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Aerte forma en fiscalidad de la dependencia
La patronal de centros y servicios de la dependencia de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha organizado el curso “Fiscalidad de la Dependencia”. Con una duración de seis horas, la jornada formativa tendrá lugar en su sede de Valencia el viernes 25 de octubre.
Abordará todas las novedades legislativas de ámbito fiscal que han surgido durante el último año en el sector sociosanitario como: el análisis de la tributación, las novedades fiscales (IVA, IRPF, Impuesto Sociedades) o la fiscalidad local y de las entidades sin ánimo de lucro.
Federico Javier Varona, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, socio-Director de Varona, será el encargado de analizar estos y otros temas de interés.
Esta jornada se enmarca dentro del módulo formativo que AERTE está desarrollando, dirigido especialmente a ampliar el conocimiento de directores de centros de servicios sociales.
Las guarderías públicas de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) niegan plaza a un niño de dos años por su discapacidad
El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) ha cerrado la puerta de acceso a las guarderías públicas de la localidad a un menor de dos años que presenta una discapacidad del 67 por ciento, alegando que este grado «no es compatible con el equipamiento, los recursos y el proyecto educativo» de los centros, algo a considerar conforme dicta una ordenanza municipal. Su hermano mellizo, sin discapacidad, sí obtuvo una plaza.
Según ha denunciado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que llevará el caso a la Fiscalía General del Estado, estos vecinos de San Cristóbal de La Laguna solicitaron el pasado mes de marzo plaza de guardería pública para sus dos hijos mellizos, pero sólo uno de ellos figuraba en la lista provisional de admitidos, ocupando, además, uno de los primeros puestos de la reserva.
La familia presentó dos reclamaciones formales al concejal de Bienestar Social y Calidad de Vida y Mercado, Miguel Ángel González Rojas, de cuyo área dependen estas escuelas infantiles, así como al alcalde del municipio, Fernando Clavijo, quien manifestó en un correo electrónico estar enterado de este asunto.
Pese a ello, las listas definitivas de admisión publicadas por decreto en el mes de agosto dictaron la exclusión definitiva de su hijo porque su grado de discapacidad no era compatible con los recursos del centro: los certificados médicos que los padres adjuntaron a la solicitud de plaza prescribían que el niño habría de necesitar el apoyo de un auxiliar en la escuela infantil en la que ingresase.
Aunque la familia volvió a reclamar al alcalde y llegó incluso a mantener un encuentro con él, con el concejal de Bienestar Social y con el jefe de Servicio y la familia del menor, las autoridades públicas se reafirmaron en su postura y la queja fue desestimada.
El Consistorio alegó la existencia de una ordenanza municipal según la cual, las escuelas infantiles de la localidad tienen que «valorar todas las solicitudes de menores que presenten un porcentaje de discapacidad que sea compatible con el equipamiento, los recursos y el proyecto educativo», según explica el CERMI.
Para la familia, esta ordenanza «fomenta la discriminación del colectivo de menores con discapacidad y debe ser modificada». «Supone una clara barrera que permite a la Corporación excluir del sistema público a la mayoría de niñas y niños de 0 a 3 años que presenten limitaciones a su actividad, ya que no tendrán recursos para atenderles», denunciaron.
Tampoco dieron frutos sus reclamaciones ante la Dirección General de la Dependencia, Infancia y Familia, quien dijo no tener competencias, la Viceconsejería de Educación o la Dirección General de Políticas Sociales, aunque en la Oficina Permanente Especializada de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad y el diputado del Común del Gobierno de Canarias «mostraron preocupación por el caso».
El padre del menor también ha recurrido al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatal) y al CERMI Canarias para solicitar su intermediación en este caso que a juicio de ambas entidades es de «discriminación». «No puede ser que exista una ordenanza que, de antemano, discrimina a las personas con discapacidad», señalan.
«El CERMI Estatal pondrá el caso en conocimiento de la Fiscalía para que examine esta conducta del Ayuntamiento por si pudiera constituir un comportamiento antijurídico con reproche penal, al discriminar flagrantemente a niño con discapacidad, protegido por el artículo 7 de la Convención de la Naciones Unidas de Discapacidad», avanza la organización.
El Gobierno asegura que si las partidas de los PGE de dependencia no son suficientes aportará los créditos necesarios
El Gobierno asegura que si las partidas destinadas a sufragar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no son suficientes el Ejecutivo se encargará de aportar los créditos necesarios para su funcionamiento.
Así se desprende de una respuesta parlamentaria del Ejecutivo al diputado del PSOE, Miguel Ángel Heredia, recogida por Europa Press, en la que asegura que, por parte del Gobierno, se han establecido toda una serie de medidas encaminadas a lograr una mejora en el sistema, racionalizando el gasto público en relación con esta materia, y asegurando la sostenibilidad presente y futura del mismo.
Eso sí, señala que, por parte de la Administración General del Estado (AGE) se consignan anualmente en los Presupuestos las cantidades necesarias para hacer frente a las obligaciones de financiación recogidas en la propia ley de dependencia.
«En todo caso, si las cantidades inicialmente presupuestadas resultasen insuficientes, se procedería a tramitar las ampliaciones de crédito suficientes para contar en todo momento con los créditos necesarios», confirma el Gobierno.
De esta manera, tanto para el presente ejercicio como para los ejercicios futuros, por parte de la AGE confirma que se consignarán las cantidades suficientes para poder cumplir con los compromisos asumidos en relación con la financiación de la Ley. «Por lo tanto, no existe ninguna previsión de recortes en esta materia», sentencia el Ejecutivo ‘popular’.
Las empresas asociadas a AERTE confirman su presagio: no podrán pagar sus nóminas en octubre
Aerte recuerda al Ministerio de Hacienda que el sector lleva más de un año sin cobrar en la Comunidad Valenciana y que el gobierno valenciano le ha comunicado que no abonará en el tiempo establecido la deuda comprometida.
La falta de efectividad de las acciones de la Conselleria de Bienestar Social genera al mes más de 10 millones de deuda al sector empresarial de atención a la dependencia de la Comunidad Valenciana.
AERTE volverá a solicitar al Ministerio de Hacienda que actúe de forma urgente para poner fin al continuo bloqueo de pago de deuda acumulada que mantiene la administración valenciana y que asciende a más de 100 millones. Planteará que abone directamente al sector el pago de la deuda comprometida.
El promedio de tiempo sin cobrar la deuda en la Comunidad Valenciana es cuatro veces superior a la media. Las empresas asociadas a aerte confirman su presagio: no podrán pagar sus nóminas en octubre.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana, aerte, insistirá hoy al Ministerio de Hacienda para que actúe con el objeto de resolver el bloqueo del pago de deuda acumulada que, desde la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, viene manteniendo de forma continua con el sector de centros de atención a dependientes de la Comunidad Valenciana.
Para ello, la patronal de la dependencia de la Comunidad Valenciana, ya solicitó el pasado 4 de octubre una reunión con el Ministerio de Hacienda. Hoy en Madrid, volverá a reclamarla por vía de urgencia para denunciar la escandalosa y continua situación que se da en la Comunidad Valenciana, fruto de la escasa efectividad de las acciones de la Consellería de Bienestar Social encaminadas a resolver el problema, en un asunto que afecta a más de 14.000 puestos de trabajo y más de 22.0000 personas dependientes sólo en la Comunidad Valenciana.
María José Mira, directora general de aerte, ha subrayado hoy desde Madrid que “el promedio de tiempo sin abonar las cantidades pendientes en la Comunidad Valenciana es cuatro veces superior a la media. Esta actitud es inaceptable y está provocando que se generen aproximadamente unos 10 millones de euros al mes de deuda, que se acumulan a los 100 millones de euros que se adeuda a día de hoy”.
Ante este constante incumplimiento del compromiso de pago, Mira advierte: “el sector no puede esperar más: la situación para las empresas y trabajadores del sector es inaguantable socialmente, sanitariamente, económicamente y moralmente. Sólo en la patronal de empresas de la dependencia en la Comunidad Valenciana, aerte, hay adheridos más de 200 centros, en octubre algunos de ellos ya no podrán pagar las nóminas. Necesitamos una solución ya, de una vez por todas, con un compromiso firme y fiable que verdaderamente se cumpla, porque la situación de agrava cada día, dado que las empresas han superado el límite de resistencia”.
AERTE solicitará al Ministerio que abone directamente al sector el pago de la deuda comprometida
Ante la falta de efectividad de la Conselleria de Bienestar Social y la urgencia que requiere solucionar este grave problema, explica María José Mira, “plantearemos al Ministerio como solución más rápida y eficaz el pago directo por vía de urgencia de los fondos estatales de dependencia desde el estado a las empresas y beneficiarios. Entendemos que dada la falta de liquidez del Gobierno valenciano, y la falta de soluciones, ésta sería una de las únicas que permitieran “respirar” al sector”.
Mira señala que, “se trata de deudas avaladas por contratos y compromisos firmados, con línea presupuestarias fijadas para ese fin y que, obviamente, no se están destinando al mismo. Lo cual es totalmente incomprensible. ¿A dónde se ha destinado ese dinero?”.
Por otro lado, Mira recalca que “existe una latente asimetría de la deuda de nuestro sector con respecto a otros, cuyos calendarios de pago son menos dramáticos, ya que, prácticamente no hay ninguno que esté en alrededor de un año de impagos, como es el caso. Y, a su vez, una asimetría incluso dentro de la misma Conselleria con entidades y recurso que llevan más de un año sin cobrar, como es nuestro caso, y otros que están casi al día. Y si además, le añadimos que estamos hablando de un sector que trabaja con personas dependientes la situación se agrava más si cabe”.
Deuda acumulada de la Administración valenciana en el mes de octubre al sector de los centros y residencias de atención a los dependientes de la Comunidad Valenciana (Fuente: AERTE).
– 44 millones de euros correspondientes a los servicios públicos de gestión privada. Pendientes de cobro desde noviembre de 2012, es decir once meses sin cobrar.
– 40 millones de euros correspondientes a los servicios de accesibilidad social. Pendientes de cobro desde diciembre de 2012, es decir, diez meses sin cobrar.
– 9 millones de euros correspondientes a los Bono-residencias. Pendientes de cobro desde enero de 2013, es decir, nueve meses sin cobrar.
– 9,3 millones de euros correspondientes a servicios que prestan a las residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario (Lares).
Botella propone una reforma de la Ley de Capitalidad para mantener servicios
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha propuesto al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, una reforma de la Ley de Capitalidad para mantener en el ámbito de las competencias de la ciudad el Samur y los servicios sociales no afectados por la Ley de Dependencia.La ‘marea naranja’ informará a los dependientes sobre sus derechos a prestación
‘Marea Naranja’, una organización integrada por trabajadores sociales y personas dependientes, ha organizado una campaña informativa para dar a conocer cómo afectan en cada caso los recortes presupuestarios en la aplicación de la Ley de Dependencia.
El portavoz de esta organización, Carlos Santamaría, detalló ayer que se desarrollará en diferentes puntos de Logroño hasta el próximo 14 de noviembre con el lema ‘Reclama tus derechos, nosotros te ayudamos’. Durante las tardes de los días laborables, excepto viernes, los dependientes y sus familiares podrán acercarse a las sedes del Colegio Riojano de Trabajo Social (lunes y miércoles), UGT (martes) y CC OO (jueves) para conocer de forma detallada si tienen derecho a alguna prestación que ha sufrido un «recorte».
Santamaría aseguró que, si es necesario, se presentarán solicitudes individualizadas para acceder a prestaciones que no se reciben y se ha comprometido a realizar un seguimiento de estas peticiones y quejas, que se enviarán al Gobierno regional.
Aunque no precisó el número de riojanos que se han visto afectados por los recortes, según los datos de ‘Marea Naranja’, el cambio en el baremo de reconocimiento del grado de dependencia y el retraso de la aplicación de algunos grados hasta 2015 afecta a unas 2.765 personas.
Santamaría recordó que, en marzo pasado, el Gobierno regional modificó por un decreto la cartera de servicios a la Dependencia y explicó que, para 2014, no se ha precisado todavía qué rebaja en las prestaciones se producirá, aunque los Presupuestos Generales del Estado recogen una reducción a la Dependencia del 46 %, unos 1.700 millones de euros.
C-LM ultima la Ley de Garantías de Derechos de Personas con Discapacidad
La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha avanzado este jueves que «dentro de muy poco» el Gobierno que preside podrá presentar la Ley de Garantías de los Derechos de las Personas con Discapacidad, norma en la que se encuentra «trabajando» el Ejecutivo regional.
Así lo ha asegurado Cospedal durante la inauguración de la cuarta edición del Congreso Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, organizada por CENTAC, quien ha indicado que la Junta de Comunidades está elaborando esta ley con la colaboración del Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI) y de la ONCE.
Cospedal ha destacado que desde la Administración, aunque no sea como «una empresa», se puede colaborar con la legislación, a la hora de «modificar leyes obsoletas y garantizando la igualdad de derechos» para estas personas.
182.000 PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Asimismo, ha puesto en valor el papel de la tecnología para las personas que sufren algún tipo de discapacidad y ha señalado que en Castilla-La Mancha existen 182.000 castellano-manchegos que tienen algún tipo de discapacidad, y que son potenciales consumidores de estas tecnologías.
«Vivimos en una sociedad de la información en la que no se puede abrir más la brecha entre las personas sin discapacidad que las que no la tienen. Tiene que servir para que los más vulnerables encuentren una herramienta de integración a los servicios públicos», ha aseverado la jefa del Ejecutivo.
En esta línea, Cospedal ha señalado que todos «podemos sufrir discapacidades» en algún momento de «nuestras vidas» o por motivos de la edad, en el que necesitaremos tecnologías «que van dirigidas a personas que no tiene plena capacidad desde el punto de vista físico, psíquico y sensorial».
ELIMINAR BARRERAS
Aunque ha admitido que en materia de discapacidad se ha avanzado en gran medida, la presidenta ha señalado «que aún queda camino por recorrer» para «eliminar barreras» en el ámbito educativo y social, al tiempo que ha apelado a la colaboración entre administraciones y empresas para trabajar en este ámbito.
Cospedal ha resaltado «la igualdad y la integración como derechos inalienables de la persona y que nos pertenecen a todos», que tienen que ser promovidos desde las entidades sin ánimo de lucro o desde el ámbito empresarial pues «tienen la responsabilidad de trabajar por este objetivo».
COMPROMISO DEL GOBIERNO
Por su parte el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Bonilla, ha trasladado el compromiso del Gobierno de España con la accesibilidad de las personas con discapacidad para reducir las situaciones de dependencia.
«A pesar de que hay un basto camino recorrido nos queda muchísimo por hacer y para seguir trabajando sin descanso porque la tecnología genera una discapacidad invisible, una brecha digital que afecta a las personas con discapacidad», ha aseverado Bonilla.
PRIMER DIABÉTICO EN VISITAR LOS POLOS
Durante esta inauguración, Josu Feijoo, primer diabético en el mundo en subir las Siete Cumbres y en visitar el Polo Sur y Polo Norte, ha trasladado su experiencia a los presentes, y ha relatado que «aunque la vida le puso una zancadilla» cuando le diagnosticaron la diabetes no perdió la ilusión por cumplir su sueño que era ser astronauta y realizar estas expediciones.
Feijoo ha asegurado que los médicos le dijeron que se olvidara de escalar el Everest y de ser astronauta, pero el tuvo que «tener fuerza de voluntad» para superar una situación difícil como esta.
La Generalitat no pagará los fármacos dispensados por farmacias en septiembre
El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha anunciado hoy martes a los farmacéuticos catalanes que el próximo día 31 no podrá pagarles los 107 millones correspondientes a los medicamentos dispensados el mes de septiembre, ha informado el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Catalunya.
La Generalitat ha aducido, según este colectivo, que no podrá hacer frente a este pago porque dispondrá de 1.700 millones menos de los solicitados a través del Fondo de Liquidez Autonómica, con los que se estaba haciendo frente a la factura de los medicamentos en los últimos meses.
El anuncio del CatSalut del nuevo impago ha provocado malestar y preocupación entre los farmacéuticos, que aún tienen pendientes de cobrar a través del Plan ICO Proveedores los 309 millones que les debe la Generalitat por las facturas impagadas de noviembre y diciembre de 2012 y mayo de 2013.
El presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Catalunya, Jordi de Dalmases, ha anunciado que ya ha iniciado «contactos para evitar que los problemas de tesorería afecten nuevamente a las farmacias».
Los farmacéuticos catalanes tuvieron que renunciar a la reclamación de los intereses de demora de los 309 millones que les adeuda la Generalitat porque ello era un requisito imprescindible para poder acceder al plan ICO Proveedores, pero aún no han cobrado estas mensualidades.
A causa de estos atrasos en los pagos, algunas farmacias catalanas han tenido que cerrar y otras han tenido que recurrir a pólizas de crédito bancarias, mientras que la mayoría sólo dispensan los medicamentos más caros por encargo y solicitados con antelación.
La Generalitat recibirá 1.700 millones menos para pagar a proveedores
El Gobierno de la Generalitat percibirá este año 1.700 millones menos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) porque el Gobierno central considera que el cobro de los planes de proveedores y el fondo de rescate no son complementarios. Según fuentes del Ejecutivo central, el Ministerio de Hacienda así lo comunicó a la consejería de Economía y al resto de las comunidades autónomas afectadas en una reunión que mantuvo con ellas el pasado viernes 11 de octubre. Según estas fuentes, Hacienda considera que ambos planes están conectados y que se descontarán de las entregas pendientes del FLA.
La novedad es un nuevo contratiempo para la Generalitat, que sostiene que la medida se contradice con la filosofía que hasta ahora ha seguido el ministerio de Hacienda, es decir, que no faltará jamás la liquidez para la lucha contra la morosidad. Según ha informado hoy La Vanguardia, el pasado 25 de octubre el consejero Andreu Mas-Colell pidió una reunión al ministro de Economía, Luis de Guindos, para abordar este asunto, sin que haya recibido respuesta.
La principal consecuencia de esa decisión, según la Generalitat, es que deberá implementar esa merma en la tesorería de la Administración este trimestre, por lo que se volverá a la situación de pagos de finales de 2012. Es decir, que no será posible ninguna mejora.
«Esta es una de aquellas decisiones que hace daño a la economía real», ha lamentado el consejero de Presidencia, Francesc Homs, tras la reunión del Gobierno catalán. «Nos devuelve a una situación de alargar los pagos. Nos sentimos engañados».
5ª Jornada de Ética y Servicios Sociales
La Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias y el IAAP «Adolfo Posada» organizan la 5ª Jornada Ética y Servicios Sociales que este año abordará el tema El papel de la ética en los modelos de atención social. Tendrá lugar en Oviedo el 21 de noviembre del 2013.
Esta convocatoria anual se enmarca dentro de las líneas que desde el Servicio de Calidad e Inspección, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda viene impulsando para propiciar la reflexión y mejorar la calidad de las prácticas profesionales en los distintos centros y servicios.
En el variado programa de la Jornada participan diversos expertos, cabe destacar la conferencia magistral que será impartida por Ramón Bayés, Profesor emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, titulada: «Sobre la felicidad y el sufrimiento a lo largo de la vida».
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El geriátrico de Elda lanza un SOS
La residencia y centro de día para mayores dependientes «El Catí» de Elda, cuya titularidad depende de la Conselleria de Bienestar Social, se encuentra asfixiada económicamente porque la Generalitat Valenciana no le ha realizado ni un solo pago en todo el año 2013 y, además, sigue debiéndole el mes de diciembre de 2012. En total a la Fundación, Salud y Comunidad (FSC) que es la empresa que lleva prestando este servicio desde 2005, la Conselleria de Bienestar Social le debe 1,7 millones de euros por diez meses de impago continuado.
La situación es «límite» y la concesionaria ya ha anunciado que, si no recibe ninguna transferencia económica en las próximas semanas, a partir del próximo mes de noviembre ya no podrá hacer frente al pago de las nóminas de los 70 profesionales que trabajan en el geriátrico. Una circunstancia que se mantendría en diciembre –incluyendo la paga extra de Navidad– y que podría repercutir en el cuidado de los 110 mayores a los que se atiende tanto en régimen residencial como en el centro de día. Pero, a partir del próximo mes, la concesionaria también tendrá dificultades en adquirir los alimentos, hacer frente a las facturas de luz, agua y gas así como en pagar a los proveedores y a la Seguridad Social.
Para evitar llegar a este extremo los responsables de FSC han remitido una carta al Ayuntamiento de Elda solicitando al equipo de gobierno popular que medie ante el Consell para acabar con este problema. También han pedido ayuda a los grupos parlamentarios de Compromís, EU y PSPV y están a la espera de mantener otra reunión con Asunción Sánchez Zaplana, que es la titular de la Conselleria de Bienestar Social a quien este diario ha preguntado, en los últimos días, por la problemática que atraviesa «El Catí» sin obtener respuesta alguna a pesar de la insistencia.
La Conselleria no paga y los bancos no financian
El subdirector del área de Atención a la Dependencia de FSC, Ismael Estevan, admitía ayer que su empresa se encuentra en una encrucijada. «La Conselleria no nos paga lo que nos debe, ni siquiera una parte, y los bancos ya no nos dan más crédito porque no se fían. Por lo tanto ya no tenemos capacidad de financiarnos y sin nuevos créditos es imposible seguir pagando a nuestros trabajadores y a quienes nos abastecen de todo lo que necesitamos», explica Estevan recordando que FSC siempre ha pagado en tiempo y forma a sus operarios y a sus proveedores. «Algo que, por desgracia, ya no vamos a poder hacer si la Generalitat no nos abona lo que nos debe», advierte Ismael Estevan mostrándose proclive, no obstante, a acordar un plan de pagos con Bienestar Social para acabar con la «agonía».
Los alcaldes se rebelan contra el desguace de sus servicios sociales
La alarma por el incierto futuro que se cierne sobre los servicios sociales municipales —unas prestaciones especialmente exigidas en tiempos de crisis económica como los actuales— ha cundido entre los alcaldes que temen la desaparición de la red asistencial de proximidad desarrollada a lo largo de tres décadas y fuertemente arraigada y que en la actualidad da servicio a siete millones de personas. Regidores de todo signo político —hasta la Federación Gallega de Municipios y Provincias, presidida por un alcalde del PP— están elevando el tono de sus quejas a medida que se acerca el debate sobre el proyecto de ley de reforma local que tendrá lugar el jueves en el Congreso, una norma que forma parte del programa de ajustes del Gobierno y que pretende llevar a la práctica el principio: una administración, una competencia.
De acuerdo con su actual redacción, el proyecto de ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local limita a los Ayuntamientos las competencias en servicios sociales. Solo los que tengan más de 20.000 habitantes están obligados a hacer frente a una reducida labor de “evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. En los municipios más pequeños, el 87% del total, esta competencia se reconoce pero no será de obligatoria aplicación. El resto de los servicios sociales recaen en la Administración autonómica.
Fernando Clavijo, alcalde de Coalición Canaria de San Cristóbal de la Laguna (150.000 habitantes, Tenerife) es uno de los 2.000 regidores que el domingo se reunieron en Madrid para protestar por esta reforma y anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional si el Ejecutivo no consensúa la ley con ellos. “La norma obedece a un criterio economicista, es decir, pretende ahorrar”, apunta Clavijo a este diario. “Y no conozco otra forma de ahorro en el gasto público que no suponga recortes y quitar prestaciones a los ciudadanos”. El alcalde de La Laguna teme que si retiran a los municipios la posibilidad de ofrecer los servicios que prestan —“nosotros, por ejemplo, ayudamos a miles de personas mayores a limpiar la casa, les compramos la medicación, la comida…”— las autonomías no se hagan cargo de ellos.
“La gama de servicios sociales que prestamos es enorme”, añade Abel Caballero, alcalde socialista de Vigo (300.000 habitantes). “Contamos con un albergue para personas sin hogar, tenemos programas de lucha contra el maltrato, atención a la infancia, a personas con discapacidad… todo esto desaparece. ¿Quién lo va a prestar y cómo? Las autonomías no son capaces. La ley puede abrir una senda de falta de asistencia”.
José Masa, alcalde de Rivas-Vaciamadrid (75.000 habitantes), de IU insiste en cómo la transferencia de competencias a las comunidades autónomas supondrá “un retroceso en la atención social en una época de grave crisis”. “Todo lo que tiene que ver con la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los mayores, la igualdad, la integración de inmigrantes, juventud, infancia, pasará a depender de una administración más lejana”, apunta. “Y no está claro que las autonomías asumirán y podrán pagar estas competencias, hoy mismo el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se ha quejado de que tiene un problema de financiación”. David Pérez, alcalde del PP de Alcorcón (170.000 habitantes), es más prudente. Destaca que la ley está aún en proceso de tramitación. “Es prematuro y aventurado pronunciarse sobre los efectos que puede tener”, traslada. Y aunque manifiesta que no teme que desaparezcan servicios, admite que, tal y como la ley está planteada, existen incertidumbres relativas a cómo se van a sufragar los servicios si pasan a depender de unas autonomías exhaustas de fondos. “Hay que clarificar la financiación, que no está definida, el Estado debería arbitrar una fórmula para que las autonomías puedan asumir el coste [de las nuevas prestaciones que deberán asumir]”.
El cambio que introduce la nueva norma supone un importante cambio de concepto. La ley de Bases actual, de 1985, atribuye a los Ayuntamientos competencias en “servicios sociales, promoción y reinserción social”, aunque las comunidades se hayan ido haciendo cargo de esas competencias, al menos sobre el papel, en sus respectivos estatutos. De ahí que los municipios, especialmente aquellos de más de 20.000 habitantes, fueran desplegando desde la mitad de los años ochenta servicios de ayuda a domicilio, residencias de mayores, prestaciones de ayuda a la familia, de prevención e inserción social, comedores públicos o cualquier otro que el Consistorio considerara necesario para sus ciudadanos.
Con el paso de los años, esta atención próxima se ha convertido en una amplia red asistencial con un elevado volumen de gasto. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una de las entidades que más ha insistido en la amenaza que supone la ley de reforma de la Administración local, ha contabilizado los millones de euros que están en el aire debido a la norma en un intento de dimensionar el coste de los servicios que hay en juego. Y el resultado es superior al que esperaban.
El gasto de las Administraciones locales en materia de servicios sociales es de 5.118 millones de euros, de acuerdo con lo recogido en el presupuesto liquidado de 2012.
En esta suma se encuentran incluidos los fondos destinados por las comunidades autónomas a apoyar estos servicios (1.276 millones de euros). Una vez restada esta cantidad, la suma sigue siendo notablemente elevada: 3.851 millones de euros. Excepto unos pocos cientos de euros —que corresponderían a los salarios del personal que necesitan los municipios para prestar sus disminuidas funciones de información, derivación y atención urgente— los más de 3.500 millones de euros restantes corresponden al coste de prestaciones que deberían asumir las autonomías.
Aunque la ley abre la puerta a que no lo hagan. Una disposición adicional de la nueva ley prevé que, una vez asumidas por las autonomías las competencias relativas a la prestación de servicios sociales, de promoción y reinserción social, les corresponderá “establecer (…) las medidas necesarias para racionalizar el servicio”.
El informe de los gerentes sociales destaca cómo parte del dinero en atención social que gastan los Ayuntamientos acaba en el sector privado. Un 38% del gasto social municipal corresponde a servicios del sector privado (ayuda a domicilio, teleasistencia) y un 21% a transferencias de ayuda directa (a las familias) o indirecta (a través de entidades sin ánimo de lucro).
De ahí que no solo estén en el aire decenas de miles de puestos de trabajo de funcionarios municipales, sino también de otras entidades. “Se van a ver afectadas las empresas de ayudas a domicilio que tienen contratadas a miles de personas. Hay 650.000 usuarios de ayuda a domicilio, 648.000 cuyo servicio lo prestan los Ayuntamientos. Significa que hay 32.240 auxiliares de hogar que serían los más afectados. La reforma local pone en riesgo esos empleos. Pero hay hasta 70.000 empleos sociales en el aire en total”, apunta José Manuel Ramírez, de la asociación de gerentes.
Para Ramírez es imprescindible que la ley reconozca a los servicios sociales municipales las competencias de los servicios de proximidad. Y conceder cinco años para la transferencia de otros servicios (por ejemplo, las residencias) a las autonomías.
El Sistema de Dependencia pierde 116 beneficiarios al día y 800 trabajadores en el último mes
El Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) pierde 116 beneficiarios al día y 800 trabajadores en el último mes, según denuncia la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en base a los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En septiembre, se han reducido en 3.475 los dependientes y en 7.163 los que han perdido su derecho a ser atendidos.
Esta organización explica que la reducción de beneficiarios en espera de una prestación se ha conseguido «cercenando» el acceso al sistema y «abandonando» a los que ya son titulares del derecho y advierte de que los recortes se relacionan con el fallecimiento de los dependientes.
Asimismo, señalan que el retroceso en el sistema es «notorio» con respecto al mes anterior, pues todas las cifras son negativas: 3.475 beneficiarios, 3.899 dictámenes menos, 2.910 solicitudes menos, 3.504 grandes dependientes menos, 2.273 dependientes severos menos.
En cuanto a prestaciones y servicios, esta organización señala que hay 1.700 servicios de teleasistencia menos, 1.095 servicios de ayuda a domicilio menos, 158 plazas de centros de día menos, 717 plazas residenciales menos, 2.680 prestaciones de cuidadores familiares menos. La reducción de estos servicios, ha generado, según esta entidad, el despido de 800 trabajadores.
La Asociación de Directores y Gerentes asegura que se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que den un menor grado de dependencia y por tanto reducir el coste. También duda de que se estén atendiendo a quienes más lo necesitan y asegura que «decenas de miles» de personas con derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo «morirán sin ser atendidas».
La reducción del «limbo» de la dependencia o lista de espera se ha obtenido, según esta organización, impidiendo que nuevos dependientes accedan al sistema, y, por otro lado, abandonando a su suerte a los cientos de miles de personas que tenían dependencia severa o gran dependencia y que están falleciendo sin ser atendidos o a los que se les revisa el grado para bajarlos al Grado I. Durante este último mes 7.163 personas con derecho menos figuran en el Sistema.
La Vall d’Albaida dispone de una red asistencial para mayores con 952 plazas
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha asistido al homenaje a las personas mayores que ha organizado el Ayuntamiento de L’Olleria, donde ha destacado que la participación activa de los mayores en la sociedad «es fundamental para promover la autonomía, prevenir la dependencia y mejorar la calidad de vida».
En este sentido, la consellera ha indicado que desde la Generalitat «vamos a seguir fomentando el asociacionismo entre las personas mayores, con la finalidad promover la plena participación social del colectivo».
Este año la Conselleria de Bienestar Social destina más de 1’5 millones de euros a financiar actividades y proyectos desarrollados por 464 asociaciones de personas mayores de toda la Comunitat.
Plan de Envejecimiento Activo
En la Comunidad Valenciana actualmente viven alrededor de 900.000 personas mayores de 65 años, lo que supone el 17’5% de la población.
La consellera de Bienestar Social ha subrayado la importante aportación de las personas mayores a la sociedad «por su carácter dinámico, comprometido y generoso», y ha añadido que desde la Generalitat «trabajamos para conseguir que el envejecimiento sea para ellos una experiencia positiva y una etapa muy activa».
El Plan de Envejecimiento Activo de la Generalitat promueve la salud, ocio y tiempo libre de 400.000 personas mayores de la Comunitat Valenciana, con el objetivo principal de fomentar su autonomía personal y contribuir a mejorar su calidad de vida a través de programas, recursos y actuaciones que promocionan la autonomía y previenen la dependencia. El Plan incluye, entre otros, los programas de Termalismo, Vacaciones Sociales, «No estés solo en Navidad», o «Coneix la teua Comunitat», así como los Centros Especializados de Atención a Mayores (CEAM).
Recursos para mayores en La Vall d’Albaida
Las personas mayores de la comarca de La Vall d’Albaida disponen de una red asistencial de 21 centros con 952 plazas. Concretamente, cuentan con 8 centros residenciales con 574 plazas, 9 centros de día y 378 plazas, 1 Centro Especializado de Atención a Mayores y 3 Centros Sociales.
Asimismo, 47 personas mayores de 65 años de la comarca son beneficiarias del programa ‘Menjar a Casa’ de la Conselleria de Bienestar Social, un servicio de atención domiciliaria que ofrece a las personas mayores una dieta saludable en su propio domicilio y adaptada a sus necesidades.
La Fundación San Rosendo diseña y gestionará el nuevo centro gerontológico del Obispado de Tui-Vigo y la parroquia Nuestra Señora del Rocío
Las obras, que han comenzado hoy, cuentan con un plazo de ejecución de 14 meses y suponen una inversión de 3 millones de euros.
El Obispado de Tui-Vigo y la parroquia Nuestra Señora del Rocío encargaron a la Fundación San Rosendo el diseño del proyecto y la gestión del centro gerontológico.
El nuevo edificio surge con vocación de servicio a la comunidad parroquial ya que también albergara servicios de Caritas.
Este lunes, 14 de octubre, se han iniciado las obras de construcción de la nueva residencia para mayores dependientes de la parroquia Nuestra Señora del Rocío, en el barrio de Coia (Vigo), cuyo diseño y gestión del proyecto gerontológico ha sido adjudicado por la Diócesis de Tui-Vigo a la Fundación San Rosendo.
La nueva residencia se ubica en una parcela de más de 3.500 m2, cedida por la parroquia Nuestra Señora del Rocío, adosada a la Iglesia. Las obras, que realiza la empresa olívica Civis Global, tienen un plazo de ejecución de 14 meses y supondrán una inversión de 3 millones de euros.
74 plazas para mayores asistidos y Centro Parroquial
La Diócesis de Tui-Vigo trata así de dar respuesta a las necesidades sociales de la comunidad. El nuevo edificio, diseñado por Castro y Alonso Arquitectos, tiene una clara vocación de servicio social, ya que junto con la residencia de personas mayores también albergará las actividades pastorales, como Cáritas, en los locales destinados a Centro Parroquial.
La superficie útil está distribuida entre 2 sótanos y 3 plantas. La zona de uso parroquial se ubicará en la primera y segunda planta con un espacio mayor para la sacristía, comunicado con el templo, un pequeño vestuario y aseo para los oficiantes. En la planta segunda se sitúan los despachos parroquiales, un pequeño almacén-archivo y los aseos. Este espacio se comunica con el resto del complejo mediante un vestíbulo independiente.
Cáritas parroquial contará con dos dependencias de almacenamiento en el sótano y otra para el reparto de alimentos y bienes a los más necesitados. Su funcionamiento es independiente del resto del Centro Parroquial y dispone de acceso propio.
El resto del espacio se destinará a la residencia de mayores Nuestra Señora del Rocío que contará con 74 plazas para personas dependientes, en la que tendrán preferencia los vecinos del barrio de Coia. Las zonas de uso común como sala de convivencia, comedor, sala de rehabilitación y sala de lo social se encuentran en la planta baja, aunque se reserva en la planta primera una sala de uso polivalente.
En la planta baja también estarán ubicados los espacios de uso administrativo, despachos, aseos para residentes y sala de visitas independiente del resto del edificio y salida directa al exterior.
En el momento de plena ocupación, la residencia empleará a 30 profesionales entre gerontólogos, enfermeros y cuidadores. Como en el resto de centros gestionados por la Fundación San Rosendo, la residencia mantendrá la política de contratación de proveedores locales.
20 años de atención a personas mayores
La residencia del Rocío en Vigo se sumará a la red de 66 centros gerontológicos que la Fundación San Rosendo tiene distribuidos en más de 40 localidades de Galicia. El 85% de estos centros asistenciales se encuentran en entornos rurales deprimidos, donde la oferta privada es escasa.
La Fundación San Rosendo y la Diócesis de Tui-Vigo ya tienen una amplia trayectoria en el desarrollo de proyectos asistenciales para atender las demandas sociales a través de los centros para mayores de Valeixe, Covelo, Patos y Stella Maris.
La Fundación San Rosendo gestiona más de 3.500 plazas asistenciales en Galicia, que atienden más de 1.500 profesionales. Todos los centros de la entidad con más de 100 plazas cuentan con el reconocimiento europeo de calidad ISO 9001:2008.
Comunicación Fundación San Rosendo
Rosa Pontes
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www.fundacionsanrosendo.es www.diocesetuivigo.es
@Fsanrosendo
Comunicación Obispado Tui-Vigo
Alberto Cuevas
986 375 153
www.diocesetuivigo.es
AVREP alerta que la deuda del Consell con el sector aumenta 3 millones de euros cada mes ante la pasividad del Gobierno valenciano
La deuda que mantiene la Generalitat Valenciana con las empresas encargadas de la gestión de residencias públicas se incrementa mensualmente en más de 3 millones de euros, ante la ausencia de medidas para paliar esta situación por parte del Consell. Actualmente, el impago al que tienen que hacer frente las empresas agrupadas en la supera los 38,5 millones de euros.
La operatividad de la red de centros públicos compuesta por 40 centros socio-sanitarios, podría verse afectada en las próximas semanas, e incluso terminar por reducirse a sólo 12 recursos ante la situación desesperada en la que se encuentran 28 centros, al no ser incluidas estas empresas en el Plan de Pago a Proveedores impulsado por el Gobierno Valenciano.
Y, lo más grave, es que la pasividad y falta de respuesta del Gobierno Valenciano puede afectar al funcionamiento de éstos recursos socio-sanitarios en los próximos meses, lo que pondría en peligro el 70% de la red de centros de la Generalitat Valenciana de atención a personas mayores dependientes mediante gestiones integrales.
En este sentido, y con el constante incremento de la deuda, de no afrontar el Gobierno Valenciano los impagos mediante recursos propios, en diciembre la deuda ascendería a casi 50 millones de euros y superaría el año de retraso, situación que no se ha producido en ninguna otra autonomía y que deja en una posición insostenible a gestores, trabajadores y dependientes valencianos.
De hecho, la no inclusión de las empresas de gestión de residencias públicas en los planes de pago, supone condenar a más de 2.600 dependientes y cerca de 2.000 trabajadores a perder sus derechos y empleos, con riesgo de continuidad en la prestación del servicio en la mayoría de los recursos presentes en 25 municipios de Alicante (6), Castellón (3) y Valencia (16).
Deuda validada por intervención
Por ello, desde la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas, que agrupa a prácticamente el 100% de los operadores y centros del sector, se ha solicitado al Consell el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público y, en este sentido, se ha demandado que se salde la deuda con estos centros con la partida presupuestaria correspondiente, que se encuentra validada por la intervención.
La reducción de la operatividad de los recursos de la red de centros de la Generalitat Valenciana de atención a personas mayores dependientes mermará la calidad de vida de muchos dependientes y sus familias. Y, paralelamente, provocará la pérdida de empleo no deslocalizable, que mayoritariamente beneficia a mujeres en municipios con poca masa de población activa.
AVREP reclama, por tanto, un esfuerzo de los gobernantes autonómicos y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para priorizar los servicios sociales a los colectivos más necesitados, garantizando el derecho adquirido por Ley.
Más info: prensa@sanserif.es · t.963 466 406 · 627760487
Burriana ofrece un curso de formación a cuidadores no profesionales de personas dependientes
Un total de 20 cuidadores de personas dependientes se beneficiarán en Burriana de un curso de formación que ofrecerá el Ayuntamiento, a través del Servicio Municipal de Atención a la Dependencia, entre el 14 de octubre y el 8 de noviembre, según ha informado hoy la concejal de Servicios Sociales, Mercedes Giménez.
La edil, acompañada por una de las trabajadoras sociales a cargo de este servicio, Carlota Nafría, ha explicado que este ciclo, el primero de estas características organizado directamente por el Ayuntamiento, está dirigido a aquellos cuidadores no profesionales que atiendan a personas con dependencia derivada de la edad, “y cada año lo iremos destinando a las distintas vertientes de la dependencia”, ha avanzado Giménez, quien ha añadido que la Generalitat Valenciana ha delegado en los consistorios la organización y realización de estos cursos.
La concejal de Servicios Sociales ha explicado que el Ayuntamiento ha contabilizado 137 cuidadores en Burriana que cobran una prestación económica por atender a personas dependientes en el entorno familiar, “y tras una primera comprobación, hemos constatado que la mayoría no ha realizado los correspondientes cursos de formación”.
El curso se desarrollará los lunes, miércoles y viernes en el Centre Municipal de Cultura la Mercé y consta de cuatro módulos: Recursos sociales y sanitarios y generación de redes, cuidado de las actividades básicas en la vida diaria y medidas higiénico-sanitarias, desarrollo personal y formación especifica en la dependencia derivada de la edad. Este último, según Mercedes Giménez, se ha hecho extensivo a las asociaciones de Parkinson, Alzheimer y Ateneo (Daño cerebral sobrevenido).
Las clases las impartirán profesionales de distintas disciplinas, con el fin de ofrecer una formación lo más amplia y completa posible. Así, el profesorado lo integran las trabajadoras sociales del Centro de Salud María Comitre y Luisa Álvarez, la enfermera de gestión de casos Ana Cervera, la fisioterapeuta de la Residencia de la Tercera Edad Gema García, el médico internista Cristian Garcia, la auxiliar de ayuda a domicilio de Servicios Sociales Rosabel, el psicólogo responsable de la Unidad de Prevención Comunitaria de Servicios Sociales, Pedro Cuesta, así como las trabajadoras sociales del Servicio Municipal de Atención a la Dependencia, Carlota Nafría y Helen Navarro, responsables de la programación y organización del curso.
Mercedes Giménez considera muy interesante y apropiado este curso para facilitar la tarea de los cuidadores no profesionales, crear redes de apoyo psicosocial para que no se sientan solos en su dura tarea y mejorar en general su calidad de vida.
La concejal agradece la implicación de todos los profesionales en este primer curso y el trabajo de las responsables del Servicio Municipal de Atención a la Dependencia, al tiempo que confía en que sea un éxito y se consolide con nuevas ediciones en los próximos años.
Cantabria, «referente» a nivel nacional en la atención a la dependencia
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha ensalzado este viernes, en Santander, que Cantabria es «un referente y un modelo» a nivel nacional en la atención a la dependencia, por lo que ha considerado que debe ser «un espejo» para el resto de CCAA.
Moreno, que ha dado una rueda de prensa antes de reunirse con varios colectivos para explicarles la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género, ha apoyado esta consideración en los últimos datos del IMSERSO sobre atención a la dependencia.
Así, ha afirmado que en Cantabria reciben prestación el 93 por ciento de los cántabros con derecho a ella y el 99 por ciento de las solicitudes para expedientes de dependencia se valoran.
También ha destacado que la lista de espera en este área es del 6,4 por ciento en la región, lo que la sitúa entre «las más bajas del conjunto del país».
El secretario de Estado ha manifestado su «satisfacción» porque «el trabajo coordinado y de cooperación» entre el Estado y el Gobierno regional «está dando sus frutos» en el ámbito de la dependencia.
Asimismo, ha felicitado a la consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, y a la Ejecutivo cántabro en su conjunto «por haber asumido» esta atención «en una situación de enormes dificultades económicas como la que hemos vivido y seguimos viviendo durante estos años».
Finalmente, Moreno ha opinado que los gestores de la administración cántabra han sido «capaces con audacia, con inteligencia y con tesón de haber conseguido que Cantabria sea un referente y un modelo en el conjunto de España«.