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La Fundación Once puja por hacerse con el servicio de teleasistencia en Ponferrada
La Fundación Once se ha marcado como objetivo hacerse con el contrato de teleasistencia domiciliaria en Ponferrada. Y así, a través de su empresa Personalia, perteneciente al grupo Fundosa de la fundación creada por la Organización Nacional de Ciegos de España, ha presentado una de las tres ofertas que pujan por este servicio para los próximos dos años en el principal municipio de la comarca del Bierzo.
En el proceso de licitación abierto por el área de Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ponferrada, junto con Personalia se han presentado otras dos ofertas: la de la oenegé Cruz Roja y la de la empresa Clece.
Se da la circunstancia de que, de concretarse la adjudicación a la empresa ligada a la Once, éste sería el primer servicio de teleasistencia domiciliaria que prestaría en la Comunidad de Castilla y León, ya que en la actualidad, pese a contar con más de 60.000 usuarios de este servicio, sólo tiene contratada la gestión de la teleasistencia en la ciudad de Madrid, y las localidades de Torrelodones y Alhaurín de la Torre.
Junto a Personalia, concurre Cruz Roja, que cuenta con el aval de ser la actual concesionaria del servicio de teleasistencia domiciliaria en el municipio de Ponferrada. La terna la cierra la empresa Clece, también conocida en la ciudad, no en vano se ha encargado en los últimos años del desempeño de otras funciones del área social en este mismo municipio, como es la gestión de las dos escuetas infantiles.
La intención del consistorio es la de resolver la adjudicación en la primera quincena de noviembre. De hecho, esta misma semana se abría el primero de los tres sobres, el administrativo, fijándose para el próximo martes la apertura del segundo de los sobres con las ofertas.
La licitación de este servicio tiene un presupuesto máximo anual de 148.500 euros, con una repercusión máxima por terminal instalado de 16,50 euros.
La duración prevista para este contrato tras la adjudicación es por dos años, con la opción adicional de dos prórrogas anuales, y la obligación de comenzar a prestar el servicio en un máximo de dos meses tras la adjudicación.
En estos momentos el servicio de teleasistencia domiciliaria en el municipio de Ponferrada se está ofreciendo en virtud de una prórroga concedida a la anterior concesionaria, Cruz Roja, quien lo prestaba hasta el pasado 31 de diciembre a través de una doble vía de convenio. Por un lado con un convenio directo con el Ayuntamiento, y por el otro con otro convenio a tres bandas entre Ayuntamiento, Cruz Roja y la FEMP.
La intención del Ayuntamiento de Ponferrada, con esta licitación, es la de unificar ambos convenios, que en el primero de los casos daba servicio a 65 mayores y 750 en el segundo, en un único servicio de teleasistencia.
Artur Mas se compromete a no recortar más a las residencias
El presidente de la Generalitat Artur Mas se comprometió ayer ante Cinta Pasqual, presidenta de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), a no aplicar ningún otro recorte al sector de la gente mayor. Esta promesa tranquiliza al sector de las residencias, que temía un descenso en las tarifas, pero no responde a las otras demandas planteadas por la patronal.
El President, que estuvo acompañado por la consellera de Benestar Social i Familia Neus Munté, explicó a la presidenta de ACRA que “cuando la economía lo permita” se volverán a activar las Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio, es decir las PEVS, las ayudas a personas que a la espera de poder entrar en residencias de titularidad pública acuden a centros privados. Mas tampoco quiso comprometerse, según una nota difundida por esta patronal mayoritaria del sector, a establecer un calendario para el pago de los 160 millones que la Generalitat les adeuda.
Cinta Pasqual explicó a Mas durante la reunión que se prolongó por espacio de una hora la difícil situación por la que atraviesan unas residencias que dan servicios a 56.000 personas.
La consellera Munté señaló ayer, a través de una respuesta parlamentaria, que los catalanes que solicitan una revisión de su grado de dependencia deben esperar una media de 2,93 meses. Y el tiempo medio para obtener un certificado de discapacidad oscila entre los cinco meses del Baix Llobregat (Barcelona) y 1,5 meses en las Terres de l’Ebre. Además, dijo que la Generalitat estudia distintas alternativas de copago de los usuarios de la ley de dependencia ante los impagos del Estado. En 2012 la Generalitat aportó 929 millones de euros al sostenimiento de las medidas incluidas en la ley de la dependencia y el Estado invirtió sólo 243 millones.
Europa sufre su peor «crisis humanitaria en 60 años»
La Federación Internacional de la Cruz Roja advirtió hoy de las graves consecuencias humanas de la crisis económica en toda Europa, donde esta organización entregó ayuda alimentaria a 3,5 millones de personas en 2012, lo que supone un aumento del 75 % respecto a 2009.
La federación informó hoy sobre las conclusiones de un estudio, que recoge los datos de las 42 sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en 22 países europeos, donde se habla de la peor crisis humana en Europa de los últimos sesenta años.
«Muchos países están todavía atrapados en la crisis, lo que derivará en un impacto humano que podría hacerse notar durante décadas», precisaron desde la Cruz Roja, con sede en Ginebra, en un comunicado.
A pesar de ciertos síntomas de recuperación económica en algunos países, la Cruz Roja alerta de que millones de personas en todo el continente han caído en la pobreza y tardarán muchos años en alcanzar unos niveles mínimos de bienestar.
«Millones de personas han caído en desgracia en los últimos cinco años y apreciamos una degradación progresiva de esta situación porque cada vez son más los no tienen ahorros ni posibilidad de hacer frente a gastos imprevistos», señaló el secretario general de la Federación Internacional de la Cruz Roja», Bekele Geleta.
Gelera resaltó el caso de Letonia que, aunque oficialmente ha salido de la crisis, la necesidad de ayuda alimentaria se ha triplicado respecto a los primeros años de la crisis.
Sin embargo, Geleta advirtió de que este tendencia se repite en todos los países europeos, no sólo en los que más se asocian a la crisis; ya que, por ejemplo, en Francia más de 350.000 personas han caído en la pobreza en los últimos tres años.
Además, indicó que se está produciendo un nuevo fenómeno, el de los «trabajadores pobres», es decir, gente que trabaja, pero que no alcanza a final de mes con su sueldo.
«Todas nuestras sociedades nacionales han tenido que aumentar sus esfuerzos de asistencia doméstica, incluidas las de los países occidentales que tradicionalmente se centraban en prestar ayuda internacional», recordó.
Geleta instó a los Gobiernos de toda Europa a reservar dinero de sus presupuestos para hacer frente a estas situaciones y alertó del «gran coste a largo plazo» que derivará de los recortes en sanidad.
«Hemos notado un fuerte aumento de personas que vienen a nuestros centros de asistencia pidiendo medicamentos porque no se los pueden permitir», explicó.
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17.500 mayores dependientes, colgados sin residencia
Una de las peores caras de la crisis de las arcas públicas son los recortes en prestaciones y servicios vinculados a los grandes dependientes de más de 65 años de edad. En Catalunya 17.000 personas de este colectivo llenan la lista de espera para ocupar una plaza pública de residencia. Una cifra a la que se añade, según señalan fuentes del sector, medio millar de usuarios que, desde el 1 de agosto, no puede acceder a una residencia privada a causa de la supresión indefinida de las Prestaciones Económicas Vinculadas a Servicio (PEVS), las ayudas que la Generalitat otorgaba a personas que están esperando a entrar en un centro geriátrico de titularidad pública y no pueden costearse íntegramente lo que vale una residencia privada.
“Ahora la gente que está en esta situación tiene que pagar la plaza privada exclusivamente con su patrimonio”, lamenta la presidenta de la Associació Catalanade Recursos Assistencials (ACRA), Cinta Pascual. Pero una plaza en un centro privado asciende a más de 1.700 euros mensuales, una cantidad difícilmente asequible para una pensión media en España (950 euros al mes). En estos casos son las familias las que acostumbran a atender las necesidades de estos mayores con grandes dependencias, a pesar de que son personas que “necesitan servicios profesionales”, según comenta el presidente de la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (UPIMIR), Vicente Botella. En este sentido la Generalitat asegura que estos ciudadanos son atendidos por otras vías, como asistencia domiciliaria o prestación de cuidado no profesional.
Además de los usuarios directamente afectados por no poder acceder a una residencia pública, los recortes en este tipo de prestaciones están generando un aumento de plazas vacantes en los centros geriátricos colaboradores, que fuentes del sector cuantifican en unas 1.200 de un total de 13.000, lo que agrava aún más la delicada situación por la que atraviesa el sector como consecuencia de la crisis y los impagos de la Generalitat -160 millones de euros sin fecha de pago-. “Las plazas de las residencias que antes se cubrían mediante prestación vinculada a servicio ahora ya no se ocupan”, afirma Pascual.
Según señala Botella, otra de las cosas que afecta a la continuidad de los centros colaboradores, donde una parte del importe va a cargo del usuario y el resto de la Administración, es que hay residencias que desde el 1 de enero no perciben los ingresos procedentes de la Generalitat. Los impagos provocan que algunos centros deban dinero a propietarios de inmuebles, proveedores, personal e impuestos. Aún así, Botella asegura que los usuarios “reciben el mismo nivel de atención que antes”, a pesar de que haya trabajadores que han dejado de cobrar algunas nóminas.
Medidas para la sostenibilidad de los centros geriátricos
“El año pasado cerraron 27 centros, este año serán más”, alerta la presidenta de ACRA, que concreta que el sistema cuenta con 8.500 plazas privadas libres. “Como no tengas una ocupación alta, no funcionas”. Precisamente, esta semana una nutrida representación de asociaciones y patronales del sector ha expuesto su preocupación por los últimos recortes y los impagos del Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) ante el presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien se ha comprometido a no efectuar ningún otro recorte en el sector y a restablecer las PEVS “cuando la economía lo permita”.
Por otro lado, el ICASS y representantes de los equipamientos residenciales han acordado profundizar en la flexibilización y la racionalización de las ratios del personal de los centros según el perfil de los usuarios. También se ha propuesto cambiar el régimen de relación del Departamento de Bienestar Social y Familia con las residencias que tienen plazas colaboradoras y transformarlas en plazas concertadas para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Bienestar Social oferta el programa “No estés sólo en navidad”
La concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Nucía oferta un año más el programa “No estés Sólo en Navidad” de la Generalitat Valenciana. El objetivo de este programa es ofrecer compañía a en las fiestas navideñas a personas mayores que estén viviendo en soledad.
El programa va dirigido a personas mayores válidas que viven solas y no tienen posibilidad de pasar los días de navidades en compañía de familiares o amigos por la lejanía de estos o por otras circunstancias Los beneficiarios pasaran unos días alojados en un hotel de la Comunidad Valenciana junto a otras personas mayores, realizando actividades y celebrando los días festivos con comidas especiales. El programa es totalmente gratuito.
El periodo de estancia será del 23 al 27 de Diciembre de 2013. El programa incluye: estancia en hotel de tres estrellas en régimen de pensión completa, desplazamientos de ida y vuelta, excursiones y cena especial de Nochebuena y comida especial de Navidad.
Los requisitos para disfrutar del programa son: residir en la Comunidad Valenciana, ser mayor de 65 años, o ser pensionista de invalidez, jubilación o viudedad con 60 años cumplidos, valerse por si mismo y que vivan solos y les sea imposible reunirse con familiares o amigos por la lejanía de estos o por otras circunstancias.
La persona solicitante deberá adjuntar a la solicitud: fotocopia del DNI, copia de la revalorización de la pensión 2013, informe médico e informe del trabajador social.
El plazo para presentar las solicitudes en el Centro Social El Calvari finalizará el 31 de Octubre. Toda la documentación necesaria para tramitar la solicitud la podrán obtener en el Centro Social El Calvari.
“Un año más desde Bienestar Social queremos dar publicidad a este interesante programa de “No estés Sólo en Navidad” de la Consellería de Bienestar Social. Un programa que intenta que nadie esté sólo en unas fiestas tan entrañables como las navideñas. Para ello se han de cumplir una serie de requisitos. Por ello animo a todas las personas que cumplan con el perfil a que lo soliciten, ya que las personas que han participado de La Nucía los últimos años han vuelto muy contentas de esta experiencia” afirma Esperanza Soria Such, concejala de Bienestar Social.
La tasa de pobreza extrema en mujeres discapacitadas triplica la del resto
Las tasa de pobreza extrema en mujeres con discapacidad triplica la del resto de la población, es un 40 por ciento más alta que la de los varones con discapacidad y en mujeres de más de sesenta años es prácticamente el doble que la de los hombres de esa misma edad, según el estudio ‘Pobreza y Exclusión de las mujeres con discapacidad en España’, del sociólogo Agustín Huete.
Este trabajo, promovido por el CERMI, destaca que las mujeres con discapacidad se encuentran sometidas a múltiples factores desencadenantes de exclusión social, entre ellos la pobreza económica, el acceso al empleo, prestaciones, estudios y relaciones sociales. Respecto a este último aspecto, el informe indica que un tercio reconoce no tener oportunidades para hacer nuevos amigos y un 15 por ciento dice no tener amigos y recursos de apoyo.
En España reside más de un millón y medio de personas con discapacidad en riesgo de pobreza, de las que casi medio millón se encuentra en situación de pobreza extrema, es decir, recibe ingresos anuales inferiores a 3.900 euros. Este riesgo de pobreza afecta por igual a mujeres y varones con discapacidad, pero «de manera mucho más clara que respecto a la población general», según el autor del estudio, que indica también que la mitad de la población con discapacidad se encuentra por debajo del umbral de riesgo de pobreza o pobreza relativa.
El informe apunta a que más de 600.000 personas con discapacidad viven solas en sus hogares y esto evidencia una «clara» situación de desventaja para las mujeres, ya que más del 40 por ciento de éstas viven en hogares en los que se ingresan menos de 500 euros al mes, es decir, hogares en situación de pobreza.
La discriminación por género en cuanto a salarios es otro de los factores que contribuyen a las diferencias de nivel de vida entre personas con discapacidad, pues las mujeres con discapacidad cobran como término medio salarios ligeramente inferiores a las mujeres sin discapacidad, pero sensiblemente inferiores a los varones.
MUJERES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, LAS MÁS AFECTADAS
Otra de las denuncias que expone el trabajo es que las mujeres con discapacidad intelectual son el grupo más afectado por la escasez de ingresos, oportunidades laborales y acceso a prestaciones y el más olvidado. Según el estudio, la población con discapacidad en España se encuentra en su mayoría expuesta al riesgo de pobreza cuando carece de actividad laboral, incluso aún contando con prestaciones.
Dos tercios de las mujeres en edad laboral se encuentran en situación inactiva, es decir, fuera del mercado laboral, en un contexto en el que el empleo resulta el principal factor de protección contra la pobreza y la exclusión social», ha añadido. Y, en este contexto, el 47 por ciento de las mujeres con discapacidad que no trabaja, carece además de ingresos por prestaciones.
En materia de educación, el estudio sostiene que, a pesar de que en los niveles educativos de la población con discapacidad persisten diferencias significativas con respecto a la población general, la educación «es un terreno en el que las mujeres con discapacidad están teniendo éxito en cuanto a igualdad de oportunidades, respecto a los varones con discapacidad».
Los hogares, fuente principal de apoyo para las mujeres con discapacidad, presentan también «importantes espacios de discriminación» hacia las mujeres, ya que son quienes se ocupan fundamentalmente de la prestación de apoyos.
PROPUESTAS
Agustín Huete plantea una serie de propuestas para reducir la pobreza y la exclusión de las mujeres con discapacidad, como asegurar el cumplimiento de la Convención de la ONU en relación a sus derechos; fortalecer la inclusión laboral a través de medidas específicas; atender la situación de mujeres mayores con discapacidad que presentan generalmente situaciones de extrema pobreza; o promover el empoderamiento, especialmente en el acceso a espacios de participación ciudadana.
También propone impulsar medidas especiales relacionadas con pobreza y exclusión social en el II Plan de Acción de Mujeres con Discapacidad 2013-2016 del CERMI; realizar estudios específicos sobre pobreza y exclusión de mujeres con discapacidad en diferentes contextos; promover la renovación y actualización de las fuentes estadísticas sobre discapacidad; y considerar la discapacidad en aquellas fuentes estadísticas relacionadas con la medición de la calidad de vida y/o exclusión social.
El impagable papel de la mujer en casos de dependencia
En España hay más de dos millones de personas dependientes y cerca de 300.000 permanecen en lista de espera para poder acceder a ayudas del Estado. Ante este panorama, la figura de la familia cobra una relevancia cada vez mayor por el papel que juega en el cuidado de estos enfermos, máxime si, además, son mayores.
Y si hay una protagonista a la cabeza de estos cuidados es, sin duda, la mujer ya que en el 89% de los casos son ellas las que asumen toda la responsabilidad. Y ante este compromiso aparecen numerosas dudas que pueden provocar angustia (por no saber si le estará moviendo bien, si es la comida adecuada o si le ha administrado bien la medicación), conflictos (entre los familiares a la hora de establecer horarios para permanecer con el enfermo o al hacer entender cómo se les debe cuidar) o incomprensión (el entorno muchas veces no sabe asimilar que el cuidador renuncie a separarse del enfermo).
Y en el día a día la mujer puede verse relegada a un papel que la hiciera parecer invisible, ya que en muchos casos ocupan las veinticuatro horas a cuidar de su familiar enfermo y dependiente. Por eso, es necesario que se reconozca su labor y que se les preste ayuda y comprensión. Un error común es pensar que los enfermos y los mayores solo generan gastos a la Administración. Al contrario, gracias a la labor que desempeñan, los familiares están bien atendidos, son tratados con cariño y sufragan numerosos gastos.
Los mayores quieren ser escuchados
Para ayudar a que este proceso no sea tan complicado, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha presentado el«Manual de Buena Práctica en Cuidados a las Personas Mayores». Su presidente, el doctor José Antonio López Trigo, asegura que su publicación era muy necesaria porque «el cuidado viene de un día para otro y, al igual que el enfermo, el cuidador tiene que ir asumiéndolo. Lo que necesitan ambos es comprensión ya que su angustia es difícil de expresar porque no se verbaliza. El no saber si estarán cuidando bien de su familiar, tener que dejarle solo, no contar con más apoyos… Muchas veces somos los médicos los que debemos indagar en ello para poder ayudarles».
El libro contempla situaciones con las que los cuidadores se tienen que enfrentar a diario y ante las que pueden llegar a sentirse muy solos. La formación y el criterio para que puedan atender a los enfermos del mejor modo posible resulta vital y con algunos de los consejos que han elaborado expertos y que quedan reflejados de un modo sencillo en el libro, la tarea puede convertirse en algo más sencillo.
Ayer se celebraba en todo el mundo el «Día Internacional de las Personas Mayores». El lema de este año «El futuro que queremos» recogía una demanda que, por habitual, no deja de esconder una realidad, y es que las personas mayores quieren que la sociedad les atienda, sentirse escuchados, y tener derecho a decidir. Sienten la necesidad de que los clichés negativos que acompañan a la vejez desaparezcan para dejar sitio y aportar relevancia a los aspectos positivos que esta etapa comprende. Sabiduría, experiencia, conocimiento, paciencia, o la representación de todo un abánico de valores como pueden ser el respeto por los demás y el altruismo.
Reconocimiento a la labor de las mujeres
En este sentido, López Trigo —«nos preocupa que se tomen decisiones sin contar con los mayores. Nos pasamos la vida decidiendo por ellos y no se les escucha todo lo que se debería»— ha anunciado un acuerdo entre el IMSERSO y la SEGG para promover la atención de calidad a este colectivo.
«Soy consciente de que recibir ayuda dos veces por semana no resuelve el problema. Por eso, desde el convencimiento de que las instituciones y los profesionales podemos hacer más, con estos acuerdos, estamos avanzando en el apoyo que les queremos dar a estas familias. Por ejemplo, con el portal de servicios de formación en el que se les informará de cómo aplicar los cuidados básicos, apoyo sobre legislación, así como la atención a otras demandas y preocupaciones que puedan surgir», añadió.
Es una tarea de toda la sociedad que tanto los enfermos como sus cuidadores se sientan apoyados y reconocidos frente a una situación que puede alargarse durante muchos años.
«Llena sus mochilas de ilusión», Mensajeros de la Paz inicia el reparto de las donaciones recibidas
Acto de entrega de las 8 toneladas de donaciones e inicio de la distribución entre familias
Miércoles, 9 de octubre, a las 12’00 h.
Centro Social «El Pozo», de Mensajeros de la Paz
Calle Cabo de Tarifa, 2 , Esq.. Cabo Machichaco. Madrid (El Pozo del Tío Raimundo, Vallecas).
con la presencia, entre otras personalidades, de D. Javier Cuesta Nuin, Presidente de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA,y del Padre Ángel, presidente y fundador de Mensajeros de la Paz.
Esta campaña se organizó al conocer el dato de que ya iniciado el curso, más de 550.000 escolares en España no disponían del material escolar necesario. Para paliar esta situación Mensajeros de la Paz lanzó la campaña «Llena sus mochilas de ilusión«, que desde el 27 de septiembre al 5 de octubre , ha recogido más de 8’5 toneladas de material escolar con destino a tantos menores que sufren en su educación, como en tantos otros aspectos de su vida, las carencias de la crisis.
Las donaciones realizadas han sido principalmente de material escolar nuevo (lápices, colores, cuadernos, pinturas, reglas, bolígrafos, gomas de borrar, estuches, etc.) y material educativo (diccionarios de lengua española, y de otros idiomas, libros de lectura y texto, etc.) y en su mayor parte han sido recibidas en a través de todas las oficinas de Correos de la Comunidad de Madrid.
También han llegado aportaciones económicas para ayudar a familias en situación de vulnerabilidad a la compra de dichos materiales y libros de texto para los más pequeños. La colaboración con ayudas monetarias aún sigue abierta, a través de la C/C 0049 5104 11 2016063667 (Titular: Fundación Mensajeros de la Paz, Concepto: «!Llena sus mochilas de ilusión!».
Todos los materiales recogidos serán distribuidos a través de Mensajeros de la Paz, entre escolares pertenecientes a familias en situación de necesidad, afectadas por la crisis económica. En el último año, esta ONG ha puesto en marcha en España toda una Red de Recursos Sociales anti-crisis, reforzando centros y programas ya existentes, y creando otros nuevos enfocados especialmente a menores y sus familias, que palien la situación de precariedad en la que viven y sus consecuencias sociales y personales. Algunos de los proyectos y actividades que forman parte de esta red son: Banco Solidario ( www.
Más información en www.mensajerosdelapaz.com, y en el tel 91 364 51 12
Joven tetrapléjico de Montiel (Ciudad Real) pide a C-LM que habilite un autobús escolar adaptado para poder ir a clase
Ismael González Garrido, un joven de 20 años natural de la localidad ciudadrealeña de Montiel, tetrapléjico con un 80 por ciento de grado de discapacidad, ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que habilite un autobús de transporte escolar adaptado para que pueda ir a diario a las clases del instituto de Villanueva de los Infantes.
Este es el llamamiento que ha realizado este martes Ismael para que la Junta de Comunidades le solucione esta incidencia porque, explica, «estoy pidiendo ayuda en la delegación de Educación me han dicho que como no soy de Educación Obligatoria no pueden hacer nada por mí», ha informado el PSOE en nota de prensa.
Los socialistas señalan que la familia se puso en contacto con los responsables de la delegación de Educación en la provincia de Ciudad Real y le garantizaron una solución, aunque a día de hoy «persiste el problema».
Este joven ha explicado que es su padre quien hasta la fecha, con un coche particular, le lleva todos los días al instituto donde cursa el módulo de FP Administración y Finanzas, pero su progenitor está enfermo y próximamente será sometido a una operación.
Una situación delicada ante la que el portavoz del PSOE en Montiel, Juan Ramón Mena, se ha preguntado «quién llevará a Ismael al instituto cuando su padre no pueda».
Tanto el propio Ismael como su padre han indicado que la solución no es nada compleja, pues pasa únicamente porque la Junta cambie el actual autobús por uno adaptado. «Ni más ni menos, puesto que la familia haría frente a los 60 euros mensuales que supone esa ruta escolar», añade el PSOE
«Lo sangrante e indignante», según Mena, viene cuando los responsables del Gobierno regional «le exigen» a Ismael que pague por cuatro plazas, es decir, 240 euros al mes, «pese a que se trate de una persona con su particularidad de movilidad en una silla de ruedas, un gasto imposible de asumir con la pensión que percibe su padre».
En este sentido, el secretario de Acción Electoral del PSOE de Ciudad Real, David Triguero, ha hecho hincapié en que «es lamentable que el Gobierno regional no le está prestando ningún tipo de ayuda a un joven como Ismael, que tiene la valentía de seguir formándose y de salir adelante con el apoyo de su familia».
El Gobierno acelera el paso hacia la política de la beneficencia
Los «presupuestos sociales» que defiende el Gobierno prevén un tijeretazo del 36% a los servicios sociales para 2014. Al recorte se han sumado en los últimos meses otras medidas y cambios legislativos que, según denuncian profesionales, asociaciones, sindicatos y usuarios, socavan los derechos sociales y dejan la caridad como única salida.
1. Tijeretazo presupuestario
Los Presupuestos Generales del Estado en materia de servicios sociales han pasado de los 2.848 millones de euros de 2013 a 1.809. No obstante, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se refiere a «blindaje» en las cuentas. La razón es que para 2013 se incluyeron 1.034 millones con los que se pagaron atrasos de la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales de personas con dependencia.
Aun olvidando esta cantidad, las cuentas no cuadran si se considera que la demanda se ha disparado. A falta de datos oficiales, los expertos estiman que en los dos últimos años la demanda de algunas prestaciones de emergencia –para hacer la compra, pagar el recibo de la luz o la hipoteca– han aumentado hasta un 200%. Además, un total de 201.729 personas siguen esperando recibir la ayuda que les fue reconocida por la ley de dependencia.
2. Destrucción de la ley de dependencia
«Están dejando vacíos de contenidos reales los servicios, para echar a la gente y para que el que pueda contrate a un seguro privado, pero como la mayoría no podemos permitírnoslo, quedamos en manos de la caridad». Así interpreta José Luis Gómez-Ocaña, presidente de la Plataforma de la Dependencia en Castilla-La Mancha, la marcha atrás de la única ley estatal que reconoce y garantiza un derecho subjetivo en materia de servicios sociales.
Hace poco más de un año el Gobierno retrasó la entrada de los dependientes moderados en el sistema, eliminó la obligación de pagar la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras y amplió hasta dos años el plazo que tienen las autonomías para entregar las ayudas ya reconocidas sin tener que asumir la retroactividad con que nació la ley. Para el año que viene, con una lista de espera crónica, el Gobierno ha presupuestado exactamente la misma cantidad que en 2013: 1.087 millones de euros, que repartirá entre las comunidades autónomas en función del número de dependientes a los que atiendan.
«¿Sabes lo que es estar valorado y no tener la atención que te corresponde por ley?», añade otra miembro de la plataforma. Para Gómez-Ocaña, hay gato encerrado. «No es lógico el hachazo a la dependencia, con lo poco que significa respecto a todo el dinero que se maneja», apunta.
Gómez-Ocaña, maestro de escuela de Toledo, lleva años luchando porque sus dos hijos, de 10 y 17 años, ambos con una enfermedad rara hereditaria, grandes dependientes, sobrevivan. Han ido superando los retrasos en el pago de las ayudas del Gobierno de María Dolores de Cospedal, pero la salud de Nacho, el menor, ha empeorado hace unas semanas. La esperanza de su padre es que aguante lo suficiente para poder beneficiarse de un tratamiento pionero que se empezará a aplicar en Gran Bretaña en 2014.
3. Desmantelamiento de los servicios sociales
A los recortes que se soportan desde 2011 se suma ahora el Proyecto de Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, en trámite parlamentario. El texto prevé eliminar las competencias municipales en «la prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social», cediéndolas a las autonomías. En la práctica, esto representa que los ayuntamientos solo garantizarán unos servicios mínimos de información y orientación y alguna prestación económica de emergencia y de carácter puntual.
La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha elaborado un decálogo donde se denuncia que este traspaso de competencias supondrá la eliminación de los servicios sociales municipales, teniendo en cuenta el estado de las arcas autonómicas. El documento, firmado por asociaciones de personas mayores, profesionales, sindicatos y las principales organizaciones empresariales del sector, alerta de que al menos 200.000 familias se quedarán sin asistencia. Además, calculan la pérdida de 65.000 puestos de trabajo.
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) denuncia que peligra la continuidad de la ayuda a domicilio. Esta organización calcula que unas 600.000 personas se benefician de ella en toda España, en su mayoría a través de los servicios sociales municipales (del total, sólo 121.000 se conceden por la vía alternativa de la ley de dependencia).
Al margen de esta reforma, el pasado enero la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, anunció a los consejeros del ramo que iba a dejar de financiar los servicios sociales municipales mediante el llamado Plan Concertado. En los presupuestos de 2014 aún no se recoge este recorte. El Gobierno ha mantenido su aportación; 32 millones de euros que no se estiran lo suficiente como para ayudar, ni con carácter de urgencia, a los más de ocho millones de familias que acuden a los servicios sociales municipales porque no pueden comprar comida, pagar las medicinas, el recibo de la luz, el agua o el alquiler de su vivienda.
Para la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, «el panorama es absolutamente demoledor». Los servicios sociales son «el último recurso para un número cada vez mayor de personas y familias», recuerda en un comunicado.
4. Vía libre a la privatización
La reforma de la Administración Local también abre la puerta a que los servicios sociales sean de «gestión indirecta». Muchas prestaciones, como la ayuda a domicilio, ya llevan años prestándose a través de empresas subcontratadas. La novedad que implica la reforma es que los ayuntamientos también podrán delegar el servicio mínimo de asesoramiento que quede en sus manos, y que hasta ahora imparte personal propio en una entidad privada.
El Ayuntamiento de Galapagar (PP), en la comunidad de Madrid, ya se ha adelantado a la aprobación del proyecto de ley. El pasado 4 de abril aprobó la externalización de todos sus servicios sociales argumentando que el objetivo es «abaratar los costes» y mejorar la atención. La medida ha sido criticada por vecinos, oposición, profesionales y sindicatos, que han protagonizado varios actos de protesta en los últimos meses. También el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Madrid se ha pronunciado defendiendo los servicios sociales como «imprescindibles» y denunciando que «su privatización busca siempre un beneficio económico».
5. Rentas mínimas inaccesibles
Escudadas por la crisis, muchas autonomías han endurecido las leyes que garantizan las rentas mínimas, las pagas que se dan a aquellas familias sin ningún tipo de recursos, de unos 500 euros, dependiendo de la autonomía. En Madrid la espera ya es de 12 meses, por ejemplo. Estas ayudas se solicitan cuando la familia quizá ya lleva meses sin ningún ingreso.
Según la Alianza Social en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales de Madrid, el año pasado aumentó un 76% el número de solicitudes para obtener esta ayuda, mientras que el número de familias beneficiarias sólo se incrementó en un 22%. Esta plataforma, integrada por sindicatos, educadores y trabajadores sociales, psicólogos, la Confederación de Consumidores y Usuarios CECU, EAPN y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, entre otros, denuncia que las trabas para beneficiarse son cada vez mayores.
«Se trata de vericuetos administrativos, como la solicitud de documentación extra que en principio no era necesaria», explican desde la organización. Ante esta situación, ¿cómo sobrevivir, entonces, a la espera? Quedan las ayudas de emergencia, concretas, que pueden conceder los ayuntamientos. Pero tampoco el dinero llega, y las familias buscan salidas fuera de la red pública. Una muestra es que Cáritas casi ha triplicado el número de personas atendidas en los últimos años.
6. Desvío de responsabilidades
Cuando Ana Mato anunció que los inmigrantes sin papeles dejarían tener tarjeta sanitaria y, por tanto, atención médica (salvo en determinados casos), negó que estas personas fueran a quedar desatendidas. Para ello, aseguró, se firmarían acuerdos con las ONG. Pero las ONG no están conformes con la idea de que ellas deban asumir el papel que el Estado está dejando de ejercer.
«No tenemos que sustituir al Gobierno, somos complementarios», explican desde EAPN-España, una red de ONG que luchan contra la pobreza y la exclusión social, entre las que se encuentran Cáritas, Cruz Roja o CEAR. Su presidente, Carlos Susías, recuerda que «la pobreza y la exclusión no caen del cielo, son consecuencia de decisiones políticas». Por eso exigen que el Gobierno asuma su responsabilidad de crear planes integrales y herramientas para fomentar la inclusión social. EAPN-España rechaza la vuelta a la beneficencia y la caridad. Según explican, estos conceptos muestran la tolerancia: «Como hay pobres, vamos a darles de comer». Para ellos, la clave está en luchar por que no haya pobres, algo que no se combate con el parche de la beneficencia.
7. La solidaridad del vecino
El paso « del Estado del bienestar a una sociedad participativa«, que defendió el rey de Holanda hace unas semanas, muestra la tendencia que también vive España. Las llamadas a la solidaridad para sustituir lo que hasta ahora el Estado paga con las arcas públicas están a la orden del día.
El último debate al respecto, muy visible en las redes sociales, lo ha protagonizado el programa de TVE ‘Entre todos’, que empezó a emitirse el 26 de agosto, en la sobremesa. Este espacio, que la cadena pública define en su web como «una red social de cooperación», muestra a familias necesitadas y abre una línea telefónica para que otras personas les hagan donaciones económicas o les presten otro tipo de ayuda. El formato ha provocado una discusión entre quienes consideran que publicitar la caridad excusa la evasión de la Administración Pública y aquellos que defienden que es la solución más pragmática para quien no tiene nada.
AERTE explicará la última normativa sanitaria de la Comunidad Valenciana aplicada a los centros de dependientes
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes, AERTE, continuando con sus iniciativas de formación, impartirá en su sede el próximo 11 de octubre un nuevo módulo formativo en el que se abordará la normativa sanitaria de la Comunidad Valenciana surgida en el último año.
De seis horas de duración, el curso, dirigido a directores y personal de centros de servicios sociales, analizará con detenimiento normativas como el Decreto Ley 2/2013 y el Decreto 94/2010, comparadas con las existentes en otras autonomías, y su aplicación real en las residencias, centros de día y servicios de ayuda a domicilio. Además, abordará la sanidad transfronteriza.
El curso será impartido por Juan F- Peris, Doctor en Farmacia por la Universidad de Valencia y actualmente jefe del Servicio de Farmacia del Centro Sociosanitario la Cañada (Valencia) y María José Mira, Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia, directora de AERTE.
AECAS promueve actividades que fomenten la movilidad y menús que potencian la hidratación para evitar el estreñimiento crónico en los mayores
El porcentaje de personas afectadas por estreñimiento crónico se duplica en el grupo de edad comprendido entre los 65 y 75 años.
Tras el buen resultado de los programas de fomento de la hidratación en mayores y dependientes del periodo estival, los centros de la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas inician una nueva campaña orientada a mejorar la calidad de vida de los usuarios y reducir la incidencia del estreñimiento crónico en este colectivo.
La reducción de las terapias de exterior y los cambios de temperatura provocan también una reducción de la movilidad y la actividad física de los mayores dependientes que no siempre puede contrarrestarse con las sesiones de rehabilitación, gimnasia y actividades acuáticas, por ello, éstas se refuerzan con la incorporación en los menús de alimentos que potencien la hidratación y las calorías en paralela al cambio de la temperatura, así como propuesta de ocio con monitores y animadores para incentivar la movilidad.
El objetivo de estas actividades es combatir patologías derivadas de la circulación o el estreñimiento crónico, un problemas cuya incidencia en mayores es cinco veces superior que en los adultos jóvenes, especialmente a partir de 64 años de edad.
En la mayoría de los casos, esta patología se puede prevenir modificando los hábitos alimenticios y con programas de ejercicio suave, si bien, cuando el diagnóstico es de estreñimiento crónico, la solución es farmacológica, por lo que en los centros de Aecas se trabaja para reducir la incidencia de esta patología, evitando la ingestión de laxantes y medicamentos que pueden provocar a largo plazo que se convierta en un problema crónico.
Así, se realiza un seguimiento de los usuarios de los centros para detectar posibles síntomas como pasar más de 3 días entre cada evacuación, evacuar menos de 3 veces por semana, o si experimenta dificultad o dolor al defecar heces endurecidas, cuestiones que pueden reflejar un problema de hidratación o trastorno alimenticio previo, pero que pueden derivar en una situación crónica.
Calidad de vida
Hay que tener en cuenta que el porcentaje de personas afectadas por estreñimiento crónico se duplica en el grupo de edad comprendido entre los 65 y 75 años, afectando a su calidad de vida, entorpeciendo su desarrollo social y la capacidad para realizar actividades diarias.
Por ello, los cerca de 100 recursos socio-sanitarios que dispone la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas en la Comunidad valenciana promoverán desde el próximo 1 de octubre nuevas actividades de ocio que fomenten la movilidad, al tiempo que se refuerzan los menús específicos de cada usuario con productos que aporten mayor hidratación. En total, se aplicará este nuevo programa a cerca de 9.000 mayores y personas en situación de dependencia, más del 40% del total de mayores que viven en centros socio-sanitarios en la Comunidad Valenciana.
Dpto. de Prensa: José Antonio Giménez • comunicacion@centrosaecas.com • t.627760487
‘Minusválidos’ en los Presupuestos Generales del Estado
El Informe Económico y Financiero que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, registró en el Congreso de los Diputados junto al proyecto de Presupuestos Generales, utiliza el calificativo «minusválido» para referirse a personas con discapacidad, perpetuando así una terminología que debería estar ya erradicada de los textos legales en cumplimiento de la Ley de Dependencia.
Este texto oficial, recogido en la Serie Amarilla de documentación, se refiere al colectivo con el calificativo «minusválido» hasta en siete ocasiones y habla de «discapacitados» en otras tres, en lugar de utilizar la expresión «persona con discapacidad», establecida por ley al considerarse más respetuosa con la dignidad de estos ciudadanos.
La disposición octava de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia estableció en diciembre de 2006 que «las referencias que en los textos normativos se efectúen a minusválidos y a personas con minusvalía, se entenderán realizadas a personas con discapacidad», prescripción que entraría en vigor en enero de 2007, recogiendo así una demanda tradicional del colectivo.
Tres años más tarde, el Consejo de Ministros que presidía José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el Real Decreto de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, que ordenó la sustitución de la expresión «minusválido» en la norma de 1999 que venía regulando esta materia. Además, la Comisión Estatal para el Seguimiento del Grado de Minusvalía pasó a llamarse «de Discapacidad».
El propio decreto recordaba que la Organización Mundial de la Salud abandonó las expresiones «minusválido» y «minusvalía» en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) del año 2001 «debido a su connotación peyorativa». El organismo reconocía así que las palabras «pueden estigmatizar y etiquetar» a las personas pese a los esfuerzos de las administraciones públicas por evitarlo.
La CIF decidió utilizar el concepto de «discapacidad», en tanto que «se refiere a los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una determinada ‘condición de salud’ y sus factores contextuales (ambientales y personales)», tal y como cita el Real Decreto aprobado en España en el año 2009 por el que debería dejarse de utilizar, además, la expresión «grado de minusvalía» en favor de «grado de discapacidad».
Sin embargo, ni el citado Real Decreto ni la Ley de Dependencia han conseguido que se cambie la normativa de referencia en lo que a prestaciones sociales para el colectivo se refiere: la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI), que a día de hoy mantiene su nomenclatura. Con todo, la fórmula más extendida ya tanto en la administración como en los medios de comunicación es la de «persona con discapacidad».
«EL LENGUAJE REFLEJA LA ACTITUD»
Conforme explica el Decálogo para un uso apropiado de la Imagen Social de las Personas elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), «puede causar cierta perplejidad la variedad de palabras con las que designar la discapacidad y a las personas que la presentan, pero, en el fondo, muestran una evolución en la búsqueda de un lenguaje que no estigmatice ni prejuzgue menor valor».
«Al final, con los términos reflejamos una manera de pensar y una actitud», añade la vicepresidenta del CERMI, Pilar Villarino. En declaraciones a Europa Press, ha incidido en que «las leyes están para cumplirlas» y, en este caso, la Ley de Dependencia impuso la erradicación de una terminología que «tiene un carácter peyorativo y de desprecio». El texto adjunto a los presupuestos generales incurre por tanto, en «un incumplimiento claro», conforme ha señalado.
Villarino explica que la discapacidad hoy sólo se entiende desde la perspectiva de los Derechos Humanos, consagrada en la Convención de Naciones Unidas al respecto, «y el lenguaje no puede permanecer ajeno a este modelo». «Ni siquiera hablamos de discapacitados, porque primero son personas, y luego, personas que tienen una discapacidad. El lenguaje es muy importante», ha añadido.
Con todo, el CERMI no es partidario de otras expresiones tendentes a evitar la palabra «discapacidad», como «diversidad funcional». «Creemos que hay que llamar a las cosas por su nombre, pero hay que tratar a la persona como se merece y como persona, en primerísimo lugar debe figurar como sujeto de derechos», ha añadido.
La Real Academia Española de la Lengua define minusválido, dicho de una persona, como «incapacitada, por lesión congénita o adquirida, para ciertos trabajos, movimientos, deportes, etc.». Discapacitado, por su parte, sería aquella persona «que tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales o físicas».
El PP pide regular la cualificación profesional de los asistentes de personas dependientes
El PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para pedir al Gobierno que regule la cualificación profesional de los asistentes de personas dependientes pues considera que actualmente hay un vacío legal.
En su iniciativa, recogida por Europa Press, el PP advierte de que la cualificación profesional del personal asistente «carece de perfil profesional con reconocimiento oficial», un «vacío legal» que a su juicio está impidiendo la extensión de esta figura entre personas con discapacidad. «Se está produciendo una situación de inseguridad jurídica y laboral, que influye en las escasas contrataciones realizadas», sostiene.
La Ley de Dependencia determina que el personal asistente «realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia de cara a fomentar su vida independiente» y prevé una retribución para que las personas dependientes puedan contratar un asistente que «facilite al beneficiario el acceso a la educación y el trabajo».
Sin embargo, según datos de abril de este año sólo un 0,13% de las personas dependientes con prestación la utilizaban para contratar asistencia personal, casi todas en el País Vasco.
UN VACÍO LEGAL QUE FRENA LA CONTRATACIÓN
Para el PP, ese vacío legal hace que las personas que se dedican profesionalmente a las tareas de asistencia se encuentran en un régimen de trabajo «que no es acorde con su desarrollo laboral diario, ya que tienen que acogerse a convenios profesionales dentro del sector que no se ajustan a su perfil de trabajo».
«De este modo se propician situaciones contradictorias y difíciles de resolver tanto por parte del empleado como del empleador –añaden–. Por ese motivo es necesario regular la figura del asistente personal para que así puedan disponer, tanto los trabajadores como las personas con discapacidad que quieran contratarles, de un marco legal específico tanto en el ámbito jurídico como laboral».
Aerte cifra en más de 100 millones la deuda acumulada con todo el sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte), junto con la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), solicitará este viernes una reunión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de cara a abordar el «desbloqueo necesario y urgente» de las cantidades pendientes de pago, que a día de hoy Aerte cifra en más de 100 millones de euros entre todo el sector de la dependencia de la Comunitat Valenciana.
En concreto, ha indicado en un comunicado, la deuda se divide en 44 millones correspondientes a los servicios públicos de gestión privada, pendientes de cobro desde noviembre de 2012; 40 millones de los servicios de accesibilidad social, pendientes de cobro desde diciembre de 2012; nueve millones correspondientes a los bono-residencias, pendientes de cobro desde enero de 2013; y 9,3 millones correspondientes a servicios que prestan a las residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario (Lares).
La directora de Aerte, María José Mira, ha apuntado que «la situación por la que atraviesan todos los centros y residencias, diez meses seguidos sin cobrar, se hace cada vez más insostenible a medida que la deuda se acumula», por lo que «tienen serias dificultades para pagar no sólo a sus profesionales, sino para poder seguir desarrollando unos servicios de asistencia de calidad a más de 22.000 personas dependientes en la Comunitat Valenciana, en su mayoría mayores y discapacitados».
María José Mira ha subrayado que, además, «muchos centros están pagando altos intereses a las entidades bancarias a las que, por falta de financiación de la administración, han tenido que pedir prestado, haciendo así mas insostenible su situación». «Raro es el día que no contacta algún asociado con nosotros por problemas de embargos o sanciones de hacienda», ha lamentado.
La situación del cobro al sector de la dependencia es «especialmente grave» en la Comunitat Valenciana, donde, según Aerte, el promedio de tiempo sin cobrar es cuatro veces superior a la media.
«SITUACIÓN ASFIXIANTE»
«Esto, unido a que no se ha abonado la deuda integrada en la primera fase del plan de pagos a proveedores, junto al aplazamiento del pago de otra parte de la deuda establecida para la segunda fase de dicho plan, hace que la situación para muchas residencias y sus dependientes sea asfixiante», ha denunciado.
En este sentido, Mira ha añadido que «la administración central no puede dar la espalda a la Comunitat Valenciana, más aún cuando nuestras empresas han sido un referente a seguir por otras comunidades en distintos modelos de colaboración sociosanitaria con la administración».
I Premio Europeo para el Emprendimiento Social y la Discapacidad
La Fundación ONCE, en el marco de la Red Europea RSE+D, co-financiada por el Fondo Social Europeo, ha puesto en marcha el primer ‘Premio europeo para el Emprendimiento Social y la Discapacidad: promoviendo la inversión social’, con el que se busca reconocer públicamente aquellas iniciativas de emprendimiento social cuyo objetivo sea el ámbito de la discapacidad.
El proyecto ganador recibirá un reconocimiento económico de 6.000 euros, importe co-financiado por el Fondo Social Europeo (en un 70%), y por Fundación ONCE y Fundación Triodos (en el 30% restante), además de poder disfrutar de asesoramiento especializado por parte de profesionales vinculados a esta iniciativa.
El premio buscará reconocer proyectos en fase de desarrollo o ya en marcha con menos de un año de vida, que encajen en uno de los dos tipos de perfiles: emprendedores sociales que tengan proyectos en el ámbito de la discapacidad o emprendedores con discapacidad con un proyecto innovador.
«El objetivo de este premio es el de contribuir a que las personas con discapacidad adquieran protagonismo en el nuevo modelo europeo de crecimiento económico sostenible, tal como recoge y promueve la Comisión Europea», ha explicado Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE.
El premio se entregará durante el evento ‘Social Entrepreneurs: Have Your Say! 1’, organizado en Estrasburgo por la Comisión Europea. Las personas con discapacidad representan en la actualidad un 16% de la ciudadanía europea.
Fundación ONCE cuenta con la colaboración de la Comisión Europea y con el apoyo de Telefónica, L’Oréal y el Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (socios fundadores de la Red RSE+D), además de Kanchi, Essl Foundation y Fundación Triodos para llevar a cabo este premio.
Bruselas avisa de la creciente divergencia en bienestar social entre España y Alemania
La Comisión Europea ha alertado este miércoles de la creciente divergencia en materia de bienestar social entre los países del centro y los de la periferia, y en particular entre Alemania y España, desde el inicio de la crisis -en cuestiones como el nivel de paro y pobreza, la tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan, la desigualdad de ingresos o la renta disponible de los hogares- por considerar que pone en riesgo la unión económica y monetaria.
«La UE debe reequilibrar la gobernanza de la unión económica y monetaria para afrontar mejor los problemas de divergencia entre la situación de materia de empleo y social de los países de la eurozona», ha reclamado el comisario de Empleo, László Andor.
Para ello, el Ejecutivo comunitario ha propuesto este miércoles crear un cuadro comparativo de cinco indicadores cuyo objetivo es, según Andor, «detectar problemas graves de empleo y sociales mucho antes para adoptar medidas con el fin de afrontar mejor la crisis actual y prevenir que en el futuro se desarrollen crisis graves».
Los indicadores evidencian, de acuerdo con los datos de la Comisión, que en los años previos a la crisis hubo una convergencia en materia social entre España y Alemania que se quebró a partir de 2007. Desde ese momento y hasta 2012, mientras que Berlín mejora en todos los indicadores, Madrid registra un fuerte empeoramiento.
Así, en materia de tasa de paro, España tiene una tasa del 26,2% (la segunda más alta de la UE, sólo superada por Grecia), mientras que Alemania registra la segunda tasa más baja (5,2%). En 2007, los dos países tenían un nivel de desempleo similar de alrededor del 8%.
El porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan (ni-ni) ha aumentado en España desde el 12% en 2007 hasta el 18,8%, el segundo más alto de la UE de nuevo por detrás de Grecia. En cambio, en Alemania cae del 9% al 7,7%. Por su parte, la tasa de población en riesgo de pobreza en España ha subido del 19,6% al 25,7%. También en Alemania se registra un incremento, pero mucho más suave, del 15,2% al 15,9%.
La renta disponible de los hogares en 2010 cayó 5 puntos en España, mientras que progresó dos puntos en Alemania. Desde ese año se está produciendo la evolución inversa. Finalmente, los indicadores de Bruselas detectan un aumento de la desigualdad en España, mientras que en Alemania se mantiene estable.
Así, si el nivel de ingresos de la población española más rica era al principio de la crisis de media cinco veces más alto que el del sector más pobre, en 2011 es casi siete veces más alto. En Alemania, el valor se ha mantenido estable en cinco.
FRAGILIDAD DE LA RECUPERACIÓN
En su último informe trimestral sobre el empleo y la situación económica publicado este lunes, la Comisión avisa de que la recuperación es «frágil» y que las condiciones sociales y del mercado de trabajo siguen siendo «muy difíciles».
Las tasas de desempleo juvenil han alcanzado niveles sin precedentes, con un promedio del 23 % para la UE en su conjunto y hasta un 63 % en Grecia y un 56% en España. El desempleo de larga duración ha aumentado en la mayoría de los Estados miembros, alcanzando un máximo histórico en el conjunto de la UE.
Además, la destrucción neta de puestos de trabajo ha coincidido con empleos más precarios: ha aumentado el empleo a tiempo parcial, especialmente el involuntario, aunque haya disminuido la proporción de contratos temporales en la UE, más afectados por la contracción.
La pobreza ha aumentado en la UE desde 2007. Los ingresos de las familias disminuyen y un 24,2 % de la población de la UE se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión. Esto afecta especialmente a los niños, puesto que ha aumentado el desempleo y el número de hogares sin ingresos laborales, así como la pobreza de las personas con empleo.
La contratación de empleados con discapacidad crece en 2013 un 10,4% hasta los 45.135 contratos
La contratación de empleados con discapacidad crece en lo que va de 2013 un 10,4% más que en el mismo periodo de 2012, hasta los 45.135 contratos, según los datos del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), difundidos por FEACEM, entidad miembro de CERMI.
Sin embargo, esta entidad señala que la contratación de este colectivo trabajadores «aumentaría más intensamente» si España dispusiera de un mejor marco normativo de promoción de la inclusión laboral, «global, amplio y actualizado», para este sector social, que trascienda y supere el vigente, que data de hace más de 30 años.
«La evolución positiva de la contratación, a pesar de la aguda crisis que atraviesa la economía española, ha de ser aprovechada con la renovación del marco normativo y de las políticas activas de empleo, que por su antigüedad e inadecuación a la realidad actual no acompañan suficientemente esta tendencia favorable a la inclusión laboral», señalan desde el CERMI.
El número de contratos acumulados a agosto de 2013 es también superior al número de contratos acumulados a agosto de 2011 (un 7% superior). La contratación de personas con discapacidad en centros especiales de empleo, muestra un incremento respecto al año anterior; la contratación en empresas que no son centros especiales de empleo mejora y presenta también un resultado ligeramente superior al año anterior.
La evolución mensual de la contratación de personas con discapacidad en centros especiales de empleo presenta, en el acumulado a agosto de 2013, un resultado superior al mismo período de 2012. Así en el acumulado a agosto de 2013 se ha realizado un total de 32.049 contratos para personas con discapacidad en este tipo de empresas, lo que supone un incremento del 14,83% respecto a las contrataciones realizadas en el acumulado a agosto de 2012 (27.908 contratos).
Esta realidad global del país tiene una distribución territorial homogénea entre las comunidades autónomas, excepto Asturias, Canarias y Murcia que tienen un saldo negativo. El CERMI destaca también que la contratación acumulada en agosto de 2013 supere la realizada en el acumulado a agosto de 2011 (es superior en un 15,4%).