La reforma de la Ley de Dependencia ha sido muy contestada desde amplios sectores, pero el director general del Imserso, César Antón, considera que pasado más de un año se pueden observar “grandes datos que avalan la reforma”. Así, Antón señala que se ha ordenado y simplificado el sistema y “los cambios están dando resultados”, aunque considera que sería preferible esperar a final de año “para contrastarlos”.

¿Cuáles son las sensaciones tras casi dos años al frente del Imserso?

Por un lado, el agradecimiento por la oportunidad que se me ha dado al secretario de Estado, a la ministra y al Gobierno, porque había un reto por delante difícil, pero también porque en estos dos años me he enriquecido profesionalmente con una visión desde una administración que no conocía. Por último, el reto importante y sensible en el Ministerio, que ha tenido que tomar medidas delicadas y valientes con la finalidad de hacer sostenible el sistema de dependencia. No ha sido fácil, pero con los grandes acuerdos con las comunidades autónomas en un tema tan sensible como la dependencia creo que podemos estar moderadamente contentos. Pero también es cierto que no hay que pararse aquí, sino que hay que seguir trabajando y avanzando.

Por otra parte, y en otros aspectos del Imserso que también he conocido y que no son dependencia, el hecho es que después de dos presupuestos el que tenemos para 2014 tenga un pequeño punto de inflexión en el Imserso, ya no hay descenso sino un leve incremento, y hemos sabido priorizar los grandes bloques del Imserso (pensiones no distributivas; los 16 centros asistenciales con 1.600 plazas para personas y familias que necesitan ayuda; dependencia; turismo y termalismo social).

Una de las decisiones que ha tenido más trascendencia en el debate político y social ha sido la reforma de la Ley de Dependencia en julio de 2012. ¿Se pueden valorar los efectos tan solo un año después?

Es necesario hacer un avance, pero creo que para que sea tiempo suficiente deberíamos esperar a final de este año. Uno de nuestros compromisos al llegar fue hacer una evaluación de la aplicación de la Ley de Dependencia en el periodo 2007-2011, que ha sido acordada en el Consejo Territorial y publicada. Además, hemos hecho la evaluación de 2012. La evaluación definitiva se tiene que hacer en el seno del Consejo Territorial, y nos hemos comprometido a hacerla anualmente, porque comunidades autónomas y Ministerio somos los principales responsables y corresponsables de la gestión, y entiendo el seguimiento, pero lo cierto es que los datos mensuales son provisionales, y cualquier evaluación sobre datos provisionales, aunque se regularizan y actualizan, está sometida a una dosis de provisionalidad.

Creo que los grandes objetivos de esas medidas de mejora sí que están avalados por los datos. Quiero dejar muy claro el respeto absoluto al marco básico de la ley, al derecho subjetivo de la persona dependiente de ser atendida con un catálogo o cartera de servicios. Esto no lo hemos tocado en absoluto, e incluso lo hemos mejorado en aspectos como el asistente personal. Otro aspecto importante es que no se ha tocado el principal instrumento de regulación de acceso a la dependencia, que es el baremo de valoración, que se aprobó en la etapa anterior y entró en funcionamiento en febrero de 2012, y hay que dejarlo correr. Es el que está regulando la entrada y no lo hemos tocado, aunque habrá que evaluar también los efectos del baremo pasado un tiempo.

A partir de ahí, hemos ordenado y simplificado el sistema en un gran principio de acuerdo del Consejo Territorial de abril y gran acuerdo de julio. Creo que hay grandes datos que avalan esta reforma.

Dijimos que la prioridad de la ley es atender a los grandes dependientes, y ahí tomamos una decisión corresponsable con las autonomías, porque nos encontramos con 305.000 personas de grado III y grado II esperando a ser atendidas mientras seguían entrando dependientes grado I. Por eso tomamos la decisión de diferir el grado I. Fue una medida contestada, pero se adoptó por común acuerdo. Si no hubiéramos tenido resultados sobre esos 305.000 dependientes entiendo que hubiera críticas, pero es que se han reducido y son ya menos de 200.000. En concreto, son 107.000 personas menos las que esperan prestación. Creo que esto es un indicador.

Obviamente el sistema se está estabilizando, y es un sistema de altas y bajas. Desde el 1 de enero de 2012 hasta las últimas estadísticas de septiembre ha habido 132.000 nuevos beneficiarios en 2012 y son más de 60.000 en lo que va de año, estamos hablando de casi 198.000 nuevos beneficiarios a recibir prestación. Es un sistema de altas y bajas que se está estabilizando, y hay más beneficiarios, y las altas y bajas llegan a tener un crecimiento neto menor que en los primeros años. Es cierto, pero esto también lo hemos puesto negro sobre blanco: 12.000 netos el año pasado. Vamos a esperar a ver qué pasa este año.

Por otra parte, los servicios han crecido frente a las prestaciones por cuidados en el entorno familiar. Prácticamente todas las autonomías están reconduciendo esta situación. También es cierto que hemos incentivado para que el reparto del nivel mínimo prime los servicios porque lo dice la ley y porque cuestan más, y creo que eso también es un incentivo. Y luego, consideramos que si profesionalizamos los servicios, tendrá efectos sobre la economía y el empleo. Ha habido un cambio de tendencia de bajas de afiliación de profesionales en la Seguridad Social en servicios sociales. Creo por tanto que los cambios están dando resultados, aunque a final de año los podremos matizar y contrastar.

¿Cree que esa profesionalización del sistema conseguirá cambiar la estadística? ¿Conseguirá que el cuidador familiar se convierta realmente en una excepción?

Hemos respetado absolutamente la ley. A veces se ha dicho que estábamos en contra de la ley, y es todo lo contrario. La ley, que es sabia en eso, dice que el cuidador familiar es excepcional, y además dice que ya estuviese atendido anteriormente. Esto es lo que hemos dicho: vamos cumplir la ley. Siempre alabaré a aquella persona que decide cuidar a un familiar dependiente, pero hay que darle instrumentos, tiempo, formación…y en este sentido lo que hemos hecho ha sido mantener la figura del cuidador familiar, regulándola, pero es cierto que tiene que ser la excepción. Además, hemos clarificado que el cuidador familiar son relaciones familiares y si son relaciones familiares, no son relaciones profesionales como pueda serlo el asistente personal o un servicio profesionalizado, y por tanto la afiliación a la Seguridad Social no es desde mi punto de vista una prestación de los artículos 14,15,16 y 17 de la ley, y lo hemos clarificado.

Creo que la tendencia es ir a lo que decía la ley. Está cambiando, aunque cuánto tiempo llevará cambiarlo no lo sé, pero no puede ser de la noche a la mañana. Hemos mantenido lo que dice la ley con las prestaciones, en el sentido que dice la ley, porque la riqueza que tiene la red de servicios sociales que ya existía, funcionando y financiada y cofinanciada hay que aprovecharla. Incluso la prestación económica vinculada al servicio que recibe el dependiente es un servicio profesionalizado. Es cierto que el instrumento que da la administración es una prestación económica, pero es un servicio, y tiene una ventaja, desde mi punto de vista, y es que a lo mejor en la red pública el dependiente no tiene el recurso donde lo pide, y por prestación vinculada incluso tiene la posibilidad de elegir por cercanía los servicios, y creo que esto, bien reconducido, puede dar buenos resultados.

En un sistema de altas y bajas hay un dato que llama la atención: el total de beneficiarios con derecho a prestación ha ido sufriendo un ligero descenso mensual. Aunque hay que tener en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas, ¿este descenso tiene que ver con la falta de reposición en el sistema?

Son dos efectos los que se están produciendo. Por un lado, se está estabilizando la ley, estamos en 1.286.000 beneficiarios con derecho a prestación, que son las previsiones que incluía la ley. No cabe duda que el rango de crecimiento interanual no es el mismo, y creo que tenemos que esperar a ver qué pasa al final de 2013. Es cierto que estos comentarios se veían a lo largo de 2012, y a final de 2012 las altas superaron a las bajas. Es cierto también que este año es el menos indicado para hacer esa evaluación porque, como bien indicaba, hemos tenido que regularizar un buen número de expedientes tras el informe del Tribunal de Cuentas, y lo hemos incluido en las estadísticas de abril. Creo que hay que esperar a ver cómo se cierra ese saldo, y tendremos que analizar los resultados finales, pero además hacerlo abiertamente.

Hay otro efecto que creo que tiene algo que ver, pero que no está relacionado con las medidas, aunque también hay que analizarlo. Desde febrero de 2012 hay un nuevo baremo como principal instrumento de regulación de acceso al sistema. Nosotros no lo hemos tocado y consideramos que no podíamos tocar un baremo que acababa de empezar a funcionar. Este baremo lo aplican los profesionales, la valoración la hacen los profesionales, y creo que está claro, y eso lo hemos hablado con las autonomías, que el baremo está ajustando más la valoración de la dependencia a las previsiones de la ley que lo que venía pasando en los años anteriores. Tendremos que analizarlo, pero será por el baremo, no por las medidas, aunque también las tendremos que analizar.

Vamos a esperar a final de año. Hay que esperar al criterio del Consejo Territorial que dice que las evaluaciones definitivas tienen que ser anuales, y que los meses son datos provisionales, aunque no cabe duda de que los estamos siguiendo.

Además, es un año en el que las autonomías están haciendo un trabajo muy importante de revisión de expedientes por consecuencia de todo e igual el último trimestre se ve el trabajo de todo el año en las estadísticas. Si no, tendremos que afrontar cuál es el dato que sale.

Después de varios años de aplicación de la ley, ¿ha faltado poner en valor la red de servicios sociales que ya existía? ¿Se ha sabido aprovechar en todas las autonomías o hay algunas que lo han hecho mejor que otras?

Estoy completamente de acuerdo con este planteamiento. Hay un dato contundente: las autonomías que han encauzado la atención a la dependencia desde el principio en la red de servicios sociales la han desarrollado con mayor agilidad y mayor amplitud que cuando se han establecido redes paralelas, separando procedimientos e incluso competencias. Desde mi punto de vista una persona que requiere atención social, y la autonomía cuenta con un catálogo de servicios de ayuda a domicilio o residencial, tiene que ponerlo a disposición de esa atención, sea dependiente o no, necesitará mayor intensidad o mayores cuidados, pero si ya tenemos la experiencia de acceso a servicios sociales, a residencias, a centros de día y de ayuda a domicilio, ¿para qué establecer otra vía? Creo que esto ha hecho que en unas autonomías haya avanzado el desarrollo de la ley de forma más eficiente, más ágil y con mejores resultados.

Creo además que es lo que establecía la ley cuando marca que la prioridad sea la atención de las redes de servicios sociales.

Algunos sectores les han acusado de estar “demoliendo” el sistema de atención a la Dependencia. ¿Cómo asumen esta acusación? ¿Hay puntos de encuentro con estos sectores que hacen una valoración más crítica de las estadísticas?

Respeto absolutamente estas valoraciones, pero sí pido siempre, a todas las entidades que hagan valoraciones, que se usen los datos con mucho rigor. Y lo hago por una sencilla razón: hay mucha sensibilidad en estos temas, porque detrás de los números siempre hay personas y familias, y la perspectiva de una utilización sesgada de los datos puede generar expectativas o herir sensibilidades.

Hay muchas evaluaciones y valoraciones de la ley. La oficial está en el Boletín Oficial del Estado y ha sido aprobada por el Consejo Territorial, y seguiremos haciéndolas. Pero hay algunas evaluaciones hechas por expertos en la ley que nos han dicho que menos mal que hemos tomado muchas medidas…Reconocidos expertos en la economía de la salud y la dependencia han dicho “ya era hora de que se empezase a repensar la ley”.

Pero también hay valoraciones críticas que desde mi punto de vista son críticas con la misma argumentación desde hace un año, y se han adoptado medidas de mejora. Es decir, han usado el mismo razonamiento sistemático ante la evaluación de unos datos de dependencia, más que una evaluación de la dependencia, con lo que se convierten en una oposición a la dependencia. En esa línea de oponerse a las medidas del Gobierno o de evaluar y criticar echo en falta propuestas alternativas. En algunos sectores que han dado sistemáticamente el mismo análisis ante los datos mensuales no he visto propuestas alternativas a las medidas. La línea entre evaluación y oposición hay que tenerla clara…

En tercer lugar, nosotros tenemos la obligación de defender que algunos de los aspectos que dijimos que íbamos a hacer, aun sabiendo que eran complicados, están produciendo resultados, aunque hay que avanzar en el tema de la financiación. Pero los datos están ahí, y hay 198.000 beneficiarios nuevos a recibir prestaciones; se han aumentado servicios respecto a las prestaciones; hemos asumido que el grado I se difiriera; hemos tomado medidas de acuerdo con las autonomías, etc. Pero no admitiré que las medidas de ahorro son un recorte de los Presupuestos Generales del Estado, porque se acordaron en Consejo Territorial y son para el conjunto del Sistema de Dependencia. El paso primero es reducir un 15 por ciento los cuidados; lo que tiene efectos automáticos en el conjunto del sistema, estimados en 289 millones, y eso supone ahorros en las autonomías y en los Presupuestos Generales del Estado, y para ahorrarlo se reduce el nivel mínimo, pero no como lo cuentan. Hay que ser serios, no porque lo diga yo, sino porque hay que serlo.

Además, creo que en el tema de financiación, para ser serios y ponerle rigor, hemos planteado que vamos a analizar entre todos unos indicadores de referencia para poder calcular o estimar el coste de la dependencia y entonces podremos decir cómo están las aportaciones. El Ministerio no ha abandonado para nada las aportaciones, y creo que el rigor en ese aspecto, y en el que estamos trabajando, es que la ley dice “aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado”, y estos aportan a la dependencia, y no solo en el nivel mínimo.

Algunos gobiernos regionales han denunciado que la reforma de julio invadían competencias autonómicas…

Se planteó un conflicto constitucional, o un requerimiento previo. Nos han pedido un informe y la verdad es que, con todo el respeto para los trámites de nuestro sistema competencial, lo que hemos visto es que estamos en el marco competencial. Solo hemos avanzado en el desarrollo normativo de la ley, que es competencia de los reales decretos de desarrollo estatal.

Hay otro aspecto que se ha intentado ver por un tema de reducción en la financiación, pero nosotros entendemos que la aportación de los Presupuestos Generales del Estado al Sistema de Dependencia no está solo en el nivel mínimo y que cuando avancemos y se clarifique veremos cómo hay aportaciones en el conjunto del Estado para una financiación de la dependencia que respalda que el Estado cumple lo que dice la ley.

Hablando de la financiación…la ley establecía una aportación por parte del usuario que quizá no se ha explorado en los términos que la propia ley entendía…

Algunas autonomías lo han puesto encima de la mesa y se viene poniendo desde hace tiempo. Al final cuando financias la atención al dependiente desde el Estado por beneficiario, sin tener variables de qué servicio recibe, quizá no es lo más equitativo, y por eso uno de los acuerdos para el reparto del nivel mínimo en el futuro es que, además de tener en cuenta una cuantía por beneficiario y por grado, se prime a quien atiende por servicios por encima de la media con respecto a las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. Creo que es una variable que reconoce el esfuerzo y además incentiva a un reparto más equitativo, porque también los costes de atención mediante servicios son más costosos.

Hay una reflexión respecto a esto que es que como a mayor grado de dependencia, mayor financiación desde los Presupuestos Generales del Estado, no sé, científicamente no se puede probar, pero con esto por un lado y viendo luego la diferencia entre los datos reales y los estimados para el grado III…hemos mirado al futuro y hemos pactado que en unos años primen tanto el beneficiario como los servicios que reciben.

En la modificación del copago se ha explorado también dar un impulso al patrimonio del beneficiario, aunque estaba ya incluido en la ley…

La ley es la que dice renta y patrimonio, y el acuerdo que había del Consejo Territorial, creo que de 2008, estaba impugnado, había una especie de vacío legal, y es una de las cosas a las que hicimos frente y que creo que requiere valor y voluntad política, porque meterse en el tema de las capacidades económicas de los beneficiarios siempre es complicado para un Gobierno. De hecho el Gobierno anterior dijo la ley que el beneficiario tenía que aportar, pero no reguló claramente la aportación del usuario. En este punto lo que hemos dicho es que la ley dice renta y patrimonio, y el acuerdo ha sido en relación con lo que consideramos renta, y sabiendo que nos es fácil la consideración de patrimonio del beneficiario…aunque no creo que sea una variable distorsionadora porque no hay grandes patrimonios en estos beneficiarios, pero que la ley nos decía que había que tenerlo en cuenta.

Hay planteamientos que se hacen desde el principio de igualdad y de equidad. Puedes tener los mismos ingresos de renta y la misma situación personal pero tener un patrimonio o no, y la ley dice que miremos el patrimonio. ¿Eso va a ser distorsionador? Entiendo que no, porque bajo el principio de igualdad y equidad, donde exista, no estamos viendo que vayamos a ser descubridores de grandes patrimonios.

También se critica que ha habido cierta pérdida de calidad en el sistema. Con la situación económica que atraviesa el país, ¿han percibido un traslado de personas que estaban siendo atendidas en residencias al hogar, y aunque estén recibiendo atención profesional, no sea tan intensiva como pueda serlo en una residencia?

Como Imserso no podemos tener una valoración muy concreta de estas situaciones porque no tenemos centros residenciales de personas mayores. Esto depende de las administraciones autonómicas fundamentalmente y de alguna corporación local.

Sí es cierto que los representantes del sector nos han trasladado que las bajas que se producen en las plazas residenciales no se renuevan tan rápidamente como en periodos anteriores. En este sentido, la reflexión es que antes de poner en marcha la Ley de Dependencia los servicios sociales tenían el catálogo de servicios de la ley, porque una prestación vinculada al servicio es como un concierto de una plaza, tiene financiación pública, decide la administración dónde otorga la residencia, y lo que no existía era la prestación económica por cuidador familiar. ¿Quién se pone a hacer el análisis de cuántos de esos 400.000 cuidados en el entorno familiar podrían haber sido atendidos en un entorno residencial si no se hubiese puesto en marcha esa prestación por cuidados en el entorno familiar? No lo sé, pero esa prestación no existía hasta 2007, y cuando el sector dice que a partir de 2008 o 2009 se produce este problema en la renovación de plazas…No sé la respuesta, quizá podrían haber atendido a un porcentaje, pero no lo puedo calcular, pero alguna incidencia tiene que haber tenido.

Hay que ser valientes y decir las cosas claras. No ha favorecido nada la crisis económica que empezó en 2007, y que fundamentalmente tiene efecto en las familias a través del desempleo. Una familia en la que todos sus integrantes están en edad laboral con empleo no tiene el mismo tiempo para atender a un familiar. Esto se nota también en las guarderías infantiles. Si ahora hay más tiempo para cuidar al familiar y lleva unida una prestación económica para resarcirte de los gastos que esto ocasiona, está claro que no favorece el traslado de estas personas a residencias.

Pero además de esto, hay que analizar la situación del estrato de población de los que puedan ser nuevos beneficiarios de servicios sociales por edad no es la misma que la de hace 20 o 30 años. Y cada vez más se quiere permanecer el mayor tiempo posible en casa, con unas condiciones dignas y con servicios de apoyo en el domicilio, que cada vez se han desarrollado más. El modelo de residencia debe modificarse. Creo que la suma de todo esto puede dar lugar a la situación.

¿El sector está en peligro? ¿Ha podido haber también sobredimensionamiento de los recursos en algunas zonas?

Los recursos que se dosificaron, se cogieron como referencia el 5 por ciento que marcaba la Organización Mundial de la Salud como necesidad de plazas residenciales hace 15 o 20 años, creo que se planificaron bien inicialmente, e incluso se localizaron lo más cerca posible a las personas.

Pero lo cierto es que hay cambios y movimientos de población, y las áreas metropolitanas crecen más…Esto hace que algunas previsiones que valían hace años se mantengan y en otros casos haya un desfase, pero en el fondo más que sobredimensionamiento es una cuestión de localización puntual de recursos.

Enlazando con la pregunta anterior creo que hay algo que estamos ya poniendo en marcha y que ordene las infraestructuras, sobre todo las más modernas y avanzadas, si somos capaces de definir bien el mapa de recursos necesarios para la atención sociosanitaria o cuidados de larga duración.

También es cierto, y se lo he dicho al sector, que quienes pueden estar en peores condiciones en este momento son aquellos que mayor dependencia tenían de la concertación pública, porque no cabe duda que no está teniendo el ritmo que tuvo ni hace diez ni cinco años, y en esos casos nos trasladan retrasos, impagos…Pero creo que hay que separar estas situaciones.

El cambio del modelo se ve desde hace tiempo. Los ritmos son distintos y las residencias tienen que abrirse mucho más. La potencialidad de una residencia es enorme: puede dar ayuda a domicilio, puede tener un centro de día, puede dar comidas, puede hacer programas de respiro familiar, puede ofrecer plazas temporales…Creo que estas opciones se están moviendo y pueden dar algunas posibilidades, pero también si pensaban en términos de un gran número de conciertos, tienen que readaptarse a la situación actual.

Uno de los temas estrella es la coordinación sociosanitaria. Hay iniciativas en distintas autonomías que van en esta dirección, pero ¿se está abandonando establecer la coordinación a nivel general para que cada autonomía lleve adelante la suya sin que haya un marco común? ¿Puede ser esto un problema?

No sé si será o no un problema, pero establecer un marco común es una necesidad. El Sistema Nacional de Salud se administra por las autonomías, pero sigue habiendo un SNS; el sistema de servicios sociales se transfiere a las autonomías, pero no hay una ley general de servicios sociales, aunque hemos hecho un esfuerzo muy grande con el catálogo de referencia de servicios sociales.

No cabe duda de que hay experiencias buenísimas en las que las autonomías han ido coordinándose. No hay que olvidar esa riqueza, ese conocimiento, y de hecho el Libro Blanco de Coordinación Sociosanitaria recoge muchas experiencias muy buenas. Ha habido un informe del Consejo Asesor encargado por el Ministerio sobre el espacio sociosanitario. Y nosotros estamos poniendo negro sobre blanco ese marco que defina el perfil de la persona que requiere cuidados de forma integral; qué centros y servicios, incluso qué acreditaciones, son necesarios para atender…Es importante que esas acreditaciones sean comunes para todo el territorio, como también lo es definir las figuras de coordinación, comisiones que hay creadas entre profesionales, con un gestor de caso…instrumentos como compartir información, el potencial que tiene la historia clínica electrónica, porque es bueno que un médico sepa cuando un paciente va a consulta si tiene un grado de discapacidad, si es dependiente, si vive en el entorno familiar…La historia clínica no tiene que estar muy cargada, sino elegir bien qué datos se incluyen, compartir instrumentos de información…

Todo esto, si somos capaces de hacer un marco regulador desde el consenso con las comunidades, con los profesionales, con las sociedades, con las entidades colaboradoras, con los órganos de participación, lo hemos empezado, y hay que valorar también sus efectos económicos y presupuestarios, pero sobre todo se notará eficiencia en los dos sistemas, porque además de todo, la persona estará mejor atendida.

Retomando el tema de la financiación, la ley marcaba pero tampoco se ha desarrollado el seguro privado de dependencia. Ustedes han anunciado su intención de desarrollarlo, pero…¿en qué punto está?

Eso es una disposición de la ley que decía que a los seis meses debía desarrollarse un seguro de dependencia de ámbito privado con un adecuado tratamiento fiscal. La ley lo enmarca desde mi punto de vista en un objetivo fundamental: ya que se establece la aportación de los usuarios, para evitar tensiones es preferible prever cómo financiar tu aportación a la atención a la dependencia, y esto te lo da un seguro privado que, según la propia ley, debe tener un tratamiento fiscal, entre otras cosas, yo diría que atractivo.

El Consejo Territorial ha dedicado este año a las grandes medidas de mejora que creo que ya están viendo sus frutos, pero no cabe duda que tenemos que abordar el tema del seguro.

Desde el punto de vista de la ley, lo que nos manda es crear un seguro de dependencia pensando en que si se hace atractivo pueda resolver los problemas futuros de cofinanciación que marca la propia ley.

Como ciudadano, incluso pensando en una posible situación de dependencia, un seguro como este creo que tiene que empezar a trabajarse con las compañías.

¿Cómo va a afectar la reforma de la Ley de Régimen Local a los servicios sociales?

Es una ley que tiene todavía su recorrido, y desde mi punto de vista creo que parte de dos premisas básicas muy importantes que es bueno recordar de vez en cuando. Hay un Tribunal Constitucional que recientemente ha dicho de forma muy contundente que las competencias en servicios sociales son exclusivas de las autonomías. Pero hay un argumento fundamental: la política y los políticos estamos para facilitar la vida a los ciudadanos. Los servicios de atención personal es muy difícil que conozcan de límites territoriales, y las personas y las familias se mueven. Hay que dejar claro también la máxima de “una administración, una competencia”, y para mí es fundamental, pensando en las familias y las personas que se mueven, saber quién le tiene que atender, cómo y a ser posible de igual manera esté donde esté. Creo que esto es muy importante, una premisa fundamental.

Hay que sentarse a ver las competencias, pero igual se puede mejorar si se juntan para algo el ayuntamiento y la diputación y se deja claro quién financia y cómo lo hace. Pero es clave que no pase lo contrario, que haya un vacío de competencias.

Con estas premisas se puede ordenar. Lo que ocurre en el modelo territorial de España es que podríamos encontrar los dos extremos: autonomías que están atendiendo estos servicios sociales en todo su territorio con acuerdos con diputaciones o ayuntamientos, o comunidades donde los ayuntamientos o las diputaciones no colaboran. Creo que pensando en los ciudadanos y las familias es importante ordenarlo.

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