Recortes

Aerte se siente «marginada» por el Consell en el abono de la deuda frente a otros colectivos y anuncia nuevas acciones

  El sector de la dependencia representado por Aerte ha asegurado este viernes que se siente «marginado» por la administración valenciana tras la intención manifestada por el Consellde pagar 10 millones de euros a discapacitados, «cuando el Ministerio de Sanidad ha confirmado haber abonado ya más de 339 millones de euros destinados a deuda de servicios sociales de cinco autonomías». En este sentido, ha anunciado que emprenderá nuevas acciones para dar a conocer su «discriminación».

Esta patronal del sector de la dependencia valenciana, que atiende a mas de 20.000 usuarios, ha calificado el anuncio de pago del Consell a discapacitados como un «parche inservible e infructuoso», ya que, según ha apuntado, «solo a los centros que representa –cifra que en su conjunto supera los 200– adeuda más de 100 millones de euros, equivalentes a las facturas impagadas de todo el año 2012». de esta cantidad, la patronal afirma «no haber cobrado aún ni un euro».

En esta línea, ha recalcado que la «decepción» del sector de la dependencia valenciano agrupado en Aerte «se evidencia aún más al conocer que el Gobierno central ha destinado 339,6 millones de euros al pago de conciertos de servicios sociales a través del Fondo de Liquidación Autonómico (FLA), abonando con ello facturas pendientes de las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y Comunitat Valenciana, hasta el 21 de noviembre».

Frente a este dato, Aerte ha exigido «explicaciones» al Consell «por la situación en que se encuentra la dependencia valenciana y en particular, las empresas, trabajadores y pacientes de los centros que representa».

La patronal ha anunciado la adopción de nuevas medidas en su Asamblea Extraordinaria –que celebrará el 18 de diciembre–  para acordar «las acciones oportunas a desarrollar para dar a conocer a la sociedad española en general y valenciana en particular, la situación de discriminación que existe sobre el sector de la dependencia en la Comunitat Valenciana».

Cabré entiende la «desesperación» de los discapacitados pero desautoriza el acto reivindicativo en las Corts

   El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha asegurado que entiende la «desesperación» de las personas discapacitadas pero ha desautorizado el acto reivindicativo que ha tenido lugar este jueves en las Corts, en el que varios integrantes de la Marcha por la Discapacidad han interrumpido la sesión mientras él estaba interviniendo.

Cabré se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras presidir la comisión mixta TSJCV-Conselleria de Justicia, al ser preguntado por su opinión sobre la actuación de los miembros de esta Marcha, que finalmente han sido desalojados del parlamento valenciano.

Al respecto, el conseller ha indicado que esta actuación ha sido «desagradable» porque él ha ido a cumplir con su obligación como conseller y a dar cuentas: «yo me tomo muy en serio mi trabajo en las Corts», ha subrayado.

Así, Cabré ha afirmado que entiende la «desesperación» de este colectivo, pero ha remarcado que las Corts es una institución «muy importante» para los valencianos y «no está destinada precisamente a este tipo de actos».

En esta línea, ha reiterado que lamenta «mucho» la situación de los discapacitados, en relación con los impagos, pero ha repetido que «no era el momento ni el lugar» para hacer las reivindicaciones.

Preguntado por si se va a establecer un calendario de pagos para este colectivo, el conseller ha dicho: «ya estamos pagando», y ha puntualizado que este año el Gobierno valenciano ha abogado casi 500 millones de euros a este sector de la discapacidad –entre mayores, enfermos mentales, familias, mujeres, etc–, con lo que «se está haciendo un esfuerzo muy importante».

Asimismo, ha asegurado que «inmediatamente que podamos, haremos un plan de pagos y pagaremos». El objetivo es éste –ha dicho–, «cumplir con ellos –los dependientes– porque es nuestra obligación».

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Los centros de Aerte pedirán a los usuarios el adelanto de las facturas que no abona la administración

Aerte, la patronal representante del sector de la Dependencia en la Comunitat Valenciana, ha asegurado este miércoles que sus centros exigirán a los usuarios el adelanto de las facturas que no está pagando la administración ya que ha afirmado que, de otra manera, «resulta imposible que las empresas continúen financiando los servicios sociales que Bienestar Social no realiza».

La patronal ha advertido en un comunicado de que muchos usuarios que no tienen familia y que se encuentran atendidos en sus centros se verán en la calle en breve por no poder asumir el pago de facturas. La entidad ha explicado que resulta «inevitable» en esta situación, en la que no han cobrado nada en todo 2012, se produzcan cortes de suministros, desabastecimiento de productos de primera necesidad o absentismo de personal debido a impagos de nóminas acumuladas.

Aerte ha recalcado que la situación es «inaguantable» y, además, «inminente que muchos usuarios sin familia se verán en la calle dentro de poco ante la imposibilidad de poder asumir el pago de estas facturas». En esta línea, ha puntualizado que esto «se agrava con la situación precaria en la que están inmersos los más de 10.000 dependientes que tienen reconocidos sus derechos por la Ley de Dependencia y no están recibiendo el servicio».

«Tienen derecho de percibir una prestación pública desde hace años en la mayoría de los casos, y  llegan a fallecer en la mayoría de las ocasiones antes de verlo realizado, de nuevo, por incumplimientos», ha criticado. La patronal ha calificado como «muy grave» la «falta continuada de palabra» del Consell hacia la población dependiente que representa Aerte –integrada por los más de 20.000 dependientes y más de 200 empresas– y ha lamentado su «falta de sensibilidad y compromiso en el ejercicio de sus funciones».

Aerte ha recalcado que el colectivo de la dependencia valenciano, que precisamente está «integrado por el segmento más débil y vulnerable de la sociedad», es el «único sector» que no ha cobrado nada en todo el año 2012. Asimismo, la patronal ha alertado de habrá cierre de empresas de atención a la dependencia, «lo que supondrá dejar de prestar sus servicios en la Comunidad Valenciana«.

En su opinión, «este hecho pone en tela de juicio la aplicación queBienestar Social está llevando a cabo de la Ley de Dependencia, una ley que ha sido recientemente reformulada y validada por el Gobierno central pero que no está siendo aplicada por el Gobierno autonómico», una realidad que califica como «muy grave».

Según la patronal, «son ya once meses los transcurridos desde que la Conselleria de Bienestar Social no paga ni un euro a los centros responsables de la atención y los cuidados de los dependientes y discapacitados, muchos de ellos tutelados por la misma administración, incumpliendo de forma grave y notoria con su compromiso de pago a la población dependiente así como con la palabra dada a la principal patronal de la dependencia valenciana y las empresas que la integran».

CON PRÉSTAMOS Y PÓLIZAS DE CRÉDITO

Aerte destaca que ya ha manifestado «en muchas ocasiones» las «dificultades» por las que atraviesan los centros de atención a la dependencia, que llevan «casi un año sufragando de su propio bolsillo los gastos que no paga Bienestar Social, sobrellevando la situación con préstamos y pólizas de crédito cuyos intereses están asumiendo e incluso, en ocasiones, comprometiendo su propio patrimonio personal».

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La Generalitat Valenciana paga 42 M€ en metálico para ampliar el capital social de la Ciudad de las Artes y las Ciencias pero no para los Proveedores de la Sanidad Pública

   La Plataforma de Proveedores de la Sanidad Pública Valenciana ha denunciado «el mal uso que se hace del dinero del contribuyente» y la «tremenda injusticia» que se está cometiendo con el colectivo de los proveedores.

El colectivo, en un comunicado, ha criticado que se les excluya «del reparto del poco dinero que llega a la Comunitat Valenciana proveniente del Fondo de Liquidez Autonómica, teóricamente creados para pagar intereses de la deuda pública y proveedores». Además, ha señalado que ven con «asombro» como «sí hay dinero para pagar 42 millones en metálico para ampliar el capital social de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa)».

«Desconocemos lo importante que puede ser este desembolso en metálico para la Generalitat Valenciana, así como las repercusiones que esta inversión pueda tener para los ciudadanos, pero de lo que sí estamos seguros, es que esta inversión no contribuye a mantener el estado de bienestar sanitario», ha destacado la plataforma.

En este sentido, ha tildado de «chocante» que en esta situación, «en la que las empresas estamos cerrando por no cobrar de las administraciones y en la que al ciudadano se le está regateando una intervención quirúrgica con listas de espera kilométricas o en la se le está solicitando un copago, haya 42 millones, más que suficientes como para saldar la deuda de todas nuestras empresas, para ampliar el capital de una sociedad cuyo objeto habría que analizar».

«Una prueba más de la incomprensión, falta de sensibilidad e injusticia hacia un colectivo empresarial del que dependen muchos puestos de trabajo», ha denunciado la Plataforma de Proveedores de la Sanidad Pública Valenciana.

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La FED participará este domingo en la marcha por los derechos de las personas con discapacidad

La Plataforma del Tercer Sector participará  convocada por CERMI, en el marco del ‘Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad’.

De esta forma, según ha asegurado la propia organización, muestra «su pleno apoyo y respaldo al CERMI» porque es una organización miembro de la plataforma y, «principalmente», porque comparte «plenamente» sus motivos y su alarma ante «los graves retrocesos que se están produciendo en materia de protección social para las personas con discapacidad en diversidad de planos y de políticas sociales».

En este sentido, la Plataforma del Tercer Sector ha destacado que uno de sus fines es la defensa de los derechos sociales reales y efectivos a través de los sistemas y mecanismos de protección social de los diferentes tipos de políticas a favor de los colectivos más vulnerables, como es el de la discapacidad o cualquier otro sector que representa.

LA FED PARTICIPARÁ «ANTE LA GRAVE SITUACIÓN EXISTENTE»

Por su parte, la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) participará en la marcha «ante la grave situación existente». En concreto, la organización ha denunciado que muchas personas en situación de dependencia se encuentran en lista de espera y «continúan en sus casas sin poder recibir los servicios que por ley tienen derecho»; así como los impagos que colocan a empresas e instituciones en «una situación límite de desabastecimiento de productos de primera necesidad, falta de pago de nómina de los trabajadores y cierres».

Asimismo, ha advertido de que la situación se agrava «de una manera extraordinaria» cuando se compara con otros sectores de la economía española. Como ejemplo, ha incidido en que hay sectores, como el del automóvil, que están recibiendo «apoyos y subvenciones» y en que, a su parecer, con esos mismos importes «podría solucionarse el problema existente y con mejores retornos». «La FED entiende que apoyar esta gran marcha es estar junto al sector de la dependencia tan dañado en estos momentos», ha concluido.

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Más de 10.000 personas asistirán a la marcha por la discapacidad

   Más de 10.000 personas asistirán a la marcha del próximo domingo convocada en Madrid, a favor de los derechos de las personas con  discapacidad, bajo el lema ‘SOS Discapacidad-Derechos, Inclusión y Bienestar a Salvo’, según estima el Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (CERMI).

Esta iniciativa, la víspera del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, comenzará a las 12.00 horas en la calle Goya esquina con Príncipe de Vergara y finalizará su recorrido en la Plaza de Colón y contará con la participación de miles de personas con discapacidad y sus familias, voluntarios, profesionales y simpatizantes.

Según indica el CERMI, todas estas personas se concentrarán «ante la inquietante situación que atraviesan, agravada por la crisis y las decisiones políticas de regresión de derechos y de debilitamiento del precario nivel de cohesión y protección sociales alcanzados por España».

Hasta ahora, de los CERMIS autonómicos, se han adherido a la marcha: CERMI CV, CERMI Asturias, CERMI CyL, CERMI Extremadura, CERMI Illes Balears, CERMI La Rioja, CERMI Canarias, CORMIN, CERMI Aragón, COCARMI, CERMI Andalucía, CERMI Cantabria, CERMI Melilla, CERMI Murcia y CERMI Galicia. Asimismo, se han unido también asociaciones como FEDACE, Autismo España, DOWN ESPAÑA, COCEMFE, PREDIF, AFEM, ASPACE Segovia, FIAPAS, CNSE, el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), FEDER, FEAPS y FEACEM.

Con este acto cívico, el CERMI pedirá, a través de la lectura de un manifiesto al término del recorrido, «evitar el colapso de los sistemas y dispositivos de promoción y protección de las personas con discapacidad y sus familias».

Sobre la estrategia de contestación ‘SOS Discapacidad’, la organización advierte de que se mantendrá «mientras perdure lo más agudo de esta crisis», iniciando su andadura en vísperas del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, en defensa de la inclusión, los derechos y la ciudadanía.

El CERMI es la plataforma unitaria estatal de representación de las personas con discapacidad que en la sociedad civil engloba a más de 7.000 asociaciones y entidades, que trabaja para lograr una inclusión plena de una realidad presente en el 10% de la población, los más de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España.

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Desaparece en 2013 el Programa Mayores de Cine por el que los mayores podían ver películas a un euro

   El director general de Mayores de la Comunidad de Madrid, José Ramón Méndez, ha afirmado este martes que en 2013 la Comunidad no va a ofrecer el programa de ‘Mayores de Cine’, por el que en años anteriores mayores de 60 años podían ver películas de estreno por un euro los días que establecía el programa.

«No se va a ejecutar el programa de mayores de cine este año», ha afirmado el director general de Mayores en la comisión de Asuntos Sociales que se ha celebrado este martes en la Asamblea de Madrid, donde ha comparecido el consejero del ramo, Jesús Fermosel, para dar cuenta del presupuesto de su cartera para el año que viene.

Según han explicado a Europa Press desde la Consejería de Asuntos Sociales, el millón de euros que se destinó el año pasado a este fin se va a destinar a financiar servicios esenciales, y se han puesto en marcha otras iniciativas como cursos de informática, mayores a escena o de formación de accidentes.

A este respecto, el consejero ha afirmado que «ya hay ofertas en el mercado sobre mayores» y ha destacado que «las empresas se han dado cuenta de que hay un colectivo potencialmente consumidor» entre los mayores, por lo que han hecho ofertas de cine, teatro, viajes que ofrecen a mayores a precio reducido.

El Programa Mayores de Cine cumplió el año pasado siete años y está enmarcado en el conjunto de actividades de envejecimiento activo que diseña la Comunidad de Madrid para ofrecer a los mayores de 60 años la posibilidad de llevar una vida saludable, de ocupar y enriquecer su tiempo libre y, sobre todo, de prevenir e incluso evitar posibles situaciones de dependencia o de soledad.

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Las familias acogedoras tampoco cobran en Valencia

Según la propia Consejería de Bienestar Social,  “el acogimiento familiar es una medida de protección que produce la plena integración del menor en la familia que lo acoge”. Los acogedores adquieren las obligaciones inherentes a la guarda del menor (velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral). Pero, al mismo tiempo, y con el fin de que el acogimiento se desarrolle de forma satisfactoria para ambas partes es necesario recibir una serie de apoyos técnicos o humanos y, en algunos casos, la ayuda material para que el acogimiento no suponga una merma en su economía familiar. Para lograr estos objetivos, la Consejería de Bienestar Social convoca cada año unas ayudas económicas por acogimiento. Pero con la situación generalizada de impagos y deudas del Consell estas ayudas no están llegando en tiempo y forma.

Los datos oficiales de la Consejería de Justicia y Bienestar Social indican que en la Comunidad Valenciana hay 4.555 menores en situación de desamparo. De éstos un total de 1.228 se encuentran en acogimiento residencial, y 451 en acogimiento familiar con familia educadora, algunas son las denominadas de urgencia y diagnóstico.

Las ayudas económicas que reciben las familias educadoras oscilan entre los 250 y los 750 euros, dependiendo de la modalidad de acogimiento y de las necesidades de cada menor. Pero las prestaciones no llegan desde hace 6 meses, y a pesar de ello, siguen asumiendo los gastos generados por el desarrollo de la guarda de los menores tutelados por la Administración, como leches maternizadas, pañales, ropa, vacunas, etc. Además, muchos de estos niños acogidos son especiales, y necesitan una atención específica. Algunos de ellos han podido sufrir malos tratos o abusos, otros necesitan atención médica especializada, muchos acuden al logopeda, al psicólogo o al fisioterapeuta, y otros necesitan sillas de ruedas o complementos ortopédicos.

Las familias de acogida de urgencia para llegar a serlo antes tuvieron que realizar los correspondientes cursos de formación exigidos por la consejería, así como una evaluación del entorno familiar, social y económico; además, durante todo el acogimiento, las familias tienen asignado un técnico que se encarga de evaluar y hacer el seguimiento correspondiente de los menores, de la familia biológica y de la familia acogedora, y son el “enlace” con la consejería. Un requisito imprescindible para ser familia acogedora de urgencia y diagnóstico, es la disponibilidad absoluta que se les exige y que resulta incompatible con la vida laboral. Todo su tiempo está dedicado a garantizar la total atención del menor. “Te pueden llamar desde la consejería y en dos horas te llevan un bebé a casa, por eso debemos tener disponibilidad total. Pero tal como están las cosas con la crisis, si no puedes trabajar, tu pareja está en paro y las ayudas no nos llegan desde abril con lo que volvemos a acumular seis meses (sumados a otros ocho que ya estuvimos en la misma situación con anterioridad…) la cosa se complica irremediablemente y resulta muy difícil seguir dando a estos menores todo lo que necesitan para su adecuado desarrollo, como ir al psicopedagogo etc.…” explican Cristina Martín, Cristina Gomis y Maite Sendra, tres madres que hacen acogidas de urgencia desde hace años y que vienen reclamando un acogimiento simple desde hace 20 meses.

Las familias educadoras temen que “tal y como está pasando actualmente, los cursos de formación de nuevas familias no se realicen con la misma asiduidad que en años anteriores, y que los centros residenciales se conviertan en el primer destino para los menores debido a la falta de familias educadoras. Cuando nadie pone en duda que la familia es el entorno ideal para que cualquier menor pueda desarrollar todas sus capacidades” afirma Pedro Luis Amorós, padre de acogida y especialista en educación especial.

Alicia Sirvent lleva más de siete años acogiendo niños en urgencia, por su casa han pasado más de 15 menores en situación de desamparo a los que la Generalitat ha retirado la tutela de sus padres biológicos. Sirvent reconoce que acoge a estos niños porque “son una realidad social, ellos necesitan de una familia durante un tiempo, y tienen derecho a crecer en una familia y les brindamos nuestro tiempo y afecto”. Sirvent admite que está satisfecha con lo que hacen “pero tengo la sensación de que algo falla en el engranaje del sistema, que es imperfecto, desde el momento en el que hay menores creciendo en residencias. Esta sociedad debe velar por sus derechos, les debe una familia que les proporcione calor, que los valore y les sea incondicional”. Martín destaca que estos niños “se nutren cada día de cariño, y de un amor que tiene fecha de caducidad, la sociedad se lo debe y nosotras disfrutamos sintiendo que ayudamos al crecimiento físico y psíquico de estos menores”.

Cristina Gomis, que tiene un niño en acogida permanente y hace acogidas de urgencia, opina que este es un recurso que no está suficientemente valorado, a pesar de que se ha demostrado sobradamente que es mucho más rentable que el internamiento en centro, tanto a nivel emocional como económico. “A pesar de la falta de pago, las familias de acogida seguimos pidiendo a consejería que se nos considere como el primer recurso ante una situación de riesgo o desamparo, y que los niños lleguen a nuestros hogares antes que a las instituciones”.

Estas familias confían en que se apruebe definitivamente la nueva ley que se tramita en el Senado sobre Reforma de Acogimiento y adopción que permita “dignificar” las condiciones del acogimiento.

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Sin dinero para residencias, un matrimonio separado por la dependencia

Desde que su mujer, Antonia, ingresó en un geriátrico hace un año, Julio Tomás Ruiz, de 90 años de edad, vive solo en un cuarto piso sin ascensor. Cada día sube y baja las escaleras para ir a verla a la residencia. “Ayer hizo 59 años que nos casamos”, recuerda. Asegura que, con su pensión, no puede costearse otra plaza de residencia y está a la espera de la resolución de la ayuda de la dependencia. “Cada vez es más frecuente que personas que quieren entrar en una residencia no puedan hacerlo porque la Generalitat todavía no ha concedido la ayuda y ellos no pueden pagársela”, explica Mónica Lucena, coordinadora del área social de Amics de la Gent Gran, entidad que acaba de cumplir 25 años y que lucha desde el voluntariado contra la soledad de las personas mayores y su marginación social.

El de Julio no es un caso aislado. Hay personas mayores que todavía no han sido valoradas como grandes dependientes aunque tengan problemas que les reste autonomía personal. “Los criterios de la dependencia son muy restrictivos”, comenta Llum Delas, de la Asociación Solidaritat amb la Gent Gran, una entidad sin ánimo de lucro que gestiona un centro de día con 30 plazas ubicado en Ciutat Vella. Explica que en las valoraciones se tiene en cuenta sobre todo el criterio de la movilidad, la alimentación y la higiene, pero no “el deterioro cognitivo” relativo a la vejez, que según Delas, puede comportar olvidos, «como dejarse el gas encendido», que podrían poner en peligro la seguridad de la persona.

En contra de los impagos a la dependencia
Las fuentes consultadas coinciden en que es poco frecuente que personas mayores que ya están en una residencia la abandonen porque hayan dejado de poder costearla. Sin embargo, cada vez es más habitual que cuando no pueden pagarla, sean trasladadas a una plaza concertada o pública. De hecho, mientras que en muchos centros hay listas de espera para ocupar plazas públicas y concertadas, las vacantes en las privadas van en aumento, tal como se admite desde la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), que denuncia también el impago por parte de la Generalitat de 70 millones de euros correspondientes a los servicios prestados en el mes de mayo.

Por este motivo la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) ha decidido promover una iniciativa legislativa popular para que la administración catalana priorice por ley los pagos a ancianos dependientes y evitar así que puedan repetirse impagos de conciertos como ocurrió el mes de julio pasado. Piden que se bloqueen de los presupuestos las partidas destinadas a este colectivo.

Por otro lado, el Gobierno español ha aprobado medidas para reducir las partidas de servicios sociales, que ha impedido el desarrollo de la ley de la dependencia tal como fue concebida. Entre algunas de estas decisiones está la prórroga de la atención a las personas con dependencia leve hasta 2015, la reducción del 15% como mínimo de las pagas que recibe el cuidador familiar y la supresión de las cuotas que abonaba el Ejecutivo a la seguridad social.

Los profesionales y voluntarios geriátricos también señalan que cada vez es más habitual que las ayudas a la dependencia que concede la administración no lleguen a cumplir su función porque el dinero va a parar a manos de hijos y nietos en apuros económicos. “La crisis está agravando mucho la autonomía financiera de estas personas”, añade Llum Delas, que relata que algunos de los usuarios del centro de día en que trabaja como voluntaria cobran pensiones de entre 350 euros y 600 euros, “pero a veces este dinero sirve para que vivan familiares que han agotado las prestaciones de desempleo y no encuentran trabajo”.

Ayuda que no se paga
Más allá de las prestaciones administrativas, el sector de servicios sociales dedicados a atender las necesidades de la gente mayor también cuenta con varias organizaciones benéficas cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de este colectivo. Un ejemplo es Amics de la Gent Gran que está conformada por un equipo de 700 voluntarios. “Muchos de ellos son personas paradas que quieren ocupar el tiempo que ahora no dedican al trabajo en tareas de voluntariado”, explica la coordinadora del área social de la entidad sin ánimo de lucro, que, como curiosidad, cuenta con una voluntaria de 90 años.

Los voluntarios visitan una vez por semana a la persona mayor, que también tiene la opción de participar en una red de actividades para relacionarse con gente. Por ejemplo, tertulias a domicilio y excursiones. “Pretendemos que se sientan parte de un grupo y que no estén solas”, comenta Mónica Lucena. Y es que, según ella, la soledad tiene “un impacto directo” en las enfermedades. “La persona que se siente sola puede padecer más hipertensión, tiende a entrar en un estado de tristeza, de aislamiento, lo que genera a veces falta de autonomía”.

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Bienestar Social no garantiza la apertura de la residencia de Sotiello en 2013 equipada desde hace un año y medio

La Consejería de Bienestar Social y Vivienda no puede garantizar la puesta en marcha de la residencia allerana de Sotiello para el próximo año 2013, a pesar de que el inmueble está listo y equipado desde hace más de un año y medio. El director general de Políticas Sociales, Jacinto Braña, aseguró que la intención del Principado de Asturias es «abrir el equipamiento lo antes posible», pero que aún no está en disposición de dar un plazo más ajustado.
El responsable regional hizo estas declaraciones ayer, durante una visita al centro social de personas mayores de Moreda para participar en una comida de más de 200 personas, con la que se abrió el programa de la fiesta de San Martín en el centro. Jacinto Braña aseguró que este encuentro sirve para cumplir con uno de los objetivos del Principado. «Queremos una relación directa con los centros que están en marcha, con el fin de conocer su realidad a través del contacto y no a través de una política de despacho», aseguró el responsable regional.
Otro de los objetivos que se ha marcado la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, según añadió Braña, es poner en marcha «a lo largo de este mandato» todos los equipamientos listos para abrir y terminar las obras que están empezadas dentro del área. A día de hoy es «imposible» dar un plazo más ajustado sobre estas actuaciones, ya que «estamos elaborando los presupuestos y estamos trabajando para saber con qué posibilidades contamos».
La residencia de Sotiello está lista para empezar a funcionar desde abril de 2011. A pesar de que aún no se ha puesto en marcha, lleva meses generando una acalorada polémica. Noemí Martín (IU) estaba al cargo de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda cuando el centro se equipó, en abril de 2011. Cuando Foro Asturias llegó al Gobierno regional, acusó a Martín de no dejar una partida habilitada para la puesta en marcha del equipamiento. La coalición de izquierdas no tardó en responder a esta afirmación y sembró la duda sobre una posible privatización del centro por parte de Foro Asturias. Con la llegada del PSOE al Principado, los anuncios sobre la residencia han vuelto a producirse, pero aún no hay ninguna fecha final puesta sobre la mesa. «En cuanto se finalicen los presupuestos, contaremos con un plazo más ajustado», reiteró ayer Braña.
Entre anuncios y polémica, la lista de usuarios interesados en ocupar la residencia de Sotiello ha ido creciendo y, a día de hoy, está por encima del medio centenar de personas. El centro cuenta con 92 plazas de alojamiento y, según el proyecto inicial, 28 de centro de día, aunque el Principado aún no ha aclarado si la residencia contará con todos los servicios con los que se ideó. Si se mantiene el proyecto inicial, está previsto que la puesta en marcha de la residencia genere ochenta puestos de trabajo que se cubrirían con personal de la comarca.

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La nadadora paralímpica Teresa Perales avisa de que «se está haciendo encaje de bolillos» con el Sistema de Dependencia

  La nadadora Maria Teresa Perales Fernández, que se ha convertido este viernes en la primera deportista paralímpica en recibir la Gran Cruz al Mérito Deportivo, ha alertado de que «se está haciendo encaje de bolillos»con el Sistema de Dependencia.

En una entrevista a ‘Mundo Cristiano’ recogida por Europa Press, Perales ha resaltado que cuando se puso en marcha el citado sistema de ayudas a la dependencia «no se pensaba en la que se venía encima», puesto que España «no estaba preparada para algo tan grande en un momento tan malo».

«Están haciendo encaje de bolillos. Creí en el sistema y sigo creyendo. Mi abuelo nunca pensó que iba a cobrar una pensión o el paro y ahora es algo normal. Espero que una utopía como el Sistema de Dependencia el día de mañana sea algo normal», ha explicado.

A lo largo de la entrevista, Perales repasa su trayectoria y los inicios de su discapacidad, además de sus objetivos de futuro cuando abandone el deporte. Así, además de continuar en su labor como escritora –cuenta con el libro ‘Mi vida sobre ruedas y la teoría del espiralismo’– dedicará el tiempo al coaching deportivo y profesional.

«Tengo que pensar en mi futuro, porque el deporte es mi presente. Si me lesiono, adiós, y la beca ADOP (Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico) se va de un día para otro si no hay resultados deportivos», ha señalado.

La nadadora también ha dedicado una etapa de su vida a la política, siendo diputada en las Cortes de Aragón, si bien ahora considera esta actividad «una etapa del libro cerrada». En este sentido, pide «cambiar la imagen» que tienen tanto los políticos de los ciudadanos como viceversa.

Perales usa silla de ruedas desde los 19 años, tras una enfermedad. En 1998 debutó internacionalmente como nadadora en el Campeonato del Mundo de Nueva Zelanda y desde entonces ha participado en los Juegos Paralímpicos de Sidney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

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Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio de 2013 contemplan un recorte del 5,8% en la partida destinada al programa de viajes del Imserso

   Las plazas del Programa de Vacaciones para Mayores y de Mantenimiento de Empleo en las zonas turísticas del Imserso pueden adquirirse desde el pasado sábado en el portal mundosenior.es o en las más de 9.500 agencias de viajes autorizadas en todo el país.

En concreto, los usuarios acreditados de Andalucía, Extremadura y País Vasco ya pueden comprar sus viajes, mientras que los residentes en Aragón, Castilla-La Mancha, Cantabria, Ceuta, Galicia, Baleares, Canarias, Melilla, Murcia y Navarra, podrán hacerse con ellos desde este martes.

Por su parte, los clientes de la Comunidad Valenciana y Cataluña podrán adquirir sus plazas desde este jueves, siendo los más tardíos los ciudadanos de Asturias, Castilla y León, La Rioja y la Comunidad de Madrid, que tendrán que esperar hasta el próximo sábado.

Los usuarios acreditados con plaza podrán reservar su viaje el mismo día del inicio de venta en su comunidad autónoma, eligiendo uno de los destinos, estancias y fechas disponibles.

Del mismo modo, optarán a reservar un viaje los usuarios en cobertura de vacantes, siempre que haya plazas disponibles el siguiente día laborable después del inicio de ventas de cada una de las comunidades autónomas, eligiendo uno de los destinos, estancias y fechas.

No obstante, los acreditados tendrán la oportunidad de reservar más viajes siempre que haya plazas vacantes a partir de dos días laborables después del inicio de las ventas en su comunidad.

El programa tiene una variada oferta de turnos de vacaciones, que pueden ser de cinco, seis, ocho, diez o 15 días de estancia, en régimen de pensión completa, con transporte de ida y vuelta, asistencia sanitaria y póliza de seguros.

PORTUGAL, FUERA DE LOS DESTINOS.

A finales de octubre, la Dirección General del Imserso comunicó que, al haber renunciado Portugal el convenio firmado para que las personas mayores pudieran conocer el país y al mismo tiempo que los portugueses pudieran visitar España, se veía obligada a suspender todas las plazas con destino a Portugal.

De esta forma, las personas acreditadas para el país luso tenían plaza asegurada para circuitos culturales, turismo de naturaleza o plazas con destino en Península y Baleares.

RECORTE DEL 5,8% EN 2013.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio de 2013 contemplan un recorte del 5,8% en la partida destinada al programa de viajes del Imserso, que contará con un total de 105,4 millones de euros.

En concreto, se beneficiarán de esta iniciativa 900.000 usuarios, generándose 8,2 millones de estancias en los hoteles y creando en torno a 84.000 empleos, 12.000 directos y 72.000 indirectos.

El impago de los atrasos de la ley de la dependencia ahoga a los afectados

El caso de Juan Manuel Escobar ejemplifica el drama personal que están viviendo muchísimas familias de nuestro país, castigadas de una manera profunda por la crisis económica y que se encuentran especialmente ahogadas al no haber cobrado los atrasos que les deben de la Ley de la Dependencia. Este ciudadano de Reus -en el paro, con siete personas a su cargo, y que tiene que pasar cada mes con poco más de 1.300 euros- exige que le paguen los más de 3.000 euros de atrasos que le deben a su mujer, la cual cobra cada mes 250 euros a través de la Ley de la Dependencia.

«En 2009 nos concedieron una paga por la Ley de la Dependencia, pero hasta 2010 no empezamos a cobrarla. Entonces nos dijeron que nos pagarían los 4.000 euros que nos debían de atrasos. Desde entonces, sólo nos han ingresado 700 euros», se lamenta este vecino de Reus. Todo ello ha coincidido en el tiempo con una serie de calamidades, a nivel laboral, tanto para él como para su familia.

Después de quedarse en el paro, y de que su hijo también se quedase sin empleo, Juan Manuel lleva dos años haciendo auténticas filigranas para pasar el mes con poco más de 1.300 euros. «La hipoteca la voy pagando, pero de aquella manera, a medias, por lo que debo unos 500 euros. De la comunidad de vecinos debo dos años y de impuestos del Ayuntamiento más de 1.000 euros», explica desolado este ciudadano, quien añade que «para más inri, mi mujer es diabética y sufre depresión, por lo que toma unas 14 pastillas al día que, con el copago de los medicamentos, me suponen un gasto de unos 40 euros al mes».

Pero, por si fuera poco, Juan Manuel Escobar se encuentra desde hace unas semanas con el problema añadido de que su hija, yerno y dos nietas están a la espera de que el juez ejecute una orden de desahucio, por lo que antes de que se queden en la calle las acogerá en su casa. «Seremos ocho bocas que alimentar,  entre ellas dos niñas de nueve años, sin que nadie trabaje», comenta este ciudadano, quien reconoce que «los más de 3.000 euros que nos deben de la Ley de la Dependencia los necesitamos para poder acondicionar el piso ante la inminente llegada de mi hija y su familia». Juan Manuel, quien asegura que lleva tres meses sin dormir por culpa de la preocupación, se queja especialmente por «el trato que nos dan a los ciudadanos en las administraciones. Fui a exponer mi caso a Tarragona y me trataron como a un número. Además, los políticos son todos unos insensibles que lo único que saben hacer es engañar a la ciudadanía».

Juan Manuel quiere que «mi caso, como el que deben estar pasando muchas familias, se sepa para que la gente conozca quienes nos están gobernando. Lo único que reclamo es un dinero que es mío y que me permitiría vivir un poco más tranquilo».

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El presidente de CERMI teme que con aplicación de Ley de Dependencia «algunas personas sean expulsadas del sistema»

   El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en la Región de Murcia (CERMI), Joaquín Barberá, ha hablado esta mañana sobre «la rigidez de acceso» a la Ley de Dependencia, donde ha dicho que «el pago de subvenciones no es el principal tema a exponer», sino «la mala aplicación de la Ley», pues teme que ahora «algunas personas que ya estaban atendidas, sean expulsadas del sistema».

Barberá ha comparecido esta mañana ante la Comisión de Especial de Discapacidad de el Asamblea Regional, «para informar desde el punto de vista de CERMI sobre la situación de la Discapacidad en la Región de Murcia», donde hay «10.000 familias afectadas por la aplicación de la Ley de Dependencia».

Ante la Comisión, el presidente de CERMI, comité que «abarca a todas las asociaciones de la Discapacidad de la Región de Murcia», ha puesto sobre la mesa temas como el aumento del copago para las familias, la incompatibilidad de la prestación económica con un determinado servicio o lo que suponen las tasas del grado de Dependencia.

Respecto al tema de las subvenciones, ha indicado que «cuando hay algún impago lo soportan las asociaciones», pero que al respecto quieren «una normativa», aunque no obstante comparece ante la Comisión de Discapacidad «con positividad», ya que ha insistido en que el tema de las subvenciones «se regularizará».

También ha matizado que «a todos nos interesa el cobro para poder pagar a nuestros técnicos», pero que lo verdaderamente importante «es lo que se deriva de la Ley», puesto que «la política social es algo más que la Ley de Dependencia».

Así pues, ha afirmado que «las personas dependientes siguen estando atendidas, pero a costa de sus familiares, que son los que forman las organizaciones», y ha denunciado que las políticas sociales «están en manos de las organizaciones en lugar de en las de la Administración».

ASIGNATURAS PENDIENTES

Para la diputada socialista, Teresa Rosique, esta comparecencia supone escuchar «al comité más receptivo de personas con discapacidad», para tomar «buena nota», y así poder analizar «nuestras asignaturas pendientes para poder dar respuesta a las personas con discapacidad».

Por parte del Partido Popular, la diputada Severa González ha indicado que «con esta comparecencia se cierra un primer capítulo», pues durante «tres lunes consecutivos han comparecido la consejera de Sanidad, el consejero de Educación y el de Obras Públicas», que han trasladado «todos los proyectos en materia de discapacidad».

De igual forma, Severa González ha subrayado «la implicación del presidente Ramón Luis Valcárcel desde el año 95», siempre «abierto al diálogo social», cuestión reconocida «al ser premiado por CERMI».

También, González ha querido destacar «que los recortes afectan a todos los colectivos, a la discapacidad también», pero que en este caso espera que «sea lo menos posible».

Y por parte de IU-Verdes, el diputado regional José Antonio Pujante ha dicho que «no vamos a tolerar recortes en los sectores más vulnerables», porque de lo que se trata es de «la plena integración» de este colectivo.

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Entidades de lucha contra pobreza avisan que Cataluña será social o no será

La presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social, Àngels Guiteras, ha advertido hoy a los partidos políticos que «en el cruce histórico social y político actual» tienen que tener presente que «Cataluña será social o no será».

Guiteras ha recordado que uno de cada tres catalanes vive con índices por debajo del umbral de la pobreza, que en los últimos años se han incorporado 1,5 millones de catalanes al grupo de riesgo de exclusión social y que Cataluña ya tiene más de 632.000 desempleados.

«Se pueden llenar diez Camp Nou con los nuevos pobres», ha afirmado la presidenta de la entidades sociales catalanas durante el acto institucional de conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza en Barcelona, al que han asistido, entre otros, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, el conseller de Bienestar Social, Josep Lluis Cleries, y el expresidente de la Generalitat, José Montilla.

La presidenta de la Mesa del Tercer Sector, que representa a casi 4.000 de las 7.500 entidades sociales que trabajan en Cataluña, ha pedido a todos los partidos que se presentan a las próximas elecciones autonómicas que prioricen las políticas sociales y ha criticado la política «irracional» de recortes impuesta por Europa «que no sólo no aporta soluciones a la crisis sino que la está agravando».

Guiteras también ha criticado que haya dinero público para rescatar a los bancos y no para atender a las personas en «una situación social tan grave y punzante».

«La descohesión social nos hundirá como país», ha alertado la presidenta de las entidades, que ha pedido a los partidos políticos que proclamen «alto y claro que su prioridad será luchar contra la pobreza y a favor de la cohesión social».

«Queremos ser un país fuerte contra la pobreza y la desigualdad, necesitamos unas instituciones que sean críticas con las políticas europeas y que den prioridad a las políticas sociales, que están muy por debajo de la media europea, y que los ingresos fiscales pasen el 32 al 44 % del PIB de manera equitativa», ha defendido Guiteras.

La presidenta de las entidades ha parafraseado al expresidente de la Generalitat Lluis Companys: «deseo que Cataluña marche al frente de los países más avanzados socialmente», ha dicho Guiteras.

Por su parte, el conseller Josep Lluis Cleries ha destacado que el consenso político en el documento de bases del Pacto Nacional contra la Pobreza «facilitará la continuidad del proceso en la próxima legislatura».

Cleries, que ha ensalzado el trabajo de las entidades y ha insistido en la «asfixia económica y social» de Cataluña, ha hecho un llamamiento a «seguir luchando contra la pobreza cuando llegue la recuperación económica» porque ha asegurado que «una buena parte del problema es pobreza estructural».

El conseller ha afirmado que «los derechos sociales y los nacionales tienen que caminar juntos» y ha lanzado un mensaje tranquilizador sobre el proceso electoral abierto en Cataluña porque, según ha dicho, «el cambio de legislatura no supondrá ninguna interrupción en la consecución del Pacto Nacional contra la Pobreza ya que es mucha la distancia recorrida, el trabajo realizado y mucho el consenso social y político alcanzado».

El alcalde de Barcelona ha reconocido: «la situación es muy compleja, pero nos equivocamos si menospreciamos lo que hemos hecho y conseguido, desde una dictadura hemos transformado el país, con profundos cambios de equidad».

Trias ha criticado una «Europa que se ha convertido en un mercado y no en una Unión Europea» y ha recordado: «cuando teníamos éxito y bonanza económica también teníamos pobreza», por lo que ha cuestionado el modelo de bienestar social «que queremos para nuestro país».

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El Sistema de Dependencia perdió 5.000 beneficiarios en el último mes

   El Sistema de Dependencia perdió un total de 4.676 beneficiarios en este mes de octubre con respecto a septiembre, según ha denunciado la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales de España, un descenso que refleja que el Sistema «se destruye por inanición».

En un comunicado, la asociación indica que actualmente hay 99.333 personas pendientes de valoración, 237.885 en el «limbo de la dependencia», 476 plazas residenciales menos y 1.534 usuarios de ayuda a domicilio menos. Ante estos datos, cuantifican que el recorte en este mes se eleva a casi 4 millones de euros y ha supuesto el despido de unos 700 trabajadores.

A juicio de la asociación, este descenso se ha producido «seguramente» porque los beneficiarios han fallecido y denuncian que «ni siquiera» se haya destinado «el ahorro que eso supone para dar esa prestación o servicio a una de las 237.885 personas que se encuentran en el ‘limbo de la dependencia», es decir, personas a las que se les ha reconocido el derecho pero no se les ha dado ninguna prestación o servicio correspondiente.

Por ello, lamentan que «ni siquiera» se mantenga la tasa de reposición al atender a los que están en el Sistema de Dependencia –recortando las prestaciones, reduciendo horas de servicio y aumentando el copago, según la asociación– y no se dé cobertura a quienes están en la lista de espera o puedan entrar en la misma.

La asociación también ha denunciado la existencia de 3.450 grandes dependientes menos que el mes anterior ya que, en su opinión, «se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que den un menor grado de dependencia y por tanto reducir el coste». En este punto, han subrayado que los dos años y medio de plazo que las comunidades autónomas pueden aplicar después del Real decreto de 15 de Julio «hará que decenas de miles de personas con derecho mueran sin ser atendidas».

En palabras del presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, José Manuel Ramírez, «el destrozo total del sistema se vislumbra tan evidente que solo caben dos valoraciones posibles: o continúa una demolición cruel y calculada de la Ley de Dependencia o bien se está cometido una torpeza de tal calibre que exigiría la dimisión de más de un responsable ministerial».

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Alberto Giménez, “Ahorrar en salud y dependencia es un gravísimo error”

Alberto Giménez (Alicante, 1954) es el presidente de la patronal del sector sociosanitario Aerte, miembro de la CEOE y ahora presidente de la recién nacida Fundación Economía y Salud, desde donde pretende llevar a la opinión pública un sector, el de servicios sociales, que considera ninguneado en diferentes ámbitos. Las reclamaciones de estos empresarios de las residencias geriátricas y para discapacitados, a las que Giménez pone voz en esta entrevista, se han entregado en La Moncloa hace unos días. Piden la colaboración de las Administraciones públicas para ocupar 50.000 camas vacías en sus centros y ofrecen al presidente un plan para construir más, a la espera de que sean concertadas, es decir, subvencionadas con dinero público y de gestión privada. No es el mejor momento: las comunidades arrastran una gran deuda con estas empresas precisamente por esos conciertos. Giménez insiste en que es el camino para desatascar el sector y crear riqueza.

Pregunta. Han entregado este informe sobre las posibilidades económicas del sector sociosanitario en Moncloa. ¿Qué receptividad han encontrado?

Respuesta. El Gobierno está inquieto y busca soluciones, pero mi impresión es que este sector no está entre las prioridades. Se habla de sanidad, de educación, de déficit, pero a los servicios sociales no se les escucha como debieran. Pero le hemos entregado datos que confirman que este sector no solo contribuye a la mejora de la salud, también del empleo y de la situación económica. Tendremos una reunión para discutir las cifras.

P. Pide que se subvencione con 700 millones de dinero público la ocupación de 50.000 camas vacías en geriátricos y a cambio, explica, el Gobierno recibiría retornos económicos por valor de 792 millones. Pero quien paga son las comunidades autónomas y quien recibe los retornos es el Gobierno…

R. Es cierto, pero las comunidades deben apoyar este plan, debe haber un gran acuerdo entre el Gobierno central y las autonomías para que todo se desarrolle con la financiación adecuada.

P. Dicen que ustedes podrían ofrecer a los pacientes crónicos o convalecientes de larga duración un servicio casi tres veces más barato que el que reciben en los hospitales. ¿Con qué calidad?

R. España es líder en asistencia hospitalaria para pacientes agudos, pero no lo somos en crónicos y estamos dedicando magníficos hospitales a ese fin, eso es carísimo. Se trata de ajustar recursos y modelos. Cuando ya es más importante cuidar que curar hay que usar otro modelo y para ello se necesitan menos recursos que los que emplea un hospital, con los que se calcula finalmente el coste de una cama. Quizá esos cuidados pueden prestarlos hospitales de media y larga estancia, o quizá centros sociosanitarios, pero hay que cambiar el modelo actual. La idea es unir la salud, que no es algo administrativo en compartimentos estancos: aquí agudos, aquí crónicos. Se empieza por agudos, luego se pasa a crónicos, hay rehabilitación, se recupera o se acaba en dependiente, hay que saber unir la atención de todo eso. Hay que unificar la política dedicada a la salud: salud y calidad de vida y dependencia, porque la salud ya no es como en siglos pasado, la ausencia de enfermedad, es calidad de vida.

P. Ese trasvase de pacientes de un modelo a otro ¿tiene que ser necesariamente de la red pública a la privada? ¿No pueden reformarse los propios hospitales para prestar los cuidados de forma más barata?

R. Lo importante es estudiar el modelo y los recursos, quitar carga ideológica al asunto y pensar en la eficiencia. Habrá que ver cada caso, en algunos será más oportuno lo público con una reconversión de hospitales, en otros, lo privado, y en otros una colaboración entre ambos. Es solo una cuestión de gestión. Ni lo público ni lo privado garantizan por sí mismos la calidad ni la eficacia.

P. Pero ustedes piden un traslado de algo más de 7.000 pacientes crónicos o convalecientes, que necesitan rehabilitación, por ejemplo, para sus centros

R. Lo pedimos así porque tenemos 50.000 camas vacías y eso podría ser una solución inmediata.

P. Y los empleos, ¿serán los mismos en lo privado que en lo público?

R. Ofrecemos un compromiso firme de absorción de personal.

P. Sin embargo, en España los geriátricos y ciertas residencias no acaban de tener la mejor imagen. ¿No cree que el sector necesita un lavado de cara?

R. Cuidado, es posible que nuestra autoestima esté baja en ese sentido. He visitado Alemania, Suecia, Noruega, Inglaterra, Países Bajos y puedo asegurar que nuestros centros son de primerísimo nivel. En Alemania no van los médicos a los centros geriátricos, en algunos de los nuestros sí. El problema es que destinamos pocos recursos: ahí están esos casi 240.000 dependientes sin atender en lista de espera.

P. Usted preside la nueva Fundación Economía y Salud. ¿Qué objetivos tiene?

R. Tratamos de poner en valor el sector de la salud desde un punto de vista económico, que no está bien valorado. Se habla de salud y se menciona siempre el gasto no la riqueza que puede generar y más en un país como España. Hay propuestas del Gobierno para relanzar el sector del automóvil. Bien. Pero es que a nosotros no nos toca nunca. La Fundación quiere dar a conocer que este sector es generoso cuando se le atiende. Necesita estímulo, pero mañana mismo podríamos crear 25.000 puestos de trabajo sin perjudicar a nadie. Hay otra idea que se debe saber: el desarrollo económico no trae salud, es al revés, la salud trae desarrollo económico, porque estar saludable incrementa la satisfacción, la proactividad, las ganas de hacer cosas y de crear riqueza. Ahorrar en salud, como hace el Gobierno, es un gravísimo error, producto de no conocer el sector. No se puede ahorrar en salud o dependencia.

P. En ocasiones ustedes plantean la idea de España como territorio de turismo sociosanitario y de servicios sociales, es decir, como un país que podría hacer negocio combinando su experiencia en turismo y su sistema sanitario de calidad con los servicios sociales para mayores, como ha ocurrido en la costa durante años.

R. Sí, nos referimos a unir dos ideas, el potencial español en turismo y su marca bien conocida de calidad de vida con un sector, el sanitario, en el que también tenemos merecida fama mundial. Deben saber en el exterior que aquí se ofrece calidad de servicio, que sabemos cuidarles y atenderles.

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La Junta estudia recortar el coste de las plazas de dependencia

La Consejería de Salud y Bienestar Social ha iniciado un proceso de negociación con todos los agentes implicados en el desarrollo del sistema de atención a la dependencia con el fin de reducir los costes y «buscar fórmulas que garanticen su viabilidad» ante la difícil situación de tesorería a la que se enfrenta. Aunque ni la administración ni las empresas del sector quieren hablar de porcentajes todavía, fuentes consultadas apuntan a que la Junta estaría planteando reducir la asignación que reciben residencias y unidades de estancia diurna más de un 10%.

La Plataforma en Defensa de la Dignidad de los Mayores, que engloba a trabajadores, familiares y responsables de empresas del sector de la dependencia rechazan que el camino sea la reducción de los precios, ya que esto iría en perjuicio de la calidad del servicio y podría conducir a que las residencias vuelvan a ser asilos «con servicios básicos de hostelería y sin prestaciones sanitarias profesionales». Dicha plataforma destaca además la pérdida de empleo que acarrearía tal medida, debido a la reducción de las ratios de personal que conllevaría su aplicación y aluden a un estudio de la propia Consejería de Bienestar Social que destaca la rentabilidad de este sector, ya que «por cada euro invertido en empleo en dependencia se genera el triple en el conjunto de la economía regional, en forma de retornos fiscales directos (impuestos de sociedades, IVA, IRPF, tributos municipales y seguridad social)».

Asimismo, denuncian la paralización desde hace más de tres meses de la aplicación de la ley, «ya que no se están realizando nuevas valoraciones y las plazas que quedan vacías en residencias y unidades no se renuevan». Una situación que se produce a pesar de que «la mayoría de los centros tienen personas dependientes en lista de espera».

Por su parte, la Consejería culpa directamente de la situación al gobierno de Rajoy, que «ha puesto en serio riesgo la atención a las más de 19.000 personas atendidas en la provincia tras la aprobación unilateral de la reforma de la Ley de la Dependencia». En este sentido, desde la delegación explican que «medidas como la reducción de las aportaciones estatales por persona atendida, la rebaja del número de horas en el Servicio de Ayuda a Domicilio o el descenso del 15% en las prestaciones para el cuidado en el entorno familiar están causando ya un notable perjuicio a los ciudadanos, a lo que se suma la eliminación del nivel acordado». Para la Junta, «la nueva situación solo es sostenible si los prestadores de servicio asumen los descuentos», algo que choca con la visión de los empresarios, que además de criticar el «constante retraso en los pagos» a que se ven sometidos, aseguran que «existen otras vías para garantizar la atención de calidad si se apuesta por la profesionalización».

El precio estipulado actualmente para una plaza de residencia es de unos 1.500 euros al mes, incluidos los servicios de medicina, psicología o fisioterapia, y en torno a 900 por una plaza en unidad de estancia diurna. La persona dependiente contribuye con el 75% de su pensión.

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