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Gerentes de Servicios Sociales piden impulsar la Ley de Dependencia
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales propone revisar «en profundidad» el modelo de relaciones laborales, llevar a cabo una reforma fiscal «justa y progresista» e impulsar la Ley de Dependencia, en el documento con las conclusiones del Debate sobre el Estado social de la nación 2013.
Estas propuestas, según adelantan, están destinadas a reducir las desigualdades que, a su juicio, «son la causa de que España tenga tantas dificultades para salir de la crisis y para que las mejoras económicas repercutan en las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población».
En primer lugar, ante las «ineficaces» reformas para crear empleo, sugieren modificar «de manera radical» el modelo de relaciones laborales con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas y las familias en España y de «evitar que se siga agudizando la pobreza y la exclusión social».
Concretamente, proponen una mayor regulación y protección de los derechos de los trabajadores y defienden que la estabilidad en el empleo y unas condiciones de trabajo y unos salarios dignos no son incompatibles con el desarrollo económico.
Otra de las conclusiones pone el acento en la necesidad de «corregir los desajustes estructurales que afectan a la fiscalidad en España»; de reducir la brecha de nueve puntos porcentuales que separa al país de la media europea en ingresos fiscales en relación con el PIB; y de avanzar en una fiscalidad «donde cada cual contribuya en función de su capacidad económica».
Asimismo, alertan de «los cantos de sirena» de las bajadas de impuestos generalizadas que, a su juicio, «se han de compensar con el incremento de la fiscalidad a las grandes fortunas, a los beneficios de las sociedades y, sobre todo, al capital financiero y sus actuaciones especulativas».
Por ello, entre sus propuestas para la Reforma Fiscal en España se encuentran: suprimir los regímenes privilegiados en el Impuesto de Sociedades; establecer un sistema de tributación objetiva para grandes empresas; recuperar los impuestos de Patrimonio y Sucesiones; establecer medidas que penalicen la utilización de entidades radicadas en paraísos fiscales; crear un impuesto de transacciones financieras que penalice la especulación; crear ecotasas medioambientales; rebajar los tipos de IVA general y reducido; incrementar las plantillas de inspectores y técnicos de Hacienda; y reforzar los sistemas públicos de participación de los ciudadanos en la lucha contra el fraude.
ENMIENDAS A LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
No obstante, los directores de Servicios Sociales aseguran que la «mayor amenaza» que se cierne sobre ellos es el proyecto de reforma local que se está debatiendo actualmente en el Congreso que «extirpará las competencias en servicios sociales y promoción social de los ayuntamientos españoles».
«Las comunidades autónomas no podrán asumir todos esos servicios, como se plantea», apuntan, para añadir que «cuando en pocos años surjan entornos urbanos tremendamente degradados y llenos de miseria, los ayuntamientos no tendrán ninguna capacidad de respuesta, ni preventiva ni paliativa, más allá de la respuesta policial.
Ante esta situación, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha presentado este jueves en el Congreso de los Diputados dos propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley de Racionalidación y Sostenibilidad de la Administración Local, en las que reclaman «aclarar el nivel competencial de las entidades locales en servicios sociales» y «ampliar a cinco años el plazo para que las entidades locales realicen la transferencia a las Comunidades Autónomas».
Finalmente, consideran necesario un Pacto de Estado para la aplicación y el mantenimiento de la Ley de la Dependencia, cuyos ejes serían: el mantenimiento de la tasa de reposición, es decir, que el Sistema incorpore al menos un nuevo beneficiario por cada beneficiario que cause baja en el mismo, y el impulso de servicios profesionales como la Ayuda a Domicilio, los Centros de Día y las Plazas residenciales.
Unos 250 ancianos de residencias privadas dejarán de cobrar una ayuda temporal del Gobierno catalán
Cerca de 250 ancianos catalanes residentes en geriátricos privados dejarán de cobrar a partir del 30 del noviembre la prestación de cuidador no profesional que el Gobierno catalán conservaba a los mayores hasta la resolución de la prestación económica vinculada (PEV), cuyos trámites iniciales de petición han sido suspendidos ‘sine die’, han señalado a Europa Press fuentes de la Consejería de Bienestar Social y Familia de la Generalitat.
Hasta ahora el departamento que lidera Neus Munté había conservado la ayuda que perciben estos ancianos durante los meses que supone el trámite para empezar a cobrar una prestación económica vinculada (PEV), tras su incorporación a una residencia privada.
Se les mantenía esta ayuda, menor a la de la PEV, pero desde verano la Generalitat ha suspendido de forma temporal indefinida las nuevas peticiones para obtener esta prestación.
El Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña ha sido el encargado de alertar sobre esta medida que, a su juicio, empujará a situaciones de «mayor vulnerabilidad y desamparo», y ha cargado contra un debilitamiento del Estado del Bienestar.
Sobre la reducción de las ratios de trabajadores en las residencias geriátricas ha lamentado que supone una amenaza para la calidad asistencial y una precarización de las condiciones laborales de los empleados.
«DEBILITAMIENTO» DEL BIENESTAR
Las últimas decisiones tomadas por el Gobierno catalán en relación a la Ley de dependencia son «un paso más en el debilitamiento del sistema de protección y la precarización del mercado laboral», han indicado los trabajadores sociales.
El colegio ha advertido de que la suspensión indefinida de las PEV supone un «incumplimiento» de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (Lapad), puesto que esta ayuda continúa vigente como derecho subjetivo reconocido por ley.
Ha criticado el «deterioro del sistema de atención a la dependencia», y ha exigido el cumplimiento de las leyes y la reactiviación de la concesión del PEV lo antes posible y con efectos retroactivos, lo que han trasladado al Consejo Asesor de Políticas Sociales y Familiares para que estudie la medida y emita un dictamen.
«Ante las difíciles situaciones que vivimos y el sufrimiento de las personas y familias que constatamos en nuestro trabajo cotidiano, no podemos restar impasibles», ha sostenido el colegio al agregar que quieren acompañarlas en la reclamación de sus derechos.
Contra el abuso económicos de los ancianos
Los departamentos de Interior y Bienestar Social quieren que bancos y notarios sean los vigilantes de posibles situaciones de abuso económico a ancianos. Por eso, pretenden que estos profesionales informen si detectan cualquier cambio de conducta sospechosa.
Los síntomas que deberían hacerles sospechar son ancianos que iban siempre solos al banco a sacar dinero, y ahora van siempre acompañados por otra persona; o bien abuelos que entablaban conversación con el empleado de la caja, y de golpe han dejado de hacerlo, y otros cambios de comportamiento que puedan hacer pensar que el anciano se siente cohibido o controlado.
Los abusos económicos a mayores suelen proceder de familiares y cuidadores, que les amenazan para tenerlos aterrorizados y callados.
Las denuncias por malos tratos físicos y psíquicos a las personas mayores han crecido un 6% respecto al año anterior según Interior, pero insisten en que es una problemática muy escondida todavía.
Por ello, quieren implicar también la propia gente mayor para en la partida de cartas en el hogar del jubilado, por ejemplo, sepan detectar si un compañero le pasa algo raro. Los mossos introducen cada vez más de forma sutil estos temas en las charlas que los hacen para prevenir estafas o robos.
Interior ha atendido durante el primer semestre de este año 349 víctimas mayores de 65 años (200 mujeres y 149 hombres) por violencia doméstica. En 6 de los casos, tenían más de 90 años, según datos de la Generalitat.
La dependencia acelera su caída
Ya hay menos beneficiarios que cuando Rajoy asumió la presidencia en diciembre de 2011- Las personas atendidas se reducen en 15.000 a lo largo de este año
- El dinero para dependencia se congela
El sistema de dependencia echó a andar en enero de 2007. Creció, se estancó y, ahora, lastrado por la sucesión de recortes, está acelerando su caída, hasta el punto de que el nivel de cobertura del que estaba llamado a convertirse en el cuarto pilar del Estado de bienestar ha retrocedido en el tiempo para situarse por debajo de los niveles de hace casi dos años, según muestran los datos oficiales. Las comunidades autónomas —con excepciones— no son ni siquiera capaces de mantener el ritmo de reposición de los usuarios que fallecen y causan baja en el sistema con nuevas altas, como demuestra la tendencia consolidada de los últimos nueve meses. A lo largo del año 2013, el número de personas atendidas se ha reducido en 15.302.
Existen 736.249 beneficiarios de alguna de las ayudas que contempla la ley, según los últimos datos oficiales publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), con fecha de 31 de septiembre. Son 2.338 usuarios menos de los 738.587 que se encontró Mariano Rajoy en los registros del Imserso —entidad dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad— hace 21 meses, en diciembre de 2011, cuando tomó posesión como presidente del Gobierno.
Y no es que ya se haya alcanzado el punto en el que se atiende a todo aquel que necesita ayudas. Hay decenas de miles de personas atascadas en el arcén del sistema, esperando que les llegue el turno. La lista de espera de potenciales beneficiarios a los que las comunidades autónomas han reconocido la condición de dependientes con derecho a ayudas y aún no atienden representa una bolsa de 198.041 personas.
Estas cifras corresponden a datos oficiales regularizados de los informes que mensualmente publica el Imserso. Es decir, están limpios, después de que se depuraran los registros debido a las duplicidades o errores (en torno a un total de 13.000) que detectó el Tribunal de Cuentas en los expedientes enviados por las comunidades autónomas.
Fuentes del Imserso comentan que, pese a ello, los datos que reflejan sus informes, aunque son los oficiales, no son definitivos. Fruto del estudio del Tribunal de Cuentas se ha puesto en marcha un nuevo sistema de información y las autonomías “están en pleno trasvase de uno a otro [sistema]”, añaden. Por ello, “habrá que esperar a final de año” para conocer los datos finales.
Desde el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales subrayan que a lo largo de este año ha habido 60.879 altas en el sistema. Pero esta cifra es engañosa ya que los datos oficiales muestran una caída en los beneficiarios de la dependencia (personas con ayudas) a lo largo de este año. A pesar de las más de 60.000, el saldo final de 2013 hasta septiembre es de 15.302 usuarios menos. Ello implica que el número de bajas en el sistema (beneficiarios fallecidos) en este periodo ha sido de 76.181, muy superior a las nuevas incorporaciones que destaca el ministerio, y que son insuficientes para mantener el nivel de cobertura del sistema.
¿A qué se debe la caída del número de ayudas? José Manuel Ramírez, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales lo tiene claro: a los recortes del Gobierno del Partido Popular.
Por ejemplo, la eliminación de la inyección económica que el Estado transfería a las comunidades autónomas —las encargadas de ejecutar la ley—, una aportación de 283 millones de euros a la que se puso fin en 2012. El golpe más importante a la ley se produjo, sin embargo, con el Real Decreto de julio de 2012, añade Ramírez. Las “reformas para la racionalización del sistema”, según la terminología del ministerio, incluyó una batería de medidas con un impacto que el propio Ejecutivo valoró para 2013 en 1.108 millones de euros de ahorro (solo en dependencia) en las distintas Administraciones, según el Programa Nacional de Reformas remitido a Bruselas el pasado mayo.
En el real decreto se acordó la reducción del nivel mínimo (el dinero que destina el Estado a las regiones correspondiente a la cuota que paga por los dependientes) en un 13%, la minoración del 15% de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras o la reducción de la compatibilidad entre servicios, entre otros aspectos.
La puesta en marcha de estas medidas no tuvo un efecto inmediato, según apunta Ramírez. Provocó, primero, la congelación del sistema y, posteriormente, una caída de usuarios que se está haciendo especialmente evidente en estos momentos con las últimas cifras oficiales.
No todas las autonomías retroceden en ayudas. Extremadura, Castilla y León o Cataluña aumentan ligeramente el número de beneficiarios, a pesar de tener tasas de cobertura superiores a la media estatal. En otras, como Aragón, el retroceso ha sido del 15% de usuarios en 21 meses.
Pero más allá de estas diferencias, las tensiones presupuestarias para mantener el sistema son generalizadas. La Comunidad Valenciana, que desde la puesta en marcha de la ley siempre ha ocupado los lugares de cola en cuanto al desarrollo del sistema, cuenta con 2.000 expedientes de prestaciones económicas para atención residencial congelados, indican desde la patronal de residencias privadas Aerte. También respecto a estas mismas ayudas, Cataluña anunció en septiembre que la medida de suspender provisionalmente la concesión de nuevas prestaciones, dictada en agosto, se convertía en indefinida.
Las estadísticas del Imserso reflejan la caída sostenida de las personas registradas en la lista de espera de la dependencia. De los 305.941 beneficiarios pendientes de recibir una prestación en enero de 2012 se ha pasado a 198.041 en septiembre de este año. El ministerio presume de que esta es la cifra más baja desde el inicio de la dependencia. Pero, según Ramírez, este comportamiento no obedece a una gestión exitosa del sistema de dependencia. Lo lógico sería que a la reducción de la lista de espera (sobre todo, dado el volumen de la caída) correspondiera un incremento en el número de beneficiarios por el trasvase de personas de uno a otro grupo. Pero los datos no solo niegan esta relación, sino que indican lo contrario: se ha producido una caída tanto en la bolsa de personas en espera como en el número de usuarios.
Ramírez apunta a varias razones para explicar esta aparente contradicción. La lista ha caído en parte por el aplazamiento de la cobertura a los dependientes moderados hasta julio de 2015 —una medida tomada a finales de 2011—. Pero también por las miles de personas que mueren aguardando una ayuda que nunca llega. Jaime Esteban, coordinador de las plataformas españolas en defensa de la Ley de Dependencia estima que solo en la Comunidad Valenciana, el número de fallecidos en estas condiciones sería de 30.000 desde el inicio de la norma.
Amma lanza un nuevo portal para el acceso de familiares
El grupo geriátrico Amma ha puesto en marcha su plataforma online ‘TuPortalAmma’, una herramienta que permitirá a los familiares estar puntualmente informados de las cuestiones relativas a los cuidados de su residente, a través de ordenador o teléfono móvil. Además, el portal permitirá llevar a cabo otras gestiones y consultas.
En concreto, la plataforma incluye en la actualidad cinco apartados, que se irán ampliando paulatinamente, y que atañen a información sobre datos del residente, de la residencia en la que vive, del tratamiento sociosanitario que recibe el usuario, de documentos administrativos y trámites, así como el envío de regalos a los residentes.
El portal está diseñado tanto para tutores de residentes incapacitados, que tendrán acceso a toda la información, incluyendo datos clínicos, como a familiares de residentes no incapacitados, que podrá acceder a todos los datos, salvo lo relativo a información clínica, en cumplimiento con la Ley de Protección de Datos. Para acceder al porta, cada usuario contratará con una clave personal.
El grupo Amma cuenta con 29 residencias y un complejo de viviendas tuteladas, con una capacidad total de 4.412 camas y 901 de estancias diurnas, tras la incorporación en junio de 2013 de un nuevo centro en Cartagena (Murcia), que supuso además su entrada en la región. En 2012, registró unos ingresos de 89 M€, con una plantilla cercana a 2.500 trabajadores.
Afectados por daño cerebral adquirido reclaman que se reactiven los recursos de la Ley de Dependencia
Nueva Opción, la asociación de Daño Cerebral Adquirido de la provincia de Valencia, ha reclamado a las administraciones que activen los recursos previstos en la Ley de Dependencia, que garanticen la continuidad asistencial tras la recepción del alta hospitalaria, eliminen barreras para facilitar la participación social de las personas con discapacidad, implanten un plan de atención especializado para las personas con DCA y establezcan la figura de un gestor de casos que oriente a los afectados y a sus familiares.
Estas cinco peticiones forman parte del manifiesto que los afectados han leído en los Jardines de Viveros de Valencia con motivo de la celebración del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, según ha informado la asociación en un comunicado.
«En nuestra lucha diaria por recobrar la autonomía, nos encontramos que, de manera habitual, al recibir el alta hospitalaria se interrumpe el proceso de rehabilitación especializada, lo que impide avanzar en nuestra autonomía y aumenta las barreras para la inclusión social», aseguran los afectados en el manifiesto, común a todas las asociaciones miembros de Federación Española de Daño Cerebral (Fedace).
Asimismo, en el manifiesto se añade: «observamos como determinados ajustes repercuten de manera muy desfavorable en nuestra vida, condicionando nuestros derechos, en algún caso, recién estrenados. Los recortes aplicados en sanidad y servicios sociales no contribuirán a salir de la crisis si es a costa de agravar y cronificar nuestra desprotección».
La lectura del manifiesto, junto a varias actividades lúdicas, ha sido la última actividad organizada con motivo del Día Nacional. Durante la semana, Nueva Opción ha desarrollado una campaña de sensibilización que también ha incluido la colocación de carteles en edificios municipales, la instalación de mesas informativas en diversos puntos de la ciudad, la organización de una jornada sobre el DCA en el MuVIM dirigida a profesionales y afectados, la convocatoria de un concurso de dibujo para escolares y el montaje de una exposición en Tabacalera de cuadros pintados por afectados.
El Daño Cerebral Adquirido se produce como consecuencia de cualquier lesión en el cerebro, sea cual sea su causa, y afecta de forma notable a la salud y a las condiciones de vida de los afectados y de sus familiares. Las principales causas del DCA son accidente cerebrovascular, traumatismo craneoencefálico y tumor cerebral, pero también puede producirse como consecuencia de anoxia, meningitis, encefalitis, encefalopatía, absceso cerebral, etc.
El DCA es el primer motivo de discapacidad en España, donde residen 420.000 personas afectadas. De ellas, 56.500 viven en la Comunitat Valenciana, la segunda autonomía con mayor número de casos, y 32.000 en la provincia de Valencia.
Los afectados presentan una pluridiscapacidad en el plano cognitivo, el control motor, la comunicación, el nivel de alerta o dificultades para relacionarse con el entorno, lo que origina una disminución de la autonomía personal, cuando no su pérdida total, y una modificación significativa en las relaciones sociales y familiares. Estas situaciones alteran la vida cotidiana de las familias de las personas que lo padecen y suponen un importante problema en su regreso a la vida laboral y comunitaria.
Aerte solicita una reunión con el conseller Moragues para encontrar una solución urgente a la deuda de más de 100 millones con los centros de atención a dependientes
La patronal empresarial de la dependencia pide que se actúe ya para la supervivencia del sector.
Debido al continuo incumplimiento de pago comprometido, de los más de 14.000 puestos de trabajo directo que genera actualmente el sector, 10.000 están en peligro de extinción a corto plazo.
La patronal, también pone en conocimiento del Ministerio de Hacienda la dramática situación que vive el sector de la dependencia de la Comunidad Valenciana debido al bloqueo del pago de la deuda desde hace más de diez meses consecutivos.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana, aerte, ha solicitado esta mañana una reunión con el conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, para encontrar una solución urgente y efectiva a la deuda de más de 100 millones que mantiene la administración con el sector de las residencias y centros a dependientes.
Ninguna acción encaminada a la obtención por parte de la administración autonómica valenciana de un plan de pagos estable está siendo efectiva. No es asumible, ni en lo económico ni en lo social, que la deuda comprometida se vaya acumulando de forma sucesiva durante más de diez meses consecutivos; que los tiempos establecidos a través del mecanismo de pago del FLA se incumplan y que, además, exista una latente asimetría en los calendarios de pago que se está practicando respecto a otros sectores que, ni mucho menos, llegan al año sin cobrar: el sector de la dependencia de la Comunidad Valenciana se siente totalmente ninguneada y marginada.
Según ha apuntado María José Mira, directora general de aerte, “este reiterado incumplimiento de pago tiene como consecuencia que, de los más de 14.000 puestos de trabajo directo que genera actualmente el sector, 10.000 estén en peligro de extinción a corto plazo. Esta situación afecta además a los servicios socio-sanitarios que reciben diariamente más de 22.000 dependientes en toda la Comunidad Valenciana: no sólo está en juego la supervivencia de un sector esencial en lo social, sino el bienestar y el cuidado necesario que necesitan estas personas”.
Petición al Gobierno central para que resuelva también el bloqueo
Por otro lado, la patronal de la dependencia de la Comunidad Valenciana, a través de la FED, volvió a poner en conocimiento del Ministerio de Hacienda el bloqueo del pago de la deuda acumulada con el sector, especialmente con la Comunidad Valenciana, donde el periodo de tiempo sin cobrar las cantidades pendientes es cuatro veces superior a la media.
En este sentido, Mira ha apuntado que “debido a la escasa efectividad de las acciones de la conselleria de Bienestar Social encaminadas a resolver el problema, aerte, reiterará la semana que viene, la necesidad de establecer una reunión en Madrid con la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas para plantear, entre otras cuestiones, el pago directo por vía de urgencia de los fondos estatales de dependencia desde el estado a las empresas como solución más rápida”.
Deuda acumulada de la administración autonómica valenciana en el mes de octubre con el sector de los centros y residencias de atención a dependientes en la Comunidad Valenciana (Fuente: aerte).
– 44 millones de euros correspondientes a los servicios públicos de gestión privada. Pendientes de cobro desde noviembre de 2012, es decir once meses sin cobrar.
– 40 millones de euros correspondientes a los servicios de accesibilidad social. Pendientes de cobro desde diciembre de 2012, es decir, diez meses sin cobrar.
– 9 millones de euros correspondientes a los Bono-residencias. Pendientes de cobro desde enero de 2013, es decir, nueve meses sin cobrar.
– 9,3 millones de euros correspondientes a servicios que prestan a las residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario (Lares).
* Cada mes que no se abona los pagos, se genera 10 millones más de deuda con el sector de centros y residencias de atención a personas dependientes de la Comunidad Valenciana
Los universitarios oscenses pueden, por primera vez, acogerse al programa de convivencia entre mayores y jóvenes
Los universitarios oscenses tienen, por primera vez, la oportunidad de acogerse al programa de convivencia entre mayores y jóvenes, que impulsa Ibercaja con la denominación ‘Ibercaja Vivir y compartir’.
Se trata de un programa en el que se brinda a los jóvenes estudiantes y a las personas mayores una solución alternativa de alojamiento y acompañamiento.
De esta forma ambas partes pueden encontrar ventajas. Para los jóvenes supone una alternativa de alojamiento económico, ya que la cuota es de 80 euros al mes y para los mayores supone una forma de tener compañía y mayor seguridad.
El programa se pone en marcha por primera vez en Huesca, tras el éxito que ha tenido en Zaragoza, donde el curso pasado dieciocho parejas han vivido esta experiencia sin ningún problema, según ha informado, hoy en rueda de prensa, la directora de la Obra Social de Ibercaja, Teresa Fernández, quien ha suscrito junto a la alcaldesa de Huesca, Ana Alós y el vicerrector de la Universidad e Zaragoza en Huesca, José Domingo Dueñas, un protocolo de adhesión.
ALUMNAS CHINAS
Por su parte, el Ayuntamiento aporta, a través del área de Servicios Sociales, la información de las personas mayores interesadas en participar en este programa y sirve de correa de transmisión entre las partes y la Universidad, los estudiantes.
Precisamente, Dueñas ha informado de que dos alumnas chinas estarían interesadas en sumarse a esta iniciativa, mientras que por parte de Ibercaja también se ha trasladado el interés de dos personas mayores en participar en el programa, con lo que ‘Ibercaja vivir y compartir’ podría iniciarse en Huesca con dos parejas.
Fernández ha explicado que se trata de un «intercambio solidario que permite la convivencia no lucrativa entre jóvenes y mayores, para combinar lo mejor de las dos generaciones, con un intercambio de experiencias».
Ambas partes deben cumplir una serie de condiciones. La propuesta se dirige a personas mayores que vivan preferentemente solas y a estudiantes mayores de 18 años que puedan disponer de una parte de su tiempo para compartir y adquieren una serie de compromisos para facilitar la convivencia como horarios, normas de higiene y uso de espacios comunes.
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Becerril: se están produciendo muchos retrasos en la aplicación de la ley de dependencia
La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, aseguró hoy que se están produciendo muchos retrasos en la aplicación de la Ley de Dependencia.
En declaraciones a RNE, recogidas por Servimedia, Becerril dijo que la crisis económica no ha traído en España recorte de derechos, pero sí recortes en la prestación de servicios, de cosas a las que nos hemos acostumbrado porque hemos vivido momentos de bonanza y alto grado de bienestar.
Es el caso, dijo, de la Ley de Dependencia se están produciendo muchos retrasos a la hora de evaluar y hacer efectivo el pago para un cuidador, y es que ha habido un momento en que todo eso se conseguía pronto, pero ahora los ayuntamientos y las comunidades no tienen fondos suficientes.
Son retrasos de los que espero que podamos irnos recuperando. Entiendo perfectamente el lamento y también el de las comunidades y los ayuntamientos que prestan los servicios sociales, agregó Becerril.
La Generalitat podría no pagar este mes a los hospitales concertados
La Generalitat ha advertido a los 55 hospitales concertados que este mes probablemente solo les podrá pagar una cuarta parte de la factura de 250 millones por los servicios que prestan a la sanidad pública.
Fuentes del Departament de Salut han confirmado a Efe que están trabajando y «se harán los máximos esfuerzos» hasta el último día para poder hacer efectiva la totalidad de la factura el próximo 31 de octubre.
La directora general de la patronal Unión Catalana de Hospitales, la doctora Helena Ris, ha explicado a Efe que la Generalitat les advirtió primero de que no podrían pagar la factura ordinaria del mes de octubre, que asciende a unos 250 millones, pero después les comunicó que intentarían pagar un 28,65% de la factura con un pequeño remanente del Fondo de Liquidez Autonómica.
En cualquier caso, Ris ha calificado de «situación muy grave» si los hospitales concertados no cobran este mes porque «peligran las nóminas».
Ris ha señalado que confían en que la próxima semana cobren los 800 millones que les adeuda la Generalitat a través del plan proveedores del ICO, lo que «supondría un respiro» y podrían afrontar este nuevo impago. «De lo contrario, ya no tenemos más capacidad de endeudamiento», ha advertido.
La Generalitat adeuda hasta ahora unos 800 millones de euros a los hospitales concertados por las facturas de julio y abril de 2012, el 40% de la de agosto de 2012, el 25% de la de octubre de 2012 y el 25% de la de febrero de 2013.
Helena Ris ha explicado que de momento de la factura del próximo mes de noviembre, la Generalitat no les ha advertido de nada y confían en poder cobrarla puntualmente. «Los hospitales estamos al límite y confiamos en cobrar el ICO en la primera fase, es de la única manera que podríamos soportar este mes, porque si no lo cobramos sería un descalabro porque ya hemos agotado las posibilidades de endeudamiento y de pactar retrasos de pagos a la Seguridad Social», ha afirmado Ris.
«Cada nuevo impago pone en peligro la nómina y ya se han dado casos en que los trabajadores han cobrado el día 4 o 5 del mes porque los ingresos de la administración se han hecho el último día del mes», ha explicado la directora general de la patronal hospitalaria, que ha trasladado a los hospitales la situación «para que hagan frente, pero sin crear alarmas».
UNAF advierte de «peligro de retroceso» en derechos por la crisis
La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) ha reivindicado durante las jornadas de su 25 aniversario celebradas del 18 al 20 de octubre, los avances conseguidos en materia de derechos en el ámbito de las familias y ha advertido del «peligro de retroceso» en el actual contexto económico, político y social.
Bajo el título ‘Familias del siglo XXI: el camino de la igualdad y la convivencia’, UNAF ha realizado un recorrido por la historia más reciente de España y las leyes que han reconocido cuestiones como «la igualdad, la lucha contra la violencia de género, la dependencia, la discapacidad, los derechos sexuales y reproductivos o el matrimonio igualitario».
La presidenta de UNAF, Teresa Blat Gimeno, ha denunciado los intentos de instaurar modelos ya superados y ha abogado por continuar trabajando en la coeducación y la igualdad de oportunidades. «Las organizaciones sociales y toda la ciudadanía debemos unirnos y luchar con más fuerza que nunca por que los derechos que tanto nos ha costado conseguir no se pierdan bajo la excusa de la crisis económica. No lo permitiremos», ha subrayado.
Además, considera que también se deben «aclarar y reparar» cuestiones que, a su juicio, «no son propias de una sociedad democrática» como «el maltrato y vejación de mujeres, muchas de ellas madres solteras» y «los casos de niños y niñas robados».
«Son horrores que no podemos negar y que se cometieron con el amparo de unas instituciones. Por tanto, exigimos justicia, una investigación profunda y la reparación de las víctimas de forma inaplazable», ha añadido.
Por su parte, la directora general de Infancia y Familia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Salomé Adroher, se ha referido a la realidad cambiante de las familias y ha destacado su papel como espacios de solidaridad, soporte emocional y económico, y factor de cohesión social.
En el marco de las jornadas, UNAF aprovechó también para realizar un homenaje a las diferentes Juntas directivas por su labor durante estos 25 años y a la cofundadora de UNAF Ana María Pérez del Campo.
“Transferir lo social a las autonomías duplica el gasto”
Desde la “lealtad”, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, del PP, se muestra contundente a la hora de valorar las consecuencias que tendrá la reforma de la Administración local en el sistema de servicios sociales de su territorio, entre las que destaca la duplicidad de funciones y de gasto; precisamente lo que pretende combatir la ley. Esta comunidad ha elaborado distintas enmiendas al proyecto del Gobierno para que “dentro del margen que ofrece la ley se respeten los modelos que han mostrado ser eficientes”.
Pregunta. La ley plantea que los municipios solo puedan ocuparse de labores de evaluación, información y atención inmediata, por lo que los Ayuntamientos dejarían de tener el peso de los servicios sociales de base, que pasarían a ser competencia autonómica. ¿Qué supone este cambio?
Respuesta. Nosotros tenemos un sistema de integración total entre municipios y autonomía en el que los trabajadores sociales de proximidad tienen la capacidad suficiente para atender las necesidades de forma integral. Es el modelo más eficiente del país porque la coordinación evita esfuerzos duplicados. Hay que tener en cuenta que los servicios sociales necesitan personal de cercanía. Si se transfiere la competencia a las autonomías y asumen estas actuaciones, con su correspondiente personal e instalaciones, se duplicará el gasto, lo que no tiene ningún sentido. Lo que ahora nos cuesta 51 millones de euros —los 1.500 empleos de Diputaciones y Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes— pasará a costar el doble.
Milagros Marcos explica esta duplicidad de empleos y gasto: no se trata solo de cambiar de sitio las competencias, hay empleos que mantener en el ámbito local: “Un trabajador social de un municipio ahora gestiona las cuestiones de emergencia y las que no son urgentes, en un trabajo integrado; con la reforma solo podrá encargarse de las urgentes, por tanto, habrá que poner a otro para lo demás”. Y eso lo tendrá que asumir la comunidad autónoma.
P. Dos trabajadores de Administraciones distintas para un mismo problema puede romper ese tratamiento integral.
R. Pero, además, ¿dónde está la línea entre lo urgente y lo no urgente? Nosotros contamos con un sistema integral. En una familia con dificultades puede haber un problema de drogas, de violencia familiar, de mayores en situación de dependencia… Nuestros profesionales atienden estos casos en conjunto, sin segmentar, y desde la atención cercana. Esta gente necesita a una persona de referencia próxima. Son los servicios sociales de barrio quienes conocen las necesidades de esta gente. Si se nos fuerza a duplicar servicios, duplicamos estructuras y gasto y perjudicamos a los usuarios. [La reforma] penaliza a las Administraciones que no tenemos duplicidades
P. ¿Qué va a pasar con las residencias de ancianos? También tendrán las comunidades que asumir esta gestión.
R. Este es otro tema. Se puede transferir el control de las residencias municipales a las autonomías. Pero en un año [el plazo previsto en el anteproyecto] y sin presupuesto no se puede hacer. ¿Cómo voy a asumir 10.000 plazas de golpe? Cuestión distinta es afrontar este proceso con tiempo; en cinco años se podría hacer con tranquilidad. Entre esta cuestión y los servicios de proximidad que mencionaba antes, el incremento de gasto en Castilla y León sería de 200 millones de euros.
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La terapia asistida con caballos mejora la calidad de vida de pacientes con discapacidad
La terapia asistida con caballos, conocida como hipoterapia o también equinoterapia, mejora la calidad de vida de los pacientes con discapacidad, debido a que el movimiento de los equinos potencia las habilidades, el equilibrio y la motricidad de los pacientes.
Concretamente, los caballos ofrecen mejoras a personas con trastornos del movimiento asociados con afecciones neurológicas y neuromusculares, como la parálisis cerebral, los accidentes vasculares, esclerosis múltiple y traumatismos cerebrales, ha informado este miércoles en un comunicado la Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimbernat (EUIFG) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), pionera en impartir hipoterapia en el Estado.
A través del contacto con el caballo y la motivación que genera, también se solucionan los problemas de aprendizaje y de adaptación que acostumbran a presentar las personas afectadas por algún tipo de discapacidad.
Además, la hipoterapia estimula la afectividad y la sensibilidad de los sentidos, mejora la atención y la concentración, y aumenta la capacidad de independencia.
La jefa de Estudios de la EUIFG, Teresa Xipell, ha explicado que «la incondicional entrega y lealtad del caballo» hace que el tratamiento se convierta en una gran ayuda para niños autistas o con síndrome de Down.
La consejera de Bienestar Social de Avilés inaugura la nueva residencia de mayores de El Nodo
La consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, inaugurará hoy, a partir de las 17 horas, la nueva residencia de mayores de El Nodo que gestionará el Principado a través de Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA). La puesta en marcha del equipamiento, tres años después del inicio de sus obras, ha implicado la superación de numerosos obstáculos provocados por las limitaciones presupuestarias provocadas por la crisis. Con este equipamiento se cierra el mapa de residencias del ERA, toda vez que las limitaciones para contratar personal hacen prácticamente imposible incrementar la red.
El nuevo edificio cuenta con una capacidad para 148 residentes, además de 30 plazas en un centro de día. Cincuenta y siete de sus internos vienen del cierre de la residencia Avilés, situada en la calle de Jovellanos, y cuya estructura en altura implicaba grandes limitaciones para su actividad diaria. Desde finales de septiembre, se inició el proceso de traslado.
Una de las incógnitas que se abre es la utilización que se dará ahora al edificio de la calle de Jovellanos, donde la Asamblea Comarcal de Cruz Roja mantiene su sede. Se ha planteado la posibilidad de albergar apartamentos para mayores, aunque aún no se ha tomado ninguna decisión desde el Gobierno asturiano. Las dificultades presupuestarias son el principal inconveniente.
La construcción del edificio de El Nodo comenzó en el verano de 2010 después de que la constructora FCC lograse la adjudicación del contrato con un presupuesto de 4,9 millones de euros. Los trabajos concluyeron después de 18 meses, en el último trimestre de 2012.
Posteriormente, este año la empresa El Corte Inglés se encargó del mobiliario de la instalación con un gasto para el Principado de 206.780 euros, sin contar el pago del IVA.
Maestre: «Cospedal está derogando la Ley de Dependencia por la puerta atrás»
La Ley de Dependencia, la considerada como el “cuarto pilar” del Estado del Bienestar es las más afectada por la política de continuos recortes de los gobiernos de Mariano Rajoy en España y María Dolores Cospedal en Castilla-La Mancha.
Esta es la conclusión que ponía sobre la mesa la portavoz del PSOE castellano-manchego, Cristina Maestre, tras analizar los datos que da mes a mes el propio Gobierno de la Nación sobre la situación de esta norma.
En Castilla-La Mancha, es más, indicaba Maestre, la Ley de Dependencia en los dos últimos años y pico, desde que gobierna el PP, “está siendo derogada en la practica por la puerta de atrás”. Desde mayo de 2012, 17 meses, explicaba, no se ha resulelto ni una sola prestación.
Los datos oficiales avalan este planteamiento, señaló Maestre en una rueda de prensa celebrada en Ciudad Real. Con las cifras oficiales a 30 de septiembre último, en la comunidad autónoma, en lo que va de legislatura, se ha retirado la prestación económica a más de 5.800 personas dependientes
Además, 11.500 beneficiarios de la ley han dejado de serlo y, en lo que va de año se han dejado de atender a más de 2.000 familias. En estos momentos existen casi 4.700 personas esperando para ser valoradas en su nivel de dependencia.
En la provincia de Ciudad Real, se ha retirado la prestación de ayuda a cuidador a casi 1.500 familias, casi 1.200 personas están esperando que se les dé una respuesta a su petición valoración y, en lo que va de año, ha descendido en 437 el número de personas atendidas.
Son datos que confirman la postura del PP ante la Ley de Dependencia desde que fue tramitada en el Congreso de los Diputados en la anterior legislatura. El PP, remarcaba Maestre, nunca quiso la Ley de Dependencia, votó a favor de la misma para no quedar mal políticamente, pero, ahora que está en el Gobierno la está dejando en nada por vía de los hechos consumados.
Otro aspectos, dijo, es el de la aplicación de nuevas tasas a la hora de que los afectados puedan iniciar la tramitación de una ayuda.
Con estas decisiones, Maestre no tiene dudas de que el PP “está retorciendo el brazo a los dependientes para que ellos mismos renuncien a las ayudas a las que tienen derechos”.
Otro punto a analizar es el de la generación de trabajo. La portavoz socialista recordaba que, si uno de los objetivos del PP es la creación de empleo, todos los estudios realizados al efecto confirman que, en torno a la dependencia, hay un nicho importante para la generación de puestos de trabajo que el PP “se está cargando”.
Todas las actuaciones en este campo de Cospedal, puntualizaba Maestre, ha llevado a que, según las estadísticas, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha sea una de las últimas regiones, junto a Aragón, en la aplicación de la Ley de Dependencia.
Maestre apuntó que el PSOE seguirá defendiendo esta ley, en lo más cercano, con enmiendas para mejorar su dotación económica en los presupuestos de la región para el próximo año de 2014.
Dependientes y mujeres, un binomio inseparable
Una breve cronología de hechos en relación con la tan manida y conocida Ley de Dependencia o de Pro moción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (Ley 39/2006 de 14 de diciembre) sentó las bases para construir el futuro Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, que financia los servicios que necesitan las personas dependientes, bien por enfermedad o accidente o suceso incapacitante, o para que al llegar a la vejez se les garantice un sustento mínimo.
No podemos obviar que las personas dependientes están incapacitadas para desarrollar actividades de la vida diaria y requieren ayuda para realizarlas. Nuestra labor como ciudadanos es potenciar al máximo la independencia en el dependiente. A ese espejismo, por realista, conviene que nos apliquemos todos para hacer un país más sano y equilibrado.
De los 46 millones de españoles del año 2008, unos 2 millones eran dependientes y concluyen varios estudios que la dependencia era más evidente con el aumento de la edad de las personas, más frecuente entre las mujeres y entre personas de clase social con menor formación. Los datos hablan por sí solos y configura una silueta reveladora, persona mayor, mujer y sin formación.
Si valoramos el orden de aparición de la dependencia y su prevalencia de las discapacidades que pueden provocar dependencia personal, en primer lugar y con más frecuencia, encontramos los problemas relacionados con la movilidad exterior; siguen las dificultades en las tareas habituales del hogar y, en tercer lugar, los problemas de cuidado personal.
Y vuelven las mujeres. La ayuda familiar es la principal respuesta y, normalmente, viene de la mano de mujeres: la hija que asume el cuidado de sus mayores (y que la actual ley condena a malvivir en el futuro por ausencia de protección en el sistema de Seguridad Social), la esposa que cuida varón, la madre que cuida hijo/a dependiente, mujeres que no ven otro horizonte. De nuevo mujeres perdedoras por cuidadoras.
La ley anterior contó con un amplio debate a lo largo de todo el año 2006 y en noviembre de ese año contó con el apoyo mayoritario de los diputados representativos y el 1 de enero de 2007 empieza a andar. Sin tiempo para grandes conclusiones y reflexiones, con el acceso del Partido Popular al gobierno en 2011, y sin debate alguno en la sociedad, ya en el primer Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011 paraliza la aplicación de la Ley de Dependencia, dejando fuera del sistema, y de un plumazo, a unos 400.000 españoles con dependencia moderada.
Posteriormente, con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, se retiran 283 millones de euros para dependientes moderados y, consecuentemente, las comunidades autónomas se ven obligadas a retirar otros 283 millones de euros al anularse la partida que lo sustentaba.
Medio año después modifica el gobierno la Ley de Dependencia del gobierno socialista y paraliza la aplicación de algunos conceptos de la misma, por dos años, haciendo importantes reformas en otros aspectos, para lo que recurre al R.D. Ley 20/2012, de 13 de julio. Pasado un año de aplicación del precitado R.D. Ley, y sólo en el período agosto 2012-agosto 2013, sacamos conclusiones conmovedoras, como que 122.244 personas han sido expulsadas del sistema de dependencia y no reciben prestación o han dejado de tener derecho a la prestación por dependencia. De nuevo el colectivo femenino es el más golpeado y afectado por la medida. De nuevo mujeres sufridoras por mujer-dependiente o por mujer-cuidadora. Mujeres, personas al fin y al cabo. Y eso, sin citar a los varios miles de solicitantes que no se han registrado para demanda de dependencia en todo el país.
A todo esto debemos sumar los miles de dependientes que han visto recortadas sus prestaciones por múltiples motivos y que, incluso, paradojas aparte, ha contribuido a aumentar hasta el número de separaciones matrimoniales, por afectar a las uniones de dependientes, fórmula más habitual de convivencia entre este colectivo. Y es que pensiones entre los 300? y los 350? para quienes necesitan afrontar gastos extraordinarios, por necesarios y no habituales en familias normalizadas, no dan para mantener a quienes quieren vivir la dependencia con la mayor independencia posible.
Si ponemos cara a la realidad en un municipio tinerfeño como Icod de los Vinos, obtenemos que, de una u otra manera, los actuales desmanes del gobierno de Madrid con la Ley de Dependencia afectan a más de 300 familias, a las que condenan a vivir en la intransigencia y el desconcierto.
Los datos no evidencian sino un desplome absoluto del sistema de dependencia, pasando varios cientos de miles de personas, la mayoría mujeres, el calvario de la inmundicia y el abandono, al no poder disponer de unos recursos mínimos que garanticen una vida desde la mayor dignidad posible. Lamentos aparte, tiene rostro de mujer y llevan la peor parte.
Cáritas alerta de que la reforma local aleja a los más vulnerables del acceso a los servicios sociales
Cáritas alerta de que el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del Ministerio de Hacienda aleja a las personas más vulnerables del acceso a los servicios sociales, sobre todo en las zonas rurales, y aboga por consensuar una reforma que ponga a este colectivo «en el centro».
Esta organización considera que es posible introducir algunos cambios en el texto legislativo, que este viernes se abre al trámite de enmiendas. En este sentido, apela tanto al Gobierno y al Grupo Popular en el Congreso, como al resto de grupos parlamentarios, a que valoren las reiteradas peticiones formuladas al respecto por el conjunto de las entidades del tercer sector.
De manera concreta, Cáritas propone que se permita desarrollar una organización técnica y competencial que ponga en el centro de sus objetivos a las personas en situación social más precaria, a través de dos niveles de atención (primario y secundario) y con un criterio de proximidad de los servicios a la vivienda habitual de los ciudadanos.
Por otro lado, plantea la necesidad de que el Estado garantice unos derechos mínimos, determine quién es la población titular de los mismos y qué tipo de atención queda garantizada.
Cáritas muestra también su preocupación por la introducción dentro de esta reforma de una nueva restricción en el acceso al empadronamiento por parte de las persona extranjeras no comunitarias, una medida, que, a su juicio, «debe ser suprimida» del proyecto «por cuanto desvirtúa la naturaleza del empadronamiento y condena todavía más a la invisibilidad a un sector de la población».
Casi un tercio de los ancianos en España tiene diabetes y el 40% están sin diagnosticar
Casi un tercio de los pacientes mayores de 75 años tiene diabetes, especialmente las mujeres, y cerca del 40 por ciento de los casos no están diagnosticados, según ha alertado el coordinador del Grupo de Diabetes y Obesidad de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), Ricardo Gómez Huelgas.
No obstante, a pesar de la elevada prevalencia, los expertos aseguran que el tratamiento de este grupo poblacional ha recibido escasa atención y que existe una carencia de ensayos clínicos específicos sobre el riesgo-beneficio del tratamiento antidiabético intensivo a largo plazo.
Por tanto, mejorar la calidad en el cuidado de este tipo de pacientes es una de las preocupaciones actuales de los especialistas, así como optimizar el uso de los recursos diagnósticos y los tratamientos para los ancianos con diabetes.
Con estos objetivos, cerca de 70 internistas especialistas en diabetes, hipertensión arterial y dislipemias se han reunido en Valencia en el encuentro ‘Choosing Wisely in Management of Cardiometabolic Risk in the Elderly Patient’. Las conclusiones de la reunión, organizada por la Alianza Boehringer Lilly en Diabetes junto con la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), se van a recoger en un documento de consenso en forma de recomendaciones para el tratamiento del anciano con diabetes.
«Dada la alta prevalencia de la diabetes y otros factores de riesgo cardiovascular y el incremento de costes que representan, un uso coste-eficaz de los recursos disponibles resulta esencial para la sostenibilidad del sistema sanitario», ha comentado el director del encuentro, Ricardo Gómez Huelgas.
En este sentido, el experto ha recordado que la clave para abordar adecuadamente esta enfermedad de carácter pandémico, reside en implementar unas «adecuadas» políticas de prevención y realizar un enfoque integral de los factores de riesgo de la población.
Respecto a los ancianos, Gómez Huelgas ha reconocido que tienen peculiaridades que condicionan su diagnóstico y tratamiento como las comorbilidades, el alto riesgo de hipoglucemia o los problemas nutricionales, entre otros.
«Por todo ello, resulta imprescindible realizar un abordaje individualizado, adaptando el tratamiento antidiabético y los objetivos de control glucémico a las características del paciente», ha remarcado. En concreto, ha proseguido, la terapia deberá evitar las hipoglucemias, que suponen el principal efecto secundario del tratamiento antidiabético en los ancianos, y que pueden tener graves consecuencias como la disminución de la calidad de vida, el deterioro cognitivo, el mayor riesgo de caídas y fracturas o los episodios cardiovasculares.