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José María Moreno, nuevo presidente de Aerte hasta la consolidación del proceso electoral en abril
La Junta Directiva de Aerte, principal patronal de la dependencia valenciana, ha elegido por unanimidad a José María Moreno como presidente de la Asociación, tras la entrada en vigor de la dimisión anunciada por Alberto Giménez el pasado mes de diciembre por la incompatibilidad con nuevos proyectos profesionales y hasta que se materialice el proceso electoral que culmine en el mes de abril.
José María Moreno era vocal de la Junta Directiva de Aerte, por la que ha pasado ocupando diversos cargos desde hace más de 12 años, y por ello conocedor de la realidad y retos del sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana. También es un prestigioso empresario con una dilatada experiencia en el sector y cuenta con amplios como conocimientos y voluntad para afrontar los graves problemas por los que atraviesa el sector dependencia.
Durante su presidencia, José María Moreno trabajará para defender los intereses de los asociados de Aerte, quienes actualmente se encuentran en una situación muy compleja por la falta de liquidez y los impagos que arrastran desde 2012, así como por conseguir un serie de reivindicaciones históricas del sector que lleven a alcanzar el restablecimiento del equilibrio entre los distintos agentes implicados.
La Obra Social ‘la Caixa’ y el IMAS impulsan programas para fomentar el «envejecimiento activo» de las personas mayores
La Obra Social «la Caixa» ha puesto en marcha junto con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales del Consell de Mallorca una línea de actuación con el objetivo de fomentar la participación de las personas mayores, dando valor a su experiencia a través del voluntariado y situarlos como «protagonistas a nuestra sociedad».
El programa Gent 3.0 incluye actividades tecnológicas, de promoción de la salud y voluntarias que se llevarán a cabo en cinco centros de personas mayores que forman parte del IMAS, según ha informado la entidad a través de un comunicado.
Durante el 2012, un total de 679 personas mayores de los centros del IMAS participaron en las diferentes actividades que llevó a cabo la Obra Social ‘la Caixa’.
La consellera de Bienestar Social y presidenta del IMAS, Catalina Cirer, el director del Área de Acción Social de la Fundación ‘la Caixa’, Josep Ollé, han presentado el programa que tiene como objetivo «fomentar la participación activa de las personas grandes y hacerlas presentes en nuestra sociedad, adaptándose a la vez a sus necesidades actuales».
Por este motivo, han firmado un convenio de colaboración para llevar a cabo un conjunto de actividades que fomenten el «envejecimiento activo» entre los usuarios de cinco centros del IMAS:
Hogar Reina Sofia, Hogar de Avenida Argentina, Hogar de Ancianos, Hogar de Felanitx y Hogar de Llucmajor.
LA NUEVA GENERACIÓN DE ‘GENT GRAN’
«Ni el altruismo ni las nuevas tecnologías tienen edad, y buena muestra de esto es que cada vez son más los mallorquines que colaboran en proyectos de voluntariado tras jubilarse», han destacado durante la presentación del programa Gent 3.0.
Así, se ha apuntado también que «la incorporación de la gente mayor como nueva generación que participa y aporta sus conocimientos, supone importantes ventajas para todos los sectores, sociedad, organizaciones y para los propios usuarios».
Por esto, la Obra Social «la Caixa» quiere impulsar la nueva generación de personas mayores, que pasan de ser beneficiarias a ser protagonistas activas, personas que participan y comparten sus conocimientos y experiencia con el resto de la sociedad.
Los proyectos que se llevarán a cabo tienen como finalidad la aproximación a las nuevas tecnologías, como la creación de proyectos digitales y de redes sociales. También se contemplan proyectos de participación social y voluntariado, que incluye tertulias en torno la lectura y el desarrollo de un proyecto de voluntariado con las entidades y agentes del territorio en función de las necesidades específicas de cada zona.
También está previsto desarrollar talleres de Promoción de la Salud y Bienestar y un amplio programa para la gente mayor.
La Obra Social «la Caixa» desarrolla su Programa de Gent Grand en 21 centros de Baleares. Son cuatro esparcimientos propios, cinco en convenio con el IMAS, un convenio con el Consell de Ibiza, un convenio con el Consell Insular de Formentera, un convenio con el Consell de Menorca, y nuevo en convenio con ayuntamientos. El año 2012 participaron 8.948 personas mayores en las 299 actividades programadas, destinadas a fomentar un envejecimiento activo.
Consejera andaluza de Salud advierte al Estado de que las CCAA solas no pueden sostener las prestaciones por Dependencia
La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha advertido de que al Gobierno central de que las CCAA solas no pueden sostener las prestaciones por Dependencia y le acusa de llevar a cabo una «derogación velada» al «retirarse» de las aportaciones que está obligado por ley.
«Piensa que las comunidades solas y las corporaciones locales podemos sostener este pilar del Estado del Bienestar, pero desde ya le digo que es imposible», ha matizado.
Durante su comparecencia este miércoles en la Comisión del ramo del Parlamento andaluz a fin de informar sobre el grado de aplicación de esta ley, tanto a petición de IU como del PSOE, Montero ha apostado por «unir fuerzas» para que se pueda «disuadir al Gobierno de su intención de retirase de las aportaciones a la ley».
Así, ha reprochado que el Gobierno se haya «retirado» del reparto de la carga económica, «que antes estaba al 50 por ciento por parte del Estado y el 50 por las CC.AA., y ahora es del 30 y 70 por ciento, respectivamente», al tiempo que ha denunciado, por contra, la «extralimitación que la Administración estatal está haciendo en sus competencias al invadir las de las comunidades», en relación al nuevo procedimiento para el reconocimiento del derecho a las prestaciones previstas en esta normativa.
«Sólo en 2012 hemos contado con 89 millones de euros menos para el desarrollo de la Ley de Dependencia porque el Gobierno ha dejado de aportarlos», ha recordado Montero, quien, pese a esta menor aportación estatal, ha lamentado que el Gobierno central «encima quieran acusar a la Junta de dar una ‘paguita’ a las familias».
«La falta de aportación del Gobierno no se pueden compensar ni por corporaciones locales ni por la Junta, además de que ello está provocado que el ritmo de incorporaciones a la ley se haya ralentizado, que exista una menor tasa de reposición o que encima quieran acusar a la Junta de dar una ‘paguita'», ha lamentado.
Pese a esta «derogación velada» de la ley por «falta de financiación estatal», Montero ha ensalzado que el «esfuerzo» del Gobierno andaluz está haciendo posible que en Andalucía «existen más de 190.000 personas beneficiarias de la ley, lo que supone que uno de cada cuatro españoles con alguna prestación de las recogidas en esta Ley es andaluz».
Según ha defendido, uno de estos servicios es la Teleasistencia, que en Andalucía reciben actualmente 66.528 personas, «es decir, el 51 por ciento del total nacional».
«NUEVAS TRABAS»
Respecto a las «nuevas trabas» que estaría poniendo el Gobierno central, ha aludido a la «obligatoriedad» que a partir de ahora tienen los usuarios de presentar documentos como el informe de salud, el compromiso de la persona cuidadora y la documentación acreditativa de la capacidad económica, «que hasta ahora no se exigían».
«El Gobierno de España llega a quebrar el principio de confianza y buena fe entre administraciones, al exigir nuevas certificaciones a las comunidades, que pierden margen de maniobra para prestar el servicio eficazmente», ha insistido en sus denuncias Montero, al tiempo que alertado de que estas medidas del Ejecutivo central estarían provocando, en la práctica, «la minoración del ritmo en el desarrollo de la aplicación de la Ley, no sólo por los recortes en financiación, sino también por los continuos cambios normativos impulsados que obligan a adaptaciones normativas a nivel autonómico que ralentizan el sistema».
INVERSIÓN ANDALUZA
Por contra, ha subrayado que Andalucía ha invertido más de 4.500 millones de euros en la aplicación de la Ley desde su entrada en vigor y que ha multiplicado por siete la cantidad destinada a la Dependencia por parte de la Junta desde 2007. En cuanto al número de prestaciones, en Andalucía se han concedido 261.000, lo que representa el 27,2% del total.
Asimismo, 177.000 andaluces reciben el servicio de teleasistencia, de las que en torno a 66.500 son personas en situación de dependencia, lo que significa más de la mitad de las personas que reciben este servicio en toda España. Igualmente, en cuanto a ayuda a domicilio, en Andalucía hay más de 49.800 personas beneficiarias, el 40 por ciento del total nacional. Además, la cifra de personas beneficiarias de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar asciende a 107.800.
VOLUMEN ANDALUZ POR ENCIMA DE VARIAS CC.AA.
Tras aportar estas cifras, Montero ha subrayado que Andalucía suma actualmente «casi las mismas prestaciones que Castilla León, Valencia, Madrid y Galicia juntas», al tiempo que ha destacado que la ratio de personas beneficiarias en Andalucía, «según los datos del Imserso, es de 2.257 personas por cada 100.000 habitantes, frente a comunidades como Murcia (1.781), Madrid (1.252), Galicia (1.397) o la Comunidad Valenciana (con una ratio de 837 por cada 100.000 habitantes)».
Además, ha aludido al Dictamen del Observatorio de la Dependencia conocido recientemente, «que ha dado un notable a Andalucía en relación a los últimos seis meses de aplicación de la Ley, frente a los suspensos de Valencia, Canarias, Baleares o Aragón».
La consejera ha detallado que la supresión del Nivel Acordado en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 supuso 70,7 millones de euros menos para la aplicación de la ley en Andalucía. Además, los PGE para ese ejercicio retrasaban a 2015 la entrada en el sistema de las personas en situación de dependencia moderada. Igualmente, en julio de 2012 el Real Decreto ley 20/2012 estableció otra batería de modificaciones en la Ley, entre las que la titular de Salud y Bienestar Social ha destacado la reducción de la aportación estatal al Nivel Mínimo de la Dependencia, lo que supuso 18,5 millones de euros de recorte. Todo ello supone, según ha manifestado Montero, una reducción de 89 millones de euros en los recursos que destinaba el Gobierno central a Andalucía el año pasado.
«AYUDA DEL GOBIERNO CENTRAL A LOS LOBBIES»
Asimismo, Montero se ha referido a la bajada de un 15% acordada por el Ejecutivo central en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, el aumento del copago en dependencia, la reducción de la intensidad de algunas prestaciones, como la ayuda a domicilio «o el modelo que pretende implantar el PP y que favorece la institucionalización de las personas en situación de dependencia, a través de concesiones a los lobbies en detrimento de los usuarios y dejando de lado aspectos como la ruralidad, que es especialmente importante en Andalucía».
Igualmente, el dato de recortes extrapolado a 2013 se cifra, según la consejera, en 125 millones de euros, con lo que en dos años Andalucía dejará de percibir 214 millones de euros para dependencia.
50.000 ANDALUCES A LA ESPERA DE SE LES REALIZA EL PIA
Respecto a la ralentización, la consejera ha apuntado que en Andalucía existen unos 50.000 ciudadanos a la espera de que se les realice el Programa Individual de Atención (PIA), de los que casi un 75% (37.617) corresponden a personas en situación de dependencia moderada cuya incorporación al sistema ha sido retrasada por el Ejecutivo central hasta 2015. No obstante, Montero ha indicado que desde Andalucía se hará un esfuerzo para intentar que esa incorporación se haga antes.
Aerte no firmará el nuevo convenio con el Consell hasta que le pague la deuda
Aerte considera que no «existe garantía del cumplimiento del mismo» y quiere aclarar, «en contra de los comunicados que han vertido los sindicatos UGT y CCOO en la que se les tilda de irresponsables, la situación de la mesa de negociación del convenio colectivo».
Aerte afirma en un comunicado que está concentrando sus esfuerzos en resolver la situación de impagos que la administración valenciana tiene con sus empresas asociadas, de la que se ha pagado aproximadamente un 10% del total pendiente, a todas luces insuficiente.
Por ello no está dispuesta a firmar un convenio en negociación pues mientras no exista un calendario de pagos por parte de la administración, no existe garantía del cumplimiento del mismo.
La patronal ya ha manifestado en diferentes ocasiones que el condicionante para la continuidad en las negociaciones con cualquier agente del sector -desde la firma del protocolo de colaboración con la conselleria como la firma del convenio- y según lo aprobado en su asamblea del pasado diciembre, era el cobro de la deuda pendiente.
«Al menos en su mayoría, teniendo en cuenta que actualmente quedan pendientes 50 millones del resto del bono, Peis, salud mental y la gran mayoría de la deuda de plazas públicas de gestión privada, cuyos empresarios y trabajadores parece que están siendo abandonados a su suerte».
Independientemente de todas cuestiones, Aerte no entiende que «primero los sindicatos trasladen a sus bases de forma anticipada la fecha de firma inminente del convenio, cuando ésta no se había confirmado por las patronales firmantes del mismo, y posteriormente emitan un comunicado tan agresivo como el actual, cuando tenían conocimiento como indicamos, que por mandato de la asamblea, dicho convenio sólo se firmaría cuando se produjeran los pagos pendientes de la Administración, o al menos hubiera un plan de pagos aprobado».
Donación a Mensajeros de la Paz de los alimentos recogidos en la Feria Solidaria del Comercio, instalada en la plaza de Jacinto Benavente de Madrid
Los alimentos serán distribuidos a través del Banco Solidario de Mensajeros de la Paz en Madrid,entre familias afectadas por la crisis.
Acto de entrega de los alimentos
Viernes,8 de febrero, a las 13’00 h
Plaza de Jacinto Benavente (Madrid)
Con la presencia Viceconsejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, D. Manuel Beltrán, del Director General de Comercio de la Comunidad de Madrid D. Ángel Luis Martín de D. Alfonso Tezanos Presidente de Cecoma, el Concejal del Distrito Centro, D. Pedro Corral, y del Padre Ángel, Presidente y Fundador de Mensajeros de la Paz.
El próximo viernes 8 de febrero el Padre Ángel, el presidente de la ONG Mensajeros de la Paz recibirá los alimentos recogidos en la Feria Solidaria del Comercio, que desde el pasado día 1 de febrero está instalada en la plaza de Jacinto Benavente de Madrid, y que han sido donados por los madrileños que la han visitado.
Asistirán al acto de entrega de los alimentos el Viceconsejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, D. Manuel Beltrán, el Director General de Comercio de la Comunidad de Madrid D. Ángel Luis Martín, D. Alfonso Tezanos Presidente de Cecoma, Y el Concejal del Distrito Centro, D. Pedro Corral, además otras personalidades, así como los comerciantes instalados en la citada muestra comercial y solidaria.
Esta feria, que seguirá abierta al público hasta el próximo domingo día 10 de febrero, y que ha sido organizada por CECOMA tiene un carácter doblemente solidario; puesto que además de ayudar a los comerciantes asociados a la Confederación a dinamizar y apoyar las ventas de su comercio ante la difícil situación económica que atraviesan, colabora con Mensajeros de la Paz través de esta recogida a beneficio de sus proyectos sociales de apoyo a menores y familias que más duramente sufren las consecuencias de la crisis.
Los alimentos recogidos serán distribuidos, a través del Banco Solidario de Mensajeros de la Paz, entre familias madrileñas en situación de vulnerabilidad.
Mensajeros de la Paz viene recibiendo la colaboración de CECOMA y sus asociados desde hace años en numerosas iniciativas solidarias, como la reciente instalación del Bus Solidario junto al Bernabéu el pasado día 30 de enero, antes de la semifinal de la Copa del Rey entre el Barça y el Real Madrid donde se recogieron más de tres toneladas de alimentos con igual destino.
En el último año, la ONG Mensajeros de la Paz ha puesto en marcha en España toda una Red de Recursos Sociales anticrisis, reforzando centros y programas ya existentes, y creando otros nuevos enfocados especialmente a menores y sus familias, que palien la situación de precariedad en la que viven y sus consecuencias sociales y personales.Algunos de los proyectos y actividades que forman parte de esta nueva Red de Recursos Sociales anti-crisis son: Comedores infantiles y familiares, Banco Solidario ( www.
La Ley de Dependencia se paraliza en Andalucía
Acceder a la Ley de Dependencia requiere actualmente una espera media de un año y medio. Un tiempo que muchos ancianos de la capital no tienen, inmersos en las garras de la senectud. El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ya advirtió de lo preocupante de esta situación que calificó como «insostenible».
Paralizados como están los trámites por parte de la Junta de Andalucía, la Ley de Dependencia mantiene a 2.161 personas en Granada a la espera de que la administración autonómica retome la actividad. Por partes. En el primer estadío de la ley, (solicitudes que se presentan al Ayuntamiento para someterse a una primera valoración), se presentaron en 2012 un total de 1.475 solicitudes de las cuales están sin valorar 1.342. En la segunda fase la Junta pasa el expediente al Ayuntamiento para que haga los Planes Individuales de Atención (PIA) y luego los vuelvan a remitir. Pues bien, el año pasado se mandaron a la Junta 937 PIAS, de los que están en espera 468.
En cuanto al tercer escalón (el de las revisiones) el Ayuntamiento mandó 422 expedientes y quedan por valorar 351. En total 2.161 expedientes que aguardan a que la Junta agilice el trabajo y empiece a descongestionar las solicitudes. Claro que muchas de las situaciones que llegan a diario al Ayuntamiento son tan perentorias que no pueden esperar. ¿Qué hacer entonces? El Ayuntamiento ha optado por atender a estas personas a través de su programa de ayuda a domicilio y de comidas, mediante el cual los profesionales acuden al domicilio de estas personas para ayudarles a asearle, vestirse, acostarse, darles de comer o controlar sus tratamientos médicos. Les ayudan a hacer la comida, a lavar la ropa, planchar y limpiar.
El concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Granada, Fernando Egea, reconoció ayer que el servicio municipal está desbordado. Actualmente dan servicio a través de este programa a 1.439 personas, de las cuales unas 400 deberían estar atendidas mediante la Ley de Dependencia. «Hemos aumentado este año el presupuesto del programa en un 10%, de 3.582.000 euros en 2012 a 3.952.000 euros para 2013, pero si la Junta desbloqueara la Ley de Dependencia, podríamos utilizar estos recursos para atender a más personas», lamenta el concejal de Bienestar Social.
La demanda es tan alta que el servicio municipal tiene incluso una lista de espera de unas 400 personas que aguardan pacientes para recibir ayuda de los profesionales. La Ley de la Dependencia se implantó en el año 2007. Fue la decisión más alabada del gobierno socialista de la Nación, puesto que daba solución a un clamor ciudadano que por fin encontraba respuesta en la llamada Ley de la Dependencia. Pero llegó el parón.
Según Fernando Egea, la Junta de Andalucía ha justificado esta inactividad frente al Defensor del Pueblo alegando que tienen que adaptar el reglamento a la nueva ley y que están adaptando los programas informáticos nuevos, aunque a nadie se le escapa que el dinero o, mejor dicho la ausencia de él, está detrás de esta paralización.
«La Junta no puede dejar de dar este servicio. El Ayuntamiento no tiene medios, pero estamos intentando atender a todas las personas que llegan con necesidades muy primarias por cubrir», apunta el concejal de Bienestar Social.
Hasta ahora los expedientes de la Ley de Dependencia venían solventándose en unos 9 meses. «Ahora mismo ya estamos hablando de años de retraso», lamentaba Fernando Egea.
Uno de cada tres aragoneses con derecho Ley Dependencia está a la espera
Uno de cada tres aragoneses con derecho reconocido a recibir atenciones o servicios de la Ley de Dependencia, lo que hace un total de 9.521 personas, se encuentran a la espera de que se haga efectivo dicho reconocimiento.El aprendizaje de los niños y los efectos del Alzheimer progresan de forma inversa
La pérdida de capacidades de los enfermos de Alzheimer sigue un patrón inverso al que emplean los niños para adquirir nuevas facultades, según constata un estudio del Hospital del Mar y del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM).
El hallazgo del trabajo, que publica la revista ‘Journal of Alzheimer’s Disease’, supone un avance en el conocimiento de las pautas evolutivas de la enfermedad.
En concreto, ha comprado 181 niños de edades comprendidas entre 4 y 12 años y 148 adultos con diferentes niveles de demencia, clasificados en cognitivamente normales, con un deterioro cognitivo leve y con un estadio moderado y severo de Alzheimer.
«El resultado obtenido ha sido una correspondencia estadística inversa en las puntuaciones de edad cognitiva, funcional y mental entre los niños clasificados por edad cronológica y los pacientes clasificados según el nivel de demencia», ha explicado el investigador principal del trabajo y jefe de sección de Neurología de la Conducta y las Demencias del Hospital del Mar, Jordi Peña-Casanova.
El aprendizaje de los niños a lo largo de todos los rangos de edad ha mostrado un desarrollo progresivo de las diversas funciones cognitivas generales», además de una adquisición simultánea de habilidades instrumentales y actividades básicas para la vida diaria, mientras que los pacientes con Alzheimer han evidenciado un deterioro gradual, ha evidenciado Peña.
Para el también coordinador del grupo de investigación en neurofuncionalidad y lenguage del IMIM, estos hechos concuerdan con el modelo de la retrogénesis, pero únicamente por las funciones relacionadas con un área concreta del cerebro, que es el neocórtex.
El Alzheimer es la dolencia neurodegenerativa más frecuente en todo el mundo con cerca de 22 millones de afectados durante 2010, y sus cambios patológicos incluyen la degeneración neurofibrilar, la pérdida de sinapsis, el deterioro neuronal y la atrofia progresiva del cerebro.
Becerril recomienda a Madrid que también contacte por escrito a solicitantes del servicio de Dependencia
La Oficina del Defensor del Pueblo ha recomendado a la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid que, como prevé la Ley, cuando no sea posible contactar telefónicamente con el interesado en un plazo razonable, remita una notificación por escrito.
Según publica la revista el Defensor al Día, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido a la comunidad que incluya en los expedientes de valoración de dependencia los medios utilizados para agilizar su tramitación.
Esta resolución se produce después de que una ciudadana se quejara del retraso a la hora de evaluar la situación de dependencia de un familiar que necesitaba un ingreso urgente en un centro especializado.
Así, explica que a lo largo de la investigación, se solicitó un informe a la Consejería de Asuntos Sociales de Madrid, que justificó la demora en que la interesada no había contestado a 24 llamadas realizadas a lo largo de 10 meses.
No obstante, y según explicaba la ciudadana en su queja, al tener conocimiento de que le estaban llamando a un número que ya no usaba, remitió el correcto por escrito a través de un registro oficial, dado que se le indicó que era la única forma para que el referido dato quedara incorporado al expediente.
En opinión de la Institución, la concertación de citas y de otras actuaciones mediante gestión telefónica es una buena práctica que sirve para agilizar los expedientes pero no puede ser la única vía de comunicación. «De hecho, no dejan constancia de que los intentos de comunicación se han producido efectivamente, ni tampoco de su objeto y ni de que han sido correctamente recibidos», añade.
En este sentido, señala que cuando se producen incidencias como la señalada, el expediente se paraliza, lo que aumenta la demora hasta la resolución que en este tipo de asunto es bastante elevada, con el consiguiente perjuicio para los interesados.
No obstante, señala que la investigación no ha concluido con esta recomendación y que la oficina del Defensor del Pueblo ha solicitado a la Comunidad de Madrid que siga informando sobre los avances que se produzcan en el expediente que motivó la queja.
Aerte recuerda a la Generalitat que aún le debe casi 50 millones de 2013
La patronal de la dependencia de la Comunitat Aerte, ha reconocido positivamente el pago de aproximadamente 6 millones que Bienestar Social ha activado estos días, matizando que se trata de una solución temporal y que no alcanza, nuevamente, a la totallidad del sector.
El dinero abonado solo representa un 10% de una deuda pendiente que crece cada mes. «No conviene olvidar que a los cerca de 50 millones de deuda pendiente del año 2012, hay que empezar a sumar los importes acumulados correspondientes al año 2013», señala Aerte en un comunicado.
Aerte ha manifestado su «agradecimiento a Bienestar Social por el esfuerzo realizado pues ha permitido resolver situaciones apremiantes aunque no en todos los casos, debido al retraso acumulado de más de un año, como regularizar las nóminas correspondientes al mes de noviembre de algunos centros o afrontar pagos imprescindibles».
Sin embargo, según ha manifestado la patronal del sector en la Comunitat, dista mucho de aportar una solución a un problema que se ve agravado con las obligaciones económicas que han de afrontar los centros cada nuevo mes, y con las desigualdades que genera la distribución de los pagos de dependencia en las empresas.
Asimismo, Aerte ha querido incidir en aspectos sin resolver de gran trascendencia para el sector, como la necesidad de solucionar el bloqueo existente en las líneas de confirming, de ofrecer una fecha para el abono de la deuda pendiente y en particular, definir cómo se pagarán los servicios prestados en el año 2013, teniendo en cuenta que ya ha transcurrido el mes de enero sin que se resuelvan todos los pagos pendientes del 2012 y se ha comenzado a prestar servicios en el 2013.
Estos servicios se están prestando desde los centros asociados a Aerte sin que la Generalitat haya transmitido un plan de pagos de la deuda anterior, ni de la deuda que se va generando con los servicios de este año, lo que provoca inseguridad en las empresas del sector, al entender que pueden volver a acumularse los problemas de cobro.
Para Aerte, la cantidad abonada por el Consell supone un leve avance, aunque no resuelve los problemas económicos que asfixian al sector. Aerte se ha referido a los muchos centros que no han cobrado y por ello, no han podido hacer frente a los pagos correspondientes a hacienda y la seguridad social, teniendo en cuenta que ha pasado el final del mes de enero por lo que a su deuda acumulada tendrán que sumar los intereses de demora del 20% y en ocasiones, de alguna sanción impuesta.
Desde hace más de un año, Aerte ha trabajado activamente para desbloquear la deuda pendiente que Bienestar Social ha mantenido con el sector de la dependencia que representa, y que ha llegado a alcanzar los 120 millones de euros a lo largo del año.
A pesar de que desde cargos políticos se hayan realizado múltiples declaraciones afirmando que el sector de la dependencia es prioritario en la Comunidad Valenciana, los hechos no han acompañado a estas declaraciones.
Al margen de los pagos realizados, la deuda en Bonos acumula un nuevo retraso de seis meses. Hay centros públicos gestionados por empresas privadas que no han cobrado nada de la deuda de todo el año 2012 y empresas con plazas concertadas con la administración que han sufrido errores administrativos sin aclarar ni solucionar y que han provocado que no cobren sus facturas.
La política actual de la Consellería en cuanto a la no resolución de los expedientes de las más de 10.000 personas en situacián de dependencia reconocida está provocando, no sólo la falta de atención de estas personas sino también la disminución de la ocupación y abocando al cierre a muchos de ellos. En los últimos meses se han producido cierres en centros, incluso en la ciudad de Valencia, y entrada de sociedades en concurso de acreedores con la consiguiente pérdidas de puestos de trabajo.
Desde la junta directiva de AERTE se sigue haciendo «un esfuerzo sin precedentes para solucionar estos problemas en el sector, y volvemos a transmitir públicamente a la Administración valenciana nuestra disponibilidad más absoluta para la búsqueda de un acuerdo global del sector que consiga una reorganización factible del mismo. Cualquier acuerdo adoptado tan solo con organizaciones individuales está condenado al fracaso a medio plazo, porque lo único que se conseguirá es una huida hacia adelante, que repercutirá a todos posteriormente con problemas irresolubles».
AERTE manifiesta que el sistema actual no tiene viabilidad, ya que está en una espiral de difícil salida, como se está demostrando, y se necesita una reorganización del mismo que permita a la sociedad recibir los recursos que claramente necesita.
El envejecimiento de la población continúa imparable
La población española continúa un progresivo proceso de envejecimiento: la esperanza de vida al nacer mantiene el crecimiento sostenido de las últimas décadas y en 2011 se sitúa en 82,1 años (0,2 años más que en 2010), siendo mayor para las mujeres (85,0 años) que para los hombres (79,1 años).
Los datos elaborados por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) muestran que el crecimiento de la esperanza de vida al nacer no parece mostrar signos de agotamiento. Así, en promedio, la esperanza de vida al nacer ha crecido alrededor de un año por cada lustro en las últimas décadas, un total de 8,4 años entre 1975 y 2011 (gráfico 2).
Los mayores valores de esperanza de vida al nacer se localizan en el centro y noreste de la península, siendo Madrid la Comunidad con una mayor esperanza de vida al nacer (83,6 años). La diferencia con la región que presenta el mínimo valor para este indicador (Ceuta y Melilla) es de 3,6 años.
Por provincias, la diferencia entre los valores máximo y mínimo de esperanza de vida al nacer se amplía a 4,1 años. La mayor distancia corresponde a Soria y Ceuta (83,7 y 79,6 años respectivamente).
Las TIC para personas con discapacidad suponen un mercado potencial por valor de 1.300 millones, según CENTAC
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación suponen un mercado potencial por valor de 1.300 millones de euros según se desprende del informe ‘Mercado y oportunidades de negocio de las TIC accesibles en España’ que la Fundación Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC) presentará el próximo 8 de febrero.
El documento señala que el gasto medio de las personas con discapacidad en productos y servicios TIC es un 25 por ciento superior a la media general. Además, el grado medio de discapacidad de las personas de más de 65 años (el 17,4 de la población) varía entre el 44 y el 70 por ciento.
Por otra parte, estima que, en 2049, el porcentaje de población mayor de 65 años será del 31 por ciento, por lo que concluye que «las TIC para las personas con discapacidad y los mayores constituyen un mercado con grandes oportunidades de negocio».
El objetivo del estudio es, por un lado, mostrar las posibilidades de inversión para estimular a las empresas a invertir en el desarrollo de tecnologías accesibles. Por otra parte, pretende ayudar a mejorar la operativa de las empresas del sector a través de la propuesta de algunas líneas de actuación o recomendaciones.
La presentación del documento, que se celebrará en la sede de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), contará con la presencia del director del CENTAC, Juan Luis Quincoces, del director general de Red.es, Borja Adsuara, y del director general de AMETIC, José Manuel de Riva.
El envejecimiento afecta a la memoria involuntaria
Investigadores de la Universidad Nacional de Educadores a Distancia (UNED), en colaboración con el Beckman Institute de la Universidad de Illinois (Estados Unidos), han mostrado que el envejecimiento afecta a la memoria involuntaria, aquella de la que no hay conocimiento consciente y que se activa ante estímulos repetidos.
Esta investigación choca con otros estudios que aseguraban que este tipo de memoria permanece invariable con el paso del tiempo. «Nuestros resultados cuestionan la noción mantenida hasta ahora de que la memoria inconsciente no se encuentra afectada por la edad», ha explicado Soledad Ballesteros, investigadora del departamento de Psicología Básica II de la UNED y primera autora del trabajo, publicado en la revista ‘Neurobiology of Aging’.
De esta forma, los científicos han demostrado que la relación entre la función cerebral y la memoria involuntaria que hay en las personas jóvenes se encuentra alterada en los mayores. No obstante, según han apostillado, estos cambios en la actividad cerebral no afectan a la conducta, puesto que mayores y jóvenes responden con mayor rapidez a estímulos repetidos frente a los mostrados una única vez, reflejando la misma facilidad con la repetición.
«El cerebro en la vejez se adapta para rendir igual que cuando era joven pero con un mayor esfuerzo», ha puntualizado la investigadora, quien ha explicado que para llevar a cabo esta investigación se entrevistaron a 19 jóvenes de 20 y 32 años y a 18 adultos de entre 61 y 72 años.
Todos ellos realizaron una actividad dentro de un escáner, mientras se registraba su actividad cerebral. Los científicos les mostraron imágenes de seres vivos familiares –como un oso o un árbol– y de objetos inanimados –como un silbato o un frigorífico– presentados una o tres veces.
En concreto, la tarea consistió en pulsar un botón lo más rápidamente posible si se trababa de un ser vivo, y otro, si era un objeto inanimado. En este sentido, los expertos observaron que ambos grupos respondían de forma más rápida ante objetos repetidos comparados con los no repetidos, mostrando una memoria involuntaria similar.
Sin embargo, apreciaron diferencias importantes en la actividad cerebral. Y es que, aunque ambos grupos manifestaron reducciones de la actividad cerebral con la repetición de estímulos en una amplia red de regiones cerebrales anteriores y posteriores sensibles a esta repetición, las personas de edad avanzada mostraron una menor reducción de la actividad y en un menor número de zonas que los adultos jóvenes.
En definitiva, los datos revelan que las personas de edad avanzada consiguen actuar como los jóvenes a costa de presentar una mayor activación cerebral y de mantenerla con la repetición de estímulos. «El cerebro de las personas mayores pone más esfuerzo ante los estímulos visuales, lo que se interpreta como una forma de actividad neural compensatoria», ha concluido Ballesteros.
Los beneficiarios de prestaciones de dependencia ascienden a 770.945 personas en 2012, un 6% más que el año anterior
El número de beneficiarios de prestaciones de dependencia en 2012 ascendió a un total de 770.945 personas (el 77 por ciento de las personas con derecho a prestación), una cifra que supone un 6 por ciento más en relación con el año anterior y un balance neto positivo de 18.944 personas, según datos del avance de la evaluación anual de 2012 del Sistema de Dependencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a los que ha tenido acceso Europa Press.
Además, las personas que durante 2012 se han incorporado como nuevos beneficiarios de alguna prestación ascienden a 129.847. Por otro lado, de las 305.941 personas pendientes de recibir prestación a diciembre de 2011 (casi el 30 por ciento del total) se ha pasado a 230.203 personas a diciembre del año pasado (un 24,8 por ciento), lo que supone «el porcentaje más bajo» desde la implantación de la Ley de Dependencia –hace seis años, desde 2007–, según ha destacado a Europa Press el director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales(Imserso), César Antón.
Respecto a los datos económicos, el presupuesto destinado en 2012 y transferido a las comunidades autónomas ha aumentado en 122 millones más respecto a 2011, hasta los 1,4 millones de euros (un 9,5% más que en 2011).
Antón ha detallado que una de las prioridades de la ley durante el año pasado ha sido la de atender «primero a los que más tiempo llevan esperando y a los que más dependencia tienen». Además, ha subrayado de que, en este año, ha seguido aumentando «tanto el número de beneficiarios como la financiación del Estado», ya que, a su juicio, «más allá de los números y las estadísticas, hay personas y familias». En cualquier caso, ha pedido «no generar expectativas» y, de cara al futuro, ha apostado por «el orden, la simplificación y la mejora de la transparencia».
Por comunidades autónomas, Navarra, Andalucía, Cantabria y La Rioja fueron las que menos dinero recibieron en 2012 por la revisión a la baja de los grados de dependencia o por el estancamiento en la entrada de usuarios, o por ambos motivos.
Así, en Navarra, el número de beneficiarios con prestación ascendió a 8.612 (frente a los 8.129 de 2011), con 12,5 millones de euros designados (frente a los 13 millones de 2011); en Andalucía, 192.532 beneficiarios con prestación (frente a los 191.330 de 2011), con 345,8 millones de euros designados (frente a los 356,6 millones de 2011); en Cantabria, 14.090 beneficiarios con prestación (frente a los 15.227 de 2011), con 19,4 millones de euros designados (frente a los 20,5 de 2011) y en La Rioja, 7.474 beneficiarios en 2012 (7.716 en 2011), con 13,4 millones en 2012 (13,7 millones en 2011).
Por el contrario, el resto de las comunidades ha recibido más dinero respecto a 2011. En concreto, Madrid recibió 141,9 millones de euros (134,5 millones de euros en 2011) y tuvo un total de 81.158 beneficiarios con prestación (76.674 el año pasado); País Vasco recibió 92 millones de euros (66,1 euros en 2011), con 39.506 beneficiarios (43.541 en 2011); Asturias, 26,3 millones de euros (23,6 euros en 2011) y 14.643 beneficiarios (13.890 en 2011); Baleares, con 18,7 millones de euros (17,7 millones de euros en 2011) y 9.534 beneficiarios (10.404 en 2011); Galicia, con 78,9 millones de euros (58,6 millones de euros en 2011) y 89.139 beneficiarios (34.092 en 2011); Extremadura, con 36,4 millones de euros (frente a 33,7 millones de euros en 2011) y 19.482 beneficiarios (18.249 en 2011); y Cataluña con 243,5 millones de euros (210,2 millones de euros en 2011) y 139.220 beneficiarios (118.890 en 2011).
Además, en Canarias se destinaron 28,8 millones de euros (21.989 millones de euros en 2011) y hubo 11.926 beneficiarios (10.505 en 2011); en la Comunidad Valenciana, con 43.145 beneficiarios (42.960 en 2011) se percibieron 82,5 millones de euros (78,1 millones de euros en 2011); en Castilla y León, 103,1 millones de euros (86,4 millones de euros el año pasado) y 62.108 beneficiarios (60.090 en 2011); en Castilla-La Mancha 67,1 millones de euros (64,6 millones en 2011), con 38.620 beneficiarios (39.081 en 2011) y Aragón, con 41 millones de euros (34,6 millones en 2011) y 21.413 beneficiarios (22.473 en 2011).
Un millar de trabajadores de la dependencia pierden su empleo cada mes
José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ha asegurado este jueves en el Congreso de los Diputados que «todos los meses», un millar de personas que trabajan en el sector de la dependencia se quedan sin empleo, ya que se están cerrando residencias y «desmantelando el sistema».
Ramírez hizo estas consideraciones durante su intervención en una jornada parlamentaria sobre Servicios Sociales y Dependencia, organizada por el Grupo Socialista y celebrada hoy en la Cámara Baja. El presidente de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales comenzó su intervención aclarando que, para él, la Ley de Dependencia es «el mayor avance que ha habido en España en los tres últimos lustros», ya que refuerza el sistema público de servicios sociales, entre otros aspectos positivos. Dicho esto, Ramírez puso sobre la mesa una serie de denuncias que a juicio de su colectivo hay que hacer por el cariz que está tomando el Sistema de Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes (SAAD).
Así, se quejó de que haya muchos beneficiarios que se encuentren actualmente «en el limbo de la dependencia», de que se haya acabado con el sistema de niveles, dentro de los grados establecidos por la ley, o de que haya «caído en picado» el número de planes individuales de atención (PIA) elaborados. Con este panorama, los gerentes de servicios sociales estiman que el Gobierno, si no adopta otras medidas, podría tardar unos 11 años en atender a todas las personas en situación de dependencia que tienen el derecho ya reconocido.
Ramírez se expresó así en una mesa redonda enmarcada en las citadas jornadas parlamentarias titulada ‘Situación y perspectivas de la implantación de la Ley de Dependencia» y moderada por Rosa Aguilar, portavoz de Servicios Sociales del Grupo. En la mesa, participaron también Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social; Rosana Costa, secretaria confederal de Política Social de CCOO; Almudena Fontecha, secretaria confederal para la Igualdad de UGT, y Jaime-Esteban García, coordinador estatal y de Comunidad Valenciana de la Plataforma de Defensa de la Ley de Dependencia.
«Desmantelamiento» de los Servicios Sociales
Lima aprovechó su intervención para hacer una defensa de los servicios sociales y para mostrar su preocupación por el «desmantelamiento» que, a su parecer, están sufriendo por culpa de los recortes. Apostó por un modelo de bienestar basado en la «igualdad, cooperación y solidaridad» y que garantice los derechos sociales a todos los ciudadanos, independientemente de su aportación a la Seguridad Social. Ese modelo, prosiguió, ha de «dar voz y empoderar a la gente», que debe expresar lo que le pasa para poder recibir una mejor atención y no recortar derechos, como está ocurriendo en algunas CCAA, donde se están «recrudeciendo» requisitos para acceder a él.
Y es que, aseguró, en la actualidad «hay un ataque» a los servicios sociales básicos, es decir, los que se prestan desde los ayuntamientos, que, en muchos casos, están viendo cómo desaparecen apoyos tales como el de la ayuda a domicilio, que solo se presta a personas en situación de dependencia, y no a todas. Igualmente, denunció la eliminación progresiva del plan concertado para los servicios sociales, que, aunque con una financiación «ridícula», suponía un acuerdo importante entre las tres administraciones.
Consecuencias «graves»
Por su parte, las representantes de CCOO y UGT se centraron en analizar las consecuencias que están teniendo las reformas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en la Ley de Dependencia, que, dijeron, son «graves», como lo son también los cambios del Ejecutivo en educación y sanidad. Para Rosana Costa, secretaria confederal de Política Social de CCOO, la de la Dependencia es una «reforma integral» que sigue el mismo patrón que orienta los cambios en el resto de pilares del Estado de bienestar, que se aborda de forma unilateral, sin trasparencia y con «opacidad». A su parecer, los objetivos de la reforma del Ejecutivo son «recortar drásticamente» el gasto social público y «debilitar la naturaleza pública y universal» con la que nació el Sistema de Dependencia, para conducirlo hacia otro de carácter «mercantilista».
Almudena Fontecha, secretaria confederal para la Igualdad de UGT, evidenció también su «preocupación» por el curso de la norma de la Dependencia y abogó por buscar un sistema de financiación estable y sostenible, desde el punto de vista económico, pero también social, y por redactar una ley que garantice el acceso a los servicios sociales a todas las personas. Finalmente, el coordinador estatal y de Comunidad Valenciana de la Plataforma de Defensa de la Ley de Dependencia indicó que la reducción de prestaciones económicas, el aumento del copago en los servicios, el hecho de que los cuidadores no profesionales tengan que pagar su Seguridad Social y el retraso hasta 2015 de la entrada en el sistema de los dependientes moderados son, a su parecer, los aspectos de las reformas del Gobierno que más están afectando a los beneficiarios del SAAD.
La Conselleria de Bienestar Social valenciana no pone fecha a los pagos pendientes
La Conselleria de Bienestar Social reconoce los impagos a las residencias y asegura que está trabajando “codo a codo” con la Conselleria de Hacienda para poder sufragar “lo antes posible” esta deuda. Por tanto, de momento, el departamento de Asunción Sánchez Zaplana no pone plazos ni fechas para hacer efectivo los pagos pendientes desde el pasado año.
Todo indica que el Consell liquidará antes la deuda de más de 2,6 millones con las residencias municipales que con las concertadas, ya que el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, ya apuntó esta semana que los ayuntamientos van a empezar a cobrar las cantidades pendientes. Cuantías que se abonarán atendiendo, en primer lugar, al criterio de la antigüedad y, en segundo lugar, a la naturaleza del servicio –bienestar social, educación y sanidad–. Por tanto, las residencias municipales cumplirían, al menos, el segundo de los supuestos.
En todo caso, en el abono de la deuda va a jugar un papel clave el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que la Comunitat pidió ayer formalmente al Gobierno estatal para este año, y que debe autorizarse. La finalidad es poder trasladar a los afectados por la deuda un plazo aproximado de pago, que dependerá de cuándo se reciba el FLA.
Juan Carlos Moragues mostró la intención del Consell de reducir los plazos con todos los agentes afectados por las deudas, incluidos los consistorios.
Equinoterapia en SARquavitae Isdabe (Estepona)
El centro residencial SARquavitae Isdabe consolida su apuesta terapéutica mediante el desarrollo, un año más, del taller de equinoterapia que desde hace unos años impulsa. Este taller, hasta el momento experimiental, ha comportado ventajas evidentes en el bienestar físico, psíquico y mental de las personas mayores que lo practican. La actividad ha logrado estimular la comunicación verbal y no verbal de los residentes, las demostraciones de afecto entre ellos y sus familiares y compañeros así como los contactos sociales.
A diferencia de años anteriores, los usuarios además de acariciar, cepillar y alimentar a los caballos, se han atrevido a montar, incluso aquellos con movilidad reducida o que padecen dificultades en la deambulación.
A diferencia de años anteriores, los usuarios además de acariciar, cepillar y alimentar a los caballos, se han atrevido a montar, incluso aquellos con movilidad reducida o que padecen dificultades en la deambulación.
La equinoterapia es un método terapéutico que utiliza el caballo y diferentes técnicas y prácticas ecuestres desde una perspectiva interdisciplinaria buscando la rehabilitación, integración y desarrollo físico, psíquico, social y emocional de las personas. Los principios terapéuticos en los que se basa la equinoterapia son: trasmisión del calor corporal del caballo, de los impulsos rítmicos y de la cadencia de paso equivalentes a los de la marcha humana. La terapia con animales, es una metodología que involucra a los animales en la prevención y tratamiento de patologías humanas, tanto físicas como psíquicas.
Castilla y León, ‘sobresaliente’ en la Ley de Dependencia
El Observatorio Estatal de la Dependencia alaba el modelo de atención de la Comunidad y la sitúa en el primer lugar de las regiones que mejor aplican la Ley con una nota de 9,2.
Las personas dependientes castellano-leonesas no pueden tener mejor servicio; al menos, en el resto de España. Así lo hace indicar la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicio Sociales, quien ha premiado a Castilla y León como la región con mejor modelo de atención profesional sobre la Ley de Dependencia en 2012.
No es una sorpresa para la Comunidad recibir esta calificación, que no parece acusar la crisis en este aspecto. Este año es el tercero consecutivo que logra hacerse con el mayor honor. La nota fue sobresaliente: 9,2 concretamente, dos puntos por delante de la siguiente región mejor valorada y cuatro puntos y medio por encima de la media nacional.
De los doce puntos que valora la institución, Castilla y León recibió en diez de ellos la máxima nota. Una muestra de que, a pesar de la crisis económica y el recorte presupuestario sufrido para la atención de dependientes, la gestión realizada ha sido realmente buena.
Según el informe del Observatorio, los residentes castellanos son quienes más ayudas reciben en relación a su población y con el número menor de dependientes en la lista de espera. De hecho, a 31 de diciembre, sólo el 4,4% de las personas con derecho a recibir la asistencia se encontraba aún esperándola, frente al 23% de media en toda España.
El Observatorio también destaca que Castilla y León es la única que realiza un seguimiento personalizado de cada caso y con un sistema de información en tiempo real. Además, el número de personas atendidas durante el último año se superó respecto al anterior periodo al aumentar un 3,36%.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha explicado que Castilla y León prácticamente ha alcanzado ya la plena atención, incluso tres años antes de lo previsto. «El incremento de personas atendidas se va reduciendo porque Castilla y León prácticamente ha cubierto las previsiones que se manejaban en 2015», ha afirmado.
Previsiones que el Libro Blanco de la Dependencia estimaba serían menos fructíferas. Se calculaba que en 2015 Castilla y León atendería a 55.000 dependientes, mientras que actualmente la región ya está dando servicio a más de 54.000.