Mientras la Ley de Dependencia se resquebraja por los recortes en algunas comunidades, en Gipuzkoa la Diputación ha decidido extender su aplicación, en lugar de meter la tijera. En concreto, 12.442 guipuzcoanos valorados como dependientes severos (grado II) y moderados (grado I, nivel 2) podrán acogerse al derecho a percibir la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP), hasta ahora limitada a los grandes dependientes (grado III). Esta ayuda económica, de entre 300 y 462 euros al mes en función del nivel de dependencia, está pensada para sufragar la contratación de un asistente personal –sin lazos de parentesco– que facilite la estancia autónoma en el propio domicilio, «con el fin de retrasar lo más posible su acceso a otro tipo de recursos, como los residenciales», explica el diputado de Política Social, Ander Rodriguez. El Consejo de Diputados aprobará este martes el decreto foral que regula esta ampliación. Las solicitudes pueden empezar a tramitarse ya en los servicios sociales municipales. La ayuda podrá cobrarse con carácter retroactivo al mes de septiembre.

En la actualidad, 1.190 personas ya cobran esta ayuda mensual, lo que representa el 10% del total de beneficiarios de prestaciones económicas por dependencia, un total de 11.609 personas en Gipuzkoa, según datos actualizados a diciembre de 2012. Con la extensión de la prestación, la Diputación prevé que se generen 163 nuevos contratos de asistente personal este año y supondrá un desembolso anual de 600.000 euros en el presupuesto para la dependencia.

Otro de los efectos previsibles es un trasvase de los actuales perceptores de la prestación económica por el cuidado en el entorno familiar (PECE) a la prestación por contratar a un asistente personal, ya que la cuantía que se recibe es mayor, 120 euros más de media al mes (consultar la ficha de datos).

Las prestaciones económicas para familiares que cuidan de una dependiente se pensaron en la ley como una fórmula excepcional y, sin embargo, se han convertido en la norma habitual. Nueve de cada diez perceptores de una ayuda económica por dependencia se han acogida a esta fórmula, que suponen a su vez el 31% de los recursos sociales destinados a este colectivo.

«La cuantía es más atractiva y puede haber familias a las que les convenga contratar un asistente personal para que la persona hasta ahora cuidadora en el entorno tenga otras opciones, como por ejemplo, incorporarse al mercado laboral o a una formación, ya que dispondrá de una ayuda para que una profesional ejerza el cuidado de su familiar dependiente», explican desde el Departamento foral de Política Social. Hay que tener en cuenta que las prestaciones económicas son incompatibles entre sí, es decir no son acumulables, pero sí compatibles con algunos servicios.

Gipuzkoa es el único territorio hasta la fecha que mueve ficha en este sentido. Lo hace en virtud de sus competencias en materia de política social, acogiéndose a una «interpretación extensiva» de la ley y del real decreto aprobado por el Gobierno central el pasado mes de julio, que recortaba prestaciones y frente al cual se ha postulado la Diputación. Este decreto abría la puerta a recibir la ayuda para contratar a un asistente personal a los dependientes valorados con un grado II (dependientes severos), a los que se unen los del siguiente nivel por propia decisión foral. «Queremos potenciar esta prestación», resume el diputado de Política Social, con la intención de reforzar «las políticas para que la persona dependiente pueda seguir viviendo en su propio domicilio».

Una de esas herramientas es la prestación para la contratación de un asistente personal en el hogar pero que, sin embargo, apenas ha tenido demanda en el conjunto de las comunidades autónomas. Del total de prestaciones concedidas en España, esta modalidad apenas representa el 0,3% del total (1.304 de 497.095 perceptores). Pues bien, de esa pequeña proporción prácticamente la totalidad de ayudas ha sido tramitada en Euskadi, y en concreto en Gipuzkoa.

La aplicación de la Ley de Dependencia, que entró en vigor en 2007, se planteó de forma progresiva. A día de hoy, queda pendiente la inclusión de los dependientes más leves, los valorados con el Grado I nivel 1 (5.049 personas en Gipuzkoa), que sí pueden acceder a servicios, pero no a prestaciones económicas. La norma original contemplaba que lo hicieran a partir del año 2013-2014, pero el decreto aprobado en julio del año pasado por el Gobierno de Mariano Rajoy atrasó su entrada hasta el 1 de julio de 2015.

La aplicación de la ley supone en Gipuzkoa un gasto anual de 227 millones de euros, el 70% del presupuesto de Política Social y el 30% de las cuentas forales. El Gobierno central financia una mínima parte, que no llega al 10% del gasto. La mayor parte del desembolso (174 millones) se dedica a los servicios para personas con discapacidad y personas mayores (residencias, centros de día, ayuda domiciliaria), mientras que las prestaciones económicas ascienden a 46 millones.

Para compensar los recortes de un 15% en las cuantías que aprobó el Gobierno central, la Diputación deberá desembolsar 10 millones de euros más al año, de forma que los beneficiarios no salgan operjudicados.

Al menos en términos de gasto, las prestaciones económicas en el marco del sistema de servicios sociales están cobrando un «creciente protagonismo» frente a los servicios de atención directa (residenciales, domiciliarios o centros de día), tal y como subraya el Plan Estratégico de Servicios Sociales 2011-2014, elaborado por el Gobierno Vasco.

Los datos del II Informe del Consejo Vasco de Servicios Sociales, el último en ser publicado, manifiestan que en el conjunto de Euskadi, entre 2008 y 2009, el 69% de personas atendidas en el sistema son perceptores de una ayuda económica (de atención a la dependencia o de lucha contra la pobreza), y solo el 31% recibe servicios de atención directa. Una década antes, en 1999, el porcentaje de perceptores de prestaciones económicas era del 48%.

En el mismo informe, cuya actualización está prevista, indican que el porcentaje de personas con dependencia residentes en sus hogares que reciben servicios de atención pública en Euskadi, concertada o mixta, se ha reducido entre 2006 y 2010 (del 20% al 16% del total), mientras las prestaciones económicas de atención a la dependencia llegan al 20% de esa población.

La creciente preponderancia de las prestaciones económicas también puede analizarse desde el punto de vista del gasto, reflejan en el informe: el 48% de todo el incremento en el gasto público per cápita en servicios sociales experimentado entre 2008 y 2009 se debe exclusivamente a las dos principales prestaciones económicas, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la prestación económica para cuidados en el entorno familiar (Pecef) de la Ley de Dependencia. Mientras el crecimiento de estas dos partidas ha sido entre 2008 y 2009 del 40%, el resto de las partidas han crecido en un 10%.