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Demolición de la Ley de Dependencia: Las ayudas caen a la mitad en cuatro años
«La ley de Dependencia se encuentra en una fase de retroceso y demolición». Así de tajante se mostró el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, durante la presentación del informe sobre el desarrollo de esta normativa. Y es que la ley considerada como el cuarto pilar del Estado del bienestar sufre serios problemas de financiación. En el estudio se denuncian recortes presupuestarios de 850 millones de euros en el último año, el aumento del plazo para recibir la prestación -supera los dos años legales- y una disminución en la lista de espera de beneficiarios debido a la falta de reposición tras los fallecimientos y los cambios de baremos que han «expulsado» a los dependientes moderados.
Una de las principales (si no la principal) disputa entre comunidades autónomas y Gobierno en las reuniones sobre Dependencia se resume en una pregunta: ¿Quién sufraga la ley? En el informe la respuesta está clara. «El Estado ha decidido retirarse de esta ley», lamentó Ramírez. Y es que la aportación del Gobierno central se ha reducido casi a la mitad en cuatro años. Ha pasado de un 39,2% en 2009 a un 21,4% en 2012.Esto supone que el Estado aportó 1.404 millones de euros de los 6.570 millones totales en el último ejercicio. Esta importante reducción ha tenido que ser asumida por las comunidades autónomas, muy maltrechas económicamente y obligadas a duros ajustes para cumplir con el objetivo de déficit. Los gobiernos regionales han pasado de aportar un 50,8% en 2009 a un 62,6% en 2012. Es decir, hasta 4.114 millones del total. También deben pagar más los propios usuarios a través de un copago que ya supone un 16% de la financiación de la normativa, cuando en 2009 era solo un 10%. «Se está demoliendo desde la falacia de que la ley es insostenible», mantiene el informe.
Otra de las polémicas tiene que ver con el denominado ‘limbo de la Dependencia’, es decir, la lista de espera de los beneficiarios. El Gobierno anunció hace unas semanas que los dependientes con derecho a una prestación económica que todavía no la habían recibido se redujeron en seis puntos porcentuales en 2012. Pasaron de un 29% a un 23%. Esto supone 230.000 personas figuran en la lista de espera. Sin embargo, según criticó Ramírez, esta disminución se debe a la eliminación de algunas subdivisiones de los grados de dependencia. El Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales afirmó en su momento, que este cambio obedecía a motivos de simplificación para mejorar la gestión de los recursos. Desde esta asociación aseguran que con ese cambio muchos casos pasaron a contemplarse como moderados y, por tanto, retrasadas las ayudas hasta 2015. Y es que el Ejecutivo también retrasó hasta ese año la ayuda a los dependientes moderados. «Es un espejismo estadístico producido por las personas que perdieron el derecho a ser atendidos», afirmó Ramírez.
Menos grandes dependientes
El Gobierno siempre ha mantenido que la finalidad de todas las modificaciones legales era priorizar los recursos en tiempos de crisis y primar a los grandes dependientes frente a los moderados. Sin embargo, según el estudio, todas las comunidades autónomas redujeron el número de beneficiarios más graves en el último año salvo Madrid. Pero ha habido más cambios. «El decreto aprobado por el Gobierno en julio supuso la demolición controlada de la propia ley», explicó el presidente de la asociación. Y ha puesto como ejemplo el pago de las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores familiares. El Ministerio de Sanidad se encargaba de abonar esas cotizaciones, pero con el decreto dejó de hacerlo. De esta forma se ha dejado sin cotización a la Seguridad Social en el convenio especial a 146.000 cuidadores.
En cualquier caso, el desarrollo de la normativa es muy dispar en función de cada comunidad autónoma. El informe destaca la labor sobresaliente de Castilla y León y la notable de País Vasco, Andalucía y La Rioja. Las peores notas son para la Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Murcia y Madrid.
El estudio también destaca la repercusión productiva de la normativa. «Gracias a esta ley se han creado 200.000 puestos de trabajo», aseguró Ramírez. Según sus datos, por cada millón de euros invertidos en Dependencia se generan 30 puestos de trabajo «estables y no deslocalizables». Además, los retornos directos a las arcas públicas se estiman en 1.371 millones.
El Observatorio de la Dependencia denuncia el «desmantelamiento» de la ley
El Observatorio de la Dependencia ha denunciado este jueves en su último dictamen el «desmantelamiento» de la aplicación de la Ley que están llevando a cabo algunas comunidades y ha calificado con un suspenso la actuación de Canarias, Comunidad Valenciana, Baleares, Ceuta y Melilla, Murcia, Madrid, Cantabria, Asturias y Aragón, que suspende por primera vez.
«A nivel general continúa registrándose una tendencia muy negativa en la implantación de la Ley, con especial preocupación ya no en el estancamiento del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) sino en el retroceso en los principales indicadores que ya no mantienen en los últimos cuatro meses ni la tasa de reposición, siendo alarmante el ritmo de desmantelamiento que presentan en esos indicadores algunas CC.AA.», ha señalado el observatorio en su último dictamen.
En este sentido, el informe destaca «el empecinamiento» de la Comunidad Valencina, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, con calificación de muy deficiente, «en no aplicar las prestaciones y servicios» que la Ley de Dependencia contempla, «poniendo a sus ciudadanos y ciudadanas en una situación de desprotección frente al resto en una materia de protección social tan básica».
Asimismo, destaca el descenso en el ranking de alguna comunidad, como es el caso de Aragón, que por primera vez en los seis años suspende, o Castilla La Mancha, que en los dos últimos dictámenes ha pasado del sobresaliente al aprobado. Por el contrario, el observatorio destaca que Castilla y León, País Vasco y Andalucía destacan de manera notable en la aplicación de la Ley, y reconoce el esfuerzo de mejora de Navarra y Galicia, que reciben un aprobado.
Además de estos «graves desequilibrios en el gasto entre unas y otras comunidades», el observatorio destaca que la financiación estatal para el nivel mínimo (el que debe garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en cualquier territorio) se va distanciando cada vez más del coste efectivo de las prestaciones económicas y los servicios que las personas dependientes están recibiendo, lo que considera «preocupante».
Para el observatorio, este «frenazo» en la financiación del SAAD se percibe en el gasto por habitante/año para esta política social, «estancado» en 113 euros por habitante y año, así como en la reducción del aporte por dependiente atendido, que se ha reducido hasta los 7.000 euros por año y dependiente atendido.
CRITICA LA «OBSESIVA» PRESIÓN A LAS CC.AA.
Respecto a la política del Gobierno, el observatorio critica las llamadas «reformas para la mejora del sistema», y especialmente la modificación de la Ley que se produjo por Real Decreto-ley en julio, que, a su juicio, «no han hecho sino recortar derechos efectivos y rebajar la financiación de la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas», así como «la obsesiva presión a las CC.AA. para que reduzcan el gasto público». «El SAAD se está demoliendo por la parte económica desde la ceguera y la falacia de que esta es una política de gasto insostenible», ha señalado.
De hecho, según la asociación, los datos oficiales indican que «de la paralización del sistema se está pasando a su involución». Así, a 31 de julio de 2012, figuraban como atendidas (con PIA) un total de 780.536 personas, mientras que el último dato publicado (1 de diciembre) constata un total de 770.949 personas con atención. Es decir, en los cinco meses que han pasado desde la aprobación del Real Decreto-ley, se han caído 9.587 personas del sistema.
230.203 EN EL «LIMBO DE LA DEPENDENCIA»
Esta reducción en el número de personas atendidas se traduce en 230.203 personas en el «limbo de la dependencia» (personas con derecho a atención pero que no la reciben), que ya representa el 23 por ciento de las personas que tienen reconocido el derecho a ser atendidas. Esta cifra representa una reducción respecto a 2010, lo que, según la asociación, el Gobierno ha tratado de «vender» como un descenso en más de 75.000 personas en este «limbo» fruto de las reformas del sistema.
Sin embargo, el observatorio razona que la reducción es «un espejismo estadístico» producido por las bajas resultantes por una parte de la modificación del calendario de la Ley, que retrasa el derecho de ser atendidos a los dependientes moderados hasta el 2015 y de la baja de aquellas personas que durante todos esos meses han ido falleciendo. «El limbo no se ha reducido por atender a más personas, sino por abandonarlas», señala el dictamen.
Este limbo también varía considerablemente de unas comunidades autónomas a otras. Así, las Comunidades de Castilla y León (4,4%), Ceuta y Melilla (6,8%), La Rioja (10,7%), Cantabria (10,7%) y Navarra (12,1%) son los territorios que menos porcentajes de lista de espera presentan actualmente. Mientras, en otras comunidades el porcentaje del limbo de la dependencia está muy por encima de la media estatal. Es el caso de Canarias (50,9%), Baleares, (41,2%) Galicia
(37,1%), C.Valenciana (33,4%) y Aragón (30,4%).
En el plano positivo, el observatorio señala que se constata que muchos territorios autonómicos están llegando al techo de reconocimientos de dependencia. Para la asociación, esto quiere decir que «la lógica implantación progresiva» de la Ley ha dado como resultado que en este momento se disponga de la información necesaria y actualizada de la situación de 1.272.846 personas en situación técnica de dependencia.
El Tribunal de Cuentas niega haber revelado el pago inadecuado de ayudas de dependencia a 30.000 fallecidos
El Tribunal de Cuentas ha negado que de sus trabajos de fiscalización de los servicios de dependencia se pueda deducir «en ningún caso» que hasta 2011 había 30.000 fallecidos a los que se abonaban inadecuadamente este tipo de ayudas, un dato que dio a conocer el Gobierno de Castilla-La Mancha para poner de manifiesto «la catástrofe de gestión que realizó el PSOE durante tantos años».
Fue el consejero de Sanidad de esta comunidad, José Ignacio Echániz, quien aseguró hace unos días, apelando a un informe del Tribunal de Cuentas, que el Sistema de Atención a la Dependencia ha estado financiando las prestaciones de 30.000 personas dependientes fallecidas, debido a la «mala gestión del Gobierno socialista», y que ha provocado que se «pierdan» 140 millones de euros.
ESPERANDO LAS ALEGACIONES
En una nota emitida este viernes, el Tribunal de Cuentas ha querido dejar claro que su informe sobre la aplicación de la Ley de Dependencia aún no se ha terminado, sino que está en fase de anteproyecto a la espera de que unos 65 responsables políticos del Gobierno central y de las comunidades autónomas presenten sus alegaciones.
«El referido anteproyecto tiene carácter provisional hasta que el Tribunal analice todas y cada una de las alegaciones recibidas y posteriormente sea aprobado por su Pleno el Informe correspondiente», señala la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda.
Eso sí, ya adelanta que, «respecto a las informaciones aparecidas en los medios de comunicación en el sentido de que personas fallecidas, en torno a 30.000, seguían cobrando indebidamente ayudas de dependencia, hay que indicar que dicha afirmación no puede, en modo alguno, sustentarse en el contenido del Anteproyecto elaborado por este Tribunal».
Canarias, satisfecha con que la Ley de Dependencia priorice los servicios profesionales al cuidado familiar
La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda de Canarias, Inés Rojas, se ha mostrado satisfecha este miércoles con que la Ley de Dependencia del Ministerio de Sanidad priorice los servicios profesionales al cuidado familiar.Así lo ha expresado Rojas en declaraciones a los medios de comunicación en un descanso de la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, que se celebra esta tarde en la sede del Ministerio en Madrid y que está presidido por la titular de la cartera de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.
Según ha explicado Rojas, en el encuentro se ha tratado un «debate importante» sobre el hecho de que la Ley de Dependencia «prioriza los servicios y cataloga como excepcional la prestación económica en el cuidado del entorno familiar». Así, lo que ha hecho el Consejo es ir «endurecimiento cada vez más» la posibilidad de acceso a la prestación económica por cuidados en el entorno familiar.
Rojas ha insistido en que «se está pidiendo para esa exepcionalidad» cosas como que la persona que pretende ser la cuidadora debe «demostrar» que ha estado cuidando del dependiente «por lo menos con un año de antelación a haber solicitado la prestación» y además debe comprometerse «formalmente» a cuidar a la persona.
«Nosotros desde Canarias siempre hemos estado de acuerdo en el espíritu de la Ley, en priorizar servicios porque entendemos que es una atención de calidad más importante para la persona dependiente, genera empleo cualificado, hace compatible la vida laboral y familiar de la familia y además nos desvincula en el caso del servicio del centro de día, a la persona dependiente de la familia. Creo que tiene muchos beneficios», ha argumentado.
Finalmente, ha considerado «positivo» el que se haya elaborado un catálogo de servicios sociales «sin invadir competencias de las comunidades autónomas» porque ve necesario el tener un mínimo marco de referencia para todas las regiones.
El Ministerio revisará la Ley de la Dependencia dentro de seis meses
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado que junto con las Comunidades Autónomas dotarán al Sistema de Dependencia de datos más homogéneos y fiables mediante la actualización de su base de datos, para lo que se han dado un plazo de seis meses. Durante este tiempo, analizarán la información que ya obra en el modelo y sopesarán los procedimientos más adecuados para su actualización. Asimismo, se unificarán los criterios de regulación de las prestaciones y los servicios del Sistema de Dependencia y se clarificará la financiación.El Gobierno Vasco se opone al proyecto de la Ley de Dependencia
El consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Juan María Aburto, ha manifestado este miércoles en Madrid la oposición del Ejecutivo de Iñigo Urkullu al proyecto de real decreto que regulará las prestaciones para la dependencia «por ser un decreto que ni asume las consecuencias para una financiación adecuada y es una invasión competencial a las comunidades autónomas», ha explicado.
Aburto ha realizado estas declaraciones tras asistir al pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia celebrado en la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid y presidido por la ministra Ana Mato.
«El 90% del gasto»
«La cuestión que está pendiente es la financiación del sistema», ha recalcado el consejero vasco, aunque asegura «que el resto de administraciones vascas van a mantener la atención a las personas dependientes como lo vienen haciendo hasta la fecha». «El nivel de atención en nuestra comunidad autónoma adquiere un nivel de sobresaliente en cada evaluación», ha sentenciado.
Según Aburto, «el País Vasco soporta el 90 por ciento del gasto de la ley de la dependencia» cuando «la vocación de la ley era que fuera del 50 por ciento» por parte de las comunidades y el estado.
Bienestar Social recortará las ayudas a discapacitados y plantea el copago
Los colectivos de discapacitados de la provincia de Castellón se enfrentan a un futuro “incierto” y “preocupante” debido al nuevo modelo de financiación que quiere poner en marcha la Conselleria de Bienestar Social. Por tanto, a los impagos que padecen estas asociaciones por parte del Consell, que les adeuda más de dos millones de euros, se añade ahora la incertidumbre a causa del recorte de subvenciones anunciado para este año por el departamento de Asunción Sánchez Zaplana, que no descarta incluir el temido copago a estos servicios.
Está previsto que hoy la Conselleria ponga encima de la mesa sus intenciones, cifre el recorte previsto y clarifique si los discapacitados van a tener que pagar más por recibir atención. Será la directora general de Bienestar Social, Pilar Collado, la encargada de comunicar esta tarde a los discapacitados todos estos aspectos. La reducción se prevé que sea del 5%, aunque no se descarta que pueda ser mayor. “Para los centros más grandes esto supone una disminución importante, que puede perjudicarles mucho”, indicó el presidente de Afanías Castellón, Juan Bru.
En este sentido, Miguel Benages, presidente de la plataforma Cermi Castellón, que aglutina a 12 colectivos de discapacitados de la provincia, espera que el recorte sea mínimo. “Nos gustaría que no tocasen nada, pero si nos quitan parte de la ayuda, al menos que nos la paguen, no como ahora, que arrastramos un impago insostebible”, señaló Benages, quien exigió a Bienestar Social subsanar la deuda. Por su parte, la Conselleria sigue sin pronunciarse sobre cuándo prevé pagar.
COPAGO // Otro de los puntos que plantea este nuevo modelo de financiación es el que hace referencia al copago. Y es que, aunque aún no haya fecha para su entrada en vigor, el Gobierno autonómico abre la puerta a aplicar un sobrecoste a los discapacitados. Así, se estudia restar de la ayuda total lo que pagan los usuarios, es decir, si ahora al mes una familia paga 145 euros por una plaza en un centro de día para discapacitados, la Conselleria restaría esta cantidad de la subvención. “Si nos descuentan estas cantidades, los ingresos se reducirán y las prestaciones mermarán en detrimento de los usuarios”, apuntó a este periódico el presidente de Afanías en Castellón. Actualmente, Bienestar Social sufraga el 80% de los fondos de estos colectivos, mientras que el 20% restante procede de la aportación de las familias y de donaciones.
MEDICAMENTOS // Los impagos y el miedo al copago en los servicios no son los únicos frentes abiertos. UGT anunció ayer que denunciará ante el Síndic de Greuges que los discapacitados tengan desde el pasado día 1 que sufragar parte de los medicamentos, después de que la Generalitat haya decidido eliminar la gratuidad en la prestación farmacéutica para este colectivo. A este respecto, el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, explicó ayer que el hecho de que deban pagar parte de los fármacos es una exigencia que viene marcada desde el Gobierno central y que debían aplicar este punto “sí o sí”.
La consejera asturiana, contra los «nuevos recortes» en dependencia
La 
consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, Esther Díaz, ha anunciado a su llegada a la sede del ministerio de Sanidad, donde participa en el pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, que acude con un «posicionamiento claro en contra» del proyecto de real decreto por el que se regulan las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, que figura entre los temas a tratar en la reunión de este miércoles.
«La reunión se presenta como una serie de normativas que son la continuidad de las medidas de recorte del Gobierno de España sobre la Ley de Dependencia que se han iniciado en verano», ha explicado la consejera asturiana, que interpreta los cambios como «una modificación» de la Ley de Dependencia para «favorecer la privatización» del servicio y que «paraliza» la aplicación de la ley.
La representante del gobierno socialista de Asturias considera que el Ejecutivo de Rajoy «convierte algunas prestaciones económicas en servicios» mediante«una argucia léxica» con «una clara orientación hacía la privatización».
Además, Díaz ha denunciado que el proyecto de real decreto por el que se regula el nivel mínimo de protección supone «un nuevo recorte» y «menos dinero para la transferencia a comunidades autónomas» que «aumentan los requisitos»para los dependientes.
«Esto implica que se paraliza la Ley de Dependencia, no van a poder entrar de más personas al sistema», ha lamentado la consejera, que anuncia que su gobierno no podrá cumplir con las previsiones para este año debido » a las nuevas exigencias burocráticas que se ponen en este real decreto».
Empresarios de Aerte entregan 200 cartas a Bienestar Social para reclamar la deuda, que asciende a 60 millones
Empresarios de Aerte, la patronal del sector de la dependencia en la Comunitat, se han congregado este martes frente a la Conselleria de Bienestar Social para entregar a su titular, Asunción Sánchez Zaplana, 200 cartas en las que reclaman la deuda, que asciende a un total de 60 millones, y le exigen que termine con «la discriminación» que les aplica con respecto a otros colectivos.
En ese sentido, la gerente de Aerte, Maria José Mina, ha señalado que el 85 por ciento de los empresarios de Aerte ha subrayado que están en un situación de «incertidumbre, desasosiego, e insomnio» porque llevan sin cobrar todo el año 2012, e incluso algunos pagos del ejercicio de 2011, y ni siquiera les garantizan un calendario de pagos.
Por ello, ha señalado que esta deuda de la Administración valenciana les impide cumplir sus compromisos de pago con proveedores o las nóminas de los 12.000 empleados a los que dan trabajo hasta el punto de que han llegado a recibir sanciones de hasta 21.000 euros del ministerio de Trabajo por impagos a sus plantillas, que ya han recurrido.
El problema, sintetiza, es que «se trata de un colectivo muy sensible» ya que atienden a personas dependientes, unas 20.000, que precisan de ayuda diaria para todas sus funciones, desde levantarse a comer. «Nosotros no somos como otros colectivos, no podemos cerrar las persinas y manifestarnos», ha señalado. Además, ha denunciado los 11.000 expedientes que hay sin resolver o sin reconocer desde los años 2009 y 2010.
Sin embargo, lamenta que pese a todo ello, en la reunión que mantuvo el día 26 de diciembre la junta directiva de Aerte con la consellera se les comunicó que el día 28 «se iba a pagar de forma equitativa, y no se ha cumplido, y que iban a dar un plan de pagos, y tampoco». Por ello, solicitaron una reunión hace dos semanas con el vicepresidente, José Císcar, «nos dijeron que nos iban a dar una fecha pero tampoco nos han dicho nada».
Asimismo, reclama que las empresas adheridas al sistema de concierto Bono Residencia y centro de Día, que ya existía antes de la ley de dependencia y al contrato de Accesibilidad Social, sean reconocidas como concertadas con el fin de que «se respete el derecho que por ley tienen todas las personas de libertad de elección de centro».
Tutelados de la administración
Entre los usuarios de Aerte, se encuentran los 800 enfermos mentales dependientes tutelados por la Administración, que «tampoco reciben el dinero», según explica el director del centro Mentalia Puerto y coordinador de la comisión de salud Mental, David Taroncher.
Así, ha apuntado que si hace unos meses ya advirtieron de que la situación era «muy complicada» ahora es «insostenible» y de hecho ha confirmado que varias empresas han tenido que presentar concurso de acreedores. «La Administración nos dice que esperemos y nosotros desesperamos porque es un sector que no puede esperar», ha relatado.
En 2012 se incorporan un 55% menos de beneficiarios catalanes de la Ley de Dependencia de los que lo hicieron en 2011
Un total de 18.098 catalanes se han convertido en beneficiarios de la Ley de dependencia en 2012, un 55% menos de los que lo hicieron en 2011, cuando se incorporaron más de 40.000 dependientes.
Entonces, el número de solicitudes fue un 35% superior, con 63.000 peticiones iniciales de valoración frente a las 41.195 registradas en 2012.
Según los últimos datos publicados por la Conselleria de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, recogidos por Europa Press, el número total de dependientes catalanes reconocidos y que reciben algún tipo de prestación o servicio es actualmente de 158.589, mientras que 2011 se cerró con 140.491 beneficiarios.
Durante el último año, la Generalitat ha tramitado 94.652 valoraciones, 48.008 correspondientes a solicitudes iniciales –también de años anteriores– y 46.644 a peticiones de revisión de grado de dependencia.
Aunque en 2012 se han frenado las solicitudes iniciales de valoración porqué la mayor demanda se registró durante los primeros años de la Ley –en 2008 se computaron más de 101.000–, sí que se han incrementado las revisiones de grado, teniendo en cuenta que la situación de los beneficiarios empeora con los años.
En 2012, la Generalitat ha revisado casi 40.000 casos de dependientes ya reconocidos, mientras que en 2011 fueron 37.202, y en 2012, 22.136.
Además, ha resuelto 34.502 planes de atención individualizada (PIA), un 9,2% menos que en 2011, cuando se realizaron 38.019.
DESDE 2007
Desde la implantación de la Ley de dependencia en 2007, un total de 436.613 catalanes han solicitado valoraciones para poder ser beneficiarios, y 103.993 han pedido revisar la valoración de su grado.
En el mismo periodo, la Generalitat ha valorado 398.662 casos, resolviendo 225.528 nuevos PIA y quedando aún pendientes 18.286, aunque 90.000 casos más no se han podido tramitar por caducidad de los documentos, desestimación del caso o defunción de los solicitantes.
Además, la administración catalana ha tramitado 98.834 revisiones de grado, de las cuales ya ha resuelto el 83,8%, aunque aún están pendientes el 16,2% de ellas.
SIN PROTECCIÓN
Según los mismos datos, un total de 63.237 personas han sido catalogadas de ‘grado no protegido’, o bien porqué su discapacidad no es aún suficiente como para acceder al sistema de prestaciones y servicios, o bien porqué han sido valorados de ‘grado 1’, cuya cobertura ha sido eliminada por el Gobierno central.
Los pagos a estos dependientes han sido pospuestos por el Ejecutivo central hasta 2015 por falta de liquidez, por lo que todas aquellas personas que sean reconocidas como dependientes leves hasta entonces no podrán recibir prestaciones pese a necesitarlo.
Miles de dependientes morirán en 2013 sin recibir la prestación
Las asociaciones para la dependencia han calificado de «canallada» los recortes en el sector aprobados por el Gobierno y han alertado de que supondrán previsiblemente en 2013 la muerte de «miles» de personas sin llegar a recibir las prestaciones correspondientes a su dependencia.
Así, el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha criticado la «demolición controlada» de la ley de dependencia, resaltando que este año el incremento de personas atendidas ha sido diez veces menos que en 2010.
De esta manera, este servicio tan solo ha registrado 18.944 beneficiarios nuevos, no manteniéndose la tasa de reposición en diez comunidades autónomas y habiéndose reducido en 9.589 beneficiarios en los últimos cuatro meses.
Durante 2010 el incremento de personas atendidas (saldo altas/bajas PIA) fue de 197.638 personas, mientras que el año siguiente fueron 83.427 las personas que engrosaron las listas de atendidos. «La destrucción y total paralización del sistema es tan evidente que no merece que le dediquemos más cálculos», ha señalado Ramírez.
Según las previsiones de esta asociación, considerando que en la actualidad hay en espera 230.203 personas con derecho reconocido, el dato de 18.944 incorporados en todo un año supone, a ese ritmo, una espera de doce años para atender la totalidad de expedientes acumulados.
«La presunta nueva agilidad (74.000 personas menos en espera) es sobre todo fruto de restringir el derecho a atención a las personas con dependencia moderada, ya que se reduce el ‘limbo de la dependencia’ no porque se les atienda sino porque quita el derecho de atención a los moderados hasta el año 2015», ha explicado.
En esta misma línea, el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, ha denunciado la «miopía» del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al poner «en peligro de viabilidad» a más de 4.000 empresas debido a los recortes.
CIERRE DE UNA RESIDENCIA POR DÍA
Según los cálculos de esta asociación, estos cierres afectarían a cerca de 200.000 trabajadores, una situación «que no se solucionará el año que viene a no ser que haya un cambio de política». A lo largo de 2012, después del verano, se ha producido al menos el cierre de una residencia por día.
Las dos asociaciones han coincidido en resaltar el retorno económico del sector, donde se han invertido más de 16.000 millones de euros por parte de operadores privados en construcción de centros residenciales. Además, por cada euro invertido por las administraciones públicas, retornan 1,20 euros vía impuestos o cuotas de seguridad social, entre otras.
«Aún a pesar de estos datos, el Gobierno no hace más que recortar y poner en peligro al sector. La atención a la dependencia es un derecho al que nos hemos comprometido moralmente pero hay que tener en cuenta que es un sector generador de riqueza», ha apuntado Echevarría.
El Gobierno ha recortado 835 millones de euros al sistema en 2012, eliminando la financiación del nivel acordado y reduciendo un 15% el nivel mínimo. Asimismo, en este año las aportaciones estatales no superan el 25% del total de los costes y para el año 2013 no llegará al 20%, lo que se aleja de la financiación paritaria entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado.
MEDIDAS «SANGRANTES»
Además, Ramírez ha apuntado a «otras medidas sangrantes» como la suspensión de la incorporación de dependientes ‘moderados’ hasta 2015 o la creación de un plazo suspensivo de dos años para la posible retroactividad de las ayudas económicas. Además, ha reiterado que se ha dejado sin cotización a la seguridad social en el convenio especial a 146.000 cuidadores (un 93% de ellos, mujeres).
«Las medidas adoptadas este año son desalmadas y crueles con las personas al tiempo que son antieconómicas. Rajoy cierra los ojos ante una realidad socio-demográfica evidente y apremiante y España pierde la oportunidad de invertir en uno de los poquísimos sectores con capacidad de retorno», ha concluido Ramírez.
Servicios Sociales: Cambios en la Ley de Dependencia frente a los cuidados familiares
Los cambios en la aplicación de la Ley de Dependencia y la firme apuesta de la Junta por los servicios profesionales frente a los cuidados familiares marcaron 2012 en el ámbito de los Servicios Sociales. El 1 de agosto entró en vigor el nuevo Real Decreto Ley que regula este derecho aprobado por el Gobierno central, que estableció una reducción del 15 por ciento de las prestaciones económicas para los cuidadores familiares, a la que se sumó una rebaja del 15 por ciento acordada por la Junta para esta misma cuestión, paralela a un 20 por ciento de incremento de las cuantías para financiar las prestaciones profesionales, tanto residenciales como a domicilio.
Por otra parte, dos de las principales novedades de este año en el ámbito de los Servicios Sociales fueron la creación de un servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio y la integración de los Bancos de Alimentos en la red de recursos contra la exclusión social, dos proyectos no incluidos en la agenda de la Consejería de Familia al comienzo de la legislatura y que tratan de responder a los graves problemas generados por la crisis económica. Puesto en marcha el 1 de noviembre, en su primer mes de funcionamiento más de 300 castellanos y leoneses ya habían pedido ayuda al servicio de apoyo contra los desahucios, en el que además de la Junta y las entidades locales, están implicados Cáritas, los colegios profesionales de Abogados y Registradores de la Propiedad, y diez entidades financieras.
La nadadora paralímpica Teresa Perales avisa de que «se está haciendo encaje de bolillos» con el Sistema de Dependencia
La nadadora Maria Teresa Perales Fernández, que se ha convertido este viernes en la primera deportista paralímpica en recibir la Gran Cruz al Mérito Deportivo, ha alertado de que «se está haciendo encaje de bolillos»con el Sistema de Dependencia.
En una entrevista a ‘Mundo Cristiano’ recogida por Europa Press, Perales ha resaltado que cuando se puso en marcha el citado sistema de ayudas a la dependencia «no se pensaba en la que se venía encima», puesto que España «no estaba preparada para algo tan grande en un momento tan malo».
«Están haciendo encaje de bolillos. Creí en el sistema y sigo creyendo. Mi abuelo nunca pensó que iba a cobrar una pensión o el paro y ahora es algo normal. Espero que una utopía como el Sistema de Dependencia el día de mañana sea algo normal», ha explicado.
A lo largo de la entrevista, Perales repasa su trayectoria y los inicios de su discapacidad, además de sus objetivos de futuro cuando abandone el deporte. Así, además de continuar en su labor como escritora –cuenta con el libro ‘Mi vida sobre ruedas y la teoría del espiralismo’– dedicará el tiempo al coaching deportivo y profesional.
«Tengo que pensar en mi futuro, porque el deporte es mi presente. Si me lesiono, adiós, y la beca ADOP (Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico) se va de un día para otro si no hay resultados deportivos», ha señalado.
La nadadora también ha dedicado una etapa de su vida a la política, siendo diputada en las Cortes de Aragón, si bien ahora considera esta actividad «una etapa del libro cerrada». En este sentido, pide «cambiar la imagen» que tienen tanto los políticos de los ciudadanos como viceversa.
Perales usa silla de ruedas desde los 19 años, tras una enfermedad. En 1998 debutó internacionalmente como nadadora en el Campeonato del Mundo de Nueva Zelanda y desde entonces ha participado en los Juegos Paralímpicos de Sidney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.
La Defensora del Pueblo recomienda apoyar a los cuidadores de la Dependencia para que no se queden fuera del sistema
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha recomendado al Gobierno la revisión del sistema de afiliación, alta y cotización de los cuidadores de personas en situación de dependencia para evitar que aquellas personas que «no puedan hacer frente al pago de las cuotas por falta de capacidad económica queden fuera del sistema».
En el marco de una serie de recomendaciones para mejorar la aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, Becerrill ha realizado una serie de sugerencias para paliar los efectos que este Real Decreto-Ley pueda tener para los dependientes y sus familias.
En este sentido, recomienda la revisión del sistema de afiliación, alta y cotización de los cuidadores en el entorno familiar, en línea con la propuesta de revisión formulada por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
También recomienda establecer medidas de apoyo para la inclusión de los cuidadores no profesionales en el sistema de la Seguridad Social, teniendo en cuenta posibles situaciones de dificultad como la edad, las cargas familiares o el historial previo de cotización.
Para la Defensora del Pueblo los cuidadores no profesionales están realizando «una función social que representa un considerable ahorro de fondos públicos en materia social y sanitaria, por lo que considera que habría que facilitar que estas personas permanezcan dentro del sistema».
En cuanto a las condiciones que establece el Real Decreto-Ley para acceder al programa de Renta Activa de Inserción (RAI), la Defensora propone al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que detalle «claramente» en el reglamento los supuestos en los que los solicitantes pueden salir al extranjero sin perder su condición de demandantes de empleo y con ello la prestación.
Tal y como está redactada esta norma, el programa establece que el solicitante debe buscar trabajo activamente durante doce meses consecutivos y que una salida al extranjero «por cualquier motivo o duración» anula la inscripción como demandante de empleo.
Esta exigencia, que «para algunos supone vulnerar la libertad de circulación de las personas, aparece matizada en una instrucción que detalla seis supuestos en los que se permite una salida al extranjero de hasta tres meses».
Para la Defensora, estos supuestos deberían estar detallados en el Reglamento que regula el Real Decreto-Ley y la Administración debería asegurarse que los solicitantes de la RAI tengan suficiente información que advierta claramente sobre «los términos, circunstancias y límites temporales» que se fije para los viajes al extranjero.
En este mismo ámbito, Becerril pide que se incluya a las personas discapacitadas entre las que no tienen la obligación de haber extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo o el subsidio por desempleo de nivel asistencial para acogerse al programa de Renta Activa de Inserción, al igual que ocurre con las víctimas de violencia de género o con los inmigrantes retornados.
Castilla-La Mancha pierde 1.330 beneficiarios dependientes en un año
La Ley de la Dependencia tal y como la hemos conocido hasta ahora va a cambiar y de hecho ya está cambiando. La crisis está haciendo que el Estado revise esta Ley, para que pueda ser sostenible, así lo confirmó el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, en una mesa redonda a finales de septiembre sobre “Cambios en los plazos de aplicación de la Ley de Dependencia y futuro del Sector”.
El Gobierno regional ha reiterado en varias ocasiones que tal y como están las finanzas de la Comunidad Autónoma el sistema de la dependencia no se puede mantener, por lo que se trabaja para la sostenibilidad del mismo. Las claves de por dónde se orienta la estrategia en este ámbito por parte del Gobierno regional las dio Echániz, al señalar que se está priorizando priorice y atendiendo de forma preferente a quienes más lo necesitan, de tal forma que la prioridad sea atender a la gran dependencia y a la dependencia severa.
En los presupuestos generales del Estado del año 2013 la partida destinada a la dependencia se reducirá en unos 200 millones de euros, lo que obligará a las Comunidades a hacer cuentas para ajustar sus fondos, reduciendo las aportaciones y el número de beneficiarios.
Datos
En Castilla-La Mancha, según los datos extraídos del Portal de la Dependencia, el número de personas beneficiarias a 1 de septiembre de 2012 (últimos datos) -y en relación a 1 de septiembre de 2011 – ha descendido en 1.333 personas, lo que porcentualmente supone un 3,3% menos.
A 1 de septiembre del pasado mes en nuestra región había contabilizadas 38.681 personas, siendo la sexta comunidad autónoma con mayor número. Todo apunta a que en los próximos meses la cifra siga descendiendo de forma más acusada.
Por lo que se refiere a las prestaciones en Castilla-La Mancha se observa una caída –que aunque todavía no es acusada- sí pone de manifiesto la tendencia que se iniciará a partir del mes de octubre (debido a la modificación en agosto de la Ley).
Así en la comunidad castellano-manchega en septiembre de 2011 se registraban 54.001 prestaciones, y en septiembre del actual ejercicio hay 53.353, 648 prestaciones menos. El ratio de prestación por persona beneficiada se mantiene en el 1,35%.
Rebaja de la paga
Por otra parte desde el 1 de agosto las comunidades autónomas pueden aplicar la rebaja de la paga, como mínimo de un 15%, que percibían los cuidadores no profesionales por atender a personas dependientes en sus domicilios. Se trata de una de las medidas incluidas en la reforma de la ley de dependencia, aprobada por el Gobierno el pasado 13 de julio, que pretende fomentar los cuidados profesionales de los dependientes sobre los familiares.
Una rebaja que en Castilla-La Mancha ya se ha comunicado por carta a los beneficiarios.
Según los datos del portal de la dependencia -Servicio SAAD- a 31 de agosto se contabilizaban 9.914 cuidadores no profesionales -beneficiarios del convenio especial, una cifra que ha descendido pues a partir del 31 de agosto los cuidadores tienen que pagar las cuotas a la Seguridad Social.
Un 21% menos de presupuesto
La Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia ha denunciado que el anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Comunidades para 2013 destina un 21 por ciento menos a las políticas de dependencia. El portavoz de la plataforma, José Luis Gómez Ocaña, explicó que, mientras que en 2012 el presupuesto para dependencia era de 167 millones, para el año próximo se han distribuido en dos partidas que en total suman 131 millones, es decir, un descenso del 21 por ciento.
A su entender, esta bajada implica que no solamente no se van a mantener el número de beneficiarios, sino que «se va a expulsar del sistema a mucha gente que viene cobrando», una práctica que, según ha denunciado, se hace desde un año atrás.
Los cambios en la Ley de Dependencia «son contrarios a la Constitución»
Organizaciones de la discapacidad han pedido a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que presente un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma aprobada por el Gobierno, el pasado 13 de julio, de la Ley de la Dependencia.
A estos cuidadores se les reduce un quince por ciento la prestación que reciben y se les exige unos conocimientos mínimos para concederles esa asignación con el fin de dar prioridad a los cuidados profesionales.
Benestar promete poner límites a los tiempos de espera para la Dependencia
Los trámites para acceder a los servicios de Dependencia tendrán en Galicia plazos máximos de resolución menores de los que marca la ley y de los que actualmente se están aplicando en la comunidad. La Consellería de Traballo e Benestar presentó ayer una carta de servicios, que también se publicó en el Diario Oficial de Galicia, que establece, por primera vez en materia de servicios sociales, cuáles serán los tiempos de espera que la Administración no deberá sobrepasar en las diligencias para reconocer un grado de dependencia y hacer efectiva la atención más adecuada, sean cuidados en el entorno familiar o en un centro de día, ingreso en una residencia o libranzas vinculadas al pago de un servicio para el que no queden plazas en la red pública.
El documento acorta en algunos casos los plazos con los que hasta ahora contaba la Xunta, tres meses para resolver el grado de dependencia desde la entrada de la solicitud y otros tres para determinar el Programa Individual de Atención (PIA), la fase clave del trámite porque indica qué modalidad de atención. Eso sí, el cumplimiento de la carta no es de imperativo legal, así que los afectados por un retraso podrán, como mucho, afearle a la Administración su lentitud, porque no se contemplan sanciones, tal y como aclaró la secretaria general de Política Social, Coro Piñeiro.
En concreto, Benestar se compromete a aprobar el PIA del 100% de los expedientes de asistencia personal —prestación económica para contratar a un profesional que ayude al dependiente con sus tareas diarias— en un plazo máximo de dos meses desde la resolución del grado de dependencia, y reduce a 20 días hábiles la espera para el mismo trámite en caso de menores de tres años. Antes de la adjudicación del PIA, Benestar se compromete a agilizar también la valoración sobre el estado del enfermo —en el 65% de los casos, 70 días— y el reconocimiento de un grado de dependencia —20 días naturales en el 40% de los expedientes, si bien para el resto se mantendrán los tres meses máximos de espera. Otros compromisos más concretos pasan por dar acceso efectivo, en el 99% de los casos, a una plaza en un centro de día en siete días naturales desde que al beneficiario se le comunica su derecho al servicio. El resto esperará un máximo de 15. Además, Benestar se obliga a que al menos la mitad de los solicitantes obtenga plaza en un centro de su mismo municipio. La atención residencial demorará como mucho 15 días naturales en el 75% de los casos, 70 para el 25%. Las libranzas, tanto de servicios, asistencia personal y de cuidados en el entorno familiar, se harán efectivas en un máximo de 30 días para el 60% de los expedientes y de 60 para el 40%. Actualmente, la espera media para recibir este tipo de asistencia una vez el PIA está concedido es, según Piñeiro, de “unos nueve o diez meses”.
La consellería se fija estos plazos para demostrar, según la secretaria general de Política Social, “su compromiso con la calidad y con la modernización” de los servicios a la Dependencia, que en Galicia, al contrario que en la mayoría de comunidades, aumenta sus beneficiarios. Aunque Piñeiro asegura la Consellería está ya “muy cerca de cumplir todo lo que se compromete a cumplir”, camuflada por los números, la gestión de las ayudas a la Dependencia permite matices menos entusiastas: hasta principios de mes, los centros privados que ofertan servicios financiados por Benestar no recibieron las ayudas que les corresponden, después de atrasos que, según los trabajadores sociales, llegaban ya a los “dos o tres meses”. La Consellería da más agilidad a los expedientes nuevos que a las renovaciones para que los que no reciben ninguna ayuda puedan beneficiarse de los cada vez más exiguos fondos para servicios sociales. Por otro lado, la ayuda básica para no dependientes sigue pendiente en la provincia de Lugo de un conflicto entre la Diputación y la Consellería. La segunda le exige a la primera la financiación del servicio en los municipios de menos de 20.000 habitantes, que son todos menos la capital provincial.
Andalucía prepara una Ley de Atención a las Personas con Discapacidad
La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles que el Gobierno andaluz está preparando una nueva Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, que elaborará en esta legislatura y que actualizará los preceptos de la norma vigente desde el año 1999.
Durante su intervención en la Comisión del ramo de la Cámara autonómica, Montero ha dicho que esta norma incidirá en la protección y garantía de los derechos de este colectivo y que vinculará y comprometerá a todas las consejerías de la Junta en un marco legal que encuadrará todos los planes y actuaciones relacionados con la atención de un colectivo «que conforman más de 700.000 personas, es decir, el 9,5 por ciento de la población de esta comunidad».
También ha señalado que, en la actualidad, la Consejería de Salud y Bienestar Social está desarrollando el II Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad, que pretende mejorar la accesibilidad en los ámbitos de la educación, la vivienda, el transporte, el empleo, el ocio, la comunicación y el medio ambiente, así como la atención que se presta a este colectivo en los servicios sociales y desde el voluntariado.
La consejera ha afirmado que la Junta lleva a cabo el Plan Integral para las Mujeres con Discapacidad –que representan el 61,6% de este colectivo en Andalucía-, una iniciativa en la que destacan la apertura en todas las provincias de consultas ginecológicas adaptadas en el sistema sanitario público y la estrategia de formación específica para estas personas, sus familiares y profesionales que trabajan con ellas en diferentes ámbitos.
En lo que respecta al empleo, Montero ha señalado que el compromiso de esta legislatura es seguir desarrollando el Plan de Empleabilidad para las Personas con Discapacad y promover acciones específicas para incrementar su inclusión en el mercado laboral ordinario con el cumplimiento efectivo de la reserva del dos por ciento de contratos en las empresas privadas.
La titular de Salud y Bienestar Social ha recordado que la Junta ha firmado este mismo año el Pacto Andaluz por la Accesibilidad con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad CERMI-Andalucía, los sindicatos UGT y CCOO, la Confederación de Empresarios de Andalucía, y los Consejos Andaluces de Colegios Oficiales de Arquitectos y de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.
ORDENANZAS DE ACCESIBILIDAD
Montero ha anunciado también que, en virtud de este acuerdo, la Junta va a instar a los municipios a que se adhieran al Pacto por la Accesibilidad y a que aprueben ordenanzas municipales que promuevan y faciliten el cumplimiento de la normativa vigente en esta materia en el ámbito local.
El objetivo fundamental de este acuerdo es promover la accesibilidad de los espacios públicos y edificaciones, de los medios de transporte, así como de los sistemas de información y comunicación en Andalucía. Para ello, se solicita la implicación de instituciones públicas, entidades representantes de personas con discapacidad, colegios profesionales y organizaciones empresariales y sindicales.
Montero ha señalado que uno de los compromisos de esta legislatura es propiciar la mejora de las condiciones de accesibilidad de los edificios de viviendas, mediante el impulso del modelo de vivienda convertible, un proyecto en el que se encuentra trabajando la Consejería de Fomento y Vivienda y que posibilita una adaptación a las necesidades personales a un bajo coste.
TRANSPORTE Y LENGUA DE SIGNOS
En cuanto al área del transporte, Montero ha señalado que son ya 45.000 personas con movilidad reducida las que tienen en Andalucía la tarjeta de aparcamiento de vehículos. La nueva tarjeta de aparcamiento, modificada a raíz de una orden que entró en vigor en junio de 2010, se puede obtener en el mismo momento de la solicitud o en un plazo máximo de dos días hábiles, siempre que se tenga reconocido un grado de discapacidad de al menos el 33 por ciento y una movilidad reducida.
Además, se ha ampliado la población beneficiaria de esta tarjeta a las personas con una discapacidad visual superior o igual al 65 por ciento y a las menores de tres años que tengan reconocida una discapacidad grave o muy grave.
Montero ha resaltado igualmente la puesta en marcha en diciembre de 2011 de la primera ley que regula en una comunidad autónoma el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas con discapacidad auditiva o con sordoceguera, tras la aprobación de la norma estatal.
A lo largo de esta legislatura, se va aprobar el reglamento que incluirá las normas técnicas de accesibilidad y eliminación de las barreras en la comunicación, así como una orden por la que se creará una comisión especial de seguimiento en el seno del Consejo Andaluz de Atención a las Personas con representación de los colectivos afectados para impulsar y velar por el cumplimiento de esta ley.
En el mismo campo de la discapacidad auditiva, la consejera ha resaltado el funcionamiento satisfactorio del programa de Detección Precoz de Hipoacusias en Recién Nacidos, cuyo objetivo es detectar posibles déficits auditivos y su rehabilitación.
En lo que respecta al empleo, Montero ha señalado que el compromiso de esta legislatura es seguir desarrollando el Plan de Empleabilidad para las Personas con Discapacad y promover acciones específicas para incrementar su inclusión en el mercado laboral ordinario con el cumplimiento efectivo de la reserva del 2 por cient de contratos en las empresas privadas.
Por otro lado, la consejera ha subrayado la importancia de desarrollar iniciativas para promover una imagen real de las personas con discapacidad alejada de estereotipos y prejuicios. Con tal fin, se propondrá la inclusión en los planes de estudio oficiales de las facultades de Comunicación de contenidos relacionados con las buenas prácticas en el tratamiento a personas con discapacidad.
