Bienestar Social
En Cataluña hay 161.213 personas que se benefician de la Ley de Dependencia
La cifra supone un 12,1% más que en marzo de 2012. La Generalidad se queja de que el Gobierno no asume parte de la partida que le corresponde para hacer frente al coste de la aplicación de la ley.
Un total 161.213 personas se benefician actualmente de la aplicación de la Ley de Dependencia en Cataluña. Según los datos oficiales ofrecidos por la Consejería de Bienestar Social y Familia, el número actual de prestaciones y servicios asciende a 207.575 a fecha de 31 de marzo de este año.
En el último año (de marzo a marzo) hay un 12,1% más de beneficiarios de la prestación de ayuda para las personas en situación de dependencia -en aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre-, pasando de los 143.724 al número actual de personas que reciben algún tipo de ayuda en Cataluña.
El 67% de los beneficiarios son mujeres y el 33%, hombres. Por edades, 78.946 tienen más de 80 años de edad; 43.869 personas, entre 65 y 79 años; y cabe destacar que1.135 bebés en Cataluña -menores de tres años- también reciben algún tipo de ayuda gracias a la norma de aplicación en toda España.
‘Un gran sobre esfuerzo’
En una respuesta al grupo del PSC en el Parlamento autonómico, la consejera Neus Munté i Fernández (CiU) ha informado que en el año 2012, la Generalidad ha destinado 922,8 millones de euros para sufragar los gastos de la aplicación de la Ley de Dependencia. Mientras que el Gobierno ha transferido a la Administración autonómica, para esta partida, 243,54 millones de euros.
Munté ha lamentado la baja cantidad del Gobierno destinada a esta partida y ha señalado que la Generalidad realiza ‘un gran sobre esfuerzo’ para garantizar las prestaciones y los servicios de la dependencia. Según los datos de la Consejería de Bienestar Social y Familia, la Administración autonómica soporta el 80% del coste de la aplicación de la ley y el Gobierno, el 20% restante.
Casi 800 euros por asistente personal
La Consejería también ha informado de que, en 2013, la media de tiempo para resolver las valoraciones de grado iniciales de las peticiones de posibles afectados por la ley está siendo de 1,19 meses; y para los programas individuales de atención iniciales (PIA), de 1,38 meses.
Además, la media de las prestaciones económicas otorgadas cada mes (tomadas con fecha del mes de febrero de 2013) a los beneficiarios están siendo de 283,34 euros para los cuidadores no profesionales; 669,56 euros para la prestación económica vinculada; y 788,70 euros para un asistente personal.
Nuevo cheque de ayuda a domicilio en Castilla-La Mancha
El director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan José García Ferrer, ha anunciado la creación de un cheque de Ayuda a Domicilio, que permitirá al propio usuario elegir la persona o entidad acreditada que quiere que le preste este servicio.
El director general ha mantenido un encuentro con representantes de asociaciones de mujeres del medio rural, en el que han participado la presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), Carmen Quintanilla, y miembros de la Junta Directiva de cuatro provincias de la región, según ha informado la Junta en nota de prensa.
En este marco, el director general y las representantes de AFAMMER han acordado trabajar «de la mano» en la renovación del Servicio de Ayuda a Domicilio que la Junta de Comunidades presta a los ciudadanos que lo precisan en Castilla-La Mancha.
Esta «innovadora» propuesta, ha dicho García Ferrer, servirá de vía para que muchas mujeres del medio rural puedan trabajar como autónomas o cooperativas de iniciativa social. «Así favoreceremos la creación de nuevos puestos de trabajo en nuestros municipios», ha señalado.
Hasta el momento, este servicio lo prestan los ayuntamientos, a través de subvenciones concedidas por la propia Junta de Comunidades. La puesta en marcha de este proyecto vendrá a complementar la estructura del mismo a través de personas o entidades acreditadas. Además, el nuevo modelo de cheque de Ayuda a Domicilio, que comenzará a funcionar a principios del próximo año, permitirá que el ciudadano elija a la persona que le preste este servicio.
Llegar a todos
El motivo que ha llevado a replantearse y modificar la estructura del Servicio de Ayuda a Domicilio «es llegar a los 200 municipios de la región a los que no estamos llegando actualmente. De ellos, 140 corresponden a la provincia de Guadalajara, que en la actualidad no pueden acceder al mismo. Con la puesta en marcha de esta iniciativa, el Gobierno regional, en colaboración con AFAMMER, logrará llegar a todas aquellas personas que lo necesitan y que en la actualidad por distintos motivos, no reciben la ayuda», ha aseverado García Ferrer.
«Clara apuesta de futuro»
Por su parte, la presidenta de AFAMMER, Carmen Quintanilla, ha afirmado que este acuerdo es «una clara apuesta de futuro para las mujeres que se encuentran en el ámbito rural. Hemos demostrado que somos emprendedoras y capaces de liderar proyectos de diversa índole en los municipios».Quintanilla ha apuntado que «desde la formación y la profesionalidad, las 15.000 mujeres que forman parte de esta asociación en la región asumirán este compromiso, para ayudar a los mayores y dependientes que requieran de esta atención», ha concluido.
Aprobado el decreto que regula el Comité de Ética en Intervención Social del Principado
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regulará el Comité de Ética en Intervención Social, un órgano multidisciplinar, de carácter consultivo y asesor, que mejorará la calidad en la intervención social.
Este comité se encargará de analizar y asesorar en la resolución de posibles conflictos éticos, en los ámbitos de intervención de servicios sociales; de orientar en la elaboración de documentos de buena praxis o protocolos de actuación, desde el punto de vista ético, y en potenciar la formación en ética asistencial de los profesionales de los servicios sociales.
Un rasgo distintivo del futuro comité de ética en Servicios Sociales lo constituye la apuesta por la participación y la búsqueda de la pluralidad a lo largo de todo el proceso. Profesionales diversos, de distintos sectores, de distintas disciplinas, de la atención directa y de la gestión, del ámbito público y privado, han participado en este proceso. Un espíritu que permanecerá en la composición final de los miembros que integren este primer comité.
Por tanto, el Comité de Ética en Intervención Social se configura como un recurso para facilitar la reflexión y deliberación, orientando prácticas concretas que ayuden a la toma de decisiones óptimas y prudentes en aquellos casos donde convergen diversidad de perspectivas y opiniones entre todas las partes implicadas, como son los profesionales, personas usuarias, familias, entidades e instituciones, así como otros agentes sociales.
En definitiva, su papel debe de ser el de constituir un foro de deliberación, multidisciplinar e independiente, al servicio de la calidad asistencial y del bienestar de las personas usuarias de los servicios sociales, contribuyendo a la adopción de decisiones de calidad en supuestos complejos en que se presentan conflictos de diversos valores o derechos de las personas implicadas.
Fuente: http://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.07ff9aff07894a25ffdfb2c5f2300030/?vgnextoid=5c2da4e82fbce310VgnVCM10000098030a0aRCRD&vgnextchannel=123d6a6227cdd210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.http.lang=es
Los mayores madrileños podrán elegir residencia concertada libremente
La Comunidad de Madrid ha acordado que una parte de las plazas residenciales concertadas para personas mayores dependientes puedan ser elegidas libremente por los usuarios para facilitar a las familias cambiarse de centro si no están cómodas donde están, según ha explicado el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria.Estas medidas afectan a 4.708 plazas en residencias de mayores, con un coste total de 179,2 millones de euros, según ha explicado Victoria en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Además, el consejero ha señalado que esta libertad de centro se va a implantar de forma gradual, a partir del mes de agosto, y que si los usuarios no solicitan traslado alguno, continuarán recibiendo la atención en el mismo centro que tenían hasta ahora.
Victoria ha destacado que se «animará» a las residencias a una «sana competencia» en la medida en que si los usuarios deciden que no están recibiendo los servicios que estiman oportunos, los centros dejarán de tener las plazas concertadas por la Comunidad de Madrid.
Con este acuerdo marco, se unificarán los contratos de todas las residencias con la Administración. Concretamente, afectará a las plazas concertadas de financiación total, destinadas a personas mayores dependientes que tienen las rentas más bajas.
Los nuevos contratos se formalizarán en base a la disponibilidad presupuestaria anual, correcta ejecución de los contratos, preferencias de los usuarios, ofertas económicas y necesidades de ordenación de la red pública. En el Acuerdo se enmarcarán más de 200 contratos existentes en la actualidad.
La adjudicación anual de los contratos que estén dentro de este Acuerdo Marco se realizará de forma simplificada y sin necesidad de someterlos a un nuevo concurso. Con esta fórmula se logra la continuidad del servicio, el ajuste de plazas adjudicadas a cada centro en función de las demandas de los usuarios y la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio.
La Comunidad de Madrid está preparando un segundo Acuerdo Marco para plazas concertadas de financiación parcial.
Requisitos de las residencias
Los centros que, estando autorizados, cumplan los requisitos de solvencia económica y técnica podrán incorporarse a este Acuerdo Marco. Los residencias que quieran participar tendrán que haber gestionado de forma continuada, al menos, una residencia en los tres años anteriores por un tiempo no inferior a nueve meses. Además, tendrán que ofertar como mínimo 15 plazas.
Asimismo, tendrán que prestar los siguientes servicios de forma ininterrumpida durante las 24 horas del día los 365 días del año: el alojamiento, que incluirá el uso de una habitación y zonas de convivencia, la manutención, la ropa de cama, de mesa, de aseo así como el lavado, repasado y planchado de la ropa personal.
También deberán comprometerse a la promoción de la integración y participación en la vida del centro, la animación sociocultural y las relaciones con las familias de los usuarios. También se tienen que hacer cargo del control y la protección del usuario, incluyendo todas las actividades encaminadas a la seguridad y salvaguarda de su integridad personal, como el aseo, la higiene personal, el cambio de pañales, vestido, etc.
La Xunta fija su estrategia de atención a la dependencia hasta 2020
El Gobierno gallego ha dado el visto bueno a su estrategia para la atención y prevención de la dependencia, una guía que fija el horizonte temporal de 2020 para poner en marcha medidas que permitan mejorar y prolongar la autonomía personal.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que este documento supone un «salto cualitativo» en políticas sociales y una apuesta por el ámbito preventivo y no solo asistencial.
Tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, Núñez Feijóo ha explicado en conferencia de prensa que esta estrategia está centrada en seis áreas de actuación, con 28 objetivos y casi 400 propuestas de actuación.
Además, la Xunta ha acordado también la presentación de Galicia para liderar un proyecto europeo que convierta a la Comunidad en un «referente» de la vida saludable.
Núñez Feijóo ha explicado que en los próximos años se prevé que la población gallega descienda casi un 2 %, pero los mayores de 65 años aumentarán sobre un 3,5 % y se calcula que la población con dependencia aumente un 8,14 %.
Por este motivo, ha dicho, el Gobierno gallego trabaja desde hace tiempo en una estrategia para la prevención precoz de la dependencia para prolongar la autonomía personal de los ciudadanos.
Ha considerado que Galicia es «pionera» en la elaboración de esta guía que, ha dicho, «nace del diálogo, consenso y acuerdo» entre distintos grupos de trabajo de la Xunta y entidades representativas de mayores.
Las seis áreas en las que está divida esta estrategia atienden a la educación y la concienciación de los ciudadanos, al aumento de la esperanza de vida libre de dependencia, a la mejora de la calidad de vida, al estímulo a través de amigos y familiares, a la investigación y la innovación y a la mejora de los recursos de la administración.
Ha señalado que la Xunta pretende mejorar la calidad de vida de los mayores, hacer «más sostenible» el sistema de sanidad y bienestar y lograr ser un referente europeo en el envejecimiento saludable.
Según Núñez Feijóo, cada euro que se destina a prevención de la dependencia equivale a la rebaja del gasto de 129 euro al año en su tratamiento.
Por otra parte, el Gobierno gallego ha presentado hoy los datos del plan para prevenir la violencia laboral en el ámbito sanitario.
Desde 2010 se han reducido un 32 % los episodios violentos, al pasar de 255 a 188 en 2012, aunque el objetivo de la Xunta es que «la sinrazón de estos episodios violentos sea cero», ha concluido Núñez Feijóo.
En la reunión de hoy la Xunta ha decidido renovar un convenio con la Fundación Josep Carreras para buscar donantes de médula para las personas con cuyas familias estos trasplantes son incompatibles.
Desde 2008, la primera vez que la Xunta firmó un convenio con esta fundación, y hasta el 1 de enero de este año se han hecho 117 trasplantes por medio de esta colaboración.
El TC anula la ley autonómica que denegó la dependencia por silencio administrativo
El Tribunal Constitucional (TC) obliga a la Generalitat a notificar personalmente a quien deniegue una prestación que haya solicitado en amparo a la ley de Dependencia. El alto tribunal ha declarado inconstitucional la disposición adicional número once de la ley de Presupuestos de la Generalitat de 2008 que rezaba: «en los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes, el vencimiento del plazo máximo sin haberse dictado y notificado resolución expresa determinará la desestimanción de la solicitud formulada por silencio administrativo». El Consell ya rectificó esta norma en 2009, según confirmaron fuentes de la Conselleria de Bienestar Social.
La norma impulsada por el Consell en 2007 y aprobada por las Corts el 27 de diciembre del mismo año fue recurrida por el Defensor del Pueblo. El Consell defendía que la medida era necesaria para ahorrar, argumento que tumba el Tribunal Constitucional al entender que «el eventual ahorro se produciría únicamente cuando la denegación fuera firme, no bastando para ello su desestimación inicial». Los magistrados anulan la norma pero su decisión no afectará a las situaciones que hasta la fecha de hoy se hayan denegado así.
Para el TC la disposición adicional que denegaba ayudas por silencio administrativo «se encuentra fuera del contenido constitucionalmente admisible de una ley de presupuestos autonómica». Además de tumbar el argumento de la Generalitat, el TC considera que «la norma se reputa contraria al artículo 9.3 de la Constitución (seguridad jurídica)».
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) anunció ayer la interposición de recursos contencioso-administrativos por el bloqueo de los expedientes aprobados que no han recibido prestación. La patronal de la dependencia pide un acuerdo «estatal» que implique al Gobierno y a todos los agentes competentes para evitar que desaparezca la ley de Dependencia.
Más de 3.000 personas contra los impagos
Miles de personas recorrieron ayer las calles de Valencia para denunciar el retraso por parte del Consell en el pago de servicios y entidades que atienden a personas con discapacidad, centros cuya situación consideran «dramática» debido a que algunos trabajadores llevan cinco meses sin cobrar. La manifestación fue convocada por la Coordinadora de Discapacidad y Dependencia (CDD) y fue desde la estación del Norte de Valencia hasta la Conselleria de Bienestar Social y la Generalitat. Más de 3.000 personas, según fuentes de la organización, participaron en una marcha que iba encabezada por una pancarta con la frase «Por el respeto, la dignidad y la justicia social» y durante la cual se gritaron frases como «la dependencia no se vende» o «dignidad para la discapacidad».
Cómo convertir un smartphone Android en un teléfono accesible para mayores o discapacitados
La aplicación Big Launcher para Android permite convertir un ‘smartphone’ normal en un teléfono adaptado para personas mayores, con problemas de visión o motrices. Emplea una interfaz sencilla y muy visible para facilitar la navegación por el teléfono, en la línea de lo que ofrecen teléfonos especiales como los de Emporia, con las opciones de un ‘smartphone’. La aplicación tiene una versión de prueba gratuita y un precio de 8 euros para la final. En los comentarios en Google Play parece que hay un alto nivel de satisfacción.
Big Launcher convierte el ‘smartphone’ en un dispositivo más accesible a mayores, niños y gente con enfermedades de visión, problemas motrices o ceguera. Se trata de un «lanzador» de aplicaciones que sustituye la interfaz propia de cada teléfono por otra. Otros ejemplos son Smart Launcher o inclusoFacebook Home, la última apuesta de la red social.
Mediante un diseño sencillo y muy claro visualmente los usuarios con discapacidad visual o aquellos que no están acostumbrados a la tecnología pueden navegar de manera fácil e incluso pedir socorro mediante un botón de SOS.
La aplicación ya está disponible y puede instalarse en cualquier dispositivo con Android a partir de la versión 2.1. Además también es posible instalarla en tabletas. Su precio es de 8 euros, es muy personalizable y está teniendo una buena acogida entre los usuarios, con una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5 con 297 votaciones. También hay disponible una versión de prueba gratuita.
LANZADORES QUE AYUDAN A PERSONAS
Big Launcher responde a una creciente demanda de un nicho de mercado como es el de los ancianos o las personas con dificultades visuales o motrices, que se encuentran con una barrera a la hora de utilizar teléfonos inteligente.
De forma paralela al desarrollo de los «complicados» ‘smartphones’, están apareciendo teléfonos ideados directamente para este sector de la población y diseñados con sencillez; incluso hay empresas de telecomunicación como Emporia que se dedican exclusivamente a la fabricación de dispositivos adaptados a personas mayores o con dificultades.
Sin embargo, hay una gran variedad de teléfonos Android relativamente asequibles que pueden cubrir esta necesidad, simplemente instalando una aplicación que sustituye al lanzador por defecto. Así, cualquier aventajado en el mundo de la tecnología puede ayudar a un padre, hermano o amigo con dificultades a configurar un ‘smartphone’ y convertirlo en un teléfono sencillo, pero con muchas posibilidades.
Big Launcher cumple con este propósito. La aplicación incorporaiconos aumentados que permiten manejar las principales funciones del teléfono con toques sencillos, sin llevar a errores o dificultades a la hora de encontrar algo. Dichos iconos están además diferenciados por colores para hacerlo todavía más intuitivo. Los textos también se presentan en grande para ser lo más legibles posible.
Los contactos pueden estar disponibles directamente desde el menú e incluso colocándolos en una pantalla de inicio. Los mensajes de texto se elaboran con un tipo de letra muy grandey las cadenas de SMS se diferencias por colores. Además tiene la opción de que las notificaciones de los mensajes aparezcan a pantalla completa.
ATAJOS Y COLORES PARA SIMPLIFICAR
Al tratarse de un ‘smartphone’ también incluye atajos para encontrar las aplicaciones más usadas por el usuario de manera rápida y sencilla. Y para aquellas ‘apps’ menos utilizadas ofrece la función de ocultarlas y eliminarlas de la lista del teléfono.
Los colores son muy importantes en Big Launcher ya que permiten ofrecer una mayor diferenciación en las funciones del dispositivo y mejorar la navegación, por ello es posible descargarse más gama de colores si el usuario lo desea. Además ofrece tres tipos de letra diferentes para mejorar la lectura, y para aquellas personas ciegas ofrece el servicio Talkback que lee la pantalla.
Otra de las grandes novedades son los controles alternativos ya que toda la interfaz puede ser controlada también con un teclado de hardware o con la interfaz para silla de ruedas Tecla. Esto permite a los usuarios con parálisis tener un control completo y preciso de su ‘smartphone’ sin tocar la pantalla.
Por último los indicadores de cobertura y batería se muestran con iconos grandes para ayudar a los usuarios a estar siempre comunicados. Además mediante el botón SOS las personas mayores podrán ser localizadas mediante geolocalización siempre que así lo necesiten.
Más de 12.800 valencianos tienen ya la tarjeta del mayor
La Conselleria de Bienestar Social ha emitido desde que se inició el programa en junio del pasado año un total de 12.871 tarjetas del mayor, un documento que permite a los portadores, mayores de sesenta años, beneficiarse de un sinfín de ventajas en numerosos establecimientos de la Comunitat Valenciana.
Según los datos actualizados del Departamento que dirige Asunción Sánchez, en la provincia de Valencia hay 8.870 beneficiarios, en la Alicante, 2.798 y en la de Castellón, 1.503. Además, el 51 por ciento del total son mujeres y el 49 por ciento, varones.
En cuanto a las solicitudes, dicha área recibió un total de 13.672. La mayoría de ellas, de personas de edad comprendida entre 65 y 75, el 55 por ciento, lo que se traduce en 7.583 ciudadanos. Rellenaron también los papeles 2.711 menores de 65 años y 2.879 entre 75 y 85 años. Mayores de 85, tan solo registraron 499 peticiones.
La tarjeta del Mayor es una iniciativa de la Generalitat que tiene por objetivo que sus titulares puedan acceder a una serie de ventajas y descuentos en establecimientos y servicios sociosanitarios como ópticas, clínicas dentales, agencias de viajes o casas rurales. En total, hay adheridas al programa 312 entidades.
Pese a que destaca la participación de empresas ortopédicas, ópticas y odontológicas, en el catálogo hay establecimientos de todo tipo. Desde funerarias hasta panaderías, pasando por una tienda de informática.
De la tarjeta pueden beneficiarse todas aquellas personas que hayan cumplido ya 65 años o que sean pensionistas mayores de 60. Además, han de residir en alguno de los municipios de la región valenciana. Las solicitudes deben presentarse en las direcciones territoriales de la Conselleria de Bienestar Social, en las oficinas Prop de la Comunitat, en los centros Especializados de Atención a mayores o en los servicios sociales de los Ayuntamientos.
La directora general de Acción Social y Mayores, Pilar Albert, mostró su satisfacción por la acogida del proyecto, «como muestra el número de documentos acreditativos expedidos y de las empresas y comercios que participan».
En esta línea, aseguró que las personas mayores «merecen» todo este esfuerzo del Consell, «para mejorar su calidad de vida».
«Se trata de una iniciativa muy importante de apoyo a nuestros mayores, el Gobierno valenciano es consciente del papel tan importante que están jugando en la sociedad por su inestimable experiencia y porque, en una época complicada como la actual, están siendo el pilar y apoyo de muchas familias y cualquier descuento o ventaja que puedan obtener es una gran ayuda».
El Gobierno prepara un recorte de 958 millones en Dependencia para este año
El Gobierno asesta el enésimo hachazo a la ya de por sí maltrecha ley de dependencia con un recorte previsto para 2013 de 958 millones de euros. Así consta en el Plan Nacional de Reformas enviado a la Comisión Europea por el Ejecutivo y conocido a última hora de ayer. En concreto, el programa anuncia para este año la aprobación de dos nuevos reales decretos para «adecuar las prestaciones a la capacidad económica del beneficiario» y «para regular las prestaciones del sistema» que en la práctica supondrán un «ahorro» de 958 millones. Sin embargo, no es la única sorpresa que depara el documento. De hecho, en total, el Gobierno prevé ahorrar cerca de 4.000 millones en todo tipo de políticas sanitarias nuevas o con la recaudación de algunas de las medidas que ya tomó durante el año pasado.
Los 770.000 dependientes que reciben ayuda en la actualidad verán reducida su cuantía este año casi con toda seguridad en lo que puede ser casi el golpe definitivo a la que se consideró en 2006 la cuarta pata del Estado de Bienestar. Y es que las medidas anunciadas en el documento remitido a Bruselas insisten en profundizar los recortes aplicados ya el año pasado -mediante otro real decreto en julio y a través de los presupuestos-. De hecho, el Gobierno vuelve a poner el foco del ajuste en las prestaciones del beneficiario. Unas ayudas que en 2012 ya se redujeron mediante una menor aportación del Estado de hasta un 13% (200 millones) al denominado ‘nivel mínimo de protección’, es decir, el dinero que reciben las comunidades autónomas por cada dependiente en función de su gravedad.
Este ajuste se suma a otros realizados en 2012 como la suspensión del pago de las cuotas a la seguridad social de los cuidadores familiares, que afectó a 146.000 personas. Unos cuidadores que ya habían sufrido otro tijeretazo del 15% en las ayudas directas por cuidar del familiar. El Gobierno siempre ha alegado que estas medidas pretendían fomentar el incremento de los cuidadores profesionales en detrimento de los familiares, una figura contemplada en la ley como «excepcional» que se había generalizado. Otra medida de ahorro detallada en el Plan Nacional de Reformas es la demora en la incorporación al sistema de las personas beneficiaras con menor grado de dependencia, cuyas ayudas no empezarán a recibir hasta 2015. Con todas estas medidas el Gobierno de Mariano Rajoy calcula un ahorro de 530 millones.
Ahorro sociosanitario
En el documento enviado a Bruselas el Ejecutivo también recoge la «simplificación en el proceso de valoraciones» de los solicitantes con los el ministerio que dirige Ana Mato se ahorró 69 millones en 2012. El Gobierno estima que ese ahorro se elevará hasta los 150 millones en 2013 y a 168 millones en 2014.
Sin embargo, numerosas asociaciones criticaron esta nueva fórmula de evaluación porque el ministerio eliminó varias subdivisiones en los distintos grados de dependencia. De esta forma, muchos solicitantes pasaron a contemplarse como moderados y, por tanto, sus ayudas fueron retrasadas hasta 2015.
En el desglose de las medidas de reformas, el Ejecutivo apuesta por una reducción de 1.809 millones del gasto farmacéutico, de los cuales 409 millones corresponderán «a la implantación de la orden de precios de referencia», una nueva medida para este año. También prevé el establecimiento de nuevos tramos de aportación farmacéutica, aunque no detalla si será un aumento del copago o la creación de dos categorías en el tramo más alto, entre los 18.000 y los 100.000 euros. Otra de las medidas previstas incluye el ahorro de 150 millones que las arcas públicas obtendrán con la aplicación «de la cartera de servicios, el perfil de los beneficiados y su acreditación».
En cuanto a gestión sanitaria, el despliegue de la historia clínica digital y el el impulso de la receta electrónica permitirán no gastar 300 millones. Por otra parte, la ordenación de la cartera de servicios básicos va a generar un ahorro de 875 millones, correspondiendo 700 millones a la de servicios asistenciales y 175 millones a la cartera sujeta a la aportación del usuario.
Más del 45% de la población española será dependiente en 2032
Más del 45 por ciento de la población española será dependiente en el año 2032, afectando principalmente a aquellos que en la actualidad tengan entre 30 y 35 años, según los datos ofrecidos por el INE y recogidos en el informe del Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia ‘The Family Watch’ sobre la calidad de vida en la Tercera Edad y el envejecimiento activo.
Ante esta cifra, el documento, presentado este lunes en Madrid con motivo del Día Europeo de Solidaridad entre Generaciones, propone una serie de prácticas que «favorecen un buen envejecimiento a nivel físico» y que parten desde la prevención. Así, destaca que «mantenerse activo y ser optimista ante el envejecimiento, puede ser un factor determinante para vivir hasta 7,5 años más».
Para el gerontólogo de la Fundación Vianorte-LAGUNA, Fermín Mínguez, lo realmente importante a la hora de envejecer es «la forma en que una persona se percibe a sí misma». «Ante la evidencia de que lo único claro es que vamos a envejecer, lo que podemos hacer es modificar la forma en la que envejecemos e intervenir sobre nuestra vejez», ha apostillado.
Asimismo, Fermín Mínguez ha asegurado que la integración social es «prioritaria». «Es fundamental que una persona se sienta útil y querida, y aquí el papel de la familia es vital –ha añadido–. Es importante trabajar desde la integración de las personas mayores, sabiendo que nosotros, nos guste o no, también seremos mayores».
Además, el trabajo alerta sobre un factor demográfico «preocupante», como es que la proporción de mayores crece más rápidamente que cualquier otro grupo de población. Ante esto, el director general de ‘The Family Watch’, Ignacio Socías, ha recordado que, según datos del INE, en España el índice de envejecimiento –el porcentaje de población mayor de 64 años respecto a los menores de 16– ha pasado del 36 por ciento en el año 1975, al 82 por ciento en 1995 hasta alcanzar un 108 por ciento en 2012. «El envejecimiento de la población es un dato preocupante, dado que en la actualidad, en España, los mayores de 65 años es el grupo de edad que más está aumentando», ha precisado.
Por ello, Mínguez ha subrayado la importancia de la prevención, puesto que, a su juicio, «sería la parte más barata en los tratamiento, ya que prevenir siempre es mucho más barato que curar». «Hay que lamentar que no se esté interviniendo sobre esa prevención, que puede complicar mucho la vida a largo plazo», ha añadido.
Por su parte, Socías ha asegurado que proponer leyes o programas para ámbitos como la familia, la infancia o los mayores conllevan «el peligro de quedarse en buenas intenciones y que no se lleguen a concretar». «Tenemos que pedirles a los políticos que no basta con que manifiesten buenas intenciones, sino que den pasos a delante que de verdad sirvan», ha apuntado.
El texto expone también la existencia de varios pilares básicos sobre los que debe apoyarse el envejecimiento activo y que se basan en mantener un etilo de vida saludable, con el fomento de la actividad cognitiva a través de la realización de actividades estimulantes y la participación en actividades sociales que reduzcan el sentimiento de soledad o aislamiento; en el fomento de las emociones positivas como el optimismo; así como fomentar la actividad cognitiva.
Las siete claves de la Dependencia en Andalucía
El Consejo de Gobierno ha hecho públicas las últimas cifras de la aplicación de la Ley de Dependencia en Andalucía.
1. En Andalucía hay actualmente 251.080 prestaciones concedidas, el 27% del total nacional
2. En total hay 183.186 personas beneficiarias, lo que representa el 25% del total nacional.
3. El Servicio de Ayuda a Domicilio atiende a 48.002 andaluces , el 40% del conjunto de España (124.920).
4. 177.000 personas son beneficiarias del Servicio de Teleasistencia, de las que 63.695 están en situación de dependencia (más de la mitad de las 127.294 registradas en España).
5. La Administración autonómica ha destinado unos 5.400 millones de euros al desarrollo de la Ley de la Dependencia desde su entrada en vigor en 2006.
6. Los presupuestos de 2013 consignan una partida inicial de 1.108 millones para la Agencia de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Andalucía,
7. Los recortes estatales supondrán este año una merma presupuestaria de 125 millones de euros.
Los expedientes de miles de dependientes están en el olvido en Bienestar Social valenciano
Carolina Martínez es madre de un pequeño que sufre una enfermedad rara. Pablo, que así se llama, requiere de una atención las 24 horas del día. En abril del año 2011 se solicitó la ayuda por la ley de dependencia y todavía hoy la familia está batallando. «No tienen vergüenza, pero yo voy a seguir luchando», afirma Carolina.
Su caso es uno de los miles de expedientes que están bloqueados en la Conselleria de Bienestar Social, tal y como denuncian desde el Cermi (Comité de Entidades Representantes de personas con discapacidad de la Comunitat) y la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia. Ambos colectivos cifran en cerca de 11.000 los expedientes que están pendientes en la Comunitat, que se encuentran en el olvido, -algunos desde el año 2010- y lamentan las rebajas que están sufriendo los afectados por una discapacidad en sus valoraciones una vez que la Administración las revisa de oficio o porque eran provisionales.
«La ley está paralizada», asegura el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley en Alicante, Miquel Martorell, quien reconoce que, además del copago, estas rebajas en las valoraciones están provocando quejas por parte de dependientes que comprueban que se han quedado con una ayuda de solo 20 euros. «Las revisiones del PIA normalmente son a peor, en el sistema no se están reponiendo casos pese a los fallecimientos y con los nuevos plazos que han dado estos once mil casos no entrarán hasta el año 2015», asegura Martorell, que lamenta la falta de respuesta por parte de la Administración e insiste en el tijeretazo que ha sufrido la ley.
Una opinión que comparten desde el Cermi. Entidad que representa al 95% de las más de 400.000 personas con discapacidad en la Comunitat y que aglutina a 14 federaciones. Para Esperanza Adriá, técnico de proyectos, la falta de presupuesto es lo que está provocando tantos problemas en la aplicación de la normativa. Una ley que ya comenzó mal desde el principio.
Recuerda que entre esos 11.000 casos no solo hay adultos sino también menores de edad que llevan años a la espera de recibir una prestación y con una discapacidad severa. El problema es que no todas las familias pueden acudir a la Justicia para reclamar sus derechos por una cuestión económica, que ahora se ha agravado con el copago que la Conselleria de Sanidad seguirá aplicando al justificar que se trata de una normativa estatal.
Adriá remite al caso que están viviendo Cristina y su hijo Pablo. Un pequeño, que tal y como explica su madre, es «totalmente dependiente». En abril de 2011 solicitó la ayuda. Su hijo tenía entonces 18 meses y en agosto le realizaron la valoración. Sin embargo, hasta finales de enero de este año no recibió la resolución, pero dándole una grado de discapacidad menor al que su madre considera. Su sorpresa fue cuando un mes después, -todavía no ha recibido la ayuda- recibió otra carta de la Administración donde le informaban que su caso ya tenía que ser revisado.
«Es muy triste y te da mucha impotencia. Ahora se supone que tenemos que empezar de cero, ¿cuándo va a recibir mi hijo la ayuda? Estoy siempre con quejas porque no puedo meterme en un abogado y esta semana presentaré otra. Hay que darles la paliza».
El pasado miércoles, el presidente del Consell, Alberto Fabra, anunció que crearía instrumentos para atender las situaciones «injustas» que sufre el colectivo. Este periódico se puso en contacto con Bienestar Social para preguntar en qué consistiría y que ocurría con los 11.000 expedientes bloqueados, pero no ha recibido respuesta.
La Junta de Andalucía avisa de que las CC.AA. no pueden asumir las tareas de los ayuntamientos en dependencia
La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha advertido de que para las comunidades autónomas será «inasumible» la asunción de las actuales tareas que actualmente vienen desarrollando los ayuntamientos en materia de prestación de servicios sociales y atención a la dependencia, «si el borrador de Ley de Reforma de la Administración Local que prepara el Gobierno central –y que contemplaría este cambio de atribuciones–, no lleva consigo una aportación financiera adicional a las CC.AA.».
Durante su comparecencia en la Comisión de Salud del Parlamento andaluz a fin de informar sobre la situación del sector de la atención a las dependencias, a petición de IU, Montero ha señalado al respecto que el Gobierno andaluz, «siempre ha apostado por el modelo de la descentralización, situando a los servicios sociales municipales en el primer lugar en el desarrollo de la dependencia».
Frente a ello, ha reprochado que el borrador de Ley de Reforma Local «está cuestionado ahora el modelo de ayuda a domicilio y de residencia de mayores y centros de internamiento de titularidad municipal», a la par que «vulnera el Estatuto de Autonomía, con especial interés en la manera y forma en que se desarrolla estas prestaciones».
«Lo que más nos preocupa es que se privatice el ámbito del bienestar social, se arrebate a los municipios su capacidad de acción en este parcela y las CC.AA. no se les dote económicamente para poder desarrollar esta tarea que ahora hacen las corporaciones locales», ha enumerado Montero, quien ha insistido en que la asimilación de estas nuevas atribuciones por parte de las administración autonómicas sin dotación financiera adicional «sería inasumible».
Al hilo de ello, Montero ha detallado el peso que representa Andalucía en el conjunto del país en este tipo de prestaciones, «como lo muestra el que representamos casi el 25 por ciento de todas los personas beneficiarias en España o, lo que es lo mismo, que una de cada cuatro españoles con prestación reconocida son andaluces».
La titular del ramo ha agregado, asimismo, que Andalucía también es «la primera comunidad en número de prestaciones por persona, por encima incluso de las que suman conjuntamente las comunidades de Madrid, Galicia, Castilla la Mancha y Valencia». De hecho, ha detallado que, a 28 de febrero de 2013, «en Andalucía había 254.300 prestaciones y más de 185.400 personas beneficiarias», unas cifras «muy importantes», ya que, según ha defendido, «Andalucía sigue siendo la CC.AA. con mayor número de beneficiarios».
INVERSIÓN ANDALUZA Y DESINVERSIÓN NACIONAL
Ha proseguido que desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, en Andalucía se ha invertido 5.400 millones de euros en el desarrollo de esta ley. Respecto al cierre del ejercicio 2012, ha dicho que la inversión en dependencia fue de 1.335 millones de euros, de los que la Junta aportó el 75 por ciento y el Gobierno central sólo el 25 por ciento, «lo que dificulta de forma extraordinaria el que las CC.AA. pueda afrontar el desarrollo de la ley de una forma óptima».
De hecho, ha acusado al Ejecutivo de Mariano Rajoy de una retirada progresiva de la financiación en materia de Dependencia, lo que ha supuesto, sólo en el caso andaluz y en los últimos dos año, «214 millones de euros que ha dejado de ingresar nuestra comunidad».
«El esfuerzo de Andalucía es titánico para que no se note, que además ha sufrido un recorte de un 68 por ciento al plan concertado, lo que ha supuesto pasar de 17 a 5,3 millones de euros».
A ello, ha añadido las nuevas medidas del Gobierno de la Nación del copago de servicios, la reducción del 15 por ciento en las prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar, la eliminación del pago de las cuota de las cuidadoras a la Seguridad Social o el retraso hasta 2015 de la entrada de personas con dependencia moderada en el sistema.
ANDALUCÍA PRIMA LOS CUIDADOS DOMICILIARIOS
Montero ha defendido también que en Andalucía se prima la permanencia de la persona en su domicilio, con prestaciones dentro de su casa con la ayuda a domicilio, disponiendo de 48.500 beneficiarios andaluces en este escalón, un 40 por ciento del total nacional. «En Andalucía se financian al cien por cien estos servicios, destinando 1.164 millones a ayuda a domicilio».
Ha agregado que la comunidad andaluza es la primera región en número de empresas de economía social, «con 7.350 y muchas de ellas con los sectores creados al amparo de la propia Ley», y ha agregado que «crean empleo de calidad y un nuevo modelo productivo en el que también tenemos que basar nuestra economía».
En Andalucía, ha proseguido, hay 40.700 plazas concertadas en 1.294 centros, correspondiendo 14.500 plazas al sector de la discapacidad. Respecto al modelo de cheque servicio o cheque residencia para poder ser atendido, ha criticado que con ello el Gobierno central «pretende que el ciudadano se busque la vida».
Respecto al debate de modelo de atención a la dependencia que se está implantado en las distintas CC.AA., ha puntualizado que en Madrid «hay mas tradición de que las personas se queden en residencias, una ‘foto’ que no es igual a la de Andalucía, en la que la red familiar tiene mucho más peso».
Directores de Servicios Sociales piden al Gobierno que se preocupe de los dependientes que «morirán sin recibir ayudas»
El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez Navarro, ha acusado al Gobierno de utilizar el Informe del Tribunal de Cuentas sobre los cobros indebidos para dependencia por parte de las comunidades autónomas y pide que se preocupe por las 227.000 personas que están «en el limbo de la dependencia» y que «morirán sin recibir las ayudas a las que tienen derecho».
En declaraciones a Europa Press, Ramírez ha recordado que esta son cifras previas al año 2011 e insiste en que se trata de una «maniobra de distracción» por parte del Gobierno «para después poder excusar sus recortes en materia de dependencia». «Se está demonizando a los muertos y a sus familias» cuando «no ha supuesto ningún enriquecimiento injusto ni lucro», según ha apostillado.
En este sentido, el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha explicado que «lo que hay que hacer es agilizar el sistema y no entorpecer más». Así, ha añadido que «en el caso de que haya familias que cobren de manera indebida, la comunidad la administración se encarga de incoar un expediente de reintegro, igual que ocurre con las pensiones no contributivas».
«En virtud de esta maniobra preparan un nuevo Decreto donde de manera perversa utilizando la excusa de la transparencia quieren estrangular el sistema», ha sentenciado Ramírez, a la vez que compara esta situación con «la campaña de desprestigio de las cuidadoras no profesionales –en 2012– que sirvió después para recortar la prestación económica y expulsarlas de la seguridad social».
Familiares de dependientes fallecidos acuden al juzgado para que el Consell les pague la ayuda
Familiares de dependientes ya fallecidos están demandando a la Conselleria de Bienestar Social para poder cobrar las ayudas que tenían aprobadas y que nunca recibieron. Con motivo de la muerte del beneficiario, el departamento dirigido ahora por Asunción Sánchez Zaplana dio por amortizadas estas subvenciones que, según reveló el Tribunal de Cuentas, sí que habrían cobrado del Ministerio de Sanidad.
En una de las demandas a las que ha tenido acceso este periódico, los familiares aseguran que «el fallecimiento del titular de la ayuda no es óbice para considerar que no proceda el pago de la misma, pues los gastos se han causado hasta la fecha del fallecimiento, como en su momento se acreditó con las facturas del coste de la residencia».
Estos familiares defienden que mantuvieron informada a la conselleria en todo momento y que no han recibido respuesta, y eso que la ayuda les fue aprobada desde 2008. «Esta parte desconoce qué actuaciones ha podido llevar a cabo el organismo responsable de la Conselleria de Bienestar Social, por cuanto no se le ha notificado actuación alguna por su parte, habiendo tenido en todo momento conocimiento de la existencia de legítimos herederos por parte del causante, tal y como se ha acreditado en los documentos adjuntos, por lo que no puede haber declarado desconocido el acreedor de las cantidades aprobadas», defienden los demandantes.
Como contó ayer este periódico, el Tribunal de Cuentas ha solicitado a la Generalitat que devuelva 2,1 millones de euros al Imserso, dependiente del Ministerio de Sanidad, por haber cobrado subvenciones de dependientes fallecidos. Se trata de los subsidios de mínima protección aprobados durante cinco años a casi mil dependientes y por los que se habría percibido un dinero que no se entregó a nadie.
EUPV pide una investigación
La diputada de EUPV en las Corts Esther López Barceló anunció ayer que la formación de izquierdas preguntará al Consell por el informe realizado por el Tribunal de Cuentas sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunitat Valenciana y que pedirá la creación de una comisión de investigación en la Cámara sobre la gestión de las ayudas por parte del Gobierno valenciano. «Resulta obsceno que el PP haya estado criticando constantemente la falta de financiación para la aplicación de la Ley de la Dependencia cuando el Tribunal de Cuentas le exige 2,1 millones de euros en ayudas a dependientes que murieron antes de recibirlas», denunció la diputada.
Para Esther López, los problemas con la aplicación de la normativa vigente son motivados por «la desidia, la dejadez y el consciente boicot del PP». Para la parlamentaria autonómica, «los derechos sociales en el País Valenciano se están dejando de garantizar» y en aquello referido a la aplicación de la Ley de la Dependencia, «tenemos uno de los ejemplos más palpables de la mala gestión del PP valenciano».
Los trabajadores sociales asturianos arremeten contra la política de la Consejería de Bienestar
Peligro de desigualdad en el acceso a las prestaciones sociales, riesgo de «discrecionalidad política» a la hora de otorgar las ayudas, falta de líneas claras de actuación, colapso administrativo e, incluso, un «estilo de liderazgo» poco adecuado. Los trabajadores de los Servicios Sociales públicos del Principado han arremetido con dureza contra la política de la Consejería de Bienestar Social, en una carta dirigida al presidente regional, Javier Fernández, que también ha sido enviada a los grupos políticos con representación parlamentaria, a la Procuradora General del Principado, a los sindicatos y a la Federación Asturiana de Concejos, que precisamente hoy celebrará una reunión para analizar el problema de implantación del plan concertado de servicios sociales de este año.
La carta sale a la luz en plena polémica entre la Consejería de Bienestar Social y varios municipios dirigidos por los conservadores (PP y Foro) por los cambios introducidos en el plan que debe financiar las prestaciones sociales básicas, tras los recortes aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Los empleados públicos -avalados por otros asistentes sociales asturianos- acusan a la Consejería de implantar una política que «sigue fielmente» las directrices marcadas por Madrid, en contra del programa electoral de los socialistas y que puede acabar «con el desmantelamiento progresivo del actual sistema público de Servicios Sociales». Los trabajadores expresan en la carta «preocupación por el contenido, la trascendencia y las formas de las decisiones» que se adoptan en la Consejería. Unas decisiones, añaden, que se deben «a la inexistencia de un marco conceptual que defina y concrete de forma clara las principales líneas de la política social».
Una de las inquietudes que expresan los trabajadores se centra en el plan concertado de 2013. «Los riesgos de la desigualdad para el acceso y distribución de los recursos a los ciudadanos(…) preocupan a los profesionales responsables de su gestión, pues ante la carencia de directrices técnicas e incertidumbre del escenario económico, pudiera interponerse la discrecionalidad política» para otorgar las prestaciones sociales básicas. También afirman que el nuevo plan concertado «pone en juego la pervivencia de los equipos de profesionales de los Servicios Sociales municipales».
Los asistentes sociales también muestran su inquietud por el recorte a un máximo de 20 horas mensuales del servicio de ayuda a domicilio, ya que consideran que desvirtúa el objetivo del plan, que es «mantener a las personas en su medio habitual de vida y convivencia».
Respecto a la implantación de la ley de Dependencia, critican que desde su aprobación, hace 6 años, se ha desarrollado de forma ajena al sistema público de Servicios Sociales, con el que compite por los recursos económicas. «No sólo no se ha planteado la integración de ambos sistemas, sino que se continúa avanzando» en su implantación «a costa del desmantelamiento del sistema público de Servicios Sociales», afirman.
El colectivo de trabajadores concluye su escrito asegurando que, a su juicio, los responsables de la Consejería, de la que es titular Esther Díaz, ex alcaldesa de Langreo, «no han demostrado tener capacidad ni estar a la altura de momentos tan difíciles. Prueba de ello es el colapso de la gestión administrativa en las prestaciones de dependencia y salario social; la maraña jurídico-administrativa existente, la proliferación de instrucciones contradictorias y el menosprecio a la labor de los técnicos y sus propuestas.
Más de 15.500 asturianos reciben prestaciones de la Ley de Dependencia
Un total de 15.566 personas reciben actualmente en Asturias prestaciones de la Ley de Dependencia, según ha informado hoy consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, que ha cuantificado en 14 millones de euros el recorte que el gobierno del PP ha llevado a cabo en materia de servicios sociales.
La consejera ha ofrecido estos datos al comparecer hoy ante la Comisión de Bienestar Social de la Junta General del Principado.
La cifra de beneficiarios es la obtenida a finales de marzo, tras actualizar el número de expedientes incluidos en el registro informático del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SISAAD), un proceso que se ha compatibilizado con la incorporación de nuevos beneficiarios.
La consejera ha destacado ante la Comisión de Bienestar Social que el Servicio de Atención a la Dependencia prácticamente ha completado la mecanización de expedientes en el registro del SISAAD y que únicamente quedan algunos por grabar por causas técnicas.
En septiembre de 2012 había 2.500 expedientes que no tenían reflejo alguno en las estadísticas mensuales del Imserso porque no estaban dados de alta en la aplicación informática del SISAAD, según ha informado la Consejería en un comunicado.
Esta situación provocaba que el Principado dejara de ingresar, por parte del Estado, el nivel mínimo garantizado correspondiente a dichos expedientes, que ahora comenzará a recibir.
En el mes de octubre, parte del personal del Servicio de Atención a la Dependencia se dedicó a poner al día el registro.
Díaz ha cifrado también en más de 14 millones de euros el recorte del Gobierno de Mariano Rajoy en su aportación a los servicios sociales en Asturias, que se ha aplicado a la dependencia y los planes concertados, al tiempo que se ha suspendido la contribución económica al servicio de teleasistencia municipal.
La titular de Bienestar Social ha señalado que, a pesar de las grandes dificultades económicas que existen, desde el Principado se ha realizado un gran esfuerzo presupuestario para «minimizar el impacto de los recortes».
El Gobierno de Navarra extiende a los dependientes severos las ayudas para la contratación de un asistente personal
Los dependientes severos de Navarra también podrán beneficiarse de las ayudas económicas que presta el Gobierno de Navarra para la contratación de un asistente personal. Hasta este momento únicamente podían optar a ellas los grandes dependientes.
Asimismo, se han reducido de 120 a 80 las horas mensuales mínimas del contrato para los asistentes personales. Estas son las dos principales novedades que se recogen en la orden foral del consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, publicada recientemente en el Boletín Oficial de Navarra, según ha informado el Ejecutivo foral en un comunicado.
Con estas ayudas, enmarcadas en el sistema para la autonomía y atención a la dependencia, el Gobierno de Navarra pretende fomentar la vida independiente de estas personas, su autonomía personal y favorecer su permanencia en el entorno habitual.
Pueden optar a las ayudas para asistente personal aquellas personas que tengan reconocida una situación de gran dependencia (nivel 3) o dependencia severa (nivel 2), que sean mayores de edad y que desempeñen un trabajo remunerado con alta en la Seguridad Social o participen en cualquier tipo de enseñanza superior.
Asimismo, deberán tener capacidad para determinar por sí mismas los servicios que requieren, ejercer su control e impartir instrucciones a la persona encargada de su asistencia. En caso de incapacidad legal, este último requisito se exigirá a quien ejerza la guarda y custodia de la persona dependiente.
La cuantía de las ayudas, que pueden solicitarse a lo largo de todo el año, variará en función de la capacidad económica de las personas beneficiarias, calculada teniendo en cuenta tanto la renta como el patrimonio, y su grado de dependencia.
De este modo, las ayudas a grandes dependientes podrán oscilar entre los 1.214,83 euros al mes y los 485,93 y las de dependientes severos entre los 723,94 y los 289,58. En ningún caso la ayuda económica será superior al coste de contratación.
Por su parte, las personas empleadas deberán ser idóneas para desempeñar las funciones propias de asistencia personal y la contratación se realizará de acuerdo a las normas generales y con alta en la Seguridad Social.
