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Trescientas familias recurren al Supremo contra la reforma de la Dependencia

Publicado 4 septiembre, 2012 | Por manel

Representantes de 300 familias españolas han presentado este martes un recurso ante el Tribunal Supremo para solicitar la anulación del decreto que reforma la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia, aprobado por el Gobierno el pasado mes de julio, porque consideran que «vulnera derechos fundamentales», según informa Europa Press.

Así lo ha explicado a los medios de comunicación en la puerta del Alto tribunal el portavoz de la Entidad por los Derechos Civiles de la Discapacidad y sus Familias, Antonio Moreno, que se ha identificado como padre de un menor en situación de dependencia.

«Buscamos que se anule el Real Decreto, porque una cosa son los derechos adquiridos que tienen las familias con anterioridad al Decreto y otra las familias de nueva incorporación», ha explicado. En su opinión, sí sería posible aplicar la norma a las nuevas incorporaciones al sistema, pero no a los ciudadanos que ya tienen «derechos adquiridos».

Con esta demanda, las familias solicitan la anulación del real decreto que, según alertan, elimina los derechos adquiridos de los beneficiarios de la Ley de Dependencia, al recortar las ayudas a cuidadores, eliminar su cotización a la Seguridad Social y restringir el acceso al sistema de los dependientes moderados.

En concreto, consideran que se vulneran los artículos 4, 31, 33 y 49 de la Constitución Española, pero no pueden pedirle al Tribunal Constitucional que intervenga porque es una capacidad reservada al presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, un grupo de cincuenta diputados o de cincuenta senadores, los gobiernos y los parlamentos autonómicos.

Aunque han acudido a la Defensora del Pueblo instando a la Alta Institución a recurrir el real decreto, aún no han obtenido respuesta, conforme ha explicado Moreno. «Estamos decepcionados porque la Oposición no ha interpuesto este tipo de recurso, y son los que tienen la potestad reglamentaria para hacerlo», ha añadido.

Además de esta vía del recurso por vulneración de derechos de la asociación, las familias que la componen recurrirán el Real Decreto de forma individual, a fin de conseguir una paralización de la nueva norma en cada uno de los casos y mantener el mayor tiempo posible las ayudas que hasta ahora estaban recibiendo.

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Joan Costa i Font, «La atención a la dependencia se diseñó rápido y sin pensar demasiado»

Publicado 19 agosto, 2012 | Por manel

Los recortes en la atención a las personas dependientes (los más llamativos hasta ahora han sido el aumento del copago y la rebaja en las ayudas por cuidados familiares, sin contar el impago de las nóminas de julio a los geriátricos catalanes) han eclipsado la discusión de fondo: cómo financiar las prestaciones públicas cuando la economía está en recesión y el desempleo es elevado. A ese dilema se refiere Joan Costa i Font, profesor permanente de Economía Política en London School of Economics and Political Science, una de las instituciones académicas más influyentes en su ámbito. Especializado en economía de la salud y en políticas sociales, el docente critica que los partidos polemicen ruidosamente sobre los derechos de los ciudadanos mientras negocian entre bambalinas la forma de pagarlos. «Algo bueno que traerá esta crisis es una cierta desconfianza hacia los políticos, y una presión sobre los medios de comunicación para que supervisen sus acciones».

– Hablar de impuestos es casi un anatema.

– Es un problema del sur de Europa. Estamos acostumbrados a un modelo basado en la confianza en las élites políticas. Se les permite que hagan lo que quieran hasta que se descubre que hacen algo que no encaja con las expectativas, y entonces se repite el juego con la oposición. El ciudadano se desentiende y no se discute la financiación de las propuestas, de modo que solo algunos grupos de interés (bancos, aseguradoras, etc.) acaban opinando.

– Hasta que llega la recesión…

– … y hay que tomar decisiones difíciles que afectan directamente al ciudadano medio. Pero entonces ya es demasiado tarde.

– La atención a la dependencia ha recibido el primer tijeretazo en España. ¿Quizá estuvo mal concebida desde el principio al no aclararse las competencias de las administraciones y, sobre todo, la financiación?

– Se hizo rápido y sin pensarlo demasiado. Básicamente, el Gobierno socialista del momento trató de aprovechar la oportunidad política. Se había quedado sin ideas de reforma social (mas allá de derechos civiles como el matrimonio gay) y necesitaba una que le garantizara la reelección. Ciertamente, podría haber sido peor. Recuerdo algún borrador del Gobierno anterior del PP que apuntaba a un modelo con más intervención de bancos y compañías aseguradoras. Desde una visión de Euskadi, la Ley de Dependencia invade competencias e impone unos gastos a las comunidades autónomas, en especial a las forales, sin haberlas consultado. También es cierto que Euskadi tardó demasiado y no se adelantó al Estado con un modelo propio. Así pues, todos, ciudadanos y gobiernos, son algo culpables.

– ¿Era inevitable subir el copago y rebajar la ayuda por cuidados familiares?

-Yo creo que la dependencia es una contingencia diferente de la Sanidad y otros servicios sociales. El usuario debe estar sujeto a una fórmula distinta de participación en el coste. Existe un alto componente de atención personal, y la provisión de servicios a individuos poco dependientes la puede realizar prácticamente cualquiera, ya que tiene un componente tecnológico muy bajo. Eso lleva a que pueda haber fraude o a que la ayuda sea vista como una renta familiar adicional.

Edad y riqueza

– ¿Qué sistema es posible construir ahora?

– Si uno observa la distribución de la riqueza en España y en otros países de Europa, la población de más edad posee la parte más importante de esa riqueza. En términos medios, las necesidades económicas de las personas mayores no están en línea con sus necesidades como dependientes. Por ese motivo, y salvo excepciones, la contribución del usuario debería ser mayor que en otros servicios sociales. En otras palabras, me parece más necesaria la ayuda a una familia con tres hijos y que paga un alquiler que a un anciano que tiene una casa en propiedad.

– El Gobierno central acaba de establecer que la vivienda principal se compute para determinar la capacidad económica de la persona dependiente y establecer la cuantía del copago. En Euskadi no ocurre así, pero sí se responde de la deuda pendiente con el piso si no viven los hijos en él.

– En el pasado, el cuidado de los mayores se basaba en la costumbre de dejar a cambio los bienes en herencia y en cierta obligación ética. Hoy la familia es diferente y más compleja, pero persiste la ‘cultura de la herencia’. En ese contexto, la atención a la dependencia podría tener efectos contraproducentes. Por ejemplo, permitiría garantizar la herencia de los hijos gracias a ayudas públicas. En Estados Unidos esto ha provocado que las propiedades se transmitan antes de alcanzar la edad de la dependencia para recibir atención pública. Por otra parte, es cierto que un sistema de la dependencia debe ser neutral respecto a las decisiones para afrontar la vejez. No debe penalizar el ahorro.

– El debate sobre los servicios públicos en una sociedad que envejece se inició hace tiempo en Europa. Algunos expertos citan los países nórdicos como ejemplo a imitar. ¿Cómo pagan ellos la dependencia?

– Son un ejemplo en muchos sentidos. La ‘cultura del fraude’ que existe en el sur de Europa es menos común. Desde el principio ofrecen un servicio público financiado y prestado por los ayuntamientos. Los copagos son amplios. A diferencia del sur, la participación del beneficiario en el coste de la atención es la norma. La universalidad es en el acceso a las prestaciones, no en la financiación.

-Francia y Alemania sufragan la atención a las personas mayores de forma diferente.

– Francia tiene una contribución local y Alemania, un seguro social. En el segundo caso, la ventaja es que la atención está directamente relacionada con la participación en el mercado de trabajo y, por tanto, genera un derecho (‘entitlement’) a una prestación. Pero el problema del sistema alemán es que, para satisfacer a todos, se ha convertido en algo demasiado complejo. En 1994 fueron optimistas al establecer las contribuciones y en 2008 tuvieron que aumentarlas para que el sistema sea sostenible.

– En el Reino Unido, el Gobierno laborista propuso destinar el impuesto de sucesiones a la dependencia. ¿Qué fue de esa iniciativa, apoyada en Euskadi por el Gobierno de Patxi López?

– Se conocía como ‘death tax’; pero no se aplicó. La idea se complicó porque en Inglaterra la gestión de la dependencia es municipal, mientras que en España reside en la comunidades autónomas (en el País Vasco, en las diputaciones forales). Si un anciano inglés tiene un patrimonio de más de 23.000 libras, debe pagar el 100% de la prestación.

– Escocia funciona de otra forma.

– El modelo escocés se llama de atención personal gratuita, pero es más bien un eslogan político. Cubre gratuitamente la atención residencial para el gran dependiente, pero el ciudadano que tiene cuidados domiciliarios solo recibe una ayuda que es incompatible con otros complementos de pensión. Ese modelo no parece financieramente sostenible mas allá de 2013. Ya veremos qué ajustes realizan. Podrían utilizar un impuesto específico, pero la discusión todavía está muy abierta.

– Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos deben pactar la financiación de la dependencia. ¿Cómo podría articularse el impuesto finalista de sucesiones que defiende el primero?

– Es complicado, pero debería ser un intercambio: se reciben servicios a cambio de gravar con el impuesto al menos una propiedad con la que hacer frente al coste del servicio. Pero esto puede hacerse ‘ex ante’, es decir, cuando alguien no sabe todavía si será o no una persona dependiente, bien bajo un modelo de seguro, bien bajo otro individualizado. Todo ello puede diseñarse para ser redistributivo.

– Usted dice que el impuesto finalista sería como una hipoteca inversa, pero sin dar el negocio a los bancos; y con una carga sobre los activos del dependiente para que este no los reduzca estratégicamente, evitando pagar el impuesto.

– El ejemplo intenta hacer inteligible la idea. En el mercado, la alternativa sería la contratación de hipotecas inversas por bancos, que lógicamente se quedan una parte de la propiedad en intereses.

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Monago apuesta por «reformar la Ley de Dependencia para que no existan 17 modelos diferentes»

Publicado 6 agosto, 2012 | Por manel

El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ha apostado por «reformar la Ley de Dependencia para que no existan 17 modelos diferentes», del mismo modo que quiere que «aporten más aquellos que tienen más y los que tengan menos o nada, aporten menos o nada».

«La mejora de nuestra dependencia depende de todos», ha indicado Monago, a lo que ha añadido que «no» se pueden «consentir fraudes de ciudadanos que cobran por cuidar de sus mayores cuando no lo hacen».

«Debemos, sobre todo, simplificar el proceso de valoración para acceder a las ayudas», ha asegurado el presidente extremeño durante la inauguración de la Residencia de Mayores de San Vicente de Alcántara (Badajoz).

A su vez, el presidente Monago ha destacado la importancia de mejorar «todo» lo que se pueda la asistencia a las personas mayores. «Convenios como el que hemos firmado con este centro nos ayudan a llegar más lejos», ha apuntado.

Un convenio por el que de las 60 plazas de residentes que hay en este centro, 27 están subvencionadas por el Gobierno de Extremadura y de las 40 de la Unidad de Día, 10 también están reservadas para el Gobierno regional, según informa el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo extremeño ha dado la enhorabuena al grupo extremeño ‘Puente Real’, por la inauguración de su tercer centro en el que atienden ya a más de 350 mayores y da empleo a más de 120 trabajadores.

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El Gobierno quiere priorizar la atención a los grandes dependientes frente a los leves

Publicado 28 junio, 2012 | Por manel

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad iniciará esta semana una reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia siguiendo un argumentario según el cual, el sistema es ineficaz y hay que modificarlo para, entre otras medidas «priorizar la atención a los más dependientes». La intención es que el texto de la nueva ley llegue al Consejo de Ministros la segunda semana de julio, tras pasar por la Consejo Territorial del ramo –CC.AA y ministerio–, a primeros de mes.

El documento para la «reforma del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia», al que ha tenido acceso Europa Press, expone seis razones por las que «se proponen mejoras» y que serán trasladadas a los responsables autonómicos en la materia en una serie de reuniones «a distinto nivel» que arrancarán esta semana, según fuentes de este departamento.

No serán los primeros encuentros sobre este asunto, ya que el pasado mes de mayo se produjo una reunión de directores generales del ramo en la que se expuso la necesidad de reformas, especialmente por problemas de financiación. En aquel encuentro, según fuentes consultadas por Europa Press, se llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de reducir la atención a los casos más graves, es decir, los Grandes Dependientes (Grado III) y los Severos (Grado II).

Esta cuestión aparece en el quinto punto del argumentario oficial, donde el departamento que dirige Ana Mato afirma que «debe priorizarse la atención de los más dependientes», ya que «es un principio recogido en la Ley de Dependencia» y «más del 50%» de las personas en lista de espera son de los citados grados II y III. Hasta ahora, la única medida que ha adoptado el Ejecutivo en este sentido ha sido posponer a 2014 la incorporación de nuevos dependientes moderados (Grado I) al sistema.

En cuanto a la atención, Sanidad argumenta que si bien los cuidados en el entorno familiar, es decir, los no profesionales, eran la excepción, estos «se ha convertido en la regla general» y las ayudas para ellos no se utilizan como debieran. «El cambio en las condiciones socioeconómicas y el desempleo en los núcleos familiares ha generado que miembros de la unidad familiar decidan atender a los dependientes en el domicilio, a la vez que reciben una ayuda económica por realizarla. La prestación pasa así a considerarse renta de la unidad familiar, complementando los ingresos o supliendo la falta de estos», asegura el ministerio.

Por otra parte, desde el primer Consejo Territorial de Dependencia del nuevo Gobierno, Sanidad ha venido hablando de la necesidad de simplificar la gestión. En esta línea va otra de las razones del argumentario, donde se expone que «no existen diferencias relevantes en el proceso de valoración» ni «en la forma de atender a los dependientes de diferente nivel dentro del mismo grado de dependencia», así como se da una «falta de adecuación entre las situaciones personales de dependencia y los servicios y prestaciones que reciben».

2.700 MILLONES MÁS DE LOS PREVISTOS

Además, Sanidad considera que el dinero transferido por el Gobierno a las comunidades autónomas «no ha priorizado el mayor esfuerzo en servicios» ya que las que en estos cinco años, las que han desarrollado una mejor atención «no son las que más fondos han recibido» en relación a la población dependiente, y alega que se ha producido un «desfase» entre las previsiones iniciales de la norma y sus resultados al cabo de un lustro, con 326.000 dependientes más de los previstos, y 2.700 millones más de coste sobre los presupuestados en 2007.

En cuanto al empleo, el Gobierno afirma en este documento que «no se han cumplido las expectativas de empleo que se anunciaron». Así, expone que las afiliaciones al Régimen de la Seguridad Social de profesionales en el sector de los Servicios Sociales han pasado de 70.546 altas en 2007 a 8.034 bajas en 2011. Por otro lado, apunta a que las altas de cuidadores familiares han sido entre 2007 y 2011 de 174.133. «Todas estas cuotas han sido abonadas con cargo a los PGE, habiendo generado un gasto total de 1.047 millones de euros», argumenta.

LA REFORMA «INTEGRAL» QUE ENVÍA A BRUSELAS

El pasado 30 de abril, en el documento que el Ejecutivo envió a Bruselas, donde detallaba reformas en varias áreas, el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) no quedaba exento de futuras modificaciones. Si bien planteaba un nuevo aplazamiento hasta 2014 de los dependientes ‘moderados’ o leves, también anunciaba una reforma «integral» del sistema con el objetivo de «garantizar su sostenibilidad».

Asimismo, planteaba avanzar en la «aplicación efectiva de la contribución económica del usuario del sistema», es decir, el ‘copago’, mediante un desarrollo «coordinado» de la normativa de las distintas comunidades autónomas, que son las encargadas de aplicar la ley.

El Gobierno señalaba su intención de revisar el sistema de altas en la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales –familiares de los dependientes, en su mayoría–, cuyas cuotas son abonadas por la Administración General del Estado (AGE), y avanzaba la posibilidad de examinar las cuantías de las ayudas económicas previstas en el sistema, superiores a la asignación de servicios.

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