Archivo diario: 25 enero, 2013

Demolición de la Ley de Dependencia: Las ayudas caen a la mitad en cuatro años

Publicado 25 enero, 2013 | Por manel

Dependientes

«La ley de Dependencia se encuentra en una fase de retroceso y demolición». Así de tajante se mostró el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, durante la presentación del informe sobre el desarrollo de esta normativa. Y es que la ley considerada como el cuarto pilar del Estado del bienestar sufre serios problemas de financiación. En el estudio se denuncian recortes presupuestarios de 850 millones de euros en el último año, el aumento del plazo para recibir la prestación -supera los dos años legales- y una disminución en la lista de espera de beneficiarios debido a la falta de reposición tras los fallecimientos y los cambios de baremos que han «expulsado» a los dependientes moderados.

Una de las principales (si no la principal) disputa entre comunidades autónomas y Gobierno en las reuniones sobre Dependencia se resume en una pregunta: ¿Quién sufraga la ley? En el informe la respuesta está clara. «El Estado ha decidido retirarse de esta ley», lamentó Ramírez. Y es que la aportación del Gobierno central se ha reducido casi a la mitad en cuatro años. Ha pasado de un 39,2% en 2009 a un 21,4% en 2012.Esto supone que el Estado aportó 1.404 millones de euros de los 6.570 millones totales en el último ejercicio. Esta importante reducción ha tenido que ser asumida por las comunidades autónomas, muy maltrechas económicamente y obligadas a duros ajustes para cumplir con el objetivo de déficit. Los gobiernos regionales han pasado de aportar un 50,8% en 2009 a un 62,6% en 2012. Es decir, hasta 4.114 millones del total. También deben pagar más los propios usuarios a través de un copago que ya supone un 16% de la financiación de la normativa, cuando en 2009 era solo un 10%. «Se está demoliendo desde la falacia de que la ley es insostenible», mantiene el informe.

Otra de las polémicas tiene que ver con el denominado ‘limbo de la Dependencia’, es decir, la lista de espera de los beneficiarios. El Gobierno anunció hace unas semanas que los dependientes con derecho a una prestación económica que todavía no la habían recibido se redujeron en seis puntos porcentuales en 2012. Pasaron de un 29% a un 23%. Esto supone 230.000 personas figuran en la lista de espera. Sin embargo, según criticó Ramírez, esta disminución se debe a la eliminación de algunas subdivisiones de los grados de dependencia. El Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales afirmó en su momento, que este cambio obedecía a motivos de simplificación para mejorar la gestión de los recursos. Desde esta asociación aseguran que con ese cambio muchos casos pasaron a contemplarse como moderados y, por tanto, retrasadas las ayudas hasta 2015. Y es que el Ejecutivo también retrasó hasta ese año la ayuda a los dependientes moderados. «Es un espejismo estadístico producido por las personas que perdieron el derecho a ser atendidos», afirmó Ramírez.

Menos grandes dependientes

El Gobierno siempre ha mantenido que la finalidad de todas las modificaciones legales era priorizar los recursos en tiempos de crisis y primar a los grandes dependientes frente a los moderados. Sin embargo, según el estudio, todas las comunidades autónomas redujeron el número de beneficiarios más graves en el último año salvo Madrid. Pero ha habido más cambios. «El decreto aprobado por el Gobierno en julio supuso la demolición controlada de la propia ley», explicó el presidente de la asociación. Y ha puesto como ejemplo el pago de las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores familiares. El Ministerio de Sanidad se encargaba de abonar esas cotizaciones, pero con el decreto dejó de hacerlo. De esta forma se ha dejado sin cotización a la Seguridad Social en el convenio especial a 146.000 cuidadores.

En cualquier caso, el desarrollo de la normativa es muy dispar en función de cada comunidad autónoma. El informe destaca la labor sobresaliente de Castilla y León y la notable de País Vasco, Andalucía y La Rioja. Las peores notas son para la Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Murcia y Madrid.

El estudio también destaca la repercusión productiva de la normativa. «Gracias a esta ley se han creado 200.000 puestos de trabajo», aseguró Ramírez. Según sus datos, por cada millón de euros invertidos en Dependencia se generan 30 puestos de trabajo «estables y no deslocalizables». Además, los retornos directos a las arcas públicas se estiman en 1.371 millones.

Leer noticia.

 

Gipuzkoa extiende la aplicación de la Ley de Dependencia

Publicado 25 enero, 2013 | Por manel
Diputación GuipuzkoaMientras la Ley de Dependencia se resquebraja por los recortes en algunas comunidades, en Gipuzkoa la Diputación ha decidido extender su aplicación, en lugar de meter la tijera. En concreto, 12.442 guipuzcoanos valorados como dependientes severos (grado II) y moderados (grado I, nivel 2) podrán acogerse al derecho a percibir la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP), hasta ahora limitada a los grandes dependientes (grado III). Esta ayuda económica, de entre 300 y 462 euros al mes en función del nivel de dependencia, está pensada para sufragar la contratación de un asistente personal –sin lazos de parentesco– que facilite la estancia autónoma en el propio domicilio, «con el fin de retrasar lo más posible su acceso a otro tipo de recursos, como los residenciales», explica el diputado de Política Social, Ander Rodriguez. El Consejo de Diputados aprobará este martes el decreto foral que regula esta ampliación. Las solicitudes pueden empezar a tramitarse ya en los servicios sociales municipales. La ayuda podrá cobrarse con carácter retroactivo al mes de septiembre.
En la actualidad, 1.190 personas ya cobran esta ayuda mensual, lo que representa el 10% del total de beneficiarios de prestaciones económicas por dependencia, un total de 11.609 personas en Gipuzkoa, según datos actualizados a diciembre de 2012. Con la extensión de la prestación, la Diputación prevé que se generen 163 nuevos contratos de asistente personal este año y supondrá un desembolso anual de 600.000 euros en el presupuesto para la dependencia.

«Potencia esta prestación»

Otro de los efectos previsibles es un trasvase de los actuales perceptores de la prestación económica por el cuidado en el entorno familiar (PECE) a la prestación por contratar a un asistente personal, ya que la cuantía que se recibe es mayor, 120 euros más de media al mes (consultar la ficha de datos).
GipuzkoaLas prestaciones económicas para familiares que cuidan de una dependiente se pensaron en la ley como una fórmula excepcional y, sin embargo, se han convertido en la norma habitual. Nueve de cada diez perceptores de una ayuda económica por dependencia se han acogida a esta fórmula, que suponen a su vez el 31% de los recursos sociales destinados a este colectivo.
«La cuantía es más atractiva y puede haber familias a las que les convenga contratar un asistente personal para que la persona hasta ahora cuidadora en el entorno tenga otras opciones, como por ejemplo, incorporarse al mercado laboral o a una formación, ya que dispondrá de una ayuda para que una profesional ejerza el cuidado de su familiar dependiente», explican desde el Departamento foral de Política Social. Hay que tener en cuenta que las prestaciones económicas son incompatibles entre sí, es decir no son acumulables, pero sí compatibles con algunos servicios.
Gipuzkoa es el único territorio hasta la fecha que mueve ficha en este sentido. Lo hace en virtud de sus competencias en materia de política social, acogiéndose a una «interpretación extensiva» de la ley y del real decreto aprobado por el Gobierno central el pasado mes de julio, que recortaba prestaciones y frente al cual se ha postulado la Diputación. Este decreto abría la puerta a recibir la ayuda para contratar a un asistente personal a los dependientes valorados con un grado II (dependientes severos), a los que se unen los del siguiente nivel por propia decisión foral. «Queremos potenciar esta prestación», resume el diputado de Política Social, con la intención de reforzar «las políticas para que la persona dependiente pueda seguir viviendo en su propio domicilio».
Una de esas herramientas es la prestación para la contratación de un asistente personal en el hogar pero que, sin embargo, apenas ha tenido demanda en el conjunto de las comunidades autónomas. Del total de prestaciones concedidas en España, esta modalidad apenas representa el 0,3% del total (1.304 de 497.095 perceptores). Pues bien, de esa pequeña proporción prácticamente la totalidad de ayudas ha sido tramitada en Euskadi, y en concreto en Gipuzkoa.

El 70% de la inversión social

La aplicación de la Ley de Dependencia, que entró en vigor en 2007, se planteó de forma progresiva. A día de hoy, queda pendiente la inclusión de los dependientes más leves, los valorados con el Grado I nivel 1 (5.049 personas en Gipuzkoa), que sí pueden acceder a servicios, pero no a prestaciones económicas. La norma original contemplaba que lo hicieran a partir del año 2013-2014, pero el decreto aprobado en julio del año pasado por el Gobierno de Mariano Rajoy atrasó su entrada hasta el 1 de julio de 2015.
La aplicación de la ley supone en Gipuzkoa un gasto anual de 227 millones de euros, el 70% del presupuesto de Política Social y el 30% de las cuentas forales. El Gobierno central financia una mínima parte, que no llega al 10% del gasto. La mayor parte del desembolso (174 millones) se dedica a los servicios para personas con discapacidad y personas mayores (residencias, centros de día, ayuda domiciliaria), mientras que las prestaciones económicas ascienden a 46 millones.
Para compensar los recortes de un 15% en las cuantías que aprobó el Gobierno central, la Diputación deberá desembolsar 10 millones de euros más al año, de forma que los beneficiarios no salgan operjudicados.

El creciente peso de las prestaciones económicas

Al menos en términos de gasto, las prestaciones económicas en el marco del sistema de servicios sociales están cobrando un «creciente protagonismo» frente a los servicios de atención directa (residenciales, domiciliarios o centros de día), tal y como subraya el Plan Estratégico de Servicios Sociales 2011-2014, elaborado por el Gobierno Vasco.
Los datos del II Informe del Consejo Vasco de Servicios Sociales, el último en ser publicado, manifiestan que en el conjunto de Euskadi, entre 2008 y 2009, el 69% de personas atendidas en el sistema son perceptores de una ayuda económica (de atención a la dependencia o de lucha contra la pobreza), y solo el 31% recibe servicios de atención directa. Una década antes, en 1999, el porcentaje de perceptores de prestaciones económicas era del 48%.
En el mismo informe, cuya actualización está prevista, indican que el porcentaje de personas con dependencia residentes en sus hogares que reciben servicios de atención pública en Euskadi, concertada o mixta, se ha reducido entre 2006 y 2010 (del 20% al 16% del total), mientras las prestaciones económicas de atención a la dependencia llegan al 20% de esa población.
La creciente preponderancia de las prestaciones económicas también puede analizarse desde el punto de vista del gasto, reflejan en el informe: el 48% de todo el incremento en el gasto público per cápita en servicios sociales experimentado entre 2008 y 2009 se debe exclusivamente a las dos principales prestaciones económicas, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la prestación económica para cuidados en el entorno familiar (Pecef) de la Ley de Dependencia. Mientras el crecimiento de estas dos partidas ha sido entre 2008 y 2009 del 40%, el resto de las partidas han crecido en un 10%.