Demolición de la Ley de Dependencia: Las ayudas caen a la mitad en cuatro años

Dependientes

«La ley de Dependencia se encuentra en una fase de retroceso y demolición». Así de tajante se mostró el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, durante la presentación del informe sobre el desarrollo de esta normativa. Y es que la ley considerada como el cuarto pilar del Estado del bienestar sufre serios problemas de financiación. En el estudio se denuncian recortes presupuestarios de 850 millones de euros en el último año, el aumento del plazo para recibir la prestación -supera los dos años legales- y una disminución en la lista de espera de beneficiarios debido a la falta de reposición tras los fallecimientos y los cambios de baremos que han «expulsado» a los dependientes moderados.

Una de las principales (si no la principal) disputa entre comunidades autónomas y Gobierno en las reuniones sobre Dependencia se resume en una pregunta: ¿Quién sufraga la ley? En el informe la respuesta está clara. «El Estado ha decidido retirarse de esta ley», lamentó Ramírez. Y es que la aportación del Gobierno central se ha reducido casi a la mitad en cuatro años. Ha pasado de un 39,2% en 2009 a un 21,4% en 2012.Esto supone que el Estado aportó 1.404 millones de euros de los 6.570 millones totales en el último ejercicio. Esta importante reducción ha tenido que ser asumida por las comunidades autónomas, muy maltrechas económicamente y obligadas a duros ajustes para cumplir con el objetivo de déficit. Los gobiernos regionales han pasado de aportar un 50,8% en 2009 a un 62,6% en 2012. Es decir, hasta 4.114 millones del total. También deben pagar más los propios usuarios a través de un copago que ya supone un 16% de la financiación de la normativa, cuando en 2009 era solo un 10%. «Se está demoliendo desde la falacia de que la ley es insostenible», mantiene el informe.

Otra de las polémicas tiene que ver con el denominado ‘limbo de la Dependencia’, es decir, la lista de espera de los beneficiarios. El Gobierno anunció hace unas semanas que los dependientes con derecho a una prestación económica que todavía no la habían recibido se redujeron en seis puntos porcentuales en 2012. Pasaron de un 29% a un 23%. Esto supone 230.000 personas figuran en la lista de espera. Sin embargo, según criticó Ramírez, esta disminución se debe a la eliminación de algunas subdivisiones de los grados de dependencia. El Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales afirmó en su momento, que este cambio obedecía a motivos de simplificación para mejorar la gestión de los recursos. Desde esta asociación aseguran que con ese cambio muchos casos pasaron a contemplarse como moderados y, por tanto, retrasadas las ayudas hasta 2015. Y es que el Ejecutivo también retrasó hasta ese año la ayuda a los dependientes moderados. «Es un espejismo estadístico producido por las personas que perdieron el derecho a ser atendidos», afirmó Ramírez.

Menos grandes dependientes

El Gobierno siempre ha mantenido que la finalidad de todas las modificaciones legales era priorizar los recursos en tiempos de crisis y primar a los grandes dependientes frente a los moderados. Sin embargo, según el estudio, todas las comunidades autónomas redujeron el número de beneficiarios más graves en el último año salvo Madrid. Pero ha habido más cambios. «El decreto aprobado por el Gobierno en julio supuso la demolición controlada de la propia ley», explicó el presidente de la asociación. Y ha puesto como ejemplo el pago de las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores familiares. El Ministerio de Sanidad se encargaba de abonar esas cotizaciones, pero con el decreto dejó de hacerlo. De esta forma se ha dejado sin cotización a la Seguridad Social en el convenio especial a 146.000 cuidadores.

En cualquier caso, el desarrollo de la normativa es muy dispar en función de cada comunidad autónoma. El informe destaca la labor sobresaliente de Castilla y León y la notable de País Vasco, Andalucía y La Rioja. Las peores notas son para la Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Murcia y Madrid.

El estudio también destaca la repercusión productiva de la normativa. «Gracias a esta ley se han creado 200.000 puestos de trabajo», aseguró Ramírez. Según sus datos, por cada millón de euros invertidos en Dependencia se generan 30 puestos de trabajo «estables y no deslocalizables». Además, los retornos directos a las arcas públicas se estiman en 1.371 millones.

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