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César Antón asegura que no hay nuevas medidas de recorte en dependencia
El director general del Imserso, César Antón, ha afirmado hoy que no se están produciendo nuevos recortes en las ayudas sobre la dependencia y que la aportación de los usuarios ya se acordó en 2012, aunque en algunas Comunidades autónomas se esté adaptando ahora.
Antón ha matizado que todos los acuerdos sobre dependencia se tomaron el 10 de julio de 2012 en el consejo interterritorial de Sanidad con todas las Comunidades autónomas, que los acuerdos se publicaron en el BOE en agosto de ese año y que desde entonces «no hay nada nuevo».
El desarrollo de esos acuerdos supuso unas medidas de ahorro que en algunos casos tuvieron efectos presupuestarios en 2012 y en otros se están aplicando progresivamente y tienen su traslación en los presupuestos de 2013, ha agregado en rueda de prensa.
Por tanto «no hay nada nuevo, hemos sido transparentes y estamos haciendo lo que hemos aprobado de acuerdo con las Comunidades autónomas», ha subrayado.
En cuanto a la aportación del usuario, Antón ha manifestado que también se aprobó en el consejo interterritorial con el acuerdo de todas las Comunidades autónomas.
En este sentido ha recordado que la Ley de Dependencia ya establece, desde el año 2006, que los usuarios deben participar con aportaciones para contribuir a su financiación.
«El problema es que no había un desarrollo de esa parte de la ley, con una sentencia recurrida y un gran vacío legal», ha recordado.
Por eso en el consejo de julio de 2012 se establecieron las bases para esa aportación, con el principio de que fuese igual para todo el territorio, ya que «la normativa debe ser igualitaria en todo el territorio».
En este punto, Antón ha explicado que desde ese mes de julio algunas comunidades autónomas han adaptado a su normativa la aportación del usuario y en base a ese acuerdo, se está aplicando dicha aportación.
Ha recordado que en el caso de usuarios dependientes con una capacidad económica por debajo del IPREM «la aportación es de cero euros» y que se va incrementando en función de la capacidad económica del usuario, de forma que «aporten más los que más tienen», ha concluido.
El Gobierno extremeño contratará por 6,8 millones la gestión de cien plazas para atención a dependencia tipo tres
El Gobierno extremeño contratará por un importe total de 6.837.480 euros la gestión, durante cuatro años, del servicio de estancias de cuidados personales y atención a situaciones de dependencia, modalidad Tipo Tres (T3), para las 100 plazas que quedaron desiertas en la licitación pública realizada en julio de 2012.
El Consejo de Gobierno ha autorizado al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) para contratar, mediante el procedimiento negociado sin publicidad, la gestión de este servicio.
Según explica el Ejecutivo regional en nota de prensa, el servicio público de cuidados personales y atención a situaciones de dependencia, estancias T3, tiene por objeto la «prestación de cuidados integrales a personas en situación de dependencia que poseen un bajo nivel de autonomía y necesitan cuidados o supervisión prolongados», dentro de un entorno residencial, «con intervención sanitaria puntual, ante la inadecuación o inexistencia de una red social de apoyo suficiente».
Con esta autorización se pretende completar la oferta de 778 plazas que se ofertaron en el año 2012, de las que 100 no fueron adjudicadas en la licitación pública realizada.
El importe de la contratación para este centenar de plazas asciende a 6.837.480 euros, más 4.102 euros para traslados, por un periodo de cuatro años.
PLAZAS PARA MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la celebración de convenios con los ayuntamientos de Villanueva de la Vera, Lobón y La Coronada para el mantenimiento de 48 plazas para personas mayores en situación de dependencia en centros de día y residenciales.
El presupuesto global que la Consejería de Salud y Política Social destinará a estos convenios, a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, se eleva a 432.800 euros.
En concreto, el Ayuntamiento de Villanueva de la Vera recibirá una subvención de 310.800 euros para el mantenimiento de 28 plazas en el centro residencial de titularidad municipal.
Además, el Ayuntamiento de La Coronada se concederán 61.000 euros para el mantenimiento de 10 plazas en su centro de día y al de Lobón la misma cuantía también para el mantenimiento de una decena de plazas en el centro de día de titularidad municipal.
AYUDA A DOMICILIO
Finalmente, el Ejecutivo regional ha autorizado la firma de convenios con once ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para el mantenimiento y financiación, con una cuantía global de 955.283,97 euros, del servicio de ayuda a domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Estos convenios, por los que se articula una subvención para el mantenimiento de este servicio, se celebrarán entre la Consejería de Salud y Política Social, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia y los consistorios.
Se trata de Casar de Cáceres, que recibirá una subvención de 60.509,38 euros; Arroyo de la Luz (82.030,75 €) ; Campanario (68.618,88 €); Cabeza del Buey (69.320,66 euros); Jaraíz de la Vera (82.966,46 euros); Guareña (91.699,78 euros); Coria (160.942,46 euros); Llerena (72.829,58 euros); Calamonte (75.870,65 euros); Miajadas (126.087,19 euros), y Quintana de la Serena (64.408,18 euros).
El Gobierno prepara un recorte de 958 millones en Dependencia para este año
El Gobierno asesta el enésimo hachazo a la ya de por sí maltrecha ley de dependencia con un recorte previsto para 2013 de 958 millones de euros. Así consta en el Plan Nacional de Reformas enviado a la Comisión Europea por el Ejecutivo y conocido a última hora de ayer. En concreto, el programa anuncia para este año la aprobación de dos nuevos reales decretos para «adecuar las prestaciones a la capacidad económica del beneficiario» y «para regular las prestaciones del sistema» que en la práctica supondrán un «ahorro» de 958 millones. Sin embargo, no es la única sorpresa que depara el documento. De hecho, en total, el Gobierno prevé ahorrar cerca de 4.000 millones en todo tipo de políticas sanitarias nuevas o con la recaudación de algunas de las medidas que ya tomó durante el año pasado.
Los 770.000 dependientes que reciben ayuda en la actualidad verán reducida su cuantía este año casi con toda seguridad en lo que puede ser casi el golpe definitivo a la que se consideró en 2006 la cuarta pata del Estado de Bienestar. Y es que las medidas anunciadas en el documento remitido a Bruselas insisten en profundizar los recortes aplicados ya el año pasado -mediante otro real decreto en julio y a través de los presupuestos-. De hecho, el Gobierno vuelve a poner el foco del ajuste en las prestaciones del beneficiario. Unas ayudas que en 2012 ya se redujeron mediante una menor aportación del Estado de hasta un 13% (200 millones) al denominado ‘nivel mínimo de protección’, es decir, el dinero que reciben las comunidades autónomas por cada dependiente en función de su gravedad.
Este ajuste se suma a otros realizados en 2012 como la suspensión del pago de las cuotas a la seguridad social de los cuidadores familiares, que afectó a 146.000 personas. Unos cuidadores que ya habían sufrido otro tijeretazo del 15% en las ayudas directas por cuidar del familiar. El Gobierno siempre ha alegado que estas medidas pretendían fomentar el incremento de los cuidadores profesionales en detrimento de los familiares, una figura contemplada en la ley como «excepcional» que se había generalizado. Otra medida de ahorro detallada en el Plan Nacional de Reformas es la demora en la incorporación al sistema de las personas beneficiaras con menor grado de dependencia, cuyas ayudas no empezarán a recibir hasta 2015. Con todas estas medidas el Gobierno de Mariano Rajoy calcula un ahorro de 530 millones.
Ahorro sociosanitario
En el documento enviado a Bruselas el Ejecutivo también recoge la «simplificación en el proceso de valoraciones» de los solicitantes con los el ministerio que dirige Ana Mato se ahorró 69 millones en 2012. El Gobierno estima que ese ahorro se elevará hasta los 150 millones en 2013 y a 168 millones en 2014.
Sin embargo, numerosas asociaciones criticaron esta nueva fórmula de evaluación porque el ministerio eliminó varias subdivisiones en los distintos grados de dependencia. De esta forma, muchos solicitantes pasaron a contemplarse como moderados y, por tanto, sus ayudas fueron retrasadas hasta 2015.
En el desglose de las medidas de reformas, el Ejecutivo apuesta por una reducción de 1.809 millones del gasto farmacéutico, de los cuales 409 millones corresponderán «a la implantación de la orden de precios de referencia», una nueva medida para este año. También prevé el establecimiento de nuevos tramos de aportación farmacéutica, aunque no detalla si será un aumento del copago o la creación de dos categorías en el tramo más alto, entre los 18.000 y los 100.000 euros. Otra de las medidas previstas incluye el ahorro de 150 millones que las arcas públicas obtendrán con la aplicación «de la cartera de servicios, el perfil de los beneficiados y su acreditación».
En cuanto a gestión sanitaria, el despliegue de la historia clínica digital y el el impulso de la receta electrónica permitirán no gastar 300 millones. Por otra parte, la ordenación de la cartera de servicios básicos va a generar un ahorro de 875 millones, correspondiendo 700 millones a la de servicios asistenciales y 175 millones a la cartera sujeta a la aportación del usuario.
HelpAge reclama a los políticos europeos una Convención Internacional por los Derechos de las Personas Mayores
La Fundación HelpAge Intenational España ha demandado a los políticos europeos apoyo para conseguir una Convención Internacional por los Derechos de las Personas Mayores, coincidiendo con el Día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional, celebrado este lunes.
Asimismo, con motivo de este día, la Fundación ha promovido las jornadas ‘Los Derechos Humanos son un Derecho de Todos: No a la Discriminación por Edad’, que nacen con el objetivo de «continuar el trabajo de HelpAge para apoyar los derechos de las personas mayores a nivel nacional». En este sentido, la organización ha explicado que su misión comenzó con del lanzamiento, el pasado mes de octubre en Madrid, del informe ‘Envejecer en el siglo XXI: Una celebración y un desafío’, realizado junto al Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).
La directora general de HelpAge International, Silvia Estefanoni, ha manifestado que es «fundamental» el establecimiento de una Convención por los Derechos de las Personas Mayores. «Es necesario tomarse muy en serio que vivimos en un mundo que envejece y establecer mecanismos para afrontar ese reto».
Por su parte, la presidenta de HelpAge International España, Pilar Rodríguez, ha subrayado la importancia de «aunar esfuerzos para responder al desafío de que las personas mayores vean respetados sus derechos». Además, ha planteado la necesidad de trabajar a través de alianzas para «conseguir una visibilización de los derechos y necesidades de las personas mayores».
Por otro lado, la Fundación ha presentado también la exposición fotográfica ‘La Mirada de los Mayores». Personas Mayores Desplazadas en Colombia’, que recoge las imágenes del fotoperiodista Antonio Olmos y de la fotógrafa Loise O’Gorman sobre desplazados mayores colombianos. Así, HelpAge ha recordado que el 10,1 por ciento de los desplazados en Colombia son personas mayores de 60 años.
Más del 45% de la población española será dependiente en 2032
Más del 45 por ciento de la población española será dependiente en el año 2032, afectando principalmente a aquellos que en la actualidad tengan entre 30 y 35 años, según los datos ofrecidos por el INE y recogidos en el informe del Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia ‘The Family Watch’ sobre la calidad de vida en la Tercera Edad y el envejecimiento activo.
Ante esta cifra, el documento, presentado este lunes en Madrid con motivo del Día Europeo de Solidaridad entre Generaciones, propone una serie de prácticas que «favorecen un buen envejecimiento a nivel físico» y que parten desde la prevención. Así, destaca que «mantenerse activo y ser optimista ante el envejecimiento, puede ser un factor determinante para vivir hasta 7,5 años más».
Para el gerontólogo de la Fundación Vianorte-LAGUNA, Fermín Mínguez, lo realmente importante a la hora de envejecer es «la forma en que una persona se percibe a sí misma». «Ante la evidencia de que lo único claro es que vamos a envejecer, lo que podemos hacer es modificar la forma en la que envejecemos e intervenir sobre nuestra vejez», ha apostillado.
Asimismo, Fermín Mínguez ha asegurado que la integración social es «prioritaria». «Es fundamental que una persona se sienta útil y querida, y aquí el papel de la familia es vital –ha añadido–. Es importante trabajar desde la integración de las personas mayores, sabiendo que nosotros, nos guste o no, también seremos mayores».
Además, el trabajo alerta sobre un factor demográfico «preocupante», como es que la proporción de mayores crece más rápidamente que cualquier otro grupo de población. Ante esto, el director general de ‘The Family Watch’, Ignacio Socías, ha recordado que, según datos del INE, en España el índice de envejecimiento –el porcentaje de población mayor de 64 años respecto a los menores de 16– ha pasado del 36 por ciento en el año 1975, al 82 por ciento en 1995 hasta alcanzar un 108 por ciento en 2012. «El envejecimiento de la población es un dato preocupante, dado que en la actualidad, en España, los mayores de 65 años es el grupo de edad que más está aumentando», ha precisado.
Por ello, Mínguez ha subrayado la importancia de la prevención, puesto que, a su juicio, «sería la parte más barata en los tratamiento, ya que prevenir siempre es mucho más barato que curar». «Hay que lamentar que no se esté interviniendo sobre esa prevención, que puede complicar mucho la vida a largo plazo», ha añadido.
Por su parte, Socías ha asegurado que proponer leyes o programas para ámbitos como la familia, la infancia o los mayores conllevan «el peligro de quedarse en buenas intenciones y que no se lleguen a concretar». «Tenemos que pedirles a los políticos que no basta con que manifiesten buenas intenciones, sino que den pasos a delante que de verdad sirvan», ha apuntado.
El texto expone también la existencia de varios pilares básicos sobre los que debe apoyarse el envejecimiento activo y que se basan en mantener un etilo de vida saludable, con el fomento de la actividad cognitiva a través de la realización de actividades estimulantes y la participación en actividades sociales que reduzcan el sentimiento de soledad o aislamiento; en el fomento de las emociones positivas como el optimismo; así como fomentar la actividad cognitiva.
El deporte, clave para la inclusión de personas con discapacidad
Según el Centro de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI), la práctica deportiva permite impulsar un cambio de actitud fundamental entre los niños y niñas de cara a la inclusión de personas con discapacidad.
El deporte es una de vías que permite poner en contacto a jóvenes con y sin discapacidad. Cuando a los chicos y chicas sin discapacidad se les da la oportunidad de practicar deporte junto a personas con discapacidad, su actitud hacia la inclusión se vuelve más positiva, según explican desde el CEDI. Igualmente, es importante que en la escuela se utilice una metodología inclusiva, y para ello el papel de los profesores de Educación Física es fundamental.
En los últimos cuatro años, el CEDI y la Fundación Sanitas han promovido iniciativas deportivas que han permitido que más de 5.600 niños y niñas, con y sin discapacidad, hayan tenido la oportunidad de practicar algún tipo de deporte inclusivo. Ambas organizaciones colaboran en el marco de la Alianza por el Deporte Inclusivo 2012-2015.
Este año, cerca de 800 alumnos con y sin discapacidad de la Comunidad de Madrid participaron en el Día del deporte inclusivo en la escuela, el pasado 26 de abril. Los jóvenes demostraron sus habilidades en diferentes deportes paralímpicos como atletismo para ciegos, boccia, goalball, baloncesto en silla de ruedas o judo. La jornada lúdico-deportiva tuvo lugar en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) y del Consejo Superior de Deportes.
El Día del deporte inclusivo se enmarca dentro del programa educativo “Deporte inclusivo en la escuela”, una iniciativa puesta en marcha con el objetivo de promover la práctica deportiva inclusiva en los centros de secundaria. En total, más de 2.800 alumnos con y sin discapacidad de entre 12 y 17 años, de 16 centros educativos de la Comunidad de Madrid, han participado en esta iniciativa promovida por el CEDI y la Fundación Sanitas, junto con el Comité Paralímpico Español, Liberty Seguros y la Fundación Adecco.
Un grupo de mayores de la residencia Amma Coslada visita la Asamblea de Madrid
Con el fin de mantener contacto con la sociedad y de satisfacer sus inquietudes políticas y culturales, un grupo de residentes del centro Amma Coslada, acompañados por un guía y por profesionales de la residencia, han visitado recientemente la Asamblea de Madrid en su sede de Vallecas.
Los curiosos visitantes no dudaron en consultar acerca del funcionamiento del ente público recibiendo explicaciones además sobre las medidas de seguridad que se toman para preservar el voto, cómo se compone y forma la mesa de la presidencia, los distintos presidentes que han pasado ya por la Asamblea de Madrid, la simbología de su escudo y las diferencias con el Congreso de los Diputados.
También hubo tiempo para el debate a la hora de preguntar por los temas de actualidad que actualmente tienen lugar en la agenda política, momento en el que los residentes del centro Amma Coslada manifestaron sus posturas.
Al finalizar la visita, los residentes recibieron regalos como pins, revistas y libros, además de un cariñoso saludo por parte del personal de la Asamblea quienes se mostraron encantados con la visita.
La visita a la asamblea forma parte del conjunto de actividades en el exterior que lleva a cabo la residencia Amma Coslada para fomentar el envejecimiento activo de los residentes y también su relación con sus entornos más cercanos.
5 millones para paliar los recortes estatales en ayudas sociales
El Ayuntamiento de La Laguna aportará de su propio presupuesto cinco millones de euros para compensar el drástico recorte del Gobierno de España en el ámbito de los servicios sociales. Así lo confirmó el concejal responsable de Bienestar Social, Miguel Ángel González, quien denunció que «la incomprensible dejación estatal en el ámbito social es vergonzosa, poniendo en entredicho la propia viabilidad del sistema de atención social en todo el país, y dejando caer todo el peso de la financiación de numerosos recursos en los ayuntamientos, a los que al mismo tiempo limita su capacidad de maniobra, generando un círculo vicioso que paradójicamente sufren las personas con mayores necesidades».
Sin embargo, «este Ayuntamiento y su alcalde Fernando Clavijo sí tienen clara cuál es la prioridad absoluta, por lo que seguiremos poniendo las partidas económicas que sean precisas para que los diferentes programas y recursos sociales sigan prestándose», precisó González, aludiendo a un acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la pasada semana que aprobó la citada aportación municipal de cinco millones de euros.
En concreto, la aportación del Gobierno de España al Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales se ha reducido este año un 42% con respecto al pasado año, en que también había habido recorte estatal, quedando su financiación para La Laguna durante este 2013 en apenas 67.000 euros. A su vez, el Gobierno de Canarias ha mantenido su financiación a este plan, cifrada en 509.000 euros.
El Plan Concertado es una herramienta fundamental que, desde finales de los años 80, establece la cooperación económica entre las diferentes administraciones públicas para garantizar unos servicios sociales básicos a la ciudadanía. Bajo su paraguas se halla la red de Unidades de Trabajo Social de zona (encargadas de la tramitación de ayudas de emergencia social, a familias, personas mayores o con discapacidad) o la financiación de programas tan relevantes como la ayuda a domicilio y la teleasistencia a mayores y dependientes.
El presupuesto de Bienestar Social previsto para este año es de 14,4 millones de euros, cifra que representa un 10% del gasto total de la Corporación local.
Es preciso señalar que el pasado mes de marzo el Pleno municipal ya acordó por unanimidad instar al Gobierno de España a reponer sus aportaciones al Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, contribuyendo en mayor medida a la continuidad del régimen de prestaciones que recibe la ciudadanía en situación de necesidad social.
Asimismo, el concejal lagunero de Bienestar Social, Miguel Ángel González, también expresó su preocupación sobre el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en línea con la postura ya expresadas por las federaciones de municipios canarios y españoles. Según indica el concejal, «este anteproyecto estatal, bajo la excusa de clarificar competencias, retira numerosas prestaciones de servicios sociales a los ayuntamientos, alejándolas de los ciudadanos, lo que asestaría un golpe sin precedentes a la actual estructura del sistema público de servicios sociales».
Aerte consolida su presidencia y Junta Directiva en una Asamblea Anual que determina una asociación más implicada
Aerte designa a José María Moreno como presidente de la Asociación y apuesta por una Asociación más activa con una mayor participación del asociado
La Asociación reconoce la labor de Alicia de Miguel, del periodista Vicente Useros y del técnico de la Conselleria Carlos Chapa durante 2012 hacia el sector Dependencia con sus Insignias de Plata
Aerte, patronal del sector Dependencia en Comunidad Valenciana, ha celebrado hoy su Asamblea anual en el marco de un acto que ha contado con la presencia de M. Manuela García Reboll -Secretaria Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia- Alberto Echeverría -Presidente de la FED- y de otros agentes sociales relacionados con el sector quienes, junto a los asociados, han valorado el trabajo realizado por Aerte durante el pasado 2012.
La Asamblea anual de Aerte se ha caracterizado por las expectativas que ha generado el anuncio de la nueva presidencia de la asociación, que ha recaído en la figura del empresario José María Moreno -quien asumió la presidencia de forma provisional tras la dimisión de Alberto Giménez- y la designación de una nueva Junta Directiva.
Durante la apertura de esta Asamblea, José María Moreno -presidente de Aerte- ha aventurado a los empresarios asistentes una asociación más activa, que cubrirá más necesidades y lo hará de forma más ejecutiva gracias, según ha manifestado Moreno, a una mayor implicación de los asociados a través de las comisiones y grupos de trabajo ya creados, con una representación más ejecutiva que descansará en la figura de la Directora General, María José Mira.
En el curso de su intervención, el presidente de Aerte ha citado el ejemplo de responsabilidad que ha demostrado el sector de la Dependencia valenciano durante 2012, reconociendo de esta manera el esfuerzo “casi vocacional” de unas empresas que han dado servicio a más de 20.000 dependientes durante todo el año 2012, sin haber cobrado ni uno de los pagos correspondientes por parte de la Administración.
También ha reconocido el trabajo realizado por la Junta Directiva gracias a cuyo esfuerzo, se ha conseguido resolver el 70% de la deuda pendiente, tras lo cual ha aludido al plan de pagos pactado con la Administración y a la necesidad de cumplir los compromisos sin resolver y en particular, establecer un nuevo calendario de pago para la deuda ya acumulada correspondiente a 2013.
José María Moreno ha concluido destacando la responsabilidad asumida con la Administración, en pos de cumplir con los objetivos y las responsabilidades necesarias para que el sector pueda funcionar con normalidad y continuar prestando la labor que desempeña para con la población dependiente. También ha agradecido el esfuerzo que se está realizando desde el sector para aportar normalidad a la importante labor social que desempeña, tras el año transcurrido.
Por su parte María José Mira, gerente de Aerte, ha querido enfatizar el trabajo que la Asociación ha realizado durante 2012 y los objetivos conseguidos, esenciales para el funcionamiento del sector dependencia, en alusión al porcentaje de deuda cobrada por los asociados correspondiente al año 2012, superior al 70% del total.
La gerente de Aerte ha destacado el papel de una asociación cuya razón de ser es el empresario del sector de toda la vida, así como la población dependiente a la que presta servicio, hacia quien ha manifestado un claro compromiso para que la Ley de Dependencia se aplique de una forma equitativa en la Comunidad Valenciana, tanto para los profesionales como para los dependientes y sus familias.
Mira ha hecho alusión a la situación por la que han atravesado muchas empresas a lo largo de 2012, axfisiadas por los impagos de la Administración, el riesgo de la pérdida de puestos de trabajo, el trato diferenciado y discriminatorio que se ha dado a las empresas del sector, y a muchos enfermos dependientes, cuyos expedientes continúan paralizados en Bienestar Social sin ninguna respuesta.
Reconocimientos desde el sector dependencia
Uno de los momentos más destacados de la Asamblea anual de Aerte ha sido la entrega de las Insignias de Plata, un reconocimiento que esta asociación realiza cada año con el objetivo de premiar el trabajo realizado a favor de la Dependencia en la Comunidad Valenciana, que la asociación distribuye en tres categorías diferentes.
Con la entrega de las Insignias de Plata, Aerte reconoce a una persona destacada por su labor desempeñada al frente de la Conselleria de Bienestar Social en favor del sector de la Dependencia valenciano. A un periodista por su labor mediática y de investigación relacionada con la Dependencia, y el trabajo y esfuerzo realizados por un funcionario en su relación con el sector dependencia, desde la Administración valenciana.
En esta ocasión, las insignias de plata han recaído en la figura de Alicia de Miguel, por los efectos de la labor que desempeñó como Consellera al frente de Bienestar Social durante los años 2003 a 2007, y su impacto en el sector y en la población dependiente.
La insignia al periodista, destacado por la imparcialidad y objetividad demostrada a la hora de afrontar temas informativos relacionados con la Dependencia y en particular, ha recaído en Vicente Martínez Useros, redactorjefe del diario El Mundo.
Por último, la insignia en reconocimiento al trabajo, el esfuerzo y la dedicación diaria realidada desde la Administración a favor del sector de la Dependencia valenciana y su población, ha recaído en la figura de Carlos Chapa, técnico de la Dirección Territorial de Bienestar Social en Valencia.
La Ley de la Dependencia cumplió cinco años, pero no sé si cumplirá seis
Jesús Caldera. Exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, ‘padre’ de la Ley de la Dependencia. «Asturias debe corregir el exceso de pagas al cuidador familiar. Y no es justa su queja de que el Estado paga menos»
Es el ‘padre’ -junto a José Luis Rodríguez Zapatero, al que no cita en toda la entrevista- de la Ley de la Dependencia. La norma que convierte en derecho la atención a las personas con escasa autonomía personal y cuya puesta en marcha, en abril de 2007, fue equiparada a la de los sistemas públicos de salud y educación. Cinco años después, ni Jesús Caldera es ministro de Trabajo y Asuntos Sociales -ahora es el vicepresidente de la Fundación Ideas, gestadora del programa del PSOE- ni el sistema de la dependencia se asemeja a los de salud o educación. Con la cartera ministerial colgada «definitivamente», pero con el empleo como línea argumental, Caldera critica con dureza la gestión del PP, pero tampoco respalda la posición del Gobierno asturiano. Pese a ser tan socialistas como él, cree que se equivocaron con la ley.
-El ‘padre’ de la Ley de la Dependencia, ¿cómo cree que tratan a su hija?
-Es una sensación ambivalente. El gobierno comete un grave error reduciendo los recursos en dependencia. Al contrario, ahora había que aumentarlos. Por razones sociales, pero también económicas: cada euro público que se invierte genera un multiplicador positivo y eso es, precisamente, lo que recomienda el FMI.
-Quinto aniversario. ¿Habrá más?
-No lo sé. La verdad es que está muy afectada. La Ley de la Dependencia cumplió cinco años, pero no sé si cumplirá seis. El PP comete un error al no invertir en ella. Y que no engañe, que Bruselas no le obliga a recortarla.
-¿Por qué?
-Porque Bruselas permite invertir en políticas generadoras de empleo y la Ley de la Dependencia es un motor de creación. O era. En 2012 , por primera vez, se ha destruido empleo en la dependencia. Calculo que unos 25.000 puestos. Y eso que entre 2007 y 2011, la ley generó aproximadamente 150.000. Si añadimos los indirectos, superamos los 240.000. Pero, ahora el PP la ha recortado. No sólo ha reducido los créditos directos para la financiación, sino que ha dado un golpe de muerte a los cuidadores familiares: les ha retirado la cotización y reducido la prestación. Es difícil que esas personas se mantengan. Se van a empobrecer. Y, es difícil que la iniciativa privada invierta. Cualquier analista dice que los yacimientos de empleo están en sectores que generan mano de obra, empleo de calidad e imposible de deslocalizar. Y eso es lo que hace la Ley de la Dependencia.
-Al margen de esos argumentos, ¿el problema más grave no es que se está vulnerando su espíritu?
-Sí, pero la Ley de la Dependencia, las energías renovables y el I+D+i son los únicos sectores que pueden crear empleo. Hasta un millón. Y ser motor de más. Pero sí, como usted dice, se está vulnerando la ley. Una ley que fue casi un milagro, porque se logró el consenso con todas las comunidades, ya que trata de competencias autonómicas.
«Es un derecho subjetivo»
-Consenso con muchas reticencias.
-Sí, en el PP arrastraron bastante los pies. Probablemente porque llevaban sobre sí la culpa de que podían haber hecho una norma similar antes, cuando gobernaban y había numerosos recursos económicos. Pero luego la aprobaron y lo que hay que garantizar es lo más importante, que es un derecho subjetivo. Y debe hacerse de acuerdo a la ley, orientada a los servicios profesionales. Ése es el objetivo. La ley tiene una parte, minoritaria, de garantía para los cuidadores familiares…
-Perdone, pero esa figura minoritaria ha sido la mayoritaria.
-En algunas comunidades. No en Andalucía, por ejemplo.
-Pero sí en Asturias, que es una comunidad gobernada por socialistas.
-No tengo el dato exacto de Asturias.
-Se lo doy: ahora el 47% de las ayudas son al cuidador familiar. Y ha estado muy por encima de esa tasa.
-Pues yo creo que lo recomendable es ir a un sistema en el que 2/3 sean servicios profesionales, con todo el control de calidad, y un 1/3 con prestaciones familiares o mediante pago. Porque la capacidad de generación de empleo está en el servicio profesional. Crea mucho empleo. ¿Cómo se puede explicar que haya listas de espera enormes para personas que tienen que ser atendidas en centro de día, residencia o ayuda a domicilio, con enoooormes (casi grita) repito, enooormes (grita directamente) listas de espera, mientras tenemos millones de personas en paro?
-También hay plazas vacías.
-Pero las plazas vacías suelen ser las que son muy caras. Realmente el sistema no es capaz de absorber todas las necesidades. Tenemos que casar la oferta y la demanda. Permitirá generar miles de empleos.
-Y ¿algo de autocrítica? La ley ha sido objeto de muchas quejas. La más importante, sobre la falta de financiación. Las comunidades dicen que el Estado no aporta lo que debe.
-Todos cometemos errores. La ley es una gran ley, aunque puede tener algunos problemas de diseño, no lo niego. Pero esa crítica de que el Estado no paga parte de un error conceptual: las competencias son de las comunidades autónomas, no del Estado.
-Sí, pero la ley fija, al margen del copago del usuario, un reparto al 50% del gasto entre las administraciones central y regional. Y las comunidades, entre ellas Asturias, dicen que ponen 8 de cada 10 euros.
-Sí, también lo ha dicho Castilla y León. Pero, ¿por qué lo dicen?
-Eso le pregunto yo.
-Pues porque el gasto previo estaba sólo en manos de las comunidades autónomas. El Estado no tenía competencias en servicios sociales. El Estado lo que dijo fue: a partir de ahora, les damos el derecho a estas personas. A partir de ahí, a los nuevos usuarios de esos servicios les vamos a financiar al 50% del coste. Ésa era la filosofía. Desde ese punto de vista, no son aceptables esas críticas.
-Insisto, Asturias también critica.
-Y yo insisto en que no es justa esa crítica. Ahora bien, se podría plantear: ‘Oiga, tiene que haber más recursos’. Y yo estoy de acuerdo. De hecho, se hizo una planificación a siete años para ir aumentando progresivamente la inversión. ¿Que el Estado debería aportar dinero adicional? De acuerdo. Si yo hubiera podido y, ahora, más, si yo tuviera la responsabilidad, invertiría más. Pero creo que nosotros llegamos hasta donde pudimos con las restricciones constitucionales.
-¿Comparte las críticas de que algunas comunidades han hecho caja?
-No lo creo. Siempre puede haber un desfase, que debe y puede controlar el ministerio, pero hacer caja… No. El problema de los diferentes ritmos de aplicación es que algunas comunidades, paradójicamente las del PP -sobre todo Murcia, Valencia y Madrid- estaban muy atrasadas. Pero creo que todas tiraron por la ley. Con medidas que no son las mejores, como primar excesivamente las ayudas en el entorno familiar. Claro que lo hicieron porque son más baratas, pero eso te condiciona la aplicación de la ley y, sobre todo, te evita crear empleo.
-Le repito: Asturias, comunidad socialista, también primó esa paga.
-Pues debería corregir ese exceso. Ahora ya tiene menos y ésa debe ser su tendencia en los años futuros.
-¿Años futuros? ¿Los habrá o los usuarios acabarán tirando la toalla?
-No la tirarán porque no tienen otra opción. Por eso digo que la ley tiene futuro, porque estas personas no tienen otra opción. ¿Qué van a hacer?
-Volver a sus casas, que es lo que están haciendo ahora, o no utilizar servicios de mejora de calidad de vida.
-Claro que se irán a su casa si no encuentran cobertura suficiente, pero por eso digo que la ley, en el medio plazo, tiene todo el sentido y deberá haber una revisión de las políticas. Ese mantra que nos vendieron de que la austeridad es expansiva… ¿Dónde? Va a haber un cambio. Lo están haciendo Japón, Inglaterra… Europa tiene que tener una política de estímulos.
-En EL COMERCIO hemos desvelado el caso de Rafa Funes, un tetraparesio, gran dependiente, al que mantiene su padre de 93 años porque su única ayuda a la dependencia son 278 euros. ¿La ley no iba a resolver estas situaciones?
-Claro. Por supuesto. No conozco el caso, pero no sé cómo están aplicando la ley, cómo le cuantifican los ingresos.
-Los del padre, él no tiene.
-Claro, claro, por supuesto, si es un gran dependiente está claro que necesita una persona para su atención. No sé cómo está aplicada la ley, este caso es incomprensible. Algo no se ha hecho bien. Debería tener asistente personal.
-Sí, pero esa figura, que iba a ser la estrella de la ley, casi no existe. En Asturias sólo hay un caso.
-Es que esa figura es muy cara. Es muy difícil financiar un asistente personal para cada situación. Nosotros habíamos diseñado una atención colectiva, cooperativa. Es la solución, pero es verdad que se ha desarrollado poco esa figura.
-¿Vamos hacia una privatización de servicios?
-Completamente. Y es un error, porque muchas familias no tendrán otra opción que la oferta pública. Lo ideal es un sistema mixto, con iniciativa pública y privada.
Intercambio entre residentes de Sanitas Txindoki y Miramón
La primavera ha comenzado fuerte en el gerontológico Sanitas Residencial Txindoki. Aunque en realidad, todas las estaciones lo hacen en este centro en el que la actividad no cesa, para alegría de sus residentes que se suman sin prejuicios a cualquier propuesta que les llegue desde sus responsables.
Hace unos días, tuvieron la oportunidad de participar en una suerte de intercambio interresidencial, al recibir la visita de un grupo de Residentes del centro Sanitas Residencial Miramón, de San Sebastián. En un ambiente festivo, y como preparativo para los San Prudencios que también disfrutarán, vivieron una jornada muy intensa. Por la mañana tuvieron ocasión de jugar al bingo con regalos y fueron obsequiados con unos pintxos de txistorra. Posteriormente los visitantes dieron un paseo por los alrededores del gerontológico, quedándose sumamente complacidos de ver el sitio tan privilegiado donde está instalado el centro, con un espacio en el que pueden pasear, admirar las huertas, etc, aspectos todos ellos muy favorecedores e ilusionantes para las personas mayores. No en vano, muchos de ellos proceden del mundo rural. Ya por la tarde celebraron una misa cantada especial, rociera, haciendo un guiño a la Feria de Abril. De hecho, recordaron que la primera que se celebró en Sevilla fue organizada por un catalán y un vasco.
Para completar la jornada, también rememoraron el popular concurso televisivo ‘1, 2, 3, responda otra vez’. Y con todo detalle, además, ya que no faltaron las Tacañonas, las azafatas, los concursantes, las pruebas, los premios y hasta la famosa Ruperta. Para terminar, baile por sevillanas.
Según explican desde el centro fue «un día realmente bonito, festivo, diferente, y muy entrañable para los residentes de Donostia que prometieron volver. Eso sí después de que los lazkaotarras les devolvamos la visita a la capital».
Charla, hoy
Por otro lado, hoy jueves a las 4 de la tarde tendrá lugar en Txindoki una charla informativa sobre la prevención cardiovascular que será impartida por la doctora Pilar Nuñez, y la fisioterapeuta Udane Etxezarreta. Esta misma charla se celebro hace dos meses pero hubo gente que se quedó sin poder escucharla y se repite de nuevo para todos aquellos jubilados que se quieran acercar hasta el centro gerontológico ya que está dirigida al colectivo de mayores principalmente.
Asimismo, mañana viernes, para honrar al patrón, los residentes también se irán de fiesta. Celebrarán una comida en la Sidrería Amebi, que compartirán con un grupo de usuarios del centro de día de Garagune de Ordizia mientras ya preparan con entusiasmo las numerosas actividades que están organizando en los talleres para el mes de mayo.
La Asociación Down de Huesca recauda 3.000 euros gracias a la venta de la Galleta Solidaria
La Asociación Down de Huesca ha recaudado 3.000 euros gracias a la venta de la Galleta Solidaria, una iniciativa que esta entidad puso en marcha hace tres años con motivo de la fiesta de San Jorge y que «se consolida» con el respaldo de los ciudadanos oscenses y de las instituciones.
Este martes, 23 de abril, se han vendido 2.000 galletas elaboradas por la Escuela de Hostelería San Lorenzo y envasadas por personas de la asociación, así como otros productos realizados en sus talleres.
La presidenta de la entidad, Nieves Doz, ha indicado que en el stand de los Porches de Galicia había este martes, junto a los citados dulces, «chapas de San Jorge y material de nuestro taller», además de que se vendieron galletas en otros lugares.
La recaudación se destinará al gasto corriente y al trabajo de este colectivo, cuya finalidad es mejorar la autonomía de las personas con síndrome de Down.
Doz ha agradecido el apoyo recibido, que contribuirá a mejorar su situación, tras los problemas económicos sufridos en 2011. «Las restricciones han sido enormes y las aportaciones de los padres muy importantes y, desde luego, hay que agradecer el trabajo de voluntarios y familias».
Un millar de jubilados catalanes reclaman al Gobierno la revalorización de sus pensiones
Un millar de jubilados catalanes han reclamado en las oficinas de la Seguridad Social la revalorización de sus pensiones de 2012 –que subieron un 1 por ciento, cuando la inflación lo hizo un 2,9–, y la incorporación de este incremento en las tablas retributivas de este año, en una campaña puesta en marcha por el Colectivo Ronda a finales de 2012.
Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa el abogado y fundador del Colectivo Ronda, Jordi Pujol, quien ha explicado que todos los jubilados que lo deseen pueden rellenar la hoja de reclamación que la asociación ha colgado en su página web y presentarla en las oficinas de la Seguridad Social antes de noviembre de este año.
El documento argumenta que la medida es ilegal porque se aplicó con efecto retroactivo y porque, además, incumplió principios constitucionales y puntos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como el compromiso de los Estados para que las prestaciones de la Seguridad Social se apliquen con la «máxima intensidad presupuestaria» y se incrementen en el tiempo.
«Desde el punto de vista nacional e internacional, queda claro que las pensiones deben revalorizarse», ha argumentado Pujol, quien también ha recordado que el Pacto de Toledo obliga a incrementarlas en función del Índice de Precios al Consumo (IPC).
DENUNCIA JUDICIAL
Pujol ha explicado que los afectados tienen 30 días para presentar una demanda judicial desde el momento que reciben la carta de respuesta de la administración, que «en la mayoría de casos llega con una carta preestablecida».
El abogado del Colectivo Ronda ha asegurado que esto supondrá una fuerte presión para el Gobierno, que verá como los juzgados se «llenan» de denuncias reclamando la revalorización de las pensiones.
«Para un juzgado que resuelve 800 casos al año, supone un trabajo enorme acumular 100 sentencias más», ha reflexionado, tras admitir que lo más probable es que estas reclamaciones acaben llegando al Tribunal Supremo y, posiblemente, al Tribunal Constitucional.
En junio llegará a los juzgados la primera de estas demandas, y el Colectivo ya ha empezado a recibir varias citaciones para 2014: «El año que viene vamos a oír hablar mucho de estos casos», ha afirmado Pujol.
SANTS
El Centro Social de Sants (Barcelona) y la Asamblea 15M del barrio han iniciado una campaña para recoger el máximo de reclamaciones posibles para después presentarlas todas juntas –aunque a título individual– el próximo 22 de mayo en la oficina de la Seguridad Social de la calle Numancia.
Para ello, tres días a la semana desplegarán mesas informativas en el barrio, y los lunes por la tarde celebrarán asambleas de asesoramiento jurídico abiertas a todos los vecinos.
«El Gobierno está haciendo un ataque brutal a la calidad de vida de los jubilados: a la no revalorización de las pensiones se suman otros factores como los recortes en dependencia y la subida del IVA», ha criticado el portavoz de los indignados, Karlos Martínez, quien ha asegurado que la asamblea del 15M acompañará a los demandantes hasta que finalice el proceso judicial.
Mensajeros de la Paz recogerá alimentos no perecederos en Expodepor 2013 a través de la iniciativa Alimentando Corazones
BUS SOLIDARIO en EXPODEPOR 2013
para la Recogida de Alimentos no perecederos
días 25, 26 y 27 de abril,
aparcado junto al acceso principal del Pabellón de la Pipa
Recinto Ferial de la Casa de Campo, de Madrid
La ONG Mensajeros de la Paz y el Rock´n´Roll Madrid Maratón & ½, a través de MAPOMA, unen fuerzas para que el acontecimiento de running urbano más importante de España, que se celebrará el próximo domingo 28 de abril, se convierta también un evento solidario, a través del apoyo a la iniciativa Alimentando Corazones.
Alimentando Corazones (www.alimentadocorazones.es) es un proyecto permanente de concienciación y movilización ciudadana de recogida de alimentos para los más vulnerables. Durante 2013, gracias a acuerdos y permisos con ayuntamientos y entidades colaboradoras, Alimentando Corazones estará en el mejor sitio y en el mejor momento: especialmente en emplazamientos o eventos deportivos, culturales y sociales con gran afluencia de público.
Los madrileños y todos los visitantes de EXPODEPOR 2013 – Feria del Corredor, así como los participantes del Madrid Maratón & ½ cuando retiren su dorsal para la carrera,podrán realizar donaciones de alimentos no perecederos que irán destinados al Banco Solidario de Mensajeros de la Paz (www.
Para ello, el Bus Solidario de Alimentando Corazones, un clásico modelo inglés de dos pisos y pintado en azul, estará aparcado los días 25, 26 y 27 de abril junto al acceso principal de la Feria, en el Pabellón de la Pipa de la madrileña Casa de Campo.
También y con el mismo objetivo, el Rock´n´Roll Madrid Maratón & ½, donará parte delavituallamiento de carrera que no sea utilizado por los corredores, al igual que todo el alimento que finalmente no se consuma en la celebración de la tradicional “Pasta Party”que se celebrará también en Expodepor-2013.
Mensajeros de la Paz también se ha beneficiado de la venta de Dorsales Solidarios que desde hace varias semanas han podido adquirirse a través de Internet, y que a fecha de hoy, se han agotado totalmente.
De esta manera, y gracias a la colaboración de todos, la Maratón de Madrid del domingo, no solo será un reto individual, será la GRAN CARRERA DE LA SOLIDARIDAD.
Todas estas iniciativas solidarias ligadas al Maratón de Madrid van a ser posibles gracias a la Asociación Deportiva MAPOMA, y su labor de promover valores de solidaridad y respeto a través del deporte en la sociedad y a la colaboración del Ayuntamiento de Madrid que ha hecho posible que la Maratón de Madrid sea uno de los mayores eventos deportivos de nuestra ciudad.
MAPOMA (www.mapoma.es) es la entidad deportiva con mayor prestigio y experiencia dentro del atletismo de fondo español y una de las más importantes a nivel internacional, que está abierta a la participación de todos aquellos aficionados, practicantes y profesionales del mundo del atletismo nacional.
La Asociación Mensajeros de la Paz (www.mensajerosdelapaz.com) es una ONG declarada de Utilidad Pública, que fue fundada en 1962 por el Padre Ángel García, quien desde entonces la preside. Trabaja en España y en otros 49 países del mundo, desarrollando actividades sociales centradas en la protección de la infancia, la atención a ancianos y a otros sectores sociales vulnerables tales como discapacitados físicos y psíquicos, mujeres víctimas de violencia doméstica, así como el apoyo al desarrollo de las comunidades. Además, lleva a cabo programas de cooperación estables y enfocados a logros a medio y largo plazo, y atiende también demandas de ayuda humanitaria urgente de países que han sufrido desastres naturales o atraviesan momentos de dificultad especial.
Esta ONG ha recibido numerosos reconocimientos a su labor, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, la Gran Cruz de Oro la Orden Civil de la Solidaridad Social, o el Premio de la Alleanza Mondiale per la Pace. Mensajeros de la Paz posee el Estatus Consultivo Especial ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas.
En el último año, Mensajeros de la Paz la ONG Mensajeros de la Paz ha puesto en marcha en España toda unaRed de Recursos Sociales anti-crisis, reforzando centros y programas ya existentes, y creando otros nuevos enfocados especialmente a menores y sus familias, para paliar la situación de precariedad en la que viven y sus consecuencias sociales y personales. Algunos de los proyectos y actividades que forman parte de programas son: Banco Solidario (www.
León De la Riva confirma que más de 300 personas quieren seguir con el servicio de Teleasistencia de Cruz Roja
El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, ha explicado este viernes que un grupo de «300 y pico personas» han solicitado continuar con el servicio de Teleasistencia de Cruz Roja pese a que el Ayuntamiento lo ha adjudicado a la empresa privada Clece.
En declaraciones recogidas por Europa Press, León de la Riva ha criticado que «se engaña a muchos de los usuarios diciendo que el Ayuntamiento ha privatizado el servicio» y ha defendido que éste está «tan privatizado como siempre».
Como ha explicado el regidor vallisoletano determinados usuarios han «asociado que la teleasistencia es sólo de Cruz Roja y que ahora se está inventando algo nuevo», por lo que un grupo de «300 y pico» personas han comunicado al Ayuntamiento que quieren seguir con Cruz Roja, que como ha aseverado «no es el servicio municipal», pues éste ha sido adjudicado a la empresa Clece.
Por ello, ha subrayado que estas personas «tendrán que gestionarlo con Cruz Roja» porque el Ayuntamiento no está dispuesto a hacerse cargo del coste pues considera que se estaría incurriendo «en fraude de Ley» y el asunto «terminaría en los tribunales». De hecho, ha recalcado que «de quien quiera seguir en Cruz Roja el Ayuntamiento no quiere saber nada, económicamente».
En cuanto a «los condicionamientos de la Ley de Dependencia» y la posibilidad apuntada este jueves por la concejal del Área, Rosa Hernández, de que quien renunciase a los servicios de Clece podría perder derechos de Dependencia, el alcalde no ha querido pronunciarse, pero ha manifestado que está «convencido de que la Junta aplicará la normativa correspondiente».
León de la Riva ha asegurado que el Ayuntamiento «no deja tirado a nadie», y ha recordado que los usuarios se pueden «integrar al cien por cien con el nuevo proveedor» para tener «el mismo servicio y en las mismas condiciones» que hasta ahora.
Por otro lado, ha reiterado que el Ayuntamiento sacó un concurso para la adjudicación del contrato tras la caducidad del anterior, del que era adjudicataria Cruz Roja, al que se presentaron diversas empresas. «Cuando terminó el plazo vimos que Cruz Roja hizo una oferta que no era la mejor económicamente y que la empresa Clece ha mejorado sensiblemente las condiciones», ha relatado.
En definitiva, ha lamentado que no resultara adjudicataria Cruz Roja y ha considerado que la Ley «obliga a hacer lo que hay que hacer» en materia de contratos y servicios.
También ha añadido que durante dos o tres meses habrá un periodo transitorio «no vaya ser que alguien diga ‘me voy’ y luego quiera volver» y que durante los cinco primeros días de prestación del servicio por parte de Clece, técnicos de amabas entidades visitan «uno por uno» a los usuarios para cambiar un sistema por otro y entregarles los nuevos teléfonos y las instrucciones correspondientes.
La Junta andaluza multará hasta con 6.000 euros a cuidadores de personas dependientes que cometan faltas muy graves
La Junta de Andalucía multará hasta con 6.000 euros a los cuidadores de personas dependientes que cometan faltas muy graves, en virtud de un decreto aprobado por el Consejo de Gobierno y que modifica el reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Servicios Sociales, vigente desde 2008, con el objetivo de garantizar la calidad, el seguimiento y el control de las prestaciones que utilizan las personas en situación de dependencia.
La norma, que también desarrolla el cuadro de infracciones y sanciones previstos en la Ley de Dependencia, adecua las tareas que realizan los inspectores para mejorar los aspectos asistenciales en esta materia. Los cambios introducidos se dirigen sobre todo a reforzar la labor de verificación de la calidad de las prestaciones que se ofrecen a través del Servicio de Ayuda a Domicilio, así como de las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar.
El citado decreto desarrolla el modelo sancionador previsto en la ley estatal para crear un sistema propio y adaptado al elevado grado de implantación del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en Andalucía. Así, el nuevo régimen sancionador establece, para faltas leves, multas de hasta 300 euros a personas cuidadoras y de hasta 30.000 euros a proveedores de servicios.
Para las faltas graves, las cuantías son de 300 a 3.000 para cuidadores y 30.001 a 90.000 euros para proveedores de servicios. Finalmente, para las muy graves, se fijan cuantías de entre 3.001 y 6.000 euros para personas cuidadoras y de entre 90.001 y un millón de euros para proveedores, según ha explicado el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.
Los profesionales de la Inspección realizaron el pasado año 74.209 visitas domiciliarias, de las cuales 17.102 se dirigieron al primero de estos fines y 57.107 al segundo. Su labor se completa con las actuaciones en centros residenciales (2.280 en 2012); las comprobaciones del correcto uso de los fondos públicos destinados a la atención a la dependencia, y la verificación de los requisitos de la autorización administrativa para el funcionamiento y concierto de los centros y empresas de servicios.
51 INFRACCIONES EN 2012
La Inspección de Servicios Sociales detectó el pasado año en Andalucía un total de 51 infracciones que dieron lugar a sanciones. De ellas, 15 fueron leves, 35 graves y una muy grave.
En Andalucía hay actualmente 251.080 prestaciones concedidas y 183.186 personas beneficiarias, lo que representa el 27 por ciento y el 25 por ciento del total nacional, respectivamente. Asimismo, 48.002 andaluces reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio, cifra que supone el 40 por ciento del conjunto de España (124.920). A ello se suman las 177.000 personas beneficiarias del Servicio de Teleasistencia, de las que 63.695 están en situación de dependencia (más de la mitad de las 127.294 registradas en España).
La Administración autonómica ha destinado unos 5.400 millones de euros al desarrollo de la Ley de la Dependencia desde su entrada en vigor en 2006. En los presupuestos de 2013 se consigna una partida inicial de 1.108 millones para la Agencia de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Andalucía, pese a los recortes estatales que supondrán este año una merma de 125 millones de euros.
TRIBUNAL DE CUENTAS «DA LA RAZÓN» A LA JUNTA
De otro lado, Vázquez ha anunciado que esta semana se han podido conocer los datos definitivos del Tribunal de Cuentas sobre las ayudas a la dependencia entre los años 2007 y 2011, que «dan la razón» a la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, después de que en un primer dictamen se apuntaran unos 5.000 posibles casos fraudulentos en Andalucía en relación a los fondos recibidos del Gobierno.
El portavoz del Gobierno andaluz ha asegurado que este primer dictamen, previo a las alegaciones realizadas por la Junta de Andalucía, se difundió «de forma intencionada», con el objetivo de generar confusión y de que el Gobierno de la Nación tuviera «la coartada para perpetrar recortes en las partidas para dependencia». Sin embargo, los datos definitivos del Tribunal de Cuentas «no se han difundido».
Vázquez ha destacado que una vez analizadas las citadas alegaciones, el Tribunal de Cuentas «no solo ha dado la razón a la Consejería de Salud y Bienestar Social, sino que ha reconocido que en ese periodo, entre 2007 y 2011, la Comunidad dejó de recibir casi cinco millones porque tenía más personas beneficiarias de la que se reconocían presupuestariamente por el Gobierno de España».
En opinión del portavoz del Gobierno andaluz, se demuestra que hubo una «intención malévola» de atacar la aplicación de la Ley de Dependencia «como coartada perfecta para reducir los fondos», así como también «un uso torticero» de los datos preliminares del Tribunal de Cuentas por parte del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales.
Doce comunidades siguen sin aclarar el paradero de 44 millones euros para dependencia
Doce comunidades autónomas no han facilitado todavía al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad información sobre los expedientes irregulares en materia de dependencia que detectó en su último informe el informe del Tribunal de Cuentas. El plazo para hacerlo termina a final de mes y solo cinco gobiernos autonómicos han facilitado los datos. En total, esta situación afectaría a 5.398 expedientes y a 44 millones de euros.
El pasado mes de marzo el tribunal desveló que había 25.806 expedientes de personas que figuraban como beneficiarias de la Ley de Dependencia en los que se habían detectado fallos, como fallecimientos, DNI erróneos, duplicados, ayudas incompatibles con otras prestacionesetc. Por ejemplo, detectó que había 12.036 personas ya fallecidas que constaban aún como beneficiarias: algunas de las comunidades con mayor número de fallecidos eran Madrid (1.666), Cataluña (1.469) y Andalucía (1.343).
El IMSERSO comenzó a comprobar datos y a 31 de marzó de 2013 había «regularizado» un total de 13.110 expedientes,quedando pendientes los otros 12.696. Fuentes del Ministerio explican ahora que quedan por aclarar las circunstancias de 5.398 expedientes irregulares, a los que correpondería la cantidad de 44 millones de euros entregados por el Estado a la docena de autonomías que aún no han aportado la información correspondientes.
De ellas, una tercera parte han aportado ciertos datos con fallos constatables y las demás han mostrado su «rebeldía» a la hora de entregar una documentación que consideran reservada al ámbito de sus competencias. Las ayudas para la dependencia estipulan un mínimo de 1.400 millones de euros anuales por parte del Ejecutivo central, con el que se dota a las comunidades en función del número de dependientes beneficiarios.
La Secretaría de Estado de Asuntos Sociales e Igualdad se ha negado a facilitar a20minutos.es la lista de las comunidades que no han aclarado sus cifras alegando que aún no ha concluido el plazo y que se trata de un asunto delicado. Fuentes de este departamento aseguran que acabado el mes «todas cumplirán».
Falta de transparencia
El director general del IMSERSO, César Antón, remitió una carta tras el informe del Tribunal a cada uno de los gobiernos regionales comunicando el número de expedientes afectados en su territorio y solicitando información para ‘limpiar’ las posibles irregularidades y aclarar el destino que habían recibido los fondos públicos destinados a atender esos casos, presupuesto que se atribuye al nivel mínimo de financiación de la Ley de Dependencia.
Esta falta de respuesta no es extraña en materia de dependencia y de hecho, la propia ministra de Sanidad, Ana Mato, se ha referido en diversas ocasiones a la «falta absoluta de equidad y transparencia» en la aplicación de la Ley por parte de las administraciones públicas desde que la propia norma entró en vigor.
El Ejecutivo «confía en la buena voluntad» de las Comunidades Autónomas, de modo que se vayan sumando al propósito de lograr el fraude cero en la distribución de estas partidas, en un momento de crisis económica, en el que especialmente relevante garantizar la sostenibilidad del sistema.
El ministerio también quiere evitar que las ayudas para la Dependencia, que siguen siendo la partida más grande de los presupuestos del departamento, se conviertan en una «especie de subsidio». Actualmente, el 48 % de ellas van dirigidas directamente a las familias con algún miembro dependiente mientras que hay 45.000 plazas públicas de residencias vacías.
La razón de esta situación podría tener su base, según estas fuentes, en que a las comunidades autónomas «les sale más barato» la ayuda familiar directa que el coste de una plaza residencial, si bien su uso generaría una «importante actividad económica». El Gobierno detecta que hay «cierta picaresca» en esta situación y que «algo se está haciendo mal» porque, en algunos casos, el coste de los centros públicos duplica o triplica el de las residencias privadas, con parámetros de asistencia y calidad equiparables.
Sanidad ha dado de plazo hasta junio a las autonomías para poner en orden sus datos y alcanzar un acuerdo sobre el qué y el cómo se debe informar sobre el uso que hacen de los fondos públicos que reciben del Ejecutivo para atender a personas de dependientes. Para materializarlo, está trabajando en un sistema informático «compatible» con los diversos métodos estadísticos que ha desarrollado cada gobierno regional a fin de poder facilitarles la labor.
Las siete claves de la Dependencia en Andalucía
El Consejo de Gobierno ha hecho públicas las últimas cifras de la aplicación de la Ley de Dependencia en Andalucía.
1. En Andalucía hay actualmente 251.080 prestaciones concedidas, el 27% del total nacional
2. En total hay 183.186 personas beneficiarias, lo que representa el 25% del total nacional.
3. El Servicio de Ayuda a Domicilio atiende a 48.002 andaluces , el 40% del conjunto de España (124.920).
4. 177.000 personas son beneficiarias del Servicio de Teleasistencia, de las que 63.695 están en situación de dependencia (más de la mitad de las 127.294 registradas en España).
5. La Administración autonómica ha destinado unos 5.400 millones de euros al desarrollo de la Ley de la Dependencia desde su entrada en vigor en 2006.
6. Los presupuestos de 2013 consignan una partida inicial de 1.108 millones para la Agencia de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Andalucía,
7. Los recortes estatales supondrán este año una merma presupuestaria de 125 millones de euros.