Archivo diario: 28 octubre, 2013
Unos 250 ancianos de residencias privadas dejarán de cobrar una ayuda temporal del Gobierno catalán
Cerca de 250 ancianos catalanes residentes en geriátricos privados dejarán de cobrar a partir del 30 del noviembre la prestación de cuidador no profesional que el Gobierno catalán conservaba a los mayores hasta la resolución de la prestación económica vinculada (PEV), cuyos trámites iniciales de petición han sido suspendidos ‘sine die’, han señalado a Europa Press fuentes de la Consejería de Bienestar Social y Familia de la Generalitat.
Hasta ahora el departamento que lidera Neus Munté había conservado la ayuda que perciben estos ancianos durante los meses que supone el trámite para empezar a cobrar una prestación económica vinculada (PEV), tras su incorporación a una residencia privada.
Se les mantenía esta ayuda, menor a la de la PEV, pero desde verano la Generalitat ha suspendido de forma temporal indefinida las nuevas peticiones para obtener esta prestación.
El Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña ha sido el encargado de alertar sobre esta medida que, a su juicio, empujará a situaciones de «mayor vulnerabilidad y desamparo», y ha cargado contra un debilitamiento del Estado del Bienestar.
Sobre la reducción de las ratios de trabajadores en las residencias geriátricas ha lamentado que supone una amenaza para la calidad asistencial y una precarización de las condiciones laborales de los empleados.
«DEBILITAMIENTO» DEL BIENESTAR
Las últimas decisiones tomadas por el Gobierno catalán en relación a la Ley de dependencia son «un paso más en el debilitamiento del sistema de protección y la precarización del mercado laboral», han indicado los trabajadores sociales.
El colegio ha advertido de que la suspensión indefinida de las PEV supone un «incumplimiento» de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (Lapad), puesto que esta ayuda continúa vigente como derecho subjetivo reconocido por ley.
Ha criticado el «deterioro del sistema de atención a la dependencia», y ha exigido el cumplimiento de las leyes y la reactiviación de la concesión del PEV lo antes posible y con efectos retroactivos, lo que han trasladado al Consejo Asesor de Políticas Sociales y Familiares para que estudie la medida y emita un dictamen.
«Ante las difíciles situaciones que vivimos y el sufrimiento de las personas y familias que constatamos en nuestro trabajo cotidiano, no podemos restar impasibles», ha sostenido el colegio al agregar que quieren acompañarlas en la reclamación de sus derechos.
Contra el abuso económicos de los ancianos
Los departamentos de Interior y Bienestar Social quieren que bancos y notarios sean los vigilantes de posibles situaciones de abuso económico a ancianos. Por eso, pretenden que estos profesionales informen si detectan cualquier cambio de conducta sospechosa.
Los síntomas que deberían hacerles sospechar son ancianos que iban siempre solos al banco a sacar dinero, y ahora van siempre acompañados por otra persona; o bien abuelos que entablaban conversación con el empleado de la caja, y de golpe han dejado de hacerlo, y otros cambios de comportamiento que puedan hacer pensar que el anciano se siente cohibido o controlado.
Los abusos económicos a mayores suelen proceder de familiares y cuidadores, que les amenazan para tenerlos aterrorizados y callados.
Las denuncias por malos tratos físicos y psíquicos a las personas mayores han crecido un 6% respecto al año anterior según Interior, pero insisten en que es una problemática muy escondida todavía.
Por ello, quieren implicar también la propia gente mayor para en la partida de cartas en el hogar del jubilado, por ejemplo, sepan detectar si un compañero le pasa algo raro. Los mossos introducen cada vez más de forma sutil estos temas en las charlas que los hacen para prevenir estafas o robos.
Interior ha atendido durante el primer semestre de este año 349 víctimas mayores de 65 años (200 mujeres y 149 hombres) por violencia doméstica. En 6 de los casos, tenían más de 90 años, según datos de la Generalitat.
La dependencia acelera su caída
Ya hay menos beneficiarios que cuando Rajoy asumió la presidencia en diciembre de 2011- Las personas atendidas se reducen en 15.000 a lo largo de este año
- El dinero para dependencia se congela
El sistema de dependencia echó a andar en enero de 2007. Creció, se estancó y, ahora, lastrado por la sucesión de recortes, está acelerando su caída, hasta el punto de que el nivel de cobertura del que estaba llamado a convertirse en el cuarto pilar del Estado de bienestar ha retrocedido en el tiempo para situarse por debajo de los niveles de hace casi dos años, según muestran los datos oficiales. Las comunidades autónomas —con excepciones— no son ni siquiera capaces de mantener el ritmo de reposición de los usuarios que fallecen y causan baja en el sistema con nuevas altas, como demuestra la tendencia consolidada de los últimos nueve meses. A lo largo del año 2013, el número de personas atendidas se ha reducido en 15.302.
Existen 736.249 beneficiarios de alguna de las ayudas que contempla la ley, según los últimos datos oficiales publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), con fecha de 31 de septiembre. Son 2.338 usuarios menos de los 738.587 que se encontró Mariano Rajoy en los registros del Imserso —entidad dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad— hace 21 meses, en diciembre de 2011, cuando tomó posesión como presidente del Gobierno.
Y no es que ya se haya alcanzado el punto en el que se atiende a todo aquel que necesita ayudas. Hay decenas de miles de personas atascadas en el arcén del sistema, esperando que les llegue el turno. La lista de espera de potenciales beneficiarios a los que las comunidades autónomas han reconocido la condición de dependientes con derecho a ayudas y aún no atienden representa una bolsa de 198.041 personas.
Estas cifras corresponden a datos oficiales regularizados de los informes que mensualmente publica el Imserso. Es decir, están limpios, después de que se depuraran los registros debido a las duplicidades o errores (en torno a un total de 13.000) que detectó el Tribunal de Cuentas en los expedientes enviados por las comunidades autónomas.
Fuentes del Imserso comentan que, pese a ello, los datos que reflejan sus informes, aunque son los oficiales, no son definitivos. Fruto del estudio del Tribunal de Cuentas se ha puesto en marcha un nuevo sistema de información y las autonomías “están en pleno trasvase de uno a otro [sistema]”, añaden. Por ello, “habrá que esperar a final de año” para conocer los datos finales.
Desde el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales subrayan que a lo largo de este año ha habido 60.879 altas en el sistema. Pero esta cifra es engañosa ya que los datos oficiales muestran una caída en los beneficiarios de la dependencia (personas con ayudas) a lo largo de este año. A pesar de las más de 60.000, el saldo final de 2013 hasta septiembre es de 15.302 usuarios menos. Ello implica que el número de bajas en el sistema (beneficiarios fallecidos) en este periodo ha sido de 76.181, muy superior a las nuevas incorporaciones que destaca el ministerio, y que son insuficientes para mantener el nivel de cobertura del sistema.
¿A qué se debe la caída del número de ayudas? José Manuel Ramírez, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales lo tiene claro: a los recortes del Gobierno del Partido Popular.
Por ejemplo, la eliminación de la inyección económica que el Estado transfería a las comunidades autónomas —las encargadas de ejecutar la ley—, una aportación de 283 millones de euros a la que se puso fin en 2012. El golpe más importante a la ley se produjo, sin embargo, con el Real Decreto de julio de 2012, añade Ramírez. Las “reformas para la racionalización del sistema”, según la terminología del ministerio, incluyó una batería de medidas con un impacto que el propio Ejecutivo valoró para 2013 en 1.108 millones de euros de ahorro (solo en dependencia) en las distintas Administraciones, según el Programa Nacional de Reformas remitido a Bruselas el pasado mayo.
En el real decreto se acordó la reducción del nivel mínimo (el dinero que destina el Estado a las regiones correspondiente a la cuota que paga por los dependientes) en un 13%, la minoración del 15% de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras o la reducción de la compatibilidad entre servicios, entre otros aspectos.
La puesta en marcha de estas medidas no tuvo un efecto inmediato, según apunta Ramírez. Provocó, primero, la congelación del sistema y, posteriormente, una caída de usuarios que se está haciendo especialmente evidente en estos momentos con las últimas cifras oficiales.
No todas las autonomías retroceden en ayudas. Extremadura, Castilla y León o Cataluña aumentan ligeramente el número de beneficiarios, a pesar de tener tasas de cobertura superiores a la media estatal. En otras, como Aragón, el retroceso ha sido del 15% de usuarios en 21 meses.
Pero más allá de estas diferencias, las tensiones presupuestarias para mantener el sistema son generalizadas. La Comunidad Valenciana, que desde la puesta en marcha de la ley siempre ha ocupado los lugares de cola en cuanto al desarrollo del sistema, cuenta con 2.000 expedientes de prestaciones económicas para atención residencial congelados, indican desde la patronal de residencias privadas Aerte. También respecto a estas mismas ayudas, Cataluña anunció en septiembre que la medida de suspender provisionalmente la concesión de nuevas prestaciones, dictada en agosto, se convertía en indefinida.
Las estadísticas del Imserso reflejan la caída sostenida de las personas registradas en la lista de espera de la dependencia. De los 305.941 beneficiarios pendientes de recibir una prestación en enero de 2012 se ha pasado a 198.041 en septiembre de este año. El ministerio presume de que esta es la cifra más baja desde el inicio de la dependencia. Pero, según Ramírez, este comportamiento no obedece a una gestión exitosa del sistema de dependencia. Lo lógico sería que a la reducción de la lista de espera (sobre todo, dado el volumen de la caída) correspondiera un incremento en el número de beneficiarios por el trasvase de personas de uno a otro grupo. Pero los datos no solo niegan esta relación, sino que indican lo contrario: se ha producido una caída tanto en la bolsa de personas en espera como en el número de usuarios.
Ramírez apunta a varias razones para explicar esta aparente contradicción. La lista ha caído en parte por el aplazamiento de la cobertura a los dependientes moderados hasta julio de 2015 —una medida tomada a finales de 2011—. Pero también por las miles de personas que mueren aguardando una ayuda que nunca llega. Jaime Esteban, coordinador de las plataformas españolas en defensa de la Ley de Dependencia estima que solo en la Comunidad Valenciana, el número de fallecidos en estas condiciones sería de 30.000 desde el inicio de la norma.
Amma lanza un nuevo portal para el acceso de familiares
El grupo geriátrico Amma ha puesto en marcha su plataforma online ‘TuPortalAmma’, una herramienta que permitirá a los familiares estar puntualmente informados de las cuestiones relativas a los cuidados de su residente, a través de ordenador o teléfono móvil. Además, el portal permitirá llevar a cabo otras gestiones y consultas.
En concreto, la plataforma incluye en la actualidad cinco apartados, que se irán ampliando paulatinamente, y que atañen a información sobre datos del residente, de la residencia en la que vive, del tratamiento sociosanitario que recibe el usuario, de documentos administrativos y trámites, así como el envío de regalos a los residentes.
El portal está diseñado tanto para tutores de residentes incapacitados, que tendrán acceso a toda la información, incluyendo datos clínicos, como a familiares de residentes no incapacitados, que podrá acceder a todos los datos, salvo lo relativo a información clínica, en cumplimiento con la Ley de Protección de Datos. Para acceder al porta, cada usuario contratará con una clave personal.
El grupo Amma cuenta con 29 residencias y un complejo de viviendas tuteladas, con una capacidad total de 4.412 camas y 901 de estancias diurnas, tras la incorporación en junio de 2013 de un nuevo centro en Cartagena (Murcia), que supuso además su entrada en la región. En 2012, registró unos ingresos de 89 M€, con una plantilla cercana a 2.500 trabajadores.
Afectados por daño cerebral adquirido reclaman que se reactiven los recursos de la Ley de Dependencia
Nueva Opción, la asociación de Daño Cerebral Adquirido de la provincia de Valencia, ha reclamado a las administraciones que activen los recursos previstos en la Ley de Dependencia, que garanticen la continuidad asistencial tras la recepción del alta hospitalaria, eliminen barreras para facilitar la participación social de las personas con discapacidad, implanten un plan de atención especializado para las personas con DCA y establezcan la figura de un gestor de casos que oriente a los afectados y a sus familiares.
Estas cinco peticiones forman parte del manifiesto que los afectados han leído en los Jardines de Viveros de Valencia con motivo de la celebración del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, según ha informado la asociación en un comunicado.
«En nuestra lucha diaria por recobrar la autonomía, nos encontramos que, de manera habitual, al recibir el alta hospitalaria se interrumpe el proceso de rehabilitación especializada, lo que impide avanzar en nuestra autonomía y aumenta las barreras para la inclusión social», aseguran los afectados en el manifiesto, común a todas las asociaciones miembros de Federación Española de Daño Cerebral (Fedace).
Asimismo, en el manifiesto se añade: «observamos como determinados ajustes repercuten de manera muy desfavorable en nuestra vida, condicionando nuestros derechos, en algún caso, recién estrenados. Los recortes aplicados en sanidad y servicios sociales no contribuirán a salir de la crisis si es a costa de agravar y cronificar nuestra desprotección».
La lectura del manifiesto, junto a varias actividades lúdicas, ha sido la última actividad organizada con motivo del Día Nacional. Durante la semana, Nueva Opción ha desarrollado una campaña de sensibilización que también ha incluido la colocación de carteles en edificios municipales, la instalación de mesas informativas en diversos puntos de la ciudad, la organización de una jornada sobre el DCA en el MuVIM dirigida a profesionales y afectados, la convocatoria de un concurso de dibujo para escolares y el montaje de una exposición en Tabacalera de cuadros pintados por afectados.
El Daño Cerebral Adquirido se produce como consecuencia de cualquier lesión en el cerebro, sea cual sea su causa, y afecta de forma notable a la salud y a las condiciones de vida de los afectados y de sus familiares. Las principales causas del DCA son accidente cerebrovascular, traumatismo craneoencefálico y tumor cerebral, pero también puede producirse como consecuencia de anoxia, meningitis, encefalitis, encefalopatía, absceso cerebral, etc.
El DCA es el primer motivo de discapacidad en España, donde residen 420.000 personas afectadas. De ellas, 56.500 viven en la Comunitat Valenciana, la segunda autonomía con mayor número de casos, y 32.000 en la provincia de Valencia.
Los afectados presentan una pluridiscapacidad en el plano cognitivo, el control motor, la comunicación, el nivel de alerta o dificultades para relacionarse con el entorno, lo que origina una disminución de la autonomía personal, cuando no su pérdida total, y una modificación significativa en las relaciones sociales y familiares. Estas situaciones alteran la vida cotidiana de las familias de las personas que lo padecen y suponen un importante problema en su regreso a la vida laboral y comunitaria.
Aerte solicita una reunión con el conseller Moragues para encontrar una solución urgente a la deuda de más de 100 millones con los centros de atención a dependientes
La patronal empresarial de la dependencia pide que se actúe ya para la supervivencia del sector.
Debido al continuo incumplimiento de pago comprometido, de los más de 14.000 puestos de trabajo directo que genera actualmente el sector, 10.000 están en peligro de extinción a corto plazo.
La patronal, también pone en conocimiento del Ministerio de Hacienda la dramática situación que vive el sector de la dependencia de la Comunidad Valenciana debido al bloqueo del pago de la deuda desde hace más de diez meses consecutivos.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana, aerte, ha solicitado esta mañana una reunión con el conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, para encontrar una solución urgente y efectiva a la deuda de más de 100 millones que mantiene la administración con el sector de las residencias y centros a dependientes.
Ninguna acción encaminada a la obtención por parte de la administración autonómica valenciana de un plan de pagos estable está siendo efectiva. No es asumible, ni en lo económico ni en lo social, que la deuda comprometida se vaya acumulando de forma sucesiva durante más de diez meses consecutivos; que los tiempos establecidos a través del mecanismo de pago del FLA se incumplan y que, además, exista una latente asimetría en los calendarios de pago que se está practicando respecto a otros sectores que, ni mucho menos, llegan al año sin cobrar: el sector de la dependencia de la Comunidad Valenciana se siente totalmente ninguneada y marginada.
Según ha apuntado María José Mira, directora general de aerte, “este reiterado incumplimiento de pago tiene como consecuencia que, de los más de 14.000 puestos de trabajo directo que genera actualmente el sector, 10.000 estén en peligro de extinción a corto plazo. Esta situación afecta además a los servicios socio-sanitarios que reciben diariamente más de 22.000 dependientes en toda la Comunidad Valenciana: no sólo está en juego la supervivencia de un sector esencial en lo social, sino el bienestar y el cuidado necesario que necesitan estas personas”.
Petición al Gobierno central para que resuelva también el bloqueo
Por otro lado, la patronal de la dependencia de la Comunidad Valenciana, a través de la FED, volvió a poner en conocimiento del Ministerio de Hacienda el bloqueo del pago de la deuda acumulada con el sector, especialmente con la Comunidad Valenciana, donde el periodo de tiempo sin cobrar las cantidades pendientes es cuatro veces superior a la media.
En este sentido, Mira ha apuntado que “debido a la escasa efectividad de las acciones de la conselleria de Bienestar Social encaminadas a resolver el problema, aerte, reiterará la semana que viene, la necesidad de establecer una reunión en Madrid con la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas para plantear, entre otras cuestiones, el pago directo por vía de urgencia de los fondos estatales de dependencia desde el estado a las empresas como solución más rápida”.
Deuda acumulada de la administración autonómica valenciana en el mes de octubre con el sector de los centros y residencias de atención a dependientes en la Comunidad Valenciana (Fuente: aerte).
– 44 millones de euros correspondientes a los servicios públicos de gestión privada. Pendientes de cobro desde noviembre de 2012, es decir once meses sin cobrar.
– 40 millones de euros correspondientes a los servicios de accesibilidad social. Pendientes de cobro desde diciembre de 2012, es decir, diez meses sin cobrar.
– 9 millones de euros correspondientes a los Bono-residencias. Pendientes de cobro desde enero de 2013, es decir, nueve meses sin cobrar.
– 9,3 millones de euros correspondientes a servicios que prestan a las residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario (Lares).
* Cada mes que no se abona los pagos, se genera 10 millones más de deuda con el sector de centros y residencias de atención a personas dependientes de la Comunidad Valenciana
