con el objetivo de generar confusión y de que el Gobierno de la Nación tuviera «la coartada para perpetrar recortes en las partidas para dependencia». Sin embargo, los datos definitivos del Tribunal de Cuentas «no se han difundido».
Vázquez ha destacado que una vez analizadas las citadas alegaciones, el Tribunal de Cuentas «no solo ha dado la razón a la Consejería de Salud y Bienestar Social, sino que ha reconocido que en ese periodo, entre 2007 y 2011, la Comunidad dejó de recibir casi cinco millones porque tenía más personas beneficiarias de la que se reconocían presupuestariamente por el Gobierno de España».
En opinión del portavoz del Gobierno andaluz, se demuestra que hubo una «intención malévola» de atacar la aplicación de la Ley de Dependencia «como coartada perfecta para reducir los fondos», así como también «un uso torticero» de los datos preliminares del Tribunal de Cuentas por parte del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales.
Doce comunidades siguen sin aclarar el paradero de 44 millones euros para dependencia
Doce comunidades autónomas no han facilitado todavía al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad información sobre los expedientes irregulares en materia de dependencia que detectó en su último informe el informe del Tribunal de Cuentas. El plazo para hacerlo termina a final de mes y solo cinco gobiernos autonómicos han facilitado los datos. En total, esta situación afectaría a 5.398 expedientes y a 44 millones de euros.
El pasado mes de marzo el tribunal desveló que había 25.806 expedientes de personas que figuraban como beneficiarias de la Ley de Dependencia en los que se habían detectado fallos, como fallecimientos, DNI erróneos, duplicados, ayudas incompatibles con otras prestacionesetc. Por ejemplo, detectó que había 12.036 personas ya fallecidas que constaban aún como beneficiarias: algunas de las comunidades con mayor número de fallecidos eran Madrid (1.666), Cataluña (1.469) y Andalucía (1.343).
El IMSERSO comenzó a comprobar datos y a 31 de marzó de 2013 había «regularizado» un total de 13.110 expedientes,quedando pendientes los otros 12.696. Fuentes del Ministerio explican ahora que quedan por aclarar las circunstancias de 5.398 expedientes irregulares, a los que correpondería la cantidad de 44 millones de euros entregados por el Estado a la docena de autonomías que aún no han aportado la información correspondientes.
De ellas, una tercera parte han aportado ciertos datos con fallos constatables y las demás han mostrado su «rebeldía» a la hora de entregar una documentación que consideran reservada al ámbito de sus competencias. Las ayudas para la dependencia estipulan un mínimo de 1.400 millones de euros anuales por parte del Ejecutivo central, con el que se dota a las comunidades en función del número de dependientes beneficiarios.
La Secretaría de Estado de Asuntos Sociales e Igualdad se ha negado a facilitar a20minutos.es la lista de las comunidades que no han aclarado sus cifras alegando que aún no ha concluido el plazo y que se trata de un asunto delicado. Fuentes de este departamento aseguran que acabado el mes «todas cumplirán».
Falta de transparencia
El director general del IMSERSO, César Antón, remitió una carta tras el informe del Tribunal a cada uno de los gobiernos regionales comunicando el número de expedientes afectados en su territorio y solicitando información para ‘limpiar’ las posibles irregularidades y aclarar el destino que habían recibido los fondos públicos destinados a atender esos casos, presupuesto que se atribuye al nivel mínimo de financiación de la Ley de Dependencia.
Esta falta de respuesta no es extraña en materia de dependencia y de hecho, la propia ministra de Sanidad, Ana Mato, se ha referido en diversas ocasiones a la «falta absoluta de equidad y transparencia» en la aplicación de la Ley por parte de las administraciones públicas desde que la propia norma entró en vigor.
El Ejecutivo «confía en la buena voluntad» de las Comunidades Autónomas, de modo que se vayan sumando al propósito de lograr el fraude cero en la distribución de estas partidas, en un momento de crisis económica, en el que especialmente relevante garantizar la sostenibilidad del sistema.
El ministerio también quiere evitar que las ayudas para la Dependencia, que siguen siendo la partida más grande de los presupuestos del departamento, se conviertan en una «especie de subsidio». Actualmente, el 48 % de ellas van dirigidas directamente a las familias con algún miembro dependiente mientras que hay 45.000 plazas públicas de residencias vacías.
La razón de esta situación podría tener su base, según estas fuentes, en que a las comunidades autónomas «les sale más barato» la ayuda familiar directa que el coste de una plaza residencial, si bien su uso generaría una «importante actividad económica». El Gobierno detecta que hay «cierta picaresca» en esta situación y que «algo se está haciendo mal» porque, en algunos casos, el coste de los centros públicos duplica o triplica el de las residencias privadas, con parámetros de asistencia y calidad equiparables.
Sanidad ha dado de plazo hasta junio a las autonomías para poner en orden sus datos y alcanzar un acuerdo sobre el qué y el cómo se debe informar sobre el uso que hacen de los fondos públicos que reciben del Ejecutivo para atender a personas de dependientes. Para materializarlo, está trabajando en un sistema informático «compatible» con los diversos métodos estadísticos que ha desarrollado cada gobierno regional a fin de poder facilitarles la labor.
Las siete claves de la Dependencia en Andalucía
El Consejo de Gobierno ha hecho públicas las últimas cifras de la aplicación de la Ley de Dependencia en Andalucía.
1. En Andalucía hay actualmente 251.080 prestaciones concedidas, el 27% del total nacional
2. En total hay 183.186 personas beneficiarias, lo que representa el 25% del total nacional.
3. El Servicio de Ayuda a Domicilio atiende a 48.002 andaluces , el 40% del conjunto de España (124.920).
4. 177.000 personas son beneficiarias del Servicio de Teleasistencia, de las que 63.695 están en situación de dependencia (más de la mitad de las 127.294 registradas en España).
5. La Administración autonómica ha destinado unos 5.400 millones de euros al desarrollo de la Ley de la Dependencia desde su entrada en vigor en 2006.
6. Los presupuestos de 2013 consignan una partida inicial de 1.108 millones para la Agencia de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Andalucía,
7. Los recortes estatales supondrán este año una merma presupuestaria de 125 millones de euros.
La Junta de Andalucía avisa de que las CC.AA. no pueden asumir las tareas de los ayuntamientos en dependencia
La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha advertido de que para las comunidades autónomas será «inasumible» la asunción de las actuales tareas que actualmente vienen desarrollando los ayuntamientos en materia de prestación de servicios sociales y atención a la dependencia, «si el borrador de Ley de Reforma de la Administración Local que prepara el Gobierno central –y que contemplaría este cambio de atribuciones–, no lleva consigo una aportación financiera adicional a las CC.AA.».
Durante su comparecencia en la Comisión de Salud del Parlamento andaluz a fin de informar sobre la situación del sector de la atención a las dependencias, a petición de IU, Montero ha señalado al respecto que el Gobierno andaluz, «siempre ha apostado por el modelo de la descentralización, situando a los servicios sociales municipales en el primer lugar en el desarrollo de la dependencia».
Frente a ello, ha reprochado que el borrador de Ley de Reforma Local «está cuestionado ahora el modelo de ayuda a domicilio y de residencia de mayores y centros de internamiento de titularidad municipal», a la par que «vulnera el Estatuto de Autonomía, con especial interés en la manera y forma en que se desarrolla estas prestaciones».
«Lo que más nos preocupa es que se privatice el ámbito del bienestar social, se arrebate a los municipios su capacidad de acción en este parcela y las CC.AA. no se les dote económicamente para poder desarrollar esta tarea que ahora hacen las corporaciones locales», ha enumerado Montero, quien ha insistido en que la asimilación de estas nuevas atribuciones por parte de las administración autonómicas sin dotación financiera adicional «sería inasumible».
Al hilo de ello, Montero ha detallado el peso que representa Andalucía en el conjunto del país en este tipo de prestaciones, «como lo muestra el que representamos casi el 25 por ciento de todas los personas beneficiarias en España o, lo que es lo mismo, que una de cada cuatro españoles con prestación reconocida son andaluces».
La titular del ramo ha agregado, asimismo, que Andalucía también es «la primera comunidad en número de prestaciones por persona, por encima incluso de las que suman conjuntamente las comunidades de Madrid, Galicia, Castilla la Mancha y Valencia». De hecho, ha detallado que, a 28 de febrero de 2013, «en Andalucía había 254.300 prestaciones y más de 185.400 personas beneficiarias», unas cifras «muy importantes», ya que, según ha defendido, «Andalucía sigue siendo la CC.AA. con mayor número de beneficiarios».
INVERSIÓN ANDALUZA Y DESINVERSIÓN NACIONAL
Ha proseguido que desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, en Andalucía se ha invertido 5.400 millones de euros en el desarrollo de esta ley. Respecto al cierre del ejercicio 2012, ha dicho que la inversión en dependencia fue de 1.335 millones de euros, de los que la Junta aportó el 75 por ciento y el Gobierno central sólo el 25 por ciento, «lo que dificulta de forma extraordinaria el que las CC.AA. pueda afrontar el desarrollo de la ley de una forma óptima».
De hecho, ha acusado al Ejecutivo de Mariano Rajoy de una retirada progresiva de la financiación en materia de Dependencia, lo que ha supuesto, sólo en el caso andaluz y en los últimos dos año, «214 millones de euros que ha dejado de ingresar nuestra comunidad».
«El esfuerzo de Andalucía es titánico para que no se note, que además ha sufrido un recorte de un 68 por ciento al plan concertado, lo que ha supuesto pasar de 17 a 5,3 millones de euros».
A ello, ha añadido las nuevas medidas del Gobierno de la Nación del copago de servicios, la reducción del 15 por ciento en las prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar, la eliminación del pago de las cuota de las cuidadoras a la Seguridad Social o el retraso hasta 2015 de la entrada de personas con dependencia moderada en el sistema.
ANDALUCÍA PRIMA LOS CUIDADOS DOMICILIARIOS
Montero ha defendido también que en Andalucía se prima la permanencia de la persona en su domicilio, con prestaciones dentro de su casa con la ayuda a domicilio, disponiendo de 48.500 beneficiarios andaluces en este escalón, un 40 por ciento del total nacional. «En Andalucía se financian al cien por cien estos servicios, destinando 1.164 millones a ayuda a domicilio».
Ha agregado que la comunidad andaluza es la primera región en número de empresas de economía social, «con 7.350 y muchas de ellas con los sectores creados al amparo de la propia Ley», y ha agregado que «crean empleo de calidad y un nuevo modelo productivo en el que también tenemos que basar nuestra economía».
En Andalucía, ha proseguido, hay 40.700 plazas concertadas en 1.294 centros, correspondiendo 14.500 plazas al sector de la discapacidad. Respecto al modelo de cheque servicio o cheque residencia para poder ser atendido, ha criticado que con ello el Gobierno central «pretende que el ciudadano se busque la vida».
Respecto al debate de modelo de atención a la dependencia que se está implantado en las distintas CC.AA., ha puntualizado que en Madrid «hay mas tradición de que las personas se queden en residencias, una ‘foto’ que no es igual a la de Andalucía, en la que la red familiar tiene mucho más peso».
Directores de Servicios Sociales piden al Gobierno que se preocupe de los dependientes que «morirán sin recibir ayudas»
El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez Navarro, ha acusado al Gobierno de utilizar el Informe del Tribunal de Cuentas sobre los cobros indebidos para dependencia por parte de las comunidades autónomas y pide que se preocupe por las 227.000 personas que están «en el limbo de la dependencia» y que «morirán sin recibir las ayudas a las que tienen derecho».
En declaraciones a Europa Press, Ramírez ha recordado que esta son cifras previas al año 2011 e insiste en que se trata de una «maniobra de distracción» por parte del Gobierno «para después poder excusar sus recortes en materia de dependencia». «Se está demonizando a los muertos y a sus familias» cuando «no ha supuesto ningún enriquecimiento injusto ni lucro», según ha apostillado.
En este sentido, el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha explicado que «lo que hay que hacer es agilizar el sistema y no entorpecer más». Así, ha añadido que «en el caso de que haya familias que cobren de manera indebida, la comunidad la administración se encarga de incoar un expediente de reintegro, igual que ocurre con las pensiones no contributivas».
«En virtud de esta maniobra preparan un nuevo Decreto donde de manera perversa utilizando la excusa de la transparencia quieren estrangular el sistema», ha sentenciado Ramírez, a la vez que compara esta situación con «la campaña de desprestigio de las cuidadoras no profesionales –en 2012– que sirvió después para recortar la prestación económica y expulsarlas de la seguridad social».
Prioridad a los pagos a mayores con dependencia severa
Un informe del Govern desaconsejaba su tramitación por su impacto presupuestario, ver noticia.
La Mesa del Parlamento catalán ha admitido este martes a trámite una iniciativa legislativa popular (ILP) para que la Generalitat priorice por ley los pagos a mayores con gran dependencia institucionalizados en sus presupuestos y no pueda repetir impagos de conciertos como los de julio, de 70 millones de euros, que aún no han sido sufragados.
La decisión de la Mesa –formada por CiU, ERC, PSC, PP e ICV-EUiA– se ha tomado pese a que el Govern emitió un informe desfavorable a la tramitación de la ILP escudándose en el impacto presupuestario que supondría su aplicación.
Esta iniciativa social fue presentada en el Parlamento por la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) el pasado 5 de marzo, y ahora la Mesa de la cámara debe admitirla o no a trámite en base a criterios jurídicos.
Los directores de residencias pretenden blindar por ley los pagos a los ancianos que cuentan con el mayor grado de dependencia –grado 3, niveles 1 y 2–, entendiendo que representan «uno de los eslabones más débiles de la sociedad, por lo que debería ser una prioridad proteger sus derechos básicos», según ha explicado a Europa Press el vicepresidente de Ascad, Iñaki Anton.
Una vez admitida a trámite la ILP y se publique en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña (BOPC), arrancará un proceso en el que los promotores de la inciaitiva trataran de reunir por lo menos 50.000 firmas para que el pleno de la Cámara debata si admite la propuesta o la rechaza.
El Gobierno extremeño destina 2,7 millones al mantenimiento de 274 plazas para mayores dependientes en centros
El Gobierno de Extremadura destinará 2.718.075 euros al mantenimiento de 274 plazas para personas mayores en situaciones de dependencia en centros residenciales y de día.
Para ello, el Consejo de Gobierno ha autorizado la celebración de convenios con 17 ayuntamientos de la comunidad autónoma para el mantenimiento de estas 274 plazas.
El presupuesto global que la Consejería de Salud y Política Social destinará a todos estos convenios se eleva a 2.718.075 euros, según informa el Gobierno regional en nota de prensa.
Los municipios con los que se firmarán estos convenios son Guadalupe, Villanueva de la Serena, Aldeacentenera, Aliseda, Arroyomolinos, Barcarrota, Cabeza del Buey, Calzadilla, Casas de Don Pedro, Deleitosa, Hervás, Quintana de la Serena, Torrecilla de los Ángeles, Valle de la Serena, Mata de Alcántara, Alcántara y Malpartida de Cáceres.
Mayores de Amma Tías y Amma Haría asisten un año más al Festival de Cine de Lanzarote
Residentes de los centros gerontológicos que gestiona el Grupo Amma en la isla canaria de Lanzarote (Amma Tías y Amma Haría) han asistido a la proyección de los cuatro cortometrajes incluidos en la sección «Mayores sin reparos» del XIII Festival de Cine de Lanzarote, que este año ha llevado por lema «El cine no entiende de edades, sino de sensibilidades». Esta sección incluye obras con temas especialmente interesantes para los mayores.
El consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Marciano Acuña, dio la bienvenida a los mayores en un acto en el que contó con la compañía de la consejera de Educación y Cultura del Cabildo, Emma Cabrera, y de la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Arrecife, Ascensión Toledo. Animaron el acto la actriz majorera Lorenza Machín y el responsable de animación del Hospital Insular de Lanzarote, Alberto Durán.
CINE PARA MAYORES
Desde el año 2000, el Festival de Cine de Lanzarote incluye en su programación anual una sección centrada en la tercera edad. En esta decimotercera edición se ha programado para ellos una selección de cortometrajes dirigida para un público que, por su edad, experiencia y momento vital, tiene otras prioridades y desvelos.
Las proyecciones de este año han sido ‘El capitán’, un cortometraje que describe la relación de los cuidadores con las personas que viven en una residencia; ‘Oslo’, que trata el tema del Alzheimer; la original ‘Juliana’ (Jana Herreros, 2013) sobre las alternativas posibles de convivencia; y ‘Vedme’, una dura crítica en forma de voz en off.
Menús a domicilio para mayores por cuatro euros
Para muchos mayores prepararse un menú cada día supone un gran esfuerzo no exento de dificultades: desplazarse para realizar la compra, saber qué productos adquirir en los grandes supermercados, el simple hecho de preparar los alimentos, cocinar… Y los que pueden hacerlo muchas veces simplemente no desean dedicar tiempo a estos quehaceres domésticos y prefieren dedicarse a otras actividades. Para unos y otros existe un servicio de comida a domicilio por unos precios muy ventajosos, gracias a un convenio que ha firmado la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA y la empresa Unión Castellana de Alimentación Ucalsa.
Los mayores, sin límite de edad, podrán disfrutar de menús preparados que les llevarán a su domicilio. El menú tiene un coste de cuatro euros (4 euros) IVA incluido y, si en el mismo domicilio hay dos personas interesadas en este servicio, el precio de ambos menús será deseis euros (6 euros) IVA incluido. Esta empresa de catering cuenta además con diferentes dietas especiales, adaptadas a las patologías más frecuentes que se producen dentro de este colectivo: menús para diabéticos, hipertensos, sintron, triturada…
Por ahora, este servicio está en funcionamiento en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha (Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara), Castilla y León (Ávila y Segovia), Andalucía (Córdoba, Sevilla y Cádiz), Comunidad Valenciana (Valencia y Alicante) y la Región de Murcia.
No cabe duda de que con este servicio muchos mayores lograrán mayor calidad de vida y disfrutarán de una dieta equilibrada.Hay más beneficios: mantendrán unos hábitos alimentarios adecuados a sus necesidades, evitarán el riesgo de accidentes en personas vulnerables; potenciarán su autonomía personal y apoyará la organización familiar.
Ayuntamiento de Madrid asume la ayuda a domicilio de los dependientes
El Ayuntamiento de Madrid asume la totalidad de la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de los dependientes de la ciudad de la mano del primer acuerdo en materia de duplicidades alcanzado con la Comunidad de Madrid, que entrará en vigor el 1 de mayo.
Para ello, la Junta de Gobierno, presidida por la alcaldesa, Ana Botella, ha aprobado este jueves una modificación del contrato de gestión de este servicio, en la modalidad de Auxiliar Domiciliario. En total el número de personas dependientes derivadas por la Comunidad de Madrid se eleva a 4.348, de las cuales 3.778 son mayores, y 570 tienen alguna discapacidad.
La modificación implica un suplemento de crédito de 36 millones de euros para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2013 y el 31 de diciembre de 2013. La atención a las personas dependientes se está realizando desde el día 1 de enero, sin interrupción, con cargo a los 18 millones ya previstos para el plazo enero-abril de 2013.
El portavoz del Gobierno municipal, Enrique Núñez, ha subrayado en rueda de prensa que es la primera vez, desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, que el Ayuntamiento asume la totalidad de la gestión del SAD en el municipio de Madrid.
El hecho de que una única Administración se ocupe de la gestión redundará en la «eficiencia de la prestación y garantizará la homogeneidad en los servicios públicos ofrecidos a los madrileños, tanto en cuanto al acceso y el contenido del mismo, como en cuanto a sus estándares de calidad», en palabras de Núñez.
El Ayuntamiento de la capital y la Comunidad suscribieron el 31 de diciembre de 2012 el convenio de colaboración para la atención a las personas en situación de dependencia y el desarrollo de otros programas de atención social para este 2013, en el que se establece que el Gobierno regional aportaba la cantidad de 54,5 millones de euros para la financiación del SAD para las personas declaradas dependientes. Con esta aportación, se dispone de 122.625.000 euros para todo el periodo de vigencia del contrato.
PERFIL DEL USUARIO
El Servicio de Ayuda a Domicilio se dirigirá a personas que han cumplido 65 años, menores de esta edad con discapacidad, menores de 18 años pertenecientes a familias con necesidades especiales y dificultades para su atención. Como novedad, a partir de la modificación que ha aprobado la Junta de Gobierno, también atenderá a personas con grado de dependencia reconocido y en cuyo programa individualizado de atención (PIA) figura el SAD como servicio a recibir.
Con el incremento de presupuesto, el área de Familia y Servicios Sociales, capitaneado por Dolores Navarro, estima que se podrán prestar un máximo de 3.179.423 horas en cada uno de los años 2013 y 2014, y 794.856 horas durante los meses de enero a marzo del año 2015.
El Ayuntamiento de Madrid realiza evaluaciones periódicas de sus servicios y ha registrado que la nota de satisfacción por parte de los usuarios del servicio es de 8,7 puntos sobre 10 en la última evaluación de 2012. Algunos de los aspectos mejor valorados por los usuarios son trato y actitud por parte de los profesionales que lo atienden, la ejecución y los tipos de prestación y la puntualidad en el servicio.
Pamplona firma un acuerdo de inserción laboral con empresas sociosanitarias
El Ayuntamiento de Pamplona ha firmado un convenio con siete centros residenciales que atienden a personas mayores y/o dependientes de la ciudad (entre ellos los gestionados por el Grupo Amma) para que el alumnado del taller de empleo continúe con su formación práctica. Desde mitades de febrero, las quince personas participantes en el curso ‘Atención sociosanitaria a personas en situación de dependencia en domicilios e instituciones II’ han estado haciendo prácticas durante 140 horas en el Servicio de Atención a Domicilio (SAD), un programa del consistorio pamplonés que atiende en el propio hogar a personas que requieren de apoyo para la realización de tareas domésticas, la atención personal e higiene y el acompañamiento en la integración social.
El taller está dirigido a personas desempleadas mayores de 25 años y los participantes cuentan con la cobertura de un contrato de formación y una retribución del 1,5 del Salario Mínimo Interprofesional. Su principal novedad es que es el primero impartido en Navarra en el que se van a expedir certificados de profesionalidad, en concreto, la totalidad del correspondiente a Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones y un módulo del de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Domicilios.
En la firma de los convenios de colaboración han estado presentes la concejala delegada de Bienestar Social e Igualdad, Ana Lezcano, y la directora del área, María Jesús Vicente, por parte de la Administración, junto con representantes de Amma, Quavitae Servicios Asistenciales, Fundación Aspace, Residencia Landazábal, Residencia Beloso Alto y Residencia La Vaguada.
El gobierno catalán impulsa una ley de protección social
El Gobierno catalán ha empezado a tramitar una ley de protección social para «blindar» el estado de bienestar en Cataluña, después de que en los últimos cinco años se hayan disparado la pobreza y la exclusión, que ya afecta al 30% de los catalanes.
Lo ha anunciado este martes en rueda de prensa la consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, que ha recordado que esta iniciativa es «inédita en democracia», y que la Generalitat entiende el modelo catalán de cohesión social como una estructura de Estado más que se debe proteger.
La ley, que Munté ha considerado «ambiciosa», se gestó el 16 de marzo, cuando el gobierno catalán celebró una reunión extraordinaria tras truncarse la cumbre anticrisis convocada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas.
Por ahora, la ley no cuenta con un calendario establecido ni con una dotación presupuestaria, teniendo en cuenta que el Gobierno catalán está «pendiente de que el Estado defina un objetivo de déficit», ha recordado Munté, que ha añadido que las dificultades económicas no deben impedir que se blinde el actual modelo de estado de bienestar en Catalunya.
Ha desvinculado de esta nueva ley la reestructuración del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass), que dejará de funcionar como ente autónomo y se integrará a la consejería, porque ahora «lo que se persigue es reorganizar el modelo de prestaciones para hacer lo máximo posible con los recursos actuales», aunque no ha concretado de qué modo se llevará a cabo este proceso.
Sí que ha afirmado que no se eliminarán ninguna de las prestaciones sociales actuales «porque no sobra ni una», aunque ha admitido que es insostenible mantenerlas estructuradas como hasta ahora, después de que la inversión del Estado en este sector ha caído un 92% en los últimos tres años.
MÁS COPAGO
Munté ha apostado por que la nueva ley «garantice la universalidad de los servicios públicos» en Cataluña, aunque ha avanzado que se revisarán los actuales niveles de copago en función de la renta de los usuarios.
«Se trata de potenciar los principios de solidaridad e igualdad», ha dicho Munté, que ha explicado que la nueva ley de protección tendrá incidencia en leyes sectoriales de este ámbito, como la que articula la renta mínima de inserción (RMI) y la de servicios sociales.
La futura ley también irá dirigida a la protección de los ancianos, especialmente después de que hayan incrementado un 6% las denuncias por maltratos a este colectivo, según ha explicado Munté, que ha afirmado que «es un dato muy duro, pero existe».
PACTO CONTRA LA POBREZA
Paralelamente, el Gobierno catalán prevé aprobar durante esta legislatura el ‘Pacto por la lucha contra la pobreza en Cataluña’, un documento que se está consensuando desde hace meses con las entidades del sector para combatir la exclusión a medio y largo plazo, especialmente entre los más pequeños.
El Ejecutivo catalán también está ultimando el ‘Pacto por la infancia’, que desplegará un conjunto de medidas de protección y promoción de los menores, colectivo especialmente castigado por la crisis, teniendo en cuenta que 350.000 pequeños viven en familias que no pueden garantizar su sustento.
La Comunidad de Madrid exige el 25% de su pensión a ancianos que cobran 360 euros al mes para que puedan conservar su plaza en pisos tutelados
En el acogedor apartamento de Ildefonso Gallardo, una docena de pensionistas se reúne una tarde. “Me llamo Ada Romo, pero sin hache, porque si fuera un hada cogería mi varita y me pondría a arreglar todo lo que está mal”, se presenta una de las asistentes. Ada, Gisela, Reina, Héctor, Magdalena, Isabel e Ildefonso son algunos de los 135 ancianos que viven en los pisos tutelados que la Comunidad de Madrid tiene en Leganés, destinados al alojamiento y supervisión de las personas mayores que carecen de una casa adecuada donde vivir.
Ninguno de los presentes es menor de 65 años y todos viven entre el temor y la indignación desde que supieron que a partir de abril tendrán que pagar el 25% de su renta para continuar viviendo en este centro. Ellos y el resto de los 595 usuarios de los seis edificios que mantiene el Gobierno regional pagaban, hasta ahora, solo lo que gastasen de luz, agua y gas: unos 100 euros al mes.
La mayoría cobra pensiones de entre 300 y 400 euros, pero tras aplicarles una nueva tasa aprobada por la Comunidad de Madrid en noviembre de 2012, les quedará unos 200 para pagar sus gastos de comida, higiene, limpieza, ropa, transporte o medicamentos. “Ya no podré ni darme el gusto de comprar un jersey porque no me va a quedar nada”, lamenta Ada, que tendrá que pagar 80 euros de una pensión de 370 con la que se mantienen ella y a su marido.
La Consejería de Asuntos Sociales asegura que los gastos del suministro (luz, agua, calefacción…) irán a partir de abril incluidos en la nueva tasa, pero estos ancianos afirman no haber sido informados de ello. “Al contrario, yo le he preguntado a la directora del centro y me ha dicho que le extraña mucho”, precisa Ildefonso. Tiene 77 años y vive en un apartamento individual. Antes de jubilarse fue guía turístico, habla cinco idiomas y ha trabajado en España, Suiza y Alemania. “En Canarias ganaba bien, pero en 1979 mi madre se puso enferma y me tuve que volver a Madrid”, recuerda.
Desde entonces, solo pudo ganarse la vida haciendo trabajillos de traducción que cobraba en negro. Ahora dispone de una pensión no contributiva de 364 euros. Al restar los gastos y desde el 1 de abril, 106,94 euros más por el piso, de 40 metros cuadrados, le quedarán algo más de 150 euros para comer.
La horquilla de la tasa se sitúa entre un 15 y un 25% en función de los ingresos de cada usuario y de si ocupan un piso con otra persona o en solitario. A Ildefonso le toca el porcentaje máximo porque vive solo y cobra más de 320,19 euros. Este pensionista denuncia la falta de transparencia de la Comunidad porque, calculadora en mano, demuestra cómo le cuentan las 14 pagas anuales para luego dividir el total entre 12 meses, con lo que al final abonará un 29% de su sueldo. “Me salen 91,24 euros pero me han dicho que tengo que pagar 106”. El resto de sus compañeros también abonarán el 25%.
“Lo único que hacemos es equiparar este servicio con el que da el Ayuntamiento, que cobra un precio público desde que lo puso en marcha”, indica una portavoz de la consejería. También recuerda que estas personas no son dependientes y que pueden buscar “otras opciones para vivir” si no están conformes.
Las más combativas son Reina Fernández y Gisela Nodarce, dos cubanas que no pueden ser más distintas y más iguales. La primera, de 73 años, es rubia y de piel rosada —“es que soy hija de asturianos”, dice— y la segunda es mulata y tiene 76. Cobran los poco más de 300 euros de la Renta Mínima de Inserción, y con su inconfundible acento insisten en que no podrán afrontar otro gasto. “Tengo hepatitis C y la glucosa alta, solo puedo tomar una alimentación especial en la que me gasto unos 200 euros al mes, por no hablar de los medicamentos”, relata Gisela. “No nos negamos a pagar una tasa, pero el 25% es demasiado”, completa Reina. “Si fuera un 10% podríamos asumirlo, o si nos incluyeran los suministros”. Ahora esperan que la Comunidad les diga cuándo tienen que dejar su piso.
Los mayores también denuncian con unanimidad presiones de la dirección para firmar los impresos y un procedimiento que consideran una intromisión en su intimidad. Aseveran no haber recibido ninguna información oficial de la consejería. “Podrían enviar una carta como hacen cada año para saber si seguimos vivos”, reprocha Ada. En vez de eso, se enteraron por la directora de los pisos, que no forma parte del personal de la Comunidad de Madrid sino de Eulen, la subcontrata que gestiona el centro. “Nos ha llamado uno a uno a su despacho y nos ha pedido las cartillas para ver nuestro número de cuenta”, advierte Ildefonso. Sus 11 compañeros le dan la razón y se preguntan por qué deben mostrar sus datos bancarios a la empleada de una empresa privada cuando ya aportaron información sobre su renta a la Comunidad al solicitar su plaza.
Según explican estos mayores, una vez en el despacho, la directora les entrega un impreso que informa de los baremos y que avisa de que “la negativa dará lugar a la perdida de condición de usuario”. “La directora nos dice cuánto tendremos que pagar una vez que firmamos, y eso es todo, yo tengo copia del documento porque lo pedí”, dice Ildefonso, al tiempo que señala su fotocopia con el importe que le toca abonar apuntado a bolígrafo en una esquina del folio. Preguntada por este procedimiento, la consejería detalla que Eulen hace la gestión y que ellos supervisarán los datos que reciban, y recomiendan a los mayores pedir copia de todo y resolver sus dudas en la Dirección General del Mayor.
Al día siguiente de la reunión, Ildefonso está apesadumbrado. La directora le ha llamado a capítulo por haber realizado el encuentro en su piso con tanta gente y con una periodista, pese a que el reglamento permite las visitas de amigos y familiares de 10 de la mañana a 10 de la noche. “Dice que he cometido una falta grave y que espera que la Comunidad no tome represalias”. La directora se niega a hablar con EL PAÍS. “Los residentes de los pisos y yo no podemos hablar con la prensa sin permiso de la Comunidad”, espeta antes de colgar. Asuntos Sociales aclara que solamente la directora del centro es quien no está autorizada a hablar.
Ese día, Ildefonso acude al Defensor del Pueblo a pedir ayuda. “Sabemos que no vamos a sacar nada, pero vamos a luchar por nuestros derechos y supervivencia. Quieren ponernos un bozal, pero no lo van a conseguir”.
