Los expedientes de miles de dependientes están en el olvido en Bienestar Social valenciano
Carolina Martínez es madre de un pequeño que sufre una enfermedad rara. Pablo, que así se llama, requiere de una atención las 24 horas del día. En abril del año 2011 se solicitó la ayuda por la ley de dependencia y todavía hoy la familia está batallando. «No tienen vergüenza, pero yo voy a seguir luchando», afirma Carolina.
Su caso es uno de los miles de expedientes que están bloqueados en la Conselleria de Bienestar Social, tal y como denuncian desde el Cermi (Comité de Entidades Representantes de personas con discapacidad de la Comunitat) y la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia. Ambos colectivos cifran en cerca de 11.000 los expedientes que están pendientes en la Comunitat, que se encuentran en el olvido, -algunos desde el año 2010- y lamentan las rebajas que están sufriendo los afectados por una discapacidad en sus valoraciones una vez que la Administración las revisa de oficio o porque eran provisionales.
«La ley está paralizada», asegura el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley en Alicante, Miquel Martorell, quien reconoce que, además del copago, estas rebajas en las valoraciones están provocando quejas por parte de dependientes que comprueban que se han quedado con una ayuda de solo 20 euros. «Las revisiones del PIA normalmente son a peor, en el sistema no se están reponiendo casos pese a los fallecimientos y con los nuevos plazos que han dado estos once mil casos no entrarán hasta el año 2015», asegura Martorell, que lamenta la falta de respuesta por parte de la Administración e insiste en el tijeretazo que ha sufrido la ley.
Una opinión que comparten desde el Cermi. Entidad que representa al 95% de las más de 400.000 personas con discapacidad en la Comunitat y que aglutina a 14 federaciones. Para Esperanza Adriá, técnico de proyectos, la falta de presupuesto es lo que está provocando tantos problemas en la aplicación de la normativa. Una ley que ya comenzó mal desde el principio.
Recuerda que entre esos 11.000 casos no solo hay adultos sino también menores de edad que llevan años a la espera de recibir una prestación y con una discapacidad severa. El problema es que no todas las familias pueden acudir a la Justicia para reclamar sus derechos por una cuestión económica, que ahora se ha agravado con el copago que la Conselleria de Sanidad seguirá aplicando al justificar que se trata de una normativa estatal.
Adriá remite al caso que están viviendo Cristina y su hijo Pablo. Un pequeño, que tal y como explica su madre, es «totalmente dependiente». En abril de 2011 solicitó la ayuda. Su hijo tenía entonces 18 meses y en agosto le realizaron la valoración. Sin embargo, hasta finales de enero de este año no recibió la resolución, pero dándole una grado de discapacidad menor al que su madre considera. Su sorpresa fue cuando un mes después, -todavía no ha recibido la ayuda- recibió otra carta de la Administración donde le informaban que su caso ya tenía que ser revisado.
«Es muy triste y te da mucha impotencia. Ahora se supone que tenemos que empezar de cero, ¿cuándo va a recibir mi hijo la ayuda? Estoy siempre con quejas porque no puedo meterme en un abogado y esta semana presentaré otra. Hay que darles la paliza».
El pasado miércoles, el presidente del Consell, Alberto Fabra, anunció que crearía instrumentos para atender las situaciones «injustas» que sufre el colectivo. Este periódico se puso en contacto con Bienestar Social para preguntar en qué consistiría y que ocurría con los 11.000 expedientes bloqueados, pero no ha recibido respuesta.
