Archivo mensual: mayo 2013
La equinoterapia mejora el estado físico y mental de los mayores de una forma diferente
Cuando internan a una persona mayor en una residencia parece que lo que le queda por vivir está condenado al aburrimiento y a la monotonía. En la Residencia Amma de Santa Cruz han querido acabar con este prejuicio ofreciendo entre sus servicios una terapia asistida con caballos al aire libre que mejora su estado físico y mental de una forma diferente.
Solemos asociar a un abuelo solitario con un pájaro, un perro o un gato. Y es que las mascotas y los animales en general no sólo dan compañía, sino que psicológica y físicamente pueden aportarles mucho más. Este es el caso de los caballos, cuya simple respiración puede relajar y mejorar la atención.
Una vez al mes, los residentes de Amma se preparan para una sesión de esta novedosa terapia. Se levantan temprano, se visten con ropa cómoda y suben a los coches que los llevan al Centro Hípico La Cordillera, en Guamasa. Una vez allí, los acomodan en las gradas del terreno a la sombra de unos grandes paraguas a la espera de su turno. «No podemos aferrarnos a un horario porque con ellos nunca se sabe», comenta una de las gerocultoras que acompaña al grupo.
Laura de la Rosa es la joven fisioterapeuta de la residencia y desde pequeña monta a caballo. «Quise unir las dos cosas que me gustaban», asegura, y por eso ahora es la monitora de estas sesiones de rehabilitación.
«Yo no me subo, que ya estoy muy mayor para eso», comenta una de las residentes. «Yo tampoco, que mi tiempo para montar a caballo ya pasó», responde otra. «Nos adaptamos a ellos. No tienen por qué subirse todos. Tocarlos o peinarlos también les sirve», explica De la Rosa. Pero no es eso lo que piensa el abuelo José Manuel Afonso. «¡Valiente!», le vitorean sus compañeros al acercarse pasito a pasito a la yegua. Afonso se mueve con dificultades por culpa del Parkinson.
Una vez junto al imponente animal, comienza a acariciarlo sin pronunciar una palabra. Llega el gran momento, los asistentes dirigidos por De la Rosa se disponen a aupar al inexperto jinete. De un empujón y a duras penas consiguen que Afonso se suba al equino, momento en que pronuncia las primeras palabras del día: «Coño, coño, coño», exclama del susto aferrado a las crines. De la Rosa lo calma y el abuelo empieza a relajarse y a disfrutar de la yegua. Poco a poco va enderezándose.
«El movimiento que haces con la cadera al estar subido es igual al que hacemos al andar. Así recuerdan cómo deben de moverse», comenta De la Rosa, que añade: «Además, al tener que estar derecho para no perder el equilibrio, conseguimos que su centro de gravedad deje de ser el parkinsoniano, hacia adelante, y vuelva a su sitio».
Afonso se relaja más y va sintiendo la caliente piel de Ina Dancing, una yegua de hipódromo de 13 años que De la Rosa educó para ser la encargada de la rehabilitación de los mayores, pero también disminuidos psíquicos y niños en general. «Los más pequeños que padecen hiperactividad montados en Ina se relajan y por fuerza tienen que estar tranquilos, porque si no ella se pone nerviosa y podría tirarlos», dice la joven fisioterapeuta.
«Para otro tipo de patología usamos a Margarita, una yegua más baja y ancha que Ina para que les sea más fácil subirse», aclara se la Rosa. Ana Díaz Armas, la directora de la Residencia, asegura que llevan cuatro meses con la terapia. «Venimos una vez al mes en grupos de 15 a 20 personas, aunque alguno no quiere subirse se acaban animando», explica la directora.
Los principales beneficios que se consiguen con el contacto ecuestre es la relajación y estimulación muscular mediante el calor corporal del caballo. También se mejora el equilibrio y la postura gracias a los impulsos rítmicos del animal, que incluso contribuyen a la rehabilitación neuromotora. Los beneficios psicoterapéuticos se consiguen al caminar hacia delante montados en la yegua, lo cual ejerce una influencia positiva en pacientes depresivos o angustiados. La relación de personas mayores con animales mejora la autoestima, la sociabilidad, la superación de episodios de aislamiento y el estímulo pscicomotor al acariciarlos o peinarlos.
La Residencia Amma de Santa Cruz también dispone de un programa parecido en el que un perro adiestrado pasa la tarde con los mayores. Y los resultados se notan.
Aerte desaprueba que el Gobierno «pueda siquiera plantearse un nuevo recorte en los derechos de las personas dependientes»
Para Aerte, Patronal de la Dependencia en la Comunidad Valenciana, los nuevos recortes anunciados por el Gobierno en Dependencia impedirían a miles de dependientes vivir con un mínimo de dignida, vulnerando, con esta medida, los derechos de los dependientes y faltando, a su vez, al compromiso que asumió el Estado con la población dependiente, cuyos recortes anunciados de forma unilateral por el Gobierno, son rechazados por Aerte.
Según la patronal de la dependencia en Comunidad valenciana, esta nueva medida de ajuste, junto a los retrasos en los pagos, la disminución de beneficiarios de las prestaciones, el incremento del copago por los dependientes y todos los expedientes bloqueados que dejan sin atención a miles de dependientes con derecho reconocido, certifican la extinción objetiva de la Ley de Dependencia.
Así lo ha manifestado María José Mira, directora general de Aerte, quien ha subrayado la contradicción que supone recortar en la aplicación de derechos fundamentales para las personas Dependientes mientras que, por otro lado, se mantienen estructuras de despilfarro que hacen más injusta e insostenible la situación en la que se encuentran nuestros Dependientes.
Para la directora general de Aerte, no es de justicia que en España se destinen fondos públicos millonarios como grandes obras e infraestructuras que no ofrecen rentabilidad, cuando la alternativa que se ofrece como ahorro sea dificultar, aún más, el día a día de miles de personas dependientes y especialmente vulnerables.
Máxime cuando se ha demostrado con estudios independientes la rentabilidad económica del sector en retornos vía impuestos como IVA o IRPF, recaudación en seguridad social, etc, que suponen los fondos destinados a este sector, así cómo el impacto directo sobre el empleo, dado que se genera un trabajador directo por cada 2 plazas residenciales según la legislación existente.
Obviamente el simple anuncio de aplicación de nuevas medidas de recortes, además de ser socialmente perversas -dado que afectan a aquellos ciudadanos más débiles- conllevarían una destrucción de empleo más elevado que en otros sectores por la misma argumentación anterior. Aun se entienden menos estos anuncios, afirma la directora general cuando los políticos actuales no dejan ocasión para declarar su preocupación por las estadísticas de desempleo.
María José Mira califica estos nuevos ajustes presupuestarios anunciados como “medidas impropias de un sistema democrático comprometido con la salud y la calidad de vida de sus ciudadanos”.
Cuando el pasado julio el gobierno anunció modificaciones en la Ley Dependencia que racionalizaban su aplicación, Aerte inocentemente aceptó dichas medidas por entenderlas como un comienzo de exigencia hacia la profesionalización del sector asumiendo que así, la ley de dependencia, se convertía en una ley de servicios.
Siempre creímos, señala Mira, que con los ahorros que se generaban al aplicar medidas de ajuste, como la modificación en los criterios del copago, se iban a atender a las personas en situación de dependencia que todavía no están asistidas. Nunca imaginamos, comenta la directora general de la Patronal, que los ahorros irían encaminados a recortar presupuesto directamente.
Aerte anuncia demandas judiciales
Ante esta situación y tal y como propusieron y aprobaron los asociados de AERTE en su reciente Asamblea General anual, la patronal de la Dependencia sólo ve una solución a la cegera e incapacidad que muestran nuestros dirigentes y que nunca se ha querido aplicar: aconsejar a los dependientes a que emprendan acciones jurídicas que puedan traducirse tanto en la reclamación del cumplimiento de la Ley de Dependencia en sus plazos, como en el respeto a la libertad de elección del usuario que ésta establece.
Aerte también ha anunciado otras acciones jurídicas como recursos contra las órdenes de Bono (por entender que se tratan de plazas concertadas de centros que deben de tratarse equitativamente que el resto de operadores del sector) y contra la supuesta firma de un contrato que sólo beneficiaría a unas pocas empresas en detrimento de la gran mayoría del sector cuando el coste de dichas plazas es justo el doble que las ayudas de la dependencia; así como contra los concursos públicos del sector que se liciten por debajo del coste legal.
La patronal no ha tenido más remedio que personarse, por tratarse de un tema que afecta a la mayoría de sus asociados, en todos los recursos presentados por algunas empresas que defienden una falsa exclusividad del concierto de sus plazas frente a cualquier otro tipo de financiación pública.
Clece recibe el Certificado DisCert por su compromiso con la discapacidad
El Grupo Clece ha sido reconocido con el Certificado DisCert, distinción europea que valora y reconoce a las empresas y organizaciones que integran a personas discapacitadas. Este certificado verifica que Clece cumple con los requisitos que establece la ley con respecto a la integración social de personas con discapacidad.
El certificado fue recogido por Iñigo Camilleri, Director de Selección y Desarrollo de Clece, que, además de agradecer el reconocimiento, compartió con los asistentes en una ponencia posterior la experiencia de la compañía en Responsabilidad Social Corporativa, centrándose principalmente en la contratación y gestión de personas con discapacidad como parte sustancial del modelo de Responsabilidad Social de Clece.
Clece supera el límite mínimo exigido por la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad –LISMI- que obliga a las empresas de más de 50 personas, tanto privadas como públicas, a reservar un 2% de los puestos de trabajo a personas con alguna discapacidad. En la actualidad cuenta con más de 2.600 personas con alguna discapacidad.
Compromiso social con colectivos en riesgo de exclusión
Dentro de sus políticas de responsabilidad social (RSE), Clece cuenta con acuerdos con diversos organismos, tanto a nivel nacional como regional, para la integración de personas con discapacidad. Una labor cada vez más activa y que complementa con el trabajo de técnicos especializados en inserción laboral.
Este compromiso de la compañía con colectivos vulnerables, no sólo se limita a personas con discapacidad sino también a personas en riesgo de exclusión social y mujeres que sufren violencia de género. En este sentido, Clece colabora con más de un centenar de asociaciones y entidades sociales como fuente de reclutamiento de estos colectivos.
Igualmente, el compromiso de Clece con la igualdad de oportunidades llevó a la compañía, en 2007, a incorporar a su red su propio Centro Especial de Empleo. Adquirió entonces Integra CEE, cuyo objetivo es facilitar la incorporación al mercado laboral de personas con discapacidad. El centro cuenta hoy con cerca de 1.000 trabajadores, donde más de un 90% tiene una discapacidad superior al 33%.
El Certificado DisCert©se obtiene después de una verificación por entidades homologadas, en función del cumplimiento no sólo de la legislación vigente sino también de otras acciones que mejoran el compromiso real de la empresa con las personas discapacitadas. Según Discapanet (informe 2009) el 84% de las empresas españolas incumple la legislación actual y un 90% de las entidades públicas o de participación pública.
Acerca de CLECE
CLECE es una empresa de multiservicios, líder en servicios integrales a empresas. Con 61.400 personas y presencia en todo el territorio nacional, CLECE ofrece servicios de limpieza, mantenimiento, energía, logística, aeroportuarios y servicios sociales, así como otros servicios profesionales, para todo tipo de instituciones y empresas en todos los sectores.
Las plataformas por la Ley de Dependencia plantan cara al “hachazo” del Gobierno
La Coordinadora estatal de plataformas en defensa de la Ley de Dependencia se ha sumado a las críticas de varias organizaciones hacia los recortes que el Plan Nacional de Reformas 2013 (PNR), presentado el 26 de abril tras la reunión del Consejo de Ministros, contiene en materia de dependencia. En palabras de la asociación, la rebaja en el gastosupondrá una «condena a la exclusión social, e incluso a la muerte» para miles de personas.
De acuerdo con las estimaciones del PNR, los recortes en atención a personas dependientes ascienden a un total de 1.108 millones de euros sobre lo presupuestado para este año. Dado que la partida inicialmente consignada era de 1.087,18 millones de euros, los cuidados que costea el Estado no podrían ser financiados, ya que el saldo sería negativo: -20,82 millones de euros si el Ejecutivo cumple al máximo el objetivo de ahorro. «Es un hachazo definitivo a la Ley de Dependencia yun acto de profundo desprecio hacia la vida humana«, asegura al respecto el portavoz de la coordinadora, José Luis Gómez-Ocaña.
Sobre el fondo de la cuestión, Gómez-Ocaña opina que se trata de una cuestión ideológica: «Es evidente que la Unión Europea le ha pedido al presidente Rajoy una cabeza, y Rajoy, en un acto de valentía suprema, ha ofrecida la cabeza de la dependencia, de los más débiles, que pasan a tener cero medios», afirma, y añade que en ningún caso pueden señalarse los recortes como una cuestión económica: «Antes de julio de 2012, la dependencia suponía un gasto del 0,6% del PIB. No era una cantidad importante. Lo que ocurre es que quieren trasladar el negocio de los cuidados al sector privado».
Así, la plataforma asegura que «en paralelo al desmantelamiento de la ley» han surgido varias compañías aseguradoras privadas que ofrecen prestaciones para dependientes. «El objetivo es que el que pueda pagarse un seguro tenga un seguro de dependencia. El que no, quedará en manos de la beneficencia, como en los años 60 o 70«, señala Gomez-Ocaña.
Recortes a los beneficiarios y freno a las altas
Los dependientes denuncian además la puesta en marcha de diversas estrategias encaminadas a reducir el gasto a costa de empeorar sensiblemente la atención y las prestaciones que reciben. Así, Gómez-Ocaña explica que son frecuentes las «reevaluaciones». Se trata de someter al beneficiario a una nueva evaluación médica que, según su versión, acaba frecuentemente en una rebaja del nivel de la prestación reconocida: «Son reevaluaciones en silencio, de oficio. Es gente que obviamente ha empeorado con el tiempo y a la que ahora se le dice que su dependencia es menor para dejarla sin prestación», dice.
También se ha frenado el proceso de evaluación para nuevos beneficiarios: «Se ha creado interesadamente un embudo de hasta 18 e incluso 20 meses para las valoraciones», explica. Los dependientes no pueden acceder a ninguna de las prestaciones de la ley hasta que no cuentan con ese dictamen, y la situación ha empeorado recientemente, pues se ha vinculado la prestación de servicios de asistencia social por parte de los Ayuntamientos a esa misma evalución médica. Sin ella, las personas afectadas no pueden optar ni a las medidas de la Ley de Dependencia, ni tampoco a los programas que ponen en marcha los municipios.
«El Gobierno quiere dejar morir la ley a medida que mueran los actuales beneficiarios. La idea es no reconocer nuevas prestaciones, no cubrir la tasa de reposición, y eso es lo que se está haciendo», cree Gómez-Ocaña. «Es impropio de un Gobierno digno cargar el pso de la crisis en los más débiles. El Partido Popular ha mostrado su verdadera ideología e intenta negar el derecho a una vida digna de los afectados», dice.
Nada que perder
Ante esta situación, «la gente está muy asustada porque no ve cómo va a poder hacer frente al cuidado de los dependientes«, dice el portavoz de la coordinadora, que señala como especialmente alarmantes son los supuestos de «gran dependencia», en los que la persona requiere cuidados continuados y asistencia para realizar cualquier actividad cotidiana. «Los familiares tienen miedo de no poder seguir cuidando a sus seres queridos. Con el recorte en las prestaciones, hay gente que tendrá que elegir entre comer o costear su tratamiento médico«, asegura.
Las diferentes plataformas en defensa de la Ley de Dependencia a nivel nacional han decidido coordinarse y organizar diversas acciones de protesta. «Puedo asegurar que no tenemos nada que perder. Preferimos morir de pie que de rodillas», explica Gómez-Ocaña. El portavoz añade que actos como manifestaciones suponen un importante reto para el colectivo, puesto que se trata de un grupo de personas «muy difícil de movilizar»: «La mayor parte está en cama o en una silla de ruedas, por eso tenemos que ser todos los demás los que salgamos a dar la cara», comenta.
Aún no hay cerrado un calendario definitivo de acciones. La coordinadora señala que busca «medir muy bien las protestas» en un momento en el que el Ejecutivo «está aplicando una política represiva en cuanto a manifestaciones». Por su parte, Gómez-Ocaña está convencido de que la movilización social es la única opción que tienen los dependientes para «defender sus intereses y defender, sobre todo, su vida». «Nunca podrán quitarnos la capacidad de lucha y la dignidad de la que carece este Ejecutivo», concluye.
El CERMI da por muerta la Ley de Dependencia si se aplican los nuevos recortes
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha alertado de que aplicar nuevos recortes a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia supondría «la defunción de la norma y un gran fracaso social».
En este sentido, el CERMI ha asegurado que el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia «languidece desde hace muchos meses, por lo que someterlo a nuevas medidas de contención y ahorro sería frustrar las expectativas de atención de cientos de miles de personas mayores con discapacidad que necesitan apoyos intensos para su vida diaria y su autonomía individual». «Recortar más la Ley constituiría un acto fallido del Estado y de la sociedad en su conjunto, que significaría dejar a su suerte a los segmentos más vulnerables, en términos de derechos y bienestar del país», ha precisado en un comunicado.
Asimismo, ha subrayado que la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia «es un valor social inmenso que no puede estar continuamente en juego». Por ello, ha expresado que «requiere el apoyo explícito y permanente con hechos y decisiones de las Administraciones responsables, del Gobierno central y de las comunidades autónomas».
Finalmente, ha reclamado que todas las fuerzas políticas y los sectores sociales de mayores y discapacidad suscriban «un gran pacto para salvar la Ley y el Sistema, que permita alcanzar las previsiones con las que surgieron y que les dote de estabilidad institucional y financiera».
Más de 12.800 valencianos tienen ya la tarjeta del mayor
La Conselleria de Bienestar Social ha emitido desde que se inició el programa en junio del pasado año un total de 12.871 tarjetas del mayor, un documento que permite a los portadores, mayores de sesenta años, beneficiarse de un sinfín de ventajas en numerosos establecimientos de la Comunitat Valenciana.
Según los datos actualizados del Departamento que dirige Asunción Sánchez, en la provincia de Valencia hay 8.870 beneficiarios, en la Alicante, 2.798 y en la de Castellón, 1.503. Además, el 51 por ciento del total son mujeres y el 49 por ciento, varones.
En cuanto a las solicitudes, dicha área recibió un total de 13.672. La mayoría de ellas, de personas de edad comprendida entre 65 y 75, el 55 por ciento, lo que se traduce en 7.583 ciudadanos. Rellenaron también los papeles 2.711 menores de 65 años y 2.879 entre 75 y 85 años. Mayores de 85, tan solo registraron 499 peticiones.
La tarjeta del Mayor es una iniciativa de la Generalitat que tiene por objetivo que sus titulares puedan acceder a una serie de ventajas y descuentos en establecimientos y servicios sociosanitarios como ópticas, clínicas dentales, agencias de viajes o casas rurales. En total, hay adheridas al programa 312 entidades.
Pese a que destaca la participación de empresas ortopédicas, ópticas y odontológicas, en el catálogo hay establecimientos de todo tipo. Desde funerarias hasta panaderías, pasando por una tienda de informática.
De la tarjeta pueden beneficiarse todas aquellas personas que hayan cumplido ya 65 años o que sean pensionistas mayores de 60. Además, han de residir en alguno de los municipios de la región valenciana. Las solicitudes deben presentarse en las direcciones territoriales de la Conselleria de Bienestar Social, en las oficinas Prop de la Comunitat, en los centros Especializados de Atención a mayores o en los servicios sociales de los Ayuntamientos.
La directora general de Acción Social y Mayores, Pilar Albert, mostró su satisfacción por la acogida del proyecto, «como muestra el número de documentos acreditativos expedidos y de las empresas y comercios que participan».
En esta línea, aseguró que las personas mayores «merecen» todo este esfuerzo del Consell, «para mejorar su calidad de vida».
«Se trata de una iniciativa muy importante de apoyo a nuestros mayores, el Gobierno valenciano es consciente del papel tan importante que están jugando en la sociedad por su inestimable experiencia y porque, en una época complicada como la actual, están siendo el pilar y apoyo de muchas familias y cualquier descuento o ventaja que puedan obtener es una gran ayuda».
MUGABE elige la atención centrada en la persona para su X jornada
La Jornada MUGABE que se celebra una vez al año, pretende ser un espacio organizado, dirigido y participado por personas mayores en el que se expongan y debatan opiniones, y se generen ideas e iniciativas en relación a sus temas de interés, con un espíritu abierto y dirigido a toda la sociedad.
Se reúne en un mismo foro a los participantes en las distintas actividades que se desarrollan bajo el programa MUGABE.
Para el acto se elige un tema relevante y de actualidad, y una persona profesional del tema ofrece una conferencia que posteriormente da lugar a un debate entre todas las personas asistentes.
Por ello, el próximo día 8 de mayo, MUGABE celebra en la sala Kutxa de la calle Andia (Donostia- San Sebastian) la X. Jornada MUGABE, bajo el título: “Pertsonek laguntza behar dutenean, ETXEAN ONDO, cuando las personas necesitan ayuda”.
El programa de la jornada será el siguiente:
- 10:00 Saludo y presentación de la Jornada. Actuación del Coro “Cum Jubilo” (Acex-Eske).
- 10:15 Ponencia. “La atención centrada en la persona. Un modelo para el buen trato a las personas mayores”. Teresa Martínez (Psicóloga experta en Gerontología Social. Consejería Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias). Autora de la Guía La Atención Gerontológica Centrada en la Persona, editada por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, en 2011.
- 11:00 Coloquio
- 11:30 Descanso
- 12:00 Mesa redonda “Etxean Ondo: Vivir bien en casa o como en casa cuando necesitamos ayuda”.
Ponentes:
- Miguel Leturia Coordinador del “Proyecto Etxean Ondo domicilios”.
- Pura Díaz Veiga Coordinadora del “Proyecto Etxean Ondo residencias”.
- Leyre Carrasco Diego auxiliar del Centro Gerontológico Fraisoro participante en el Proyecto Etxean Ondo.
- 13:00 Coloquio
- 13:30 Despedida y cierre. Actuación del Coro “Cum Jubilo” (Acex-Eske).
La Jornada está abierta al público en general.
Fuente: http://mugabe-elkartea.com/
La contratación de personas con discapacidad crece un 3,33%
La contratación de personas con discapacidad crece un 3,33 por ciento en el primer trimestre de 2013, lo que supone un total de 14.455 nuevos contratos realizados en los primeros meses del año, frente a los 13.987 que se efectuaron en el mismo periodo de 2012, según los datos ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), recogidos por la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros de Empleo (FEACEM).
Asimismo, la Federación ha señalado que la contratación de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo (CEE) en el primer trimestre del año muestra un aumento respecto al año anterior, con un total de 9.687 contratos en CEE en 2013, frente a los 8.958 en el mismo trimestre del pasado año, lo que supone el incremento del 8,13 por ciento. Si embargo, FEACEM ha indicado que la contratación en el resto de empresas continua descendiendo.
En cuanto a las comunidades autónomas, Cataluña, con 326 nuevos contratos; y Castilla León, con 202, han sido las regiones donde más ha crecido el índice de contratación de personas con discapacidad. Por el contrario, Andalucía y Aragón recogen 74 y 56 puestos de trabajos menos –respectivamente– con respecto al mismo trimestre de 2012.
Además, el documento revela un cambio de tendencia respecto al año anterior con el incremento de estos contratos en Cataluña, Castilla y León, Valencia y Galicia; así como con el decrecimiento que muestran Madrid, Canarias y Asturias en este 2013.
César Antón asegura que no hay nuevas medidas de recorte en dependencia
El director general del Imserso, César Antón, ha afirmado hoy que no se están produciendo nuevos recortes en las ayudas sobre la dependencia y que la aportación de los usuarios ya se acordó en 2012, aunque en algunas Comunidades autónomas se esté adaptando ahora.
Antón ha matizado que todos los acuerdos sobre dependencia se tomaron el 10 de julio de 2012 en el consejo interterritorial de Sanidad con todas las Comunidades autónomas, que los acuerdos se publicaron en el BOE en agosto de ese año y que desde entonces «no hay nada nuevo».
El desarrollo de esos acuerdos supuso unas medidas de ahorro que en algunos casos tuvieron efectos presupuestarios en 2012 y en otros se están aplicando progresivamente y tienen su traslación en los presupuestos de 2013, ha agregado en rueda de prensa.
Por tanto «no hay nada nuevo, hemos sido transparentes y estamos haciendo lo que hemos aprobado de acuerdo con las Comunidades autónomas», ha subrayado.
En cuanto a la aportación del usuario, Antón ha manifestado que también se aprobó en el consejo interterritorial con el acuerdo de todas las Comunidades autónomas.
En este sentido ha recordado que la Ley de Dependencia ya establece, desde el año 2006, que los usuarios deben participar con aportaciones para contribuir a su financiación.
«El problema es que no había un desarrollo de esa parte de la ley, con una sentencia recurrida y un gran vacío legal», ha recordado.
Por eso en el consejo de julio de 2012 se establecieron las bases para esa aportación, con el principio de que fuese igual para todo el territorio, ya que «la normativa debe ser igualitaria en todo el territorio».
En este punto, Antón ha explicado que desde ese mes de julio algunas comunidades autónomas han adaptado a su normativa la aportación del usuario y en base a ese acuerdo, se está aplicando dicha aportación.
Ha recordado que en el caso de usuarios dependientes con una capacidad económica por debajo del IPREM «la aportación es de cero euros» y que se va incrementando en función de la capacidad económica del usuario, de forma que «aporten más los que más tienen», ha concluido.
El Gobierno extremeño contratará por 6,8 millones la gestión de cien plazas para atención a dependencia tipo tres
El Gobierno extremeño contratará por un importe total de 6.837.480 euros la gestión, durante cuatro años, del servicio de estancias de cuidados personales y atención a situaciones de dependencia, modalidad Tipo Tres (T3), para las 100 plazas que quedaron desiertas en la licitación pública realizada en julio de 2012.
El Consejo de Gobierno ha autorizado al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) para contratar, mediante el procedimiento negociado sin publicidad, la gestión de este servicio.
Según explica el Ejecutivo regional en nota de prensa, el servicio público de cuidados personales y atención a situaciones de dependencia, estancias T3, tiene por objeto la «prestación de cuidados integrales a personas en situación de dependencia que poseen un bajo nivel de autonomía y necesitan cuidados o supervisión prolongados», dentro de un entorno residencial, «con intervención sanitaria puntual, ante la inadecuación o inexistencia de una red social de apoyo suficiente».
Con esta autorización se pretende completar la oferta de 778 plazas que se ofertaron en el año 2012, de las que 100 no fueron adjudicadas en la licitación pública realizada.
El importe de la contratación para este centenar de plazas asciende a 6.837.480 euros, más 4.102 euros para traslados, por un periodo de cuatro años.
PLAZAS PARA MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la celebración de convenios con los ayuntamientos de Villanueva de la Vera, Lobón y La Coronada para el mantenimiento de 48 plazas para personas mayores en situación de dependencia en centros de día y residenciales.
El presupuesto global que la Consejería de Salud y Política Social destinará a estos convenios, a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, se eleva a 432.800 euros.
En concreto, el Ayuntamiento de Villanueva de la Vera recibirá una subvención de 310.800 euros para el mantenimiento de 28 plazas en el centro residencial de titularidad municipal.
Además, el Ayuntamiento de La Coronada se concederán 61.000 euros para el mantenimiento de 10 plazas en su centro de día y al de Lobón la misma cuantía también para el mantenimiento de una decena de plazas en el centro de día de titularidad municipal.
AYUDA A DOMICILIO
Finalmente, el Ejecutivo regional ha autorizado la firma de convenios con once ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para el mantenimiento y financiación, con una cuantía global de 955.283,97 euros, del servicio de ayuda a domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Estos convenios, por los que se articula una subvención para el mantenimiento de este servicio, se celebrarán entre la Consejería de Salud y Política Social, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia y los consistorios.
Se trata de Casar de Cáceres, que recibirá una subvención de 60.509,38 euros; Arroyo de la Luz (82.030,75 €) ; Campanario (68.618,88 €); Cabeza del Buey (69.320,66 euros); Jaraíz de la Vera (82.966,46 euros); Guareña (91.699,78 euros); Coria (160.942,46 euros); Llerena (72.829,58 euros); Calamonte (75.870,65 euros); Miajadas (126.087,19 euros), y Quintana de la Serena (64.408,18 euros).
El Gobierno prepara un recorte de 958 millones en Dependencia para este año
El Gobierno asesta el enésimo hachazo a la ya de por sí maltrecha ley de dependencia con un recorte previsto para 2013 de 958 millones de euros. Así consta en el Plan Nacional de Reformas enviado a la Comisión Europea por el Ejecutivo y conocido a última hora de ayer. En concreto, el programa anuncia para este año la aprobación de dos nuevos reales decretos para «adecuar las prestaciones a la capacidad económica del beneficiario» y «para regular las prestaciones del sistema» que en la práctica supondrán un «ahorro» de 958 millones. Sin embargo, no es la única sorpresa que depara el documento. De hecho, en total, el Gobierno prevé ahorrar cerca de 4.000 millones en todo tipo de políticas sanitarias nuevas o con la recaudación de algunas de las medidas que ya tomó durante el año pasado.
Los 770.000 dependientes que reciben ayuda en la actualidad verán reducida su cuantía este año casi con toda seguridad en lo que puede ser casi el golpe definitivo a la que se consideró en 2006 la cuarta pata del Estado de Bienestar. Y es que las medidas anunciadas en el documento remitido a Bruselas insisten en profundizar los recortes aplicados ya el año pasado -mediante otro real decreto en julio y a través de los presupuestos-. De hecho, el Gobierno vuelve a poner el foco del ajuste en las prestaciones del beneficiario. Unas ayudas que en 2012 ya se redujeron mediante una menor aportación del Estado de hasta un 13% (200 millones) al denominado ‘nivel mínimo de protección’, es decir, el dinero que reciben las comunidades autónomas por cada dependiente en función de su gravedad.
Este ajuste se suma a otros realizados en 2012 como la suspensión del pago de las cuotas a la seguridad social de los cuidadores familiares, que afectó a 146.000 personas. Unos cuidadores que ya habían sufrido otro tijeretazo del 15% en las ayudas directas por cuidar del familiar. El Gobierno siempre ha alegado que estas medidas pretendían fomentar el incremento de los cuidadores profesionales en detrimento de los familiares, una figura contemplada en la ley como «excepcional» que se había generalizado. Otra medida de ahorro detallada en el Plan Nacional de Reformas es la demora en la incorporación al sistema de las personas beneficiaras con menor grado de dependencia, cuyas ayudas no empezarán a recibir hasta 2015. Con todas estas medidas el Gobierno de Mariano Rajoy calcula un ahorro de 530 millones.
Ahorro sociosanitario
En el documento enviado a Bruselas el Ejecutivo también recoge la «simplificación en el proceso de valoraciones» de los solicitantes con los el ministerio que dirige Ana Mato se ahorró 69 millones en 2012. El Gobierno estima que ese ahorro se elevará hasta los 150 millones en 2013 y a 168 millones en 2014.
Sin embargo, numerosas asociaciones criticaron esta nueva fórmula de evaluación porque el ministerio eliminó varias subdivisiones en los distintos grados de dependencia. De esta forma, muchos solicitantes pasaron a contemplarse como moderados y, por tanto, sus ayudas fueron retrasadas hasta 2015.
En el desglose de las medidas de reformas, el Ejecutivo apuesta por una reducción de 1.809 millones del gasto farmacéutico, de los cuales 409 millones corresponderán «a la implantación de la orden de precios de referencia», una nueva medida para este año. También prevé el establecimiento de nuevos tramos de aportación farmacéutica, aunque no detalla si será un aumento del copago o la creación de dos categorías en el tramo más alto, entre los 18.000 y los 100.000 euros. Otra de las medidas previstas incluye el ahorro de 150 millones que las arcas públicas obtendrán con la aplicación «de la cartera de servicios, el perfil de los beneficiados y su acreditación».
En cuanto a gestión sanitaria, el despliegue de la historia clínica digital y el el impulso de la receta electrónica permitirán no gastar 300 millones. Por otra parte, la ordenación de la cartera de servicios básicos va a generar un ahorro de 875 millones, correspondiendo 700 millones a la de servicios asistenciales y 175 millones a la cartera sujeta a la aportación del usuario.
