La dependencia acelera su caída
Ya hay menos beneficiarios que cuando Rajoy asumió la presidencia en diciembre de 2011- Las personas atendidas se reducen en 15.000 a lo largo de este año
- El dinero para dependencia se congela
El sistema de dependencia echó a andar en enero de 2007. Creció, se estancó y, ahora, lastrado por la sucesión de recortes, está acelerando su caída, hasta el punto de que el nivel de cobertura del que estaba llamado a convertirse en el cuarto pilar del Estado de bienestar ha retrocedido en el tiempo para situarse por debajo de los niveles de hace casi dos años, según muestran los datos oficiales. Las comunidades autónomas —con excepciones— no son ni siquiera capaces de mantener el ritmo de reposición de los usuarios que fallecen y causan baja en el sistema con nuevas altas, como demuestra la tendencia consolidada de los últimos nueve meses. A lo largo del año 2013, el número de personas atendidas se ha reducido en 15.302.
Existen 736.249 beneficiarios de alguna de las ayudas que contempla la ley, según los últimos datos oficiales publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), con fecha de 31 de septiembre. Son 2.338 usuarios menos de los 738.587 que se encontró Mariano Rajoy en los registros del Imserso —entidad dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad— hace 21 meses, en diciembre de 2011, cuando tomó posesión como presidente del Gobierno.
Y no es que ya se haya alcanzado el punto en el que se atiende a todo aquel que necesita ayudas. Hay decenas de miles de personas atascadas en el arcén del sistema, esperando que les llegue el turno. La lista de espera de potenciales beneficiarios a los que las comunidades autónomas han reconocido la condición de dependientes con derecho a ayudas y aún no atienden representa una bolsa de 198.041 personas.
Estas cifras corresponden a datos oficiales regularizados de los informes que mensualmente publica el Imserso. Es decir, están limpios, después de que se depuraran los registros debido a las duplicidades o errores (en torno a un total de 13.000) que detectó el Tribunal de Cuentas en los expedientes enviados por las comunidades autónomas.
Fuentes del Imserso comentan que, pese a ello, los datos que reflejan sus informes, aunque son los oficiales, no son definitivos. Fruto del estudio del Tribunal de Cuentas se ha puesto en marcha un nuevo sistema de información y las autonomías “están en pleno trasvase de uno a otro [sistema]”, añaden. Por ello, “habrá que esperar a final de año” para conocer los datos finales.
Desde el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales subrayan que a lo largo de este año ha habido 60.879 altas en el sistema. Pero esta cifra es engañosa ya que los datos oficiales muestran una caída en los beneficiarios de la dependencia (personas con ayudas) a lo largo de este año. A pesar de las más de 60.000, el saldo final de 2013 hasta septiembre es de 15.302 usuarios menos. Ello implica que el número de bajas en el sistema (beneficiarios fallecidos) en este periodo ha sido de 76.181, muy superior a las nuevas incorporaciones que destaca el ministerio, y que son insuficientes para mantener el nivel de cobertura del sistema.
¿A qué se debe la caída del número de ayudas? José Manuel Ramírez, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales lo tiene claro: a los recortes del Gobierno del Partido Popular.
Por ejemplo, la eliminación de la inyección económica que el Estado transfería a las comunidades autónomas —las encargadas de ejecutar la ley—, una aportación de 283 millones de euros a la que se puso fin en 2012. El golpe más importante a la ley se produjo, sin embargo, con el Real Decreto de julio de 2012, añade Ramírez. Las “reformas para la racionalización del sistema”, según la terminología del ministerio, incluyó una batería de medidas con un impacto que el propio Ejecutivo valoró para 2013 en 1.108 millones de euros de ahorro (solo en dependencia) en las distintas Administraciones, según el Programa Nacional de Reformas remitido a Bruselas el pasado mayo.
En el real decreto se acordó la reducción del nivel mínimo (el dinero que destina el Estado a las regiones correspondiente a la cuota que paga por los dependientes) en un 13%, la minoración del 15% de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras o la reducción de la compatibilidad entre servicios, entre otros aspectos.
La puesta en marcha de estas medidas no tuvo un efecto inmediato, según apunta Ramírez. Provocó, primero, la congelación del sistema y, posteriormente, una caída de usuarios que se está haciendo especialmente evidente en estos momentos con las últimas cifras oficiales.
No todas las autonomías retroceden en ayudas. Extremadura, Castilla y León o Cataluña aumentan ligeramente el número de beneficiarios, a pesar de tener tasas de cobertura superiores a la media estatal. En otras, como Aragón, el retroceso ha sido del 15% de usuarios en 21 meses.
Pero más allá de estas diferencias, las tensiones presupuestarias para mantener el sistema son generalizadas. La Comunidad Valenciana, que desde la puesta en marcha de la ley siempre ha ocupado los lugares de cola en cuanto al desarrollo del sistema, cuenta con 2.000 expedientes de prestaciones económicas para atención residencial congelados, indican desde la patronal de residencias privadas Aerte. También respecto a estas mismas ayudas, Cataluña anunció en septiembre que la medida de suspender provisionalmente la concesión de nuevas prestaciones, dictada en agosto, se convertía en indefinida.
Las estadísticas del Imserso reflejan la caída sostenida de las personas registradas en la lista de espera de la dependencia. De los 305.941 beneficiarios pendientes de recibir una prestación en enero de 2012 se ha pasado a 198.041 en septiembre de este año. El ministerio presume de que esta es la cifra más baja desde el inicio de la dependencia. Pero, según Ramírez, este comportamiento no obedece a una gestión exitosa del sistema de dependencia. Lo lógico sería que a la reducción de la lista de espera (sobre todo, dado el volumen de la caída) correspondiera un incremento en el número de beneficiarios por el trasvase de personas de uno a otro grupo. Pero los datos no solo niegan esta relación, sino que indican lo contrario: se ha producido una caída tanto en la bolsa de personas en espera como en el número de usuarios.
Ramírez apunta a varias razones para explicar esta aparente contradicción. La lista ha caído en parte por el aplazamiento de la cobertura a los dependientes moderados hasta julio de 2015 —una medida tomada a finales de 2011—. Pero también por las miles de personas que mueren aguardando una ayuda que nunca llega. Jaime Esteban, coordinador de las plataformas españolas en defensa de la Ley de Dependencia estima que solo en la Comunidad Valenciana, el número de fallecidos en estas condiciones sería de 30.000 desde el inicio de la norma.
