Archivo diario: 11 julio, 2013
La Comisión Europea distingue a Euskadi por su gestión del envejecimiento activo y saludable
El consejero de Salud del Gobierno vasco, Jon Darpón, acompañado de la directora de Investigación e Innovación, Maria Agirre en representación de las instituciones vascas (Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, y los socios privados, académicos y tecnológicos) recogió en Bruselas el premio Reference Sites 2013, concedido por la Comisión Europea a Euskadi por la labor referencial de estos últimos años en el abordaje integral del envejecimiento activo y saludable basado en la innovación.
Este reconocimiento se enmarca en el programa europeo European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, una iniciativa piloto cuyo propósito es aumentar para 2020 la esperanza de vida saludable en dos años.
En concreto, los Reference Sites o Áreas de Referencia distinguen aquellos consorcios o coaliciones de regiones, ciudades u hospitales que hayan destacado por sus buenas prácticas a la hora de afrontar el envejecimiento activo y saludable desde la innovación, logrando además resultados positivos y sinergias entre diferentes acciones.
Es el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, a la que se han concedido tres estrellas –máxima puntuación otorgada esta edición- que identifican a los “modelos de excelencia” considerados referentes para otras organizaciones y administraciones. El número de estrellas se determina en función de criterios de innovación, impacto, valor añadido, cobertura poblacional, adaptabilidad a otras regiones, etcétera.
La candidatura vasca, una de las 54 participantes, incluía acciones en el ámbito de la Prevención, Monitorización y Diagnóstico Precoz; los Cuidados y la Atención; el Envejecimiento Activo y Vida Independiente; y la Horizontalidad de las políticas.
Tras la ceremonia, la vicepresidenta Neelie Kroes; la directora general de DG Sanco, Paola Testori; y el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpón, subrayaron la apuesta de la Administración vasca por la innovación y la investigación, incluso a pesar de la crisis económica. Según señaló el consejero, “el premio es un reconocimiento a todas y cada una de las personas que a lo largo de estos últimos años han contribuido de una u otra manera a situarnos en parámetros de excelencia y a la vanguardia de la transformación del sistema sanitario para ofrecer en cada momento el mejor cuidado de la población”.
Aerte denuncia que la Generalitat no ha abonado los 12 millones que se comprometió a pagar en junio
Así lo ha indicado Aerte en un comunicado, en el que ha mostrado su esperanza en que el Ejecutivo valenciano «resuelva durante este mes» el pago de una deuda que, unida a los alrededor de 59 millones de euros pendientes de pago de 2013 a las empresas del sector elevan a más de 70 millones la deuda total.
A esta cifra, continúa la patronal, habría que añadir la deuda con los dependientes usuarios de las Prestaciones Vinculadas al Servicio (PVS), subvenciones individuales directas al usuario que permiten al dependiente elegir qué servicio y en qué centros (dentro de los autorizados por la administración) quiere ser atendido. Estas prestaciones sufragan parte del coste profesional pero no la totalidad, al tener establecidos unos topes.
Ha criticado que «la falta de dotación presupuestaria por parte de la administración central y autonómica, unida a una política de concertación de plazas poco equitativa, está afectando al sector de la dependencia, que ha visto cómo en menos de año y medio se han cerrado en la Comunidad Valenciana varios centros de tres de los grandes operadores, tanto a nivel autonómico como nacional, junto a otros más pequeños».
Según sus cifras, esto supone en total 400 plazas menos y unos 200 puestos de trabajo perdidos «en un sector generador de empleo directo que afecta a un segmento de la población especialmente castigado por la crisis».
En este sentido, Aerte ha lamentado el cierre este mes de julio de otro de sus centros asociados, una residencia de tercera edad en Santa Pola(Alicante) «con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo» que conlleva.
UTILIZAR LAS PLAZAS VACÍAS
La asociación ha insistido en que tan sólo utilizando las 5.000 plazas que actualmente están vacías se generarían 2.500 puestos de trabajo directos en la Comunitat Valenciana (1.750 en Valencia, 500 en Alicante y 250 en Castellón). Actualmente, trabajan en la red de Aerte más de 14.000 personas que dan servicio a más de 22.000 dependientes.
«El sector de la dependencia, que requiere de una alta inversión por parte de las empresas, se está resintiendo de forma especial por la crisis y la lentitud de las administraciones en resolver las dotaciones presupuestarias comprometidas», ha alertado la patronal, que advierte de que esta situación «pone al borde del cierre a más centros, sobre todo de pequeño tamaño que tienen incluso dificultades para poder cerrar, ya que no pueden permitirse gestionar fácilmente los expedientes de cese de actividad».
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES
Para la patronal de la dependencia, la política de la administración valenciana «impide que se cumpla el derecho de las personas dependientes y sus familiares a escoger de forma libre el centro especializado donde desean ser atendidos, cuya consecuencia es la asignación no igualitaria de plazas entre los centros residenciales».
Por otro lado, ha recordado que 11.000 dependientes, en algunos casos anteriores a 2011, tiene reconocido su derecho a recibir asistencia socio sanitaria, «pero no la reciben por falta de resolución de sus expedientes».
Más de 15.000 potenciales dependientes jiennenses a la espera de que se analice su situación
Desde hace 3 años, los ‘hachazos’ al Estado del Bienestar vienen acompañados de argumentos de ‘ahorro’. Sin embargo, cada recorte tiene consecuencias sociales y, en materia de dependencia, sobre la salud. Solo en Jaén, el primer ‘tijeretazo’ que el Gobierno asestó a la ley, en 2012, ha elevado el número de personas que esperan que se las evalúe en 1.249 y los usuarios de la ayuda a domicilio han caído casi un 13%.
Es el cuarto pilar del Estado del Bienestar, pero “la están dejando morir”, dice, indignado, el presidente de la Asociación para la Promoción y Atención al Minusválido Físico (Aspramif) en Jaén, Ricardo Rocío. Con la excusa de la recesión que vive España y de los “desequilibrios presupuestarios” que arrastraba, la Ley de Dependencia ha sido una de las grandes damnificadas de los recortes. Pero, detrás de cada ajuste y más allá de los argumentos de ahorro en un país de presupuestos tradicionalmente ajustados en materia sanitaria, están los rostros de miles de personas y sus efectos sobre la salud. Desde julio de 2012 y a pesar de los “esfuerzos” de la Junta para contrarrestar los “tijeretazos” del Gobierno, el número de jiennenses que aguardan a que se evalúe su grado de dependencia ha aumentado en un 8,3%. Según los datos que maneja la Consejería, a los que tuvo acceso este periódico, hay 1.249 solicitudes más que hace un año, lo que supone que, solo en la provincia, en estos momentos, haya 15.186 personas pendientes de valoración. Pero la espera no es el único efecto de los recortes. Como denuncia el secretario de Salud y Servicios Sociosanitarios de FSP de UGT en Jaén, Miguel Ángel Cazalilla: “En materia de dependencia, no se ha producido ni un alta. No hay reposición de la prestación”. Y el resultado es que el número de usuarios ha caído en un 12,8%, pasando de los 6.040 usuarios que se contabilizaban a finales de junio de 2012 hasta los 5.267 actuales.
Consecuencias similares se han registrado en el servicio de atención residencial, donde —como explica Cazalilla— “solo se atienden casos de emergencia, ¡y ni siquiera todos!”. Antes de la entrada en vigor del Decreto Ley 20/2012, las 2.250 plazas en residencias de mayores que hay en la provincia estaban cubiertas casi al 100%. Con una caída del 9,22%, ahora solo lo están 1.995. Y la misma tendencia a la baja se ha producido en residencias de mayores con trastornos de conducta, con un 2,05% menos de ocupación en las 101 plazas que hay en Jaén, y en complejos concertados para personas con discapacidad, en las que, de las 560 plazas que existen, solo están cubiertas 546.
