Dependencia

El Gobierno inyecta 117 millones de euros más a la Dependencia

El Gobierno se afana por dotar suficientemente la Ley de Dependencia a pesar de las restricciones que impone la crisis económica. Con este objetivo y a la vista del aumento de los beneficiarios con prestación reconocida, el Consejo de Ministros aprobará hoy elevar en 117 millones de euros el nivel mínimo de financiación de la Ley de Dependencia estipulado para este año, según un documento al que ha tenido acceso ABC.

La cifra supone un incremento del 15% sobre el presupuesto inicial que estaba cifrado en 1.287 millones de euros. Así el crédito definitivo para el presente ejercicio ascenderá a 1.405 millones de euros, 119 más que el de 2011. Con esta cifra, que se repartirá a las comunidades autónomas, el Gobierno garantiza en todo el territorio nacional el nivel mínimo de protección a todas las personas que tienen reconocido algún grado de dependencia. El aumento de la dotación económica se debe a que desde enero de este año ha aumentado en 21.252 el número de beneficiarios con prestación reconocida. A octubre de este año, había un total de 1.005.000 personas dependientes con derecho a algún tipo de prestación.

Aumento de la protección

La medida garantiza, en medio de una situación de grave recesión, un nivel mínimo de protección, sobre todo después de que el Consejo Interterritorial, en el que están representadas todas las comunidades autónomas, acordara una reforma del sistema, que ha propiciado un descenso en el gasto de 835 millones de euros.

Dicho ahorro afectó sobre todo a las prestaciones económicas de los cuidadores familiares que, pese a ser considerado por el catálogo de servicios como de carácter excepcional, llegó a absorver el 46% del prespuesto de la Ley de Dependencia. Entonces se decidió reducir un 15% esas ayudas para poder mantener el resto de servicios. El efecto conjunto de ambas medidas es el aumento del nivel mínimo de protección, según el Ministerio.

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La Diputación de Álava mantendrá las ayudas a los dependientes moderados de grado 1

  El diputado general de Álava, Javier de Andrés (PP), ha anunciado que la institución foral mantendrá las ayudas para las personas dependientes moderadas de grado 1 a partir de 40 puntos de valoración, equivalente a un nivel de dependencia moderado.

De Andrés ha anunciado esta decisión durante el pleno de las Juntas Generales alavesas que se ha celebrado este lunes, según ha informado la Diputación en un comunicado.

En la Cámara foral, el diputado general ha asegurado que la Diputación mantendrá «niveles de protección adicional» en todas las prestaciones de la Ley de Dependencia para los alaveses que lleven tres años empadronados en el territorio.

En este sentido, ha informado de que, con las medidas aprobadas por el Consejo de Diputados, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar supondrá que los dependientes alaveses de grado 3 (gran dependencia) que cuenten con el requisito del padrón cobrarán 468,83 euros.

Por su parte, los de grado 2 (dependencia severa) recibirán 319,07 euros, y los dependientes de grado 1 a partir de 40 puntos de valoración de la dependencia (antiguo grado 1,2 correspondiente a la dependencia moderada) cobrarán 180 euros.

Según las cifras aportadas por la Diputación, estas cantidades contrastan con las del resto del Estado, donde los dependientes de grado 3 cobrarán 387,64 euros, los de grado 2 recibirán 268,79 euros y los de grado 3 percibirán 153 euros.

RESIDENCIAS Y ASISTENCIA PERSONAL

A su vez, la Diputación ha decidido mantener «niveles de protección adicional» en la prestación económica vinculada al servicio para los alaveses que cuenten con tres años de padrón, destinado al pago de residencias.

En este caso, según los datos de la institución foral alavesa, las personas dependientes de grado 3 recibirán 1.000 euros frente a los 715 que se abonan como regla general en el resto de España, y las de grado 2 percibirán 805 euros, mientras que en el resto del Estado reciben 426,12 euros. Por su parte, los de grado 1, también a partir de 40 puntos de valoración, cobrarán 508 euros, frente a los más de 200 que se les concede en los demás territorios.

Asimismo, De Andrés ha destacado como novedad la introducción de «niveles de protección adicional» en la prestación económica de asistencia personal, siempre que se cumplan los tres años de empadronamiento en Álava.

También ha decidido ampliar este tipo de prestación a los dependientes de los grados 2 y 1, pues los de grado 3 eran los únicos que lo percibían hasta la fecha. Con esta nueva medida, las personas dependientes de grado 3 cobrarán 775 euros, las de grado 2 recibirán 475 euros y las de grado 3, 325 euros.

GRADO 1

Por otra parte, dentro del nivel de protección adicional, y a pesar de que en el grado 1 se ha pospuesto su incorporación al sistema hasta el 2015, la Diputación mantendrá la atención al grado 1 a partir de los 40 puntos de valoración de dependencia. En el caso de los menores de tres años, la mantendrá en todo el grado.

Asimismo, el acuerdo del Consejo de Diputados adapta su normativa para acomodarla a la supresión de los niveles de cada grado. No obstante, los valorados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto del 13 de julio «de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad» conservarán su valoración y las cuantías de sus prestaciones por grado y niveles mientras no se revise su valoración de dependencia.

En su discurso, De Andrés ha señalado que, con estas decisiones, Álava «seguirá siendo un referente en la aplicación de esta ley a nivel estatal y autonómico».

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El proyecto de vida en las personas con Alzheimer, por Teresa Martínez

Este es el nudo que propongo para este mes de noviembre.  Las personas con demencia ¿tienen proyecto de vida?, ¿dejan de tenerlo cuando la enfermedad avanza? Son preguntas importantes. Porque su respuesta tiene repercusión en la forma de entender la atención y el cuidado.

El proyecto de vida es la forma que las personas tenemos de plantearnos nuestra existencia. Son nuestras metas y deseos en relación a distintos ámbitos de desarrollo personal y social: el trabajo, la  familia, la amistad, los afectos, la cultura, el arte, nuestras aficiones o el modo de vivir nuestro día a día.

La enfermedad Alzheimer provoca el deterioro progresivo de las facultades mentales. La persona se ve inmersa en un proceso, hoy por hoy irremediable, de pérdida de su capacidad para controlar su propia vida.

Este enunciado, sin mayores matizaciones, puede inducir a pensar  que las personas con demencia carecen de proyecto vital porque su capacidad de decidir está limitada. Conduce a intervenir renunciando a la autonomía. La principal característica del ser humano.

Las personas con demencia tienen pasado, presente y futuro. Siguen teniendo sus propios proyectos de vida. Pero necesitan apoyos y ayuda de los demás para llevarlos a cabo.

Hay dos cuestiones importantes relacionadas con la autonomía de las  personas con demencia. La primera es que la autonomía entendida como capacidad no es algo fijo y absoluto. Depende de cada situación, de su complejidad y del riesgo que cada decisión implica para la persona y para los otros. Según el  grado de deterioro la persona puede seguir decidiendo diferentes asuntos de su vida cotidiana. Un ejemplo: una persona con una demencia moderada no será capaz de tomar decisiones complejas (dónde vivir, cómo gestionar su patrimonio) pero seguramente podrá tomar muchas decisiones sencillas de su día a día (qué ropa ponerse, dónde salir de paseo, qué leer, si simplificamos estas elecciones).

La segunda es que la autonomía también se entiende como derecho. Una persona con un deterioro cognitivo muy severo (sin capacidad para apreciar y decidir sobre las situaciones más simples de la vida cotidiana) sigue teniendo derecho a que se respete su modo de vida, sus preferencias y sus valores. Los demás somos los responsables del respeto y continuidad de su proyecto vital.

Para apoyar la autonomía de las personas con demencia, los modelos de atención centrados en la persona nos proponen estrategias  muy valiosas. La primera: basar la atención en las biografías personales. Conociendo sus metas, su modo de vida, sus valores. La segunda: la observación de sus preferencias en el día a día. Porque incluso las personas con grave afectación expresan malestar y bienestar. Las llamadas “alteraciones de conducta” suelen ser formas de comunicar el malestar que ciertas situaciones provocan. La observación de estas respuestas y su interpretación es fundamental. La tercera: el ejercicio indirecto de la autodeterminación. Es decir, que cuando la persona no sea capaz, quienes la cuidan la representen en la toma de decisiones cotidianas, partiendo de su modo de  vida y sus valores.

Estas son algunas de las propuestas de la atención centrada en la persona con demencia, término acuñado hace varias décadas por Kitwood (se recomiendan los trabajos de los grupos de Bradford, Stirling o de  la Fundación Médéric Alzheimer). Un modelo de atención para humanizar la relación profesional y mejorar la calidad de vida.

La atención a las personas con demencia va más allá de la atención médica, de la estimulación cognitiva o del diseño de ambientes seguros. Nos invoca a avanzar en estrategias que permitan respetar la identidad y la autonomía (como capacidad y como derecho)  de las personas.

Un tema no exento de dudas y dificultes. Por eso animo a los participantes en esta página Web del centro de día de Lada a hacernos algunas preguntas. Entre todos, personas usuarias, familias y profesionales podemos intercambiar algunas  ideas y experiencias.

  • ¿Los proyectos de vida de las personas están suficientemente presentes en los planes de atención en el centro? ¿Y en la atención y la vida  en casa?
  • ¿Cómo saber en qué situaciones la persona todavía puede decidir?
  • ¿Cómo observar e interpretar sus preferencias? ¿Lo que le causa malestar? ¿Lo que le hace sentir bien?
  • ¿Cómo compaginar el proyecto de vida de la persona y el de su familiar que permanece  a su cuidado?
  • ¿Cuáles son las decisiones más difíciles que hemos de tomar cuando representamos a la persona? ¿Cómo hacerlo bien?

¡Entre todos podemos deshacer este nudo!

Un saludo, un abrazo  y ¡mucho ánimo con este proyecto!

Fuente: Centro de Día de Lada de Alzheimer y otras demencias

Teresa Martínez Rodríguez (Psicóloga experta en gerontología social)

El programa de vacaciones de Turismo Tropical acoge 500 mayores granadinos

Prevenir la dependencia y promover la autonomía personal son los objetivos de este proyecto que el área de Familia y Bienestar Social pone a disposición de personas mayores y dependientes

La diputada delegada de Familia y Bienestar Social, Marta Nievas, ha compartido un día con los mayores en la Residencia de Turismo Tropical de la Diputación en Almuñécar, donde ha podido comprobar el estado de las instalaciones y los servicios que se les ha ofrecido durante su estancia vacacional de cuatro días. Interesada especialmente en que las atenciones y servicios que se les prestan sean de primera calidad, Marta Nievas ha departido con cada uno de ellos a fin de que pudieran exponerle las necesidades o el servicio que se les ha prestado, al igual que les ha agradecido sus opiniones y quejas ya que con ello Institución Provincial pretende mejorar día a día la calidad de los servicios que se prestan en esta residencia vacacional.
Durante cuatro días y tres noches, estos mayores disfrutan de un completo programa de actividades lúdicas y saludables tanto dentro como fuera de la residencia, siempre supervisados por un amplio equipo técnico al servicio de sus necesidades. “Vosotros nos cuidasteis, ahora nos toca cuidaros a vosotros”, ha indicado la diputada de Familia y Bienestar Social a lo largo de la visita que ha realizado a la residencia de Almuñécar.
Marta Nievas ha subrayado tras esta visita que aspectos como los servicios prestados, la atención personal y las actividades programadas dentro y fuera de la residencia son muy satisfactorios. Es más, la “única queja” que le han planteado los usuarios ha sido el poco tiempo del que han podido disfrutar de estas “merecidas” vacaciones. Igualmente, la diputada ha explicado que la mayoría de los 168 municipios de la provincia se acogen a este tipo de convenios municipales con la Diputación en aras de que los mayores puedan disfrutar de estos días de descanso en la Costa Tropical.
Este programa, además, contribuye al empleo directo en el complejo vacacional de Turismo Tropical dado que está abierto para los usuarios de estos programas de forma exclusiva a lo largo de ocho meses al año, coincidiendo así con las temporadas media y baja de tal modo que genera un impacto económico positivo en el municipio de Almuñécar. Son más de 400.000 euros anuales los que repercuten en la economía del municipio, de una forma directa e indirecta, gracias a este programa de la Diputación de Granada.
Mayores de 65 años, discapacitados y personas con perfiles económicos bajos son los principales beneficiarios de este tipo de actividades, ha destacado Nievas que ha incidido en la necesidad de seguir potenciando este tipo de programas hacia los más desfavorecidos en estos tiempos de austeridad.
“Nuestros mayores no son los culpables de las nefastas políticas llevadas a cabo por los que se ahora se erigen como defensores de los derechos sociales”, ha reseñado la diputada de Familia y Bienestar Social que ha manifestado que el compromiso de la Diputación de Granada hacia los mayores y los más desfavorecidos es una apuesta clave del equipo de Gobierno provincial que preside Sebastián Pérez.

Expertos resaltan el papel asistencial que cobrará la Psicogeriatría con el progresivo envejecimiento de la población

  Especialistasen geriatría reunidos desde este miércoles en Sevilla, en el marco de la ‘XII Reunión Anual Mundial del Colegio Internacional de Psiconeurofarmacología Geriátrica (ICGP)’, han resaltado el creciente papel que cobrará la Psicogeriatría, rama de la medicina que aborda los problemas mentales de las personas mayores, en los próximos años ante el progresivo envejecimiento de la población española.

En este sentido, el presidente de la Sociedad Española de Psicogeriatría (SEPG), Raimundo Materos, que se ha apoyado en las proyecciones del INE que apuntan que para 2049 habrá en España 15 millones de mayores de 65 años, el 32 por ciento de la población actual, (a día de hoy son 7,8 millones las personas mayores de 65), ha explicado que este incremento del envejecimiento «genera a su vez nuevas necesidades y demandas individuales, sociales y sanitarias por parte del colectivo senior».

De hecho, ha sostenido que los trastornos mentales de las personas mayores afectan en la actualidad a un 35 por ciento de las personas mayores del país. De ellas, ha dicho, el 25 por ciento sufre depresión.

Según este especialista, este envejecimiento «jamás visto en la historia de la humanidad» viene generado por el descenso de la mortalidad, una menor fecundidad, los avances sanitarios y tecnológicos, la tendencia al retorno de los inmigrantes, el aumento progresivo de la población y los avances técnicos y sanitarios «que están dando lugar a la esperanza de vida más alta de toda la historia, 83 años, una de las más altas de toda Europa«.

AUMENTO DE OCTOGENARIOS

Hacia 2045, ha agregado, se empezará a perder población con un declive demográfico en el que ni los nacimientos ni la inmigración compensarán las defunciones y el incremento de los octogenarios se producirá a un ritmo mayor que el del resto de población. Si en la actualidad son 2,3 millones, después de haberse multiplicado por 19 desde principios de siglo XX, en 2050 llegarán a los 5,6 millones los octogenarios, ha avanzado.

Mateos se ha referido así a la necesidad de «aportar soluciones al grave problema social y sanitario que se avecina si no comenzamos a prevenir y tratar el envejecimiento».

La realidad social, asegura, «es que a mayor población, más número de personas mayores, afortunadamente, pero este fenómeno demanda nuevas atenciones y necesidades no sólo para el colectivo senior, sino para su Sociedad Española de Psicogeriatría entorno y toda la sociedad».

Por ello, apuesta por que medicina y sociedad «se adapten a esas necesidades. Si no lo hace, se puede generar un gran impacto social, sanitario y económico».

Una de las herramientas para abordar este fenómeno es la Psicogeriatría, «ya que si el país envejece, los problemas mentales de las personas mayores también, y pese a que el sector de las personas mayores es el que menos servicios tiene a su disposición y el acceso a ellos más dificultoso». Por otra parte, ha lamentado que cuando esta población diana consigue este servicios, «no siempre encuentran un servicio especial de Psiquiatría Geriátrica».

POLÍTICAS DE DEPENDENCIA

«Todo ello agravado por los recortes sociales y sanitarios, esto es, un verdadero peligro que supone eliminar lo poco que existe en prevención y en políticas de apoyo para que la gente mayor siga siendo activa», ha proseguido este experto, quien ha apostado por «no estropear la situación más de lo que está, ya que no podemos generar más enfermos, sino curar a los que existen y procurar que no haya más».

Por ello, ha pedido «más formación, no sólo en esta especialidad, sino en las restantes ramas médicas que atienden a las personas mayores y servicios asistenciales de psicogeriatría, con más unidades de este tipo en todos los servicios de salud del país, adaptando la atención sanitaria al área de salud mental en personas mayores por su creciente y progresiva demanda».

Finalmente, ha pedido el reconociendo oficial de la Psicogeriatría «como subespecialidad de la psiquiatría», a la par que «se tiendan puentes en atención primaria y el resto de especialidades médicas y sanitarias».

«La atención primaria tiene que priorizar la atención a los mayores, que son los que más problemas de salud tienen, y detectárselas a tiempo», ha reclamado Materos, quien ha pedido a las administraciones «más formación a estos doctores, por ejemplo con masters en psicogeriatría; aumentando el tiempo de consulta; priorizando los casos de personas mayores, que son los que más problemas de salud tienen, y estando en contacto continuo con los psicogeriatras».

«Sin cambio en la atención primaria no habrá cambios en la atención a los mayores ni en el resto de la población», ha concluido.

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La Fundación Hurkoa cada vez más personas mayores solas e incapaces de cuidarse ellas mismas

El progresivo envejecimiento de la población guipuzcoana está trayendo consigo un número creciente de personas con problemas de autogobierno, incapaces de gestionarse en el día a día, sin una red familiar que les sirva de apoyo. El resultado de todo ello es que «cada vez hay más personas solas con dificultades para cuidarse, o administrar su patrimonio», alerta Andikona Uriarte, directora del área tutelar de la Fundación Hurkoa.

Dos macabros sucesos, con ancianos como tristes protagonistas, han saltado a la luz pública en los últimos días. Dos tristes finales que ponen el foco de atención en las condiciones en las que se desenvuelven las vidas de tantas personas ancianas, extremadamente vulnerables y pasto de la soledad.

El cadáver de Rogelia Chivite, de 93 años, era localizado la semana pasada en su domicilio de Donostia con varios cortes en el cuello producidos por arma blanca, además de una puñalada en el abdomen y diversos golpes en el rostro. Al parecer, la puerta de su domicilio no estaba forzada. La Ertzaintza trata de esclarecer las causas de esta acción criminal, cuyo móvil fue el robo y cuya autoría todavía se desconoce.

Una semana después, volvía a registrarse un episodio similar, esta vez en Getxo. El cadáver de un hombre de 83 años aparecía en su domicilio con un cuchillo clavado en el cuello. Fue su hija quien halló el cuerpo cuando acudió a su casa para darle el desayuno. Dos sucesos macabros en el intervalo de una semana: ¿Mera casualidad?

robos en la calle Fuentes policiales consultadas reconocen que este tipo de crímenes perpetrados en domicilios de personas mayores no son «ni mucho menos habituales» , por lo que «no hay motivo para atemorizarse». Los robos a personas mayores, según las mismas fuentes, suelen «cometerse en la calle», cuando los ancianos acaban de cobrar la pensión y los ladrones se valen de engaños, o directamente la fuerza, para hacerse con el dinero.

No obstante, los agentes sí reconocen que, sin llegar a esos extremos, es muy común que se vean obligados a actuar con este colectivo, por ejemplo, cuando reciben llamadas tras el hallazgo de ancianos que han fallecido de muerte natural en sus domicilios.

En otras ocasiones, es habitual que acudan a socorrer a muchas personas que se han caído en sus casas. «A nosotros nos llega la alarma de los vecinos, que oyen los gritos de auxilio. A partir de ahí nos avisan y comienza la actuación», detallan.

Las caídas en los domicilios de personas que viven solas es una realidad diaria. Ocurrió hace algún tiempo en el barrio donostiarra de Altza. Según indican fuentes consultadas, fue un vecino que salía de su casa a primera de la mañana quien escuchó el grito desgarrador.

La mujer que pedía auxilio, al parecer, se había caído a las 22.00 horas del día anterior, y nueve horas más tarde seguía inmóvil, exánime, tendida en el suelo del baño. Los agentes que le atendieron en un primer instante avisaron a una ambulancia, que trasladó a la víctima al Hospital, afortunadamente, sin presentar heridas de gravedad.

salvaguarda de derechos Evitar este tipo de situaciones es el cometido de Hurkoa, la fundación referente en Gipuzkoa para la salvaguarda de los derechos de las personas mayores y aquellas que padecen patologías mentales. La actividad de esta entidad no ha dejado de crecer durante los últimos años. Así, en 2011 atendieron a un total de 520 personas, lo que supone un incremento del 8,3% (115 casos nuevos) respecto al ejercicio anterior. Resulta significativo señalar que de todas estas atenciones, 85 personas eran mayores de 65 años. «Estamos hablando de un porcentaje alto. La edad es un factor determinante en la atención que presta Hurkoa», precisa Uriarte.

El aumento de la esperanza de vida -ya se habla de la cuarta edad para referirse al colectivo de más de 75 años- trae consigo un incremento de las patologías. Si a ello se une el cambio del concepto familiar, en el que el cuidado de los ancianos ya no está garantizado como antaño, el resultado de todo ello es un sector poblacional «cada vez más vulnerable». «Son personas que requieren de la atención y el apoyo de terceros. Muchas veces, ni ellos mismos son conscientes de su propia enfermedad -Alzheimer, demencias- por lo que es muy difícil que lleguen a pedir ayuda», asegura la directora del área tutelar de la Fundación Hurkoa.

El número concreto de personas que puedan estar viviendo actualmente en Gipuzkoa bajo estas condiciones es «muy difícil de concretar». Las notificaciones que recibe la Fundación Hurkoa provienen de varias vías: la familia, los vecinos, los centros sanitarios, servicios municipales o el juzgado y el Ministerio fiscal.

Ante esta realidad, Uriarte agradece a la sociedad guipuzcoana la «solidaridad que ha mostrado siempre», y subraya la importancia de seguir dando el aviso «cuando observamos en nuestro entorno a esas personas de edad avanzada que comienzan a mostrar ciertos síntomas, como llevar encima mucho dinero, salir de casa con una vestimenta inadecuada, o estar en la calle a altas horas de la madrugada… Es importante que si observamos todo ello, ejerzamos esa solidaridad que nos caracteriza, poniendo estos casos en conocimiento de los servicios sociales de base», insiste.

Desde la Fundación Hurkoa precisan que, a la hora de actuar, a pesar de que «pueda parecernos que se trata de un problema de puertas adentro, intrafamiliar», hay que tener en cuenta que estas personas han perdido la capacidad de cuidarse, por lo que requieren un apoyo. «Estamos hablando de pequeñas intromisiones para proteger y salvaguardar los derechos y la integridad física y la vida de esas personas», puntualiza.

Mato admite que no se va a garantizar la incorporación inmediata de todos los dependientes en el sistema

Las responsables en materia de Dependencia de las Comunidades Autónomas se han reunido este martes en Madrid con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, quien les ha presentado una serie de propuestas para la reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que aprobó el Gobierno socialista, presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero.

 

De todas las propuestas del Ministerio la que mayor aceptación ha tenido entre las autonomías es la que tiene que ver con primar los servicios profesionales a la dependencia frente a las prestaciones económicas, celebrada por la conselleira de Traballo e Benestar de la Xunta, Beatriz Mato.

«La reforma va a fomentar, algo que no sólo defendemos y reclamamos sino que además estamos llevando a la práctica, la prestación de servicios frente a las pagas del cuidado familiar. Esto se va a destinar a la formación del cuidador que garantice la calidad de la atención», ha destacado Mato, en declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en el Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.

Asimismo, Mato ha calificado la reforma de la Ley de Dependencia como «necesaria» y ha dicho que las medidas propuestas por el Ministerio de Sanidad están dirigidas «al cumplimiento de la Ley», son propuestas acordes «a las circunstancias económicas» y «van a garantizar la posibilidad de, desde las comunidades autónomas, incorporar más gente en el sistema», lo que ha valorado de «manera positiva». «Son medidas que se toman que pueden entenderse de una manera difícil pero es una medida positiva», ha enfatizado.

«Dicho esto, lo que sí es verdad es que no se va a garantizar la incorporación inmediata de todos los dependientes en el sistema y que por lo tanto tenemos que continuar en esta senda iniciada que yo reclamé en el seno del Consejo: fomentar los servicios, ponderar más económicamente la aportación del Gobierno a las CCAA que den esos servicios, que esa ponderación se haga ya y garantizar que la aportación de las administraciones para la atención al dependiente vaya buscando la senda del 50-50», ha argumentado.

También, la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Nieves Rojas de León, se ha mostrado satisfecha con que se prioricen los servicios y la atención profesional en el domicilio, tal como, según ha indicado, hace Canarias, «porque genera mucho más empleo», da «una atención de calidad» y «libera a las mujeres, que son las eternas cuidadoras de las personas dependientes».

Además, ha señalado que se bajará un 15 por ciento la prestación económica para desincentivar que las personas apuesten más por el cuidado de la persona en el entorno familiar ya que «no es precisamente  lo más acertado», al tiempo que ha explicado que en Canarias «se ha hecho compatible la ayuda a domicilio con el centro de día, aunque se daría con distinta intensidad». «La suma de las horas que se da por estos servicios cumple la intensidad de todos los servicios», ha recalcado Rojas de León.

EL DEPENDIENTE TENÍA QUE SER EL «CENTRO»

La consejera de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia, María Ángeles Palacios, ha manifestado que la Ley nació con la pretensión de que el dependiente tenía que ser el «centro»  y estar lo «mejor atendido posible», pero «también para algo muy importante que es crear empleo». «Los dependientes tienen que estar cuidados, a ser posible, por profesionales. Eso no significa que estemos en desacuerdo con que si una persona puede y tiene algún profesional que lo pueda atender siga estando con su familia. Es una muy buena idea», ha recalcado.

«Nosotros tenemos que intentar por todos los medios cumplir la Ley. No tenemos ningún inconveniente en tomar todas las medidas que sean necesarias para que el sistema sea lo más sostenible posible», ha dicho.

Según Palacios, «hay un 50 por ciento más» de dependientes en Murcia respecto a las previsiones que había hecho el Gobierno autonómico para el año 2012, lo que ha generado una situación «difícil desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de que entren más personas en el sistema».

Por su parte, el consejero de Justicia y Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, Jorge Cabré, ha destacado que una de las medidas «más importantes» para la Valencia es la que se refiere a «primar los servicios profesionales». Además, ha señalado que se tiene que tener en cuenta que hay muchos ciudadanos que tienen que ser atendidos en sus domicilios y «ha de respetarse su decisión».

Para Cabré, la reforma intentará, al menos, que la Ley sea «lo suficientemente sostenible», y si no fuera así,  ha anunciado que «se seguirían tomando medidas». Sobre la modificación del copago de sus usuarios tal y como ahora está establecido, el consejero ha indicado que se trata de que «todos los beneficiarios participen del copago».

«UNA LEY SIN EL MARCO FINANCIERO ADECUADO»

El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia de Aragón, Ricardo Oliván, ha indicado que «se creó una ley sin el marco financiero adecuado y lo que se busca es crear una ley adaptándola a diferentes medidas de financiación». En cuanto a los servicios sociales el consejero aragonés estableció que «con un poquito de imaginación y mucha coordinación» se pueden seguir manteniendo los mismos servicios.

«Hay que analizar como impacta en la comunidad de Aragón. En nuestra comunidad priman desde siempre las ayudas económicas a las familias, pero hay que orientarlas a lo que la ley marcaba en un principio que era un servicio personal. Tanto la financiación de la ley que se promueve ahora como la filosofía de la ley que se mantiene marcan ese camino», ha detallado.

Para la consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, la reforma supone un «retroceso» en el desarrollo de la misma porque «cambia la orientación del modelo». Así, ha lamentado que la propuesta prime las prestaciones residenciales sobre las que se dan en el entorno familiar, a la vista de que según la documentación que ha sido entregada por la ministra Ana Mato la distribución de fondos se cambia para reconocer no sólo los dependientes atendidos sino también para preponderar el tipo de servicio.

Además, para Montero es «paradógico» que se tienda a darle más importancia a los recursos residenciales sin aportarse estudios técnicos que así lo avalen. Al respecto, ha señalado que ha habido discrepancias con algunas comunidades en este sentido y ha apuntado a que ese cambio de modelo puede ser aceptable en las grandes ciudades, en las que no hay tantas redes familiares que se encarguen de los dependientes, pero no en una comunidad rural como Andalucía, «donde la preferencia de las personas es seguir en su domicilio».

«FLEXIBILIDAD» PARA REFORMAR LA LEY

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha reclamado «flexibilidad» a la hora de reformar la Ley porque, a su juicio, deben «primar los servicios profesionales frente a las prestaciones económicas» en los cuidados del entorno familiar porque dan «garantía de calidad» en la atención. También, ha defendido la necesidad de mantener un modelo «que viene funcionando en Castilla y León y que garantice la viabilidad del sistema».

Finalmente, el consejero de Bienestar Social y Familia de Cataluña, Josep Lluís Cleries, ha destacado que algunas de las medidas afectan  «a las competencias de Cataluña y del resto de comunidades». En concreto, ha destacado que el decreto muestra que el precio máximo para las residencias se ha fijado en 1.600 euros, y en Cataluña el precio máximo está fijado en 1.869 euros por lo que hay una diferencia que «irá a cuenta de los beneficiarios».

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Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer pide reformar la ley para conseguir su pleno desarrollo

 

La presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFALcontigo), Blanca Clavijo, ha reclamado una modificación de la Ley de Dependencia, concretamente en sus baremos de evaluación y en lo relativo al copago, para lograr su pleno desarrollo normativo.

Durante su intervención en el simposio ‘Una visión en 3D (Dolor, Demencias y Dependencia), Clavijo ha indicado que el baremo de la ley «no se adapta a la realidad de las demencias y, muy especialmente, a la enfermedad de Alzheimer».

«Al contrario de lo que se pudiera pensar, las primeras fases de las demencias requieren mucha más atención que las avanzadas», ha puntualizado, según un comunicado de prensa remitido por la organización del 54 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, celebrado en Santiago.

Además, ha criticado que la estructura legal es «demasiado compleja», ya que depende de tres niveles administrativos diferentes –ayuntamientos, autonomías y Gobierno–.

60% DE ANCIANOS CON DOLOR

Por otra parte, el doctor Javier Gómez Pavón, del Hospital Cruz Roja de Madrid, ha hablado sobre ‘Anciano y Dolor’ para explicar la importancia de «una correcta detección, valoración y tratamiento del dolor en las personas mayores».

Este problema afecta, como ha dicho, al 40 por ciento de los ancianos de España; al 50 por ciento de los que residen en hospitales; y al 60 por ciento de los que habitan en residencias. Además, ha resaltado que «el 60 por ciento de los casos no están correctamente tratados».

Fuente: Europapress

“El sector de la dependencia se debe regularizar aún más”

En los momentos de crisis en los que nos encontramos, la mayoría de sectores sufren recortes. Por el momento, el entorno de la dependencia no entra dentro de los planes de recortes que la Comunidad de Madrid presentará en la Asamblea de Madrid con su anteproyecto de ley de modificación de los Presupuestos autonómicos para 2012. Aún así, este sector también está sufriendo la crisis actual. Javier Gómez, Presidente de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE) explica cual es la situación actual del entorno de la dependencia.

En los últimos meses, los Centros de Día concertados con el Ayuntamiento de Madrid, han sufrido un retraso en los cobros de sus facturas. Por ahora,  el problema se está solventando ya que el pasado viernes se comenzaron a cobrar los meses de Octubre y Noviembre de 2011. Aún así, este retraso ha supuesto un malestar generalizado en el sector.
Un punto clave para la mejora del problema en la dependencia es la ampliación del recurso de Teleasistencia. La Junta de Gobierno ha acordado destinar casi 28 millones de euros dirigidos al contrato de la gestión de este recurso, con lo que 27.580 nuevos hogares madrileños se incorporarán al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria. El presidente de AMADE, explica que aún queda mucho por hacer que el sector abance, sobre todo en tiempos de crisis para él, «lo más importante es que el sector tenga una buena regularización, y para esto aún queda mucho trabajo por hacer». Javier Gómez insiste en la importancia del sector, destacando los servicios residenciales y centros de día: “existen muchas plazas para la Teleasistencia, pero no hay que olvidarse de los servicios residenciales y los centros de día, puesto que son donde nuestros dependientes pasan la mayor parte del tiempo”.

Bienestar Social abona en abril 26,5 millones de euros en prestaciones por dependencia

 La Conselleria de Justicia y Bienestar Social ha abonado en el mes de abril un total de 26,5 millones de euros en concepto de prestaciones por dependencia, según ha afirmado este miércoles el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Joaquín Martínez.

Joaquín Martínez ha explicado el desglose de esa cantidad, cuyo pago ya se ha hecho efectivo, y en la que se incluyen, por un lado, las prestaciones económicas del mes de marzo por cuidadores no profesionales y las vinculadas al servicio. Por este concepto, la cantidad que se ha abonado asciende a 10.588.961 euros correspondientes a 26.735 personas dependientes de la Comunitat Valenciana.

Por otro lado, se ha hecho efectiva también la primera anualidad de la retroactividad de los expedientes resueltos en 2011, que asciende a 16.004.792 euros y que afecta a 8.599 personas.

Martínez ha explicado que hasta el año 2011, en la Comunitat Valenciana no se reconocía la retroactividad en las prestaciones por Cuidador No Profesional (CNP), por lo tanto «es positivo que a partir de la publicación del decreto 18/2011, se empiece a reconocer la retroactividad de las prestaciones por CNP», ha dicho.

La retroactividad se reconoce desde el día siguiente a la fecha de la solicitud, siempre que del Informe Social que se aporta, se desprenda que la persona dependiente está siendo atendida por alguien. Esta es una premisa que se cumple en prácticamente todos los casos en los que se solicita una prestación por CNP.

Por tanto, se reconoce la retroactividad a todas las solicitudes que se hayan resuelto una vez publicado el decreto. «Son cantidades muy importantes, por lo que nos acogemos al real decreto ley 8/2010, que permite la posibilidad de pagar la retroactividad hasta en cinco años, aunque en la Comunidad lo hacemos en cuatro años», ha explicado el secretario autonómico.

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El Consell abonará en los próximos días 18 millones para el primer plazo de la retroactividad de la dependencia de 2011

   El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha anunciado que en los «próximos días» el Gobierno valenciano abonará 18 millones de euros para satisfacer el primer plazo de las cuatro anualidades previstas para el pago de la retroactividad a los dependientes reconocidos durante el ejercicio 2011. Cabré ha subrayado que el pago se hará «de forma inminente».

Cabré, que se ha pronunciado de esta manera en la comisión de Política y Bienestar Social de las Corts para explicar el grado de cumplimiento de la Ley de la Dependencia en la Comunitat, ha agregado que «en poco más de cuatro meses vamos a abonar casi 70 millones de euros en materia de dependencia» para «pagar la cuarta parte de la retroactividad aprobada». En este sentido, el conseller se ha comprometido a dar explicaciones en caso de que no se cumplan los plazos y cantidades de los pagos anunciados.

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El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana está investigando si el Consell vulnera los plazos legales para resolver los expedientes de las personas dependientes

 El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, está investigando si el Consell vulnera los plazos legales para resolver los expedientes de las personas dependientes, ya que ha recibido numerosas quejas de las personas afectadas y de representantes de las plataformas de la Ley de Dependencia de Castellón, Valencia y Alicante.

El defensor del pueblo valenciano, según ha explicado en un comunicado, se ha dirigido a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social para requerirle información relativa a la aplicación del decreto 18/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas en situación de dependencia.

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Pérez destaca el papel de la Diputación en la gestión de la Ley de Dependencia en municipios como Zagra

 El presidente de la Diputación Provincial de Granada, Sebastián Pérez, ha destacado este jueves el papel de la institución en la gestión de la Ley de Dependencia en municipio como Zagra, tras una reunión con su alcalde, Amancio Pérez.

Sebastián Pérez ha manifestado tras este encuentro que el «papel de las diputaciones en el siglo XXI» se puede ver claramente en municipios como Zagra donde el 75 por ciento de sus habitantes son mayores, necesitando muchos de ellos de asistencia para el día a día. La labor que desempeñan las áreas de Familia y Bienestar Social, y Asistencia a Municipios, en la gestión de leyes como la de la Dependencia ha sido destacada por el presidente de la Diputación Provincial como esencial para que estos mayores puedan seguir adelante y, con ellos, los pueblos en los que viven.

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Sólo 1 de cada 5 usuarios de ayuda a domicilio de Madrid tiene la Dependencia

Sólo uno de cada cinco usuarios del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Madrid tiene reconocida su situación de dependencia de acuerdo a la ley por parte de la Comunidad autónoma.

En concreto, el número de usuarios totales del servicio de ayuda a domicilio de la capital ascendió en 2011 a 51.167 y únicamente 9.917 -9.361 mayores y 556 discapacitados- contaban con declaración de dependencia y Programa Individualizado de Atención (PIA).

La directora general de Mayores y Atención Social, Carmen González, que ha facilitado estos datos en la Comisión de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento, se ha mostrado de acuerdo con la concejala de UPyD Cristina Chamorro en que la Comunidad «debe acelerar las declaraciones de dependencia».

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La Diputación de Granada critica que la Junta envíe una carta a dependientes criticando al Gobierno «en plena campaña»

Antonio Robles

Antonio Robles

La Diputación de Granada, gobernada por el PP, ha censurado que la Delegación de Igualdad de la Junta en Granada haya remitido «en plena campaña electoral» una carta al colectivo de personas dependientes en la que «acusa falsamente al Gobierno de paralizar de forma unilateral» el desarrollo de la Ley de Dependencia.

La misiva, consultada por Europa Press, está fechada el 14 de marzo de 2012 y en ella la delegada provincial para la Igualdad y el Bienestar Social, Magdalena Sánchez, manifiesta su deseo de «aclarar la situación generada tras las cartas enviadas desde la Diputación en relación a la atención de las personas dependientes reconocidas con Grado I Nivel 2».

«Ante todo queremos tranquilizarles. Sepa usted, que la Junta de Andalucía le garantiza la prestación que recibe, ya que es un derecho reconocido. La información que les facilita a usted la Diputación de Granada, no le afecta», reza la carta, en la que se indica que el Gobierno central «decidió paralizar el desarrollo de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia en España, de forma unilateral, sin tener en cuenta al máximo órgano de aplicación de dicha ley, el Consejo Territorial».

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Más de 35.000 personas se benefician del Sistema de Atención a la dependencia en Sevilla

 En la provincia de Sevilla se han concedido más de 49.000 prestaciones de atención a la dependencia (residencia, estancia diurna, teleasistencia, ayuda a domicilio y ayudas económicas) a 35.700 personas beneficiarias, en función de los últimos datos correspondientes al pasado 1 de febrero, según ha señalado este martes la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro.

La consejera ha pronunciado una conferencia en Sevilla sobre el desarrollo de la Ley de Atención a la Dependencia, un acto que ha sido organizado por la Asociación Cultural de Mujeres de Bellavista, ha indicado la Consejería en nota de prensa.

Con estos datos, en la provincia de Sevilla se ha triplicado en esta legislatura el número de prestaciones de la dependencia concedidas. Además, Navarro ha destacado que la Junta de Andalucía ha invertido más de 138,5 millones de euros en financiar la ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia en los ayuntamientos y la Diputación de esta provincia.

Además, el servicio de ayuda a domicilio para la atención a la dependencia ha permitido la creación de 3.000 puestos de trabajo en la provincia de Sevilla, 1.100 de ellos en la capital hispalense.

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El Gobierno de Cantabria reducirá una media del 5% el precio por estancia concertada que paga a las entidades del sector

María José Sáenz de Buruaga

María José Sáenz de Buruaga

El Gobierno de Cantabria regulará mediante decreto los precios públicos de los centros de atención a personas dependientes y discapacitadas, lo que supondrá una reducción media del 5% en la cantidad que la administración paga a las empresas del sector por la prestación de este servicio. La vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, ha explicado a representantes de CERMI, LARES y ACESDE esta medida, que forma parte del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos que el Gobierno regional se ha visto obligado a aprobar como consecuencia de la situación de “emergencia económico financiera” en la que se encuentra la autonomía.

El documento, aprobado por el Consejo de Gobierno el 16 de febrero, incluye un Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, dirigido a asegurar la sostenibilidad del sistema público de servicios sociales y su mantenimiento en condiciones de calidad mediante la racionalización del gasto público y el aumento de la eficiencia.

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Consecuencias de los recortes, medio millar de asturianos sin ayuda por dependencia

3.320 asturianos sufren de dependencia moderada. Lo saben porque tienen un informe oficial en el que se certifica que su falta de autonomía es de grado I y nivel 2. Por ello, tienen derecho a beneficiarse de la Ley de la Dependencia y a recibir cualquiera de los servicios que la red pública dispone para ellos -centro de día, de noche, ayuda a domicilio, teleasistencia y, residencia- o a un apoyo económico en el caso de que tuvieran que buscar respuesta a sus necesidades en la oferta privada.
Sin embargo, 572 de esos 3.320 asturianos con dependencia moderada se quedarán sin ayuda. El recorte que el Gobierno central introdujo en la Ley de la Dependencia, en la ley de medidas urgentes para corregir el déficit, les ha dejado en situación de espera. No será hasta el 1 de enero de 2013 cuando puedan volver a entrar en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). El tijeretazo a los derechos de los dependientes supuso el retraso en la atención de todos los casos de grado I y nivel 2 que no tuvieran ya un acuerdo cerrado con la Administración regional o que hubieran sido valorados después de julio.