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Más de 300.000 puestos de trabajo y 5.000 empresas están en peligro en el sector de la dependencia, según la patronal
Más de 300.000 puestos de trabajo y unas 5.000 empresas del sector de la dependencia están en peligro de desaparecer por un lado, porque la deuda de las administraciones públicas en lo que va de año supera ya los 800 millones de euros y, por otro, porque cada vez invierten menos pese al compromiso que tienen por ley, de modo que se quedan plazas vacantes en las residencias y usuarios sin la atención que necesitan.
Así lo ha denunciado en una entrevista con Europa Press el presidente de la patronal mayoritaria en el sector, la Federación de Empresas de la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, quien ha incidido en que en la actualidad, hay más de 250.000 grandes dependientes esperando a recibir un servicio y, mientras, hay «más de 50.000 plazas residenciales vacías».
En concreto, las administraciones públicas, «principal proveedor y principal moroso» del sector de la dependencia, acumulan este año una deuda superior a 800 millones de euros. El año pasado rebasó los mil millones, pero el grueso fue saldado antes de diciembre con el plan de pagos a proveedores.
«Este año estamos en las mismas, la Comunidad Valenciana no ha pagado una sola factura, igual que Castilla-La Mancha, y muchas comunidades llevan tres, cuatro y hasta cinco meses de retraso. Nos están llevando al borde de la viabilidad», ha señalado Echevarría.
El presidente de la FED afirma que el sector está «sufriendo cierres, empresas que no pagan a proveedores de artículos de primera necesidad, como alimentación, medicamentos, impuestos o directamente, salarios y cuotas a la Seguridad Social porque las administraciones públicas no pagan».
Esto tiene además un problema añadido, y es que desde el primer día que el empresario se retrasa en el pago de la cuota de la Seguridad Social, se le aplica un recargo del 20 por ciento «aun cuando ese retraso se está produciendo porque la administración pública no paga». Además, pese a lo aprobado en su día, las empresas de la Dependencia están teniendo que abonar el IVA de facturas que aún no han cobrado a estas administraciones.
El problema no es sólo para el empresario, sino también para la persona que no puede valerse por sí misma y que teniendo derecho a recibir atención, está esperando una plaza de residencia. La FED afirma que son 250.000 los grandes dependientes esperando un sitio que no llega porque pese a las 50.000 plazas vacantes en todo el país, las comunidades autónomas «están amortizando plazas».
Esto significa, según ha explicado, que cuando un dependiente atendido en una residencia fallece, deja una vacante que no se vuelve a ocupar. «Para no cubrir la plaza, lo que hacen las comunidades es dejar de valorar a nuevos dependientes: no te valoro, al que valoro no le doy el servicio y al que fallece, no lo reemplazo. Es la muerte dulce», ha añadido.
SE REDUCE LA INVERSIÓN PESE A LA RENTABILIDAD
En paralelo, la Administración General del Estado –el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad– ha reducido el presupuesto en cerca de 500 millones de euros, al eliminar el nivel acordado (283 millones de euros) y reducir un 13 por ciento el nivel mínimo, (casi 200 millones menos), conforme recuerda el presidente de la FED.
En su opinión, se trata de un sinsentido porque el de la dependencia es uno de los pocos sectores que hoy día puede presumir de tener demanda, contar con suficiente oferta, crear puestos de trabajo y generar retornos positivos, por lo que a su juicio, no sólo las administraciones deberían invertir para «cumplir el compromiso que tienen por ley de atender a los ciudadanos» sino también por facilitar el cumplimiento del objetivo de déficit.
En concreto, Echevarría destaca que por cada euro invertido en el sector, se generan 1,20 euros para el Estado; recuerda que por cada dos dependientes atendidos o por cada seis horas de atención domiciliaria se crea un puesto de trabajo y asegura que se racionaliza el gasto, ofreciendo servicios para personas de gran dependencia a un coste «seis o siete veces por debajo» del establecido en un hospital para crónicos.
«La excusa de que cuando no hay dinero no se puede apostar por el Estado de Bienestar es una falacia. Claro que se puede sostener. Apostemos primero por el compromiso adquirido por ley, por la reducción del déficit público y por la racionalización: no podemos poner en riesgo un sector que actualmente da empleo a más de 300.000 personas», ha apostillado.
Sólo Extremadura y Galicia ganan beneficiarios de la Ley Dependencia este mes
Seis de los 19 gobiernos autonómicos presentan datos negativos este mes en la aplicación de la Ley de la Dependencia con respecto a agosto, y sólo Extremadura y Galicia tienen más beneficiarios, según ha informado hoy la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
En un comunicado, ha advertido de que los ajustes en materia de dependencia van a propiciar que se deje de atender a unas 60.000 personas en un año y que se pierdan unos 12.000 empleos en el país.
Según esta organización, el hecho de que no se mantenga la tasa de reposición significa que las prestaciones y servicios que reciben los beneficiarios cuando fallecen no se asignan a una de las casi 240.000 personas que están en lista de espera.
Los efectos de los «recortes» del Gobierno en la Ley de Dependencia se hacen visibles, ha señalado la Asociación, en los datos oficiales del Sistema de Atención a la Dependencia.
El retroceso es «notorio» en todos los indicadores, y lo han cifrado en 4.801 beneficiarios menos que el mes anterior, 4.354 solicitudes y 7.953 dictámenes menos, 4.459 grandes dependientes y 2.298 graves dependientes menos que en los dictámenes del mes anterior, 61.888 prestaciones y servicios menos.
«Es obvio que el Sistema se destruye por inanición», han advertido los gerentes de servicios sociales, que han precisado que 6 de los 19 gobiernos autonómicos presentan datos negativos con respecto al mes anterior, y sólo Extremadura y Galicia tiene más beneficiarios.
Citan además el caso de Castilla y León, que ha sido «modélica» en el desarrollo de la ley -a juicio de esta asociación- ya que ha perdido 853 beneficiarios en el mes de septiembre; y Aragón retrocede a datos que presentaba en mayo de 2010.
La Asociación de Gerentes ha observado que la situación actual en España sería similar a la se daría si en un hospital se tomara la decisión de atender a los que están ingresados pero conforme vaya habiendo altas o defunciones, la cama ocupada que quedara libre se cerrara y no se atendiera a alguien que está en urgencias o en su casa esperando una intervención susceptible de ser ingresado.
El «único» dato positivo es que la lista de espera ha bajado en 3.252 personas, pero según esta asociación se trata de un «espejismo estadístico» ya que no han sido incluidos en el sistema sino que probablemente fallecieron en ese mes sin haber sido atendidos por el Sistema de la Dependencia.
El impacto sobre el empleo de estos indicadores se traduce en una pérdida de cerca de 1.000 puestos de trabajo en este mes.
Según la misma fuente, o se trata de una «demolición cruel y calculada» de la Ley de dependencia, o bien «se ha cometido una torpeza de tal calibre que exigiría la dimisión de más de un responsable ministerial».
La dependencia se blinda en Bizkaia
Bilbao. «Los ciudadanos de Bizkaia pueden estar tranquilos. La Diputación mantendrá todas las prestaciones relacionadas con la dependencia y en la misma cuantía que hasta ahora». Así de rotunda se manifestó ayer Pilar Ardanza, diputada foral de Acción Social, en las Juntas Generales respecto a la posible afección del decreto que el Gobierno del PP promulgó en julio sobre la Ley de Dependencia, por el cual se recortaron las ayudas hasta en un 25%. De esta forma, la institución foral blinda las prestaciones económicas que actualmente reciben algo más de las 10.000 personas en Bizkaia y asegura las que puedan recibir futuros perceptores. El Departamento de Acción Social dedica a este capítulo 340 millones de euros al año.
La diputada foral de Acción Social ratificó en sede parlamentaria que «Bizkaia no aplicará los recortes aprobados por España en materia de dependencia». Pilar Ardanza compareció en la Comisión de Acción Social de las Juntas Generales a petición del Grupo Socialista y dejó claro que «la institución foral no va a aplicar miméticamente las medidas del Gobierno del PP». «Eso se traduce», dijo Pilar Ardanza, «en que a pesar de la actual situación económica, vamos a mantenernos firmes en nuestro objetivo, que no es otro que mantener los servicios y prestaciones que actualmente ofrecemos».
La máxima responsable del Departamento de Acción Social quiso reafirmar un «sólido principio desde el que la Diputación aborda esta cuestión y que ya fue manifestada por el diputado general en el debate de política general del pasado miércoles en Gernika». Ardanza recordó la frase que pronunció José Luis Bilbao: «Hacemos todos los esfuerzos que están en nuestra mano para atender y dar las mayores y mejores prestaciones a quienes más lo necesitan».
Ayudas En base a ese principio, Ardanza insistió en que no aplicarán los recortes que contenía el decreto que el Gobierno que preside Mariano Rajoy aprobó el pasado 13 de julio. Así que la diputada foral dijo que las personas con dependencia que reciben Prestaciones Económicas por Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) en Bizkaia «cobrarán lo mismo que hasta ahora a pesar de que el Gobierno de España las ha recortado en un 15%». Lo mismo ocurrirá en el caso de las personas con discapacidad que cobraban Prestaciones Económicas para Asistente Personal (PEAP).
La diputada foral también quiso dejar claro que las personas con dependencia que a partir del 1 de agosto de 2012 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley) hayan solicitado Prestaciones Económicas por Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) y tengan reconocidos grados de dependencia III y II, cobrarán también la misma cuantía, según las puntuaciones en el baremo. Ardanza señaló que los recortes que el Gobierno aplica en estos casos alcanzan el 25%. Por otra parte, las personas con discapacidad que soliciten las ayudas denominadas PEAP a partir del 1 de agosto de 2012 también accederán a las prestaciones, a pesar de que el Ejecutivo del PP les haya aplicado una reducción de un 15%.
A 31 de diciembre de 2011, en Bizkaia había un total de 10.281 personas que se benefician de las ayudas de dependencia. Como dato comparativo, es destacable que en agosto de 2007, año en el que se aprobó la Ley de Dependencia, solo había 20 beneficiarios que recibían ayuda de la Diputación.
Pilar Ardanza dijo que su departamento «invierte» en ayudas a personas con dependencia 340 millones de euros anuales, de cuya cantidad el Gobierno central «solo aporta entre un 10 y un 19%», dependiendo de los casos.
Respecto a otras modificaciones que recoge el decreto del Gobierno del PP, Ardanza resaltó que la Diputación va a seguir manteniendo «un sistema de baremación y puntuación» para poder otorgar las ayudas, ya que el la ley del 13 de julio «elimina los niveles». El nuevo decreto también establece que las ayudas dejan de cobrarse a partir de los seis meses de la confirmación para pasar a cobrarse dos años después. En este sentido, la Diputación mantendrá el plazo de los seis meses.
Nuevo Servicio Por otra parte, Pilar Ardanza anunció a los junteros que la Diputación Foral de Bizkaia está «reflexionando» sobre los servicios o prestaciones que pueda ofrecer a las personas con un grado de dependencia leve, así como cuantificando el valor de las prestaciones. La diputada foral recordó que la Ponencia de las Juntas Generales sobre Dependencia y Discapacidad, la Ley de Dependencia y la propia Ley de Servicios Sociales de Euskadi «incluyen términos que deben reorientar la acción de las instituciones a la promoción de la autonomía personal mediante nuevos servicios».
En este sentido, la Diputación está estudiando la posibilidad de dotar al territorio de un nuevo servicio que permita aumentar la autonomía personal. Según señaló la diputada, «sería una red de centros que se proyectan con un enfoque preventivo y promotor de la autonomía personal para personas con grados de dependencia aún incipientes o moderados». «Lo más importante», dijo Ardanza, «es dotar a estas personas con un nivel de dependencia leve, de instrumentos y servicios que inciden muy positivamente en que puedan tener una mayor capacidad y una vida más autónoma».
La diputada foral terminó su intervención ante la Comisión de Acción Social reiterando que no va a haber recortes en las ayudas a la dependencia. «La fotografía de Bizkaia en este tema será similar al que había antes del decreto del Gobierno de España», concluyó.
Los mayores de la residencia Amma Usera graban un cortometraje para participar en la cuarta edición de los Premios Nico
Un año más, y ya van cuatro, el portal de internet Mundo Mayor celebra el certamen nacional de cortometrajes en residencias de mayores, conocidos popularmente como Premios NICO.
Este certamen promueve que los mayores que viven en residencias graben sus propios cortometrajes, con la ayuda de los profesionales de los centros, y los presenten al concurso para optar así a las diferentes categorías de estos premios (mejor actor, mejor actriz, mejor guión, mejor producción, mejor idea original…).
Los premios se entregan en una gala que se celebra en un teatro de Madrid al más puro estilo de los Oscars de Hollywood y se conceden en función de las votaciones de un jurado independiente y también de los votos que reciben cada uno de los vídeos a través de la página web y de mensajes SMS de móviles. El periodo de votación está abierto hasta el próximo 1 de octubre.
La residencia de mayores Amma Usera, ubicada en la Avenida de la Perla 3 del barrio de Usera (Madrid), ha grabado el corto titulado «Un día al revés», con el que compite con más de 50 residencias de mayores de toda España.
El vídeo puede verse y votarse en este enlace: http://www.mundomayor.com/CanalTV/TVDirecto/VisordeVideos/VideoId/322/Un-Da-Al-Revs.aspx
La residencia de mayores Amma Usera abrió sus puertas en enero de 2010 y cuenta con 180 plazas residenciales y 40 de centro de día. Está gestionada por el Grupo Amma, uno de los operadores líderes a nivel nacional en el sector de atención a tercera edad, con una treintena de centros, más de 5.200 plazas y una plantilla de 2.500 personas.
El sistema de dependencia ha perdido 4.800 usuarios
Los datos de agosto sobre dependencia enviados por las comunidades autónomas al Gobierno no dejan lugar a dudas: el sistema sigue retrocediendo, es decir, cada vez hay menos dependientes atendidos. El mes pasado se han perdido 4.811 personas, cuando normalmente la estadística siempre crecía, bien que lentamente. Todas las comunidades, menos dos, Galicia y Extremadura, registran una caída en sus cifras.
Que haya casi 5.000 personas menos registradas significa que el sistema está parado, la gente va muriendo y esas bajas no se cubren. Pero no es por falta de demanda, porque aún hay 239.000 personas con derecho a una ayuda, la que sea, que siguen esperando a que les sea concedida. Esa lista de espera, lo que se ha dado en llamar el limbo de la dependencia, preocupa desde hace años porque estaba estancada, siempre cercana a las 250.000 personas. Ahora, sin embargo, está bajando: el mes de julio había 242.349 personas esperando; en agosto, 3.252 menos. Pero este dato, que debería ser una buena noticia, tiene una interpretación más amarga. Adolece del mismo mal que el resto del sistema, la parálisis: si las comunidades no tienen capacidad de gestión, los muchos ancianos que aguardan por una ayuda se van muriendo sin que esta llegue. Cabe pensar que ahí radica ese descenso del limbo.
El ahogo económico al que se ven sometidas las comunidades tras los últimos decretos anticrisis y los presupuestos estatales, que han retraído cerca de 1.000 millones de euros al sistema, es lo que le faltaba a una ley que ya andaba sorteando zancadillas o sufría la mala gestión de algunos territorios. Pero ahora el deterioro se agudiza, porque comunidades como Castilla y León o La Rioja o el País Vasco, siempre con las mejores calificaciones por el número de personas atendidas y la agilidad de sus trámites, salen muy perjudicadas con las últimas medidas tomadas. Las tres registran un ingreso de dependientes negativo.
Los retoques que el Gobierno ha hecho a la ley, vía decreto, permitían aventurar unas cifras como las que ahora se presentan. Las comunidades tienen dos años para resolver el expediente de los usuarios, cuando antes se penalizaba que sobrepasaran los seis meses. Es tanto como paralizar legalmente el desarrollo de la ley.
Bienestar Social intenta aplacar in extremis a Apsa
Cerca de doscientos trabajadores de Asociación Pro Deficientes Psíquicos de Alicante (Apsa) se concentraron ayer en la Finca Terramar para reivindicar el pago de la deuda pendiente de la Generalitat y que asciende a 3.103.000 euros. Sin embargo, una hora antes de la protesta, los responsables de la entidad recibieron la comunicación por parte de la Conselleria de Bienestar Social de que se había hecho efectivo el pago de 806.000 euros.El 20% de las demencias se pueden prevenir con unos hábitos de vida saludables
Hasta el 20 por ciento de las demencias, las llamadas vasculares, pueden prevenirse, al adoptar hábitos de vida saludables, como una alimentación variada, según el director del grupo Bupa Care Services –matriz de Sanitas Residencial–, Graham Stokes, quien lamentado que no se este investigando actualmente «lo suficiente» sobre estas patologías.
Todo el mundo tiene pequeños olvidos, como no saber dónde están las llaves; la demencia supone «olvidos extraordinarios», como no acordarse del nombre de un familiar querido. «Si los tiene se debe a una patología», explica durante una entrevista a Europa Press, a la par que aclara que puede confundirse con un delirio, causado por diferentes discapacidades, y que en la mayoría de los casos es «curable».
Sin embargo, otras veces, estos «olvidos extraordinarios» son un signo de demencia causado por «una patología cerebral intratable». En estos casos, Stokes señala que, a partir de los 30 años, puede observarse algún síntoma.
Stokes advierte de que las demencias vasculares son «hasta en cierto punto prevenibles», puesto que tienen relación con la dieta y el estilo de vida. Así, asegura que «por primera vez hay indicios de que cuando el corazón está sano el cerebro también lo está».
«Si no fumas, haces ejercicio, llevas una dieta sana, lo puedes prevenir, siempre y cuando tengas una vida estimulante a nivel intelectual; es decir, siempre y cuando tengas activo el cerebro. No es una garantía pero puede ayudar a prevenir el riesgo», argumenta.
Mientras que, sobre el otro grupo de demencias, conocidas como celilares, reconoce que son todo «un misterio», y «no hay nada que se puede hacer para prevenirlo».
SIGUE HABIENDO ESTIGMA
El director del grupo Bupa Care Services considera que esta patología lleva todavía consigo implícito el estigma o miedo de los familiares y de los propios pacientes. «En términos generales, existe la creencia de que no se puede hacer nada al respecto», lamenta.
Por ello, subraya la importancia de que, cuando el familiar sospeche el menor síntoma de demencia, acuda «lo antes posible» al médico de Atención Primaria. «No es fácil porque mucha gente intenta disfrazar u ocultar el problema, pues niegan que tengan demencia, por lo que puede pasar que tengas que aprovechar una excusa (otro problema médico) para que le hagan una prueba de memoria», señala.
Una vez diagnosticada la patología, aclara que su abordaje «va por fases». Al principio, «nadie debería salir de su casa porque esas personas se sienten seguras con cosas que les resultan familiares así que es bueno que un cuidador profesional vaya a su hogar pero llega un momento en el que es necesario más atención», sostiene.
Después, este experto explica que los pacientes pueden precisar «de manera imprevisible» de cuidados y, por ello, es recomendable que estén en un centro especializado. El momento en el que un paciente debe acudir a una residencia es, a su juicio, cuando no es consciente de su propia demencia.
En sus palabras, la desventaja de que la persona acuda a la residencia es que, al principio, todo es nuevo. No obstante, Stokes destaca ventajas como que, en los centros, hay un equipo de personas especializadas, que «no están involucradas emocionalmente» y «la responsabilidad del cuidado se comparte». «No existe distrés personal, el cuidador no se altera con la mima facilidad, y el paciente está en un entorno de cuidado seguro», añade.
Por lo general, este experto describe el perfil del cuidador actual como una mujer mayor de 70 años, «lo cual quiere decir que ya tiene sus propios problemas de salud» y que, a veces, ha de pedir ayuda a sus hijos, quienes «ya tienen sus propias familias o trabajo y probablemente tampoco vivirán cerca».
Todas estas razones pueden dar lugar a la aparición del ‘síndrome del cuidador quemado’, «que está frustrado» y que es «muy negativo y pesimista», señala este psicólogo clínico. A su parecer, estas personas necesitan apoyo y «algún respiro». «Alguien con quien hablar, que comparta sus enfados y frustraciones», apostilla.
Por lo que, llevar a esta persona a un centro es «algo positivo», señala. «No es tirar la toalla, no es un fracaso. Tanto la persona que cuida como la que sufre demencia va a tener una vida mejor», reitera.
En el caso concreto de los centros que él dirige, el paciente va a encontrar a un personal empático y tolerante con el paciente, «que ha recibido la formación adecuada». Los cuidadores, prosigue, «querrán conocer todo lo que pueda sobre la persona que va a cuidar y, después, se elabora un plan de tratamientos adaptado a las necesidades de las personas».
En definitiva, en sus palabras, «vivirán una vida mejor dentro de un entorno seguro». «No es el fin de las relaciones familiares. Es más, mejoran porque no resulta estresante para el cuidador: le puedes visitar durante minutos e, incluso, horas y disfrutar de ese tiempo con tu familiar», explica.
Por último, este experto considera que «no se está haciendo lo suficiente en investigación». «Probablemente porque la mayoría de los pacientes son de una edad avanzada, por lo que no interesa tanto», cree. No obstante, «sí que se está haciendo investigación farmacológica aunque no haya resultados positivos».
«Ahora es cuestión de investigar los tratamientos psicológicos y sociales. Planteándonos en qué situación funcionan mejor y durante cuánto tiempo. Centrándote en cada persona, lo que funciona con cada una», explica este experto, para quien mantener su autonomía es una de las prioridades.
Aerte advierte a la Generalitat que sus impagos han puesto a la dependencia en situación crítica
AERTE VALENCIA La continua situación de impagos ha conducido al sector de la Dependencia en la Comunitat Valenciana a una situación crítica, según un comunicado de Aerte. Los más de 100 millones que la Generalitat adeuda a las empresas representadas por la patronal de las residencias para mayores «ofrecen un reflejo de su insostenible situación desde hace más de 8 meses», indica la entidad.
El anuncio de nuevos recortes para atender a los grandes dependientes provocará, no sólo la falta de atención a ese colectivo, sino nuevos despidos, añaden las mismas fuentes. Este es el mapa que ofrece la realidad de la Dependencia en la Comunitat Valenciana, según los portavoces de Aerte.
Una realidad de extrema gravedad, con características comunes. Las empresas del sector de la Dependencia representadas por Aerte no han cobrado ni un solo euro del año 2012, subrayan. La mayor parte de los trabajadores de estos centros no cobran sus nóminas. Existen grandes retrasos en el pago a proveedores, en los casos en los que cobran. Pese a que en reiteradas declaraciones en medios públicos, a principios de año, se ha dicho que tenían preferencia en el cobro los dependientes y especialmente los tutelados de la Generalitat, la realidad es que ningún centro que atiende a este colectivo ha cobrado ninguna factura del 2012, llevando a estos a una situación límite.
Esta situación puede provocar importante desabastecimiento de productos de primera necesidad en los centros de atención a la Dependencia en la Comunitat Valenciana, muchos de los cuales comienzan a tener problemas para la adquisición de alimentos.
Los retrasos en los pagos a la seguridad social están suponiendo unos cargos de demora del 20 % desde el primer día. Hay amenazas de cortes de suministros por impagos. Los trabajadores de estos centros se encuentran en una situación de lógica desmotivación e incertidumbre. El Gobierno Central y el Gobierno Autonómico anuncian más recortes, en un contexto de incremento del desempleo que pone en serio peligro la supervivencia de un sector estratégico, por el servicio que proporciona a la sociedad y el empleo que genera.
Los ahorros provocados por la reducción del cuidador informal sólo pueden ser ética y profesionalmente aceptables si se destinan a la atención de los más de 17.000 dependientes que hoy por hoy no reciben atención alguna. Durante los últimos 8 meses, Aerte está poniendo encima de la mesa soluciones y alternativas sin que hasta la fecha, se hayan recogido ni una mínima parte de sus pretensiones. Ha solicitado diversas reuniones con el Gobierno Valenciano mas allá de las Consellerías de Sanidad y Bienestar Social, al tratarse de una cuestión transversal que afecta a la política económica. Conviene no olvidar que además de la atención a dependientes, se trata de un sector estratégico que genera no sólo salud, sino empleo intensivo, inversión, tecnología y, con formulas innovadoras, reducción del déficit.
Sin embargo, resaltan los directivos de Aerte, «hace tiempo que la realidad de la Dependencia en la Comunitat Valenciana ha sobrepasado todos los límites, en un contexto adverso en el que las empresas llevan más de ocho meses financiando servicios de asistencia a los ciudadanos valencianos sin que la Administración realmente escuche la realidad que vivimos y sufrimos los que estamos al pie del cañón». «Existe tanto ruido en la calle „remarcan„ que parece que nuestros gobernantes ya no escuchen. El futuro existe, pero si las cosas continúan así, si no se toman decisiones valientes y necesarias, pintan bastos», finalizan.
Andalucía dará 2,6 millones de euros más al año para Dependencia a fin de «minimizar el perjuicio» a los cuidadores
La Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía aportará 2,6 millones de euros más cada año a la Ley de Dependencia para minimizar el perjuicio a las cuidadoras tras los recortes implantados mediante el Real Decreto-Ley 20/2012, según ha informado este jueves en un comunicado el departamento dirigido por María Jesús Montero.
Un total de 110.966 personas reciben actualmente la prestación económica para cuidados en el entorno familiar en Andalucía que, tras la aprobación de la nueva normativa estatal, han visto reducida en un 15 por ciento el importe recibido.
A este recorte, se suma que, a partir del 1 de agosto, las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras corren a cargo exclusivamente de ellas, un importe que asumía la Administración General del Estado, conforme ha explicado.
Para intentar amortiguar esta medida, la Junta ha activado un recurso para que este 15 por ciento se reduzca al 13,2 por ciento con una aportación desde el Gobierno andaluz de 217.000 euros al mes, lo que supone un total de 2,6 millones al año.
La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha recordado en el Parlamento que este esfuerzo es muestra de la «apuesta decidida del Gobierno andaluz» por mantener y seguir desarrollando la Ley de Dependencia.
La consejera ha insistido en que la prestación para cuidados en el entorno familiar es una de las fórmulas de atención más importantes destinada a aquellas personas que desean permanecer en sus hogares el máximo tiempo posible y atendidos por sus familiares más cercanos.
Montero ha manifestado que el Real Decreto-Ley 20/2012 supone un «fuerte mazazo» a la normativa y que el Gobierno central ha actuado unilateralmente sin informar a las comunidades autónomas.
Además, ha asegurado que la Junta es «consciente del importante papel que juegan estás personas» que fundamentalmente son mujeres que, por cuidar a sus familiares, no han tenido la oportunidad de incorporarse al mercado laboral.
Por esta razón, la Junta ha puesto en marcha planes de formación destinados a estas cuidadoras no profesionales como el Cuidabus y los talleres presenciales, que tienen en cuenta cuestiones como el nivel de especialización en la materia, la reducida disponibilidad de tiempo para formarse y las dificultades de acceso geográfico.
Los pensionistas evitan adelantar sólo en julio casi 3 millones para adquirir sus fármacos desde la entrada del copago
La Consejería de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha resaltado que el ‘contador de euros’ que su departamento habilitó dentro de su sistema de dispensación electrónica de receta (Receta XXI) para que los pensionistas andaluces no tuviesen que adelantar el pago de los fármacos tras la entrada en vigor del copago, «les ha evitado ya tener que adelantar solo en el mes de julio casi tres millones de euros».
En respuesta a una pregunta formulada en el Pleno del Parlamento a petición del grupo socialista, Montero ha recordado que la aplicación del copago en farmacia, una medida regulada a nivel nacional a través del RDL 16/2012, obliga a los pensionistas a pagar entre el 10 y el 60 por ciento del coste de sus tratamientos, con un tope máximo mensual que oscila entre los 8 y los 60 euros dependiendo de la renta.
También ha recordado que esta norma establece que el usuario abone el 10 por ciento de cada fármaco y que después solicite un reintegro de los gastos si se superan los límites mensuales fijados para cada caso, «castigando de nuevo el bolsillo de los ciudadanos que peor lo están pasando en estos momentos de recesión económica».
Concretamente, ha detallado que el 85 por ciento de los 1,6 millones de pensionistas andaluces está en el tramo que pagan ocho euros al mes según la norma; 260.895 abonarán hasta 18 euros al mes y 4.033 (el 0,2%) un máximo de 60 euros mensuales.
Al hilo de ello, ha recordado que la distribución por tramos está establecida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en función de renta, si bien ha reprochado que «se están registrando fallos de procedimiento, ante los que el INSS no está respondiendo y quedando así los ciudadanos desprotegidos».
No obstante, ha defendido que gracias a la extensión de la receta electrónica, los pensionistas andaluces no tienen que solicitar dicho reintegro, ya que el sistema de Receta XXI «permite cobrar sólo hasta los umbrales máximos establecidos por el Ministerio», evitando así que los ciudadanos tengan que adelantar dinero por la compra de sus fármacos.
COMPUTO DE JULIO
Así, un total de 321.661 personas se han beneficiado de este procedimiento en el mes de julio, con lo que han evitado tener que adelantar dinero en el momento de la retirada de sus medicamentos. De ellas, el 53 por ciento corresponde al tramo de renta que tiene el tope máximo mensual establecido en ocho euros, y un 39 por ciento a quienes tienen como máximo 18 euros al mes.
La estrategia digital Diraya, sobre la que se desarrolla la receta electrónica, permite cruzar directamente los datos clínicos de los pacientes andaluces con la información económica y laboral ofrecida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Esta medida, puesta en marcha por la Junta de Andalucía «evita que el paciente tenga que reclamar el dinero que cada mes haya excedido del tope que le corresponda y esperar seis meses la devolución», ha recordado Montero, quien ha matizado que, además, se minimiza «el coste de los trámites burocráticos necesarios para ejecutar los abonos». En Andalucía, cerca de medio millón de pensionistas mayores de 65 años consume más de cinco recetas al mes.
La Generalitat catalana dice a De Guindos que la atención a las personas está «por delante» de todo
El consejero de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña, Josep Lluís Cleries, ha avisado al ministro de Economía y Competititvidad, Luis de Guindos, que la atención a las personas está «por delante» de todo, ante las declaraciones del ministro donde advertía de que será imposible que se sigan manteniendo las prestaciones sociales si no mejora la economía.
En un acto de homenaje a los atletas paralímpicos de Barcelona’92 –en su XX aniversario– y Londres’12, el consejero ha censurado las declaraciones del ministro, a quien ha avisado de que «no es una opción» atender a las personas, ya que su atención está por delante de todo.
Precisamente, ha puesto como ejemplo los juegos paralímpicos, ya que son una apuesta por la igualdad de oportunidades y por hacer crecer a las sociedades, ha dicho.
En la misma línea, el presidente de la Once y su Fundación y también presidente Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda, ha puesto en valor la discapacidad explicando que el entrenador de la Selección Española, Vicente del Bosque, no da abasto para leer las cartas que le llegan de padres de discapacitados de todo el mundo, después de que llevara a su hijo con síndrome de Down a la celebración del Mundial.
Carballeda ha celebrado que la Once haya llegado a ser finalista de los premios Príncipe de Asturias en la edición de este año, y ha lamentado con deportividad, que los futbolistas Iker Casillas y Xavi Hernàndez «ganaran en el último minuto y por ‘penalty» a la Once.
El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha asegurado que el sentimiento que impregnó Barcelona en los juegos de 1992 fue el «espíritu de superación», que enriqueció colectivamente a la ciudad y mostró el camino por el que avanzar.
BARCELONA, «ACCESIBLE»
Según Trias, Barcelona es una de las ciudades más accesibles del mundo, cometido en el que, sin embargo, sigue trabajando para mantenerse entre los referentes mundiales de accesibilidad.
En el transcurso de la celebración se ha presentado el cupón que la Once dedicará el 23 de septiembre al XX aniversario de los Juegos Paralímpicos de Barcelona, con cinco millones de ejemplares e ilustrado con una imagen de la atleta Raquel Díaz, que participó por primera vez en unos paralímpicos.
En el acto también ha participado el secretario general de Deporte de la Generalitat, Ivan Tibau; el expresidente de la Generalitat y exalcalde barcelonés, Pasqual Maragall; la teniente de alcalde de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes, Maite Fandos, y el delegado territorial de la Once en Catalunya, Xavier Grau, además de representantes del mundo político, social, asociativo, deportivo y de la discapacidad.
II curso modalidad e-learning: Atención gerontológica centrada en la persona
En el marco de la serie de acciones formativas que comenzaron en el año 2010, la Fundación Matía y la Fundación Asmoz con la colaboración del Gobierno Vasco organizan el II curso modalidad e-learning: “La Atención gerontológica centrada en la persona”.
Este curso ha sido diseñado y es impartido por la psicóloga y experta en gerontología social Teresa Martínez Rodríguez que profundizará a lo largo del mismo en la formación sobre el innovador modelo.
OBJETIVOS
· Aportar elementos conceptuales y alternativas metodológicas que permitan avanzar hacia una atención orientada a la calidad de la vida de las personas y a sus derechos.
· Señalar nuevas formas de trabajo en los centros y servicios en las que los equipos técnicos se impliquen y construyan, junto con las personas usuarias, y en su caso las familias, intervenciones acordes al modelo y a la realidad de cada contexto asistencial.
· Orientar, dar pistas sobre opciones metodológicas e instrumentos que ayuden a construir planes de atención a cada persona usuaria.
· Generar reflexión en torno a las buenas prácticas y a los riesgos de las intervenciones cotidianas, de modo que haya coherencia entre los principios rectores de la gerontología y la intervención profesional como contexto dinámico de interacción social.
DESTINATARIOS/AS
· Profesionales de atención directa a personas mayores (psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos/as, educadores sociales, auxiliares, gerocultures, médicos/as, enfermeros/as, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, etc.)
· Profesionales interesados en el sector gerontológico y geriatría que quieran profundizar en modelos de atención centrada en la persona.
· Responsables y gestores de centros y servicios gerontológicos.
DURACIÓN
Horas lectivas: 50 horas.
Fecha de inicio: 26 de noviembre de 2012.
Fecha final: 25 de febrero de 2013.
Los cuidadores no profesionales que cotizan bajan de 11.000 a 15
Los cuidadores no profesionales que están dados de alta y cotizan en la Seguridad Social en Castilla-La Mancha han bajado desde los 11.000 a fecha de 31 de agosto a 15 en la actualidad, según los datos aportados por la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia.Guindos avisa que es «imposible» mantener las prestaciones sociales si sigue la crisis
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha advertido este miércoles en el Pleno del Congreso que si en los próximos trimestres no se consigue modificar la situación económica de los últimos cinco años «será imposible que se sigan manteniendo las prestaciones sociales«, y ha recordado que es la falta de crecimiento económico y de empleo lo que «pone en riesgo» el Estado del Bienestar, y no las medidas del Gobierno.
Así lo ha dicho en respuesta a una interpelación del portavoz económico de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Alberto Garzón, que ha reclamado un rescate a los ciudadanos en lugar de al sector bancario, y ha criticado que el Gobierno esté «socializando» las pérdidas de la crisis de la misma manera que «privatizó las ganancias durante la burbuja inmobiliaria» y que se destinen más de 100.000 millones a rescatar a la banca mientras se recortan servicios públicos y derechos.
«Sé que me va a decir que salvar el sistema financiero es una imperiosa necesidad para salvar la economía, pero es falso, y tampoco funcionaría aunque fuera cierto. Porque no estamos salvando al sistema financiero, que va más allá de las entidades e incluye trabajadores, accionistas y depositantes. Pero a esos no se les salva», ha reprochado, mencionando a los afectados por las preferentes o los desahucios como individuos «abandonados» por el Ejecutivo.
Por contra, a quien socorre la ayuda pública en realidad es a los «acreedores de los bancos españoles, que son en su mayor parte franceses y alemanes». «Es tan claro que el rescate se ha debatido en el Parlamento alemán y no aquí, y quienes lo defendían reconocían que era un rescate a sus propios bancos», ha añadido.
Hacia el modelo chino
«Y, mientras, las duras edidas de ajuste se aplican a la ciudadanía española, y el Gobierno está encantado porque puede hacer lo que pretendía hacer y echar la culpa a otro: al FMI, a la troika o a la herencia recibida. Pero ¿qué obliga a rescatar los bancos y no a los ciudadanos? Sólo la ideología y un modelo de sociedad profundamente injusto», ha acusado.
En esta línea, Garzón ha recriminado que el Ejecutivo quiere recuperar el crecimiento «cambiando el modelo social» y convirtiendo España en «una especie de China» que pueda exportar productos de forma competitiva «gracias a los bajos salarios». «Su proyecto económico no va a funcionar porque parte de premisas erróneas y lleva a un modelo de sociedad con más desigualdades, miseria y estallidos sociales, porque no hay sociedad que pueda tolerar lo que se impone de la troika y un modelo de país que nos deja sin futuro», ha añadido.
Por todo ello, la Izquierda Plural ha requerido al Ejecutivo que convoque un referéndum para que los ciudadanos puedan «tomar decisiones sobre lo que afecta a sus vidas» dado que se está gobernando «de forma ilegítima» en contra del programa electoral con el que el PP ganó las elecciones. Una actitud que, a juicio de Garzón, ha «devaluado» el Congreso y la propia democracia en un país cuyas decisiones se adoptan «en otras instancias a la que los ciudadanos no tienen acceso».
«En la calle y en las encuestas vemos que la ciudadanía ya no confía en un sistema que no le ofrece soluciones. El Gobierno está abandonando a los ciudadanos y arrojándoles a un sin futuro. Ha perdido legitimidad, porque no está ayudando a los ciudadanos, sino que usa todos sus recursos económicos y su tiempo para rescatar al sistema financiero», ha concluido.
El sistema de bienestar, en riesgo
Durante su intervención, De Guindos ha afirmado que el objetivo del Gobierno no es ni la prima de riesgo ni los bancos, sino «conseguir que la economía vuelva a crecer y a generar empleo» porque «si no se consigue en los próximos tres meses una modificación de la situación de los últimos cinco años será imposible que se sigan manteniendo las prestaciones sociales«.
«La mayor garantía del Estado del Bienestar es el crecimiento económico y el empleo. Si eso no se consigue lo estaremos poniendo en riesgo», ha insistido el ministro, reconociendo no obstante que esa aspiración ha exigido «sacrificios» a la población y que la corrección de los «profundos desequilibrios acumulados» requerirá «su tiempo». A renglón seguido, ha insistido en que si España no vuelve al crecimiento y el empleo, habrá «muchos más problemas de sostenibilidad de la economía», y ha defendido que «se están poniendo las bases de la corrección y el crecimiento futuro» con medidas como la reducción del déficit para «recuperar la confianza».
Rescate en condiciones ventajosas
De Guindos también ha respondido a las acusaciones de que el Gobierno prefiere salvar a los bancos antes que a los ciudadanos asegurando que el Memorándum de Entendimiento (MoU) sobre el rescate bancario incluye condiciones «extremadamente favorables» para los intereses españoles, y ha expresado su convencimiento de que «la economía española será capaz de devolver rápidamente este préstamo».
En este sentido, ha asegurado que la reforma financiera incluye mecanismos para prevenir crisis futuras, y para evitar que si se producen los depositantes se vean afectados o se repercutan los costes en los contribuyentes, algo que ahora se «minimizará» gracias a la creación del ‘banco malo‘. «Me dice que deje caer los bancos y que vaya a rescatar a los ciudadanos.
Es una frase simple, sencilla y con cierto tinte demagógico. Pero cuando en la historia económica mundial se ha dejado caer el sistema financiero, como en la Gran Depresión, las caídas del PIB no fueron del 3 o 4%, sino del 20 o 25%, por la desconfianza brutal en el sistema. Y además dieron lugar a movimientos absolutamente extremistas que llevaron, por desgracia, a la Segunda Guerra Mundial», ha recordado el titular de Economía.
Por eso, ha insistido en la defensa de las medidas del Gobierno, incluyendo la reforma laboral para corregir un sistema que se ajustaba por el despido de forma «inasumible e inaceptable»; el Código de Buenas Prácticas para evitar los desahucios, cuyos «positivos» resultados dará a conocer próximamente; el incremento fiscal «mayor a los que más tienen», o la lucha contra el fraude. «Y si hay algo de lo que estamos lejanos es del modelo chino.
España es un país competitivo y su competitividad no se tienen que basar en salarios bajos, sino en la productividad, el capital humano, la formación y el desarrollo de la investigación con productos de valor añadido elevado», ha concluido De Guindos, apostando por la internacionalización y el sector servicios español para salir de la crisis.
Presentación del Banco Solidario en Castilla-La Mancha
· Tiene como lema “Pide lo que necesitas. Deja lo que puedas”, y se trata de un nuevo instrumento de cooperación ciudadana para aliviar los efectos de la crisis en la sociedad española.
· Intervendrán Dña. Maria Dolores de Cospedal, Dña. Nieves Herrero y el Padre Ángel.
· Padre Ángel: “En estos tiempos de crisis social y financiera, Mensajeros de la Paz ha creado un banco distinto, un banco bueno de verdad, cuyo capital social es la solidaridad. Y aunque sus acciones no cotizan en bolsa porque son acciones de cariño y generosidad, sí que reparte beneficios: el 100%, y a los que más lo necesitan. Con www.bancosolidariomensajerosdelapaz.com , la Web se hace solidaria, y la banca, humana. Estoy convencido que este banco va a crecer mucho, porque a la solidaridad no hay quien la pare, ni siquiera la crisis.”
Presentación del Banco Solidario en Toledo
Lugar Universidad de Castilla La Mancha
Aula Magna de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Calle Cobertizo de San Pedro Mártir, s/n – Toledo
Día y hora: Miércoles, 12 de septiembre de 2012 a las 10’00 h.
Con el objeto de dar a conocer al público y a los medios de la Comunidad la reciente iniciativa del Banco Solidario de Mensajeros de la Paz, se realizará una presentación de este proyecto social en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla La Mancha (Calle Cobertizo de San Pedro Mártir, s/n – Toledo ) de Toledo, el próximo 12 de septiembre a las 10’00 h.
La presentación correrá a cargo de la periodista Nieves Herrero, y se contará con la presencia del Padre Ángel García, presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, y con la intervención de la Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Sra. Dña. María Dolores de Cospedal.
Durante el desarrollo del acto se proyectará un video informativo y Dña. Elena Alonso, Directora del Banco Solidario, realizará una demostración práctica del funcionamiento de la Web www.
El Banco Solidario de Mensajeros de la Paz (www.
Las peticiones siempre concretas (por ejemplo, una ayuda para arreglar el calentador de agua de una familia, o la petición de una cuna para un bebé que va a nacer) se muestran en la Web y el público puede adherirse a ellas aportando bienes o donaciones económicas.
El Banco Solidario no es un espacio de trueque, ni de intercambio. Las ayudas solicitadas no tienen porqué implicar una donación a cambio de otro bien o servicio por quien las recibe.
El funcionamiento del Banco Solidario es claro y absolutamente transparente. El papel de la ONG Mensajeros de la Paz es de mero intermediario, ofreciendo el soporte técnico necesario para el funcionamiento del proyecto, que tanto para donantes como para perceptores es totalmente gratuito.
Se distribuyen el 100% de los bienes y cantidades económicas que se reciban, que siempre tienen como destinatario a un solicitante de ayudas del banco solidario.
El banco solidario esta en Internet, en www.mensajerosdelapaz.com, y también en: Facebook BancoSolidarioMensajerosDeLaPa
El Banco Solidario se forma parte de la nueva Red de Recursos Sociales para aliviar los efectos de la crisis en familias españolas, que Mensajeros de la Paz esta potenciando en los últimos tiempos, reforzando centros y proyectos ya existentes o creando otros nuevos, como comedores sociales infantiles, centros de apoyo social, aulas de refuerzo escolar, bolsas de ayuda, y cursos de formación y capacitación profesional.
La Presentación del Banco Solidario coincide con el 50 aniversario de la ONG Mensajeros de la Paz que se celebra en este año 2012.
Las redes sociales cuidan a los ancianos
Un proyecto de la UE conecta «alarmas de caída» a estas redes para avisar a médicos y vecinos, con el fin de acelerar la respuesta de socorro
Cuando las personas mayores sufren alguna caída estando solas en sus casas, la cantidad de personas alertadas de esta situación puede acelerar la llegada de ayuda al domicilio del afectado. Con esta idea, un proyecto de alta prioridad de la UE está ideando cómo conectar esas “alarmas de caída” a las redes sociales. Cada vez será más necesario el cuidado de ancianos a distancia, por lo que, según un estudio, el mercado de aparatos específicos se multiplicará por 10 en seis años. Por Carlos Gómez Abajo.
Las caídas y las lesiones sufridas por las personas de edad avanzada cuestan enormes cantidades de dinero a la sociedad. Para tratar de paliar este problema, un proyecto de alta prioridad de la Unión Europe bautizado como Fareseeingestá investigando cómo descubrir y prevenir las caídas de los ancianos, y cómo puede conseguirse un ahorro en ese campo. Fareseeing cuenta con 11 participantes y con una inversión de 4,5 millones de euros.»El proyecto ha construido ya la base de datos más grande del mundo con información sobre los movimientos de las personas mayores justo antes y justo después de sufrir una caída», ha explicado el investigador Babak Farshchian en una nota de prensade Sintef (Fundación para la Investigación Industrial y Científica del Instituto Noruego de Tecnología), una de las entidades participantes. Se trata de la mayor fundación de investigación de Escandinavia.»Esto es posible gracias a los sensores fijados a un cinturón que llevan los ancianos en la cadera y que registran si el usuario se siente mareado o tiene debilidad en las piernas», añade Farshchian. Basándose en los datos recogidos hasta el momento, es posible predecir la próxima caída de una persona con mayor precisión y alertarle para que se siente o se acueste.
Una respuesta más rápida
El problema de las caídas es que a menudo tarda mucho tiempo en llegar la ayuda. Así que también se está intentando utilizar la tecnología para encontrar formas de acelerar este proceso.
En esta dirección, Sintef ha estado trabajando con la NTNU (Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología) para desarrollar una propuesta que permita que la tecnología de las redes sociales se utilice para dar la alarma en tales situaciones, en lugar de enviar una alerta sólo al proveedor de servicios sanitarios oficial.
«Es fácil llevarse la impresión de que Facebook es sólo para actividades lúdicas y recreativas, tales como compartir fotos y charlar de música, pero sólo estamos en las primeras etapas de la utilización de este medio», explica Farshchian.
Conectar la alarma a los medios sociales permitirá que la asistencia potencial se amplíe a un «equipo» en el que no sólo los servicios municipales, sino también los niños y los vecinos más cercanos puedan jugar un papel.
Una persona que ha sufrido una caída a menudo sufre dolor y puede estar en shock. Si la alarma se envía a muchos, la ayuda puede llegar más rápido. Esto es vital tanto para la persona que ha sufrido la caída, como para su familia.
Si la plataforma es aprobada, los propios municipios tendrán la posibilidad de establecer los nombres de las personas que serán alertados. Las empresas que fabrican tecnología de sensores también se han involucrado en el proyecto. Dado que los municipios controlan todas las alarmas que requieren interconexión, esto crea una serie de problemas.
«No tenemos el objetivo de vender la plataforma. Nuestra función es demostrar que podemos mejorar los servicios existentes de respuesta de alarma y que se puede conseguir un ahorro», subraya Farshchian. «El servicio se probará en Trondheim (Noruega) la próxima primavera», avanza.
El mercado de aparatos de monitoreo
En línea con el creciente aumento de la población anciana con necesidad de ser cuidados en casa, un reciente estudio llevado a cabo por ABI Research prevé que el mercado de dispositivos de monitoreo para ancianos crecerá a más de 36 millones de unidades en 2017, frente a los menos de tres millones en 2011; eso equivale a una tasa compuesta anual del 55,9%.
Aprovechar las comunicaciones inalámbricas de forma que se puedan llevar encima sin restringir o molestar a las personas mayores, les ayudará a vivir de forma independiente y hará más fácil el trabajo de los cuidadores.
Eso aumenta las posibilidades de este nicho de mercado, para que empresas del sector sanitario o tecnológico desarrollen nuevos aparatos, según la nota de prensa de ABI Research.
Hasta ahora, los servicios de emergencia y de asistencia se solían comercializar separados del monitoreo médico, pero a medida que aumentan las enfermedades crónicas, cada vez van más juntas.
FAMMA alerta de una «revuelta social» si siguen los recortes en las necesidades de los más vulnerables
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) ha alertado de una posible «revuelta social» si continúan los recortes en las necesidades de los más vulnerables.
«La actual coyuntura económica está ahogando al colectivo de personas con discapacidad porque se eliminan programas de empleo, se aplican recortes a las organizaciones de la discapacidad y se eliminan servicios sanitarios destinados a estas personas», han denunciado este lunes a través de un comunicado.
La organización teme una «revuelta social» si las administraciones no atienden las necesidades básicas del colectivo, lo que podría «desestabilizar el sistema y crear graves consecuencias para todos».
«El impacto que las subidas de impuestos está llevando a muchas personas con discapacidad a depender de percepciones sociales provenientes de la Administración para sobrevivir, por lo que estas medidas generarán un sobrecoste para las arcas del Estado y administraciones autonómicas», han añadido desde FAMMA.
El Gobierno de Canarias garantiza el mantenimiento de plazas residenciales para personas dependientes en Gran Canaria
La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas ha asegurado la financiación de las plazas residenciales para personas dependientes en Gran Canaria, aunque dependen «de las administraciones locales y quedan al margen de los convenios de dependencia».
El Gobierno de Canarias subvencionará con un total de 1.503.401,18 euros distintas plazas residenciales y de atención diurna dependientes del Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos de Telde, Santa Lucía, Agüimes y Gáldar.
Rojas ha explicado que, «a pesar de la situación de recorte actual», el Gobierno de Canarias «garantiza» el dinero que aporta para financiar las plazas en residencias y centros de día que las administraciones locales y las asociaciones desarrollan en la isla para prestar servicios a personas en situación de dependencia.
«Hasta que se configure definitivamente el Sistema para la Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Canarias, nos resulta indispensable contar con todos los medios personales y recursos consolidados en el tiempo por las administraciones locales y las entidades sin fin de lucro, denominadas por Ley de dependencia, como tercer sector de acción social», ha añadido Rojas.
En sus últimas sesiones, el Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de la que es responsable Rojas a conceder estas subvenciones nominadas que permitirán mantener distintas plazas de atención a mayores y personas con discapacidad de las administraciones locales, y que no entrarán dentro del convenio de atención a la dependencia que el Gobierno de Canarias está firmando con todos los cabildos insulares.
En concreto, se concederá una subvención de 625.018,20 euros al Instituto de Atención Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria para el mantenimiento de las residencias de la Aldea de San Nicolás, Valleseco, Ingenio y Moya –579.597 euros–, y el Centro de Día de alzheimer del centro sociosanitario El Sabinal –45.421,20 euros–.
SUBVENCIONES POR MUNICIPIOS
En cuanto al Ayuntamiento de Telde, el Gobierno ha aprobado la concesión de una subvención de 173.230,68 euros para financiar el transporte de usuarios del centro ocupacional del municipio –62.883 euros– y el Centro de Estancias Diurnas para enfermos de alzheimer y otras demencias –63.589,68 euros– y el Centro de Día de rehabilitación psicosocial –46.758 euros–.
Por su parte, el municipio de Gáldar contará con 251.453,41 euros para cubrir parte de los gastos derivados de la Residencia de Mayores Genoveva Pérez –203.761,25 euros–, centro de Día de la tercera edad –26.190,16 euros– y la ampliación del programa de vivienda tutelada a los fines de semana y festivos –19.502 euros–.
En cuanto al Ayuntamiento de Agüimes, el Gobierno invertirá un importe de 234.317,17 euros para sufragar parte de los gastos derivados de la ejecución de varios programas en las áreas de discapacidad y mayores, como los programas de Respiro Familiar para menores y discapacitados físicos y psíquicos con necesidades educativas especiales, a los que se destinarán 7.268,92 euros, y el mantenimiento de la Residencia de Mayores Villa de Agüimes, que recibirá 227.048,25 euros.
En el Ayuntamiento de Santa Lucía se invertirán 219.381,72 euros, con los que sufragará parte de los gastos derivados de la ejecución de los programas que se desarrollan en el Centro de Día para Enfermos de Alzheimer Juan Alvarado, que recibirá del Gobierno 113.553 euros; Centro de Día para Pacientes con Trastornos Mentales Crónicos, 48.399,41 euros, y el Centro de Día para Personas con Discapacidad de Vecindario Sardina, 57.429,31 euros.
El Gobierno de Canarias entiende que existen razones de interés público y social para la concesión de la subvención, sin necesidad de proceder a la concurrencia pública debido a la naturaleza específica para la que se solicitan estas subvenciones.