Archivo mensual: marzo 2013
El parón en la Ley de Dependencia afecta ya a 700 vecinos de Cádiz
Cerca de 700 vecinos de la capital, 689, están pendientes de que la Junta de Andalucía apruebe los expedientes para obtener las ayudas previstas por la Ley de Dependencia. De este grupo, que no para de crecer desde que se aprobó esta norma en 2007, hay 522 a los que todavía no se les ha asignado el grado de dependencia, medida esencial para optar al Plan Individual de Atención. El resto, aunque ya cuenta con este Plan, que lo elaboran las trabajadores sociales del Ayuntamiento, todavía están a la espera de la propia administración regional pues de ella depende la valoración técnica que les permita optar a la ayuda procedente de la misma Junta.
«Todo el sistema está colapsado ya que desde hace meses la Junta de Andalucía no aprueba ninguna ayuda nueva. Ya no resuelve casos. Ahora la Delegación Provincial de Servicios Sociales se limita a realizar una primera criba para trasladar la documentación en Sevilla. Allí se realiza otra criba pero con todas las solicitudes de la región y para al final aprobar una o dos peticiones para todo el conjunto. Por si fuera poco, además de no ampliar los beneficiarios de la Ley de Dependencia, no cubre tampoco las vacantes que quedan por el fallecimiento del implicado, lo que le permite un ahorro para sus presupuestos pero toca de lleno a la economía de las residencias donde se encuentran alguna de estas plazas.
«La Junta se basa en excusas efímeras e incluso en la falta de dotación presupuestaria para intentar justificar este silencio», se lamenta la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Carmen Sánchez, que destaca que si en 2012 existían 503 personas que disfrutaban el servicio de ayuda a domicilio por dependencias, en la actualidad se ha rebajado a 427 gaditanos, debido al fallecimiento de los restantes quedando sus puestos sin cubrir.
El Ayuntamiento de Cádiz puso en marcha hace unos años, como forma de complementar lo previsto por la Ley de Dependencia y asumiendo que la burocracia podía restar efectividad a la misma, el Servicio de Ayuda a Domicilio.
En la actualidad este programa atiende a 230 personas que le supone a las arcas municipales una inversión de 1,3 millones de euros. Por lo tanto «ese es dinero que la Junta se ahorra y que nosotros pagamos. Pero no solo eso, además tenemos convenios con entidades como la Cruz Roja, que ofrece a través del Programa Urbana un ‘kit’ para personas dependientes, como pueden ser la colocación de agarradores de duchas, barras para escaleras o la dotación de cucharas ergonómicas, así como otros servicios como cursos para las personas que se encargan de los cuidadoras del dependiente. Este servicio de ayuda a domicilio posibilita que haya personal que ayude al dependiente a ir al baño o les haga las comidas o las labores domésticas de las viviendas», destaca la concejala Carmen Sánchez.
Menciona a técnicos en esta materia que «consideran que la mejor opción tanto para mayores como para personas con movilidad reducida es acudir a centros asistenciales, donde la atención al mayor es continuada las 24 horas del día y siempre por personal cualificado. Por lo tanto, es indignante que la Junta no acepte ni una nueva alta ni realice la revisión de los planes individuales de atención.
Mujeres con discapacidad alertan de que su situación es «dramática» como consecuencia de la crisis
La Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS) alerta de que su situación es «dramática» como consecuencia de la crisis económica y pide al Gobierno que cumpla y haga cumplir la normativa nacional e internacional para no incrementar la precariedad y pobreza de este colectivo.
«El Estado de Bienestar es una importante conquista alcanzada a través de la lucha de muchas mujeres y muchos hombres que nos precedieron y que no debemos dejar que desaparezca solamente porque se insista en que se trata de un modelo insostenible», argumenta esta organización con motivo de la celebración este viernes del Día Internacional de la Mujer.
Por ello, insta a los dirigentes políticos de todos los niveles que remuevan los «obstáculos» existentes, ya sean legislativos o sociales, para el «ejercicio real» en la igualdad de trato y de oportunidades para las mujeres con discapacidad.
Asimismo, pide que se mantenga una red de servicios públicos especializados en materia de prevención y tratamiento de casos de violencia que tengan en cuenta la realidad de las mujeres con discapacidad, se garantice la existencia de un sistema sanitario universal, público y gratuito, «totalmente accesible» para las mujeres con discapacidad y un sistema público de pensiones que permita a estas mujeres llevar una vida digna, sin tener que recurrir a modelos privados.
Por último, CEMUDIS pide al Ejecutivo que cuente con los recursos necesarios para dar «plena efectividad» a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, «pilar fundamental para la emancipación y la vida independiente de las mujeres con discapacidad».
ACRA reclama en el Parlamento el pago de la deuda de julio
La presidenta de la Asociación también señaló la necesidad de las empresas y entidades asistenciales de cobrar inmediatamente, de lograr un pacto con las entidades bancarias para todo el sector, y del mantenimiento de los presupuestos de Servicios Sociales
ACRA compareció ayer ante la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración, a petición del grupo socialista y conjuntamente con otras organizaciones del sector, para informar respecto de la afectación del impago del ICASS de las cantidades previstas por julio del 2012 por los centres colaboradores, concertados y de gestión. Respecto de esta deuda, que asciende a los 70 millones de euros al conjunto de colectivos de Servicios Sociales, la presidenta de ACRA, Cinta Pascual, apuntó como esenciales las siguientes reclamaciones: Definir el calendario de pago de la deuda de julio, el pago inmediato del resto de atrasos, así como de los nuevos ingresos, que se haga público el detalle de la deuda real con los diferentes colectivos, el establecimiento de una relación más apretón entre el sector y el Departamento de Economía y Conocimiento a partir de la creación de una mesa con reuniones periódicas y el logro de un pacto con las entidades bancarias para todo el sector.
Igualmente, y en relación con la sostenibilidad presente y futura del sector, la representante de ACRA compartió con los grupos parlamentarios asistentes una serie de propuestas prioritarias, de entre las que destaca el mantenimiento de los presupuestos del Servicios Sociales por este 2013, la reclamación al Gobierno central que haga efectiva a la Generalitat la parte que le corresponde (33%) de la financiación de la LAPAD, que los centres colaboradores, concertados y de gestión, tengan la misma consideración que los servicios públicos. Además, Pascual recordó dos medidas por las cuales ha sido trabajando desde la pasada legislatura, como son la flexibilzación de las ratios de los profesionales (para adaptarlas a las necesidades de las personas grandes usuarias de los servicios) y la aplicación del tipo superreducido del IVA del 4% para todos los servicios, sea cual sea su naturaleza.
Por otro lado, la presidenta de ACRA expuso que si el 50% de las actuales ayudas al cuidador profesional se destinaran a la transformación de nuevas plazas de residencia y de centro de día dentro del sistema público se podrían reducir las actuales listas de espera solucionando la problemática de las plazas privadas vacías que hay al sector (12,5%), generando hasta 5.000 nuevos puestos de trabajo al país. Igualmente, también propuso que se optimicen los recursos existentes para actuar como verdaderas plataformas de servicio.
Contexto y efectos del impago de julio
Pascual, que inició su ponencia recordando la composición del sector catalán de la atención a la gente mayor y haciendo especial mención al hecho que se trata del colectivo con más número de servicios y la partida presupuestaria más importante de la ICASS, enmarcó el impago de julio en un complicado contexto para las empresas y entidades asistenciales que ya arrastraba una congelación tarifaria desde el año 2010, unos importantes incrementos en cuanto a los costes de la actividad (especialmente en cuanto al capítulo laboral con un aumento del 9%), el cierre de crédito por parte de las entidades bancarias, así como también atrasos por parte de la Administración en los pagos de los nuevos ingresos (pues no se empiezan a pagar hasta después de unos 7 meses del ingreso), así como en los pagos de las nuevas valoraciones, en las actualizaciones de los anticipos y en las PEVS.
En este escenario, el impago de julio generó nuevas dificultades por los centros y sus trabajadores como que, en determinados casos, todavía queden pendientes de pago nóminas de los profesionales de los centros afectados. Aun así y a partir de los datos del IDESCAT, la representante de ACRA explicó la perspectiva de crecimiento poblacional en Cataluña, en concreto en cuanto al incremento exponencial del grupo de edad de personas mayores de 80 años, cosa que hará todavía más insostenible el actual sistema catalán de atención a la Dependencia.
Precisamente, en respuesta a las preguntas de los diputados asistentes, Pascual expuso que un modelo sostenible es aquel en el cual el coste del servicio no es más alto que su precio y, concretamente, se refirió a la delicadísima situación de los centros de día para gente mayor catalanes, la viabilidad de los cuales se complica cada vez más a causa, entre otros aspectos, de las insuficientes tarifas públicas, el incremento en las obligaciones en cuanto al horario de atención y el nuevo perfil de los usuarios, unas problemáticas que ACRA no ha dejado de reivindicar tanto en el pase, como en la actual legislatura.
Trabajadores de 36 centros del Servicio Regional madrileño de Bienestar social se encierran para protestar por su situación
Trabajadores de 36 centros dependientes del Servicio Regional de Bienestar Social están realizando encierros desde las 8 horas de este miércoles en protesta por la aplicación de la jornada de 37,5 horas y la situación en la que se encuentra este servicio público a causa de las medidas de ajuste que aplica el Gobierno regional.
Según han indicado desde CSIT-UP, trabajadores de los centros de toda la red del Servicio Regional de Bienestar Social, tanto centros de mayores como los centros de atención para personas con discapacidad, por estos motivos.
Por otro lado, UGT en un comunicado ha criticado la «nula negociación» de la administración para tratar de recoger las reivindicaciones de los trabajadores y que, después de un mes de protestas «diarias», parece que la administración «no se da por enterada».
Los centros en los que se realizan encierros son el Reina Sofía en las Rozas, en Colmenar Viejo, Nuestra Señora del Carmen y Doctor González Bueno en la Carretera de Colmenar, Santiago Rusiñol en Aranjuez, Arganda del Rey, San Martín de Valdeiglesias, Villaviciosa de Odón, Navalcarnero, Alcorcón, Getafe, Parla, San Fernando, Gastón Baquero, Torrelaguna, Cisneros y Francisco de Vitoria en Alcalá de Henares.
También destacan el San José, La Paz, Goya, Manoteras, Vallecas, La Gran Residencia y Vista Alegre, junto con los Centros Ocupacionales Ciudad Lineal, Barajas, Carabanchel, Juan de Austria, Nazaret, Angel de la Guarda y Juan Ramón Jimenez, junto a los centros de atención a personas con discapacidad (grandes dependientes) Dos de Mayo, Mirasierra, Arganda, Getafe y Reina Sofía en San Martín de Valdeiglesias.
Las residencias públicas están mejor valoradas que las privadas
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado un estudio que pone de manifiesto que «las residencias públicas están mejor valoradas que las privadas», según el grado de satisfacción mostrado por los familiares de personas mayores que han estado en alguna residencia durante los últimos cinco años.
El texto, que está publicado en la revista ‘Dinero y Derechos’ del mes de marzo, concluye que «la mayoría de los encuestados se sienten satisfechos, aunque la satisfacción es mayor entre quienes estuvieron en residencias públicas que en las concertadas y privadas, independientemente del grado de dependencia del residente».
Los aspectos mejor valorados fueron el buen estado de la habitación, la seguridad de las zonas comunes y la inexistencia de barreras arquitectónicas. Por el contrario, el número de cuidadores, la posibilidad de menús alternativos o de hacer más actividades físicas y, sobre todo, las escasas opciones para decidir el horario de despertarse y acostarse fueron los aspectos peor valorados.
El estudio de la OCU también revela que, a pesar de ser las residencias públicas las que más satisfacción generan, «no es fácil el acceso a una plaza». El 75 por ciento de los que accedió a una plaza pública tuvo que esperar y en el 16 por ciento de los casos la espera fue de más de dos años. Por su parte, para el acceso a una plaza concertada el 40 por ciento tuvo que inscribirse en una lista de espera, lo mismo que en el 20 por ciento de los que accedieron a una privada.
El precio es otro elemento fundamental a la hora de elegir un tipo u otro de residencia. Así, el coste medio mensual para una persona con dependencia moderada es de 1.700 euros al mes en una residencia privada. En el caso de una concertada y pública se reduce hasta los 1.500 euros, si bien en estas últimas cabe la posibilidad de que a las personas que no puedan sufragar este importe se les cobre un porcentaje entre el 65 y el 80 por ciento de sus ingresos, dependiendo de los casos.
Para la realización de este estudio, la OCU ha recabado la opinión de 600 personas de entre 50 y 65 años, y que en los últimos cinco años hubieran tenido un familiar en una residencia, sobre diversos aspectos del servicio prestados.
Patronal de la Dependencia pide inversión para crear 800.000 empleos
España debería crear otras 31.251 camas sociosanitarias para alcanzar las 6.000 por millón de habitantes
La Confederación Europea ECHO, la principal patronal del sector de la Dependencia, ha reclamado este martes un plan de inversión de «alrededor de 30.000 millones de euros» con el objetivo de garantizar «que cualquier país de la Unión Europea alcance como mínimo una ratio de 6.000 camas por millón de habitantes, lo que implica la creación de medio millón de camas nuevas».
El plan, bautizado ‘Salud y Empleo’ y elaborado por la Fundación Economía y Salud, prevé crear unas 500.000 plazas sociosanitarias y más de 765.000 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos en el sector y coyunturales durante la construcción de las infraestructuras adecuadas, que requerirían una inversión de 30.000 millones en los primeros dos años, el plazo de ejecución de las obras.
El volumen de negocio de la atención a la dependencia en la Unión Europea se eleva a unos 167 millones de euros anuales (el 1,32% del PIB europeo), emplea en la actualidad a más de 20 millones de personas o el 4% de la población europea y cuenta con una oferta de cerca de 3,5 millones de camas sociosanitarias en la actualidad, según datos del informe de la Fundación Español Economía y Salud presentado este martes en la Eurocámara.
Sin embargo, existen grandes diferencias entre países en cuanto a la oferta de camas sociosanitarias, según pone de relieve el informe de la Fundación Economía y Salud, que será presentado este martes en el Parlamento Europeo por el presidente y secretario general de ECHO , Alberto de Santis y José Alberto Echevarría, que también es presidente de la Federación Española de la Dependencia, integrada en ECHO.
Sólo Dinamarca (8.146), Países Bajos (10.293), Bélgica, (12.082), Austria (6.713), Alemania (10.324), Francia, (8.977), Finlandia (10.801), Suecia (13.900), Luxemburgo (10.688), Malta (10.821), Reino Unido (8.609), Hungría (8.290), Lituania (6.190), Estonia (6.314), Hungría (6.610), Eslovaquia (6.078) e Irlanda (6.045) alcanzan el ratio de las 6.000 camas o más por cada millón de habitantes en la actualidad, según datos del informe.
España, con 245.927 camas sociosanitarias, sólo alcanza las 5.323 camas por cada millón de habitantes, por debajo de las 7.133 de media en la UE y necesitaría crear otras 31.251 para alcanzar las 6.000 camas por millón de habitantes.
Además de España, los países que más se alejan del ratio de las 6.000 camas por millón de habitantes son Italia (3.503 camas por millón de habitantes), Letonia (3.017), Polonia (2.326), Bulgaria (1.849) y Rumania (1.209). Italia es el país que más camas necesitaría crear, 151.817 para llegar al ratio propuesto.
Italia sería el país que más camas adicionales necesitaría crear, unas 151.817 más camas adicionales neceistaría crear llegar al radio de 6.000 camas por millón de habitantes, seguido de Polonia (141.553), Rumania (102.314) y España (31.251).
En términos de empleo, el plan generaría la creación de 390.000 nuevos puestos de trabajo a tiemplo completo en el conjunto de Estados miembros y cerca de 375.000 durante los dos años de construcción de las nuevas camas.
En el caso de España, el plan generaría 24.938 empleos en el servicio de atención (17.813 directos y 7.125 indirectos) y otros 24.306 empleos durante la construcción de las nuevas camas necesarias, lo que permitiría en total crear 49.244 puestos de trabajo, según datos del informe.
ECHO defenderá que el plan presentado por el sector generará unos retornos para las Administraciones públicas superior al gasto para invertir en las camas sociosanitarias adicionales necesarias.
En el caso concreto de España, el efecto presupuestario «neto» es positivo durante once años, según refleja el informe.
La creación de 31.251 camas sociosanitarias de atención residencial, con un coste de 60.000 euros por cama, generaría retornos para la Administración pública de 4.545 millones de euros en un plazo de doce años a partir de una inversión privada de 2.268 millones de euros en dos años y un coste del servicio para la Administración española de 4.626 millones de euros.
España destina algo más de un millón de euros a la Dependencia, el 0,84% en 2011 y el sector genera un volumen de negocio que asciende a 8,9 millones de euros anuales, según datos del informe.
Se espera que la Patronal de la Dependencia ECHO defienda la necesidad de invertir en un sector estratégico en términos de generación de riqueza y empleos potenciales y para atender la creciente presión en los servicios sanitarios públicos. Se estima que la población de 65 años aumentará hasta el 30% en 2040 en la Unión Europea, donde ya existen cerca de 20 millones de personas en situación de dependencia.
Cumpleaños centenarios en la residencia Amma Coslada en compañía de la actriz Amaia Salamanca
La residencia de mayores Amma Coslada (Madrid) ha celebrado una gran fiesta para conmemorar dos cumpleaños muy especiales, los de las residentes Lorenza Maroto y Herminia Sánchez, que han cumplido 105 y 102 años, respectivamente.
La celebración estuvo amenizada con la actuación del grupo musical«Ecos castellanos», que hizo cantar y bailar a los mayores, familiares y trabajadores de la residencia al son de habaneras, fandangos y pasodobles.
Además, se contó con la visita de una invitada muy especial, la actriz Amaia Salamanca, una de las más reconocidas en la actualidad por sus papeles en películas y exitosas series de televisión, que felicitó a las cumpleañeras y les ayudó a soplar las velas de sus tartas, además de departir con todos los asistentes.
La celebración de cumpleaños centenarios se ha ido convirtiendo en habitual en las residencias de mayores Amma. La cada vez mayor esperanza de vida de la población española se está traduciendo en un aumento muy considerable de la media de edad de los residentes de nuestros centros.
UMU y Down España formarán a agentes que ayuden a discapacitados intelectuales a hacer una vida independiente
La Universidad de Murcia (UMU) y Down España (Federación Española de Instituciones para el Síndrome de Down) han firmado este viernes un convenio para la puesta en marcha de una iniciativa pionera en España, consistente en la formación de agentes que ayuden a personas con discapacidad intelectual a hacer una vida independiente.
Esta formación específica, destinada a alumnos y profesionales, la llevará a cabo el Centro de Estudios de Discapacidad y Promoción de la Autonomía Personal de la Universidad, cuya directora e iniciadora del convenio, la profesora Nuria Illán, ha señalado que el proyecto responde a un encargo de la Federación.
«La iniciativa es innovadora en el ámbito nacional», en el extranjero se está ensayando en Argentina, «además de tener un valor añadido en unos momentos en que la ley de la dependencia está en peligro por la crisis económica», ha agregado Illán.
El convenio ha sido suscrito en Convalecencia, la sede del Rectorado, con el presidente de Down España, José Fabián Cámara, quien ha asegurado que la Universidad de Murcia «va a ayudar para que el movimiento de padres y familias que constituye la Federación realice su objetivo, que es la independencia de las personas con Síndrome de Down».
El otro firmante, el rector de la Universidad, José Antonio Cobacho, ha calificado de «extraordinaria» la labor que realiza el Centro de Estudios de Discapacidad en aras de cumplir con una de las funciones que tienen las universidades en tanto servicio público que son, como es la sensibilidad social y la formación de personas.
En este sentido, ha recordado el convenio, también promovido por Nuria Illán, que permite que personas con discapacidad trabajen en el campus de Espinardo.
Los recortes en la ley de dependencia también afecta a menores
APPEII promoverá una Iniciativa Legislativa Popular contra la supresión de la tarjeta roja sanitaria a los menores con discapacidad
APPEII promoverá una Iniciativa Legislativa Popular contra la medida adoptada por el Gobierno Valenciano de María del Carmen González Asensi, presidenta de la Asociación de Pacientes Pediátricos con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (APPEII), ha presentado en la Consellería de Sanidad una carta remitida al Conseller Llombart, en la que le solicita la realización de una reunión urgente para trasladarle las gravísimas consecuencias que está teniendo en el colectivo de los menores con discapacidad, la supresión del párrafo segundo del artículo 16 del Estatuto de las Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana.
Sanitas Residencial El Viso, un ‘Centro Libre de Sujeciones’
Sanitas Residencial El Viso ha recibido la acreditación ‘Centro Libre de Sujeciones’ que le ha otorgado la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma). La directora de Sanitas Residencial El Viso, Carmen Barreda, que recibió la acreditación de manos del presidente de Ceoma, José Luis Méler, ha destacado que desde el comienzo, “la formación del personal ha sido uno de los puntos clave para conseguir el éxito del programa que se inició con los casos más sencillos para, posteriormente, hacerse extensible al resto de residentes”.
El acto también ha contado con la presencia del director de Operaciones de Sanitas Residencial, Pedro Sánchez, quien ha incidido en que después de más de 2 años de trabajo e investigación de Sanitas Residencial, “el nº de residentes con sujeciones que vive en los centros de la compañía hadisminuido de un 22% a menos de un 8%, cuando la prevalencia en España supera el 30%”. Para el presidente de Ceoma resulta imprescindible que “la sociedad tome conciencia de la importancia de eliminar el uso de sujeciones entre los mayores. La experiencia de países vecinos ha demostrado que se pueden llegar a erradicar por completo y que, por tanto, este programa resulta imprescindible en España, donde ya es pionero e innovador”.
‘Impulsando Pymes’
Por otro lado, Sanitas participó junto con otras 9 empresas en el encuentro de la II edición ‘Impulsando Pymes’ que se ha celebrado en Lorca. Rosa Martínez, directora de Sanitas la Comunidad Valenciana y Murcia, ha intervenido como ponente y ha explicado a los asistentes la importancia que tiene para las empresas, especialmente para las Pymes, disponer de un buen plan de retribución flexible que pueda adaptarse perfectamente a las necesidades de los empleados, lo que permite mejorar su relación con la empresa: “Ofrecer a los empleados una retribución flexible permite optimizar los salarios de los empleados sin un mayor coste para la empresa”. En esta línea se sitúa el seguro médico, cuyo coste para las empresas es deducible del impuesto de sociedades.
Asturias «se encuentra en situación de emergencia social»
El salario social «no puede esperar más» porque Asturias «se encuentra en situación de emergencia social». La de ayer no era la primera vez que en la Junta General se ponía el acento sobre el retraso -ahora de hasta 19 meses-, que acumula el Principado en abonar la renta básica. Es decir, la que debe llegar a los asturianos con ingresos inferiores a los 530 euros al mes y que ahora perciben más de 20.000, con las 8.365 nóminas en vigor. Sin embargo, sí fue la primera en la que los grupos que sustentan al PSOE en el Gobierno asturiano -IU junto con UPyD- ponían límite a ese retraso, que actualmente afecta a a 6.122 solicitudes. Ninguno le da «ni un minuto más».
Así lo plantearon tanto la portavoz de la coalición y exconsejera de Bienestar, Noemí Martín, como el del Grupo Mixto, Ignacio Prendes, a la titular de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz. Aunque le mostraron «toda nuestra solidaridad», al entender que el colapso en la gestión de esta paga «no es atribuible a los nueve meses que lleva en el Gobierno», ambos coincidieron en asegurar que «es un problema que supera a su consejería. Es un problema del Gobierno y es el presidente, Javier Fernández, quien debe actuar».
Porque los 6.122 expedientes pendientes de resolver en la actualidad, en algunos casos desde hace 19 meses, tienen detrás a más de 15.000 asturianos. Una cifra que evidencia «que Asturias está en situación de emergencia social», afirmó Ignacio Prendes, mientras que Noemí Martín apuntaba que la solución «consejera, se lo digo por experiencia, no está en Bienestar. Es un problema de Gobierno y es al Ejecutivo al que debemos instar a que actúe».
Nuevo programa informático
Las peticiones de los diputados de IU y UPyD llegaron después de que la propia Esther Díaz afirmara que «no es aceptable» el retraso que «acumulamos en la respuesta» y anunciara el fin del colapso «para 2014». Porque para esa fecha estará ya en funcionamiento «la nueva herramienta informática» en la que Bienestar Social y Vivienda invertirá 170.000 euros. Un programa «que llega con siete años de retraso», porque la propia consejera reconoció que el salario social, en vigor desde diciembre de 2005, se lleva a cabo «con una hoja de excell».
Esther Díaz fijó para los próximos días «la publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) de la licitación de ese programa», que debe estar aprobado en abril «con un plazo de ejecución de 30 semanas», por lo que «estará en funcionamiento a finales de año». Con el programa y la incorporación «de nueve personas al departamento de salario social», así como el sobre esfuerzo «que todos los funcionarios de la consejería están haciendo, ya que, en sus ratos libres, todos tramitan peticiones», se marcó como objetivo «acabar con el atasco en 2014».
«No hay fraude»
Un objetivo que, a juicio de Ignacio Prendes, «es un fracaso total», por lo que insistió en urgir al presidente regional «a una intervención». Esta posición no encontró solo apoyo en IU, sino que también las fuerzas de la derecha se mostraron convencidas de que la solución de la gestión de la renta básica «no pasa sólo por su consejería», apuntó la diputada de Foro Asturias, Esther Landa. Fue, precisamente, una interpelación suya la que dio pie a la comparecencia de la consejera, cuyo discurso enfadó a la diputada, hasta el punto de que golpeó varias veces el atril mientras repetía: «No me responde a nada, no me responde».
Mientras la consejera aseguraba que «sí respondo, como a su pregunta sobre si hay fraude, pues no lo hay, ya se lo digo yo», desde el Partido Popular la diputada Victoria Delgado anunciaba una inmediata proposición no de ley de su grupo «para acabar con el silencio administrativo. Si el Principado no responde en seis meses una petición de salario social, ésa se debe dar por aprobado automáticamente».
Aerte asegura que la Generalitat se compromete a liquidar la deuda de 2012 en junio como «mes límite»
La patronal del sector de la dependencia en la Comunitat Valenciana, Aerte, ha asegurado este jueves que la Generalitat se ha comprometido a liquidar la deuda de 2012 en junio «como mes límite» y que a partir de julio se resuelva la de 2013 «hasta que todos los centros queden en una situación de pago de 90 días».
Así lo ha indicado en un comunicado en el que ha indicado que estos han sido los compromisos «más apremiantes» asumidos por la Generalitat en el transcurso de una reunión mantenida este miércoles con la entidad, que contó con la presencia del vicepresidente del Consell, José Císcar y la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, con varios miembros de la Junta Directiva de Aerte, encabezados por su presidente, José María Moreno, y Alberto Echevarría, presidente de la Federación Española de la Dependencia.
Aerte planteó en el encuentro, del que ha destacado el «clima cordial favorable al entendimiento mutuo», la resolución de los expedientes pendientes. En este sentido, ha asegurado que los responsables de la Administración valenciana vieron «viable» la resolución de las Prestaciones Vinculadas al Servicios (PVS Residenciales), de Centro de Día y de Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) «en un corto plazo de tiempo», un compromiso «que condicionaron a ser ratificado con Hacienda, por tratarse de un asunto presupuestario, pero que fue bien recibido por la capacidad de generación de riqueza y empleo que se reconoció al sector de la dependencia».
La asociación ha calificado como «viable» su objetivo de que al menos 4.000 prestaciones –entre Bonos y PVS Residenciales– y otras 1.400 prestaciones existentes –entre Bonos y PVS de Centro de Día– «puedan resolverse y mantenerse en el sistema, a pesar de que la asociación esperará los 30 días de plazo solicitados para recibir una respuesta en firme por parte de la Administración».
«PASO ADELANTE ESENCIAL»
José María Moreno ha valorado haber podido trasladar «de primera mano» la problemática del sector a «altos niveles» del Consell, así como los compromisos asumidos por parte de la Generalitat valenciana, «de gran relevancia pues garantizan la supervivencia del sector dependencia valenciano, de las empresas y centros representados por Aerte y en particular, garantizan la atención a los más de 20.000 pacientes a los que presta servicio».
El presidente de Aerte ha mostrado su «gratitud» a los miembros del Consell presentes en la reunión «por su disposición, la voluntad de resolución de problemas manifestada y en particular, su actitud positiva frente al carácter estratégico del sector dependencia».
Nela García: «La reforma de la ley de Dependencia se ajusta a parámetros de universalidad, solidaridad, coherencia y sostenibilidad»
La secretaria autonómica de Autonomía Personal y Dependencia, Nela García, ha ofrecido una charla coloquio sobre la reforma de la Ley de Dependencia, su incidencia y su aplicación en la Comunidad Valenciana , organizada por la Asociació Valenciana d’Amics i Parents dels Malalts d’Alzheimer (AVAMA).
Durante su intervención, Nela García ha explicado los distintos aspectos de la reforma de la Ley de Dependencia, y ha señalado que estos cambios «se ajustan a parámetros de universalidad, solidaridad, coherencia y, sobretodo, sostenibilidad».
La Secretaria Autonómica ha asegurado que las nuevas medidas de la Ley que se van a aplicar en la Comunitat Valenciana «están basadas en el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia pactado entre el gobierno y las comunidades autónomas el pasado mes de julio», y ha destacado que la reforma «pone las bases de un modelo que simplifica los procedimientos, promueve la calidad asistencial y su sostenibilidad, dando prioridad a los servicios profesionales y especializados».
En este sentido, ha subrayado que en la Comunitat Valenciana «hemos apostado desde el principio de la aplicación de la ley por los servicios y la atención profesional para los grandes dependientes y severos».
Medidas adoptadas
Por un lado, la reforma de la ley ha simplificado los grados de reconocimiento, pasando de seis niveles a tres grados y aplazando la incorporación de los dependientes moderados al sistema. La Secretaria Autonómica ha matizado que estos últimos «en su mayoría están siendo atendidos ya por lo servicios sociales».
Asimismo, la prestación económica por cuidador no profesional se concederá con carácter excepcional, «de forma que se van a primar los servicios profesionales frente a las prestaciones económicas, cumpliendo así con el espíritu de la Ley».
Respecto a los nuevos criterios comunes para la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas, ha explicado que el objetivo «ha sido garantizar la sostenibilidad del sistema de atención a la dependencia», y ha querido puntualizar que «nadie quedará fuera de la cobertura del sistema de atención por no disponer de recursos económicos.»
La aplicación de los nuevos cálculos tienen distinto efecto para cada persona de acuerdo con su capacidad económica y el tipo de servicio o prestación que reciben, de manera que en algunos casos ha variado el importe de las prestaciones que venían recibiendo, y en otros casos no ha variado en absoluto.
Para finalizar, la Secretaria Autonómica ha explicado que la financiación pública a cuenta de la Administración General del Estado se efectuará conforme al número de beneficiarios del Sistema, al grado de dependencia reconocida y al servicio o prestación que recibe.
Finaliza con éxito el II Curso e-learnig de Atención Centrada en la Persona
El curso ha sido diseñado e impartido por la psicóloga y experta en gerontología social Teresa Martínez Rodríguez que ha profundizado durante los últimos tres meses en la formación sobre el innovador modelo
Teresa Martínez
Las Fundaciones Matía y Asmoz junto con el Gobierno Vasco han organizado por segundo año consecutivo el Curso Modalidad E-learning de Atención Gerontológica Centrada en la Persona que ha constado de 50 horas lectivas impartidas entre el 27 noviembre 2012 y el 25 de febrero de 2013.
El curso, que se incluye en la serie de acciones formativas que comenzaron en 2010 de las tres instituciones vascas, ha sido impartido por segundo año consecutivo, por su propia diseñadora, la experta gerontóloga Teresa Martínez Rodríguez, autora de la Guía la Atención Gerontológica Centrada en la Persona, con el objetivo de profundizar en la formación del referido innovador enfoque, para mejorar la calidad en la prestación de servicios siendo una herramienta útil para fomentar la competencia positiva en un sector cada vez más competitivo.
Han participado gestores y diversos profesionales de las distintas disciplinas del ámbito de la atención a personas mayores de diferentes ciudades españolas. El curso ha sido un éxito de participación y de contenidos, a tenor de la sobresaliente evaluación efectuada por los alumnos cumpliendo plenamente sus expectativas:
La aportación de elementos conceptuales y alternativas metodológicas que permitan avanzar hacia una atención orientada a la calidad de la vida de las personas y a sus derechos; adiestramiento en nuevas formas de trabajo en los centros y servicios para que los equipos técnicos se impliquen y construyan, junto con los usuarios y familias, intervenciones acordes al modelo y a la realidad de cada contexto asistencial; orientación y pistas sobre opciones metodológicas e instrumentos que ayudan a construir planes de atención a cada persona usuaria; generar reflexión sobre las buenas prácticas y los riesgos de las intervenciones cotidianas, de modo que haya coherencia entre los principios rectores de la gerontología y la intervención profesional como contexto dinámico de interacción social.
A lo largo del mismo se abordaron cinco importantes asuntos para el desarrollo de dicho modelo, como la atención personalizada desde la promoción de la autodeterminación y la independencia; lo íntimo, lo privado y la confidencialidad; lo propio, lo cotidiano, lo significativo; las familias y, finalmente, lo organizativo y los profesionales. Contemplando, desde este enfoque a lo largo del curso: que la persona mayor sea el centro, sea protagonista de su vida y no un mero receptor de cuidados, aunque estos estén bien programados y sean técnicamente correctos. Esto ha pasado ya en otros países, y aunque España y sus pueblos tengan su propia cultura, las personas, sus necesidades de ser no son tan diferentes.
Todos queremos vivir dignamente, ser apreciados, respetados y poder vivir en coherencia a nuestra forma de pensar y sentir, aunque seamos muy mayores y necesitemos ser cuidados por otros. Y para ello los profesionales comprometidos y bien formados son imprescindibles.
Donostia, 28 de febrero de 2012
