servicios sociales

Euskadi avanza en la integración sociosanitaria

Los sanitarios de las residencias tendrán acceso al historial clínico de los mayores. Varias instituciones han suscrito este lunes en el seno del Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria este acuerdo que propiciará «una atención más integral y de mayor calidad» a las personas mayores.

 

Euskadi

 

 

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SARquavitae y el Colegio Oficial de Psicología de las Islas Balares colaborarán en actividades formativas y en investigación

1 (1)SARquavitae, compañía líder en servicios sanitarios y sociales, y el Colegio Oficial de Psicología de las Islas Baleares (COPIB) han firmado un acuerdo de colaboración para trabajar conjuntamente en actividades formativas, en investigación y en la promoción mutua. El acuerdo permitirá que estas dos entidades sumen esfuerzos para ahondar en la formación especializada de los profesionales con el objetivo de repercutir en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores o las que sufren
discapacidades o viven en situación de dependencia y, además, asegurará algunas ventajas a los afiliados del Colegio y sus familiares cuando requieran servicios y atención sociosanitaria.

Asimismo, SARquavitae ofrece la posibilidad de contar con sus profesionales para actividades de formación, ya sea esta en la misma sede del COPIB o bien en los centros que SARquavitae posee en Baleares. Los temas formativos se orientarán al campo de los servicios sociosanitarios, en los que SARquavitae tiene una dilatada experiencia. Asimismo, el COPIB ofrecerá ponencias de interés mutuo dirigidas bien a los profesionales de SARquavitae o a los familiares de los residentes de los centro SARquavitae de Baleares. SARquavitae y COPIB también se han comprometido a colaborar en el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos.

Lourdes Amer, Directora Territorial de SARquavitae, ha sido la encargada de sellar el acuerdo con su firma: “la formación de los profesionales implicados en la atención sociosanitaria es un elemento prioritario, y por ello consideramos especialmente importante haber llegado a un acuerdo con una entidad como el Colegio Oficial de Psicología para poder ofrecer nuestra
experiencia y conocimientos”:

SARquavitae ofrece trabajo a 626 personas en Baleares, donde cuenta con 5 centros residenciales, así como 8 centros de día, para un total de 892 plazas. También cuenta con una delegación del Servicio de Ayuda a Domicilio y presta el Servicio de Teleasistencia a más de 300 usuarios.

SARquavitae organiza una jornada para hablar sobre los retos de la atención a la cronicidad y la dependencia

Colegio medicos badajozSARquavitae, líder en servicios sanitarios y sociales en España, organiza el próximo 18 de junio en Badajoz un encuentro de profesionales para debatir sobre los retos que plantea la cronicidad y la dependencia. El acto, que pretende subrayar la importancia de revisar los modelos asistenciales para lograr una mejora en la atención a los enfermos, especialmente los crónicos complejos se celebrará en el Colegio Oficial de Médicos de Badajoz bajo el título “Afrontando el reto de la cronicidad y la dependencia: Atención integral y coordinación asistencial”. El objetivo de la jornada es poner el foco en el papel que juegan la atención primaria y la especializada en el abordaje del enfermo crónico complejo, analizando también la necesaria aportación al sistema de otros niveles asistenciales como los centros residenciales.

Cristina Herrera Gerente del SEPAD y Pedro Hidalgo, Presidente del Colegio de Médicos de Extremadura, serán los encargados de inaugurar el acto junto con Pedro Bravo, Director Territorial Zona Sur de SARquavitae.

Visitación Muñoz, Gerente Territorial del SEPAD en Badajoz y Dulce Fontanals, Adjunta a Dirección General de SARquavitae, llevarán a cabo la clausura del acto.

Los expertos que participarán en esta sesión son de reconocido prestigio y tienen una amplia experiencia en la atención a la cronicidad, por lo que sus reflexiones resultarán útiles para seguir avanzando en la mejora de la atención, de la eficiencia y de la sostenibilidad futura de los sistemas sanitarios y sociales.

SARquavitae cuenta con un centro residencial y de día en Extremadura, el Centro Ciudad de Badajoz, que atiende a unas 180 personas y da trabajo a cerca de 90 personas.

SARquavitae (www.sarquavitae.es), compañía líder en servicios sanitarios y sociales, con una plantilla formada por más de 9.000 profesionales, ofrece servicio -tanto en sus centros como a domicilio- a 200.000 personas al año. Desarrolla un innovador modelo de atención centrada en la persona y basado en tres ejes de actuación: el trato humano y familiar, la especialización sanitaria y el enfoque de confort y bienestar, presentes en todos sus servicios. La empresa dispone 135 centros de los que 53 son centros residenciales y sociosanitarios (más otros tres de próxima apertura), 15 son centros especializados en la atención a la discapacidad, 59 son centros y hospitales de día y 5 son complejos de viviendas con servicios, con una oferta total de más de 11.000 plazas. Además, también ofrece diariamente un servicio de ayuda a domicilio a 12.600 personas y servicios sanitarios a domicilio. Realiza anualmente 77.677 visitas de urgencias médicas y de enfermería, atiende diariamente a 17.000
usuarios de teleasistencia y realiza un servicio de call center médico y social de más de 150.500 llamadas anuales.

Programa de la Jornada:

9:30 – 10h Acreditación y entrega de documentación

10 – 10:30h Inauguración de la Jornada:

Sra. Dña. Cristina Herrera
Gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Sr. D. Pedro Hidalgo
Presidente del Colegio de Médicos de Extremadura.

Sr. D. Pedro Bravo
Director Territorial Zona Sur de SARquavitae.

10:30h – 11:15h Conferencia magistral: Claves de una atención integral de calidad en Extremadura: Plan integral para la Atención a la Cronicidad. Historia Sociosanitaria Común.

Sr. D. Alberto Mateos
Subdirector de Servicios de Información del SES-SEPAD.

Presentación: Sr. D. Pedro Bravo
Director Territorial división residencial zona sur de SARquavitae.

11:15h – 11:45h Pausa-café.

11:45h – 13h Mesa redonda: Experiencias en la coordinación de recursos para la atención a personas vulnerables.

Modera: Sr. D. Jose Luis Barreto
Médico del centro residencial SARquavitae Ciudad de Badajoz.

Ponentes:

Atención Centrada en el paciente crónico: Coordinación entre atención primaria y atención de agudos Sr. D. Juan José Torres
Coordinador del Centro de Salud de Villanueva del Fresno

El reto de la coordinación entre atención primaria y los centros sociosanitarios Dra. Dña. Montaña Román
Geriatra y profesora de la Facultad de medicina de la Universidad Extremeña.

Intervención psicosocial en el final de la vida:
Sra. Dña. Marta Escolar, Trabajadora social del EAPS de Extremadura.

13h – 13:30h Conferencia: La historia de vida como instrumento de intervención social.

Sra. Dña. Dulce Fontanals, Adjunta a Dirección de SARquavitae.

13:30 – 14h. Clausura

Sra. Dña. Visitación Muñoz , Gerente Territorial del SEPAD en Badajoz.

Sra. Dña. Dulce Fontanals, Adjunta a Dirección General de SARquavitae.

«La inversión en servicios sociales genera más empleo que la industria»

Rafael ArredondoEl presidente del colegio de Trabajadores Sociales critica los recortes y subraya la rentabilidad de las políticas sociales «La ayuda a domicilio es muchísimo más barata que una plaza de hospital».

Habla con pasión de su trabajo, de su lucha por la justicia social al lado del que más lo necesita. Y cuando se mencionan los ajustes de los distintos gobiernos asegura que «se enciende». Pero, a pesar de todo, Rafael Arredondo confía en que esta dura etapa servirá para salir fortalecidos y con una nueva visión de la sociedad.

-Me comentaba que una encuesta del Centro de Estudios Sociales de la Junta de Andalucía, el trabajador social está entre las profesiones más valoradas…

-Sí, nos sitúan en tercer lugar, tras médicos y profesores. Todos con algo más de un 7, mientras que a los jueces les dan un 5. Son los pilares del bienestar, el sistema sanitario, el educativo y los servicios sociales. Sin embargo, las tres profesiones más valoradas han sido terriblemente recortadas.

-Tienen, además, un número de usuarios muy elevado.

-En Andalucía el año pasado los servicios sociales atendieron a un millón de usuarios, eso no lo atiende ni el sistema educativo en Andalucía. Es un dato importante a tener en cuenta y eso la gente no lo sabe.

-¿Cuál es el perfil del trabajador social?

-La gran mayoría son mujeres, jóvenes, un porcentaje muy alto trabaja para la administración pública o para una entidad social y han estudiado en Málaga. En cuanto a la ocupación, en 2009 no había paro en el colectivo, faltaban trabajadores.

-¿Eso se debió a la implantación de la Ley de la Dependencia?

-En Andalucía se tomó como la pieza clave al trabajador social para poner en marcha la Ley de Dependencia. En la presentación de solicitudes, en la valoración, los que hacen el plan de intervención, es el perfil clave y el 2007 en Andalucía se nos dio un respaldo bastante fuerte.

-¿Es rentable invertir en servicios sociales?

-La inversión en servicios sociales supone una generación de empleo como no existe en ningún otro sector, genera más empleo que la industria, por la contratación del personal y por el retorno. Si incorporamos los efectos positivos que tiene, al intervenir estamos posibilitando que, por ejemplo, no haya un proceso de exclusión del que luego es mucho más costoso salir, que encarecerían el sistema. La ayuda a domicilio es muchísimo más barato que una plaza de hospital, además hay que añadir el factor positivo y calidad de vida para el mayor.

-Pero la dependencia ha estado paralizada…

-Sí, la ley ha tenido el freno hasta este año. Al inicio de este 2014 se están empezando a hacer valoraciones, a moverse, cubrir la tasa de reposición, está habiendo movimiento, aunque las listas de espera son enormes.

-¿Cómo están las listas de espera en Málaga?

-Hay falta de información y sería importante conocer los datos. Pero somos conscientes por la propia administración que puede haber miles de personas esperando, más aún cuando ha estado todo parado durante dos años. Hay una gran cantidad de solicitudes que aún ni siquiera se han valorado y están en el limbo.

-¿Las políticas de ajuste han dinamitado la estructura de derechos sociales?

-Son estructuras que consumen dinero pero para el bienestar social. Han recortado de donde han visto que tenían más posibilidades de sacar dinero, pensando que iba a haber menos contestación social. Además detrás de todo esto hay mucha ideología social. Cuando recorto en derechos sociales es que tengo una mentalidad, pienso que el que es pobre es porque quiere, porque lo decide. Es una cuestión ideológica, ¿por qué se recorta de ahí y no de defensa?

-El eslogan de «hay que rescatar a las personas y no a los bancos» ha sido recurrente en los últimos años… ¿Estamos en un momento complicado para atender al individuo, a la sociedad?

-Éste es el tiempo del individuo, hay que cambiar el chip, es el tiempo de las personas. Ahora todo se ve desde punto de vista económico, hemos reformado la Constitución por un tema económico y no somos capaces de hacerlo por los derechos sociales y esto no puede ser.

-En octubre contamos que la brecha entre ricos y pobres es siete veces mayor desde el inicio de la crisis… ¿Sigue empeorando día tras día?

-Posiblemente haya empeorado, la situación de personas que sigue sin ingresos económicos va a más. En 2007 existían más de 400.000 personas sin ingresos económicos, en la última EPA ya hay 1.700.000 familias, estamos hablando de 5 ó 6 millones de personas. El tema es serio. Es verdad que se ha hecho el Decreto para la Inclusión, pero no hace falta un nuevo decreto, no hacen falta inventos, sino incrementar lo que ya está hecho. Ya existe la estructura, no generemos algo nuevo para dar ayudas, porque así todo se retrasa tanto que ha habido ayuntamientos que han tenido que devolver el dinero porque no han podido gastarlo.

-Por ejemplo, hay que hacer un nuevo decreto para continuar con el plan de Garantía Alimentaria en los colegios…

-Considero que si hemos detectado que hay niños que no comen, en vez de generar un programa específico cuando existen ya estructuras que están funcionando, lo que habría que hacer es dotarlos de más recursos, porque si no por el camino se pierde dinero, hay profesionales que tienen que intervenir, tiempo, plazos. Lo que debe es dotar de más recursos a lo que ya hay. No generes programas nuevos, decretos nuevos, sino refuerza lo que ya existe, para poder poner en marcha las ayudas desde el 1 de enero.

-¿Por qué se hace todo tan difícil?

-Pues habría que preguntárselo. Porque nosotros hemos hecho una valoración desde el consejo andaluz y nuestras propuestas van en esa línea. Sólo hay que mejorar las estructuras.

-¿Qué salida pueden encontrar los jóvenes cuando crece entre ellos el colectivo de parados de larga duración de forma alarmante?

-Está la parte que acaba sus estudios y no tiene salida pero lo más preocupante para mi son aquellos que lo abandonaron a medias. Dejaron de estudiar porque les era mucho más fácil conseguir los 1.000 ó 2.000 euros que tenía todos los meses. En el 2007 se pinchó todo aquello. Han pasado 7 años, se han quedado con la deuda del coche, de la casa y ahora no tienen nada. No hay elementos de motivación.

-Es entonces cuando vienen los desahucios…

-En mi tesina entrevisté a 110 familias desahuciadas de sus viviendas. El 60% tenía hijos menores de 9 años y todos habían trabajado en la construcción o en empresas auxiliares y hostelería. Llevaban todos más de 10 años trabajando con contratos temporales, un perfil de inquietud constante a los que, sin embargo, se les ha dado créditos de más de 200.000 euros.

-Hace unas semanas se creó una plataforma para denunciar recortes en la atención a menores. Desde la Junta se aseguró que los fondos se dirigían más al acogimiento familiar que a las residencias.

-Nosotros no estamos en contra del acogimiento, entendemos que en función del perfil del menor lo bueno será una cosa u otra, lo que técnico decida. Pero estamos preocupados porque efectivamente hay recortes y ellos lo reconocen. El año pasado le rebajaron un 10% el presupuesto al acogimiento y este año siguen con ese dinero sin reponer. Es contradictorio, más aún cuando dicen que ha aumentado el volumen muchísimo. Se está recortando en el sector de menores, por supuesto.

-¿La crisis ha dejado en la cuneta los derechos sociales?

-Totalmente. Y la gran lucha está en que sean los mínimos posibles y se puedan ir recuperando cuanto antes mejor. La crisis ha dejado tocados y en algunos casos hundidos a muchos derechos sociales.

-¿Cuáles?

-Drogodependencia es uno de los sectores donde más se están viendo los recortes. Hay sectores que, a lo mejor no son noticias, pero quitemos a los profesionales y cerremos los centros y a ver qué pasa. Yo viví la época en la que la gente moría por las esquinas, se consiguió posiblemente uno de los recursos más importantes de España y ahora se lo están cepillando. Supongo que porque ahora no es prioritario para la Consejería.

-¿Y cuáles son esas prioridades ahora?

-No hay una planificación, se va sobre la marcha, no existe un plan de Servicios Sociales ni a nivel andaluz ni municipal. No son elementos que estén en las agendas.

-¿Y qué está pasando con los mayores?

-Se ha estado pagando el concierto con la Junta de Andalucía, el 60% de la plaza, sin que se haya enviado a ningún mayor para ocupar ese puesto.

-¿Por qué?

-Porque estaba todo parado. Se ha preferido pagar el 60% a mandar un mayor. Aunque eso se ha cambiado hace dos semanas, ya se están enviando a ancianos.

-Usted es también experto en mediación… ¿Qué es lo más positivo de la mediación? ¿Qué es más económica?

-Es un proceso de resolución de conflictos de manera pacífica y dialogada y efectivamente se está dando tanta historia ahora a la mediación porque hay negocio. En Andalucía la ley de mediación familiar ha tardado cinco años en salir el decreto. No se ha puesto en marcha todavía, pero el propósito de la Junta es crear un servicio de mediación gratuita. Adopciones, conflictos intergeneracionales, separaciones, divorcios, una vía alternativa mucho más barata y mejor para las padres es la mediación.

-¿Dónde está la salida?

-Pues creo que ahora mismo la intervención social es la que puede dar salidas a la situación que estamos viviendo. Son problemas sociales los que nos acosan y los interventores sociales son los que están en mejor situación para dar salida a ellos. Lo que hace falta es que la misma profesión se lo crea y que demos cumplimiento a nuestro código deontológico.

-¿Hay una reflexión positiva más allá de esta crisis?

-Creo que esto nos está enseñando mucho, nos ha despertado de cierto aletargamiento y puede motivar que la gente se plantee que hay que hacer otras cosas y volver, incluso, a los orígenes, a un trabajo comunitario, con la gente, a trabajar desde la justicia y hacerles ver cuáles son sus derechos.

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“Cómo nos engañaron con la Ley de Dependencia”, de Josep de Martí

presentacion-libro-dependencia-madridHace unos años creímos que España era un país rico. Que teníamos el sistema bancario más saneado del mundo, que estábamos alcanzando a nuestros vecinos del norte en nivel de vida y renta per cápita, incluso que les llegaríamos a superar. Nos veíamos avanzando por un prometedor sendero rodeados por miles de grúas, montañas de pisos, flamantes aeropuertos, vías de AVE y aun más pisos y filas de adosados.

 Y allí, en el horizonte, justo al alcance de nuestra mano, el oasis del pleno empleo. Fue entonces cuando España decidió que sus ciudadanos merecían un derecho más: el de recibir atenciones si algún día la edad o la enfermedad les hacía necesitar de ayuda para hacer aquello que casi todos hacemos por nosotros mismos. Pero no sería un “derechillo” más, ¡No señor! Éste sería subjetivo, universal y se convertiría en el cuarto pilar del estado de bienestar, al lado de la sanidad, la educación y las pensiones. O sea, sería, para todos: ricos y pobres, altos y bajos, catalanes y asturianos… Sería caro pero ¡Qué narices!, nos lo merecíamos y nos lo podíamos permitir.

 Nuestros gobernantes, que sabían que de verdad no éramos tan ricos, que el oasis era un espejismo y que crear ese nuevo derecho saldría demasiado caro, decidieron que, a pesar de todo, sacarían adelante el proyecto y en el proceso, nos engañarían a todos.

 

EL AUTOR

Josep de Martí es uno de los opinadores más reconocidos y con una visión privilegiada del sector de la atención a mayores dependientes. Durante los últimos veintitrés años ha trabajado tanto en la administración, siendo inspector de servicios sociales, como profesor, impartiendo clases en diversos cursos de postgrado de dirección de residencias o gerontología social y también como promotor/director del portal de internet www.inforesidencias.com, que en 2000 fue primer buscador on-line de plazas libres en residencias para mayores y recientemente se ha convertido en la primera web que permite comparar residencias según su nivel de transparencia. Estas labores las combina con trabajos de consultoría, impartición de conferencias y lo que según sus palabras, más satisfacción le produce, la escritura de un blog en el que analiza de forma crítica lo que pasa en el sector de la dependencia.

 Licenciado en Derecho, gerontólogo social y especialista en derecho público. A pesar de haber colaborador en varios libros colectivos y publicado en casi todas las revistas especializadas en atención a mayores, ésta es su primera obra en solitario. Una ocasión que ha aprovechado para ordenar y contextualizar diez años de reflexiones sobre la Ley de Dependencia con un curioso hilo argumental: todo fue un engaño.

  

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Un encuentro aborda el rol de los mayores y la «necesidad» de convergencia «adecuada» entre sistema social y sanitario

encuentro sociosanitarioEl primer ‘Encuentro regional sobre envejecimiento y dependencia: Enfoque y actuaciones para el paradigma actual’ ha sido inaugurado este martes en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) en una acto al que han asistido el director el director general de Personas Mayores, Infancia y Familia de la Junta de Andalucía, Ángel Acuña; el alcalde de la localidad, Manuel Benítez; y el director gerente de Macrosad, Andrés Rodríguez González.

Durante tres días agentes del sector socionanitario, profesionales del ámbito público y privado y usuarios y familias de los servicios de atención a la dependencia y promoción de la vida autónoma de toda la comunidad debatirán sobre el presente y el futuro del envejecimiento, ya que «es necesario que el sistema social y sanitario converjan de manera adecuada para afrontar la situaciones de cronicidad».

Así, durante la presentación, Acuña ha calificado de «acierto» este encuentro por la relación entre envejecimiento y dependencia, toda vez que ha señalado que en la actualidad los mayores de 65 años en Andalucía son 1.200.000 y para 2025 habrá un 1.800.000, lo que «nos da una idea de la importancia que va a tener ese sector de la población». «Nuestros mayores cada vez van teniendo una edad más avanzada, todo lo que hace que necesiten mayores cuidados porque además son más dependientes».

Al respecto, se ha referido a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la que Andalucía «recibe en estos momentos 314 millones menos que se recibían cuando se pensó que la ley iba a ser financiada al 50 por ciento por el Estado y la Junta». Así, continúa, la comunidad «está haciendo frente en la actualidad al 75 por ciento de lo que se gasta, y el Estado aproximadamente a un 25 por ciento», lo que «lógicamente tiene unas consecuencias que estamos viendo todos los días», consecuencias que afectan a una gran cantidad de población porque «el 25 por ciento de los dependientes de toda España están aquí».

Por tanto, cuando «se está actuando contra la ley de dependencia se está actuando contra una gran parte de la población que esta en Andalucía». Pero además, prosigue, la ley de dependencia «también es ley de promoción de la autonomía personal, y es muy importante destacar aquí el envejecimiento activo, en cuanto a un conjunto de actuaciones que permiten al mayor alcanzar esas edades en perfecto estado físico y mental».

Al hilo de lo anterior, recuerda que en la comunidad existe el Libro Blanco del Envejecimiento Activo, con 130 propuestas y consideraciones que afectan a los mayores desde punto de vista de su salud, la autonomía personal, la formación o la seguridad, un extremo este último que «está directamente relacionado con la pensión que recibe el mayor, y que le da estabilidad». En este sentido, recuerda que la pensión no contributiva «está incrementándose sobre un dos por ciento, con 20 millones de euros destinados por la comunidad, mientras que el Estado ha incrementado las pensiones un 0,25 por ciento anual».

Por último, Acuña ha destacado también otras medidas puesta en marcha en beneficio de los mayores, como el examen de salud a mayores de 65; la Tarjeta Junta 65, que beneficia a más de 1.000.000 de andaluces; el servicio de Teleasistencia, del que se benefician 177.000 mayores; el servicio de orientación jurídica gratuita, que en llega a 17.000 mayores; la importancia de las aulas universitarias, que acogen a más de 8.000 mayores; o el combate contra la brecha digital, con más de 1.800 equipos en los centros de participación activa de toda Andalucía.

Por su parte, el alcalde de Castilleja ha indicado que de los 17.474 habitantes de la localidad, 2.768 tienen más de 65 años, lo que supone un 15,8 por ciento del total de vecinos, según datos de 2013, toda vez que ha destacado que Castilleja está por debajo de la media andaluza y nacional, con un 14,7 y 17,7 por ciento, si bien su cercanía a la capital ha provocado que la población se cuadruplique desde 1970 y «el perfil de familias jóvenes que tienen hijos maquillen unos datos a los que hay que prestarle atención».

Para ello, continúa, se celebra este encuentro de tres días, en el que se hablará sobre envejecimiento y la atención que deben recibir los mayores, porque «independientemente de las dificultades económicas, la apuesta de las corporaciones locales debe ser por las políticas sociales, paliando los desequilibrios a los que la coyuntura económica está abocando a cientos de familias». Por este motivo, «hemos creído en la oportunidad que este encuentro supone para contribuir a mejorar las condiciones de atención e integración de nuestros mayores», convirtiéndose «en un valiente punto de partida».

Por su parte, el director general de Macrosad ha afirmado que «el envejecimiento de la pirámide poblacional debe hacer reflexionar sobre el papel que juegan nuestros mayores, el papel que merecen y el que están reivindicando», con una población mayor «con un peso específico no solo a nivel social sino también económico». En este sentido, señala que más del 15 por ciento de la población andaluza tiene más de 65 años y que «167.000 personas son beneficiarias en Andalucía del sistema, un 22 por ciento del sistema nacional».

Así, afirma que desde Macrosad, con 20 años de experiencia, «se pretende aportar soluciones a las personas que envejecen a lo largo y ancho de toda Andalucía», para lo que «los sistemas sanitarios tienen que dar respuesta eficiente a lo que se conoce como ‘CURE’ y el reto ahora es la cura y atención (CARE), por eso ese necesario que converjan el sistema social y sanitario y que se coordinen adecuadamente».

«Hay mucho mayores en número absoluto, pero también lo que se denomina la cuarta edad, mayores muy mayores que necesitarán una alta intensidad de cuidados»; los sistemas públicos «no llegan a todo e iremos a un modelo híbrido que permita que además no entremos en un sistema dual, y eso habrá que construirlo». De este modo, desde la iniciativa privada «tenemos que ir aportando soluciones, con el objeto de ayudar a sentar una buena base de una sistema sociosanitario, porque lo social y lo sanitario tienen que converger de manera adecuada para afrontar la situaciones de cronicidad».

En este sentido, afirma que habrá que preguntarse si las ciudades y pueblos y los sistemas «están adaptados para los mayores, si son ciudades amigables e intuitivas», y en pro de este objetivo «les toca no solo a las instituciones y personas que tienen responsabilidad de Gobierno sino también a los proveedores que dan apoyo y servicios».

«Es la intención de este encuentro inédito y singular», que está organizado por Macrosad y el Ayuntamiento de Castilleja, con la colaboración de la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla, ayuntamientos del Aljarafe, organizaciones sectoriales y profesionales del ámbito público y privado», afirma Andrés Rodríguez, quien añade que durante tres días expertos andaluces, profesionales usuarios y familiares «van a valorar la situación actual y los retos de futuro mediante conferencias, talleres y mesas redondas».

«En Macrosad buscamos crear desde nuestra humilde experiencia herramientas que aporten soluciones y valor, que faciliten a los agentes que trabajan con las personas mayores mecanismos que permitan un proceso de envejecimiento digno y positivo, orientando nuestras actividades a la satisfacción global», afirma el director general, quien resalta que «esta apuesta por los valores y compromiso a través de la formación e investigación nos hace trabajar con mayor inquietud por más de 6.700 usuarios a cierre de 2013 con una encuesta de satisfacción de 8,15 y 8 sobre diez», concluye.

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Susana Camarero, nueva secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad

Susana CamareroEl Consejo de Ministros hizo efectivo el pasado viernes el nombramiento de Susana Camarero Benítez como secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, en sustitución de José Manuel Moreno Bonilla, que renunció al cago para afrontar la candidatura del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Madrileña de nacimiento, Camarero es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia y máster del IESE en Gestión Pública, y desde 2000 es diputada por Valencia en el Congreso de los Diputados, donde en este momento es portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular. Fue presidenta de Mujeres para la Democracia de Valencia y secretaria general del Partido Popular de Valencia. Miembro del Comité Ejecutivo Nacional y de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, actualmente es secretaria ejecutiva de Formación Nacional del Partido Popular.

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Bienestar Social, el gran desconocido

Ayuntamiento de AvilésEl Ayuntamiento de Avilés tiene un problema para hacer llegar sus políticas de Bienestar Social a los ciudadanos. Así se pone de manifiesto, con toda rotundidad, en la encuesta realizada por Asturbarómetro para LA VOZ DE AVILÉS. El presupuesto de 2014 del Ayuntamiento aprobado el pasado 2 de enero hace una apuesta clara por el área de Bienestar Social y por los numerosos programas que lo integran para atender a las personas más desfavorecidas y a la llamada tercera edad, hasta el punto de que el dinero destinado para estas políticas ascenderá este año a 14,2 millones de euros, el 23,51% de un presupuesto total de 60,7 millones. Con ello se tratan de atender unas necesidades que han ido en aumento, tanto por el número de demandantes como por la menor aportación del Gobierno central, que suprimió la partida destinada a teleasistencia, o decidió endurecer las condiciones para poder beneficiarse de la Ley de Dependencia, dinero que asumió el propio Ayuntamiento de Avilés.

Pues bien, nada menos que un 69,9% de los encuestados afirma no saber ‘nada’ del programa de Bienestar Social municipal, y un 23,8% lo conoce solamente ‘algo’. Sólo un exiguo 6,3% sostiene que conoce dicho programa ‘mucho’ (2,1%) o ‘bastante’ (4,2%).

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Tres de cada diez dependientes en lista de espera vive en Andalucía

Susana DíazEl Tribunal de Cuentas vuelve a la carga contra el caos autonómico en el sistema de atención a la Dependencia. Aunque, desde su primer informe, reconoce los progresos que ha logrado el Imserso para acabar con las deficiencias existentes, una fiscalización de la gestión y control de las comunidades pone de relieve que aún queda tarea por hacer y les pone deberes. Si bien es cierto que la situación varía mucho de unas a otras, entre los males que lastran el sistema se encuentran la maraña de normas, las demoras en la información facilitada y en el reconocimiento de las prestaciones, las listas de espera y las diferencias en la valoración de la capacidad económica del afectado.

Más de 800 normas

El informe del Tribunal de Cuentas, pendiente de alegaciones, incide en la «excesiva dispersión normativa» que ha generado el desarrollo de la ley de Dependencia de 2006 por parte de las comunidades, «muchas veces solapada con la normativa de los servicios sociales preexistente», lo que, apunta, «no se compadece con los principios de universalidad, igualdad y transparencia que informan el sistema». De hecho, el «repertorio normativo» abarca 671 normas autonómicas de diverso rango, además de las 134 estatales.

No obstante, admite que «en el ámbito estatal se observa un esfuerzo por refundir el desarrollo reglamentario» de la ley en un menor número de textos, como se hizo en el decreto del pasado 27 de diciembre que regula las prestaciones del sistema y unifica todas las normas relativas a prestaciones y servicios. Además, el Tribunal indica que «se han efectuado o están en trámite otras modificaciones normativas destinadas a homogeneizar el sistema e introducir nuevos elementos de control que permitan disponer de información y estadísticas ajustadas a la realidad».

Demoras de más de un año

El Tribunal advierte de las «excesivas demoras» por parte de las comunidades a la hora de introducir los datos mensuales requeridos en el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD). De hecho, solo siete comunidades –Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Extremadura, Galicia y La Rioja– registran los datos en un plazo inferior a un mes desde la fecha de la solicitud. En el caso de la Comunidad Valenciana, se tarda 479 días de media (Murcia llega a 925, pero el Tribunal no lo considera significativo porque esta comunidad acordó con el Imserso un proceso de regularización entre los sistemas de información, por lo que no registró información nueva de enero a octubre de 2013).

La existencia de diversos sistemas de gestión de datos se apunta como una de las razones. Seis de las siete comunidades que no superan el mes de plazo utilizan el SISAAD directamente como sistema de gestión, mientras que la mayor parte de las que exceden ese tiempo emplean sus propios sistemas. También continúan produciéndose «importantes demoras en las resoluciones de reconocimiento de la prestación», con incumplimiento por las comunidades del plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud. El plazo medio entre 2011 y 2013 se eleva a más de ocho meses. Aunque el Tribunal reconoce una «evolución positiva», en la mitad de los 67.468 expedientes registrados en el primer cuatrimestre de 2013 se había sobrepasado el plazo de seis meses.

Listas de espera

Las comunidades han logrado reducir «significativamente» entre 2012 y 2013 el número de solicitudes pendientes de resolución de reconocimiento de la prestación, pero su número sigue siendo «elevado», según el Tribunal de Cuentas. Mientras que a final de 2011 eran 305.901 las personas en lista de espera, al acabar 2012 habían pasado a 231.119; y en diciembre de 2013 a 190.503. Este último dato supone que el 20,17% de los 944.345 dependientes a los que ya se les ha reconocido esta condición, estaban a final del pasado año pendientes de recibir prestación.

Pero la situación no es igual en todas las comunidades. En las ocho que superan la media nacional (el citado 20,17%), se concentra el 75% de los pendientes de prestación, y «resulta particularmente llamativo el excesivo porcentaje de Canarias», con el 52,74%. En términos absolutos, es Andalucía la que concentra el mayor número de beneficiarios en espera, 53.981. Esto supone que más del 28% de las personas con derecho a prestación por dependencia pero que no la reciben, están en la comunidad andaluza. Es decir, tres de cada diez dependientes en lista de espera viven en Andalucía. Por el contrario, el Tribunal destaca favorablemente la gestión de Castilla y León, con solo un 1,66% de beneficiarios pendientes de prestación.

Desigualdad entre españoles

Las diferencias entre comunidades a la hora de hacer efectivas las prestaciones, concluye el órgano fiscalizador, «implican un claro elemento de desigualdad entre los dependientes por razón de la residencia».

El informe también advierte de «gran disparidad» entre comunidades en cuanto a la valoración de la capacidad económica de los beneficiarios. La ley prevé que se calcule teniendo en cuenta la renta y el patrimonio para determinar qué cantidad deben aportar para costear las prestaciones. Aunque algunas han dictado disposiciones que incorporan, al menos parcialmente, los criterios mínimos de cómputo, otras «no han efectuado hasta la fecha esa necesaria adaptación normativa».

Canarias, la comunidad que percibe más recursos del Estado de los que dedica

M. TRILLO MADRID
El Tribunal de Cuentas advierte que, en términos de gasto público por beneficiario, se aprecia «una enorme disparidad» entre las distintas comunidades. Tomando el número de beneficiarios con prestación reconocida en las estadísticas del sistema de información de la Dependencia a 31 de diciembre de 2012, el gasto medio nacional por beneficiario es de 6.113 euros.
Como pone de manifiesto el informe, entre las comunidades que realizan «un mayor esfuerzo económico en la atención a la dependencia», por encima de la media, destaca la Comunidad de Madrid, que aporta recursos propios por un importe medio de 10.486 euros por beneficiario, lo que supone que la administración autonómica aporta el 73% del total de la financiación pública. También están por encima de la media Extremadura, donde la comunidad aporta el 63% del total de la financiación pública para dependencia, Castilla-La Mancha (60%), Cataluña (51%) y Principado de Asturias (50%).
En el extremo contrario, sobresale Canarias, que de acuerdo con los datos certificados percibe de la Administración del Estado «más recursos de los que dedica» al sistema de dependencia.
Por su parte, la Comunidad Valenciana aporta sólo el 14% del total, Galicia el 27% y Andalucía el 35%.

“Es importante acometer el nuevo modelo de financiación de la dependencia”

MANUEL VILCHESLa Ley de Dependencia preveía el posterior desarrollo de la normativa que facilitara la difusión del seguro privado de dependencia. Sin embargo, esta norma no se ha concretado, y a día de hoy las compañías aseguradoras siguen reclamando que el Gobierno central aborde esta situación. Lo cierto es que, si bien la oferta de este tipo de productos ha ido creciendo progresivamente año tras año, el volumen de seguros contratados aún está muy lejos de lo esperado.

¿Cuál ha sido la evolución de los datos de contratación de seguros de dependencia a lo largo de 2013? ¿Y en comparación con años anteriores?

Tal y como apunta acertadamente el estudio SCOR sobre seguros privados y públicos de dependencia: comparación internacional, en España se han lanzado varios productos y modalidades de cobertura, que alcanzan diferentes prestaciones en forma de capital y en forma de renta, pudiendo ser éstas temporales o vitalicias. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, la penetración del seguro es muy baja, las dificultades que el sector público español está afrontando tanto en lo que respecta a la financiación como a la prestación del servicio a los dependientes, acrecienta la importancia de que sea el sector privado quien de manera complementaria al Estado deba asumir un papel fundamental a la hora de dar respuesta a las necesidades de las personas en situación de dependencia.

Según un informe de ICEA hecho público por la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) que repasa los resultados provisionales del sector a 31 de diciembre de 2013, refleja que a finales del pasado año eran 21.724 las personas que mantenían contratado algún tipo de seguro de dependencia, lo que supone un incremento del 10,71 por ciento con respecto a los datos definitivos a cierre de 2012.

La Ley de Dependencia dejaba abierta la necesidad de desarrollar una norma que regulara estos seguros de dependencia, sin embargo, no se ha llevado a buen puerto. ¿En qué situación se encuentra? ¿Saben si se está trabajando en ello?

El Consejo Económico y Social de España (CES) apunta en un reciente informe que “la valoración del grado de aceptación y de aplicación de la Ley de Dependencia se pone de manifiesto en los datos referidos a las solicitudes de prestación registradas, los dictámenes emitidos y las valoraciones positivas en relación con la generación del derecho a prestaciones. Al respecto puede decirse que las comunidades autónomas en las que existen más solicitudes de prestaciones en términos absolutos (Andalucía y Cataluña), con un 43 por 100 del total, contrastan con otras, de un nivel poblacional igualmente importante (Madrid y Valencia), donde esas solicitudes no llegan en su conjunto al 15 por 100 del total, junto a las que destacan también por su bajo número de solicitudes otras comunidades de menor población (Canarias, Baleares).

En cuanto a las prestaciones de dependencia, en primer lugar, y pese a la pretensión legal de dar preferencia a las prestaciones de servicios, son las prestaciones económicas por cuidados en el entornofamiliar las que prevalecen. Por otra parte destaca el escaso número de las prestaciones económicas para la contratación de un asistente personal. Es también relevante, en cambio, el número de prestaciones de atención residencial, ya que a pesar de estar dirigidas a dependientes en situación extrema de necesidad de cuidado, su número es semejante a las prestaciones de teleasistencia. Todo esto indica que la cobertura de una prestación tan básica como la teleasistencia está poco o defectuosamente extendida al cubrir solo a un tercio de los dependientes que podrían necesitarla, dejando al margen a los que disfrutan prestaciones económicas o de atención residencial. En cuanto a las prestaciones de ayuda domiciliaria no experimentan el desarrollo que cabría esperar. También es particularmente reducido el número de prestaciones para la prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía personal”.

¿Qué sería necesario para que el seguro de dependencia se extienda?

El debate sobre la financiación de los servicios necesarios para los dependientes (residencias, centros de día, atención domiciliaria, etc.) es una cuestión abierta en la que unos se muestran partidarios de un seguro obligatorio para todos los individuos, sea en forma de un cotización adicional dentro del sistema de protección social, o sea mediante un seguro fuera del sistema. Otros se han mostrado abiertamente a favor de una cobertura total por los sistemas públicos mediante una financiación por impuestos y finalmente, muchos se han mostrado partidarios de que la persona que necesita la asistencia contribuya a una parte de la financiación del servicio y que el sistema público de protección asuma otra.

En cualquier caso sea el modelo que finalmente surja, lo importante es que se acometa con urgencia y de una forma consensuada entre todos las partes que intervienen en el proceso y de nuevo la iniciativa privada en esta definición estratégica es fundamental, debido a que su aportación en este ámbito es extraordinaria y está paliando en gran medida el enorme déficit que padecemos en este asunto que afecta no solo a España sino también a otros países occidentales de nuestro entorno. También necesitamos aprender de algunas experiencias puestas en marcha en modelos implantados en países de nuestro entorno más próximo.

¿Cree que la ciudadanía percibe como una necesidad asegurar la dependencia futura? ¿Qué podrían hacer en este sentido las compañías?

La protección a las personas que se encuentran en una situación de dependencia es un problema creciente que tienen que afrontar las sociedades avanzadas debido al envejecimiento de su población. El incremento de la esperanza de vida como consecuencia de los avances en los campos de la sanidad y la salud, el fenómeno del ‘baby boom’ ocurrido en nuestro país en la mitad del siglo XX, unidos a las caídas en las tasas de natalidad han dado como resultado una población más geriatrizada o envejecida y, por lo tanto, más dependiente.

El informe del CES que he referido anteriormente señala aspectos clave en este acuciante problema, apunta hacia que “la grave situación económica actual, así como la radical reducción del gasto público han condicionado y condicionarán en los próximos años la aplicación de la Ley de Dependencia. Los recortes presupuestarios, el conflicto entre Estado y comunidades autónomas acerca de quién debe asumir en mayor medida el coste de las prestaciones, las enormes dificultades para organizar un sistema que requiere profesionales cualificados, estructuras organizativas públicas eficientes y bien dotadas, así como un sector privado dispuesto a colaborar de forma permanente e intensa con la organización pública, todo ello determinará inevitablemente una paralización de la aplicación de la Ley. Como ya se ha puesto de manifiesto en el cambio del calendario inicial de aplicación establecido en la misma Ley 39/2006, al congelarse o retrasarse primero hasta 2014 y luego hasta julio de 2015 el reconocimiento de prestaciones a los dependientes de los niveles más bajos o dependientes moderados.

Un retraso que, determinando ciertamente un empeoramiento de la tutela, puede tener una incidencia menor ya que se trata de dependientes cuya incapacidad de gestionar su vida diaria no es tan acusada como en otros grados y pueden ser atendidos, sin excesivas dificultades, por la red de seguridad de la tutela de los dependientes; que no es otra que la protección familiar, extraordinariamente activa en España, como lo demuestra, si se ve como una forma de aflorar y hacer visible ese cuidado familiar, la absoluta preponderancia de las prestaciones económicas causadas por ese cuidado familiar”.

La iniciativa privada en este entorno es fundamental con residencias, centros de día especializados, atención domiciliaria, etc. “El seguro de dependencia paga los servicios que permiten a una persona vivir de forma autónoma o en un centro especializado, si pierde la capacidad para realizar las actividades básicas de la vida. Las prestaciones se abonan en caso de necesidad parcial o total de cuidados de larga duración por parte de la persona asegurada. En este sentido, es comparable con el seguro de invalidez (seguro de incapacidad laboral). Sin embargo, el siniestro y el período depago de las prestaciones difieren sustancialmente en función del mercado y del producto” incide el informe SCOR publicado por Inese.

¿Qué tipo de servicios ofrecen estos seguros? ¿Hay modalidades muy diferentes?

Tal y como he comentado actualmente en España se han lanzado varios productos y modalidades de cobertura, que alcanzan prestaciones en forma de capital y en forma de renta, pudiendo seréstas temporales o vitalicias. No se puede crear un producto destinado a cubrir el 100 por cien de los gastos de dependencia sufragado a través de impuestos, máxime en la situación financiera precaria en la que se encuentra nuestro Sistema y con una inversión de la pirámide poblacional evidente, por lo tanto de nuevo el sector privado asume una función complementaria al Estado, siendo la aportación privada clave esencial para  dar respuesta a las necesidades de las personas en situación de dependencia.

¿En qué situación se encuentra España con respecto a países de nuestro entorno en lo que al desarrollo del seguro de dependencia se refiere?

Hoy en día, la mayoría de los países desarrollados que registran un envejecimiento de la población se enfrentan al aumento del número de personas mayores y dependientes. La necesidad de cuidados de larga duración, a domicilio o en centros especializados, seguirá creciendo tanto en los mercados maduros como en los mercados emergentes. Además, las tendencias demográficas y sociales, así como las disposiciones públicas inadecuadas incitan al mercado de seguros a ofrecer soluciones de financiación para cuidados de larga duración. La ayuda informal proporcionada a una persona mayor por sus familiares es cada vez más difícil. Por consiguiente las personas deben organizarse en caso de que se vuelvan incapaces de cuidar de sí mismas.

Los productos de dependencia garantizan el pago de una renta o una prestación por los cuidados proporcionados a la persona dependiente según el grado de la dependencia. El tipo de cobertura puede variar sustancialmente entre los diferentes mercados y de hecho así lo explicita el reciente estudio desarrollado por SCOR Global Life quien realiza un seguimiento de estos productos en el mundo entero. Su centro de I+D dedicado al seguro de dependencia analiza las tendencias más relevantes en este segmento de población tan sensible y desprotegido por los sistemas sanitarios de todo el mundo.

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AMADE organizó encuentro de empresarios y profesionales con la inspección de trabajo y seguridad social

IMG_3097AMADE, principal organización empresarial del sector de la dependencia, organizó el 25 de febrero en el salón de actos de CEOE en Madrid una Jornada formativa sobre Empresa e Inspección de Trabajo, en colaboración con el Foro Técnico de Formación, iniciativa que cosechó una excelente acogida tanto en asistencia de público como en posterior valoración.

 Presentó la jornada Javier Gómez, Presidente de la patronal convocante, quien trazó el perfil de los intervinientes y justificó la oportunidad de abordar una materia como ésta, de indudable interés para las empresas.

 La primera ponencia corrió a cargo del abogado y docente Carlos Javier Galán, del despacho Alberche Área Jurídica, y autor del  libro titulado precisamente La empresa ante la Inspección de Trabajo. Detalló en su intervención cuáles son las funciones legalmente atribuidas a la ITSS, qué puede y qué no puede hacer un inspector, cómo se desarrolla la actuación inspectora y qué tramitación se sigue en los expedientes sancionadores.

 En el segundo bloque del programa se llevó a cabo una mesa redonda que ofreció oportunidad de contrastar las distintas perspectivas en relación con la materia abordada, y que fue presentada por Pilar Ramos, directora general de AMADE, y moderada por la abogada Mª Paz Cotarelo, Vocal de Formación de esta organización.

 Beatriz Aguirre, directora de relaciones laborales de CEIM, aportó la visión institucional del empresariado madrileño. El también abogado Antonio Trimiño, actual responsable de relaciones laborales de la multinacional Unísono, comentó de forma directa y amena tanto los aspectos positivos como los negativos de su experiencia profesional ante la ITSS. Por su parte, Pablo Aramendi, titular del Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid, abordó aquellos aspectos en los que la función jurisdiccional tiene relación con la Inspección.IMG_3116

 La voz de la propia Inspección de Trabajo estuvo presente en la Jornada a través de Paloma Urgorri, Jefa de la Unidad Especializada de otras Áreas en Madrid, quien informó de la actualidad de la ITSS en esta comunidad: actuaciones de lucha contra el empleo irregular, informes emitidos en expedientes colectivos, incipientes y novedosas experiencias en materia de mediación, o campañas en materia de contratación temporal o en igualdad, entre otras cuestiones. La representante de Inspección atendió además, de forma pedagógica y pegada a la realidad práctica, numerosas cuestiones planteadas tanto por la propia mesa como por los asistentes.

Diputación de Vizcaya flexibiliza el acceso a residencias de dependientes para dar mayor protección a estas personas

Unai Rementeria   La Diputación foral de Vicaya ha flexibilizado el acceso a residencias de personas dependientes, con el objetivo de facilitar los procedimientos y conseguir, de esta forma, una mayor protección de estos ciudadanos, según ha informado el portavoz foral, Unai Rementeria.

   La Institución foral ha aprobado este martes, en consejo de Gobierno, el Decreto que tiene por objeto la regulación del régimen de acceso al servicio público foral de residencias para personas dependientes y las condiciones de prestación del servicio de estancia permanente.

   Los cambios propuestos están dirigidos, por un lado, a reducir y agilizar, en la medida de lo posible, los trámites previos al ingreso en residencia, y, por otro, a mejorar el proceso de gestión de asignación de plaza.

    El Parlamento vasco aprobó la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, que estableció el nuevo marco normativo al que debía ajustarse el Sistema Vasco de Servicios Sociales.

   Con el fin de adaptar el procedimiento administrativo de acceso al servicio foral residencial para personas mayores dependientes a este nuevo marco jurídico, se aprobó el Decreto foral de la Diputación de Vizcaya 29/2009, de 24 de febrero por el que se regula el régimen de acceso al servicio público foral de residencias para personas mayores dependientes y las condiciones de prestación del servicio en estancia permanente.

   Posteriormente, se público el Decreto foral de la Diputación de Vizcaya 162/2009, de 1 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia. Este Decreto foral ha sido modificado por el Decreto foral 93/2010, de 20 de julio, y por el 121/2012, de 21 de febrero.

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Directores de Servicios Sociales piden protagonismo en el Congreso a los 13 millones de pobres

PobrezaLos más de trece millones de españoles en situación de pobreza y en riesgo de exclusión social «deberían protagonizar» el Debate sobre el estado de la nación, que tiene lugar este martes y miércoles en el Congreso de los Diputados, según reclama la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

   Esta organización señala que desde 2008 la pobreza ha pasado del 20,8 por ciento al 28,1 por ciento, más de siete puntos que representan a 3,5 millones de personas. Asimismo, recuerda que la tasa de pobreza o exclusión social Europa 2020, conocida como Tasa AROPE, apunta que 28,2 por ciento de los ciudadanos españoles están en situación de pobreza o exclusión, que equivale a 13 millones, de los que «decenas de miles pasan hambre, especialmente los niños».

   «Las propuestas deben reducir las desigualdades y las mejoras económicas deben repercutir en las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población», apuntan desde esta entidad, que pide una revisión «en profundidad» del modelo de relaciones laborales, una reforma fiscal «justa y progresista», y reforzar el nivel más básico de protección que representan los servicios sociales, que, a su juicio, «son los ejes que articulan un debate donde lo que importa son las personas y familias».

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Ropa sucia tras la privatización de la lavandería en las Residencias de Mayores

Javier DiazEl sindicato Comisiones Obreras denunciairregularidades en la lavandería del Servicio Regional de Bienestar Social (SRBS), en manos de FLISA desde hace dos meses. Esta empresa es además la concesionaria de la Lavandería Central Hospitalaria tras su privatización, una maniobra de la Consejería de Sanidad que provocó un conflicto laboral que se tradujo en 42 días de huelga.

Según CCOO el servicio de lavandería de los centros adscritos al SRBS (Residencias de Personas Mayores, Centros Ocupacionales y Centros de Atención a Personas con Discapacidad) se ha deteriorado tras la privatización. «La ropa llega sucia, rota, deteriorada, no llega planchada, incumplen los horarios previstos, por lo que hay que esperar a que lleguen las ropas para poder a hacer las camas», ha comentado a la Cadena SER Javier Díaz, Secretario General del Sector de la Administración Autonómia de CCOO Madrid. Según Díaz, FLISA, que cobra la ropa lavada al peso, la devolvería húmeda para poder obetener mayores beneficios.

Para el sindicato, la privatización, lejos de suponer un ahorro, ha provocado unaumento en el gasto. «No está solucionando nada. El coste al erario público es mayor porque la Comunidad de Madrid ha invertido en calandras, en máquinas, que ahora están paradas«, ha añadido Díaz. CCOO exige una vuelta al modelo anterior o, en su caso, mayores controles para asegurar la calidad del servicio.

Por su parte, desde FLISA han comunicado que el servicio se presta «cada día mejor»«sin quejas importantes por parte de Bienestar Social».

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La nueva reforma local recortará 300 millones en servicios sociales

José Manuel RamírezLos efectos de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que retira a los ayuntamientos competencias en materia de educación y bienestar social, supondrá un recorte presupuestario de 300 millones de euros en servicios sociales en el conjunto de la Comunidad Valenciana, lo que afectará a 112.000 usuarios y causará la pérdida de 3.000 puestos de trabajo, 850 de ellos correspondientes a técnicos. Así lo explicó el martes en una charla-coloquio en Quart de Poblet el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales de España, José Manuel Ramírez, que ha elaborado un informe a partir de datos oficiales.

La asociación, cuyos estudios sobre la implantación del sistema de atención a la dependencia se han convertido en una fuente de referencia sobre el desarrollo de la Ley de Dependencia en España, maneja numerosos indicadores y se basa para cuantificar el recorte en que 300 millones de euros “es la cantidad que aportan los ayuntamientos a estas ayudas y que ahora desaparecerá”.

La alcaldesa de Quart de Poblet, la socialista Carmen Martínez, que presentó a Ramírez en el acto celebrado en el Centro Cultural El Casino, abogó por recurrir la nueva ley ante el Tribunal Constitucional y dijo que “no ofrece soluciones, es decir, recursos a quienes tienen que asumir estas competencias, las diputaciones y la Generalitat, pero en cambio sí crea un grave problema a la ciudadanía que se queda sin estos servicios”.

Ramírez explicó que la Comunidad Valenciana ocupa el último puesto en la clasificación de comunidades autónomas por el desarrollo de su sistema de servicios sociales, aunque apuntó que se da la paradoja de que es la que más incrementó el presupuesto en servicios sociales entre 2009 y 2012, con un 14,69%. Pese a lo que calificó como “un meritorio esfuerzo”, dada su débil situación de partida, la Comunidad Valenciana está muy por debajo de la media estatal en gasto y en oferta de prestaciones.

Los datos que aportó el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales señalan que el gasto en servicios sociales ha pasado en la Comunidad Valenciana de 662,2 millones de euros en 2009 a 759,6 millones en 2012. Aún así, en términos relativos pasa de 129,5 euros por habitante en 2009 a 151,5 euros por habitante en 2012, lo que supone 123,6 euros menos que la media estatal, de 275,1 euros por habitante y año.

También el porcentaje del gasto en servicios sociales, que es del 5,6%, se sitúa por debajo de la media española, del 7,7%. En general, la cobertura de la Comunidad Valenciana en servicios sociales se sitúa en 0,6 puntos sobre 5. Entre los indicadores que empeoran figura la extensión del sistema de atención a la dependencia, que a finales de 2011 beneficiaba al 0,86% de los habitantes de la Comunidad Valenciana y a finales de 2012 había bajado al 0,83%.

El duodécimo dictamen sobre el desarrollo del sistema de atención a la dependencia, que la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales hizo público la semana pasada en Segovia, coloca a la Comunidad Valenciana como la peor, con 0,4 puntos sobre 10. “En Valencia, una persona dependiente tiene la mitad de posibilidades de ser atendida que en el resto de España. hay 18.213 personas dependientes, una de cada tres, que tienen reconocidos los derechos pero figuran en lista de espera”, explicó Juan Manuel Ramírez. “Y lo más grave, en 2013 murieron más de 3.000 personas que tenían el derecho reconocido sin poder disfrutarlo”.

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El juez apremia al alcalde de Jaén a retomar el servicio de dependencia

José Enrique Fernández de MoyaEl alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya (PP), puede ver comprometida su decisión de renunciar al servicio de ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Jaén ha instado al gobierno municipal a que alegue contra el recurso planteado por la Junta de Andalucía en el que solicitaba la suspensión cautelar del decreto municipal de cese del servicio. De este modo, el juzgado insta al Ayuntamiento a retomar la prestación de forma voluntaria en el plazo de cinco días —que expira este lunes— pues, de no hacerlo, podría estimar la petición de la Administración andaluza de medidas cautelares contra la decisión municipal, que está vigente desde el 3 de diciembre.

La decisión del juzgado es consecuencia del recurso contencioso-administrativo presentado por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía por entender que el alcalde rompía unilateralmente el convenio suscrito para prestar la ayuda a domicilio y por el “perjuicio” que esa medida podía suponer para unas 450 personas dependientes de la capital jiennense, según señaló la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Purificación Gálvez. Cabe recordarque la fiscalía de Jaén ya dictaminó que era el Ayuntamiento el responsable para prestar el servicio, aunque también instaba a la Junta a abonar sus deudas.

El requerimiento judicial ha hecho reaccionar al alcalde jiennense, quien ahora parece dispuesto a dar su brazo a torcer. Fernández de Moya ha registrado en la Delegación del Gobierno de la Junta una propuesta de convenio en la que muestra la disposición municipal a retomar un servicio que, según precisa el regidor, es una “competencia exclusiva” del Gobierno andaluz. Eso sí, Fernández de Moya condiciona la vuelta del servicio a la esfera local a que la Administración andaluza se comprometa por escrito a pagar en un plazo máximo de 60 días el dinero del servicio que, a su vez, el Consistorio debe transferir o a la empresa concesionaria. De no ser así, el alcalde cree que la Junta debe garantizar también que asumirá los intereses de demora. “Vamos a ver si con esta propuesta la Junta mueve ficha”, recalca el popular.

En la nueva propuesta municipal, el alcalde de Jaén se compromete también a abrir una cuenta restringida donde vaya el dinero que la Junta ingrese en materia de dependencia. Hasta ahora, ese dinero iba a la caja única del Ayuntamiento y, tanto la oposición como las cuidadoras de la empresa concesionaria, sospechan que en ocasiones el dinero se ha gastado en otros fines.

El Ayuntamiento abandonó el servicio bajo el argumento de los continuos y reiterados impagos de la Junta, que aún hoy debe en torno a 700.000 euros anteriores al 3 de diciembre, según las estimaciones municipales. Pese al abandono del servicio, la empresa concesionaria sigue prestando la ayuda a domicilio, aunque sus responsables han admitido la difícil situación económica que atraviesan. También las 200 trabajadoras que prestan el servicio han alertado de su inseguridad laboral ante el limbo legal en el que se encuentran.

El Ayuntamiento sigue recibiendo las facturas por parte de la adjudicataria, Multiservicios Jabalcuz, aunque el alcalde admitió que aún no han resuelto qué hacer con ellas. El Consistorio sí que sigue prestando con normalidad la ayuda a domicilio de carácter municipal a otros 179 usuarios.

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