Los empresarios de las residencias piden que se restrinja la atención de los ancianos en sus propios hogares.

Vieron en la Ley de Dependencia un nicho para desarrollar sus negocios, pero la crisis ha tumbado todas sus expectativas. En Castilla y León más de un 40 por ciento de los mayores dependientes son cuidados por sus familias, lo que ha llevado a reducir drásticamente la demanda de plazas en las residencias, fundamentalmente en las privadas, donde según datos que maneja la Federación de Castilla y León de Residencias de la Tercera Edad (Acalerte), la mayoritaria en el sector —reúne a 130 empresas y alrededor de 8.000 plazas residenciales—, la ocupación ha caído un 20 por ciento.

D Para José María Delgado, vicepresidente de la Federación, el principal problema radica en que se ha convertido en «regular» lo que la Ley de Dependencia había definido como «excepcional». «En el texto hay un apartado que especifica de forma clara que, excepcionalmente, en los casos que no se pueda aplicar ningún tipo de servicio o actuación para las personas dependientes se recurrirá al cuidador familiar». Sin embargo, es una medida que no se está aplicando ni controlando, y en opinión del responsable de Acalerte, esto repercutirá en la economía y a largo plazo podría hacerlo en los propios mayores dependientes. «El control y la supervisión de lo que se hace en cada domicilio es una incógnita», asegura. La solución se torna «complicada» para Acalerte, que entiende la situación de muchos hogares españoles, donde en algunos casos el periodo de subsidio de desempleo se ha terminado y la pensión del mayor es el único ingreso económico familiar. «Sabemos que ahora mismo muchas familias están viviendo con la ayuda del abuelo, que se queda en casa y aporta la pensión, y si además cuentan con una ayuda de la Administración, pues todo va sumando». No obstante, no creen que generalizar los cuidados en el entorno familiar sea la solución y abogan por restringirlo mucho más en las nuevas valoraciones. Delgado sustenta su argumento en dos razones: por un lado, la económica: «Una persona que ingresa en una residencia genera un IVA, unos puestos de trabajo y permite que el dinero siga moviéndose. En el entorno familiar las ayudas de Dependencia llegan y se acabó». Luego están las consecuencias en los propios dependientes. «No dudo de que en el hogar se intente cuidar a sus mayores maravillosamente, pero falta una preparación, unas instalaciones adaptadas, un exhaustivo control de la medicación… A mí me exigen tener personal cualificado: un médico, una enfermera, un fisioterapeuta… y esto en el domicilio nunca ocurrirá», sostiene el también propietario de dos residencias, una en la capital vallisoletana y otra en el municipio de Viana de Cega, en la misma provincia.

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