Sin dinero para residencias, un matrimonio separado por la dependencia
Desde que su mujer, Antonia, ingresó en un geriátrico hace un año, Julio Tomás Ruiz, de 90 años de edad, vive solo en un cuarto piso sin ascensor. Cada día sube y baja las escaleras para ir a verla a la residencia. “Ayer hizo 59 años que nos casamos”, recuerda. Asegura que, con su pensión, no puede costearse otra plaza de residencia y está a la espera de la resolución de la ayuda de la dependencia. “Cada vez es más frecuente que personas que quieren entrar en una residencia no puedan hacerlo porque la Generalitat todavía no ha concedido la ayuda y ellos no pueden pagársela”, explica Mónica Lucena, coordinadora del área social de Amics de la Gent Gran, entidad que acaba de cumplir 25 años y que lucha desde el voluntariado contra la soledad de las personas mayores y su marginación social.
El de Julio no es un caso aislado. Hay personas mayores que todavía no han sido valoradas como grandes dependientes aunque tengan problemas que les reste autonomía personal. “Los criterios de la dependencia son muy restrictivos”, comenta Llum Delas, de la Asociación Solidaritat amb la Gent Gran, una entidad sin ánimo de lucro que gestiona un centro de día con 30 plazas ubicado en Ciutat Vella. Explica que en las valoraciones se tiene en cuenta sobre todo el criterio de la movilidad, la alimentación y la higiene, pero no “el deterioro cognitivo” relativo a la vejez, que según Delas, puede comportar olvidos, «como dejarse el gas encendido», que podrían poner en peligro la seguridad de la persona.
En contra de los impagos a la dependencia
Las fuentes consultadas coinciden en que es poco frecuente que personas mayores que ya están en una residencia la abandonen porque hayan dejado de poder costearla. Sin embargo, cada vez es más habitual que cuando no pueden pagarla, sean trasladadas a una plaza concertada o pública. De hecho, mientras que en muchos centros hay listas de espera para ocupar plazas públicas y concertadas, las vacantes en las privadas van en aumento, tal como se admite desde la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), que denuncia también el impago por parte de la Generalitat de 70 millones de euros correspondientes a los servicios prestados en el mes de mayo.
Por este motivo la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) ha decidido promover una iniciativa legislativa popular para que la administración catalana priorice por ley los pagos a ancianos dependientes y evitar así que puedan repetirse impagos de conciertos como ocurrió el mes de julio pasado. Piden que se bloqueen de los presupuestos las partidas destinadas a este colectivo.
Por otro lado, el Gobierno español ha aprobado medidas para reducir las partidas de servicios sociales, que ha impedido el desarrollo de la ley de la dependencia tal como fue concebida. Entre algunas de estas decisiones está la prórroga de la atención a las personas con dependencia leve hasta 2015, la reducción del 15% como mínimo de las pagas que recibe el cuidador familiar y la supresión de las cuotas que abonaba el Ejecutivo a la seguridad social.
Los profesionales y voluntarios geriátricos también señalan que cada vez es más habitual que las ayudas a la dependencia que concede la administración no lleguen a cumplir su función porque el dinero va a parar a manos de hijos y nietos en apuros económicos. “La crisis está agravando mucho la autonomía financiera de estas personas”, añade Llum Delas, que relata que algunos de los usuarios del centro de día en que trabaja como voluntaria cobran pensiones de entre 350 euros y 600 euros, “pero a veces este dinero sirve para que vivan familiares que han agotado las prestaciones de desempleo y no encuentran trabajo”.
Ayuda que no se paga
Más allá de las prestaciones administrativas, el sector de servicios sociales dedicados a atender las necesidades de la gente mayor también cuenta con varias organizaciones benéficas cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de este colectivo. Un ejemplo es Amics de la Gent Gran que está conformada por un equipo de 700 voluntarios. “Muchos de ellos son personas paradas que quieren ocupar el tiempo que ahora no dedican al trabajo en tareas de voluntariado”, explica la coordinadora del área social de la entidad sin ánimo de lucro, que, como curiosidad, cuenta con una voluntaria de 90 años.
Los voluntarios visitan una vez por semana a la persona mayor, que también tiene la opción de participar en una red de actividades para relacionarse con gente. Por ejemplo, tertulias a domicilio y excursiones. “Pretendemos que se sientan parte de un grupo y que no estén solas”, comenta Mónica Lucena. Y es que, según ella, la soledad tiene “un impacto directo” en las enfermedades. “La persona que se siente sola puede padecer más hipertensión, tiende a entrar en un estado de tristeza, de aislamiento, lo que genera a veces falta de autonomía”.
