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La reforma local «desnaturaliza» los servicios sociales y hará «peligrar miles de puestos de trabajo», según expertos
El anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local aprobado por el Gobierno «desnaturaliza» los servicios sociales, al convertirlos en «meras oficinas de mediación», y hará «peligrar miles de puestos de trabajo», según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Esta es una de las principales conclusiones del informe ‘El valor de la proximidad’, presentado este miércoles en Madrid por los responsables de la organización, que además han entregado el texto a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, concretamente al PSOE, UPyD e Izquierda Plural.
«Esta reforma es tan grave o más para los servicios sociales que la de la Ley de Dependencia», ha asegurado en declaraciones a Europa Press el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, que ha recordado que del sistema de servicios, gestionado por ayuntamientos y corporaciones locales, dependen siete millones de personas y más de 50.000 puestos de trabajo. El coste en 2011 fue de unos 1.330 millones de euros.
Asimismo, ha indicado que esta ley consagra como «sospechosos» a los trabajadores y concejales de los ayuntamientos de ser «solícitos» por su cercanía a los problemas de los ciudadanos, al timepo que ha advertido de que es «inmisericorde» con el medio rural y que iguala «proximidad y despilfarro». «La factura se va a pagar con menos cohesión social y con el sufrimiento de los de siempre: mayores, personas con discapacidad, dependientes y familias con hijos menores enfermos», ha aseverado.
El informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales llama la atención sobre el «gran atentado al municipalismo» en España que lleva a cabo esta reforma local, que, además, profundizará «la brecha» entre los políticos y los ciudadanos, ya que los ayuntamientos, considerados «representantes de la comunidad de vecinos del territorio más próximo» dejarán de ser los responsables de los servicios sociales.
Esta entidad indica alerta también del «desprecio al valor del la proximidad» por parte del Gobierno y asegura que «no hay mayor deterioro en estos servicios que el que se produce por la estandarización de los mismos, por su administración mecánica, repetitiva, burocratizada y asistencialista que es la única posible si se hace desde el alejamiento del entorno más cercano al ciudadano».
Como consecuencia de esta reforma, Directores y Gerentes advierte de que «peligran miles de puestos de trabajo de servidores públicos» en los ayuntamientos y se puede adivinar el comienzo de un «largo proceso privatizador» de cientos de servicios.
El número de beneficiarios de la Ley de Dependencia baja por sexta vez, con 5.070 personas menos que el mes pasado
El número de beneficiarios de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia baja por sexta vez, con 5.070 personas menos en el sistema respecto al mes anterior, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad correspondientes a febrero.
«El Gobierno acelera en desmantelar el Sistema de la Dependencia y marca una velocidad record de siete beneficiarios menos cada hora», alertan desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, al tiempo que señalan que «los recortes se relacionan con el fallecimiento de los dependientes».
Asimismo, apuntan que la tasa de reposición solo la mantienen de manera significativa Asturias, Cataluña, Extremadura, y País Vasco, mientras acusan al departamento de Ana Mato de «destruir el sistema por inanición», pues hay 4.264 grandes dependientes menos, 2.389 dictámenes menos que el mes anterior y más de 100.000 pendientes de valoración.
Esta organización señala también que una de cada cuatro personas que tienen derecho a una prestación continúan a la espera de recibirla, una situación que denomina «limbo de la dependencia» y que afecta exactamente a 227.780 personas.
«Esto indica que, al no mantener la tasa de reposición de beneficiarios, bajar las solicitudes, los dictámenes, el número de grandes dependientes, y reducir el número de personas con derecho nos lleva a pensar que el Sistema de Atención de la Dependencia tiene fecha de cierre, cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios y los que tienen el derecho reconocido», advierte.
Directores y Gerentes de Servicios Sociales recuerda, además, que en este último mes se han cerrado 319 plazas de residencia, 517 de ayuda a domicilio, 1.083 de teleasistencia, lo que supone «el despido de casi un millar de trabajadores del Sistema de Atención a la Dependencia», de los cuales, el 90 por ciento son mujeres.
Mujeres con discapacidad alertan de que su situación es «dramática» como consecuencia de la crisis
La Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS) alerta de que su situación es «dramática» como consecuencia de la crisis económica y pide al Gobierno que cumpla y haga cumplir la normativa nacional e internacional para no incrementar la precariedad y pobreza de este colectivo.
«El Estado de Bienestar es una importante conquista alcanzada a través de la lucha de muchas mujeres y muchos hombres que nos precedieron y que no debemos dejar que desaparezca solamente porque se insista en que se trata de un modelo insostenible», argumenta esta organización con motivo de la celebración este viernes del Día Internacional de la Mujer.
Por ello, insta a los dirigentes políticos de todos los niveles que remuevan los «obstáculos» existentes, ya sean legislativos o sociales, para el «ejercicio real» en la igualdad de trato y de oportunidades para las mujeres con discapacidad.
Asimismo, pide que se mantenga una red de servicios públicos especializados en materia de prevención y tratamiento de casos de violencia que tengan en cuenta la realidad de las mujeres con discapacidad, se garantice la existencia de un sistema sanitario universal, público y gratuito, «totalmente accesible» para las mujeres con discapacidad y un sistema público de pensiones que permita a estas mujeres llevar una vida digna, sin tener que recurrir a modelos privados.
Por último, CEMUDIS pide al Ejecutivo que cuente con los recursos necesarios para dar «plena efectividad» a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, «pilar fundamental para la emancipación y la vida independiente de las mujeres con discapacidad».
ACRA reclama en el Parlamento el pago de la deuda de julio
La presidenta de la Asociación también señaló la necesidad de las empresas y entidades asistenciales de cobrar inmediatamente, de lograr un pacto con las entidades bancarias para todo el sector, y del mantenimiento de los presupuestos de Servicios Sociales
ACRA compareció ayer ante la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración, a petición del grupo socialista y conjuntamente con otras organizaciones del sector, para informar respecto de la afectación del impago del ICASS de las cantidades previstas por julio del 2012 por los centres colaboradores, concertados y de gestión. Respecto de esta deuda, que asciende a los 70 millones de euros al conjunto de colectivos de Servicios Sociales, la presidenta de ACRA, Cinta Pascual, apuntó como esenciales las siguientes reclamaciones: Definir el calendario de pago de la deuda de julio, el pago inmediato del resto de atrasos, así como de los nuevos ingresos, que se haga público el detalle de la deuda real con los diferentes colectivos, el establecimiento de una relación más apretón entre el sector y el Departamento de Economía y Conocimiento a partir de la creación de una mesa con reuniones periódicas y el logro de un pacto con las entidades bancarias para todo el sector.
Igualmente, y en relación con la sostenibilidad presente y futura del sector, la representante de ACRA compartió con los grupos parlamentarios asistentes una serie de propuestas prioritarias, de entre las que destaca el mantenimiento de los presupuestos del Servicios Sociales por este 2013, la reclamación al Gobierno central que haga efectiva a la Generalitat la parte que le corresponde (33%) de la financiación de la LAPAD, que los centres colaboradores, concertados y de gestión, tengan la misma consideración que los servicios públicos. Además, Pascual recordó dos medidas por las cuales ha sido trabajando desde la pasada legislatura, como son la flexibilzación de las ratios de los profesionales (para adaptarlas a las necesidades de las personas grandes usuarias de los servicios) y la aplicación del tipo superreducido del IVA del 4% para todos los servicios, sea cual sea su naturaleza.
Por otro lado, la presidenta de ACRA expuso que si el 50% de las actuales ayudas al cuidador profesional se destinaran a la transformación de nuevas plazas de residencia y de centro de día dentro del sistema público se podrían reducir las actuales listas de espera solucionando la problemática de las plazas privadas vacías que hay al sector (12,5%), generando hasta 5.000 nuevos puestos de trabajo al país. Igualmente, también propuso que se optimicen los recursos existentes para actuar como verdaderas plataformas de servicio.
Contexto y efectos del impago de julio
Pascual, que inició su ponencia recordando la composición del sector catalán de la atención a la gente mayor y haciendo especial mención al hecho que se trata del colectivo con más número de servicios y la partida presupuestaria más importante de la ICASS, enmarcó el impago de julio en un complicado contexto para las empresas y entidades asistenciales que ya arrastraba una congelación tarifaria desde el año 2010, unos importantes incrementos en cuanto a los costes de la actividad (especialmente en cuanto al capítulo laboral con un aumento del 9%), el cierre de crédito por parte de las entidades bancarias, así como también atrasos por parte de la Administración en los pagos de los nuevos ingresos (pues no se empiezan a pagar hasta después de unos 7 meses del ingreso), así como en los pagos de las nuevas valoraciones, en las actualizaciones de los anticipos y en las PEVS.
En este escenario, el impago de julio generó nuevas dificultades por los centros y sus trabajadores como que, en determinados casos, todavía queden pendientes de pago nóminas de los profesionales de los centros afectados. Aun así y a partir de los datos del IDESCAT, la representante de ACRA explicó la perspectiva de crecimiento poblacional en Cataluña, en concreto en cuanto al incremento exponencial del grupo de edad de personas mayores de 80 años, cosa que hará todavía más insostenible el actual sistema catalán de atención a la Dependencia.
Precisamente, en respuesta a las preguntas de los diputados asistentes, Pascual expuso que un modelo sostenible es aquel en el cual el coste del servicio no es más alto que su precio y, concretamente, se refirió a la delicadísima situación de los centros de día para gente mayor catalanes, la viabilidad de los cuales se complica cada vez más a causa, entre otros aspectos, de las insuficientes tarifas públicas, el incremento en las obligaciones en cuanto al horario de atención y el nuevo perfil de los usuarios, unas problemáticas que ACRA no ha dejado de reivindicar tanto en el pase, como en la actual legislatura.
Nela García: «La reforma de la ley de Dependencia se ajusta a parámetros de universalidad, solidaridad, coherencia y sostenibilidad»
La secretaria autonómica de Autonomía Personal y Dependencia, Nela García, ha ofrecido una charla coloquio sobre la reforma de la Ley de Dependencia, su incidencia y su aplicación en la Comunidad Valenciana , organizada por la Asociació Valenciana d’Amics i Parents dels Malalts d’Alzheimer (AVAMA).
Durante su intervención, Nela García ha explicado los distintos aspectos de la reforma de la Ley de Dependencia, y ha señalado que estos cambios «se ajustan a parámetros de universalidad, solidaridad, coherencia y, sobretodo, sostenibilidad».
La Secretaria Autonómica ha asegurado que las nuevas medidas de la Ley que se van a aplicar en la Comunitat Valenciana «están basadas en el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia pactado entre el gobierno y las comunidades autónomas el pasado mes de julio», y ha destacado que la reforma «pone las bases de un modelo que simplifica los procedimientos, promueve la calidad asistencial y su sostenibilidad, dando prioridad a los servicios profesionales y especializados».
En este sentido, ha subrayado que en la Comunitat Valenciana «hemos apostado desde el principio de la aplicación de la ley por los servicios y la atención profesional para los grandes dependientes y severos».
Medidas adoptadas
Por un lado, la reforma de la ley ha simplificado los grados de reconocimiento, pasando de seis niveles a tres grados y aplazando la incorporación de los dependientes moderados al sistema. La Secretaria Autonómica ha matizado que estos últimos «en su mayoría están siendo atendidos ya por lo servicios sociales».
Asimismo, la prestación económica por cuidador no profesional se concederá con carácter excepcional, «de forma que se van a primar los servicios profesionales frente a las prestaciones económicas, cumpliendo así con el espíritu de la Ley».
Respecto a los nuevos criterios comunes para la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas, ha explicado que el objetivo «ha sido garantizar la sostenibilidad del sistema de atención a la dependencia», y ha querido puntualizar que «nadie quedará fuera de la cobertura del sistema de atención por no disponer de recursos económicos.»
La aplicación de los nuevos cálculos tienen distinto efecto para cada persona de acuerdo con su capacidad económica y el tipo de servicio o prestación que reciben, de manera que en algunos casos ha variado el importe de las prestaciones que venían recibiendo, y en otros casos no ha variado en absoluto.
Para finalizar, la Secretaria Autonómica ha explicado que la financiación pública a cuenta de la Administración General del Estado se efectuará conforme al número de beneficiarios del Sistema, al grado de dependencia reconocida y al servicio o prestación que recibe.
Milagros Marcos, ha reclamado al Gobierno de Mariano Rajoy que incorpore la Dependencial al modelo de financiación autonómica
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha reclamado hoy al Gobierno de Mariano Rajoy que incorpore la Dependencial al modelo de financiación autonómica, para que este derecho no esté «al albur de los presupuestos generales del Estado» cada año.
«Queremos que la atención a las personas dependientes se incluya como financiación garantizada en el modelo de financiación estatal, que desde Castilla y León siempre se ha querido revisar», recalcó Marcos para luego matizar: «Sin garantía financiera no hay derecho, por muchas leyes en que lo escribamos», ha recaldado durante su comparenencia ante la Comisión en las Cortes, en la que también ha puesto de manifiesto que en estos años, por cada cinco euros aportados por la Comunidad a la Dependencia, «el Estado sólo ha puesto uno«.
En una intervención en la que ha hecho balance de la aplicación de la ley desde que se aprobó hace seis años, Marcos ha demandado también al Ejecutivo que simplifique la tramitación. «Queremos dedicar más esfuerzo a las personas, no al papeleo«, ha indicado, tras subrayar que «no existe procedimiento tan complicado en toda la administración».
«Estabilizar la financiación» es, para la consejera, la única fórmula para lograr que la Dependencia se consagre como un verdadero derecho subjetivo, al mismo tiempo que recordó que la diferencia entre lo que aporta la Administración del Estado y lo que debería haber aportado a Castilla y León desde 2008 a 2011 asciende a 457 millones de euros. Por su parte, en 2012, la Junta destinó 367,6 millones y recibió del Estado 107, es decir, 130 millones de euros menos de lo previsto.
La consejera invitó a la oposición a «sumarse» a estas propuestas, aunque no lo hayan «querido hacer en otros momentos», ya que «es la única forma de evitar que lo que se pretendía concebir como un derecho hace seis años», cuando se aprobó la Ley, «siga como lo está aún hoy, al albur de los presupuestos de cada año».
En su repaso a la aplicación de la Ley de Dependencia desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2007, Milagros Marcos recordó, como ya ha hecho en múltiples ocasiones, que ésta nació con un «insuficiente y lento desarrollo normativo por parte de la Administración General del Estado», lo cual «impedía en la práctica su aplicación efectiva», y que desde sus orígenes estuvo lastrada por «un complejo sistema de financiación».
Mato niega que se haya eliminado la teleasistencia y PSOE le dice que hay afectados «con nombre y apellidos»
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha negado en el Pleno del Senado que su departamento haya eliminado el servicio de teleasistencia a personas mayores y con discapacidad y el PSOE le ha reprochado que hay afectados «con nombres y apellidos».
Mato ha indicado al senador socialista Andrés Tovar que éste y otros servicios se estaban prestando «por dos o por tres administraciones a la vez» y que el objetivo del Gobierno ahora es resolver «con claridad» a qué ventanilla tienen que dirigirse los beneficiarios para que no se «vuelvan locos».
Asimismo, ha señalado que la teleasistencia es una prestación que se incluye en el catálogo del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), que, según ha afirmado, «se va a seguir ofreciendo». «Ahora pretendemos que sea una sola administración la que se haga cargo», ha apostillado.
El senador socialista le ha reprochado que el ministerio haya decidido de forma «unilateral» su aportación al convenio con la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por el cual, a través de ayuntamientos y diputaciones, llegaba el servicio de teleasistencia a las personas que viven solas y corren un grave peligro de accidente o enfermedad.
«RESUELVA ESTE PROBLEMA ANTES DE QUE LA CESEN»
Tovar ha asegurado a Mato que le puede dar «nombres y apellidas de personas en listas de espera sin estar atendidas por estos servicios de teleasistencia», y ha pedido a la ministra que se entere de «cuál es la situación real» porque, a su juicio, este servicio es «fundamental para la seguridad de las personas y salva vidas humanas».
«Sabemos que tiene serias dificultades para enterarse de los problemas de los ciudadanos, e incluso de algunos que usted tiene cerca», ha indicado el senador, en referencia a las informaciones relativas al ‘caso Gürtel’. «Antes de que la cesen le pido que resuelva este problema porque se lo agradecerán los alcaldes y las familias», ha concluido.
Sánchez Zaplana considera «necesaria» la colaboración entre Generalitat y las entidades del sector de la discapacidad
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha considerado este lunes «necesaria» la colaboración entre la Generalitat y las entidades representativas del sector de la discapacidad en la Comunitat Valenciana, según ha informado en un comunicado el Gobierno autonómico.
Sánchez Zaplana ha realizado estas declaraciones durante su presencia en Petrer (Alicante), donde ha visitado el Centro de Atención Integral (CAI) para grandes dependientes, «un recurso que es ejemplo de trabajo conjunto entre las administraciones central, autonómica, provincial y local, las obras sociales de Caja Madrid e Ibercaja, y gestionado por la Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría».
En el mismo sentido, ha recordado que el Consell invirtió 2,5 millones de euros para su construcción y puesta en marcha, y destinó otros 400.000 al mantenimiento de sus plazas en 2012. «El CAI de Cocemfe Alicante responde a las demandas trasladadas por la entidad a Conselleria y, además, se ha constituido como un centro de referencia nacional por su accesibilidad y diseño, domótica y control del entorno», ha agregado.
El recinto tiene una capacidad para 40 personas en régimen residencial y para 30 en centro de día. Es un recurso de alojamiento especializado y dirigido a personas con discapacidad física u orgánica de gran dependencia, con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años.
La Generalitat ha indicado que la Comunitat dispone en la actualidad de 10.733 plazas residenciales y diurnas en 295 centros de diferentes tipologías, destinados a personas con discapacidad. De ese total de puestos, el 86,8 por ciento son financiadas por el Ejecutivo valenciano.
AUMENTO DE LOS RECURSOS
Sánchez Zaplana ha subrayado que en los últimos cinco años «han aumentado en un 33 por ciento los recursos dirigidos» a este colectivo, y ha enfatizado que «desde los distintos departamentos del Consell se están volcando todos los esfuerzos para atender las necesidades» de estas personas.
Así, ha recalcado que se preservarán los equipamientos disponibles y se hará «un uso eficiente» de los mismos, «trabajando de forma coordinada y transversal entre los servicios de discapacidad y los de asistencia sanitaria».
Durante su visita a las instalaciones de Petrer, ha expresado su felicitación a Cocemfe por la labor que desarrolla, «haciendo valer los derechos y trasladando las demandas» de este colectivo. Además, ha resaltado la profesionalidad del personal del centro, «por el magnífico trabajo que realizan día a día en la atención que ofrecen a quienes acuden a ellos».
Héctor lleva aguardando por la Ley de Dependencia casi tres años
Una familia palmera está dispuesta a llegar a los tribunales para conseguir que Héctor, su hijo de seis años con síndrome autista y reconocido como gran dependiente en el marco de la Ley de Dependencia, se le reconozcan sus derechos y se cumpla con los preceptos de una normativa que, entre otras prestaciones, le reconoce una prestación económica para cuidados en el entorno familiar y de asistencia personal.
Ya han transcurrido casi cuatro meses desde que sus padres presentaron ante la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias una demanda de responsabilidad patrimonial por el enorme retraso en la confección del Programa Individual de Atención para Héctor. Un paso que decidió dar la familia y tras el que fueron recibidos por la propia consejera responsable del área, Inés Rojas, quien, según detalló el padre del menor en declaraciones a este periódico, “nos explicó que no estaba prevista la inclusión de ningún dependiente más en el sistema por la falta de recursos económicos”.
Una vez se cumplan los seis meses sin respuesta por parte del organismo competente en esta materia, llegando a lo que técnicamente se define como “silencio administrativo”, la familia de este niño tiene previsto interponer una demanda por la vía judicial para conseguir alcanzar los derechos que le corresponden a este niño.
Los padres de Héctor decidieron cambiar toda su vida, trasladándose a la vecina isla de Tenerife y abandonando la madre su puesto de trabajo que tenía en La Palma, para atender las necesidades del pequeño. Trabajan cada día para conseguir una mejora de las capacidades del pequeño, una labor para la que cuentan con la colaboración de los profesionales de la Asociación de Personas con Autismo de Tenerife (Apanate).
Una entidad sin ánimo de lucro y de reconocido prestigio en el tratamiento del autismo, que comenzó a desplegar su actividad en el año 1995 con el fin de promover el bienestar y la calidad de vida de las personas que sufren esta enfermedad, ofreciéndoles tratamientos específicos de acuerdo a sus características. De ahí el esfuerzo que han realizado los padres de Héctor para que su hijo pueda recibir una atención especializada.
BATALLA ADMINISTRATIVA
La familia ha reclamado ante todas las instancias administrativas posibles, y aunque reconocen estar “agotados” por el desgaste personal que esta batalla administrativa les está suponiendo, aseguran que no van a cejar en su objetivo de conseguir que el Gobierno de Canarias cumpla con los preceptos de una Ley que debería amparar a Héctor pero que se sigue incumpliendo en base a los recortes impuestos por el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro y que el ministro anunció en enero del pasado año en el Congreso de los Diputados.
Tras esa vía, que cercenó el derecho a las prestaciones de miles de dependientes, el entonces viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias y responsable del área de Dependencia, Melchor Núñez, explicó a este periódico que “la decisión que han tomado es muy grave porque contraviene la Ley de Dependencia y el Gobierno de Canarias no está de acuerdo con esta medida”.
Pese a esa postura en contra de los recortes del Estado, es ahora el Gobierno de Canarias el que niega a Héctor las prestaciones reconocidas por la normativa, algo sobre lo que el Diputado del Común preguntó meses atrás a la Administración, recordando “la demora injustificada en la tramitación de los procedimientos de la reconocimiento de la situación de dependencia y derechos del sistema”.
Unos padres que están dispuestos a seguir luchando para que la Administración pública reconozca los derechos de su hijo y que no piensan arrojar la toalla pese a las dificultades con las que se han encontrado a lo largo de este camino. La Ley de Dependencia los ampara y no van a ceder en esta batalla por el bienestar de su hijo.
“El Sistema de Atención de la Dependencia tiene fecha de cierre, cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios y los que tienen el derecho reconocido”
La Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia denunció hoy el “desmantelamiento” que a su juicio está sufriendo el Sistema de Atención a las Personas Dependientes.
La organización indicó en una nota de prensa que el sistema de atención a la dependencia ha perdido 4.524 beneficiarios, según los datos publicados por el Gobierno.
La coordinadora critica que “se está dejando morir el Sistema de Atención a la Dependencia, ya que desde hace seis meses no se mantiene la tasa de reposición de beneficiarios, bajan las solicitudes, los dictámenes de atención a grandes dependientes”.
Por otro lado, augura que “el Sistema de Atención de la Dependencia tiene fecha de cierre, cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios y los que tienen el derecho reconocido”.
Solo en este último mes, informó la coordinadora, se han cerrado 494 plazas de residencia, 67 de centro de día, 834 de ayuda a domicilio y 1.488 de teleasistencia, lo que supone el despido de casi un millar de trabajadores del Sistema de Atención a la Dependencia.
Además, 3.905 cuidadores familiares dejaron de recibir una prestación económica y 1.621 se han dado de baja en el convenio especial de laSeguridad Social, con la consiguiente desprotección y pérdida de todo derecho básico.
Asimismo, la coordinadora afirma que “se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que se conceda un menor grado de dependencia y, por tanto, reducir los costes».
Consejera andaluza de Salud advierte al Estado de que las CCAA solas no pueden sostener las prestaciones por Dependencia
La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha advertido de que al Gobierno central de que las CCAA solas no pueden sostener las prestaciones por Dependencia y le acusa de llevar a cabo una «derogación velada» al «retirarse» de las aportaciones que está obligado por ley.
«Piensa que las comunidades solas y las corporaciones locales podemos sostener este pilar del Estado del Bienestar, pero desde ya le digo que es imposible», ha matizado.
Durante su comparecencia este miércoles en la Comisión del ramo del Parlamento andaluz a fin de informar sobre el grado de aplicación de esta ley, tanto a petición de IU como del PSOE, Montero ha apostado por «unir fuerzas» para que se pueda «disuadir al Gobierno de su intención de retirase de las aportaciones a la ley».
Así, ha reprochado que el Gobierno se haya «retirado» del reparto de la carga económica, «que antes estaba al 50 por ciento por parte del Estado y el 50 por las CC.AA., y ahora es del 30 y 70 por ciento, respectivamente», al tiempo que ha denunciado, por contra, la «extralimitación que la Administración estatal está haciendo en sus competencias al invadir las de las comunidades», en relación al nuevo procedimiento para el reconocimiento del derecho a las prestaciones previstas en esta normativa.
«Sólo en 2012 hemos contado con 89 millones de euros menos para el desarrollo de la Ley de Dependencia porque el Gobierno ha dejado de aportarlos», ha recordado Montero, quien, pese a esta menor aportación estatal, ha lamentado que el Gobierno central «encima quieran acusar a la Junta de dar una ‘paguita’ a las familias».
«La falta de aportación del Gobierno no se pueden compensar ni por corporaciones locales ni por la Junta, además de que ello está provocado que el ritmo de incorporaciones a la ley se haya ralentizado, que exista una menor tasa de reposición o que encima quieran acusar a la Junta de dar una ‘paguita'», ha lamentado.
Pese a esta «derogación velada» de la ley por «falta de financiación estatal», Montero ha ensalzado que el «esfuerzo» del Gobierno andaluz está haciendo posible que en Andalucía «existen más de 190.000 personas beneficiarias de la ley, lo que supone que uno de cada cuatro españoles con alguna prestación de las recogidas en esta Ley es andaluz».
Según ha defendido, uno de estos servicios es la Teleasistencia, que en Andalucía reciben actualmente 66.528 personas, «es decir, el 51 por ciento del total nacional».
«NUEVAS TRABAS»
Respecto a las «nuevas trabas» que estaría poniendo el Gobierno central, ha aludido a la «obligatoriedad» que a partir de ahora tienen los usuarios de presentar documentos como el informe de salud, el compromiso de la persona cuidadora y la documentación acreditativa de la capacidad económica, «que hasta ahora no se exigían».
«El Gobierno de España llega a quebrar el principio de confianza y buena fe entre administraciones, al exigir nuevas certificaciones a las comunidades, que pierden margen de maniobra para prestar el servicio eficazmente», ha insistido en sus denuncias Montero, al tiempo que alertado de que estas medidas del Ejecutivo central estarían provocando, en la práctica, «la minoración del ritmo en el desarrollo de la aplicación de la Ley, no sólo por los recortes en financiación, sino también por los continuos cambios normativos impulsados que obligan a adaptaciones normativas a nivel autonómico que ralentizan el sistema».
INVERSIÓN ANDALUZA
Por contra, ha subrayado que Andalucía ha invertido más de 4.500 millones de euros en la aplicación de la Ley desde su entrada en vigor y que ha multiplicado por siete la cantidad destinada a la Dependencia por parte de la Junta desde 2007. En cuanto al número de prestaciones, en Andalucía se han concedido 261.000, lo que representa el 27,2% del total.
Asimismo, 177.000 andaluces reciben el servicio de teleasistencia, de las que en torno a 66.500 son personas en situación de dependencia, lo que significa más de la mitad de las personas que reciben este servicio en toda España. Igualmente, en cuanto a ayuda a domicilio, en Andalucía hay más de 49.800 personas beneficiarias, el 40 por ciento del total nacional. Además, la cifra de personas beneficiarias de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar asciende a 107.800.
VOLUMEN ANDALUZ POR ENCIMA DE VARIAS CC.AA.
Tras aportar estas cifras, Montero ha subrayado que Andalucía suma actualmente «casi las mismas prestaciones que Castilla León, Valencia, Madrid y Galicia juntas», al tiempo que ha destacado que la ratio de personas beneficiarias en Andalucía, «según los datos del Imserso, es de 2.257 personas por cada 100.000 habitantes, frente a comunidades como Murcia (1.781), Madrid (1.252), Galicia (1.397) o la Comunidad Valenciana (con una ratio de 837 por cada 100.000 habitantes)».
Además, ha aludido al Dictamen del Observatorio de la Dependencia conocido recientemente, «que ha dado un notable a Andalucía en relación a los últimos seis meses de aplicación de la Ley, frente a los suspensos de Valencia, Canarias, Baleares o Aragón».
La consejera ha detallado que la supresión del Nivel Acordado en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 supuso 70,7 millones de euros menos para la aplicación de la ley en Andalucía. Además, los PGE para ese ejercicio retrasaban a 2015 la entrada en el sistema de las personas en situación de dependencia moderada. Igualmente, en julio de 2012 el Real Decreto ley 20/2012 estableció otra batería de modificaciones en la Ley, entre las que la titular de Salud y Bienestar Social ha destacado la reducción de la aportación estatal al Nivel Mínimo de la Dependencia, lo que supuso 18,5 millones de euros de recorte. Todo ello supone, según ha manifestado Montero, una reducción de 89 millones de euros en los recursos que destinaba el Gobierno central a Andalucía el año pasado.
«AYUDA DEL GOBIERNO CENTRAL A LOS LOBBIES»
Asimismo, Montero se ha referido a la bajada de un 15% acordada por el Ejecutivo central en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, el aumento del copago en dependencia, la reducción de la intensidad de algunas prestaciones, como la ayuda a domicilio «o el modelo que pretende implantar el PP y que favorece la institucionalización de las personas en situación de dependencia, a través de concesiones a los lobbies en detrimento de los usuarios y dejando de lado aspectos como la ruralidad, que es especialmente importante en Andalucía».
Igualmente, el dato de recortes extrapolado a 2013 se cifra, según la consejera, en 125 millones de euros, con lo que en dos años Andalucía dejará de percibir 214 millones de euros para dependencia.
50.000 ANDALUCES A LA ESPERA DE SE LES REALIZA EL PIA
Respecto a la ralentización, la consejera ha apuntado que en Andalucía existen unos 50.000 ciudadanos a la espera de que se les realice el Programa Individual de Atención (PIA), de los que casi un 75% (37.617) corresponden a personas en situación de dependencia moderada cuya incorporación al sistema ha sido retrasada por el Ejecutivo central hasta 2015. No obstante, Montero ha indicado que desde Andalucía se hará un esfuerzo para intentar que esa incorporación se haga antes.
La Ley de Dependencia se paraliza en Andalucía
Acceder a la Ley de Dependencia requiere actualmente una espera media de un año y medio. Un tiempo que muchos ancianos de la capital no tienen, inmersos en las garras de la senectud. El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ya advirtió de lo preocupante de esta situación que calificó como «insostenible».
Paralizados como están los trámites por parte de la Junta de Andalucía, la Ley de Dependencia mantiene a 2.161 personas en Granada a la espera de que la administración autonómica retome la actividad. Por partes. En el primer estadío de la ley, (solicitudes que se presentan al Ayuntamiento para someterse a una primera valoración), se presentaron en 2012 un total de 1.475 solicitudes de las cuales están sin valorar 1.342. En la segunda fase la Junta pasa el expediente al Ayuntamiento para que haga los Planes Individuales de Atención (PIA) y luego los vuelvan a remitir. Pues bien, el año pasado se mandaron a la Junta 937 PIAS, de los que están en espera 468.
En cuanto al tercer escalón (el de las revisiones) el Ayuntamiento mandó 422 expedientes y quedan por valorar 351. En total 2.161 expedientes que aguardan a que la Junta agilice el trabajo y empiece a descongestionar las solicitudes. Claro que muchas de las situaciones que llegan a diario al Ayuntamiento son tan perentorias que no pueden esperar. ¿Qué hacer entonces? El Ayuntamiento ha optado por atender a estas personas a través de su programa de ayuda a domicilio y de comidas, mediante el cual los profesionales acuden al domicilio de estas personas para ayudarles a asearle, vestirse, acostarse, darles de comer o controlar sus tratamientos médicos. Les ayudan a hacer la comida, a lavar la ropa, planchar y limpiar.
El concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Granada, Fernando Egea, reconoció ayer que el servicio municipal está desbordado. Actualmente dan servicio a través de este programa a 1.439 personas, de las cuales unas 400 deberían estar atendidas mediante la Ley de Dependencia. «Hemos aumentado este año el presupuesto del programa en un 10%, de 3.582.000 euros en 2012 a 3.952.000 euros para 2013, pero si la Junta desbloqueara la Ley de Dependencia, podríamos utilizar estos recursos para atender a más personas», lamenta el concejal de Bienestar Social.
La demanda es tan alta que el servicio municipal tiene incluso una lista de espera de unas 400 personas que aguardan pacientes para recibir ayuda de los profesionales. La Ley de la Dependencia se implantó en el año 2007. Fue la decisión más alabada del gobierno socialista de la Nación, puesto que daba solución a un clamor ciudadano que por fin encontraba respuesta en la llamada Ley de la Dependencia. Pero llegó el parón.
Según Fernando Egea, la Junta de Andalucía ha justificado esta inactividad frente al Defensor del Pueblo alegando que tienen que adaptar el reglamento a la nueva ley y que están adaptando los programas informáticos nuevos, aunque a nadie se le escapa que el dinero o, mejor dicho la ausencia de él, está detrás de esta paralización.
«La Junta no puede dejar de dar este servicio. El Ayuntamiento no tiene medios, pero estamos intentando atender a todas las personas que llegan con necesidades muy primarias por cubrir», apunta el concejal de Bienestar Social.
Hasta ahora los expedientes de la Ley de Dependencia venían solventándose en unos 9 meses. «Ahora mismo ya estamos hablando de años de retraso», lamentaba Fernando Egea.
Uno de cada tres aragoneses con derecho Ley Dependencia está a la espera
Uno de cada tres aragoneses con derecho reconocido a recibir atenciones o servicios de la Ley de Dependencia, lo que hace un total de 9.521 personas, se encuentran a la espera de que se haga efectivo dicho reconocimiento.Becerril recomienda a Madrid que también contacte por escrito a solicitantes del servicio de Dependencia
La Oficina del Defensor del Pueblo ha recomendado a la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid que, como prevé la Ley, cuando no sea posible contactar telefónicamente con el interesado en un plazo razonable, remita una notificación por escrito.
Según publica la revista el Defensor al Día, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido a la comunidad que incluya en los expedientes de valoración de dependencia los medios utilizados para agilizar su tramitación.
Esta resolución se produce después de que una ciudadana se quejara del retraso a la hora de evaluar la situación de dependencia de un familiar que necesitaba un ingreso urgente en un centro especializado.
Así, explica que a lo largo de la investigación, se solicitó un informe a la Consejería de Asuntos Sociales de Madrid, que justificó la demora en que la interesada no había contestado a 24 llamadas realizadas a lo largo de 10 meses.
No obstante, y según explicaba la ciudadana en su queja, al tener conocimiento de que le estaban llamando a un número que ya no usaba, remitió el correcto por escrito a través de un registro oficial, dado que se le indicó que era la única forma para que el referido dato quedara incorporado al expediente.
En opinión de la Institución, la concertación de citas y de otras actuaciones mediante gestión telefónica es una buena práctica que sirve para agilizar los expedientes pero no puede ser la única vía de comunicación. «De hecho, no dejan constancia de que los intentos de comunicación se han producido efectivamente, ni tampoco de su objeto y ni de que han sido correctamente recibidos», añade.
En este sentido, señala que cuando se producen incidencias como la señalada, el expediente se paraliza, lo que aumenta la demora hasta la resolución que en este tipo de asunto es bastante elevada, con el consiguiente perjuicio para los interesados.
No obstante, señala que la investigación no ha concluido con esta recomendación y que la oficina del Defensor del Pueblo ha solicitado a la Comunidad de Madrid que siga informando sobre los avances que se produzcan en el expediente que motivó la queja.
Aerte recuerda a la Generalitat que aún le debe casi 50 millones de 2013
La patronal de la dependencia de la Comunitat Aerte, ha reconocido positivamente el pago de aproximadamente 6 millones que Bienestar Social ha activado estos días, matizando que se trata de una solución temporal y que no alcanza, nuevamente, a la totallidad del sector.
El dinero abonado solo representa un 10% de una deuda pendiente que crece cada mes. «No conviene olvidar que a los cerca de 50 millones de deuda pendiente del año 2012, hay que empezar a sumar los importes acumulados correspondientes al año 2013», señala Aerte en un comunicado.
Aerte ha manifestado su «agradecimiento a Bienestar Social por el esfuerzo realizado pues ha permitido resolver situaciones apremiantes aunque no en todos los casos, debido al retraso acumulado de más de un año, como regularizar las nóminas correspondientes al mes de noviembre de algunos centros o afrontar pagos imprescindibles».
Sin embargo, según ha manifestado la patronal del sector en la Comunitat, dista mucho de aportar una solución a un problema que se ve agravado con las obligaciones económicas que han de afrontar los centros cada nuevo mes, y con las desigualdades que genera la distribución de los pagos de dependencia en las empresas.
Asimismo, Aerte ha querido incidir en aspectos sin resolver de gran trascendencia para el sector, como la necesidad de solucionar el bloqueo existente en las líneas de confirming, de ofrecer una fecha para el abono de la deuda pendiente y en particular, definir cómo se pagarán los servicios prestados en el año 2013, teniendo en cuenta que ya ha transcurrido el mes de enero sin que se resuelvan todos los pagos pendientes del 2012 y se ha comenzado a prestar servicios en el 2013.
Estos servicios se están prestando desde los centros asociados a Aerte sin que la Generalitat haya transmitido un plan de pagos de la deuda anterior, ni de la deuda que se va generando con los servicios de este año, lo que provoca inseguridad en las empresas del sector, al entender que pueden volver a acumularse los problemas de cobro.
Para Aerte, la cantidad abonada por el Consell supone un leve avance, aunque no resuelve los problemas económicos que asfixian al sector. Aerte se ha referido a los muchos centros que no han cobrado y por ello, no han podido hacer frente a los pagos correspondientes a hacienda y la seguridad social, teniendo en cuenta que ha pasado el final del mes de enero por lo que a su deuda acumulada tendrán que sumar los intereses de demora del 20% y en ocasiones, de alguna sanción impuesta.
Desde hace más de un año, Aerte ha trabajado activamente para desbloquear la deuda pendiente que Bienestar Social ha mantenido con el sector de la dependencia que representa, y que ha llegado a alcanzar los 120 millones de euros a lo largo del año.
A pesar de que desde cargos políticos se hayan realizado múltiples declaraciones afirmando que el sector de la dependencia es prioritario en la Comunidad Valenciana, los hechos no han acompañado a estas declaraciones.
Al margen de los pagos realizados, la deuda en Bonos acumula un nuevo retraso de seis meses. Hay centros públicos gestionados por empresas privadas que no han cobrado nada de la deuda de todo el año 2012 y empresas con plazas concertadas con la administración que han sufrido errores administrativos sin aclarar ni solucionar y que han provocado que no cobren sus facturas.
La política actual de la Consellería en cuanto a la no resolución de los expedientes de las más de 10.000 personas en situacián de dependencia reconocida está provocando, no sólo la falta de atención de estas personas sino también la disminución de la ocupación y abocando al cierre a muchos de ellos. En los últimos meses se han producido cierres en centros, incluso en la ciudad de Valencia, y entrada de sociedades en concurso de acreedores con la consiguiente pérdidas de puestos de trabajo.
Desde la junta directiva de AERTE se sigue haciendo «un esfuerzo sin precedentes para solucionar estos problemas en el sector, y volvemos a transmitir públicamente a la Administración valenciana nuestra disponibilidad más absoluta para la búsqueda de un acuerdo global del sector que consiga una reorganización factible del mismo. Cualquier acuerdo adoptado tan solo con organizaciones individuales está condenado al fracaso a medio plazo, porque lo único que se conseguirá es una huida hacia adelante, que repercutirá a todos posteriormente con problemas irresolubles».
AERTE manifiesta que el sistema actual no tiene viabilidad, ya que está en una espiral de difícil salida, como se está demostrando, y se necesita una reorganización del mismo que permita a la sociedad recibir los recursos que claramente necesita.
Los beneficiarios de prestaciones de dependencia ascienden a 770.945 personas en 2012, un 6% más que el año anterior
El número de beneficiarios de prestaciones de dependencia en 2012 ascendió a un total de 770.945 personas (el 77 por ciento de las personas con derecho a prestación), una cifra que supone un 6 por ciento más en relación con el año anterior y un balance neto positivo de 18.944 personas, según datos del avance de la evaluación anual de 2012 del Sistema de Dependencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a los que ha tenido acceso Europa Press.
Además, las personas que durante 2012 se han incorporado como nuevos beneficiarios de alguna prestación ascienden a 129.847. Por otro lado, de las 305.941 personas pendientes de recibir prestación a diciembre de 2011 (casi el 30 por ciento del total) se ha pasado a 230.203 personas a diciembre del año pasado (un 24,8 por ciento), lo que supone «el porcentaje más bajo» desde la implantación de la Ley de Dependencia –hace seis años, desde 2007–, según ha destacado a Europa Press el director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales(Imserso), César Antón.
Respecto a los datos económicos, el presupuesto destinado en 2012 y transferido a las comunidades autónomas ha aumentado en 122 millones más respecto a 2011, hasta los 1,4 millones de euros (un 9,5% más que en 2011).
Antón ha detallado que una de las prioridades de la ley durante el año pasado ha sido la de atender «primero a los que más tiempo llevan esperando y a los que más dependencia tienen». Además, ha subrayado de que, en este año, ha seguido aumentando «tanto el número de beneficiarios como la financiación del Estado», ya que, a su juicio, «más allá de los números y las estadísticas, hay personas y familias». En cualquier caso, ha pedido «no generar expectativas» y, de cara al futuro, ha apostado por «el orden, la simplificación y la mejora de la transparencia».
Por comunidades autónomas, Navarra, Andalucía, Cantabria y La Rioja fueron las que menos dinero recibieron en 2012 por la revisión a la baja de los grados de dependencia o por el estancamiento en la entrada de usuarios, o por ambos motivos.
Así, en Navarra, el número de beneficiarios con prestación ascendió a 8.612 (frente a los 8.129 de 2011), con 12,5 millones de euros designados (frente a los 13 millones de 2011); en Andalucía, 192.532 beneficiarios con prestación (frente a los 191.330 de 2011), con 345,8 millones de euros designados (frente a los 356,6 millones de 2011); en Cantabria, 14.090 beneficiarios con prestación (frente a los 15.227 de 2011), con 19,4 millones de euros designados (frente a los 20,5 de 2011) y en La Rioja, 7.474 beneficiarios en 2012 (7.716 en 2011), con 13,4 millones en 2012 (13,7 millones en 2011).
Por el contrario, el resto de las comunidades ha recibido más dinero respecto a 2011. En concreto, Madrid recibió 141,9 millones de euros (134,5 millones de euros en 2011) y tuvo un total de 81.158 beneficiarios con prestación (76.674 el año pasado); País Vasco recibió 92 millones de euros (66,1 euros en 2011), con 39.506 beneficiarios (43.541 en 2011); Asturias, 26,3 millones de euros (23,6 euros en 2011) y 14.643 beneficiarios (13.890 en 2011); Baleares, con 18,7 millones de euros (17,7 millones de euros en 2011) y 9.534 beneficiarios (10.404 en 2011); Galicia, con 78,9 millones de euros (58,6 millones de euros en 2011) y 89.139 beneficiarios (34.092 en 2011); Extremadura, con 36,4 millones de euros (frente a 33,7 millones de euros en 2011) y 19.482 beneficiarios (18.249 en 2011); y Cataluña con 243,5 millones de euros (210,2 millones de euros en 2011) y 139.220 beneficiarios (118.890 en 2011).
Además, en Canarias se destinaron 28,8 millones de euros (21.989 millones de euros en 2011) y hubo 11.926 beneficiarios (10.505 en 2011); en la Comunidad Valenciana, con 43.145 beneficiarios (42.960 en 2011) se percibieron 82,5 millones de euros (78,1 millones de euros en 2011); en Castilla y León, 103,1 millones de euros (86,4 millones de euros el año pasado) y 62.108 beneficiarios (60.090 en 2011); en Castilla-La Mancha 67,1 millones de euros (64,6 millones en 2011), con 38.620 beneficiarios (39.081 en 2011) y Aragón, con 41 millones de euros (34,6 millones en 2011) y 21.413 beneficiarios (22.473 en 2011).
Un millar de trabajadores de la dependencia pierden su empleo cada mes
José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ha asegurado este jueves en el Congreso de los Diputados que «todos los meses», un millar de personas que trabajan en el sector de la dependencia se quedan sin empleo, ya que se están cerrando residencias y «desmantelando el sistema».
Ramírez hizo estas consideraciones durante su intervención en una jornada parlamentaria sobre Servicios Sociales y Dependencia, organizada por el Grupo Socialista y celebrada hoy en la Cámara Baja. El presidente de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales comenzó su intervención aclarando que, para él, la Ley de Dependencia es «el mayor avance que ha habido en España en los tres últimos lustros», ya que refuerza el sistema público de servicios sociales, entre otros aspectos positivos. Dicho esto, Ramírez puso sobre la mesa una serie de denuncias que a juicio de su colectivo hay que hacer por el cariz que está tomando el Sistema de Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes (SAAD).
Así, se quejó de que haya muchos beneficiarios que se encuentren actualmente «en el limbo de la dependencia», de que se haya acabado con el sistema de niveles, dentro de los grados establecidos por la ley, o de que haya «caído en picado» el número de planes individuales de atención (PIA) elaborados. Con este panorama, los gerentes de servicios sociales estiman que el Gobierno, si no adopta otras medidas, podría tardar unos 11 años en atender a todas las personas en situación de dependencia que tienen el derecho ya reconocido.
Ramírez se expresó así en una mesa redonda enmarcada en las citadas jornadas parlamentarias titulada ‘Situación y perspectivas de la implantación de la Ley de Dependencia» y moderada por Rosa Aguilar, portavoz de Servicios Sociales del Grupo. En la mesa, participaron también Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social; Rosana Costa, secretaria confederal de Política Social de CCOO; Almudena Fontecha, secretaria confederal para la Igualdad de UGT, y Jaime-Esteban García, coordinador estatal y de Comunidad Valenciana de la Plataforma de Defensa de la Ley de Dependencia.
«Desmantelamiento» de los Servicios Sociales
Lima aprovechó su intervención para hacer una defensa de los servicios sociales y para mostrar su preocupación por el «desmantelamiento» que, a su parecer, están sufriendo por culpa de los recortes. Apostó por un modelo de bienestar basado en la «igualdad, cooperación y solidaridad» y que garantice los derechos sociales a todos los ciudadanos, independientemente de su aportación a la Seguridad Social. Ese modelo, prosiguió, ha de «dar voz y empoderar a la gente», que debe expresar lo que le pasa para poder recibir una mejor atención y no recortar derechos, como está ocurriendo en algunas CCAA, donde se están «recrudeciendo» requisitos para acceder a él.
Y es que, aseguró, en la actualidad «hay un ataque» a los servicios sociales básicos, es decir, los que se prestan desde los ayuntamientos, que, en muchos casos, están viendo cómo desaparecen apoyos tales como el de la ayuda a domicilio, que solo se presta a personas en situación de dependencia, y no a todas. Igualmente, denunció la eliminación progresiva del plan concertado para los servicios sociales, que, aunque con una financiación «ridícula», suponía un acuerdo importante entre las tres administraciones.
Consecuencias «graves»
Por su parte, las representantes de CCOO y UGT se centraron en analizar las consecuencias que están teniendo las reformas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en la Ley de Dependencia, que, dijeron, son «graves», como lo son también los cambios del Ejecutivo en educación y sanidad. Para Rosana Costa, secretaria confederal de Política Social de CCOO, la de la Dependencia es una «reforma integral» que sigue el mismo patrón que orienta los cambios en el resto de pilares del Estado de bienestar, que se aborda de forma unilateral, sin trasparencia y con «opacidad». A su parecer, los objetivos de la reforma del Ejecutivo son «recortar drásticamente» el gasto social público y «debilitar la naturaleza pública y universal» con la que nació el Sistema de Dependencia, para conducirlo hacia otro de carácter «mercantilista».
Almudena Fontecha, secretaria confederal para la Igualdad de UGT, evidenció también su «preocupación» por el curso de la norma de la Dependencia y abogó por buscar un sistema de financiación estable y sostenible, desde el punto de vista económico, pero también social, y por redactar una ley que garantice el acceso a los servicios sociales a todas las personas. Finalmente, el coordinador estatal y de Comunidad Valenciana de la Plataforma de Defensa de la Ley de Dependencia indicó que la reducción de prestaciones económicas, el aumento del copago en los servicios, el hecho de que los cuidadores no profesionales tengan que pagar su Seguridad Social y el retraso hasta 2015 de la entrada en el sistema de los dependientes moderados son, a su parecer, los aspectos de las reformas del Gobierno que más están afectando a los beneficiarios del SAAD.
Conflicto abierto en el sector de las residencias de la tercera edad
Las extremas dificultades financieras de la Generalitat afectan a todas sus áreas y el pago a las residencias de la tercera edad no es una excepción. Pero no todos los centros lo están pasando igual de mal. Aquellos bajo la modalidad de concierto denominado de accesibilidad social —la red de residencias que surgió a raíz del plan impulsado por el exconsejero Rafael Blasco en 2001 y en la que participó la familia del presidente de las Cortes, Juan Cotino— ha recibido un pago selectivo por parte del Consell, que ha dejado al margen a buena parte del resto de centros, como han denunciado estos.
En el escenario de la atención residencial apoyada con fondos públicos hay dos protagonistas principales y varios secundarios. Entre los actores destacados, además de los centros de accesibilidad —agrupados mayoritariamente en torno a la asociación Aecas— se encuentra Aerte, la Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia. Esta última ha puesto el grito en el cielo después de sentirse agraviada por haber sido marginada en el último pago realizado por la Generalitat a las residencias.
De la inyección de dinero (437 millones) del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que envió el Gobierno a la Generalitat en diciembre para hacer frente a pagos pendientes, el Consell destinó 63 a cubrir parte de las deudas que mantiene con el sector. Abonó 49 millones a las empresas de accesibilidad. Otros nueve, a entidades sin ánimo de lucro (básicamente entidades religiosas, agrupadas en torno a la asociación LARES, uno de los actores secundarios en este relato) y casi cinco millones a liquidar deudas a empresas que gestionan centros públicos, como ha denunciado Aerte.
Los centros de Aerte, que acogen a beneficiarios del bono residencia, de una modalidad de ayuda que establece la Ley de Dependencia (prestaciones vinculadas al servicio) y entre los que también hay residencias públicas de gestión privada, siguen esperando a cobrar los 60 millones correspondientes a buena parte de las facturas del año pasado. “Es un claro agravio”, sostiene María José Mira, gerente de Aerte. La pasada semana, la Generalitat les comunicó que antes del 31 de enero recibirán seis millones de euros, un 10% de la deuda, lo que “no soluciona nada”, dice Mira. Este diario intentó, sin éxito, conocer la versión de la Generalitat.
El segundo motivo de agravio que plantea Aerte es que la Administración “ha potenciado las plazas de accesibilidad”, agrupadas mayoritariamente en Aecas, en perjuicio de los tipos de subvención de los que participan sus asociados. De esta forma, mientras que en 2007, las plazas del bono (en extinción) o de prestación vinculada al servicio eran 4.500, ahora son 3.000. Y mientras en 2007 los beneficiarios que la Generalitat remitía a las residencias con plazas de accesibilidad social eran 1.840, ahora rebasan las 4.000.
Aecas prefiere no entrar en los motivos por los que las empresas que explotan centros bajo la fórmula de accesibilidad social han cobrado antes. “A fecha de 26 de diciembre solo habíamos cobrado el mes de enero de 2012. Sin entrar en detalles, la situación de Aerte era distinta”, explica Marcos Penadés, presidente de Aecas. Respecto a la prioridad que ha podido conceder la Generalitat a sus residencias en el envío de personas, Penadés sostiene que deberían de remitirles más residentes. Para justificarlo, entre otros aspectos, sostiene que sus plazas tienen un derecho de preferencia reconocido por la Generalitat. Y alude a una decisión que tomó la Consejería de Bienestar Social cuando estaba al frente del departamento el presidente de las Cortes, Juan Cotino (2007-2009) que les daba prioridad.
El contrato original de la fórmula de las residencias de accesibilidad social (los centros integrados mayoritariamente en Aecas) se elaboró mientras el actual diputado del PP Rafael Blasco, imputado por el supuesto desvío de fondos públicos destinados a cooperación, dirigía la consejería de Bienestar Social. Ante la falta de residencias públicas ideó en 2001 un plan que consistía en proponer al sector privado la creación de 9.000 plazas nuevas a través de un concurso por el que la Generalitat se reservaba un tercio de ellas. Hasta entonces el modelo de subvención con el sector privado se basaba en el bono residencia, un importe que se entregaba a los beneficiarios para que escogieran una plaza privada. A partir del plan de las 9.000 plazas, entró en escena una nueva modalidad de subvención pública: el tercio de plazas de disponibilidad pública que se reservaba la administración, denominadas plazas de accesibilidad. Finalmente, el número total de plazas no fueron 9.000 sino 6.000, y las reservadas para residentes de la red pública 2.000.
En 2008, el máximo responsable de la Consejería de Bienestar Social, Juan Cotino, cambió las reglas. Firmó un acuerdo con las empresas de accesibilidad para concertar hasta el 100% de las plazas de estos centros. Entre estas compañías estaba Centros Residenciales Savia, nombre comercial de la empresa Gerocentros del Mediterráneo, SL. Por entonces (ya no), Savia estaba participada por Sedesa Concesiones —filial de la matriz Servicios de Excavaciones SA (Sedesa)—, ligada a la familia de Cotino a través de su sobrino, Vicente Cotino.
Este pacto es el que quiere hacer valer Aecas, asociación integrada por Savia, Novaire, Solimar, La Saleta, Vergel Sénior, Parqueluz, Gerianna y L’Albereda-Alacuás, que concentran el 93% de plazas de accesibilidad social. “Están potenciando a cuatro empresas, por lo que sea”, explica Mira. “Solo pido que no nos perjudiquen a nosotros para favorecer a otros”, añade.
