5000 peticiones diarias colapsan los Servicios Sociales madrileños

La Red Básica de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid está «al borde del colapso», con dificultades para atender a las más de 5.000 peticiones de citas que recibe a diario, con listas de espera de hasta dos meses y con ratios de un trabajador social para cada 14.500 habitantes, cuando debería ser de «uno por cada 3.000». Así lo revela un estudio del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid sobre la situación de los Servicios Sociales a consecuencia de la crisis, que alerta del aumento de la demanda de intervenciones sociales, en especial de ayudas económicas de emergencia, en coincidencia con un recorte presupuestario en esta partida.

El 18,1% de la población de la Comunidad de Madrid vivía a finales de 2010 en riesgo de pobreza y exclusión social, un porcentaje ocho décimas superior al de 2009 y que habrá aumentado «en cuanto se publiquen los indicadores de 2011», ha pronosticado la vicedecana del colegio, Mar Ureña, que ha recordado que se ha duplicado el número de familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción (RMI) desde 2008. A juicio del organismo, a pesar de estos datos «la Administración continúa sin aplicar medidas urgentes que palíen el drama de las familias con unos mínimos de transparencia, agilidad y equidad».

El estudio, presentado esta mañana, considera «totalmente inadaptada a la crisis y a la situación de emergencia familiar» la normativa sobre las Ayudas Económicas Puntuales que conceden los Ayuntamientos. Aunque la Ley recoge estas ayudas, que son «una herramienta muy útil», su marco legal «está poco desarrollado», según Ureña. «No existen criterios homogéneos la concesión. Una persona por el mero hecho de residir en un municipio u otro de la Comunidad tiene diferentes formas de acceso, tiempo de espera y procedimientos», según Ureña. A ello se suma el desconocimiento de la Red Básica de Servicios Sociales en los municipios.

A juicio del colegio, es necesario ampliar las partidas presupuestarias dedicadas a las ayudas económicas directas a familias, ya que «aunque en cifras globales las Administraciones no han reducido los presupuestos sociales», los municipios «sí han reducido las partidas de ayudas directas». Se puede dar el caso de «imposibilidad de tramitar una ayuda porque la persona no está al corriente de pago de algún impuesto municipal o que la propia ayuda sea embargada».

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