Recortes
Juana Tubío, presidenta del Colexio de Traballo Social de Galicia, «se está promocionando un modelo de servicio social basado en la beneficencia»
Asociaciones de familiares de dependientes advierten de que los recortes aprobados por el Gobierno en la Ley de Dependencia aumentarán los costes «a medio y largo plazo» y «empeorarán» la calidad de vida de estas personas. Asimismo, argumentan que «lucharán» para que sus allegados «no se queden sin los cuidadores que necesitan».
Frente a sus críticas, la Consellería de Traballo e Benestar insiste en que en la reforma era «algo inaplazable» por falta de financiación y rechaza que peligre la atención de los dependientes que ya están dentro del sistema. El departamento autonómico reconoce, no obstante, que el ritmo de atención a nuevos dependientes se verá ralentizado en todo el Estado.
En Galicia hay en la actualidad en torno a 37.000 dependientes asistidos, el 60 por ciento del total. No obstante, unos 20.000 personas con dependencia severa (grado III) y moderada (grado II) permanecen en lista de espera pendientes de recibir atención, según datos del departamento autonómico a los que ha tenido acceso Europa Press.
Ante esta situación, las distintas asociaciones y entidades, como el Colexio de Traballo Social de Galicia, consultadas por Europa Press se cuestionan los recortes y medidas como la rebaja en un 15% de la cuantía que reciben los cuidadores familiares, su exclusión de la Seguridad Social o el copago que deberán abonar los dependientes por determinados servicios.
Para el presidente de la Federación de Asociación Gallegas de Familiares de Enfermos de Alzheimer (Fagal), Juan Carlos Rodríguez, se trata de unas medidas «preocupantes» que no valoran «adecuadamente» el apoyo de las familias, que «empeorarán» la calidad de vida de los dependientes y que supondrán «a medio y largo plazo un incremento de los costes».
Así, ha advertido del riesgo de «eliminar la atención a los dependientes en las fases iniciales que es donde más se puede hacer» y del riesgo de desarrollar un sector profesional sin contemplar, de forma paralela, medidas de apoyo a las familias.
LAS FAMILIAS NO PODRÁN CON LOS COSTES
«Si se quiere potenciar la profesionalización del sector, que nos parece bien, hay que dar apoyo a las familias», ha reivindicado. De lo contrario, el presidente de Fagal insiste en que tendrá «un efecto perverso» y que, al no poder afrontar los gastos que conlleva, una parte de los dependientes «abandonarán los recursos sociales».
En este sentido, recuerda que así lo han alertado ya directores de centros de día «que hablan de que se va a perder usuarios porque las familias no podrán sostener los costes», apostilla Juan Carlos Rodríguez.
Con todo, admite que en la reforma hay «cosas interesantes» en alusión a la formación o la revisión de la propia ley. «Hay problemas que hay que revisar como disminuir los costes de burocratización», ha señalado. También apoya que la ley desarrolle «todas las posibilidades en el ámbito profesional».
«BARRA LIBRE» A LAS AUTONOMÍAS
Por su parte, Carmen Vilaboa, miembro de la Asociación Gallega contra Enfermedades Neuromusculares (Asem) y de la plataforma «PasoVigo», que aglutina a distintas asociaciones, señala que «de un plumazo» se han recortado en Dependencia en todo el Estado «485 millones de euros» lo que para Galicia supone, según datos de la Consellería, la reducción de 21,5 millones este año.
La portavoz de Asem cree que las reformas dan «barra libre» a las autonomías al ampliar a dos años los plazos para realizar una valoración y otorgar las prestaciones a un dependiente y cuestiona que, sin aportación económica, vayan a entrar más dependientes con las modificaciones realizadas, como sostiene la Xunta.
«Si quisieran financiación para atender a los dependientes y sus familias que hubiesen aprobado el IBI a la Iglesia», argumenta Carmen Vilaboa, quien advierte también del «empobrecimiento de los dependientes por el repago de medicamentos, prótesis o transporte sanitario».
«¿Dónde queda la autonomía personal y el derecho del usuario a decidir donde quiere estar?», se pregunta también la representante de Asem, que coincide con el presidente de Fagal en que los dependientes carecerán de recursos para acudir a «servicios institucionalizados que son siempre más caros», añade.
Carmen Vilaboa afirma, no obstante, que este colectivo ha aprendido «a luchar» por sus derechos. «Lucharemos para que nuestros hijos o padres no se queden sin los cuidadores que necesitan y a los que tienen derecho», añade al asegurar que con esta reforma «se retrocede 20 años».
UN MODELO DE «BENEFICENCIA»
El Colexio de Traballo Social de Galicia, que cifra en 94.251 el número de dependientes en Galicia, su presidenta, Juana Tubío, admite que la Xunta tiene «poco margen de maniobra», pero recalca que «si se retrasa continuamente» las resoluciones sobre los dependientes con derecho a recibir una prestación «la persona puede morir en el camino», indica en referencia al envejecimiento de la población gallega.
Asimismo, subraya las consecuencias en ámbitos como el rural gallego «con un montón de núcleos dispersos» y afirma que, tras los recortes en financiación de los servicios municipales de los ayuntamientos, «no hay personal para atender a las personas».
«Se está promocionando un modelo de servicio social basado en la beneficencia», señala Juana Tubío quien replica a Traballo que para ampliar la ayuda a más dependientes «hay que dotar al sistema de recursos económicos», sentencia.
El copago también afecta a las enfermedades raras
El representante madrileño de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), Justo Herranz, ha denunciado este viernes que la aprobación del copago farmacéutico ha supuesto para los afectados de dolencias poco prevalentes y para sus familiares un incremento aproximado de 200 euros mensuales y, que esta situación, hará que muchos de ellos, en situación de desempleo, tendrán que elegir entre comer o destinar el dinero a medicinas.
En declaraciones a Europa Press, Herranz explica que los gastos de una familia con una enfermedad rara oscilaban, antes de la aprobación de estas medidas, «en torno al 20 por ciento de los ingresos familiares». «Hoy con el repago no sabemos dónde va a terminar», señala.
En sus palabras, la situación actual es «muy delicada» y, «lógicamente, cualquier familia con una enfermedad rara puede quedarse en paro con el agravante de que tiene que medicarse». Puesto que se trata de una enfermedad crónica, prosigue, los afectados antes desembolsaba un 10 por ciento, «ahora entre el 40 ó 50, depende de la situación de cada familia».
En este sentido, el representante madrileño de FEDER manifiesta su miedo en que estas medidas desemboquen en «situaciones extremas» en las que las familias tengan que elegir «entre comprar fármacos o comer». «Lo estamos viviendo con mucha preocupación», insiste, a la par que pide a la Administración que no ponga a estas personas en esa disyuntiva y que dé una «respuesta equitativa».
En relación sobre el aumento del desembolso económico que va a tener que realizar las familias reconoce que, aunque hacer ahora estimaciones «es muy arriesgado», pues cada viernes aprueban nuevas restricciones, se está pasando de unos 300 ó 400 euros mensuales en costes de fármacos u otros desembolsos que no cubre la seguridad social a unos 500 ó 600.
Por otro lado, los recortes en subvenciones pueden tener «repercusiones graves», advierte. «Van a tener que cerrar despachos, reducir personal y tiempo», precisa. Por todas estas razones, Herranz explica que están buscando el apoyo europeo. A nuestro colectivo «le «define la lucha. Nos acostamos por la mañana muy tristes y nos levantamos con ganas de luchar», declara.
Sobre la situación de los españoles con enfermedades raras con respecto a la que vienen sus homólogos europeos, reconoce que «es muy diferente» y explica que, pese a que se había realizado «muchos esfuerzos» para igualarse, «ahora todos estos pasos se han paralizado».
De la misma opinión es Ana Isabel Ordoñez, madre de un niño de 12 años con el síndrome de Carpenter, quien explica a Europa Press que, pese haber solicitado en marzo de 2011 la ayuda de la Ley de Dependencia, aún no ha recibido ninguna cuantía. «Se está demorando más de lo que se estaba demorando antes. Es una situación frustrante», señala.
«Si era difícil antes, ahora va a ser mucho más. Con el desempleo o los salarios bajos junto con los tratamientos que cada día son más caros, como no seas una persona afortunada, no puedes salir adelante», insiste.
PINGÜINO SOLIDARIO
Estas declaraciones han sido realizas con motivo de la presentación de la campaña del pingüino solidario de FEDER, apoyada por el grupo Fundosa, división empresarial de Fundación ONCE, y enmarcada dentro del proyecto ‘Penguin Madrid’, promovido por Faunia.
El pingüino, diseñado por Kukuxumusu, situado en la Puerta de Madrid del Parque del Retiro, acompaña a una pancarta solidaria en la que las personas que lo deseen pueden dejar sus mensajes de solidaridad con los afectados de enfermedades raras.
El objetivo es que esta primera sábana se convierta en una pancarta solidaria de más de mil metros construida con la aportación de otras provincias españolas en las que el Grupo Fundosa cuenta con un centro de trabajo, y que será presentada durante el próximo mes de febrero con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Además, los ciudadanos también pueden colaborar enviando un mensaje con la palabra FEDER al 28011, cuyo coste es de 1,20 euros, que irá destinado integramente a los afectados por enfermedades raras.
El proyecto ‘Penguin Madrid’, organizado por Faunia, supone la distribución de 20 pingüinos de grandes dimensiones por Madrid, que estarán expuestos hasta su subasta. El dinero se destinará a los 20 colectivos que participan en la iniciativa.
Acra demanda que los servicios de atención a la dependencia queden fuera del aumento del IVA
La Associació Catalana de Recursos Asistencials ha demandado que el posible aumento de diez puntos en el IVA que se plantea el Gobierno central no afecte a la facturación de ningún servicio de atención a la dependencia, de igual forma que parece que no acabará afectando ni al sector hotelero, ni al sanitario.
A raíz de unas recientes informaciones aparecidas en medios de comunicación en relación con la intención del Gobierno central de incrementar en un 10% el IVA para una amplia gama de productos y servicios, entre los cuales se encuentran los residenciales, la presidenta de Acra, Cinta Pascual, ha denunciado que esta medida sería irresponsable y del todo insensible con la delicada situación económica de muchos usuarios de estos centros y sus familias.
En este sentido, la organización empresarial del sector asistencial catalán considera que los principales afectados por una subida de este impuesto al sector serán, precisamente, los 56.021 usuarios de residencias y los 16.471 de centros de día, pues según la Ley del IVA, al tratarse de un impuesto finalista, las empresas tienen la obligación de repercutirlo y el destinatario del servicio la de hacerse cargo del mismo.
Del mismo modo, desde Acra han reclamado a las instituciones públicas implicadas en el diseño y aplicación del probable aumento que éste no afecte en ningún caso a los servicios de atención a la dependencia. «Si así fuera, y teniendo en cuenta las tres dimensiones con respecto a los costes de estos servicios (hoteleros, sanitarios y asistenciales), se entendería que el incremento grabaría sólo la parte asistencial, que es la más frágil, dado que al parecer la medida que se plantea el Gobierno no acabará afectando ni al sector hotelero ni al de la sanidad», manifiestan desde la entidad catalana.
Gobierno vasco pedirá este viernes a las diputaciones que «no apliquen» los recortes a la dependencia
La consejera vasca de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, pedirá el viernes a las diputaciones forales que «no apliquen» los recortes aprobados por el Gobierno central en las ayudas a la dependencia y que sigan adelante con las medidas que contempla en este ámbito la Ley vasca de Servicios Sociales.
Zabaleta hará este emplazamiento a los gobiernos forales este próximo viernes, en el Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales del País Vasco, foro en el que Gobierno autonómico, diputaciones y ayuntamientos planifican sus políticas sociales, según ha informado en un comunicado el Departamento de Empleo.
La consejera pedirá a las diputaciones que «no apliquen» las reformas del Gobierno central que afectan a la Ley de Dependencia y que todas las instituciones –Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos– «sigan adelante» con el desarrollo de la Ley vasca de Servicios Sociales.
El objetivo del Gobierno autonómico es que, dentro de la cartera de prestaciones vascas, se mantengan las relacionadas con la Ley de Dependencia original, las anteriores a la reforma ahora aprobada.
«RESPETO» AL CALENDARIO
De esa forma, el Gobierno vasco propone «respetar» el calendario original de la Ley de Dependencia. Según ha indicado, la reforma aprobada por el Ejecutivo central «suspende» la incorporación de dependientes moderados hasta el 1 de julio de 2015, mientras que en su momento figuraba que los dependientes moderados seguían entrando en 2012. El gabinete de Patxi López propone a las diputaciones mantener el calendario original y seguir aceptando la entrada de los dependientes moderados en el sistema.
También apuesta por mantener el régimen de compatibilidad, de forma que plantea que sean compatibles las ayudas económicas a los cuidadores en casa con los servicios externos, como un centro de día o con el servicio de ayuda a domicilio.
Desde el Ejecutivo vasco se ha advertido de que la eliminación de las compatibilidades que plantea la Administración central «impediría la complementariedad entre servicios y la necesaria flexibilidad y atención personalizada a los dependientes».
Por otra parte, pide que no se aplique la decisión del Ejecutivo central de «limitar» la capacidad de elección de las personas dependientes en el caso de la prestación económica de cuidados familiares.
PRESTACIONES
Otra de las propuestas de Zabaleta consiste en el mantenimiento de la cuantía de las prestaciones económicas, por lo que ha expresado su rechazo a la reducción de un 15 por ciento de la cuantía de las ayudas a los cuidadores en el entorno familiar aprobada en la reforma.
Frente a esta medida, el departamento propone a las diputaciones mantener los actuales niveles de protección. «El Estado penaliza con su reforma a los cuidados familiares», ha criticado, para asegurar a continuación que el modelo vasco «apuesta por los servicios en el domicilio, compaginándolos con la profesionalización de servicios externos».
El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales muestra su oposición a la ampliación del plazo para el reconocimiento del derecho y el pago de la prestación económica por cuidados familiares, por lo que pide a las diputaciones que no secunden esta medida.
COPAGO
Frente al incremento de las aportaciones de los usuarios para pagar los servicios que propugna el Gobierno central, plantea a las diputaciones mantener los criterios actuales fijados en la Ley de Servicios Sociales de Euskadi, en la que «en ningún caso se tiene en cuenta la vivienda habitual a la hora de fijar la parte que debe aportar el usuario para costear el servicio que se le presta».
Por otra parte, el Gobierno vasco rechaza la supresión del convenio con la Seguridad Social que recoge la reforma de la Administración central. Según ha explicado, en el País Vasco, en la actualidad, hay cerca de 10.000 cuidadores familiares que cotizan a la Seguridad Social y van a dejar de hacerlo si se aplican las nuevas medidas del gabinete de Mariano Rajoy.
La Xunta discrepa de «la forma» y del «fondo» de los recortes del Gobierno central en dependencia
La consejera de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato, ha reconocido que no puede estar de acuerdo ni con «la forma» en la que el Gobierno central ha decidido hacer nuevos recortes en los fondos que destina a las comunidades para la atención a los dependientes, ni con «el fondo», que supone un recorte este año de 21,5 millones de euros en las transferencias que recibe Galicia para afrontar las prestaciones de la Ley de Dependencia.
Durante la firma de un convenio de colaboración en materia de servicios sociales con la Diputación de Orense, Beatriz Mato se ha quejado de que el recorte del 13 por ciento de las transferencias del nivel mínimo que recoge el real decreto del 13 de julio «no fue comunicado como debería» a las comunidades autónomas, puesto que no se explicó en el Consejo Territorial y fue publicado directamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
«De forma no puedo estar de acuerdo con ese ajuste y de fondo, evidentemente, tampoco», ha admitido la responsable de los servicios sociales autonómicos. Al respecto, ha reprochado que Galicia «ya lleva el peso más importante de la atención al sistema de dependencia», al asumir «todos los gallegos» el 70 por ciento de la financiación, por sólo el 30 por ciento que afronta el Estado.
Con los nuevos recortes, las arcas autonómica acabarán por asumir aproximadamente un 77 por ciento de los costes, frente al 23 por ciento del Estado, mientras que la ley apostaba por equilibrar el reparto de la financiación en el entorno del 50 por ciento para cada administración.
Al último ajuste decidido por el Gobierno de Mariano Rajoy, que en Galicia supondrá un recorte de 4,5 millones de euros, hay que sumar que ya se había eliminado el nivel acordado, lo que ya había significado una caída de 17 millones en la aportación del Estado a la atención a la Dependencia en este ejercicio, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Xunta de Galicia.
«MEJOR COMPORTAMIENTO» DEL ESTADO
Por consiguiente, Beatriz Mato reclama del Estado «un mejor comportamiento» con las comunidades que, como Galicia, apuestan por implantar la Ley de Dependencia mediante la prestación de servicios «de calidad», frente a aquellas que dan pagas a familiares, un sistema más barato. De hecho, en Galicia el 63 por ciento de los dependientes son atendidos por profesionales o en un centro de día o residencia y apenas el 30 por ciento por una persona cercana que percibe un subsidio.
Ante esta coyuntura, la consejera de Bienestar ha retomado su demanda de que se haga realidad de forma inmediata, el próximo mes de agosto y no en enero del 2013, la ponderación económica positiva sobre la prestación de servicios, frente a las pagas a familiares.
Pero además, el Gobierno gallego reclama que la ponderación no sea gradual en cinco años, como ha aprobado el Ministerio de Sanidad, sino efectiva en su integridad desde su puesta en marcha. «Esta medida es absolutamente necesaria para esta comunidad, deberían ponderar más a Galicia por prestar más servicios frente a comunidades que recurren a las pagas simplemente por criterio económico. Esta demanda la hice y la mantengo y volveré a darle traslado al Ministerio», ha aseverado Mato.
Pese a los reproches a un gobierno central del mismo signo político que el de Galicia, Beatriz Mato ha reconocido que el Ejecutivo de Mariano Rajoy «dio un paso adelante» al asumir una reforma de la Ley de Dependencia que juzga «absolutamente inaplazable y necesaria» porque esta norma nació hace cinco años «sin financiación». «No es una ley viable, en el sentido de que no le da respuesta a los dependientes de toda España, a los derechos que se recogen», ha puntualizado.
La Plataforma por las personas dependientes muestra su «luto» por la «muerte del espíritu de la ley de Dependencia»
La Plataforma para la defensa de los derechos de las personas con dependencia (Paddep) ha mostrado su «luto» por «la muerte del espíritu de la Ley de Dependencia» con la «reforma terminal de la Ley de Autonomía Personal», que es a su juicio un «finiquito de derechos y una voladura de garantías que obvia el grave impacto humano y social».
Tras criticar que la forma se lleve a cabo a través de Real Decreto y no proyecto de ley, la Plataforma ha apelado al Parlamento de Navarra para que actúe en defensa de los ciudadanos con dependencia, «activando el marco competencial y fiscal de la Comunidad foral para hacer frente a la responsabilidad pública sobre los más vulnerables».
Ha criticado que la reforma se ha materializado «por la gatera», «sin exposición previa, ni opinión de afectados y agentes sociales, sin ninguna oportunidad de debate parlamentario, a golpe de decretazo».
A su juicio, «los gobiernos de Navarra y del Estado, por la vía de abruptos recortes, han finiquitado derechos y garantías, tachándolos del compromiso presupuestario y trasladando un mensaje social de irresponsabilidad ante las personas en situación de vulnerabilidad». «En este sistema agonizante va a ser inviable una atención con un mínimo de dignidad en uno de los tramos más delicados de la vida de las personas», ha opinado la Plataforma.
«VACIADO DE CONTENIDO»
Según ha expuesto, «se ha vaciado de contenido la ley de dependencia; se ha alterado su espíritu, tendiendo a la instucionalización; se disuade el acceso al Sistema de Atención, y se incrementan los costes para dependientes y familiares, además de reducir sus recursos». «En una significativa frase, pagan más quienes más necesitan».
En su opinión, «se cierra por tanto la puerta a la aplicación y desarrollo de una ley que supondría la creación de puestos de trabajo personificados en personal socio-sanitario, servicios de atención domiciliaria y personal contratado; se cierra la puerta a la conciliación laboral y personal de familiares, con un peso mucho mayor de las mujeres, que deberán añadir esta situación a su ya precaria incorporación laboral, y se cierra la puerta a apuntalar un auténtico cuarto pilar del Estado de Bienestar».
Más de 57.000 catalanes no cobrarán la dependencia hasta 2015
Un total de 57.083 catalanes que han sido reconocidos como dependientes moderados no cobrarán su ayuda hasta julio 2015, tal y como dicta la reforma de la ley de dependencia aprobada mediante decreto por el Gobierno.
Según ha anunciado este lunes el consejero de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, los pagos a los dependientes moderados que presenten su solicitud a partir de ahora se aplazarán un mínimo de tres años y, además, se podrán hacer sin retroactividad.
La reforma del Gobierno también implica que los 106.957 cuidadores familiares que hay en Cataluña verán su ayuda recortada un 15% a partir de agosto, además de someterse «a controles más estrictos», como demostrar que conviven las 24 horas del día con el dependiente beneficiario.
Además, todas las prestaciones dejarán de ser compatibles, por lo que los dependientes solo podrán percibir una ayuda, y el Estado dejará de cotizar por los cuidadores.
A partir del 1 de agosto, los cuidadores de dependientes severos pasarán de cobrar 520,69 euros mensuales a 442, mientras que las nuevas incorporaciones percibirán 387,64 euros.
En el caso de los dependientes moderados, la prestación caerá de 416,98 a 354,43, cifra que descenderá a 268 euros para los nuevos beneficiarios.
Por último, los cuidadores de dependientes leves pasarán de percibir 300 euros mensuales a 255, siendo la ayuda de 153 euros para las nuevas altas.
Cleries ha avanzado que el Gobierno solo pagará el 9,5% del coste de una residencia a los dependientes severos –grado 3–, por lo que sufragará 177,86 euros de los 1.869 que cuesta.
Hasta ahora, el Estado estaba obligado a abonar un mínimo de 266 euros, siendo el importe establecido por la ley de 833 euros.
Con el nuevo recorte, la Generalitat deberá sufragar más del 90% del coste, aunque Cleries ha avanzado que Cataluña «mantendrá» el presupuesto en dependencia, por lo que el aumento del copago del usuario se prevé inminente.
El IMSERSO afirma que la profesionalización de la atención a dependencia no hará desaparecer a los cuidadores familiares
El director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), César Antón, ha aclarado este lunes en Santander que la profesionalización de la atención a personas dependientes en España no significa que los 400.000 cuidadores familiares que hay vayan a dejar de serlo.
Durante su participación en una mesa redonda en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre dependencia, mayores y discapacidad, Antón ha opinado que la reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia aprobada por el Consejo de Ministros el pasado viernes, en la que se rebaja un 15% la prestación de los cuidadores familiares, se vuelve al «espíritu» de la norma original, que prima la atención profesional a partir de la Red de Servicios Sociales pública o en su lugar entidades colaboradoras.
Ha recordado que la Ley que se aprobó en 2006 preveía la posibilidad de los cuidadores familiares como una «excepción», sólo posible si se garantizaba la «calidad» en la atención y la «dignidad» de la persona atendida.
«No se puede ser un cuidado familiar de un gran dependiente a 100 kilómetros», ha afirmado Antón, quien ha abogado por «volver a ese espíritu» y «reconducir» la actual situación, en la que el 45% de personas dependientes reciben prestación por cuidados familiares, hacia una mayor profesionalización.
En este punto han coincidido el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño, y el presidente de la Unión Democrática de Pensionistas, Luis Martín Pindado -los otros dos participantes en la mesa redonda- que también han abogado por la profesionalización de la atención a las personas dependientes y han subrayado el carácter de excepcionalidad que se preveía para los cuidadores familiares.
De hecho, Martín Pindado ha comentado que encuestas realizadas por la Unión Democrática de Pensionistas -la mayor asociación de personas mayores- demuestran que las personas dependientes quieren que su familia le aporte «amor» y «cariño» pero a la hora de atenderles se decantan por profesionales.
Sin embargo, el director general del IMSERSO ha aclarado tanto en su intervención como en posteriores declaraciones a los medios de comunicación, se ha mostrado «a favor» de la atención en el ámbito familiar y ha recordado que para ello hay otras posibilidades más allá de los cuidadores familiares, como la ayuda a domicilio, la teleasistencia o los centros de día.
Además, ha lamentado que a los cuidadores familiares se les haya dotado prestación económica pero no «instrumentos» o formación para poder atenderles con «calidad». A su juicio, en este sentido, en España ha ido «un poco al revés».
HERENCIA
Por otra parte, Antón ha defendido que era el «momento» de llevar a cabo «medidas de ahorro y, a su juicio, de «mejora» incluidas en la reforma de la Ley de Dependencia y ha asegurado que había que tomarlas «ya o el colapso era inevitable».
En otro momento de su intervención en esta mesa redonda, Antón se ha referido a la «herencia» dejada por el anterior Gobierno de España (PSOE) en materia de dependencia, tanto en número de personas dependientes esperando su prestación -unas 300.000 a fecha de1 de enero de 2012, según ha dicho– como una deuda de 800 millones de euros del Estado a los cuidadores familiares.
PRIORIDAD PARA LOS GRANDES DEPENDIENTES
Según ha explicado, de estos beneficiarios que aún no reciben prestación hay un 45 por ciento que son los denominados grandes dependientes.
En este sentido, ha recordado que la Ley de Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia de 2006 también establecía que fueran los severos y los grandes dependientes (grados 2 y 3) aquellos a los que se les diera «prioridad» algo que, a su juicio, se conseguirá con la reforma.
AUTONOMÍA PERSONAL
En la mesa redonda, los participantes han resaltado la importancia no sólo de la parte de la Ley que hace referencia a la Atención a la Dependencia, sino aquella de la Promoción a la Autonomía Personal, algo en lo que los tres han coincidido.
El Govern recurrirá ante el TC los recortes en dependencia
El conseller de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, ha anunciado este lunes que el Govern recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) el decreto de reforma de la ley de dependenciaimpulsado por el Gobierno, lo que supondrá un recorte anual de un mínimo de 76 millones de euros para Catalunya. Esta cifra significa casi un 30 % de ahorro para el Estado, que el conseller considera que es «desentenderse y declararse en retirada de la ley».
Cleries ha recordado que el Estado pagó en 2011 un total de 258 millones de euros, un 20% menos de lo comprometido, una cantidad que a partir de ahora «será muchísimo menor, una tomadura de pelo para las comunidades autónomas».
El nuevo decreto que recorta las prestaciones de la dependencia a partir del 1 de agosto también incluye rebajas en los mínimos garantizados que el Estado aporta por cada persona dependiente a las comunidades, lo que supondrá, según los cálculos del conseller Cleries, que de los 258 millones se pasaría a unos 128 haciendo una estimación con los datos de 2011.
Se ha comprometido a que el paquete de reformas del Gobierno «afecte lo menos posible» a los servicios prestados por la Generalitat, aunque ha admitido inevitables recortes en las prestaciones, además de un mayor copago.
Cleries, ha hecho una valoración de la reforma de la ley de la dependencia, que ha calificado de «engaño a las CCAA y a los ciudadanos porque el Estado centrifuga la responsabilidad hacia las comunidades y les dice: ‘Ya os lo haréis, yo invito y pagáis vosotros'».
La FED advierte de los perjuicios económicos que acarreará el incremento del IVA para servicios sociales
La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) muestra su «enorme preocupación y rechazo» al anuncio de la subida del IVA. En esta línea, el presidente de FED, J. Alberto Echevarría ha destacado que el incremento del tipo del IVA para servicios sociales acarreará «perjuicios económicos» que afectarán al sector, a las empresas y a los profesionales implicados en la prestación de estos servicios sociales y dependencia, «amenazando seriamente» su viabilidad futura, «poniendo en peligro» los 200.000 empleos directos y los más de 100.000 indirectos».
«Ahora el sector tendrá que afrontar una posible subida de dos puntos en el IVA que dejará a las empresas y profesionales de FED en una situación de asfixia económica difícil de superar», ha añadido.
Así, FED denuncia el «agravio comparativo» que supone que países como Alemania, con un tipo de tributación en servicios sociales inferior al de España (7%), Irlanda o Reino Unido estén exentos de tributar por IVA en servicios sociales, mientras que España incrementa el tipo de IVA del 8 por ciento al 10 ciento, «a un sector ya castigado por impagos y otras realidades».
Igualmente, ha criticado que Alemania, país con renta Per cápita superior a la española en un promedio de 20 puntos, tiene un tipo de IVA en actividades de servicios sociales más reducido que el de España, país cuya renta Per cápita está por debajo de la media europea.
Junta de Andalucía destaca el «protagonismo» del Consejo de Mayores ante el «impacto» de los recortes en el colectivo
La consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha presidido este viernes en Sevilla el Consejo Andaluz de Mayores, un órgano de participación «con un papel especialmente protagonista» durante esta legislatura, «debido a la crisis y a las medidas impuestas por el Gobierno de Mariano Rajoy, que tienen especial afectación sobre este colectivo, con un impacto en términos de copago farmacéutico y dependencia», afirma. «Nos preocupa el sector desde la perspectiva de que nadie en Andalucía vaya a dejar su tratamiento o vaya a dejar de recibir los servicios de teleasistencia o asistencia a domicilio por tener pensiones austeras», destaca.
En este sentido, y en declaraciones a los medios, Montero ha dicho que desde su departamento se está «vigilante», y para ello se dispone de herramientas como la receta electrónica, que permite, entre otras cosas, «saber cuáles son los medicamentos que una persona retira, si se están retirando las cantidades que corresponden, o si, por motivos económicos, se está dejando de tomar alguna medicación». También en dependencia, porque «es fundamental» que pese a que «se haya incrementado la aportación al ciudadano en estos servicios, las personas sigan teniendo este circuito que le permiten mejor calidad de vida», apunta.
Al hilo de lo anterior, Montero ha hecho una aproximación de lo que «puede implicar» el copago farmacéutico y la subida del copago en dependencia para una pensión media en Andalucía. Así, ha explicado si la pensión media está en torno a los 735 euros, estas medidas «supondrán probablemente 45 euros más en relación a meses anteriores», lo que, traducido en términos de pensión, «supone una bajada de en torno a un siete por ciento», asegura la consejera.
Además, en el Consejo Andaluz de Mayores «vamos a someternos a cualquier duda que nos quieran plantear», ya que la información «es fundamental», sobre todo para aquellas personas «con especial dificultad para acceder a la misma porque no se manejan con las nuevas tecnologías», y añade que también se hablará de envejecimiento activo, ya que «necesitamos la participación directa de los mayores en la formulación de los planes que la Consejería va a impulsar, puesto que a veces ponemos en marcha medidas que no reciben las solicitudes correspondientes».
Cuestionada sobre qué le ha transmitido el colectivo de mayores por todo lo que está sucediendo, Montero ha insistido en que el sector está «preocupado» por la crisis, pero «no solo porque les afecte de forma directa, ya que son personas con vulnerabilidad por sus niveles de renta, sino porque viven con frustración que la sociedad esté caminando hacia un sendero que ni siquiera podían haber imaginado hace diez años, cuando tenían la clara convicción de que el estado de bienestar caminaba en la línea del avance, el progreso y el desarrollo». «Les preocupa que la crisis se aproveche para desmantelar aquello que supone un logro al que no quieren renunciar», asegura.
«Esto está en sintonía con lo que piensa el Gobierno de Andalucía, porque se podrán tocar muchas partidas presupuestarias, pero las políticas sociales –educación, sanidad, y bienestar–, son políticas intocables», por tanto, «no se puede seguir trasladando desde el Gobierno central un esfuerzo superior a las comunidades autónomas, porque de manera inevitable lo tienen que impactar en los servicios públicos», lamenta.
Al respecto, María Jesús Montero agrega que «si hay que repartir la flexibilidad en el objetivo del déficit planteado por Europa, no se entiende que la parte favorable del acuerdo con Europa se ponga en el Gobierno central, que no tiene una gestión directa en políticas de servicios públicos y, sin embargo, a las comunidades autónomas les haga llegar a un objetivo de déficit prácticamente imposible de poder conseguir sin tocar el 80 por ciento del presupuesto, que son las políticas sociales».
Los familiares de personas con Alzheimer consideran «inadmisibles» los recortes a la Ley de dependencia
La Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer de la Comunidad FEVAFA han calificado de «inadmisibles» los recortes y restricciones que se van a adoptar respecto a la «cada vez menos esperanzadora» Ley de la Dependencia.
Este colectivo ha calificado de «grave atentado» a los derechos de los familiares-cuidadores los recortes y han expresado su «máximo desacuerdo con la actuación del Gobierno, que una vez más y de forma incoherente hace pagar a los más necesitados los reajustes que derivan de una crisis (de la que no somos culpables) y de una mala gestión política (que podría haberse evitado)».
Con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de 2006, de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, conocida popularmente como la Ley de Dependencia se reconocieron por ley los derechos de los familiares de personas con Alzheimer, ya que a través de su contenido se daba respuesta a las necesidades de los cuidadores.
Ahora, después de 6 años pendientes de la aplicación de la Ley, «vuelve a sufrir recortes», ya que la Ministra Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha informado de que la paga que reciben los dependientes para que les cuide un familiar en casa se va a reducir un 15 por ciento como mínimo, según la federación que ha añadido que «con esta medida que afecta directamente al cuidador pretenden compensar la rebaja en la partida de Dependencia de los Presupuestos Generales del Estado».
Además las cuidadoras familiares, en su mayoría mujeres, pierden las cotizaciones a la Seguridad Social que pagaba por ellas el Gobierno y que les servía para completar periodos cotizados y acceder a una pensión de jubilación. La otra medida que se ha tomado es ampliar a dos años el periodo en que las Comunidades tienen para atender a los dependientes, tendrá consecuencias devastadoras ya que este retraso en la percepción de las ayudas será irreparable.
PROFESIONALIZACIÓN
Sobre las declaraciones del Conseller de Bienestar Social valenciano, Jorge Cabré, que ha señalado lo positivo de las medidas y lo importante de primar la profesionalización, la Federación se posiciona de acuerdo con lo que respecta a procurar la sostenibilidad y la profesionalización del sector pero considera que se están vulnerando los derechos de los familiares que deciden acogerse a la ayuda al cuidador.
FEVAFA ha manifestado que si hasta el momento se han bajado cientos de escalones en la escalera del Estado de Bienestar, con estas medidas se está saltando al vacío.
La Federación, compuesta por 32 AFAS, representa a 6.000 afectados, de los que 2.000 reciben asistencia directa de las AFAS, el 60 por ciento en centros de día y de respiro, y el 40 por ciento a través del «Servicio de Ayuda a Domicilio de Estimulación Cognitiva» (SADEC), informa que todos los usuarios de esta gran red asistencial son Dependientes y por lo tanto tienen el derecho a percibir una ayuda, y el derecho a elegir la que más les conviene del catálogo de prestaciones.
La presidenta de FEVAFA, María Olmos, ha criticado que «las personas afectadas por la enfermedad de alzheimer han de sufrir la problemática derivada de la enfermedad y ahora se enfrentan a la impotencia de ver como se vulneran sus derechos y se destruye su esperanza». También ha añadido que «Retrasar las prestaciones dos años, cuando hablamos de una enfermedad de evolución rápida y degenerativa, es cruel».
Ana Mato ofrecerá a las comunidades su reforma de la Ley de Dependencia, incluída la revisión del copago
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ofrecerá a los consejeros autonómicos del ramo su propuesta de mejora de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y del Real Decreto que modificará el copago de sus usuarios tal y como ahora está establecido.
Será en el Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia que se desarrollará este martes por la tarde en el Ministerio de Sanidad, horas después de que en esta misma sede tenga lugar la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.
En el Consejo Territorial Mato presentará también «la evaluación definitiva de los resultados de la aplicación de la Ley» en la que el Ejecutivo reseña deficiencias en distintos ámbitos de su aplicación, especialmente en lo que a financiación se refiere, que a su juicio motivan la reforma.
En cuanto a la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, que tendrá lugar por la mañana, el orden del día está protagonizado por la presentación a las autonomías de un borrador de propuesta de Catálogo de Referencia de Servicios Sociales, y por la distribución de los créditos destinados a subvenciones para que las autonomías desarrollen servicios sociales de atención básica, entre otros temas.
El copago nos trae quejas, colas y saturación de los sistemas informáticos
Quejas, colas, saturación de los sistemas informáticos. Y paciencia, mucha paciencia en el primer día laborable del nuevo sistema de copago farmacéutico por renta. De los pacientes y de los boticarios. El temido caos generalizado no se produjo, pero sí muchas complicaciones técnicas que dificultaron y ralentizaron la dispensación de fármacos en toda España. Bases de datos caídas, problemas con los códigos de las recetas que contienen el nivel de aportación del usuario o errores del sistema al trazar el porcentaje que debía cobrar. Tampoco ayudó la poca información que, según los farmacéuticos, tienen los ciudadanos —sobre todo los jubilados— de un cambio histórico que marca que, por primera vez, los pensionistas pagan un porcentaje (del 10%) de sus medicamentos con un tope mensual de 8, 16 o 60 euros.
En Andalucía la implantación del nuevo sistema de copago colapsó ayer por la mañana el sistema informático que sustenta la tarjeta electrónica; lo que causó problemas en farmacias de toda la comunidad. Los boticarios intentaron descargarse a primera hora la nueva versión de la llamada Receta XXI, que recoge los ficheros creados para los nuevos tramos del copago y el contador de euros diseñado por el Sistema Andaluz de Salud para que los pensionistas no tengan que adelantar el coste de sus medicinas. Y, ante la avalancha simultánea de peticiones, el sistema se cayó.
El fallo informático supuso que muchos pacientes no pudieran comprar sus medicinas. La tarjeta electrónica computa los fármacos que cada usuario tiene recetados y aún no ha comprado, por lo que al no poder leer la información, los boticarios no pudieron dispensarlos. Algo que pudo solventarse para aquellos que llevaban la orden de dispensación también en papel. “Incidencias lógicas”, para el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, Antonio Mingorance, que aseguró que no se había producido un caos generalizado.
5000 peticiones diarias colapsan los Servicios Sociales madrileños
La Red Básica de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid está «al borde del colapso», con dificultades para atender a las más de 5.000 peticiones de citas que recibe a diario, con listas de espera de hasta dos meses y con ratios de un trabajador social para cada 14.500 habitantes, cuando debería ser de «uno por cada 3.000». Así lo revela un estudio del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid sobre la situación de los Servicios Sociales a consecuencia de la crisis, que alerta del aumento de la demanda de intervenciones sociales, en especial de ayudas económicas de emergencia, en coincidencia con un recorte presupuestario en esta partida.
El 18,1% de la población de la Comunidad de Madrid vivía a finales de 2010 en riesgo de pobreza y exclusión social, un porcentaje ocho décimas superior al de 2009 y que habrá aumentado «en cuanto se publiquen los indicadores de 2011», ha pronosticado la vicedecana del colegio, Mar Ureña, que ha recordado que se ha duplicado el número de familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción (RMI) desde 2008. A juicio del organismo, a pesar de estos datos «la Administración continúa sin aplicar medidas urgentes que palíen el drama de las familias con unos mínimos de transparencia, agilidad y equidad».
El estudio, presentado esta mañana, considera «totalmente inadaptada a la crisis y a la situación de emergencia familiar» la normativa sobre las Ayudas Económicas Puntuales que conceden los Ayuntamientos. Aunque la Ley recoge estas ayudas, que son «una herramienta muy útil», su marco legal «está poco desarrollado», según Ureña. «No existen criterios homogéneos la concesión. Una persona por el mero hecho de residir en un municipio u otro de la Comunidad tiene diferentes formas de acceso, tiempo de espera y procedimientos», según Ureña. A ello se suma el desconocimiento de la Red Básica de Servicios Sociales en los municipios.
A juicio del colegio, es necesario ampliar las partidas presupuestarias dedicadas a las ayudas económicas directas a familias, ya que «aunque en cifras globales las Administraciones no han reducido los presupuestos sociales», los municipios «sí han reducido las partidas de ayudas directas». Se puede dar el caso de «imposibilidad de tramitar una ayuda porque la persona no está al corriente de pago de algún impuesto municipal o que la propia ayuda sea embargada».
Andalucía paraliza los desahucios en viviendas públicas por causas de sobreendeudamiento y en familias con dependientes
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha destacado en el Pleno del Parlamento de Andalucía que ha dado orden de paralizar todos los lanzamientos de desahucio previstos sobre el parque público de vivienda titularidad de la Junta de Andalucía en los casos de sobreendeudamiento de las familias y en aquellos supuestos en los que existan personas dependientes –menores y ancianos– dentro de la unidad familiar.
Durante su intervención, Elena Cortés ha subrayado que «no se va a utilizar esta práctica contra quienes se encuentran en una situación desesperada y no puedan hacer frente por causas justificadas a la renta de alquiler establecida».
En ese sentido, ha matizado que en la Consejería ofrecerá cuantas alternativas sean posibles a las personas objeto de los expedientes de desahucio con el objetivo de evitar que familias en dificultades «sean desposeídas de su vivienda». «Esta Consejería no va a contribuir a agravar ningún problema social», ha manifestado.
Elena Cortés ha continuado su exposición poniendo de manifiesto que su departamento «va a luchar para que las víctimas de la crisis no pierdan su casa», a lo que ha añadido: «La Consejería no participará en una política que cierra los ojos a las necesidades de colectivos a los que estamos obligados a proteger desde las administraciones públicas».
Por otro lado, la titular de Fomento y Vivienda ha incidido en que «la Consejería será muy exigente a la hora de velar por que las viviendas del parque público cumplan con el destino de habitación para las que fueron creadas y no se queden, por tanto, vacías». «Estas promociones tienen un fin social y esta Consejería va a velar por su cumplimiento», ha puntualizado Elena Cortés.
La Consejería de Fomento y Vivienda gestiona en la actualidad, a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), más de 46.000 viviendas públicas en régimen de alquiler, con una población residente de unas 250.000 personas, aproximadamente.
Según precisa la Consejería, la labor de la Junta en estas viviendas no se limita a una mera gestión administrativa, sino que engloba actuaciones de reparación y mantenimiento de las zonas comunes de edificios y del interior de las viviendas; así como un trabajo de integración social y ciudadana de los vecinos que residen en estas promociones, con el fin de lograr la normalización de estas barriadas en el resto de la ciudades en las que se ubican.
DESAHUCIOS EN LAS VIVIENDAS LIBRES
Por otro lado, la consejera de Fomento y Vivienda se ha referido a los desahucios que se están produciendo en el parque residencial de renta libre, asegurando que uno de los objetivos prioritarios de esta Consejería es trabajar para «paliar el problema del desahucio que sufren miles de familias en Andalucía».
Al respecto, ha explicado que «los ciudadanos que han sido despojados de su vivienda lo han sido por el endeudamiento sobrevenido tras el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria, como consecuencia de la pérdida de empleo, que en nuestra comunidad alcanza cerca del 40 por ciento de la población activa».
Durante su discurso, Elena Cortés ha advertido que «mientras se articulan medidas para el rescate de las entidades de crédito con aval público, no se ha puesto en marcha, desde el Gobierno central, una sola iniciativa que vaya dirigida al rescate efectivo de las personas y las familias sobreendeudadas». «En Andalucía queremos terminar con esta injusta y dramática situación», ha afirmado.
Mato: «Si seguimos como ahora, será absolutamente inviable la Ley de Dependencia»
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha justificado este lunes la reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que ha emprendido su departamento al afirmar que, de no hacerlo, será «absolutamente insostenible». «Si seguimos como hasta ahora, sería absolutamente inviable», ha asegurado.
En un desayuno informativo con Europa Press, Mato ha insistido en la necesidad de emprender modificaciones, si bien no ha concretado si los cambios pasarán por dejar fuera del sistema a los dependientes menos graves, es decir, los diagnosticados como moderados o severos, aunque ha avanzado que la norma será sometida a un «plan de racionalización» para «garantizar la atención» que los dependientes «se merecen».
Para la responsable de Sanidad, la norma «se hizo sin prever sus consecuencias, de manera precipitada y un poco demagógica», sin someterla a evaluaciones periódicas para conocer su desarrollo. Esto ha provocado, en su opinión, desviaciones como las diferencias en los servicios que prestan las comunidades autónomas o que los cuidados no profesionales, inicialmente previstos como una excepción, se hayan convertido en norma.
«No está financieramente presupuestada, las comunidades autónomas no llegan, hay criterios distintos en cada una, las prestaciones son diferentes (…). Vamos a trabajar y buscar una fórmula para mantener su viabilidad, que en ningún caso pasa por dejar de prestar una magnifica atención a los dependientes sino por garantizar la sostenibilidad del sistema», ha añadido.
Los pensionistas preocupados por el retraso de todas las administraciones en el pago de las subvenciones
El presidente de UDP, Luis Martín Pindado, ha asegurado que “el retraso está causando importantes perjuicios en el desarrollo de la actividad de las asociaciones, que deben hacer frente a compromisos contraídos con diferentes empresas y trabajadores prestadoras de servicios”.
“El problema es común para todas las asociaciones, tanto las que dependemos de financiación de la Administración central, como las que dependen de fondos autonómicos o de ayuntamientos y diputaciones”, ha continuado Pindado, quien se ha mostrado “profundamente preocupado” ante la situación de desinformación y retraso en el pago de las subvenciones ya concedidas que están padeciendo las asociaciones.
“Cada euro que se entrega a las asociaciones es inmediatamente destinado al pago de los programas que desarrollan, muchos de ellos dedicados a la atención a mayores con problemas de soledad o en riesgo de exclusión, que se están viendo afectados por estos retrasos y por la falta de información a los directivos”, ha explicado Pindado.
Por otra parte, los directivos de las diferentes organizaciones de mayores reunidos en la XLIII Asamblea han expresado su inquietud ante los rumores de nuevos recortes en pensiones que se oyen en distintos foros.
