Dependencia
Conflicto abierto en el sector de las residencias de la tercera edad
Las extremas dificultades financieras de la Generalitat afectan a todas sus áreas y el pago a las residencias de la tercera edad no es una excepción. Pero no todos los centros lo están pasando igual de mal. Aquellos bajo la modalidad de concierto denominado de accesibilidad social —la red de residencias que surgió a raíz del plan impulsado por el exconsejero Rafael Blasco en 2001 y en la que participó la familia del presidente de las Cortes, Juan Cotino— ha recibido un pago selectivo por parte del Consell, que ha dejado al margen a buena parte del resto de centros, como han denunciado estos.
En el escenario de la atención residencial apoyada con fondos públicos hay dos protagonistas principales y varios secundarios. Entre los actores destacados, además de los centros de accesibilidad —agrupados mayoritariamente en torno a la asociación Aecas— se encuentra Aerte, la Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia. Esta última ha puesto el grito en el cielo después de sentirse agraviada por haber sido marginada en el último pago realizado por la Generalitat a las residencias.
De la inyección de dinero (437 millones) del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que envió el Gobierno a la Generalitat en diciembre para hacer frente a pagos pendientes, el Consell destinó 63 a cubrir parte de las deudas que mantiene con el sector. Abonó 49 millones a las empresas de accesibilidad. Otros nueve, a entidades sin ánimo de lucro (básicamente entidades religiosas, agrupadas en torno a la asociación LARES, uno de los actores secundarios en este relato) y casi cinco millones a liquidar deudas a empresas que gestionan centros públicos, como ha denunciado Aerte.
Los centros de Aerte, que acogen a beneficiarios del bono residencia, de una modalidad de ayuda que establece la Ley de Dependencia (prestaciones vinculadas al servicio) y entre los que también hay residencias públicas de gestión privada, siguen esperando a cobrar los 60 millones correspondientes a buena parte de las facturas del año pasado. “Es un claro agravio”, sostiene María José Mira, gerente de Aerte. La pasada semana, la Generalitat les comunicó que antes del 31 de enero recibirán seis millones de euros, un 10% de la deuda, lo que “no soluciona nada”, dice Mira. Este diario intentó, sin éxito, conocer la versión de la Generalitat.
El segundo motivo de agravio que plantea Aerte es que la Administración “ha potenciado las plazas de accesibilidad”, agrupadas mayoritariamente en Aecas, en perjuicio de los tipos de subvención de los que participan sus asociados. De esta forma, mientras que en 2007, las plazas del bono (en extinción) o de prestación vinculada al servicio eran 4.500, ahora son 3.000. Y mientras en 2007 los beneficiarios que la Generalitat remitía a las residencias con plazas de accesibilidad social eran 1.840, ahora rebasan las 4.000.
Aecas prefiere no entrar en los motivos por los que las empresas que explotan centros bajo la fórmula de accesibilidad social han cobrado antes. “A fecha de 26 de diciembre solo habíamos cobrado el mes de enero de 2012. Sin entrar en detalles, la situación de Aerte era distinta”, explica Marcos Penadés, presidente de Aecas. Respecto a la prioridad que ha podido conceder la Generalitat a sus residencias en el envío de personas, Penadés sostiene que deberían de remitirles más residentes. Para justificarlo, entre otros aspectos, sostiene que sus plazas tienen un derecho de preferencia reconocido por la Generalitat. Y alude a una decisión que tomó la Consejería de Bienestar Social cuando estaba al frente del departamento el presidente de las Cortes, Juan Cotino (2007-2009) que les daba prioridad.
El contrato original de la fórmula de las residencias de accesibilidad social (los centros integrados mayoritariamente en Aecas) se elaboró mientras el actual diputado del PP Rafael Blasco, imputado por el supuesto desvío de fondos públicos destinados a cooperación, dirigía la consejería de Bienestar Social. Ante la falta de residencias públicas ideó en 2001 un plan que consistía en proponer al sector privado la creación de 9.000 plazas nuevas a través de un concurso por el que la Generalitat se reservaba un tercio de ellas. Hasta entonces el modelo de subvención con el sector privado se basaba en el bono residencia, un importe que se entregaba a los beneficiarios para que escogieran una plaza privada. A partir del plan de las 9.000 plazas, entró en escena una nueva modalidad de subvención pública: el tercio de plazas de disponibilidad pública que se reservaba la administración, denominadas plazas de accesibilidad. Finalmente, el número total de plazas no fueron 9.000 sino 6.000, y las reservadas para residentes de la red pública 2.000.
En 2008, el máximo responsable de la Consejería de Bienestar Social, Juan Cotino, cambió las reglas. Firmó un acuerdo con las empresas de accesibilidad para concertar hasta el 100% de las plazas de estos centros. Entre estas compañías estaba Centros Residenciales Savia, nombre comercial de la empresa Gerocentros del Mediterráneo, SL. Por entonces (ya no), Savia estaba participada por Sedesa Concesiones —filial de la matriz Servicios de Excavaciones SA (Sedesa)—, ligada a la familia de Cotino a través de su sobrino, Vicente Cotino.
Este pacto es el que quiere hacer valer Aecas, asociación integrada por Savia, Novaire, Solimar, La Saleta, Vergel Sénior, Parqueluz, Gerianna y L’Albereda-Alacuás, que concentran el 93% de plazas de accesibilidad social. “Están potenciando a cuatro empresas, por lo que sea”, explica Mira. “Solo pido que no nos perjudiquen a nosotros para favorecer a otros”, añade.
Fallecidos cobrando la Ley de Dependencia… o cómo un “estafador” puede ser “decente”
Por Patricia Arias
Hace ya varias semanas que llevo escuchando en los medios la cantinela de “malos ciudadanos” que están cobrando la ayuda a la ley de Dependencia aun habiendo fallecido el familiar dependiente. Aquí va mi caso, yo también estoy entre esos “malos ciudadanos estafadores”. Mi abuela falleció el 23 de noviembre de 2012 y cobraba mensualmente la ayuda a la dependencia. El certificado de defunción tardó en llegarnos unos 15 días y, en cuanto lo tuve en mis manos,empecé a hacer llamadas tanto a clases pasivas como a la Comunidad de Madrid para que anularan la ayuda.
La chica que me atendió por teléfono me dio la dirección de envío del certificado, ya que no residimos en Madrid. Le comenté si tendríamos que devolver las transferencias que llegaran a partir de ahora. Me dijo que no lo hiciese, ya que sería más lioso. Le di la opción de cancelar la cuenta (así no llegarían ni a entrar) y me dijo que tampoco, que tenía que aceptar las transferencias y que me llegaría a casa una carta de pago para devolver las transferencias indebidas; aun así, me advirtió que podría llevar bastante tiempo. Sólo quería denunciar que seguro que mi caso no es el único y que seguro que en esa lista de “estafadores” hay gente decente, pero ante la sociedad se nos ve de esa manera, por culpa de la incompetencia o la falta de medios de la administración. Por cierto, estamos ya casi en febrero y aún siguen llegando las transferencias de la Comunidad de Madrid.
Demolición de la Ley de Dependencia: Las ayudas caen a la mitad en cuatro años
«La ley de Dependencia se encuentra en una fase de retroceso y demolición». Así de tajante se mostró el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, durante la presentación del informe sobre el desarrollo de esta normativa. Y es que la ley considerada como el cuarto pilar del Estado del bienestar sufre serios problemas de financiación. En el estudio se denuncian recortes presupuestarios de 850 millones de euros en el último año, el aumento del plazo para recibir la prestación -supera los dos años legales- y una disminución en la lista de espera de beneficiarios debido a la falta de reposición tras los fallecimientos y los cambios de baremos que han «expulsado» a los dependientes moderados.
Una de las principales (si no la principal) disputa entre comunidades autónomas y Gobierno en las reuniones sobre Dependencia se resume en una pregunta: ¿Quién sufraga la ley? En el informe la respuesta está clara. «El Estado ha decidido retirarse de esta ley», lamentó Ramírez. Y es que la aportación del Gobierno central se ha reducido casi a la mitad en cuatro años. Ha pasado de un 39,2% en 2009 a un 21,4% en 2012.Esto supone que el Estado aportó 1.404 millones de euros de los 6.570 millones totales en el último ejercicio. Esta importante reducción ha tenido que ser asumida por las comunidades autónomas, muy maltrechas económicamente y obligadas a duros ajustes para cumplir con el objetivo de déficit. Los gobiernos regionales han pasado de aportar un 50,8% en 2009 a un 62,6% en 2012. Es decir, hasta 4.114 millones del total. También deben pagar más los propios usuarios a través de un copago que ya supone un 16% de la financiación de la normativa, cuando en 2009 era solo un 10%. «Se está demoliendo desde la falacia de que la ley es insostenible», mantiene el informe.
Otra de las polémicas tiene que ver con el denominado ‘limbo de la Dependencia’, es decir, la lista de espera de los beneficiarios. El Gobierno anunció hace unas semanas que los dependientes con derecho a una prestación económica que todavía no la habían recibido se redujeron en seis puntos porcentuales en 2012. Pasaron de un 29% a un 23%. Esto supone 230.000 personas figuran en la lista de espera. Sin embargo, según criticó Ramírez, esta disminución se debe a la eliminación de algunas subdivisiones de los grados de dependencia. El Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales afirmó en su momento, que este cambio obedecía a motivos de simplificación para mejorar la gestión de los recursos. Desde esta asociación aseguran que con ese cambio muchos casos pasaron a contemplarse como moderados y, por tanto, retrasadas las ayudas hasta 2015. Y es que el Ejecutivo también retrasó hasta ese año la ayuda a los dependientes moderados. «Es un espejismo estadístico producido por las personas que perdieron el derecho a ser atendidos», afirmó Ramírez.
Menos grandes dependientes
El Gobierno siempre ha mantenido que la finalidad de todas las modificaciones legales era priorizar los recursos en tiempos de crisis y primar a los grandes dependientes frente a los moderados. Sin embargo, según el estudio, todas las comunidades autónomas redujeron el número de beneficiarios más graves en el último año salvo Madrid. Pero ha habido más cambios. «El decreto aprobado por el Gobierno en julio supuso la demolición controlada de la propia ley», explicó el presidente de la asociación. Y ha puesto como ejemplo el pago de las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores familiares. El Ministerio de Sanidad se encargaba de abonar esas cotizaciones, pero con el decreto dejó de hacerlo. De esta forma se ha dejado sin cotización a la Seguridad Social en el convenio especial a 146.000 cuidadores.
En cualquier caso, el desarrollo de la normativa es muy dispar en función de cada comunidad autónoma. El informe destaca la labor sobresaliente de Castilla y León y la notable de País Vasco, Andalucía y La Rioja. Las peores notas son para la Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Murcia y Madrid.
El estudio también destaca la repercusión productiva de la normativa. «Gracias a esta ley se han creado 200.000 puestos de trabajo», aseguró Ramírez. Según sus datos, por cada millón de euros invertidos en Dependencia se generan 30 puestos de trabajo «estables y no deslocalizables». Además, los retornos directos a las arcas públicas se estiman en 1.371 millones.
Gipuzkoa extiende la aplicación de la Ley de Dependencia
Mientras la Ley de Dependencia se resquebraja por los recortes en algunas comunidades, en Gipuzkoa la Diputación ha decidido extender su aplicación, en lugar de meter la tijera. En concreto, 12.442 guipuzcoanos valorados como dependientes severos (grado II) y moderados (grado I, nivel 2) podrán acogerse al derecho a percibir la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP), hasta ahora limitada a los grandes dependientes (grado III). Esta ayuda económica, de entre 300 y 462 euros al mes en función del nivel de dependencia, está pensada para sufragar la contratación de un asistente personal –sin lazos de parentesco– que facilite la estancia autónoma en el propio domicilio, «con el fin de retrasar lo más posible su acceso a otro tipo de recursos, como los residenciales», explica el diputado de Política Social, Ander Rodriguez. El Consejo de Diputados aprobará este martes el decreto foral que regula esta ampliación. Las solicitudes pueden empezar a tramitarse ya en los servicios sociales municipales. La ayuda podrá cobrarse con carácter retroactivo al mes de septiembre.«Potencia esta prestación»
Las prestaciones económicas para familiares que cuidan de una dependiente se pensaron en la ley como una fórmula excepcional y, sin embargo, se han convertido en la norma habitual. Nueve de cada diez perceptores de una ayuda económica por dependencia se han acogida a esta fórmula, que suponen a su vez el 31% de los recursos sociales destinados a este colectivo.El 70% de la inversión social
El creciente peso de las prestaciones económicas
ARTECAM, preocupada por el pago de ayudas a dependientes fallecidos
La Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (ARTECAM) ha manifestado su «profunda preocupación» por los datos revelados por el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, sobre el pago de ayudas a la dependencia a 724 perceptores fallecidos por valor de 3,1 millones de euros, según reflejó la pasada semana el Tribunal de Cuentas.
Los miembros de esta patronal aseguran que «están sufriendo en este momento las consecuencias derivadas de la gestión del anterior Gobierno en relación a dichas ayudas», por lo que «esa ha sido una de las causas del desastre de los servicios sociales en Castilla-La Mancha de los últimos años», ha informado en nota de prensa.
«En reiteradas ocasiones hemos denunciado que las ayudas a los cuidadores informales deberían haber sido concedidas en aquellos casos donde no existiese posibilidad de ningún recurso profesional en el entorno familiar, tal y como recoge la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia», aseguran desde la patronal.
ARTECAM se ha mostrado a favor de «que se descubran las irregularidades y de que se depuren responsabilidades de quienes no han controlado el dinero que se destinaba a Asuntos Sociales». «Quienes han permitido el fraude, si así fuese, deben pagar por ello», afirman.
El Tribunal de Cuentas niega haber revelado el pago inadecuado de ayudas de dependencia a 30.000 fallecidos
El Tribunal de Cuentas ha negado que de sus trabajos de fiscalización de los servicios de dependencia se pueda deducir «en ningún caso» que hasta 2011 había 30.000 fallecidos a los que se abonaban inadecuadamente este tipo de ayudas, un dato que dio a conocer el Gobierno de Castilla-La Mancha para poner de manifiesto «la catástrofe de gestión que realizó el PSOE durante tantos años».
Fue el consejero de Sanidad de esta comunidad, José Ignacio Echániz, quien aseguró hace unos días, apelando a un informe del Tribunal de Cuentas, que el Sistema de Atención a la Dependencia ha estado financiando las prestaciones de 30.000 personas dependientes fallecidas, debido a la «mala gestión del Gobierno socialista», y que ha provocado que se «pierdan» 140 millones de euros.
ESPERANDO LAS ALEGACIONES
En una nota emitida este viernes, el Tribunal de Cuentas ha querido dejar claro que su informe sobre la aplicación de la Ley de Dependencia aún no se ha terminado, sino que está en fase de anteproyecto a la espera de que unos 65 responsables políticos del Gobierno central y de las comunidades autónomas presenten sus alegaciones.
«El referido anteproyecto tiene carácter provisional hasta que el Tribunal analice todas y cada una de las alegaciones recibidas y posteriormente sea aprobado por su Pleno el Informe correspondiente», señala la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda.
Eso sí, ya adelanta que, «respecto a las informaciones aparecidas en los medios de comunicación en el sentido de que personas fallecidas, en torno a 30.000, seguían cobrando indebidamente ayudas de dependencia, hay que indicar que dicha afirmación no puede, en modo alguno, sustentarse en el contenido del Anteproyecto elaborado por este Tribunal».
Canarias, satisfecha con que la Ley de Dependencia priorice los servicios profesionales al cuidado familiar
La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda de Canarias, Inés Rojas, se ha mostrado satisfecha este miércoles con que la Ley de Dependencia del Ministerio de Sanidad priorice los servicios profesionales al cuidado familiar.Así lo ha expresado Rojas en declaraciones a los medios de comunicación en un descanso de la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, que se celebra esta tarde en la sede del Ministerio en Madrid y que está presidido por la titular de la cartera de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.
Según ha explicado Rojas, en el encuentro se ha tratado un «debate importante» sobre el hecho de que la Ley de Dependencia «prioriza los servicios y cataloga como excepcional la prestación económica en el cuidado del entorno familiar». Así, lo que ha hecho el Consejo es ir «endurecimiento cada vez más» la posibilidad de acceso a la prestación económica por cuidados en el entorno familiar.
Rojas ha insistido en que «se está pidiendo para esa exepcionalidad» cosas como que la persona que pretende ser la cuidadora debe «demostrar» que ha estado cuidando del dependiente «por lo menos con un año de antelación a haber solicitado la prestación» y además debe comprometerse «formalmente» a cuidar a la persona.
«Nosotros desde Canarias siempre hemos estado de acuerdo en el espíritu de la Ley, en priorizar servicios porque entendemos que es una atención de calidad más importante para la persona dependiente, genera empleo cualificado, hace compatible la vida laboral y familiar de la familia y además nos desvincula en el caso del servicio del centro de día, a la persona dependiente de la familia. Creo que tiene muchos beneficios», ha argumentado.
Finalmente, ha considerado «positivo» el que se haya elaborado un catálogo de servicios sociales «sin invadir competencias de las comunidades autónomas» porque ve necesario el tener un mínimo marco de referencia para todas las regiones.
La consejera asturiana, contra los «nuevos recortes» en dependencia
La 
consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, Esther Díaz, ha anunciado a su llegada a la sede del ministerio de Sanidad, donde participa en el pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, que acude con un «posicionamiento claro en contra» del proyecto de real decreto por el que se regulan las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, que figura entre los temas a tratar en la reunión de este miércoles.
«La reunión se presenta como una serie de normativas que son la continuidad de las medidas de recorte del Gobierno de España sobre la Ley de Dependencia que se han iniciado en verano», ha explicado la consejera asturiana, que interpreta los cambios como «una modificación» de la Ley de Dependencia para «favorecer la privatización» del servicio y que «paraliza» la aplicación de la ley.
La representante del gobierno socialista de Asturias considera que el Ejecutivo de Rajoy «convierte algunas prestaciones económicas en servicios» mediante«una argucia léxica» con «una clara orientación hacía la privatización».
Además, Díaz ha denunciado que el proyecto de real decreto por el que se regula el nivel mínimo de protección supone «un nuevo recorte» y «menos dinero para la transferencia a comunidades autónomas» que «aumentan los requisitos»para los dependientes.
«Esto implica que se paraliza la Ley de Dependencia, no van a poder entrar de más personas al sistema», ha lamentado la consejera, que anuncia que su gobierno no podrá cumplir con las previsiones para este año debido » a las nuevas exigencias burocráticas que se ponen en este real decreto».
En Ponferrada los usuarios de teleasistencia caen un 4,2 % y suben un 5,6 % las ayudas en casa
El Ayuntamiento de Ponferrada atendió durante el pasado 2012, un total de 994 personas entre el servicio de teleasistencia y el de ayuda a domicilio, de las cuales 146 son beneficiarias de ambos programas de ayuda social. Así, el servicio municipal de teleasistencia, que es llevado a cabo por Cruz Roja, registró un total de 819 usuarios, un 4,2 % menos que el año anterior. En cuanto al servicio de ayuda a domicilio, la empresa adjudicataria Clece atendió a 321 personas, lo que supone un incremento del 5,6 % con respecto al 2011, según confirmó ayer a este diario la técnica municipal del área de Acción Social y trabajadora social, Ruth Fernández.
La mayor parte de los 819 usuarios del servicio de teleasistencia están situados en la franja de entre los 65 y 80 años de edad (578, frente a los 563 del 2011), seguidos de los beneficiarios mayores de 80 años (174 usuarios, 53 menos que el año anterior) y, por último, los menores de 65 años (67 personas, 2 más). Es decir, en términos comparativos, el descenso global de usuarios del servicio se debe a la caída registrada en los beneficiarios mayores de 80 años, que sufren un mayor índice de fallecimientos. «No obstante, el descenso también puede haberse producido a la hora de cuantificar a los usuarios que acaban de cumplir los 80 años, y que todavía no han sido incluidos en esa categoría», matizó Ruth Fernández. En cuanto al servicio de ayuda a domicilio durante el 2012, 65 auxiliares cualificados de Clece atendieron a 101 personas de entre 65 y 79 años (12 más que el año anterior), 187 mayores de 80 (un usuario de diferencia con respecto al 2011), 32 discapacitados (cuatro más) y una familia con cargas graves, al igual que el año anterior.
Para facilitar sendos servicios de ayuda, el Ayuntamiento de Ponferrada realiza una labor de coordinación entre Cruz Roja y Clece «para comunicarles la información que nos llega de las familias. Por ejemplo, si un usuario está ingresado en el hospital o si se ha ido a pasar unos meses con un hijo», explicó Fernández. Según el concejal de Acción Social, Luis Antonio Moreno, el Ayuntamiento mantendrá el servicio de teleasistencia pese a la finalización del acuerdo con Femp, que financiaba su mayor parte.
En 2012 se incorporan un 55% menos de beneficiarios catalanes de la Ley de Dependencia de los que lo hicieron en 2011
Un total de 18.098 catalanes se han convertido en beneficiarios de la Ley de dependencia en 2012, un 55% menos de los que lo hicieron en 2011, cuando se incorporaron más de 40.000 dependientes.
Entonces, el número de solicitudes fue un 35% superior, con 63.000 peticiones iniciales de valoración frente a las 41.195 registradas en 2012.
Según los últimos datos publicados por la Conselleria de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, recogidos por Europa Press, el número total de dependientes catalanes reconocidos y que reciben algún tipo de prestación o servicio es actualmente de 158.589, mientras que 2011 se cerró con 140.491 beneficiarios.
Durante el último año, la Generalitat ha tramitado 94.652 valoraciones, 48.008 correspondientes a solicitudes iniciales –también de años anteriores– y 46.644 a peticiones de revisión de grado de dependencia.
Aunque en 2012 se han frenado las solicitudes iniciales de valoración porqué la mayor demanda se registró durante los primeros años de la Ley –en 2008 se computaron más de 101.000–, sí que se han incrementado las revisiones de grado, teniendo en cuenta que la situación de los beneficiarios empeora con los años.
En 2012, la Generalitat ha revisado casi 40.000 casos de dependientes ya reconocidos, mientras que en 2011 fueron 37.202, y en 2012, 22.136.
Además, ha resuelto 34.502 planes de atención individualizada (PIA), un 9,2% menos que en 2011, cuando se realizaron 38.019.
DESDE 2007
Desde la implantación de la Ley de dependencia en 2007, un total de 436.613 catalanes han solicitado valoraciones para poder ser beneficiarios, y 103.993 han pedido revisar la valoración de su grado.
En el mismo periodo, la Generalitat ha valorado 398.662 casos, resolviendo 225.528 nuevos PIA y quedando aún pendientes 18.286, aunque 90.000 casos más no se han podido tramitar por caducidad de los documentos, desestimación del caso o defunción de los solicitantes.
Además, la administración catalana ha tramitado 98.834 revisiones de grado, de las cuales ya ha resuelto el 83,8%, aunque aún están pendientes el 16,2% de ellas.
SIN PROTECCIÓN
Según los mismos datos, un total de 63.237 personas han sido catalogadas de ‘grado no protegido’, o bien porqué su discapacidad no es aún suficiente como para acceder al sistema de prestaciones y servicios, o bien porqué han sido valorados de ‘grado 1’, cuya cobertura ha sido eliminada por el Gobierno central.
Los pagos a estos dependientes han sido pospuestos por el Ejecutivo central hasta 2015 por falta de liquidez, por lo que todas aquellas personas que sean reconocidas como dependientes leves hasta entonces no podrán recibir prestaciones pese a necesitarlo.
Hachazo a la ley de Dependencia
El sistema de dependencia se desmorona y la última reforma de la ley aprobada por el Gobierno vaticina lo peor: su desaparición. Los recortes en las prestaciones y el aumento del copago hacen insostenible el sector, que sufre colapsos, retrasos en los pagos de las nóminas de los trabajadores y lo más importante, deja a los dependientes desatendidos.
Francisco Jesús Gil, presidente de la Asociación Española de Padres con Niños con Nutrición Parenteral (AEPANNUPA), tuvo que abandonar su empleo para poder atender a su hija dependiente, que presenta un 66% de minusvalía. «En 2008, se le valoró como gran dependiente grado 3, con 90 puntos de dependencia. En 2011, cuando cambió el Gobierno, volvieron a reevaluar a la niña y pasó a ser considerada no dependiente», asegura.
Pero el drama familiar que sufre Gil no termina ahí: su cuñada, que padece una discapacidad psíquica y física, también vive con él. «Se le valoró como grado 2-nivel 2, también con prestación económica y yo como cuidador. Se le suprimió la prestación. Tengo a dos grandes dependientes en mi casa: una necesita una máquina para vivir y la otra tiene discapacidad física y psíquica y está en silla de ruedas«, denuncia.
El futuro de los dependientes se encuentra en un limbo desde el pasado mes de julio, cuando el Ejecutivo aprobó a través de decreto ley, una serie de medidas que cuestionan la conservación del sistema. El golpe es duro. Las prestaciones económicas a los cuidadores familiares se han reducido un 15%, es decir que la baja podría superar los 50 euros al mes. Además, pierden las cotizaciones a la Seguridad Social y se les exige cumplir con unos conocimientos básicos para atender al dependiente. También se simplifican los grados de reconocimiento de dependencia y el copago podría alcanzar hasta el 90% del pago en el servicio recibido. Estas son, a grandes rasgos, las medidas que inquietan a las asociaciones, a la patronal de los dependientes, a los sindicatos y que han generado un rechazo social absoluto.
José Alberto Echevarría, presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), explica a este diario que actualmente hay «un millón de personas que dependen de la ley, que nos necesitan para levantarse, para asearse, para comer, nos necesitan para realizar las actividades básicas de la vida diaria».
Desde FED son incapaces de encontrar explicación a este hachazo que propone el Ejecutivo y consideran que el duro trance económico que vive nuestro país «bajo ningún concepto justifica el recorte en dependencia». Echevarría asegura que «está firmemente convencido de que puede ser un motor de la economía, porque es un sector que genera oferta y demanda, más oferta que demanda y se podrían crear 38.000 puestos de trabajo»
La ley de dependencia entró en vigor el 1 de enero de 2007 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con la finalidad de reconocer por fin un derecho social, un sistema gratuito y universal que garantiza todos los servicios necesarios para las personas dependientes. Por eso desdeUGT señalan que otro de los problemas que supone el severo recorte en la ley es el atraso social que podría generar. Ana Sánchez Cobo, responsable de Políticas Sociales del sindicato, explica a este diario que una de las consecuencias de la reforma de la ley es la regresión social:«Volvemos otra vez a lo que ha pasado toda la vida en este país y es que las mujeres se tienen que quedar en su casa sin poder desarrollar su vida laboral para atender a las personas dependientes que hay en el hogar».
Tanto FED como UGT coinciden en que el ataque que se produce es directamente a un derecho adquirido. Echevarría se lamenta y denuncia que la situación es «gravísima, tenemos un compromiso moral con estas personas, nos necesitan, son las personas más frágiles de la sociedad, estamos atendiendo a nuestros padres». Y ahí es donde UGT considera que está el problema. Sánchez Cobo cree que «los temas sociales siempre se han visto como problemas individualizados puesto que no existía una ley a nivel de estado que garantizara este derecho» y aclara que «para que la gente tenga interiorizado que es un derecho ciudadano, tiene que pasar mucho tiempo».
Por el momento se desconoce cuántas personas quedarán desatendidas con el endurecimiento de la ley. Según UGT, sólo en Madrid 20.000 personas dependientes ya padecen los recortes y más del 50% de las empresas y trabajadores del sector sufren «retrasos tremendos en el pago de sus nóminas». FED, convencido de que la conservación de la ley es posible, ha intentado contactar con el Gobierno central para demostrar «con cifras, estudios y números» que sí es posible, pero todavía no han recibido respuesta.
¿Qué hacemos con la abuela?
La compañía The Cross Border Project (El Proyecto que Cruza Fronteras) se atreve a indagar en el Alzheimer y en nuevos lenguajes escénicos en su nuevo montaje teatral ¿Qué hacemos con la abuela? La obra se presentó en septiembre en el encuentro de Teatro Foro de Senegal y tras su estreno en Torrejón girará por diversos teatros.
Es una historia que aborda cómo afecta el Alzheimer a la cotidianeidad de una familia media española, centrándose en llos problemas del cuidador enfermo. La señora Carmen, una anciana de 84 años y con dos hijos que vive con Floren, una rumana que la atiende con la ayuda de Carmencita, una de las hijas de la anciana. Los problemas estallan cuando Carmencita, cansada de ser la encargada de todo y al borde de enfermar, propone a su hermano llevar a su madre a una residencia…
El uso del modelo escénico de Teatro Foro permite a The Cross Border Project introducir al público en la pieza y crear con él un debate: ¿cuál es nuestra relación con los cuidadores, inmigrantes en su mayoría? ¿cómo afecta psicológica y físicamente el cuidado de un anciano al familiar responsable? ¿cómo se deberían repartir las tareas de cuidados entre los familiares? ¿pueden todas las familias llevar a sus abuelos a una residencia? ¿existe desigualdad de género sobre quién debe cuidar a nuestros ancianos?
El Teatro Foro es una técnica que expone un problema que afecta a una comunidad, dándoles la oportunidad de transformarse en «espect-actores». El público contempla un conflicto, pudiendo parar la escena e intercambiarse por uno de los personajes, para teatralmente mostrar qué harían ellos si fueran uno de los personajes. El Teatro Foro permite ponernos en la piel de los demás, y reflexionar sobre la realidad.
Es una pieza divertida y conmovedora que lleva a reflexionar entre todos sobre la otra cara del Alzheimer: la que afecta a las personas que están alrededor del enfermo. Y en cada función, la reflexión es nueva, dependiendo de los espect-actores.
La obra se estrenará en España el próximo 15 de diciembre en La Caja del Arte de Torrejón de Ardoz (Madrid).
Denuncian el bloqueo de la Ley de Dependencia en el sexto aniversario de su aplicación
Este mes se cumple el sexto aniversario de la Ley de Dependencia, una fecha que ha servido para que partidos políticos y plataformas de discapacitados denuncien la situación de retroceso que sufre esta norma, que en su momento supuso la esperanza para miles de familias. Así, la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad mostró ayer su «tristeza» en la celebración del aniversario de la aprobación de una norma que supuso «una gran esperanza para muchos» pero que a día de hoy «sigue sin aplicarse». En ese sentido, la portavoz de la plataforma en Valencia, Palmira Castellano, denunció que «desde hace casi un año no sale ninguna resolución sobre casos de dependencia», lo que ha generado un total de 21.608 casos en lista de espera. Castellano hizo estas declaraciones en un acto, que reunió en Valencia a un centenar de personas. Durante el mismo, una mujer postrada en silla de ruedas debido a la enfermedad que padece se encadenó a las puertas del Palau de la Generalitat para reclamar a los políticos que «cambien sus prioridades» y, en vez de destinarlo a grandes eventos, doten de presupuesto y apliquen «de una vez» la Ley de Dependencia.
En Alicante, la Plataforma en Defensa de la Ley presentó ayer una exposición itinerante de la dependencia, en la que se hace un recorrido a través de noticias de los medios de comunicación locales de los últimos 5 años. Además, hizo entrega de un premio de buenas prácticas a los sindicatos CC OO y UGT «por su gran apoyo», tanto técnico como humano, «y por su defensa de los derechos de las personas en situación de dependencia y sus familias ante la pésima aplicación de la ley y el boicot del Gobierno valenciano».
Más de 12.100 catalanes se convierten en beneficiarios de la ley de dependencia en cinco meses
Un total de 12.141 catalanes se han convertido en beneficiarios de la ley de dependencia en los últimos cinco meses, alcanzando los 157.653 usuarios activos en total hasta el 30 noviembre de este año, según los últimos datos facilitados por la Consejería de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña.
Según el consejero en funciones Josep Lluís Cleries, «se está produciendo una estabilización en la entrada de nuevos beneficiarios a la Ley de dependencia, pero cada vez se producen más revisiones de valoración».
En 2012 se han realizado 88.558 valoraciones, de las que 43.137 son revisiones y 45.421 son valoraciones iniciales; y en concreto, de julio a noviembre, se han producido 14.262 solicitudes iniciales de valoración y 15.968 solicitudes de revisión.
Sentirse solo aumenta el riesgo de demencia en la tercera edad
Sentirse solo, a diferencia estar o vivir solo, está vinculado a un mayor riesgo de desarrollar demencia en la vejez, según concluye una investigación publicada en ‘Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry’.
Hay varios factores que se sabe que están relacionados con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, como edad, condiciones médicas subyacentes, genes, deterioro cognitivo y depresión, según los autores, quienes destacan que los impactos potenciales de la soledad y el aislamiento social, definido como vivir solo, no tener pareja o tener pocos amigos e interacción social, no se habían estudiado de forma importante.
Según estos expertos, esto es potencialmente importante, dado el envejecimiento de la población y el creciente número de hogares unipersonales. Por ello, realizaron un seguimiento de la salud y el bienestar a largo plazo de más de 2.000 personas sin signos de demencia y que vivían forma independiente durante tres años.
Todos los participantes formaban parte del Estudio de la Tercera Edad en Ámsterdam (AMSTEL), que está analizando los factores de riesgo que inducen a la depresión, la demencia y tasas más altas de mortalidad que las esperadas entre las personas mayores.
Al final de este período, la salud mental y el bienestar de todos los participantes se evaluó mediante una serie de pruebas validadas. También se les preguntó acerca de su salud física, su capacidad para llevar a cabo las tareas rutinarias diarias y específicamente se les preguntó si se sentían solos, además se probar si tenían formalmente signos de demencia.
Al comienzo del período de seguimiento, alrededor de la mitad de los participantes (46 por ciento, es decir, 1.002 de ellos) vivían solos, siendo alrededor de tres de cada cuatro quienes dijeron que no tenían apoyo social y uno de cada cinco (poco menos del 20 por ciento, es decir, 433) los que se sentían solos. Entre los que vivían solos, uno de cada diez (9,3 por ciento) había desarrollado demencia al cabo de tres años, en comparación con uno de cada 20 (5,6 por ciento) de los que vivían con más gente.
Entre los que nunca se habían casado o ya no estaba casado, proporciones similares desarrollaron demencia y se mantuvieron libres de la enfermedad. Pero entre los que se sentían que no tenían apoyo social, uno de cada 20 había desarrollado demencia en comparación con uno de cada diez (11,4 por ciento) de los que sí tienen que cayeron en la enfermedad.
De los que dijeron que se sentían solos, más del doble habían desarrollado demencia al cabo de tres años, en comparación con aquellos que no creen estar solos (13,4 por ciento frente a 5,7 por ciento). Un análisis posterior mostró que los que vivían solos o que ya no estaban casados tenían entre un 70 y un 80 por ciento más de probabilidades de desarrollar demencia que los que vivían con otros o que se casaron.
Y aquellos que dijeron que se sentían solos tenían más de 2,5 veces más de probabilidades de desarrollar la enfermedad, algo que se aplica por igual a ambos sexos. Cuando se tuvieron en cuenta otros factores influyentes, los que dijeron que se sentían solos seguían teniendo un 64 por ciento más de probabilidades de desarrollar la enfermedad, mientras que otros aspectos de aislamiento social no tuvieron ningún impacto.
«Estos resultados sugieren que los sentimientos de soledad contribuyen de manera independiente en el riesgo de demencia en la vejez», escriben los autores. A su juicio, lo «interesante» es el hecho de que«sentirse solo» en lugar de «estar solo» se asoció con la aparición de demencia, lo que sugiere que no es la situación objetiva, sino, más bien, la percepción de ausencia de lazos sociales que aumentan el riesgo de declive cognitivo.
Así, los investigadores alertan de que la soledad puede afectar a la cognición y la memoria como resultado de la pérdida de uso regular y que la soledad que podría ser en sí misma un signo de demencia emergente y/o bien ser una reacción de comportamiento para el deterioro cognitivo o un marcador de cambios celulares en el cerebro no detectados.
En noviembre se han dado de baja 85.233 cuidadores de dependientes
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha reconocido que no se podían mantener las cotizaciones a la Seguridad Socialde las personas que atienden a sus familiares dependientes, después de conocerse que en noviembre se han dado de baja 85.233 cuidadores.
Así lo ha indicado Moreno durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Senado, donde ha explicado que la Ley para la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en Situación de Dependencia no obliga a dar de alta a este colectivo, sino que «da la posibilidad», pero «sin asignación presupuestaria».
En este sentido, ha señalado que para las cotizaciones el Gobierno socialista destinó 33 millones de euros, cuando se necesitaban más de 300. Esto, según el ‘número dos’ del departamento de Ana Mato, ha generado al IMSERSO una deuda de 1.034 millones de euros con la Seguridad Social.
«La relación entre el cuidador y el dependiente se recoge más en el ámbito familiar y no laboral», ha defendido el secretario de Estado, para añadir que la figura del cuidador no se recoge en el Estatuto de los Trabajadores.
Asimismo, ha señalado que hace un año el Gobierno reconoció esta deuda con la Seguridad Social que «había que pagar» y que, para ello, se han buscado «formulas muy flexibles» para que las cuidadoras hagan una aportación propia, si querían continuar cotizando.
Directores de Servicios Sociales dicen que los 117 millones para el Sistema de Dependencia eran de obligado cumplimiento
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios advierte de que los 117 millones aprobados por el pasado Consejo de Ministros para garantizar el nivel mínimo de protección de las personas en situación de dependencia no es fruto de una «sensibilidad especial», sino que obedece al obligado cumplimiento de la financiación de las comunidades autónomas en función de las personas dependientes reconocidas y atendidas.
«Lamentamos profundamente que ante un asunto tan serio y delicado como es éste, lejos de tener la prudencia de callar, se intente hacer una venta política tan desatinada y manipuladora de la realidad. Exigimos pleno respeto a la inteligencia de la ciudadanía, especialmente, de las personas dependientes y de sus familias», indica esta organización.
Por ello, critica la «triste demagogia» del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por decir que ha puesto en marcha esta medida a favor de las personas con discapacidad y señala que la lectura técnica de esta ampliación de crédito es la de la «falta de rigor en la previsión, provocando un desfase entre presupuesto y gasto de un 8,3 por ciento en dicha partida».
Los directores y gerentes de Servicios Sociales recuerdan que el «demoledor» Real Decreto-ley 20/2012 de 13 de julio, que supuso la reforma de la Ley de Dependencia, redujo este nivel mínimo de financiación en un 14 por ciento y advierten de que, de no haber sido así, para las 21.252 personas incorporadas al sistema, el Estado tendría que haber ampliado su aportación no en 117 millones de euros sino en algo más de 136 millones.
Además, indican que si la reforma de julio hubiese ido en el sentido de «cumplir lealmente con una financiación paritaria (50%)», entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado, el ministerio debería aportar 3.000 millones de euros, una cifra «muy lejana» de los 1.405 que se dice abonará en 2012.
Esta asociación pone de relieve que en la actualidad hay en espera 231.854 personas con derecho reconocido y que el dato de 21.252 incorporados en todo 2012 supone, a ese ritmo, «una espera de casi once años para atender la totalidad de expedientes acumulados». «La presunta nueva agilidad (74.000 personas menos en espera) es sobre todo fruto de restringir el derecho a atención a las personas con dependencia moderada», aseguran.
La dependencia sube al escenario
La Sala de la Llotja de Altabix de Elche acogerá el próximo viernes 7 de diciembre a las 19:00 horas la representación de la obra ‘Qué fem de la mare?’, en un acto organizado por la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia de Elche.
La obra, dirigida por Pep Cortés y escrita por Ximo Llorens es una producción de La Dependent, con la que se pretende sensibilizar a la población sobre la situación de las familias en las que existe una persona dependiente.
Protagonizada por Neus Agulló, Maribel Casany y Marcos Cantó, ‘Qué fem de la mare?’ profundiza en las relaciones de pareja y familiares, en la necesidad de asumir responsabilidades y afrontar con sinceridad las pruebas a las que nos enfrenta la vida cotidiana. Entre el drama y la comedia, Cortés vuelve a emplear el toque cálido y cercano con la que triunfó ‘Sopar de Dimecres’, espectáculo que hizo merecedores de sendos premios de la Generalitat Valenciana a Neus Agulló como mejor actriz y a Ximo Llorens por mejor texto en 1997.
La representación se hará coincidir con el VI aniversario de la aprobación de la Ley de la Dependencia y servirá también para reivindicar, «en momentos de recortes tan dramáticos en los asuntos sociales», apuntan desde la asociación ilicitana, el desarrollo de la misma, «porque consideramos que es precisamente de los servicios que se prestan al amparo de esta importante Ley donde no deben de producirse recortes, si no más bien al contrario se ha de apoyar por el bienestar de las familias, de los dependientes y por la creación de empleo».
