Aerte denuncia que la Generalitat no ha abonado los 12 millones que se comprometió a pagar en junio
Así lo ha indicado Aerte en un comunicado, en el que ha mostrado su esperanza en que el Ejecutivo valenciano «resuelva durante este mes» el pago de una deuda que, unida a los alrededor de 59 millones de euros pendientes de pago de 2013 a las empresas del sector elevan a más de 70 millones la deuda total.
A esta cifra, continúa la patronal, habría que añadir la deuda con los dependientes usuarios de las Prestaciones Vinculadas al Servicio (PVS), subvenciones individuales directas al usuario que permiten al dependiente elegir qué servicio y en qué centros (dentro de los autorizados por la administración) quiere ser atendido. Estas prestaciones sufragan parte del coste profesional pero no la totalidad, al tener establecidos unos topes.
Ha criticado que «la falta de dotación presupuestaria por parte de la administración central y autonómica, unida a una política de concertación de plazas poco equitativa, está afectando al sector de la dependencia, que ha visto cómo en menos de año y medio se han cerrado en la Comunidad Valenciana varios centros de tres de los grandes operadores, tanto a nivel autonómico como nacional, junto a otros más pequeños».
Según sus cifras, esto supone en total 400 plazas menos y unos 200 puestos de trabajo perdidos «en un sector generador de empleo directo que afecta a un segmento de la población especialmente castigado por la crisis».
En este sentido, Aerte ha lamentado el cierre este mes de julio de otro de sus centros asociados, una residencia de tercera edad en Santa Pola(Alicante) «con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo» que conlleva.
UTILIZAR LAS PLAZAS VACÍAS
La asociación ha insistido en que tan sólo utilizando las 5.000 plazas que actualmente están vacías se generarían 2.500 puestos de trabajo directos en la Comunitat Valenciana (1.750 en Valencia, 500 en Alicante y 250 en Castellón). Actualmente, trabajan en la red de Aerte más de 14.000 personas que dan servicio a más de 22.000 dependientes.
«El sector de la dependencia, que requiere de una alta inversión por parte de las empresas, se está resintiendo de forma especial por la crisis y la lentitud de las administraciones en resolver las dotaciones presupuestarias comprometidas», ha alertado la patronal, que advierte de que esta situación «pone al borde del cierre a más centros, sobre todo de pequeño tamaño que tienen incluso dificultades para poder cerrar, ya que no pueden permitirse gestionar fácilmente los expedientes de cese de actividad».
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES
Para la patronal de la dependencia, la política de la administración valenciana «impide que se cumpla el derecho de las personas dependientes y sus familiares a escoger de forma libre el centro especializado donde desean ser atendidos, cuya consecuencia es la asignación no igualitaria de plazas entre los centros residenciales».
Por otro lado, ha recordado que 11.000 dependientes, en algunos casos anteriores a 2011, tiene reconocido su derecho a recibir asistencia socio sanitaria, «pero no la reciben por falta de resolución de sus expedientes».
