Bienestar Social
La Comisión Europea distingue a Euskadi por su gestión del envejecimiento activo y saludable
El consejero de Salud del Gobierno vasco, Jon Darpón, acompañado de la directora de Investigación e Innovación, Maria Agirre en representación de las instituciones vascas (Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, y los socios privados, académicos y tecnológicos) recogió en Bruselas el premio Reference Sites 2013, concedido por la Comisión Europea a Euskadi por la labor referencial de estos últimos años en el abordaje integral del envejecimiento activo y saludable basado en la innovación.
Este reconocimiento se enmarca en el programa europeo European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, una iniciativa piloto cuyo propósito es aumentar para 2020 la esperanza de vida saludable en dos años.
En concreto, los Reference Sites o Áreas de Referencia distinguen aquellos consorcios o coaliciones de regiones, ciudades u hospitales que hayan destacado por sus buenas prácticas a la hora de afrontar el envejecimiento activo y saludable desde la innovación, logrando además resultados positivos y sinergias entre diferentes acciones.
Es el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, a la que se han concedido tres estrellas –máxima puntuación otorgada esta edición- que identifican a los “modelos de excelencia” considerados referentes para otras organizaciones y administraciones. El número de estrellas se determina en función de criterios de innovación, impacto, valor añadido, cobertura poblacional, adaptabilidad a otras regiones, etcétera.
La candidatura vasca, una de las 54 participantes, incluía acciones en el ámbito de la Prevención, Monitorización y Diagnóstico Precoz; los Cuidados y la Atención; el Envejecimiento Activo y Vida Independiente; y la Horizontalidad de las políticas.
Tras la ceremonia, la vicepresidenta Neelie Kroes; la directora general de DG Sanco, Paola Testori; y el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpón, subrayaron la apuesta de la Administración vasca por la innovación y la investigación, incluso a pesar de la crisis económica. Según señaló el consejero, “el premio es un reconocimiento a todas y cada una de las personas que a lo largo de estos últimos años han contribuido de una u otra manera a situarnos en parámetros de excelencia y a la vanguardia de la transformación del sistema sanitario para ofrecer en cada momento el mejor cuidado de la población”.
La Generalitat de Catalunya reclama al Estado la gestión del IRPF dedicado al tercer sector
La consellera de Bienestar Social, Neus Munté ha convocado hoy una reunión de emergencia con representantes del Tercer Sector para informar de los contenidos del último Consejo Territorial de Servicios Sociales, a los que ha trasladado la necesidad de que el Estado traspase la gestión del 0,7% del IRPF para fines sociales.
Desde el Govern se reclama que la Generalitat tenga la «competencia exclusiva» para gestionar los recursos que se generan gracias a la «cruz de la solidaridad» en la declaración de la renta y que suponen el 0,7% del IRPF, según ha declarado a EFE Neus Munté.
La consellera también ha dicho que el objetivo de la reunión es crear junto a los representantes del tercer sector «estrategias comunes de cara al futuro, ya que desde el Gobierno se manifiesta una voluntad de no cumplir con las sentencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo».
Los órganos judiciales han establecido que, tanto las bases como la convocatoria de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación del 0,7% del IRPF, vulneran las competencias autonómicas de gestión de subvenciones.
Las sentencias añaden que la Generalitat es la responsable de tramitar, resolver y pagar estas ayudas, en el marco de sus competencias exclusivas.
La consellera ha explicado que «por parte del Gobierno del Estado existe la intención de que sólo las entidades de base supraterritorial, es decir, que estén implantadas en más de una comunidad autónoma, puedan ser beneficiarios de estos programas».
Este año «se ha podido impedir», es decir que este año las entidades de base únicamente catalana, sociales y mercantiles, podrán también concurrir en esta convocatoria.
La consellera ha destacado la importancia de prepararse y establecer estrategias conjuntas de cara al próximo año, en que el Estado prevé realizar definitivamente el cambio de modelo.
El segundo tema discutido en la reunión es que, según la consellera, existe «un desajuste, como ocurre en muchos otros ámbitos, de recursos que se generan aquí pero que en cambio no vuelven».
Según cálculos del departamento de Bienestar Social y Familia, Cataluña aporta el 25% del total de la recaudación estatal del 0,7 del IRPF para fines sociales, pero sólo recibe el 14%, lo que supone más de 20 millones de euros que anualmente no retornan de Madrid.
Las organizaciones sociales apoyan al departamento para que exija la gestión de las subvenciones para programas de cooperación y voluntariado, tal y como reconocen sentencias del TC y del Supremo.
El director de la Fundació Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol ha explicado a Efe que «lo que preocupa en primer lugar a las organizaciones sociales es que lleguen esos recursos del 0.7% para atender carencias sociales y en ese sentido parece que este año se ha salvado».
Josep Oriol Pujol también ha dicho que el pulso entre el Gobierno central y la Generalitat es muy complejo, ya que están implicadas organizaciones sociales catalanas que dependen de organizaciones de ámbito estatal.
La presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), Cinta Pascual, ha matizado que aunque este año se ha conseguido salvar la situación, «llevamos mucho tiempo pidiendo que los planes de valoración se hagan aquí en Cataluña y la victoria sería que hiciera caso a estas reivindicaciones».
Es especialmente preocupante, según la presidenta de ACRA, que la mayoría de los proyectos del tercer sector sean proyectos de continuidad, ya que cada año dependen de que llegue la ayuda para poder ofrecer el servicio un año más.
Las entidades convocadas a la reunión han sumado cerca de ochenta, entre ellas la Mesa del Tercer Sector Social, Entidades Catalanas de Acción Social, Cáritas, Cruz Roja, Raíces, Casal de los Niños, FEDAIA, Esplais Catalans, ECOM, ACRA, Instituto Guttmann o la Federación Catalana de Voluntariado Social.
Clínicas privadas y sector turístico se unen para crear un clúster que atraiga turismo sanitario a España
El objetivo es posicionar a España como un referente en el mercado del turismo sanitario y atraer a flujos de pacientes hacia los centros sanitarios y las infraestructuras turísticas. «Pretendemos crear un producto atractivo para los mercados internacionales ya que el sistema sociosanitario español es uno de los mejores del mundo por los servicios de calidad que ofrece a precios competitivos», ha comentado el presidente del Clúster, Íñigo Valcaneras.
De hecho, según el estudio de mercado sobre el turismo sanitario de la FNCP, el volumen total de negocio registrado por los países receptores de turistas sanitarios supera los 5.600 millones de euros –7.400 millones de dólares–. En el caso de España, el mercado ronda los 140 millones de euros aunque, gracias a las medidas propuestas por el estudio, entre las que figura la creación de este clúster, se espera que esta cifra crezca hasta los 500 millones de euros.
Por tanto, la iniciativa creada contribuye a mejorar la competitividad de las empresas que lo forman y, al mismo tiempo, de la región en la que se encuentran. Además, a partir de él, se va a poder diseñar un producto que abarque toda la cadena de valor del turismo sanitario a nivel global y que sea específico para cada mercado.
«El sector turístico reconoce al sector de salud su calidad y capacidad de gestión competitiva, su cartera de servicios, así como su legítima interlocución ante las administraciones sanitarias. Asimismo, el sector de la salud reconoce al sector turístico español su experiencia en al conformación de productos líderes en el mercado internacional, así como su legítima interlocución con las autoridades sanitarias», ha apostillado Valcaneras.
EL SECTOR SANITARIO DARÁ VALOR Y EL TURÍSTICO EXPERIENCIA COMERCIAL
Estas declaraciones han sido corroboradas por el presidente de ANBAL, Miguel Mirones, quien ha señalado que el ámbito sanitario va a ser quien aporte el valor técnico de la oferta, y el turístico la experiencia de comercialización y configuración del producto.
Así, ha recordado que desde el siglo XIX los balnearios han atraído a turistas que planificaban sus vacaciones desde la óptica de la salud y que gracias al avance actual de la Medicina y con la creación de este clúster, España puede convertirse en un «gran destino» turístico en el que, manteniendo los balnearios su espacio, se incorporen productos que necesiten la participación de la red hospitalaria y de la asistencia sociosanitaria española.
Por su parte, el presidente de CEHAT, Juan Molas, ha destacado la importancia de que la oferta turística sanitaria se centre en los mercados internacionales más importantes, tales como Inglaterra, Francia, Bélgica o Noruega, y muestre que los hoteles españoles tienen la relación calidad-precio «mejor» de Europa y que los centros sanitarios cuentan con un «altísimo» reconocimiento internacional.
«El objetivo es conectar con los miles de visitantes que puedan estar interesados en acudir a los mejores centros sanitarios. Además, con la puesta en marcha de este nuevo producto específico, ampliamos nuestra oferta, lo que sin duda significa un valor añadido más para la dimensión hotelera española», ha apostillado, para recordar que en ciudades como Barcelona hay hoteles que tienen un mayor volumen de ocupación gracias a que están situados cerca de centros clínicos.
Asimismo, el presidente de CEAV, Rafael Gallego, ha afirmado que se trata de una «gran oportunidad» para competir con países como Tailandia o Rusia donde están más avanzados, en cuanto a turismo sanitario se refiere.
Por último, el presidente de FED, José Alberto Echevarría, ha lamentado que el sector sociosanitario español sólo esté recibiendo «recortes» y se ha alegrado por este acuerdo ya que, a su juicio, apostar por el turismo sanitario es apostar «a futuro» desde el convencimiento que el sector de la dependencia debe crecer por distintas vías e innovando y, ha zanjado, una de ellas «es el turismo de salud».
Cospedal se escuda en la lucha contra el fraude para ‘meter’ un tijeretazo en las ayudas a la dependencia
El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por María Dolores de Cospedal, tiene el firme propósito de ‘meter’ un tijeretazo a la Ley de Dependencia. La perfecta excusa sería la lucha contra el fraude.
O, al menos eso se desprende de una carta la que ha tenido acceso EL BOLETIN enviada a la Plataforma Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha por el Gabinete de La Presidencia de la Junta.
En esta misiva se dice textualmente que “se está tramitando un cambio normativo que evitará la posibilidad de cobro por parte de herederos y que la persona fallecida tenga derecho a seguir cobrando hasta el día último del mes en que han muerto”.
O lo que es lo mismo, que las autoridades dejarán sin cobrar la ayuda correspondiente a un mes completo a los cuidadores del dependiente que haya fallecido. Sólo percibirán la cantidad proporcional a los días que permaneció vivo.
Como hemos dicho antes, la Junta justifica el recorte por la necesidad de luchar contra el fraude. En la carta se asegura que, según el IMSERSO, en la comunidad se estaban “constatando pagos indebidos del Estado como consecuencia del mantenimiento de personas fallecidas en el sistema estadístico de dependencia de Castilla-La Mancha”, para justificar los recortes en las ayudas.
Las declaraciones efectuadas ayer a este periódico por el portavoz de las plataformas en defensa de la Dependencia coinciden con lo que dice la carta. Además del criticar este próximo cambio en la ley, José Luis Gómez comentó que quien dirige la política nacional de dependencia por encima de la ministra de Sanidad, Ana Mato y que el recorte sería primero en Castilla-La Mancha y después se aplicaría en el resto del país.
A pesar de que la carta está firmada por la Jefa del Gabinete de Comunicación de La Presidencia de Castilla-La Mancha, María Gema Pérez Abad, desde la Junta se asegura no estar al tanto de ese proyecto de recorte tras los requerimientos de este diario al respecto.
Cataluña pide que retornen a la comunidad 20 millones para asuntos sociales
La consejera de Bienestar Social de Cataluña, Neus Munté, ha pedido hoy al Gobierno que se devuelvan a su comunidad los aproximadamente 20 millones de euros al año que los catalanes destinan a asuntos sociales en la casilla de la declaración de la renta.
Antes de participar en el Consejo Territorial de Asuntos Sociales y del Sistema de Autonomía y de Atención a la Dependencia (SAAD), ha señalado que acudía con la expectativa «de ver como avanza» la cesión de la parte del IRPF que se dedica a asuntos sociales.
Ha recordado que son numerosas las sentencias del Tribunal Constitucional, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo «que reconocen año tras año la competencia exclusiva» de Cataluña para la gestión de los servicios sociales» y «advierte al Estado de que debe territorializar esos fondos».
Tras insistir en que eso no sucede así, Munté ha dicho que Cataluña es una comunidad muy solidaria y esa solidaridad «no tiene un justo retorno desde el punto de vista económico».
Ha defendido que esas aportaciones «vuelvan de la forma más justa posible», porque son recursos «para las entidades sociales» que realizan proyectos muy importantes, especialmente dirigidos a los colectivos con mayor riesgo de exclusión social y pobreza.
La consejera ha considerado que, «en estos momentos, esto es fundamental».
Respecto al sistema que se iba a discutir sobre el baremo de dependencia, ha considerado que es excesivamente intervencionista desde el punto de vista del control y de la fiscalización.
A su juicio, hay que compartir datos, pero eso «no se puede convertir en una fiscalización o en una desconfianza sobre la gestión de los fondos y del sistema de la dependencia».
Se ha lamentado de que les piden «muchos datos y certificados» que siempre han aportado, pero el nuevo sistema es «excesivamente intervencionista» y complica «el día a día».
Sanidad opina que el número de Grandes Dependientes atendidos es «elevado» y lo atribuye a un mal uso del baremo
La Evaluación 2012 del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) que la ministra de Sanidad, Ana Mato, presentará mañana a las Comunidades Autónomas en el Consejo Territorial del ramo, considera que hay un «elevado» número de personas declaradas Grandes Dependientes (Grado III) y lo atribuye a «un uso inapropiado del baremo de valoración» con el que se diagnostica la situación que tiene cada persona.
El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, analiza los datos del SAAD entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero de 2013 y señala que de 1,26 millones de personas valoradas y con derecho a prestación, 394.777 estaban localizadas en el Grado III, un 31,27 por ciento, que es «casi el doble de lo previsto» en el Libro Blanco de la Dependencia, redactado en 2007.
«A 31 de diciembre de 2011 este porcentaje era aún mayor: el 33,74% de personas reconocidas en Grado III (431.811 beneficiarios)», expone el documento, que destaca no obstante que, «en este año ha descendido en 2,5 puntos porcentuales» el peso de la población con un mayor nivel de dependencia.
El texto recoge «posibles causas de esta situación» que «se resumen en el uso inapropiado del baremo de valoración» aunque, conforme explica, «puede ser que confluyan también otros factores» como «que se han realizado reconocimientos de grado mediante la denominada ‘pasarela’ de personas ya atendidas».
«Otra razón de este número tan elevado de personas reconocidas en Grado III pudiera ser que la financiación viene directamente relacionada con el grado de dependencia reconocido», plantea el informe del Ministerio de Sanidad.
La evaluación dedica un capítulo a comparar el sistema de dependencia español con los de Alemania, Austria y Francia y, tras destacar que los baremos muestran «importantes diferencias» en cada uno, asegura que «sin duda el más generoso es el español».
Según afirma, con los criterios que aplican los alemanes 163.000 personas atendidas en España se quedarían fuera del sistema y en Francia, 463.000 no llegarían a entrar. En este país se excluye de la atención a la dependencia a las personas menores de 60 años y no tienen Grado I en su clasificación.
«Si nos centramos en los casos de Alemania y Austria, los más parecidos a España, tenemos que las personas valoradas en Grado III son un 11,9 y un 15,66%, respectivamente, mientras que en España este porcentaje, a 1 de enero de 2013, se eleva al 31,27%», explica el informe.
La implantación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia retrocedió en trece comunidades autónomas durante el primer semestre del año
La implantación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia retrocedió en trece comunidades autónomas durante el primer semestre del año, entre ellas, en Andalucía, que pasó de obtener una nota de un 5,4 a suspender con un 3,8, según la Escala de Valoración Territorial que semestralmente realiza el Observatorio de la Dependencia, que sitúa la media nacional en un suspenso, con una nota de 4,38 sobre diez, el nivel más bajo desde diciembre del año 2009.
Los retrocesos de las 13 regiones son especialmente agudos en Navarra, cuya puntuación ha caído de 7,1 a 5,8 en seis meses, aunque sigue por encima de la media, y en Andalucía, donde el descenso deja a la región en un suspenso.
Les siguen en caída Castilla-La Mancha y Galicia, que pierden las mismas ocho décimas y se quedan con un 5; Madrid, que pasa del 3,8 a un 2,9 y las ciudades de Ceuta y Melilla, donde los niveles caen del 2,1 al 1,3. No obstante, también retroceden La Rioja, Cataluña, Extremadura, Asturias, Canarias, y Comunidad Valenciana (todas pierden un 0,4) y Aragón, que cae un 0,5. Mientras, Murcia y Baleares se quedan como están.
Con todo, el ranking nacional de implantación sigue en línea con el registrado en los últimos periodos analizados: en la cabeza están Castilla y León con un 9,6; País Vasco, con un 8,3 y La Rioja, con un 6,3 y a la cola figuran la Comunidad Valenciana, que tiene un 0,4 sobre 10; Ceuta y Melilla con su citado 1,3 y Canarias, con un 1,7.
Sin embargo, se producen variaciones en función de los indicadores que se analicen. Por ejemplo, Canarias, es la comunidad autónoma con mayor lista de espera: el 51,8 por ciento de los dependientes que han sido valorados y tienen la prestación reconocida están esperando a recibirla. En la Comunidad valenciana esta proporción es del 38 por ciento y en Baleares, del 36.
Esta escala, elaborada por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, combina la puntuación de cero a diez que obtiene cada comunidad autónoma en doce indicadores, que van desde el número de beneficiarios respecto del total de población al equilibrio de prestaciones y servicios o el incremento del número de atendidos en los últimos doce meses.
Así, revela que la media nacional se encuentra en junio de 2013 al nivel más bajo de los últimos cuatro años, tras un descenso sostenido desde diciembre de 2011, cuando llegó al cinco. En junio de 2012 ya había caído al 4,79 y, seis meses después, al 4,72. En junio de este año se sitúa en un 4,38.
CAE EL NÚMERO DE GRANDES DEPENDIENTES ATENDIDOS
Si se atiende al equilibrio entre las prestaciones y servicios, Madrid es la que tiene mejor indicador, con sólo un 25 por ciento de dependientes recibiendo dinero en lugar de asistencia. Le sigue Galicia, con una proporción del 33 por ciento y Castilla y León con un 39,5 por ciento. En el lado opuesto, Murcia, que da prestación económica a más del 80% de los dependientes, y Cataluña, con un 74,6 por ciento, aunque la ley recoge que esta práctica debe ser la excepción.
Otro de los indicadores revela cómo se ha producido un descenso en la incorporación de nuevos dependientes al servicio. En la media nacional, la caída es del 1,37 por ciento en el primer semestre del año, pero en regiones como Aragón (-17,16 por ciento) o Andalucía (-8,7 por ciento) y La Rioja (-8,26 por ciento) es mayor. Por el contrario, en Cataluña el número de atendidos ha crecido un diez por ciento y en Galicia y Asturias algo más del siete.
Sobre este asunto, la escala destaca que en todas las comunidades autónomas menos en Cantabria y País Vasco se ha reducido la cifra de expedientes activos correspondientes a Grandes Dependientes (Grado III), con tasas que llegan a ser del 16,8 por ciento en Aragón, del 14 por ciento en Andalucía y superiores al 12 por ciento en Asturias y Murcia. En el total nacional, esta reducción es del 8,26 por ciento, conforme el estudio.
Plan piloto para la inserción laboral de personas con trastornos mentales
Catalunya iniciará este jueves un plan piloto para facilitar la inserción laboral de personas con enfermedades mentales graves.
El proyecto está basado en un método pionero ideado por la empresa estadounidense Darmouth Psychiatric Research Center, que permite combinar la atención social y sanitaria con la incorporación a un puesto de trabajo ordinario.
Además del Darmouth Psychiatric Research Center, este plan piloto cuenta con el impulso de la Obra Social La Caixa y de las consellerias de Salud, Bienestar Social y Familia, y Empresa y Empleo, cuyos titulares han rubricado este miércoles el convenio que ha dado luz verde al proyecto.
«Este plan piloto permitirá eliminar barreras mentales y combatir la estigmatización de las personas con enfermedad mental», ha valorado en rueda de prensa la consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, que también ha ensalzado el fomento de la igualdad de oportunidades del proyecto.
El objetivo de la iniciativa es mejorar el acceso de las personas adultas con trastornos mentales graves a una ocupación efectiva en empresas ordinarias, mediante la metodología innovadora conocida como Trabajo con Apoyo Individualizado (IPS, por sus siglas en inglés).
La metodología IPS, que se basa en el acompañamiento individualizado de los usuarios, se ha demostrado altamente efectiva para la inserción laboral de las personas con trastornos mentales.
Según la Conselleria Salud, un 25% de la población catalana está en riesgo de padecer en algún momento de su vida este tipo de trastorno.
El conseller de Salud, Boi Ruiz, ha destacado que el plan piloto se ha impulsado con la «complicidad» de las entidades del sector, y se ha mostrado confiado en que su implantación será un éxito.
BARCELONA, GIRONA Y BAIX LLOBREGAT
La iniciativa se pondrá en marcha en Barcelona –Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi y Eixample–, Girona y Baix Llobregat, y contará con el apoyo de las herramientas y profesionales del Programa Incorpora de La Obra Social La Caixa, destinado al fomento de la integración laboral de colectivos vulnerables, entre los que se encuentran las personas con enfermedades mentales.
El conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, ha avanzado que la intención del Govern es «ir más allá» y expandir el plan piloto a otros puntos del territorio catalán, además de convertir este programa en uno de los ejes básicos de la inserción sociolaboral de las personas con trastornos mentales.
El director general de la Obra Social La Caixa, Jaume Lanaspa, ha recordado que el Programa Incorpora ha permitido la inserción laboral de 56.000 personas vulnerables, como mujeres maltratadas, jóvenes y reclusos.
«Es un orgullo poder trabajar ahora también con personas con trastornos mentales», ha valorado Lanaspa, que ha destacado la importancia de la inserción laboral de los colectivos más desfavorecidos para la cohesión social.
La Seguridad Social dispondrá de otros 3.500 millones del Fondo de Reserva
La Seguridad Social dispondrá de otros 3.500 millones de euros del Fondo de Reserva -la denominada «hucha de las pensiones»- para abonar las pensiones.
En un comunicado, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, señala que dispondrá de dicha cantidad el 1 de julio porque en ese mes se produce una «importante necesidad» de financiación para hacer frente a la mensualidad ordinaria y a la paga extraordinaria.
Precisa que el saldo de tesorería a cierre de junio «no permite afrontar el pago de las prestaciones» sin tener que recurrir al fondo de reserva.
Según Empleo, el desembolso de julio se produce en un contexto de disminución del saldo de tesorería, que se explica porque la recaudación bajó el 1,57 % anual y por el crecimiento del número de pensiones, cuyo gasto avanza a una tasa anual del 3,85 % (ambos con datos acumulados hasta junio).
Las transferencias del Estado han hecho posible que durante el primer semestre no se haya tenido que recurrir al fondo de reserva, circunstancia que ha cambiado durante el tercer trimestre, subraya el Ministerio.
En 2012 se utilizaron reservas por valor de 11.683 millones de euros, 7.003 millones del fondo de reserva propiamente dicho y 4.680 del fondo de prevención y rehabilitación.
La ley establece el uso del fondo de reserva en los supuestos de existencia de déficit por operaciones no financieras.
En 2012 el déficit fue de 11.636,22 millones de euros (actualizado a 18 de junio) y para 2013 se prevé que alcance los 14.873 millones.
También puede utilizarse para necesidades hasta un importe máximo equivalente al importe del déficit por operaciones no financieras que pongan de manifiesto las previsiones de liquidación de los presupuestos de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
En este sentido, Empleo señala que el importe que se abona el primer día hábil de julio supera los 14.000 millones y que el día 22 hay que liquidar el IRPF correspondiente a esas pensiones, que se cifra en unos 1.000 millones.
La información sobre los importes que se utilicen, si fuera necesario, del fondo de reserva en el tercer trimestre se elevará al Consejo de Ministros en octubre, tal y como establece la ley.
Consejera catalana de Bienestar Social: «La crisis está haciendo que la brecha social sea más cruel y grande que nunca»
La consejera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, ha alertado este jueves de que «la crisis está haciendo que la brecha social sea más cruel y grande que nunca», aunque ha destacado la labor de contención del Govern para evitar que se amplíen las diferencias.
«Cada vez se pone más énfasis en la brecha social, aunque estamos luchando para que no se acentúe», ha destacado Munté en la inauguración de la IV Conferencia Técnica sobre los programas de crisis e la Creu Roja de Cataluña, celebrada en la Casa del Mar de Barcelona.
Munté ha destacado la colaboración entre la Generalitat y las entidades sociales como Creu Roja en la lucha contra la exclusión social: «Tenemos la suerte de tener un país con un fuerte tejido asociativo que siempre ha estado al servicio de las personas», ha celebrado.
Ha admitido que «las administraciones no pueden hacerlo todo», y ha afirmado que la Generalitat seguirá cofinanciando los programas humanitarios de Creu Roja, tras destacar la importante labor social que realiza en Cataluña.
Aún así, ha advertido de «dificultades de tesorería» de la Generalitat que impiden abonar el conjunto de contratos y subvenciones con las entidades sociales, aunque ha destacado que se trata de casos puntuales y que la mayoría de pagos se realizan con normalidad.
LABOR CONSTANTE
El presidente de Creu Roja de Cataluña, Josep Marquès, ha recordado que «incluso en años buenos ha habido gente que sufría en el país», y ha ensalzado la labor constante de la entidad humanitaria para dignificar a los colectivos más vulnerable.
Marquès ha recordado que el 35% de los recursos de Creu Roja de Catalunya proceden de recursos propios, principalmente socios y patrocinadores empresariales, a quienes ha agradecido su colaboración.
Los colectivos de prioridad más inmediata para la entidad humanitaria son los ancianos, los desempleados de larga duración y los niños, a quienes destina la mayor parte de recursos para poder cubrir sus necesidades más básicas.
Precisamente esta semana Creu Roja de Cataluña ha iniciado una campaña extraordinaria para alimentar a más de mil niños catalanes que viven en entornos vulnerables a través de ayudas económicas y apoyo nutricional, teniendo en cuenta que ha finalizado el periodo escolar y no pueden hacer uso de becas comedor.
Una aplicación informática permite elaborar dietas personalizadas para las personas de centros de atención social
Una aplicación informática permite a la Comunidad de Madrid elaborar dietas personalizadas para los 2,7 millones de personas de los 93 centros de atención social de la región.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel y el coordinador médico asistencial de la Comunidad de Madrid, Primitivo Ramos, han visitado este lunes la residencia de mayores Vista Alegre, en el distrito de Carabanchel, para conocer la atención que se presta y comprobar la calidad de los menús que se elaboran en este centro que atiende a 126 personas.
La Comunidad de Madrid elabora cada año más de 2,7 millones de menús personalizados para los más de 7.500 usuarios que están repartidos por los 93 centros de atención social con los que cuenta el Sistema Regional de Bienestar Social en la región.
Durante su visita, González ha comprobado la aplicación informática que se utiliza para la elaboración de los menús saludables, que consumen las personas que actualmente son atendidas en los centros de atención social de la región.
Gracias a esta herramienta informática es posible confeccionar diez tipos distintos de dietas, en función de las necesidades de cada uno de los usuarios -enfermedades, restricciones, alergias o compensaciones por déficit alimentario, entre otras, y de la estación del año.
Cada tipo de régimen ha sido elaborado con el asesoramiento de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA) y de la Cátedra de Nutrición de la Universidad Complutense de Madrid. Además, los jefes de cocina de los centros sociales han recibido formación para el manejo de la aplicación informática.
Esta aplicación muestra si el menú elegido es el más adecuado en cada caso y también confirma a los profesionales de los centros si el contenido de nutrientes y el número de raciones de cada uno de los principales grupos alimenticios son correctos.
Llevar una dieta saludable ayuda a evitar o retrasar problemas cardiovasculares, de sobrepeso o enfermedades como la diabetes. González, que ha asistido también a una demostración del sistema de confección de menús, ha ayudado al jefe de cocina, Carlos Bote, a elaborar uno de los platos.
En su intervención, el presidente ha destacado que con este sistema informático se consigue que las personas tengan una alimentación correcta adecuada a sus necesidades alimentarias, pero también lograr una «gestión eficiente» de la alimentación.
NUEVO CERTIFICADO DE CALIDAD
La Comunidad de Madrid ha recibido el cuarto certificado de calidad ISO internacional para las 24 residencias de Mayores públicas de la región, dependientes de la Consejería de Asuntos Sociales.
Esta excelencia en los servicios que ofrecen los centros de atención social del Servicio Regional de Bienestar Social se demuestra con la obtención de este cuarto sello de calidad que acredita la excelencia en todos estos centros en los procesos de atención asistencial, geriátrica y farmaceútica, en la gestión de quejas y solución de problemas provenientes de todo tipo de inspecciones.
También avalan el análisis de peligros y puntos críticos de control en todo el proceso alimentario.
La mejor prueba de la calidad de la red pública regional y la de sus servicios sociosanitarios es que Madrid es la comunidad autónoma con la mayor esperanza de vida de toda España.
Además, estas certificaciones han sido concedidas por una entidad independiente de acuerdo con la norma internacional de referencia ISO 9001:2008 Internacional. La Comunidad de Madrid está realizando un esfuerzo para homogeneizar todos los cuidados que presta a las personas mayores y a las personas con discapacidad, y dispone de un sistema de calidad que está certificado y que garantiza los procesos clave en la atención.
UN TOTAL DE 21.000 PLAZAS PARA LA DISCAPACIDAD
La región cuenta con 21.000 plazas para atender las necesidades de las personas con discapacidad, desde el momento en que esta surja, ya sea desde el nacimiento o sobrevenida en la edad adulta, donde se presta una atención especializada y de calidad. Esta atención se ofrece de manera gratuita, de hecho, Madrid es la única Comunidad Autónoma que presta estos servicios gratis.
Además, la región cuenta con más de 100 centros ocupacionales para personas con discapacidad intelectual, entre residencias con centros ocupacionales y centros ocupacionales, que atienden a unas 7.000 personas. La finalidad de estos centros es el desarrollo de las habilidades profesionales, personales y sociales de las personas con discapacidad para contribuir a su integración sociolaboral.
Algunos de estos centros cuentan también con residencia para proporcionar alojamiento, manutención, atención, cuidado y apoyo personal y social para la vida diaria, y fomento de las actividades de ocio, tiempo libre y convivencia.
MÁS DE 29.000 PLAZAS PARA LOS MAYORES DE LA REGIÓN
El Gobierno regional cuenta con más de 29.0000 plazas, entre residencias y centros de día, que ofrecen una atención especializada y de calidad, de las que más de 15.000 están destinadas a los mayores más vulnerables por carencias económicas.
Asimismo, la Comunidad de Madrid desarrolla una serie de iniciativas que promueven la participación de estos madrileños y garantiza su bienestar, con el fin de prevenir situaciones de dependencia y potenciar una vida saludable y activa.
Cabe mencionar, los clubes de aficionados de fotografía, literatura, teatro o jazz, los campeonatos de ajedrez, dominó o petanca, los concursos de chotis o fotografía, así como actividades deportivas.
Según los últimos datos facilitados por el IMSERSO, la atención que la Comunidad de Madrid presta a las personas en situación de dependencia la sitúa en los puestos de cabeza de atención residencial, atención diurna, servicios de ayuda a domicilio y promoción de la autonomía personal.
Gestionar servicios sociales en tiempos de crisis
Un millón cincuenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y dos euros con treinta y cinco céntimos, (1.054.842,35€) esta es la deuda de la Conselleria de Bienestar Social al Ayuntamiento de Alcoi en materia de Servicios Sociales.
Empiezo este artículo con un cifra que esconde el gran esfuerzo económico que estamos realizando el Ayuntamiento para hacer frente a las necesidades de muchos de nuestros ciudadanos, una cifra que encierra la dedicación de las y los técnicos del Departamento de Servicios Sociales para poder atender los cada vez más numerosos casos de personas que acuden al departamento en busca de ayuda.
Como Ayuntamiento nos sentimos con la responsabilidad de denunciar públicamente esta situación. Somos la administración más cercana al ciudadano. La administración que conoce de primera mano los problemas de muchos de nuestros vecinos. No nos sirve que se excusen en la situación económica. Las cifras macroeconómicas y los baremos no entienden del esfuerzo diario de las personas por vivir dignamente. Ahora es el momento de dedicar un mayor esfuerzo económico y reforzar las políticas sociales.
Pero la Conselleria lejos de esta realidad está haciendo mucho más difícil el día a día de las familias. Un claro ejemplo lo tenemos en la Renta Garantizada de Ciudadanía, una prestación económica que se destina para ayudar a familias con dificultades. La Generalitat Valenciana debe al Consistorio 276.205€. Una cantidad que el Ayuntamiento de Alcoi está anticipando para que las familias no dejen de percibir la ayuda. Una muestra más de la desidia de una Conselleria a la que no le preocupa el bienestar de sus ciudadanos. Tienen un concepto muy equivocado entre lo que debería ser «solidaridad» y lo que quieren convertir en «caridad».
Cada día en el Departamento de Bienestar Social se atiende a más familias que acuden para que se les ayude, entre las diferentes prestaciones que se conceden a nivel municipal hay que destacar la de necesidades básicas, una ayuda económica para la compra de alimentos y productos de primera necesidad, la petición de demanda para la obtención de dicha ayuda se ha visto incrementada en un 60% más que en el primer trimestre del 2012, pero pese a al incremento se está dando cobertura.
Desde que accedimos al gobierno en 2011 ya en plena crisis, centramos nuestros esfuerzos en priorizar el área de Bienestar Social trabajando conscientes de las necesidades. Para ello hemos ido incrementado año a año la partida para ayudas de emergencia en más de un 100% y seguiremos esforzándonos para hacer todo lo que esté a nuestro alcance, aunque somos conscientes que por desgracia siempre será insuficiente.
Pero no me quería olvidar de una parte importante de quienes contribuyen también con su esfuerzo a la mejora del día a día de las personas. Quienes estamos al frente de este Ayuntamiento sabemos que es imprescindible contar con la colaboración y el trabajo incesante de entidades sociales de nuestra ciudad. Equipos de personas que están dedicando su tiempo ayudar a las familias, dando cobertura a las necesidades allí donde la administración no puede llegar. A todas ellas mi agradecimiento público por todo su trabajo.
No son tiempos fáciles y para esta Concejalía, como pueden deducir, menos si cabe. Pero seguiremos con las ganas y las fuerzas de seguir trabajando y esforzándonos por mejorar esta delicada situación en la que estamos inmersos, contamos con la implicación de todo el equipo humano que conforma este departamento de bienestar social que a lo largo de este tiempo de dificultad han resuelto centenares de situaciones complejas. Y ese bagaje de trabajo, dedicación y empeño de todos estos años, nos hacen mirar con optimismo hacia el futuro.
Zaplana aboga por consolidar la colaboración entre sector público y privado
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha abogado hoy por «consolidar la necesaria colaboración entre las diferentes administraciones públicas y el sector privado para prestar los mejores servicios a las personas en situación de dependencia».
Según ha informado la Generalitat en un comunicado, la consellera ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de las Jornadas ‘Nuevas perspectivas en el Servicio de Ayuda a Domicilio: presente y futuro», organizadas por la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte).
Durante su intervención, ha indicado que la profesionalidad en los servicios destinados a las personas dependientes «garantiza una prestación de calidad, y el Servicio de Ayuda a Domicilio es un claro ejemplo de ello porque ofrece una atención integral y especializada a las personas que desean seguir residiendo en sus domicilios».
Durante su intervención, Sánchez Zaplana ha explicado que muchas personas con discapacidad o dependencia «pueden vivir en sus domicilios si cuentan con apoyo familiar y servicios como la teleasistencia, la ayuda a domicilio o los centros de día».
En este sentido, ha señalado que el Servicio de Ayuda a Domicilio «se adapta a las necesidades de las personas que lo solicitan y ofrece los cuidados profesionales que requieren, sin olvidar que también constituye un recurso de apoyo a las familias y a todo su entorno».
En la actualidad existen 134 empresas acreditadas para la prestación de Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunitat Valenciana.
En estos momentos en la Comunitat Valenciana más de 15.000 personas reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).
El SAD está gestionado por los Ayuntamientos y ofrece ayuda a domicilio de carácter personal, psicosocial, doméstica, técnica y complementaria. En la actualidad más de 15.000 personas de la Comunitat Valenciana se benefician de este recurso.
Asimismo, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, contempla una prestación económica vinculada al Servicio de Ayuda Domiciliaria, siempre que la atención a través de la Red de Servicios Públicos y Concertados no sea posible.
Para este año 2013, la conselleria de Bienestar Social destina 11’9 millones de euros para financiar el SAD a través de los dos sistemas.
Bienestar Social reclama 25.000 euros a una mujer sin recursos tras retirarle la pensión
La Generalitat Valenciana reclama 25.000 euros a una mujer sin recursos tras retirarle la pensión por invalidez no contributiva que le concedió en el año 2002. La Conselleria de Bienestar Social considera que la mujer perdió el derecho a cobrar la pensión en el año 2007 porque su marido empezó a percibir un subsidio por invalidez de 625 euros. La afectada, Nieves Pozuelo, pidió ayer al titular del juzgado de lo Social número dos de Valencia que revoque la decisión de la conselleria. El abogado de la Generalitat Valenciana se opuso.
Nieves Pozuelo y su marido Bernabé Coleto, con el que lleva casada cuarenta años, subsisten gracias a las bolsas de alimentos que semanalmente les proporcionan Cáritas y una ONG latina. La pareja, que no tiene hijos, paga mensualmente 286 euros de hipoteca y con el resto del dinero hacen frente a las facturas de agua, luz, gas y comunidad. «Nos queda algo para comida. A veces compramos una carcasa de pollo para hacer caldo», aseguró Bernabé Coleto mientras esperaba a que empezara el juicio en la Ciudad de la Justicia de Valencia.
La mujer, que tiene 62 años, padece fibromialgia desde hace más de una década y ha sido operada veinticuatro veces. «Tengo reconocida una minusvalía del 67% y en el año 2002 me concedieron la pensión de invalidez no contributiva por la que cobraba 347 euros», precisó Nieves.
El marido, que ahora tiene 56 años, trabajaba como albañil, pero tuvo que dejarlo porque físicamente no aguantaba. La Administración le concedió a Bernabé una pensión de 624 euros por invalidez el 26 de febrero de 2007.
La Conselleria de Bienestar Social realizó una inspección de oficio al caso de Nieves Pozuelo en el año 2011 y llegó a la conclusión de que no tenía derecho a percibir la prestación desde que su marido comenzó a cobrar la pensión de 624 euros. La abogada del turno de oficio que asiste a la pareja explicó que la Administración entiende que la pareja supera el mínimo que les daría derecho a las dos prestaciones.
La Conselleria de Bienestar Social reclama ahora a la mujer 18.000 euros por los 347 euros mensuales que percibió entre los años 2007 y 2011 y otros 7.000 euros por intereses de demora.
La abogada de la familia interpuso una demanda contra la Generalitat en el juzgado de lo Social número dos de Valencia para que rectifique y reconozca el derecho de la mujer a cobrar la pensión no contributiva. La letrada advirtió ayer al juez encargado del caso de que la propia administración reconoció que tenía derecho. Además, la pareja desconocía que tenía la obligación de comunicar que la mujer percibía la pensión de 347 euros.
La situación está a punto de llevar a la ruina a la pareja, que carece de recursos para pagarle a la Generalitat los 25.000 euros que le reclama. «No nos negamos a pagar, pero no tenemos dinero. Nos han dicho que nos pueden embargar la mitad de nuestro piso y todavía nos quedan por pagar doce años de hipoteca», lamentó Bernabé Coleto. El matrimonio se compró un piso en la calle Síndico Mocholí de Valencia -que está situada entre el barrio de San Marcelino y La Torre- en el año 2002. La pareja todavía adeuda al banco 41.000 euros de la vivienda.
«Ahora la mitad del dinero se nos va en la hipoteca y el resto en los gastos básicos y en los seguros de la vivienda y el de deceso. No tenemos para comer», insistió Nieves.
Su marido reconoce sin avergonzarse que recoge patatas de desecho en campos de las inmediaciones de Valencia con el permiso de los agricultores para poder comer. «Son patatas picadas que quedan en el campo tras la cosecha. También todo los sábados voy a la ONG Mira -una organización colombiana- porque nos dan verdura. El otro día me dieron garbanzos y algo más», añadió Bernabé.
La pareja confía ahora en que el juez de lo Social les dé la razón y les libere de pagar los 25.000 euros que les reclama la Generalitat Valenciana por una pensión a la que creían que tenían derecho.
«Ella tenía obligación de comunicar la paga del marido»
El abogado de la Generalitat Valencia defendió ayer en el juicio que la mujer «tenía la obligación de comunicar la otra pensión» cuando su marido comenzó a cobrarla en el año 2007. El letrado advirtió al magistrado del caso de que la unidad familiar superaba los límites para tener derecho a la pensión no contributiva. «Todos los años superó el límite y por eso la Generalitat reclama lo que cobró de forma indebida entre los años 2007 y 2011», indicó el abogado de la Generalitat Valenciana en un juicio que duró cinco minutos.
Fuentes jurídicas explicaron que la Administración ha incrementado las inspecciones de oficio ante la caída de ingresos. Las mismas fuentes incidieron en que «la falta de sensibilidad de la Generalitat puede abocar a la ruina» a familias como la de Nieve Pozuelo y Bernabé Coleto que carecen de recursos y de posibilidad de generarlos por sus limitaciones físicas. Bernabé Coleto aseguró que la Generalitat ya les ha enviado cartas comunicándoles que les embargarán si en las próximas semanas no hacen frente al pago de 25.000 euros que les reclaman. «Yo no tengo hijos, pero me gustaría que mis sobrinos pudieran heredar mi casa cuando muramos. No sé qué va a pasar ni qué vamos a hacer», admitió.
Cataluña está elaborando una ley propia de dependencia
La consejera de Bienestar Social y Familia de Cataluña, Neus Munté, anunció en el Foro Nueva Economía, celebrado recientemente en Barcelona, la elaboración de la Ley Catalana de Dependencia, “una ley propia con una mayor transversalidad entre servicios sociales y sanidad, y con una mayor financiación”. Para ello, se ha constituido un grupo de expertos, con el objetivo de que la ley esté aprobada dentro de la actual legislatura.
En su opinión, la Ley de Dependencia necesita de una reforma desde el punto de vista conceptual, y está amenazada por una financiación insuficiente desde sus inicios.
Para Munté, la financiación es un elemento fundamental en el desarrollo del sistema de atención a la dependencia. Debe ser suficiente para garantizar su sostenibilidad, tanto en las aportaciones provenientes de los Presupuestos Generales del Estado como en el presupuesto autonómico y el copago. Es necesario avanzar una ley marco de protección social, que plantee un equilibrio territorial y una adecuada colaboración entre el sector público y la iniciativa privada.
La reforma de la ley de dependencia del año 2012 definió una importante reducción en la aportación de los Presupuestos Generales del Estado. Según la consejera, en el año 2008 el 66 % del presupuesto de dependencia fue aportado por la Gobierno central y el 34 % por los Presupuestos Generales del Estado. Estas cifras han sido del 80 y del 20 % en 2012.
Se refirió también a la importancia de la participación de las personas mayores en la sociedad y de las relaciones intergeneracionales. Para ello, incidió en la necesidad de promover políticas de envejecimiento activo.
II Jornada «Una mirada a la protección de las personas mayores»
DÍA MUNDIAL DE LA TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y EL MALTRATO A LAS PERSONAS MAYORES
(Palma de Mallorca 14 de junio 2013)
El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales tiene entre sus funciones la de atender las necesidades sociales de la población, en especial las de los colectivos más desfavorecidos, y también la de impulsar las iniciativas de carácter social que puedan incidir favorablemente en el bienestar de la población y en las desigualdades sociales.
Por segundo año consecutivo, celebra el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y del Maltrato a las personas mayores a través de una jornada de formación para concienciar y sensibilizar a los profesionales sobre la importancia de proteger los derechos y la dignidad de estas personas.
Los malos tratos a los mayores es un fenómeno complejo, oculto, de gran impacto social y de graves consecuencias para las personas que los padecen.
PROGRAMA
Entrega de documentación
9:00-09:30 Bienvenida oficial e inauguración de la jornada
9:30-10:30
La atención centrada en la persona. Un enfoque para el buen trato a las personas mayores.
Teresa Martínez Rodríguez, psicóloga experta en gerontología social. Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias
10:30-11:30
La justicia española frente al abuso y los malos tratos a las personas mayores, incidencia en las Islas Baleares. Presente y futuro.
José Díaz Cappa .Fiscal de las Islas Baleares
11:30–12:00- Descanso
12:00-13:00
El impacto del maltrato en la salud mental de las personas Mayores.
Tomás Blanes. Psiquiatra
13:00-14:00
Programa de Prioridad Social del IMAS. Valoración del riesgo de desprotección e intervención prioritaria en personas mayores.
Robert Fernández García. Psicólogo
Joan Mut Vives. Educador
Nuria Vaquero Reixach. Trabajadora social
14:00–14:15 Conclusiones y clausura
Dirigida:
-Profesionales que trabajan en el ámbito sociosanitario
-Entidades y asociaciones que trabajan en la atención a personas mayores
-Estudiantes
-Familiares cuidadores
INSCRIPCIÓN GRATUITA en el enlace: http://www.imasmallorca.net/miradaproteccio
Lugar: CaixaFòrum, plaça de Weyler, 3. Palma
Las ayudas a la dependencia, en la cuerda floja de la crisis
Los efectos no se han hecho esperar y ni tan siquiera los equilibrios sobre la cuerda floja de financiación que ha dejado el Gobierno central que ha hecho la Consejería de Familia para que el sistema de atención se sostuviera han conseguido evitar la pérdida de beneficiarios y de personas con derecho a serlo. Los datos son más amables en Castilla y León que en el resto del país pero la línea ascendente desde que se pudiera en marcha la Ley de Dependencia en 2007 se ha roto por primera vez.
Por primera vez la comunidad, y España, baja su número de beneficiarios, de forma más discreta eso sí que el resto del país, y ha perdido, en una comparativa de un año, 170 dependientes atendidos y entre marzo y abril, en un solo mes, 450. No obstante, sus cifras se sitúan por encima del cierre de 2011, el ejercicio anterior al de los recortes. Según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, y el análisis que de ellos realiza la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, «en toda España se ha suprimido el derecho de la Ley de Dependencia a 162 personas cada día desde que gobierna Mariano Rajoy». Estos datos recién publicados recogen la regularización del sistema de información; pero «el impacto de la corrección de los datos es mínimo en la evolución global del sistema, si bien se observan con toda claridad los efectos de las dos andanadas que ha sufrido la Ley (recorte de derechos y reducción de financiación). La curva de personas con derecho baja estrepitosamente (-77.948 desde diciembre 2011) y la de beneficiarios se reduce en 3.316 en lo que va de año». En Castilla y León, la de personas con derecho bajan en 1.351 al pasar de 66.077 en enero de 2012 a 64.726 el pasado mes de marzo.
Fallecidos y duplicados
Además, en la región de los 2.447 expedientes de dependientes que figuraban como beneficiarios de forma irregular, según el polémico informe del Tribunal de Cuentas, 1.288 eran personas fallecidas y otros 150 estaban duplicados.
El descenso en los beneficiarios se han registrado en los centros de día y en la atención residencial y ha aumentado la ayuda vinculada al servicio y la teleasistencia.
Durante el mes de abril de 2013, el Sistema de Atención a la Dependencia ha perdido 8.188 beneficiarios en toda España. De ellos, 10.185 fallecieron y solo 7.926 se incorporaron al sistema, además del proceso de regularización realizado por el Imserso y que afecta a 5.929 expedientes dados de baja en mes de abril, «se evidencia un retroceso notorio con respecto al mes anterior: 8.265 grandes dependientes menos, 10.494 solicitudes activas menos que el mes anterior, y 12.278 dictámenes menos, se superan las cien mil personas pendientes de valoración (103.537), y 14.059 personas menos pierden el derecho a ser atendías con respecto al mes anterior quedando todavía 218.285 en el ‘limbo de la dependencia’ –un 23% que tienen derecho engrosan la lista de espera-. Las estadísticas oficiales demuestran que el Sistema se destruye por inanición», destaca esta organización. El citado observatorio califica de «vergüenza que este Ministerio, algo que presenta como un gran logro, diga haber rebajado la lista de espera, y eso es una media verdad porque sí que hay menos personas en el limbo de la dependencia, pero no porque hayan sido atendidas sino por tres razones: la primera porque a los denominados dependientes moderados se les ha quitado el derecho y se les deja sin atención hasta 2015; la segunda porque a principios de 2012 había más personas en situación de dependencia que se les había reconocido el derecho y la tercera son los fallecimientos de las personas que murieron sin haber ejercido su derecho a ser atendidos durante este año y medio de derogación encubierta de la Ley».
La Junta de Castilla-La Mancha regula los nuevos requisitos y condiciones de la Ley de Dependencia
El Diario de Castilla-La Mancha publica hoy el decreto por el que se regula el nuevo régimen de requisitos y condiciones para los beneficiarios de la Ley de Dependencia.
El decreto 26/2013 de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales supone la adaptación a Castilla-La Mancha del Real Decreto Ley aprobado en julio de 2012 por el Gobierno central, con el que se reformó la ley.
Dicha reforma conllevó, entre otras medidas, la rebaja del 15 % en la paga a los familiares cuidadores de dependientes o la desaparición de los dos niveles en que se divide cada grado de gravedad de la dependencia, si bien las personas que ya tuvieran reconocido el grado y el nivel seguirán manteniéndolo.
Asimismo, se incluyó como novedad para determinar la capacidad económica del usuario el cálculo no sólo de la renta, sino también de su patrimonio.
Las personas dependientes cuyos ingresos estén por debajo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) no tendrán que pagar nada por la atención y a partir de este punto la aportación se medirá de forma progresiva hasta llegar al 90 por ciento del coste del servicio.
El decreto aprobado ahora por el Gobierno castellanomanchego expone que, además de la necesaria adaptación a esta normativa estatal, en Castilla-La Mancha «se vienen constatando algunas desigualdades derivadas de los criterios de aplicación» de la ley.
Entre esas desigualdades cita que «los procedimientos se alargan en el tiempo más de lo esperado, que se abonan retroactividades por situaciones no imputables directamente a la Junta, que coexisten diferentes formas de resolver determinadas incidencias en el procedimiento o de priorizar actuaciones conforme a criterios de calidad, eficiencia y eficacia».
Así, la Junta sostiene que, varios años después de la entrada en vigor de la ley, «el acceso prioritario a los servicios del catálogo sigue condicionado por la utilización de prestaciones económicas que reciben algo más del 50 % de los usuarios» a pesar de que la ley subraya «el carácter excepcional» de esas prestaciones.
Esa situación genera en algunos casos «perjuicio no sólo para la persona dependiente con prestación económica reconocida, a quien dicha prestación no mejora la calidad de los apoyos recibidos, sino también con grave repercusión de carácter económico para la Junta al incidir negativamente en los ingresos que recibe de la Administración del Estado para la aplicación de la ley».
Por ello, la Junta ha establecido en el decreto los pertinentes cambios en el régimen de requisitos y condiciones del reconocimiento de la situación de dependencia y acceso a las prestaciones y servicios señalados en la ley.
