servicios sociales
Los inspectores de servicios sociales andaluces realizan 330 controles diarios en centros y domicilios
Los más de 2.400 controles que realizaron el año pasado los inspectores de servicios sociales de la comunidad se saldaron con la apertura de 48 expedientes sancionadores y el cierre de una residencia, en Fuente Vaqueros (Granada). Los técnicos realizaron también 74.315 visitas domiciliarias para supervisar las prestaciones de la Ley de la Dependencia. El 85% de los usuarios consideraron que la atención que reciben cubre sus necesidades básicas y el 93% de los controles sobre cuidados en el entorno familiar obtuvo informe favorable, según los datos del plan de inspecciones de 2012 que ha presentado este viernes la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero.
Los 280 inspectores de los servicios sociales de Andalucía realizaron el año pasado una media de 330 inspecciones diarias. En total, 76.696 controles (2.423 en centros y 74.173 en domicilios). La mayoría de los centros visitados son residencias de mayores públicas, concertadas y privadas, pero también centros para personas con discapacidad, drogodependencia, enfermedad mental, servicios sociales comunitarios y atención a la mujer.
Los inspectores decretaron el cierre cautelar de una residencia concertada en Fuente Vaqueros porque, según ha señalado Montero, ni las condiciones que ofrecía ni el trato que prestaba eran “adecuados”. Sus responsables intentaron obtener de nuevo los permisos para reabrir pero fueron denegados y el centro sigue cerrado.
Respecto a los 48 expedientes abiertos a centros, la casuística es variada, pero predominan los casos en los que los se detectan fallos en las condiciones “materiales” de los centros, como problemas de accesibilidad o de climatización. “Son muy minoritarios los casos más graves, de falta de atención o de higiene”, ha afirmado Montero. Tras conocer el resultado de las inspecciones a centros, la Consejería se ha marcado tres objetivos fundamentales de mejora: impulsar la implantación de sistemas de control de la calidad (solo el 21% de los centros cuentan con una certificación externa de calidad), impulsar la formación de profesionales según el modelo de gestión por competencias y la puesta en marcha de planes de autopreotección en todos los centros, explicó Montero.
En las inspecciones sobre los cuidados en el entorno familiar, los técnicos controlaron, sobre todo, que las prestaciones económicas se empleen para la finalidad con la que fueron concedidas. De los 47.155 casos analizados, 43.854 se consideraron correctos. En la mayoría de los otros 3.300, los inspectores trasladaron la situación a las delegaciones provinciales de Salud para valorar la posibilidad de cambiar la prestación. “No siempre hay mala fe” de los familiares, ha señalado la consejera, que adelantó que la Junta prepara un decreto para simplificar y agilizar los trámites para la apertura de estos centros.
La consejera de Bienestar Social tacha de «inaceptable» que 50.000 niños catalanes sufran malnutrición
La consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat catalana, Neus Munté, ha tachado de «inaceptable» que 50.000 niños catalanes sufran malnutrición y 751 estén siendo tratados por desnutrición en los centros de atención primaria (CAP), unas cifras reveladas este lunes por el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó.
En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, Munté ha sentenciado que Catalunya «no tiene un problema estructural de desnutrición, sino problemas de malnutrición» relacionados con los hábitos saludables y el empobrecimiento de las familias.
Aún así, ha admitido que es «preocupante» que la pobreza infantil afecte ya al 28% de los niños menores de 16 años, aunque ha recordado que el Govern ha impulsado diversas medidas para hacer frente a esta situación.
Ha reiterado que los colectivos más vulnerables, especialmente los niños, son una «prioridad» para el Ejecutivo catalán y ha avanzado que las políticas sociales serán el principal eje de los presupuestos de los próximos años.
Munté también ha defendido a prórroga presupuestaria porque, precisamente, permite «no tener que recortar más» a los sectores con mayores dificultades.
Castellón y la Cruz Roja firman por la teleasistencia
El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, firmó un convenio por la teleasistencia con Cruz Roja, en una reunión en la que también estuvo presente la concejala de Bienestar Social, Carmen Querol. Bataller afirmó que el consistorio ha asumido a 268 usuarios de teleasistencia en su servicio de teleayuda municipal “para que ninguna persona que lo necesite se quede desatendida”. Ahora serán 1.308 personas las que reciban este servicio en el que la Cruz Roja lleva a cabo el trasvase del sistema y los equipos de teleayuda municipal.
El IASS amplía su cartera de servicios sociales a discapacitados
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, ha ampliado su oferta de apoyo a las familias que incluyen miembros con discapacidad intelectual.
Esta nueva actividad se pone en práctica en el Centro ‘El Pinar’, en Teruel, y el Centro de Adaptación de Minusválidos Psíquicos (CAMP) de Zaragoza, que contarán a partir de ahora con dos nuevas plazas cada uno destinadas a este tipo de afectados.
Estos centros estarán habilitados para acoger a hijos o familiares discapacitados que necesiten utilizar este servicio para poder disponer de tiempo por respiro familiar para uso personal, bien sea por vacaciones, para asuntos y actividades propias, así como por situaciones sobrevenidas que impidan al cuidador ocuparse de sus familiares con discapacidad.
La disposición es a tiempo parcial y se podrá utilizar durante 30 días, que podrán prorrogarse por otro periodo similar en algunos casos, por lo que podrán beneficiarse de ellas un buen número de familias.
Este nuevo Servicio de Estancias Temporales para Discapacitados Intelectuales tiene como objetivo servir de apoyo temporal a las familias que tengan miembros con estas características y serán exclusivamente en centros públicos pertenecientes al IASS.
Esta modalidad busca también que los cuidadores y familiares de personas con discapacidad tengan la posibilidad de conciliar la vida personal, laboral y familiar, con lo que se convierte en un recurso ante situaciones sobrevenidas que impiden la atención temporal de las personas con discapacidad intelectual.
«De esta forma se actúa como soporte de prevención ante el estrés familiar, favoreciendo la convivencia», ha indicado el Gobierno de Aragón.
El Banco Solidario de Mensajeros de la Paz, en el cupón de la ONCE
Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y su Fundación, y el padre Ángel, presidente y fundador de Mensajeros de la Paz, han presentado el cupón que la Organización dedica al Banco Solidario, un proyecto de Mensajeros de la Paz que pretende encauzar la colaboración de la ciudadanía en España en estos tiempos de crisis, ofreciendo un marco de encuentro y contacto entre personas que necesitan de otras y las que quieren ayudarles. Cinco millones y medio de cupones llevarán este proyecto solidario por toda España.
El Padre Ángel destacó que gracias a la ONCE el Banco Solidario va a poder darse a conocer en toda España, y llegar a toda esa gente que está deseando ayudar a los demás, ofreciéndoles quizá lo único bueno que esta crisis nos pueda dejar: conocer el valor de la solidaridad, tanto para quien la recibe, como para quien la ofrece.
Por su parte, Carballeda subrayó que la ONCE y su Fundación, que cumplen 75 y 25 años respectivamente en 2013, han apoyado toda su trayectoria en la solidaridad de la ciudadanía española y, por ello, mostró su satisfacción en sumar esfuerzos a la labor que ya realiza Mensajeros de la Paz.
“Tenemos que recordar, en estos momentos de crisis más que nunca, que en España contamos con entidades como Mensajeros de la Paz o la ONCE que estiran y estiran la solidaridad de todos para convertirla en realidades diarias de ayuda a las personas, especialmente a las personas con más necesidades”, enfatizó.
El Banco Solidario de Mensajeros de la Paz tiene como lema “Pide lo que necesites, deja lo que puedas”. Su funcionamiento es transparente, y el papel de Mensajeros de la Paz es de mero intermediario, ofreciendo el soporte técnico necesario para el funcionamiento del proyecto, que tanto para donantes como para perceptores es absolutamente gratuito. Quienes deseen conocer más sobre esta iniciativa de Mensajeros de la Paz pueden consultar www.bancosolidariomensajerosdelapaz.com.
Con este cupón, la ONCE demuestra, una vez más, su cercanía con los más desfavorecidos, ofreciendo la seña de identidad de la Organización: el cupón, para dar a conocer la labor del Banco Solidario de Mensajeros de la Paz.
Desde el 11 de mayo, el cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, 4 y 2 euros.
Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es.
* Para más información Gabinete de Prensa de la Dirección de Comunicación e Imagen de la ONCE, tfno. 91 436 53 72/89/5836. Correo electrónico: gabinetedeprensa@once.es
Getafe elimina la lista de espera de ayuda a domicilio
El alcalde de Getafe, Juan Soler, ha anunciado este domingo a través de un comunicado que «se ha puesto fin a la lista de espera para la ayuda a domicilio», que presta el Ayuntamiento en el marco de la Ley de Dependencia, entre otras razones, al eliminar personas fallecidas o que se habían trasladado a otra ciudad.
Según Soler, de este modo se cumple el objetivo que se marcó cuando accedió al Gobierno municipal, al pasar de 424 personas en lista de espera en junio de 2011 «a cero personas en julio de 2013».
En Getafe, actualmente reciben esta ayuda a domicilio 270 personas por parte de los servicios municipales del Ayuntamiento a través de la delegación de Asuntos Sociales «y esta reducción en la lista de espera responde no sólo a la eficacia y buena gestión sino también al resultado de eliminar de la misma a personas que habían fallecido o se habían marchado del municipio».
«Esta dejadez por parte del anterior Gobierno municipal impedía el buen funcionamiento del servicio y gracias a la reducción de la lista de espera se crea un nuevo escenario a través del cual desde el Ayuntamiento de Getafe se puede volver a apoyar con la ayuda a domicilio a aquellos que no tengan acceso a los recursos de apoyo de la Ley de la Dependencia, como personas mayores válidas que por motivos de soledad no llevan a cabo cuidados personales y domésticos», ha agregado.
El alcalde ha señalado que estos apoyos podrán ser temporales o de carácter más estable, en función de la valoración social que se haga de cada situación, por lo que ha indicado que los vecinos pueden acudir a su trabajador social o a la Delegación de Asuntos Sociales, en el Hospitalillo de San José para más información.
Los trabajadores de ayuda a domicilio se dedican a tareas de apoyo en la higiene y cuidado personal, ayuda a aquellos usuarios que no pueden comer por sí mismos, ayuda en la toma de medicamentos prescritos por el centro de salud, entrenamiento en la realización de actividades de la vida cotidiana, compañía tanto en el domicilio como fuera de él, y facilitar actividades de ocio en casa.
Asimismo, los empleados proceden a la limpieza de la vivienda, cocinado de alimentos, lavado, planchado y compras domésticas.
Clece organiza el simposio ‘Intervención interdisciplinar con personas mayores en situación terminal en centros residenciales’
El Centro de Alzheimer Fundación Reina Sofía, de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y gestionado por Clece, acogió el Simposio Técnico sobre intervención interdisciplinar con personas mayores en situación terminal en centros residenciales. El objetivo del simposio era el intercambio de buenas prácticas en la atención de personas mayores en situación terminal, para facilitar a los profesionales la elaboración de posibles protocolos de intervención interdisciplinar.
El foro, inaugurado por director general del Mayor, José Ramón Menéndez Aquino y la directora del Centro, Laura Fernández Pérez, contó con la asistencia de más de un centenar de profesionales de atención directa de los distintos centros residenciales de la Comunidad de Madrid.
El director general del Mayor destacó que “necesitamos que desde los centros se tenga presente a las personas en situación terminal y, de forma coordinada, se preste una adecuada atención tanto a la persona mayor como a sus familiares”. Por su parte, la directora del Centro agradeció a los participantes “su gran interés hacia un simposio con un contenido de suma importancia para los que nos dedicamos al sector”.
A lo largo de la jornada los diferentes ponentes expusieron sus experiencias en torno al tema, coincidiendo todos ellos en la importancia del trato personalizado, con un gran componente de afectividad, y sin olvidar nunca el trabajo con las familias de los enfermos.
La media de edad de los ingresados ronda los 84 años en la Comunidad de Madrid
En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la edad media de las personas mayores ingresadas en residencias ronda los 84 años, lo que supone que un porcentaje importante presente enfermedades crónicas y neurodegenerativas que evolucionan de forma progresiva hacia un mayor deterioro. Precisamente en la última fase de estos procesos degenerativos, es cuando los familiares necesitan recurrir a la institucionalización en contextos socio-sanitarios de carácter residencial, motivo por el que los profesionales de estos centros han de conocer distintas estrategias para la adecuada atención e intervención con personas mayores en situación terminal.
Una aplicación informática permite elaborar dietas personalizadas para las personas de centros de atención social
Una aplicación informática permite a la Comunidad de Madrid elaborar dietas personalizadas para los 2,7 millones de personas de los 93 centros de atención social de la región.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel y el coordinador médico asistencial de la Comunidad de Madrid, Primitivo Ramos, han visitado este lunes la residencia de mayores Vista Alegre, en el distrito de Carabanchel, para conocer la atención que se presta y comprobar la calidad de los menús que se elaboran en este centro que atiende a 126 personas.
La Comunidad de Madrid elabora cada año más de 2,7 millones de menús personalizados para los más de 7.500 usuarios que están repartidos por los 93 centros de atención social con los que cuenta el Sistema Regional de Bienestar Social en la región.
Durante su visita, González ha comprobado la aplicación informática que se utiliza para la elaboración de los menús saludables, que consumen las personas que actualmente son atendidas en los centros de atención social de la región.
Gracias a esta herramienta informática es posible confeccionar diez tipos distintos de dietas, en función de las necesidades de cada uno de los usuarios -enfermedades, restricciones, alergias o compensaciones por déficit alimentario, entre otras, y de la estación del año.
Cada tipo de régimen ha sido elaborado con el asesoramiento de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA) y de la Cátedra de Nutrición de la Universidad Complutense de Madrid. Además, los jefes de cocina de los centros sociales han recibido formación para el manejo de la aplicación informática.
Esta aplicación muestra si el menú elegido es el más adecuado en cada caso y también confirma a los profesionales de los centros si el contenido de nutrientes y el número de raciones de cada uno de los principales grupos alimenticios son correctos.
Llevar una dieta saludable ayuda a evitar o retrasar problemas cardiovasculares, de sobrepeso o enfermedades como la diabetes. González, que ha asistido también a una demostración del sistema de confección de menús, ha ayudado al jefe de cocina, Carlos Bote, a elaborar uno de los platos.
En su intervención, el presidente ha destacado que con este sistema informático se consigue que las personas tengan una alimentación correcta adecuada a sus necesidades alimentarias, pero también lograr una «gestión eficiente» de la alimentación.
NUEVO CERTIFICADO DE CALIDAD
La Comunidad de Madrid ha recibido el cuarto certificado de calidad ISO internacional para las 24 residencias de Mayores públicas de la región, dependientes de la Consejería de Asuntos Sociales.
Esta excelencia en los servicios que ofrecen los centros de atención social del Servicio Regional de Bienestar Social se demuestra con la obtención de este cuarto sello de calidad que acredita la excelencia en todos estos centros en los procesos de atención asistencial, geriátrica y farmaceútica, en la gestión de quejas y solución de problemas provenientes de todo tipo de inspecciones.
También avalan el análisis de peligros y puntos críticos de control en todo el proceso alimentario.
La mejor prueba de la calidad de la red pública regional y la de sus servicios sociosanitarios es que Madrid es la comunidad autónoma con la mayor esperanza de vida de toda España.
Además, estas certificaciones han sido concedidas por una entidad independiente de acuerdo con la norma internacional de referencia ISO 9001:2008 Internacional. La Comunidad de Madrid está realizando un esfuerzo para homogeneizar todos los cuidados que presta a las personas mayores y a las personas con discapacidad, y dispone de un sistema de calidad que está certificado y que garantiza los procesos clave en la atención.
UN TOTAL DE 21.000 PLAZAS PARA LA DISCAPACIDAD
La región cuenta con 21.000 plazas para atender las necesidades de las personas con discapacidad, desde el momento en que esta surja, ya sea desde el nacimiento o sobrevenida en la edad adulta, donde se presta una atención especializada y de calidad. Esta atención se ofrece de manera gratuita, de hecho, Madrid es la única Comunidad Autónoma que presta estos servicios gratis.
Además, la región cuenta con más de 100 centros ocupacionales para personas con discapacidad intelectual, entre residencias con centros ocupacionales y centros ocupacionales, que atienden a unas 7.000 personas. La finalidad de estos centros es el desarrollo de las habilidades profesionales, personales y sociales de las personas con discapacidad para contribuir a su integración sociolaboral.
Algunos de estos centros cuentan también con residencia para proporcionar alojamiento, manutención, atención, cuidado y apoyo personal y social para la vida diaria, y fomento de las actividades de ocio, tiempo libre y convivencia.
MÁS DE 29.000 PLAZAS PARA LOS MAYORES DE LA REGIÓN
El Gobierno regional cuenta con más de 29.0000 plazas, entre residencias y centros de día, que ofrecen una atención especializada y de calidad, de las que más de 15.000 están destinadas a los mayores más vulnerables por carencias económicas.
Asimismo, la Comunidad de Madrid desarrolla una serie de iniciativas que promueven la participación de estos madrileños y garantiza su bienestar, con el fin de prevenir situaciones de dependencia y potenciar una vida saludable y activa.
Cabe mencionar, los clubes de aficionados de fotografía, literatura, teatro o jazz, los campeonatos de ajedrez, dominó o petanca, los concursos de chotis o fotografía, así como actividades deportivas.
Según los últimos datos facilitados por el IMSERSO, la atención que la Comunidad de Madrid presta a las personas en situación de dependencia la sitúa en los puestos de cabeza de atención residencial, atención diurna, servicios de ayuda a domicilio y promoción de la autonomía personal.
Zaplana aboga por consolidar la colaboración entre sector público y privado
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha abogado hoy por «consolidar la necesaria colaboración entre las diferentes administraciones públicas y el sector privado para prestar los mejores servicios a las personas en situación de dependencia».
Según ha informado la Generalitat en un comunicado, la consellera ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de las Jornadas ‘Nuevas perspectivas en el Servicio de Ayuda a Domicilio: presente y futuro», organizadas por la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte).
Durante su intervención, ha indicado que la profesionalidad en los servicios destinados a las personas dependientes «garantiza una prestación de calidad, y el Servicio de Ayuda a Domicilio es un claro ejemplo de ello porque ofrece una atención integral y especializada a las personas que desean seguir residiendo en sus domicilios».
Durante su intervención, Sánchez Zaplana ha explicado que muchas personas con discapacidad o dependencia «pueden vivir en sus domicilios si cuentan con apoyo familiar y servicios como la teleasistencia, la ayuda a domicilio o los centros de día».
En este sentido, ha señalado que el Servicio de Ayuda a Domicilio «se adapta a las necesidades de las personas que lo solicitan y ofrece los cuidados profesionales que requieren, sin olvidar que también constituye un recurso de apoyo a las familias y a todo su entorno».
En la actualidad existen 134 empresas acreditadas para la prestación de Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunitat Valenciana.
En estos momentos en la Comunitat Valenciana más de 15.000 personas reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).
El SAD está gestionado por los Ayuntamientos y ofrece ayuda a domicilio de carácter personal, psicosocial, doméstica, técnica y complementaria. En la actualidad más de 15.000 personas de la Comunitat Valenciana se benefician de este recurso.
Asimismo, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, contempla una prestación económica vinculada al Servicio de Ayuda Domiciliaria, siempre que la atención a través de la Red de Servicios Públicos y Concertados no sea posible.
Para este año 2013, la conselleria de Bienestar Social destina 11’9 millones de euros para financiar el SAD a través de los dos sistemas.
Bienestar Social seguirá gestionando la teleasistencia en Áviles
La Comisión Informativa de Bienestar Social de Avilés dio ayer su conformidad al borrador de encomienda de gestión del Principado de Asturias para la prestación de los servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia Domiciliaria, que atienden a un total 1.050 personas.
Se trata de ciudadanos que tienen derecho a estos servicios en función de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
La consejería de Bienestar Social y Vivienda ha remitido el citado borrador a todos los ayuntamientos asturianos con el fin de encomendar la prestación de los referidos servicios, de competencia autonómica, a las distintas entidades locales.
Los servicios de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia para personas dependientes se financiarán con las aportaciones del Estado y de la Comunidad Autónoma, así como del beneficiario en función de su capacidad económica.
En Avilés, 600 personas reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio y 450 el de Teleasistencia Domiciliaria. Unos servicios que son prestados por el Ayuntamiento de Avilés a nivel municipal al amparo de la Ley de Dependencia.
Esta confirmación se produce pocos días después de que la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, anunciara la firma con los diferentes ayuntamientos de la encomienda de gestión «para la prestación de estos programas, ya que el Consejo de Gobierno autorizó los acuerdos con las entidades locales».
El Ejecutivo asturiano se compromete a abonar todos los gastos que ocasionen estos servicios a las corporaciones municipales. La ayuda a domicilio y teleasistencia a personas con dependencia reconocida son competencia de la comunidad, que determina qué personas tienen derecho a recibir las prestaciones, su intensidad y la aportación económica que les corresponde, según la normativa estatal.
En total, el Principado destinará casi once millones de euros a la prestación de los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio a personas dependientes, de los que se benefician, según los datos ofrecidos por la Consejería, 2.500 asturianos.
Bienestar Social reclama 25.000 euros a una mujer sin recursos tras retirarle la pensión
La Generalitat Valenciana reclama 25.000 euros a una mujer sin recursos tras retirarle la pensión por invalidez no contributiva que le concedió en el año 2002. La Conselleria de Bienestar Social considera que la mujer perdió el derecho a cobrar la pensión en el año 2007 porque su marido empezó a percibir un subsidio por invalidez de 625 euros. La afectada, Nieves Pozuelo, pidió ayer al titular del juzgado de lo Social número dos de Valencia que revoque la decisión de la conselleria. El abogado de la Generalitat Valenciana se opuso.
Nieves Pozuelo y su marido Bernabé Coleto, con el que lleva casada cuarenta años, subsisten gracias a las bolsas de alimentos que semanalmente les proporcionan Cáritas y una ONG latina. La pareja, que no tiene hijos, paga mensualmente 286 euros de hipoteca y con el resto del dinero hacen frente a las facturas de agua, luz, gas y comunidad. «Nos queda algo para comida. A veces compramos una carcasa de pollo para hacer caldo», aseguró Bernabé Coleto mientras esperaba a que empezara el juicio en la Ciudad de la Justicia de Valencia.
La mujer, que tiene 62 años, padece fibromialgia desde hace más de una década y ha sido operada veinticuatro veces. «Tengo reconocida una minusvalía del 67% y en el año 2002 me concedieron la pensión de invalidez no contributiva por la que cobraba 347 euros», precisó Nieves.
El marido, que ahora tiene 56 años, trabajaba como albañil, pero tuvo que dejarlo porque físicamente no aguantaba. La Administración le concedió a Bernabé una pensión de 624 euros por invalidez el 26 de febrero de 2007.
La Conselleria de Bienestar Social realizó una inspección de oficio al caso de Nieves Pozuelo en el año 2011 y llegó a la conclusión de que no tenía derecho a percibir la prestación desde que su marido comenzó a cobrar la pensión de 624 euros. La abogada del turno de oficio que asiste a la pareja explicó que la Administración entiende que la pareja supera el mínimo que les daría derecho a las dos prestaciones.
La Conselleria de Bienestar Social reclama ahora a la mujer 18.000 euros por los 347 euros mensuales que percibió entre los años 2007 y 2011 y otros 7.000 euros por intereses de demora.
La abogada de la familia interpuso una demanda contra la Generalitat en el juzgado de lo Social número dos de Valencia para que rectifique y reconozca el derecho de la mujer a cobrar la pensión no contributiva. La letrada advirtió ayer al juez encargado del caso de que la propia administración reconoció que tenía derecho. Además, la pareja desconocía que tenía la obligación de comunicar que la mujer percibía la pensión de 347 euros.
La situación está a punto de llevar a la ruina a la pareja, que carece de recursos para pagarle a la Generalitat los 25.000 euros que le reclama. «No nos negamos a pagar, pero no tenemos dinero. Nos han dicho que nos pueden embargar la mitad de nuestro piso y todavía nos quedan por pagar doce años de hipoteca», lamentó Bernabé Coleto. El matrimonio se compró un piso en la calle Síndico Mocholí de Valencia -que está situada entre el barrio de San Marcelino y La Torre- en el año 2002. La pareja todavía adeuda al banco 41.000 euros de la vivienda.
«Ahora la mitad del dinero se nos va en la hipoteca y el resto en los gastos básicos y en los seguros de la vivienda y el de deceso. No tenemos para comer», insistió Nieves.
Su marido reconoce sin avergonzarse que recoge patatas de desecho en campos de las inmediaciones de Valencia con el permiso de los agricultores para poder comer. «Son patatas picadas que quedan en el campo tras la cosecha. También todo los sábados voy a la ONG Mira -una organización colombiana- porque nos dan verdura. El otro día me dieron garbanzos y algo más», añadió Bernabé.
La pareja confía ahora en que el juez de lo Social les dé la razón y les libere de pagar los 25.000 euros que les reclama la Generalitat Valenciana por una pensión a la que creían que tenían derecho.
«Ella tenía obligación de comunicar la paga del marido»
El abogado de la Generalitat Valencia defendió ayer en el juicio que la mujer «tenía la obligación de comunicar la otra pensión» cuando su marido comenzó a cobrarla en el año 2007. El letrado advirtió al magistrado del caso de que la unidad familiar superaba los límites para tener derecho a la pensión no contributiva. «Todos los años superó el límite y por eso la Generalitat reclama lo que cobró de forma indebida entre los años 2007 y 2011», indicó el abogado de la Generalitat Valenciana en un juicio que duró cinco minutos.
Fuentes jurídicas explicaron que la Administración ha incrementado las inspecciones de oficio ante la caída de ingresos. Las mismas fuentes incidieron en que «la falta de sensibilidad de la Generalitat puede abocar a la ruina» a familias como la de Nieve Pozuelo y Bernabé Coleto que carecen de recursos y de posibilidad de generarlos por sus limitaciones físicas. Bernabé Coleto aseguró que la Generalitat ya les ha enviado cartas comunicándoles que les embargarán si en las próximas semanas no hacen frente al pago de 25.000 euros que les reclaman. «Yo no tengo hijos, pero me gustaría que mis sobrinos pudieran heredar mi casa cuando muramos. No sé qué va a pasar ni qué vamos a hacer», admitió.
Especialistas en atención socio-sanitaria abogan por colaboración entre hospitales y residencias para garantizar la atención a 600 crónicos
Estos protocolos disminuirían indirectamente las demoras y la presión asistencial en urgencias por falta de camas disponibles, según Marcos Penadés.
Aecas y Ciegs proponen la derivación de los pacientes para terapias de rehabilitación mientras no se disponga de la red mínima hospitalaria para éstos pacientes.
Especialistas en atención socio-sanitaria y gestión de recursos sanitarios defienden extender la colaboración entre hospitales y residencias para garantizar la atención de los más de 600 enfermos crónicos que no disponen de la plaza prevista en el Plan integral de atención sanitaria a las personas mayores y a los enfermos crónicos en la Comunidad Valenciana.
Las experiencias previas demuestran que, en el periodo transitorio que requerirá la habilitación de nuevos hospitales para completar la red de diez centros prevista por el Gobierno Valenciano, las residencias pueden adoptar un papel esencial para agilizar la disponibilidad de camas hospitalarias, proporcionándoles así más movilidad en sus estancias, disminuyendo indirectamente las demoras y la presión asistencial en urgencias por falta de camas disponibles, según el presidente de la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas, Marcos Penadés.
La carencia de estas plazas supone que el paciente no pueda iniciar procesos de rehabilitación integral en un lugar terapéutico adecuado a sus condiciones socio-sanitarias, al tiempo que se dificulta la proximidad del paciente a su entorno, ya que sólo hay seis centros que puedan cumplir esta función en nuestra autonomía, frente a las más de 60 residencias disponibles en todo el territorio, que podrían actuar como apéndices de centro hospitalario y extender las terapias de rehabilitación en pro de la recuperación del paciente y la mejora de su calidad de vida.
En este sentido, el presidente de la Red pública concertada de la dependencia ha recordado que, según el citado Plan integral, deberían de existir 10 Hospitales de atención a pacientes crónicos y larga estancia (Hacle) en nuestra autonomía, pero que, a fecha de hoy, sólo hay 6 habilitados, lo que, con una media de 150 plazas cada uno, no cubren las 1.500 previstas para dar una cobertura mínima autonómica.
De hecho, y según estudios del Centro de Investigación en Economía y Gestión de la Salud (CIEGS) de la Universidad Politécnica de Valencia, no se cumple el ratio de un hospital de agudos por cada 500.000 habitantes, lo que significa que se carece de más de 600 plazas para los enfermos crónicos. Por ello, Marcos Penadés incide en que es imprescindible ampliar la colaboración entre hospitales y residencias para cubrir estas necesidades inminentes, y que el paciente crónico hospitalario pueda transferirse a las unidades geriátricas de recuperación funcional para llevar a cabo su rehabilitación.
Menos reingresos
En este sentido, Penadés explica que las experiencias previas realizadas en centros de Alzira y San Vicente del Raspeig han permitido que el Centro de Investigación en Economía y Gestión de la Salud evalúe el impacto sobre los enfermos crónicos y de larga estancia, confirmando las previsiones que indican que este modelo de coordinación socio-sanitaria favorece la disminución de la tasa de reingreso respecto a la media hospitalaria, al tiempo que se han contrastado resultados positivos tanto a nivel clínico, de satisfacción de pacientes y de costes.
Para el portavoz de la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas, el éxito de este modelo se centra en tres magnitudes; la disponibilidad de un equipo multidisciplinar integrado por personal hospitalarios y residencial, las instalaciones adaptadas y con equipos de última generación para rehabilitación, y la concreción de los criterios de derivación y procedimiento de coordinación, esto es, que siga siendo el hospital quien gestiona las altas, ingresos y evolución de los pacientes, así como el control y suministro de los medicamentos.
De esta forma, favorecemos que los enfermos crónicos dispongan de un tratamiento agudo de urgencia y, posteriormente, de un periodo de rehabilitación y reintegración en sus dinámicas social pautado y progresivo, con lo que se reducen las recaídas, la ocupación de camas hospitalarias para agudos y los costes del tratamiento, mejorando la eficiencia del gasto público sanitario sin necesidad de recortes.
No olvidemos que, en la actualidad, existen cerca de 800.000 personas mayores de 65 años con riesgo de padecer enfermedades crónicas, según el presidente de la Red pública concertada de atención a la dependencia, que incide en que el envejecimiento de la población provocará en breve un incremento de la cantidad de pacientes crónicos, lo que generará la necesidad de ampliar los recursos de atención socio-sanitaria. De hecho, alrededor del 80% de los recursos sanitarios están dedicados a personas mayores de 65 años, apostilla Penadés.
Aprobado el decreto que regula el Comité de Ética en Intervención Social del Principado
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regulará el Comité de Ética en Intervención Social, un órgano multidisciplinar, de carácter consultivo y asesor, que mejorará la calidad en la intervención social.
Este comité se encargará de analizar y asesorar en la resolución de posibles conflictos éticos, en los ámbitos de intervención de servicios sociales; de orientar en la elaboración de documentos de buena praxis o protocolos de actuación, desde el punto de vista ético, y en potenciar la formación en ética asistencial de los profesionales de los servicios sociales.
Un rasgo distintivo del futuro comité de ética en Servicios Sociales lo constituye la apuesta por la participación y la búsqueda de la pluralidad a lo largo de todo el proceso. Profesionales diversos, de distintos sectores, de distintas disciplinas, de la atención directa y de la gestión, del ámbito público y privado, han participado en este proceso. Un espíritu que permanecerá en la composición final de los miembros que integren este primer comité.
Por tanto, el Comité de Ética en Intervención Social se configura como un recurso para facilitar la reflexión y deliberación, orientando prácticas concretas que ayuden a la toma de decisiones óptimas y prudentes en aquellos casos donde convergen diversidad de perspectivas y opiniones entre todas las partes implicadas, como son los profesionales, personas usuarias, familias, entidades e instituciones, así como otros agentes sociales.
En definitiva, su papel debe de ser el de constituir un foro de deliberación, multidisciplinar e independiente, al servicio de la calidad asistencial y del bienestar de las personas usuarias de los servicios sociales, contribuyendo a la adopción de decisiones de calidad en supuestos complejos en que se presentan conflictos de diversos valores o derechos de las personas implicadas.
Fuente: http://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.07ff9aff07894a25ffdfb2c5f2300030/?vgnextoid=5c2da4e82fbce310VgnVCM10000098030a0aRCRD&vgnextchannel=123d6a6227cdd210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.http.lang=es
Los mayores madrileños podrán elegir residencia concertada libremente
La Comunidad de Madrid ha acordado que una parte de las plazas residenciales concertadas para personas mayores dependientes puedan ser elegidas libremente por los usuarios para facilitar a las familias cambiarse de centro si no están cómodas donde están, según ha explicado el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria.Estas medidas afectan a 4.708 plazas en residencias de mayores, con un coste total de 179,2 millones de euros, según ha explicado Victoria en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Además, el consejero ha señalado que esta libertad de centro se va a implantar de forma gradual, a partir del mes de agosto, y que si los usuarios no solicitan traslado alguno, continuarán recibiendo la atención en el mismo centro que tenían hasta ahora.
Victoria ha destacado que se «animará» a las residencias a una «sana competencia» en la medida en que si los usuarios deciden que no están recibiendo los servicios que estiman oportunos, los centros dejarán de tener las plazas concertadas por la Comunidad de Madrid.
Con este acuerdo marco, se unificarán los contratos de todas las residencias con la Administración. Concretamente, afectará a las plazas concertadas de financiación total, destinadas a personas mayores dependientes que tienen las rentas más bajas.
Los nuevos contratos se formalizarán en base a la disponibilidad presupuestaria anual, correcta ejecución de los contratos, preferencias de los usuarios, ofertas económicas y necesidades de ordenación de la red pública. En el Acuerdo se enmarcarán más de 200 contratos existentes en la actualidad.
La adjudicación anual de los contratos que estén dentro de este Acuerdo Marco se realizará de forma simplificada y sin necesidad de someterlos a un nuevo concurso. Con esta fórmula se logra la continuidad del servicio, el ajuste de plazas adjudicadas a cada centro en función de las demandas de los usuarios y la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio.
La Comunidad de Madrid está preparando un segundo Acuerdo Marco para plazas concertadas de financiación parcial.
Requisitos de las residencias
Los centros que, estando autorizados, cumplan los requisitos de solvencia económica y técnica podrán incorporarse a este Acuerdo Marco. Los residencias que quieran participar tendrán que haber gestionado de forma continuada, al menos, una residencia en los tres años anteriores por un tiempo no inferior a nueve meses. Además, tendrán que ofertar como mínimo 15 plazas.
Asimismo, tendrán que prestar los siguientes servicios de forma ininterrumpida durante las 24 horas del día los 365 días del año: el alojamiento, que incluirá el uso de una habitación y zonas de convivencia, la manutención, la ropa de cama, de mesa, de aseo así como el lavado, repasado y planchado de la ropa personal.
También deberán comprometerse a la promoción de la integración y participación en la vida del centro, la animación sociocultural y las relaciones con las familias de los usuarios. También se tienen que hacer cargo del control y la protección del usuario, incluyendo todas las actividades encaminadas a la seguridad y salvaguarda de su integridad personal, como el aseo, la higiene personal, el cambio de pañales, vestido, etc.
El Principado edita una guía sobre Confidencialidad en Servicios Sociales
La Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias acaba de publicar una novedosa guía sobre Confidencialidad en Servicios Sociales
La guía, Confidencialidad en Servicios Sociales, es el primer título de la Serie Ética y Servicios Sociales. Ha sido elaborada por un grupo interdisciplinar de profesionales que trabajan en distintos ámbitos (infancia, servicios sociales de base, inclusión social, personas mayores y personas con discapacidad). . Ofrece, además de una primera parte introductoria que plantea cuestiones conceptuales en relación a este tema, una serie de recomendaciones surgidas de la reflexión sobre cómo proteger la confidencialidad desde una buena praxis profesional en la intervención social.
El trabajo ha sido coordinado desde la Sección de Calidad de dicha Consejería. El documento se puede descargar libremente en el siguiente enlace del portal del Principado de Asturias, dentro del apartado dedicado a Calidad en Servicios Sociales, espacio donde además se recogen otros materiales y documentos de gran interés.
Mayo 2013
El Gobierno extremeño contratará por 6,8 millones la gestión de cien plazas para atención a dependencia tipo tres
El Gobierno extremeño contratará por un importe total de 6.837.480 euros la gestión, durante cuatro años, del servicio de estancias de cuidados personales y atención a situaciones de dependencia, modalidad Tipo Tres (T3), para las 100 plazas que quedaron desiertas en la licitación pública realizada en julio de 2012.
El Consejo de Gobierno ha autorizado al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) para contratar, mediante el procedimiento negociado sin publicidad, la gestión de este servicio.
Según explica el Ejecutivo regional en nota de prensa, el servicio público de cuidados personales y atención a situaciones de dependencia, estancias T3, tiene por objeto la «prestación de cuidados integrales a personas en situación de dependencia que poseen un bajo nivel de autonomía y necesitan cuidados o supervisión prolongados», dentro de un entorno residencial, «con intervención sanitaria puntual, ante la inadecuación o inexistencia de una red social de apoyo suficiente».
Con esta autorización se pretende completar la oferta de 778 plazas que se ofertaron en el año 2012, de las que 100 no fueron adjudicadas en la licitación pública realizada.
El importe de la contratación para este centenar de plazas asciende a 6.837.480 euros, más 4.102 euros para traslados, por un periodo de cuatro años.
PLAZAS PARA MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la celebración de convenios con los ayuntamientos de Villanueva de la Vera, Lobón y La Coronada para el mantenimiento de 48 plazas para personas mayores en situación de dependencia en centros de día y residenciales.
El presupuesto global que la Consejería de Salud y Política Social destinará a estos convenios, a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, se eleva a 432.800 euros.
En concreto, el Ayuntamiento de Villanueva de la Vera recibirá una subvención de 310.800 euros para el mantenimiento de 28 plazas en el centro residencial de titularidad municipal.
Además, el Ayuntamiento de La Coronada se concederán 61.000 euros para el mantenimiento de 10 plazas en su centro de día y al de Lobón la misma cuantía también para el mantenimiento de una decena de plazas en el centro de día de titularidad municipal.
AYUDA A DOMICILIO
Finalmente, el Ejecutivo regional ha autorizado la firma de convenios con once ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para el mantenimiento y financiación, con una cuantía global de 955.283,97 euros, del servicio de ayuda a domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Estos convenios, por los que se articula una subvención para el mantenimiento de este servicio, se celebrarán entre la Consejería de Salud y Política Social, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia y los consistorios.
Se trata de Casar de Cáceres, que recibirá una subvención de 60.509,38 euros; Arroyo de la Luz (82.030,75 €) ; Campanario (68.618,88 €); Cabeza del Buey (69.320,66 euros); Jaraíz de la Vera (82.966,46 euros); Guareña (91.699,78 euros); Coria (160.942,46 euros); Llerena (72.829,58 euros); Calamonte (75.870,65 euros); Miajadas (126.087,19 euros), y Quintana de la Serena (64.408,18 euros).
Ayuntamiento de Madrid asume la ayuda a domicilio de los dependientes
El Ayuntamiento de Madrid asume la totalidad de la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de los dependientes de la ciudad de la mano del primer acuerdo en materia de duplicidades alcanzado con la Comunidad de Madrid, que entrará en vigor el 1 de mayo.
Para ello, la Junta de Gobierno, presidida por la alcaldesa, Ana Botella, ha aprobado este jueves una modificación del contrato de gestión de este servicio, en la modalidad de Auxiliar Domiciliario. En total el número de personas dependientes derivadas por la Comunidad de Madrid se eleva a 4.348, de las cuales 3.778 son mayores, y 570 tienen alguna discapacidad.
La modificación implica un suplemento de crédito de 36 millones de euros para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2013 y el 31 de diciembre de 2013. La atención a las personas dependientes se está realizando desde el día 1 de enero, sin interrupción, con cargo a los 18 millones ya previstos para el plazo enero-abril de 2013.
El portavoz del Gobierno municipal, Enrique Núñez, ha subrayado en rueda de prensa que es la primera vez, desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, que el Ayuntamiento asume la totalidad de la gestión del SAD en el municipio de Madrid.
El hecho de que una única Administración se ocupe de la gestión redundará en la «eficiencia de la prestación y garantizará la homogeneidad en los servicios públicos ofrecidos a los madrileños, tanto en cuanto al acceso y el contenido del mismo, como en cuanto a sus estándares de calidad», en palabras de Núñez.
El Ayuntamiento de la capital y la Comunidad suscribieron el 31 de diciembre de 2012 el convenio de colaboración para la atención a las personas en situación de dependencia y el desarrollo de otros programas de atención social para este 2013, en el que se establece que el Gobierno regional aportaba la cantidad de 54,5 millones de euros para la financiación del SAD para las personas declaradas dependientes. Con esta aportación, se dispone de 122.625.000 euros para todo el periodo de vigencia del contrato.
PERFIL DEL USUARIO
El Servicio de Ayuda a Domicilio se dirigirá a personas que han cumplido 65 años, menores de esta edad con discapacidad, menores de 18 años pertenecientes a familias con necesidades especiales y dificultades para su atención. Como novedad, a partir de la modificación que ha aprobado la Junta de Gobierno, también atenderá a personas con grado de dependencia reconocido y en cuyo programa individualizado de atención (PIA) figura el SAD como servicio a recibir.
Con el incremento de presupuesto, el área de Familia y Servicios Sociales, capitaneado por Dolores Navarro, estima que se podrán prestar un máximo de 3.179.423 horas en cada uno de los años 2013 y 2014, y 794.856 horas durante los meses de enero a marzo del año 2015.
El Ayuntamiento de Madrid realiza evaluaciones periódicas de sus servicios y ha registrado que la nota de satisfacción por parte de los usuarios del servicio es de 8,7 puntos sobre 10 en la última evaluación de 2012. Algunos de los aspectos mejor valorados por los usuarios son trato y actitud por parte de los profesionales que lo atienden, la ejecución y los tipos de prestación y la puntualidad en el servicio.
Los colegios vascos de trabajo social piden dar prioridad el bienestar social
Los colegios oficiales de Trabajo Social del País Vasco han reclamado hoy «a todas las personas con cargos de responsabilidad» en esta materia que den prioridad «el bienestar social y los derechos de las personas, familias y ciudadanía en general».
Los colegios de trabajo Social de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava hacen este emplazamiento en una nota que han hecho pública con motivo de la celebración mañana del Día Internacional del Trabajo Social.
En su comunicado, estas entidades recuerdan que la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) «en la mayoría de las oficinas de Lanbide» está siendo «muy lenta en su resolución», ya que «en muchos casos» es preciso «esperar hasta más de seis meses», «sin tiempo para realizar un acompañamiento personalizado de cara a hacer un diagnóstico para su inserción más adecuada».
Denuncian asimismo que el Anteproyecto de Ley sobre «racionalización y sostenibilidad de la Administración local», que «está actualmente en la agenda política», «elimina de lleno el derecho a la cobertura de servicios sociales básicos» y no garantizará «servicios que se vienen ofreciendo a la población» como la ayuda a domicilio, la prevención e intervención familiar en casos de riesgo de maltrato, el acompañamiento en procesos de inclusión, y la atención a personas con discapacidad y dependencia, entre otros.
En cuanto a los profesionales de Trabajo Social, los colegios vascos consideran «de gran importancia» su preparación de forma integral para un ejercicio de calidad ya que «se trata de una disciplina que requiere la adquisición de conocimientos teórico-prácticos, así como de la investigación científica en todos sus ámbitos, garantizando así una atención a la ciudadanía acorde con las transformaciones sociales, el bienestar y la igualdad económica y social».
