Dependencia
Los trabajadores sociales canarios critican la situación en dependencia
Los colegios profesionales de Trabajo Social de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife quieren manifestar su preocupación por las informaciones que señalan que el Gobierno canario ha incumplido por tercera vez los dictámenes del Consejo Consultivo de Canarias en relación al cumplimiento de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal más conocida como Ley de Dependencia.
Desde el año 2012, el Consejo Consultivo ha aprobado varios dictámenes dirigidos al Gobierno canario en el que le aclara que las personas reconocidas en situación de dependencia por la administración pública, tienen derecho a las prestaciones y ayudas que otorga la ley aunque no se haya aprobado su Plan Individualizado de Atención (PIA). A pesar de esta advertencia realizada hace varios años, el pasado 24 de julio el Consultivo de Canarias volvió a aprobar un nuevo dictamen denunciando los incumplimientos del Gobierno canario. Según esas informaciones, en Canarias hay en estos momentos cerca de 10.000 personas en el «limbo» de la dependencia, lo que significa que tienen los derechos reconocidos pero la administración no ha respetado esos derechos porque no se les ha dado las prestaciones que se les ha reconocido.
Las entidades profesionales de Trabajo Social han ido presentado en distintos momentos al Gobierno canario, propuestas de mejora para el reconocimiento y atención de las personas en situación de Dependencia en Canarias. Las últimas aportaciones fueron presentadas en el mes julio, dentro del proceso iniciado por el ejecutivo para aprobar un nuevo decreto que regulará la atención a la Dependencia. Los colegios de Trabajo Social esperan que el Gobierno tenga en cuenta sus aportaciones que van en la línea de propuestas ya realizadas anteriormente.
APORTACIÓN.
Desde los colegios profesionales de Trabajo Social, siempre en la línea de mejorar el sistema público de servicios sociales, se continuará trasladando recomendaciones a las administraciones públicas competentes en esta materia, para que avances legislativos.
Fuente: Canarias7
Manuel Marcos Sánchez: «Los servicios sociales son el cuarto pilar del Estado del bienestar»
El secretario general de la Consejería repasa la situación de los servicios sociales en la Región Murciana y las novedades que introducirá la nueva Ley en beneficio de los ciudadanos.
P Han pasado 15 años desde la anterior Ley. ¿Era necesario adaptar la normativa a la realidad social?
R Sin duda. La actual Ley de Servicios Sociales data de 2003 y, aunque un análisis de sus resultados ofrece datos muy positivos, es necesario afrontar los cambios de nuestra sociedad en todos los contextos. Hay un crecimiento de las necesidades y demandas de atención, protección social y de lucha contra la exclusión social. Hay también nuevas leyes que han ampliado los derechos sociales de las personas, como la Ley de Dependencia o la Ley de Renta Básica de Inserción. Y hay también cambios demográficos. Una nueva ley para afrontar todos estos retos, es necesaria.
P ¿Qué ventajas tendrán los usuarios con la nueva Ley de Servicios Sociales?
R La gran ventaja es alcanzar el objetivo fundamental de la ley: consolidar el Sistema de Servicios Sociales como el cuarto pilar del Estado del bienestar, junto con las Pensiones, la Educación y la Sanidad. Para ello se configura como un sistema público para la garantía universal de derechos sociales, asegurando el derecho subjetivo a la atención social básica y al acceso a las prestaciones garantizadas en condiciones de igualdad efectiva y equidad.
P ¿Será más fácil la organización con la división del territorio en zonas básicas de atención?
R El principio de proximidad en la atención es uno en los que se fundamenta la nueva ley. Para hacerlo efectivo diseña una nueva organización territorial con dos niveles de atención: las áreas, para los servicios sociales especializados; y las zonas básicas, para los servicios sociales de atención primaria. También se regula la figura de Zona Vulnerable para atender situaciones especiales. Todo ello estará recogido en el Mapa de Servicios Sociales de la Región.
P ¿Qué peso tienen los servicios sociales municipales en la atención a los ciudadanos?
R Son fundamentales porque se ocupan de la atención directa a los usuarios a través de los servicios sociales de atención primaria. Son imprescindibles. Por ello se ha incluido un capítulo dedicado a estos profesionales, regulando sus derechos y deberes, código deontológico, la acción formativa, etc.
P ¿Cuántas personas reciben ayuda social en la Región?
R En estos momentos, los servicios sociales de atención primaria han registrado la atención de prácticamente 99.700 personas el último año. Además, hay ya un número considerable de personas, en torno a 34.000, beneficiarias de prestaciones del sistema de la dependencia. A lo que hay que añadir también las personas atendidas por la iniciativa social, con sus diferentes programas.
Fuente: La Opinión de Murcia
Madrid no presta servicio a casi 1.800 dependientes por falta de financiación
En los últimos años, la cifra de personas dependientes en Madrid ha crecido un 29%. Eso ha supuesto un desequlibrio importante en la financiación de estas ayudas. Tanto es así, que en la actualidad hay una lista de espera de 6.847 personas, de las cuales unas 1.779 no reciben ningún servicio.
El convenio firmado asegura que la Comunidad de Madrid ha de encargarse de la financión de estos servicios, mientras la gestión recae en manos del Ayuntamiento. Ahí aparece otro de los problemas: la Comunidad solo dota de 69 millones, y debe unos 108, por lo que tiene que ser el Consistorio el que se encargue de las ayudas a unas 5.068 personas, a través de la ayuda a domicilio. Esto se hace con cargo al presupuesto municipal.
«La Comunidad aporta la misma cantidad desde 2013 al mismo tiempo que el número de personas necesitadas aumenta», explica a 20minutos Marta Higueras, responsable del Área de Equidad.
Es el Gobierno regional el que decide si concede o no la ayuda, y posteriormente la financia. Es además el organismo que remite al Ayuntamiento el listado de personas solicitantes de dicho servicio. «Se van añadiendo casos a la lista y cuando se llega al tope de 69 millones no se pueden incluir más, por eso hay un desfase», revela Higueras.
Esta situación ha desembocado en una deuda de la Comunidad con el Ayuntamiento. En 2017 la cifra ascendió a unos 22 millones de euros y la previsión del equipo de Carmena es que este año sea de unos 80 millones. «Queda claro que la financiación no alcanza, y obviamente nosotros ofrecemos lo que está en nuestra mano, que es la atención domiciliaria», expone una Higueras que da por hecho que ese dinero «se va a recuperar».
Lo que sí reconocen desde el Ayuntamiento es el esfuerzo de la Comunidad en cuanto a medios. «Hay más equipos trabajando, y se nota un esfuerzo detrás», dicen. Marta Higueras destaca que se ve «una voluntad clara» y el mensaje del presidente Ángel Garrido es que se va a trabajar «para resolver el problema».
Eso sí, hace apenas unos días, el concejal de Hacienda en el Consistorio, Jorge García Castaño, solicitó al Estado competencias precisamente en materias de dependencia, con el objetivo de poder avanzar en la resolución de este problema.
Mirada al Gobierno central
Desde la Comunidad comparten la necesidad de un mayor esfuerzo, pero acalaran: «Estamos destinando más dinero que nunca, puesto que hemos presupuestado más de 1.200 millones de euros para la atención a la dependencia».
El director general de Atención a la Dependencia y al Mayor, Carlos González, insta a que el Gobierno central cumpla con la Ley de dependencia. «La norma recoge que la financiación tiene que ser 50-50 entre las comunidades y el Gobierno, y ahora nosotros aportamos el 85% y desde Moncloa aportan el 15%».
En este sentido, los expertos ya avisaron de que el aumento en 46 millones de la partida destinada a dependencia en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 es «papel mojado», porque «no está asegurado que estos fondos se transfieran al nivel autonómico ya que para recibir un euro del Estado, las comunidades deben acreditar cuatro de gasto en personas atendidas, lo que no pueden cumplir debido al actual modelo de financiación».
«Eso tiene que cambiar», dice González, quien reclama a Ahora Madrid que pida al PSOE, «como socio de Gobierno», que solicite a Sánchez un cambio. «Se lo pedimos a Mariano Rajoy en su momento, y ahora lo hacemos con el nuevo Ejecutivo», sentencia.
Fuente: 20 minutos
El TSJ Balear condena a compensar por los recortes en dependencia
El TSJ Balear condena al Govern a compensar a una mujer que perdió durante dos años la prestación que recibía por dependencia a raíz de un cambio de baremo que recortaba las ayudas. La Consellería corrigió con posterioridad y sí reconoció a la mujer el derecho a recibir una cantidad de dinero para su cuidado. Sin embargo no admitía pagar el dinero que le hubiera correspondido los dos años en los que se quedó sin prestación.
La paciente se acogió a la Ley de Dependencia al poco de su entrada en vigor. En el año 2007 se le reconoció un grado de dependencia severa que le daba derecho a recibir una prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Así se mantuvo varios años esta situación, mientras se le aplicó el baremo inicial de la normativa. En ese tiempo fue revisada su situación en otras dos ocasiones y siempre se mantuvo el criterio de que la mujer, de sesenta años de edad y con un trastorno psiquiátrico y una enfermedad renal.
Cuando le iba a caducar la vigencia de la última valoración, fue la propia paciente quien reclamó una revisión de su caso, necesaria para seguir recibiendo el subsidio. Esta vez, en 2014, se le aplicó un baremo más restrictivo y se la clasificó como dependiente moderada y no severa. Esta condición la situaba en grado 1 de dependencia y la privaba de recibir la prestación que tenía reconocida previamente.
Tras este cambio por parte de la administración, la dependiente acudió a los tribunales y presentó un recurso Contencioso contra su nueva valoración. El tribunal no tuvo que entrar en el fondo porque en enero de 2016, cuando el pleito ya estaba en marcha, la propia Conselleria volvió a cambiar la valoración de la paciente y, de nuevo, reconoció que era una dependiente severa y, por tanto, recuperaba el derecho a la prestación.
Así las cosas, la discusión sólo se mantenía porque la última resolución del Govern no preveía efectos retroactivos. Es decir, no anulaba la valoración que le dejó sin dinero y la daba por buena.
El tribunal estima el recurso y obliga a que se pague por todo el tiempo en el que estuvo en vigor la baremación con ‘recortes’, que se extendió a dos años. «Es más que evidente que la resolución es nula y, en consecuencia la anulamos y, en reconocimiento de la situación jurídica individualizada de la señora, declaramos que tiene el derecho a percibir las prestaciones». Además, impone una condena en costas al Govern por mantener abierto el pleito. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
Fuente: Balears Noticias
Elorrio forma a una veintena de migrantes que cuidan a personas mayores dependientes
Son sólo una veintena pero representan a la mayoría de las mujeres empleadas en el ámbito del cuidado de personas mayores con dependencia. Se trata de inmigrantes, la mayoría de ellas latinas, que se hacen cargo de la atención de este sector de población en Elorrio. El Ayuntamiento de la villa ha tratado de ayudar a este grupo dotándole de una serie de «conocimientos previos y profesionales en el ámbito sanitario».
Tanto la alcaldesa, Idoia Buruaga, como la concejala del área de Igualdad, Aratxu Uriarte, aseguraron ayer que, «aunque para muchas y muchos sean invisibles, la labor que hacen es indispensable para todas y todos nosotros. En ciertos casos las condiciones laborales que tienen no suelen ser las más idóneas, y en otros, los conocimientos previos en el ámbito sanitario no son muy grandes. Por ello, hemos tratado de ayudarlas, por que si ellas se empoderan ganamos todas y todos».
El curso ‘No hay vida sin cuidados’ fue puesto en marcha en abril por el Ayuntamiento en colaboración con Osakidetza, Kainabera, ElorriLore, Cáritas o Cruz Roja, Las veinticinco horas de formación distribuidas en diez sesiones concluyeron con la entrega de diplomas esta semana. «Han mostrado un gran interés por tratar de formarse y mejorar tanto profesionalmente como personalmente», detallaron responsables municipales a través de un comunicado de prensa.
Un 21,6%, más de 65 años
Estas mismas fuentes informaron que la mayoría de las participantes han sido latinas, perfil de las migrantes que se dedican al cuidado de personas mayores dependientes en Elorrio. La villa, según recoge el Instituto Vasco de Estadística, cuenta con una población de personas mayores de 65 años que ronda en torno al 21,6%. Aunque se desconoce, sin embargo, el número que mujeres que se encarga de ayudar a este sector que presentan algún tipo de dependencia, desde el Ayuntamiento indican que realizan su actividad laboral muchas veces en condiciones de soledad, aislamiento social, y sin conocimientos.
Fuente: El Correo
Montón ofrece «diálogo, diálogo y diálogo» a las CCAA y se volcará en la sanidad universal y dependencia
La nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha señalado este lunes que se volcará en recuperar la atención sanitaria universal, en la Ley de dependencia y en «poner a las personas en el centro de todas las decisiones» todo ello desde «el diálogo, diálogo y diálogo y búsqueda de consenso» con las comunidades autónomas. «Las puertas del ministerio están abiertas», ha recalcado.
Montón ha realizado estas declaraciones tras el acto de paso de competencias a la nueva la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, en un acto al que también ha asistido el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
Al respecto, ha explicado que desde el pasado jueves estaba ya trabajando con su equipo para devolver la asistencia sanitaria de manera universal. Montón ha explicado que no puede comprometerse a fijar la fecha en la que se derogará el decreto de exclusión sanitaria, porque la «maquinaria» del Ministerio es «más grande», pero ha recalcado que trabajarán para «dejar bien claro que la salud es un derecho y que no admitimos la exclusión sanitaria por razón de procedencia, origen o situación administrativa».
En esta línea, ha recalcado que este derecho es «el que tiene que defender un gobierno decente, que es aquel el que no deja a nadie atrás y una sociedad decente y solidaria, como es la española, tampoco quiere tener una exclusión sanitaria».
«No estamos hablando de dinero sino de salud individual y comunitaria porque la comunidad también se perjudica si hay personas desatendidas por el sistema por la falta de vacunaciones o las enfermedades de declaración obligatoria, que son las contagiosas, y que quedan sin registrar», ha advertido.
LAS PERSONAS, EN EL CENTRO
De este modo, ha señalado que su reto pasa por «poner a las personas en el centro de todas las decisiones» y este es el momento del diálogo con las comunidades autónomas, que son las que realmente son las encargas de la gestión cotidiana». Por ello, ha garantizado que serán «facilitadores de su gestión» y les ayudarán a «planificar mejor y a establecer las reglas del juego para que haya equidad».
Asimismo, no se ha querido olvidar del Bienestar Social que es «fundamental». Así, ha apuntado que hay que «poner en vigor» la «excelente» Ley de dependencia que aprobó el anterior Gobierno socialista de Zapatero en 2006. Para ello, se ha comprometido a pactar también con el tercer sector y con las comunidades autónomas esa puesta en marcha que ahora ha quedado «rezagada».
«Es el momento del diálogo, diálogo y diálogo, búsqueda de consenso y ponernos a trabajar a toda prisa porque magia este gobierno no tiene pero sí muchas ganas de trabajar, ha recogido la ilusión de la calle y desde luego vocación y voluntad de diálogo la tenemos toda y esperamos empezar a cambiar las cosas que este país bien lo necesita», ha apostillado.
Fuente: Expansión
Ceaps plantea reformas «cualitativas» para que se cumplan los objetivos de la Ley de Dependencia
«Esperamos que la Ley de la Dependencia cumpla los objetivos para los que fue creada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tras el retraso sufrido en su desarrollo por la crisis en los últimos años». Con estas palabras, la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia, Cinta Pascual, daba la bienvenida a la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón.
Para este colectivo, lo fundamental es «plantear reformas cualitativas en la aplicación de la Norma pensando en las personas mayores y que el presupuesto de la Dependencia sea finalista», como apuntaba Pascual, teniendo en cuenta que la Ley convertía en Derechos la atención a las personas mayores.
Por ello pedirán una reunión urgente a la nueva ministra para lograr que el proceso de mejoras en la Ley sea una prioridad para el nuevo Gobierno.
OTROS RETOS
Además, el pasado mes, CEAPS, junto a agrupaciones de mayores de toda España, entre ellas CEOMA y Mayores UDP, lograba impulsar una enmienda para lograr la unificación del IVA en el acceso a las personas mayores.
De hecho, lo que ha logrado es la aprobación de una reducción, al 4%, del tipo impositivo que se aplica a los servicios de atención a las personas dependientes y que cuenten con una financiación pública que cubra, al menos, el 10 por ciento de su precio. La enmienda a la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, que había sido pactada por PP y PDeCAT.
Pero esta medida sólo beneficia a la mitad de los afectados por la paradoja del doble, así que CEAPs pretende que el Gobierno siga trabajando para que todos los usuarios paguen el mismo IVA.
CEAPS
El Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia es la mayor asociación de atención a la dependencia de España, es ya una realidad. Integrada por las patronales mayoritarias de atención a los mayores de Andalucía, Cataluña, Castilla la Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Asturias, Aragón, Madrid y País Vasco, el CEAPs es en el máximo referente estatal en el sector de la atención a los mayores, gracias a las más de 180.000 plazas y servicios que aportan las respectivas patronales territoriales y las empresas a nivel nacional.
En concreto, las entidades integradas en el Círculo Empresarial de Atención a las Personas son la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), la Federación Castellano Leonesa de Residencias Tercera Edad (ACALERTE), la Asociación Gallega de Residencias de la Tercera Edad (AGARTE), la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (ARTECAM), la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE), la Asociación de Recursos Asistenciales de Euskadi (ELBE), la Asociación Cordobesa de Unidades de Estancia Diurna y Centros de Atención a la Dependencia (ACUED), la asociación Asorex de Estremadura, Arade, de Aragón, la asociación Ascege de Asturias y la Asociación de Atención Sociosanitaria en Residencias Privadas Extremeñas (ASOREX), y Tunstall Televida.
Colectivos de mayores y el sector de la dependencia se unen para reclamar que el IVA sea del 4% por justicia social
Los presidentes de Ceoma, UDP y AESFAS, junto a otras entidades que agrupan a más de 5 millones de mayores y la confederación empresarial CEAPs, junto a sus asociaciones miembro y otras patronales, con más de 200.000 plazas en centros residenciales y de día más otros servicios asistenciales, firman un Manifiesto por la equiparación del IVA al 4%.
El sector de la dependencia unido. Los colectivos de mayores que agrupan a más de 5 millones de mayores y pensionistas y el sector empresarial de atención a la dependencia, que aglutina más de 200.000 plazas (solo en plazas residenciales y diurnas) han firmado esta mañana en la sede del Imserso en Madrid un Manifiesto con el que han mostrado públicamente su unidad ante una de las reivindicaciones más perseguidas por ambos colectivos en los últimos años.
Según expone en el Manifiesto «no se trata de aplicar una medida fiscal, sino de hacer justicia social«. Para el centenar de entidades de sector de la dependencia firmantes no existe justificación posible a que un mismo servicio, en un mismo lugar y a una misma persona, tenga una tributación diferente. Se trata de lograr que todas las personas paguen el mismo IVA por acceder a los mismos servicios. Se da la paradoja de que el sector de la Dependencia, uno de los más sensibles, es el único con dos tipos de IVA diferentes según sea quien pague la factura. Un 4% si quien abona la misma es la administración pública y un 10% si quien paga es una persona privada.
La presidenta del Circulo Empresarial de Atención a las Personas -CEAPs – Cinta Pascual ha afirmado que la dependencia «es un derecho universal» y por lo tanto van a defenderlo y a conseguir que escuchen su petición porque «beneficia a los mayores dependientes y a la economía«, ya que, en su opinión, si se ocupan todas las plazas vacías se podría «conseguir incentiva la recuperación en la parte económica«.
Las entidades firmantes defienden un modelo de atención a la dependencia que «dé respuesta» a las necesidades de las personas y que «las ponga en el centro del sistema«, por lo que ven «totalmente necesario» mejorar la dotación presupuestaria en la atención a los más dependientes.
Cinta Pascual, durante su intervención, explicaba con un ejemplo la desigualdad existente en el sector. «Se puede dar el caso de que en una habitación doble dos amigas que la comparten paguen diferente tipo de IVA, una un 4 por ciento porque ya tiene acceso a través de la Ley de Dependencia y otra que paga un 10 por ciento de IVA porque aún no tiene reconocida la prestación o porque está en espera de que se le adjudique el servicio. Una injusticia que no puede ser admisible en un sector como este, en el que no es justo tener que pagar un impuesto por tener que ser atendido«.
El pasado miércoles, 16 de mayo, se aprobó una enmienda parcial que mira de mejorar esta situación, pero más allá de corregirla sigue siendo injusta y discriminatoria, por ello estamos convencidos que debemos seguir trabajando para visualizar está situación y finalmente se hará justicia, porque es de sentido común.
Las entidades firmantes se comprometen a trabajar para la eliminación de esta diferencia y lograr que el usuario no se vea perjudicado y pague el mismo tipo de IVA cuando acuda de forma privada a recibir un servicio lo que podría llevarle a un ahorro medio de 100 euros al mes en España, más de 1.200 euros al año, según los cálculos realizados por la propia entidad de la que se beneficiarán 200.000 usuarios de servicios residenciales en España. Manifestaciones en el mismo sentido de sorpresa ante esta realidad y de apoyo al Manifiesto y a las acciones que se están llevando a cabo, han sido expresadas por los presidentes de CEOMA, UDP y AESFAS, Ángel Quesada, Saturnino Álvarez y Angelina Fernández, respectivamente.
FIRMANTES. Entre las organizaciones que firman el Manifiesto están la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), la Unión Democrática de Pensionistas (UDP), la Asociación Española de Funcionarios y Amigos Senior (Aesfas), la Federación de Jubilado de Cajas de Ahorro, la Asociación de Veteranos de RTVE, la Fundación Edad & Vida; el Circulo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste) y el Consejo Español para las Personas con Discapacidad y Dependencia (Ceddd); así como otras entidades autonómicas y provinciales.
Enlace a Video relacionado: http://ceaps.org/convocatoria-acto-firma-manifiesto-iva-al-4/
Oltra se salta su propia ley al incumplir los plazos de asistencia a los dependientes
El Síndic carga contra el Consell por no respetar su norma sobre Procedimientos de Emergencia Ciudadana y no informar a Les Corts.
«No podemos pasar por alto la falta de impacto que ha tenido la entrada en vigor de la Ley de la Generalitat 9/2016 de Regulación de los Procedimientos de Emergencia Ciudadana». Casi dos años después de una de las que debía ser medida estrella en políticas sociales del gobierno del tripartito, es el propio Síndic el que carga contra la falta de respeto que la Generalitat tiene hacia la aplicación de la norma. El espíritu del texto legal era reducir a la mitad los plazos en asuntos como valoraciones de discapacidad, expedientes de dependencia o pago de rentas básicas, «aquellos destinados al desarrollo de una vida digna y que se tramitarán por la vía de urgencia», como explicaba la citada ley.
Nada más lejos de la realidad. Aunque el avance en estas materias dentro de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, gestionada por Mónica Oltra, ha sido notable, y así se lo reconoce el Síndic («con un significativo incremento de sus dotaciones presupuestarias, que ha permitido paliar algunas graves deficiencias en materia de prestaciones sociales, avanzando en los pagos de los beneficiarios en materia de dependencia o en los correspondientes a la Renta Garantizada de Ciudadanía»), el informe anual del Defensor del Pueblo presentado la semana pasada afea a la administración autonómica el nulo efecto. «Los retrasos en muchos de estos procedimientos siguen siendo exorbitantes y, lo que es más grave, la administración, en un sinnúmero de casos, sigue actuando como si la ley comentada no estuviera en vigor», es el duro párrafo del Síndic.
Advertencia previa
La queja del Defensor del Pueblo valenciano sobre las dilaciones en materias de bienestar social ya se elevó el año pasado. Entonces, la memoria «advertía sobre los importantes retrasos que se estaban produciendo, no sólo en el reconocimiento efectivo de determinados derechos en el área social, sino, incluso, en las respuestas a los requerimientos de información por parte de esta institución».
La loable intención de la Ley de Regulación de los Procedimientos de Emergencia Ciudadana también era puesta en duda el año pasado por el Síndic. «Reducir a la mitad los plazos ordinarios, cuando el desproporcionado incumplimiento de éstos suele ser, todavía hoy, la causa de la mayoría de las reclamaciones, va requerir de un extraordinario esfuerzo en medios materiales y humanos por parte de la administración de la Generalitat», auguraba ya hace un año el Defensor.
«Años de austeridad»
«Es evidente que ese esfuerzo, si se ha realizado, no ha tenido éxito», concluye el Síndic, para subrayar cómo la aplicación del espíritu de la ley se ha visto muy dificultada por las «mermadas plantillas» del Consell tras «años de políticas de austeridad», cargando también algo las tintas sobre la responsabilidad del anterior Gobierno del PP en la imposibilidad de mejorar esta parte de la política social.
La rendición de cuentas que la citada ley establece por parte del Consell ante el Parlamento también hace aguas. «La disposición adicional segunda de la ley ordena al Consell remitir anualmente a Les Corts un informe sobre la situación y el estado de la tramitación de los procedimientos declarados de emergencia ciudadana», explica el Síndic. Doce meses después, ni rastro de esa información. «Transcurrido más de un año desde la entrada en vigor de la tan citada Ley, al Síndic no le consta que ese informe haya sido remitido a la Cámara o que haya sido reclamado por ésta».
El Defensor acaba afirmando con cierta ironía que no resulta «ocioso requerir una mínima evaluación de la eficacia de esta norma y de su afección sobre los derechos y prestaciones que pretende proteger».
Retrasos de 19 meses en las valoraciones de discapacidad
El retraso en el reconocimiento de las prestaciones por dependencia sigue siendo el principal problema que la ciudadanía denuncia ante el Síndic. Es el primero de los datos del informe anual que tira por tierra la aplicación de la Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana. No es el único. La atención a las personas con discapacidad es otro de los gruesos de las reclamaciones que recibe el Defensor del Pueblo. Y la mayoría de ellas «vienen a denunciar los considerables retrasos que se producen a la hora de realizar las valoraciones necesarias para resolver sobre el grado de discapacidad». La propia Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas reconoce en una respuesta al Síndic la existencia de esas dilaciones. Se trata de «demoras en los centros de valoración de 19 meses en Alicante, 14 meses en Valencia y 13 meses en Castellón», como recoge el dossier del Síndic.
El informe incide en recordar cómo la Ley aprobada en 2016 se comprometía en reducir a tres meses el plazo para resolver las solicitudes de discapacidad. El Defensor reconoce su «perplejidad» al responder la conselleria que la demora se debe a «causas de fuerza mayor», cuando para el Síndic es por «un problema estructural de plantilla». La solución para el Síndic es sencilla: «Adecuar la organización y medios personales y materiales de la administración a las leyes que se aprueban». Que las normas no queden en papel mojado. Igualdad contestó al Síndic que la plantilla se iba a ampliar con equipos temporales y que se crearían nuevas plazas con los presupuestos de este año. «Confiamos en el éxito de estas medidas», es el anhelo del Defensor del Pueblo.
Fuente: LAS PROVINCIAS
Orange e Ilunion lanzan ‘Serena’, un servicio de teleasistencia en movilidad para personas mayores
Orange España e Ilunion Sociosanitario lanzarán el próximo 2 de abril «Serena», un servicio de atención para personas mayores que, por primera vez, combina todas las ventajas de las telecomunicaciones y la teleasistencia, tanto en casa como fuera de ella.
«Serena» permitirá que los usuarios (personas mayores y dependientes) puedan disfrutar de todos los servicios que ofrece la teleasistencia, así como de una atención cualificada e inmediata en caso de necesidad urgente, tanto en su domicilio como fuera de él, gracias a su dispositivo móvil y a la app desarrollada a tal efecto.
De esta forma, a través de «Serena», los usuarios tendrán un servicio de teleasistencia en movilidad en todo el ámbito nacional, las 24 horas del día, los 365 días del año, tan sólo accionando un botón, que estará disponible tanto en su terminal móvil como en la propia app.
Funcionalidades
Además de avisos de emergencias, la comunicación con personal cualificado experto en teleasistencia mediante chat, llamadas de acompañamiento o geolocalización, los usuarios contarán con un sistema de notificaciones de agenda personal y familiar, como las relativas a la medicación, las citas médicas o los eventos familiares, entre otras.
Así, tanto el propio usuario del servicio como sus familiares tendrán la tranquilidad que supone un contacto con asistencia inmediata y especializada en todo momento, y atención constante a través de los servicios de los profesionales de Ilunion Sociosanitario. Todo ello a través de un servicio fácil de usar y gracias al cual los usuarios podrán sentirse más independientes y tranquilos.
15,90 euros al mes
«Serena» se podrá solicitar a través del teléfono 1470 de atención al cliente de Orange o en las tiendas de la operadora por sólo 15,90 euros al mes, sin costes de alta o instalación, sin permanencias y sin necesidad de otro terminal que el propio móvil del cliente, facilitando así una asistencia completa y especializada al alcance de todos.
El cliente podrá contratar el servicio en su modalidad «Esencial» (simplemente configurando el botón físico disponible en su terminal móvil tradicional de teclas asociado) o «Total» (a través de un smartphone con la app de «Serena»). En ambos casos, el precio es el mismo y el usuario únicamente deberá ser cliente de una tarifa móvil de contrato de Orange.
Atención inmediata y humana
«Serena» incluirá un servicio de atención inmediata ante situaciones de emergencia que precisen la movilización de los recursos públicos, privados y personales más adecuados.
También recibirán periódicamente llamadas de seguimiento y atención de personal experto de Ilunion Sociosanitario, que les ofrecerá información de interés, como recomendaciones de hábitos tanto físicos como alimenticios para mantener una vida saludable.
Por otro lado, «Serena» contará con un microsite dirigido a familiares de los usuarios, con un registro de las interacciones con el servicio de «Serena», un área para visualizar documentación de su interés particular, facturas y un espacio para ver los avisos que recibe el usuario.
El CEAPs insta al Gobierno a igualar el IVA que pagan los mayores en los servicios geriátricos y pide su inclusión en los PGE
La organización empresarial denuncia que el gravamen a residencias, centros de día, atención domiciliaria y otros recursos asistenciales privados es del 10% mientras que por un idéntico servicio concertado o público se tribute el 4%.
La medida afectaría positivamente a unos 200.000 mayores que actualmente utilizan una plaza residencial privada a los que hay que sumar los usuarios de otros recursos asistenciales.
El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) ha exigido este martes al Gobierno central que reduzca el IVA de los servicios asistenciales privados y lo sitúe al mismo nivel que los públicos o concertados. Este impuesto es actualmente del 10% en los geriátricos con plazas privadas mientras que, por una plaza pública/concertada con idéntico servicio, se tributa un tipo del 4%. Por este motivo, el CEAPs ha solicitado al Ejecutivo de Mariano Rajoy que “corrija esta paradoja” e incluya dicha medida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.
La demanda pública al Gobierno se produce después de un periodo de reuniones con la Dirección General de Tributos, cuyo equipo ha dado el visto bueno al informe técnico del CEAPs. Asimismo, la propuesta del CEAPs cuenta con el apoyo de todas las patronales territoriales que lo integran.
En este sentido, la presidenta de CEAPs, Cinta Pascual, se ha preguntado que “si estamos hablando del mismo servicio, por qué el IVA que paga la persona usuaria tiene que ser diferente y por qué se penaliza a los ciudadanos en lugar de tratarlos con igualdad”. Para Pascual, “situar el IVA al 4% supone mucho más que una medida fiscal, significa hacer justicia social a miles de ciudadanos de nuestro país”.
Según Pascual, “igualar el IVA afectaría positivamente a unos 200.000 mayores que actualmente utilizan una plaza residencial privada, con un ahorro estimado de 106 euros mensuales, lo que supone una cantidad de 1.279 euros anuales, teniendo en cuenta que el precio medio de la plaza residencial privada en España es de 1.777,62 euros al mes”. Asimismo, de esta medida se podrían beneficiar también centros de día, atención domiciliaria y otros recursos asistenciales privados.
Por todo ello, el CEAPs confía en que el Ejecutivo central tome nota de su demanda e incluya dicha medida en los PGE 2018 y recuerda que “la atención a la dependencia es una necesidad, no un lujo”, ha resaltado.
La presidenta de CEAPs ha recordado el “derecho universal de la Ley de la Dependencia” y que, “no se puede penalizar al ciudadano incrementándole el IVA cuando se ve obligado a contratar un servicio privado por ineficacia del sistema público, con largas listas de espera”.
Esta demanda se produce después de un periodo de reuniones con la Dirección General de Tributos, cuyo equipo ha dado el visto bueno al informe técnico del CEAPs. Cinta Pascual tuvo la oportunidad de explicar en primera persona al ministro Montoro está desigualdad.
El Circulo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) es la organización empresarial más representativa de España en servicios de atención a la dependencia. Está formada por las organizaciones patronales mayoritarias de atención a las personas en situación de dependencia de Andalucía, Asturias, Aragón, Cataluña, Castilla la Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, y el País Vasco.
Las organizaciones miembro de CEAPs representan 120.000 plazas residenciales, más de 1.300 empresas asociadas y más de 400.000 servicios de SAD y Tele asistencia, e integra a más de 80.000 trabajadores, lo que le convierte en el referente estatal del sector.
TIAGo, un robot semihumanoide que cuida a personas mayores y ayuda en las tareas domésticas
Localizar las llaves o el móvil, dar las pastillas a la hora que toca o monitorizar las constantes vitales y el estado físico son algunas de las capacidades de TIAGo, un robot semihumanoide desarrollado por la empresa PAL Robotics en Barcelona que se está ensayando en media docena de hogares europeos para ayudar a personas mayores.
Según explicó Francesco Ferro, director general de la empresa, establecida en Barcelona, el ensayo está teniendo “una “aceptación muy alta” entre las personas mayores que lo están probando. TIAGo acompaña a las personas enfermas o dependientes a las que avisa, por ejemplo, sobre la hora de tomar las pastillas y comer, recomienda los platos más saludables y también puede llevar objetos y monitorizar las constantes vitales de los ancianos, enumeró la directora de comunicación de la empresa, Judith Viladomat.
El robot también es capaz de detectar objetos previamente marcados con una etiqueta especial, como las llaves o el móvil, y asistir a la persona a la hora de acostarse, como arroparla o ayudarla a subir a la cama, todo ello “para preservar la dignidad de la persona”, afirma Viladomat. “El robot permite a las personas mayores permanecer más tiempo en casa” en vez de tener que ir a un centro o residencia ya que alarga, de media, entre 2 y 3 años el tiempo de su autonomía, asegura Ferro.
En un evento del ciclo Human Hardware, organizado por Mazda Space en Barcelona, Ferro y Viladomat mostraron cómo funciona TIAGo y destacaron su “capacidad de interacción” con respecto a otros robots. TIAGo es un robot colaborativo, por lo que es “seguro, robusto y flexible” y “se adapta a diferentes tareas que puede desarrollar conjuntamente con un humano”, según Ferro. El usuario también puede enseñar al robot a desarrollar nuevas funciones porque es “muy fácil de programar ya que uno de los objetivos es que todo el mundo sea capaz de utilizarlo”, según sus creadores.
El precio de TIAGo varia entre los 20.000 y los 60.000 euros en función de sus componentes, pero Ferro subraya que “hay que bajar el precio de los robots para que todo el mundo pueda tener uno en casa”. “TIAGo nació bajo este concepto (según Ferro) ya que está previsto que la población mayor de 60 años se duplique en los próximos años en Europa”, uno de los motivos por los cuales la Unión Europea da fondos a los proyectos de robótica orientados a las tareas de cuidados.
Según Ferro, todos los hogares podrán tener un robot dentro de “tres y cinco años”. PAL Robotics apuesta por los robots semihumanoides, “con apariencia de máquina pero con rasgos fácilmente identificables por nosotros, como ojos o manos”, aclara Viladomat.
Fuente: El Ideal Gallego
La Oficina de la Dependencia y el Mayor de la Comunidad de Madrid atendió a 22.425 personas en 2017
Un total de 22.425 personas fueron atendidas de manera presencial durante el pasado año en la Oficina de Información de la Dependencia y el Mayor de la Comunidad de Madrid.
El principal objetivo de este servicio de la Comunidad de Madrid, que cuenta con un equipo de 10 profesionales, es facilitar a los ciudadanos información tanto sobre cuestiones particulares como para dar respuesta a preguntas de carácter general relativas al Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
Además, en esta oficina también se ofrece información dirigida a personas mayores autónomas sobre programas y servicios destinados a este colectivo, como centros residenciales y de día, estancias temporales en residencias, pisos tutelados, o el programa de acogimiento familiar para personas mayores.
Paralelamente a la atención presencial, los ciudadanos también disponen del teléfono de información 012, opción 2, para las consultas relacionadas con la Dependencia. A lo largo del pasado año, este servicio de atención telefónica recibió un total de 294.761 llamadas.
Asimismo, a través del Portal del Mayor de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/mayores/) se facilita información de forma accesible relacionada con los mayores de la región.
De esta manera, los mayores, sus familias y los profesionales de los servicios sociales y todos los ciudadanos, pueden acceder rápidamente a cualquier dato de consulta sobre los centros, recursos, programas y actividades de interés para las personas mayores de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid cuenta con 1,1 millones de personas mayores de 65 años, de las cuales casi el 31 % supera los 80 años de edad, y tiene la mayor esperanza de vida de toda España y una de las mayores del mundo, con 84 años.
El Gobierno regional cuenta con una Red de Atención a mayores en situación de dependencia de 46.800 plazas de diferente tipología que ofrece atención personalizada e individualizada, buscando siempre los máximos estándares de calidad.
Para el presente año, la Comunidad de Madrid va a destinar un presupuesto de 1.256 millones de euros a la dependencia, lo que supone un incremento del 5 % respecto al ejercicio anterior.
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Comunidad de Madrid se encuentra a la cabeza en servicios de Dependencia prestados, cumpliendo lo que establece la Ley de Dependencia, que determina que deben primar los servicios sobre las prestaciones económicas. Madrid se encuentra 15 puntos por encima de la media del conjunto de España.
Asimismo, en la Comunidad de Madrid están siendo atendidas un total de 117.758 personas en situación de dependencia, que reciben el servicio o la prestación más adecuados en función de sus necesidades.
Cuatro de cada 10 dependientes catalanes están desatendidos
Catalunya es la comunidad autónoma con más personas dependientes en lista de espera, según el último balance del Sistema de Atención a la Dependencia, que revela que casi cuatro de cada 10 dependientes (37,1%) de esta región no recibe la prestación o servicio a la que tienen derecho por ley tras ser evaluados, un dato que supera en 12,6 puntos porcentuales la media española (24,5%).
En el conjunto de España, uno de cada cuatro dependientes reconocidos está en la lista de espera. «Se confirma en el 2017 una recuperación del Sistema de Atención a la Dependencia que se inició en 2015, al calor de la sensibilidad de los nuevos Gobiernos Autonómicos y por la incorporación de los dependientes moderados (en julio del 2015)», valora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
No así en Catalunya. Los datos a 31 de diciembre del 2017, a los que ha tenido acceso Europa Press, señalan que de las 224.261 catalanes reconocidos como dependientes, 83.203 están desatendidos.
Al actual ritmo, esta comunidad autónoma precisaría de más de 11 años para acabar con el ‘limbo’ en el que se encuentran estos dependientes, según la estimación de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Castilla y León, en el otro extremo
La lista de espera de Catalunya contrasta con la de Castilla y León, que ha acabado el 2017 con la práctica totalidad de sus dependientes atendidos y solo un 1,4% pendiente de una prestación o servicio.
Por el contrario, muy cerca de la comunidad catalana se sitúa Canarias, con más de un tercio de las personas dependientes sin ser atendidas (36,6%), seguida de Andalucía (31,8%) y Extremadura (27,2%).
El resto se sitúan por debajo de la media española del 24,5%: Aragón (23,1%), Cantabria (22,6%), Madrid (21,5%), Navarra (19,8%), País Vasco (18,6%), Castilla-La Mancha (18,4%), Baleares (17,7%), Galicia (17,6%), Comunidad Valenciana (15,9%), Asturias (13,8%), Murcia (13,5%) y Ceuta y Melilla (9,1%).
Durante el 2017, el saldo de la lista de espera se redujo en 38.189 personas en el conjunto de España, una cifra insuficiente para acabar con el limbo en el que se encuentran 310.120 personas. «A ese ritmo se necesitarían más de ocho años solo para atender a la actual acumulación de la lista de espera», señalan los directores de servicios sociales.
A estos les resulta «especialmente preocupante» que casi el 40% de las personas desatendidas son dependientes severos y grandes dependientes (120.368), que son los que necesitan prestaciones con mayor urgencia.
«El propio Ministerio reconoce en sus informes que, en 2017, una de cada cuatro de las personas con derecho a prestación que han causado baja –la inmensa mayoría por fallecimiento–, no se encontraban recibiendo su correspondiente prestación», alertan.
Fuente: El Periódico
Presentación en Córdoba del ‘Observatorio Social de las Personas Mayores’
El ‘Observatorio Social de las Personas Mayores’, una publicación elaborada entre la Federación de Pensionistas y Jubilados del sindicato CCOO y la Fundación Primero de Mayo, en la que se recoge un estudio sobre la situación de las personas mayores y, en especial, en materia de pensiones.
El secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha afirmado este lunes que el envejecimiento de la población que se está registrando en España ha de verse «como una oportunidad» para generar empleo, mediante un cambio de modelo productivo que aproveche la necesidad de prestar cada vez más servicios especializados y de calidad a la creciente población de mayores.
Bravo ha hecho esta afirmación durante la presentación en Córdoba en rueda de prensa CCOO del ‘Observatorio Social de las Personas Mayores’, una publicación elaborada entre la Federación de Pensionistas y Jubilados del sindicato y la Fundación Primero de Mayo, en la que se recoge un estudio sobre la situación de las personas mayores y, en especial, en materia de pensiones.
En este contexto, ha explicado que en la actualidad una de cada cinco personas es pensionista, pero a mediados de siglo lo será una de cada tres, debido al mencionado envejecimiento de la población, que, según ha argumentado, «ha de verse como una oportunidad para que este país modifique su modelo productivo reforzando algo en lo que somos una potencia mundial, servicios a las personas mayores».
Se trataría, según ha indicado, de dar respuesta «a una demanda creciente de bienes y servicios donde la inversión en centros de día, en centros residenciales, en ayuda a domicilio, en teleasistencia, etcétera, son yacimientos de empleo».
Sin embargo, el dirigente sindical ha precisado que es necesario «que sean servicios de calidad, con empleos de calidad, estables, bien remunerados con sistemas de cotización y un sistema fiscal más justo», ya que ello redundará en beneficio de los futuros pensionistas, que también necesitarán de estos bienes y servicios.
Por su parte, la secretaria general de CCOO-Andalucía, Nuria López, ha indicado que el Observatorio recoge algo «muy importante y muy preocupante», porque, «fruto de las políticas de recortes y de austeridad, se han dinamitado una gran parte de los resortes que permitían a las personas pensionistas vivir con dignidad».
Además, según ha añadido, «se les está coartando el derecho a un envejecimiento activo» a los mayores, ya que se les «ha atacado con los recortes en sanidad, en dependencia y en el sistema de pensiones».
Junto a ello, la responsable sindical ha apostillado que «una mala financiación autonómica, un no reconocer a los andaluces y a las andaluzas, significa que no tenemos recursos para la sanidad y para la dependencia, y eso al final también perjudica a las personas pensionistas».
PENSIONES
Según apunta el sindicato, las personas mayores sustentan en España un tercio de los hogares y la pensión media es de 1.071 euros, pensión que baja a los 965 euros en Andalucía, lo cual «dificulta ese derecho de las personas a tener una vida digna, algo que se agrava en el caso de las mujeres, con una pensión 400 euros inferior a la del hombre, fruto de las discriminaciones que se dan en el mundo del trabajo».
En este sentido, López ha insistido en que hay que recuperar la inversión social y garantizar la viabilidad del sistema de pensiones que, según ha recalcado, «es un sistema viable, financiable y que tiene futuro». El sindicato propone, por tanto, reforzarlo desde la vía de los ingresos y los salarios.
«Es ahí –ha proseguido– donde hay que afrontar los problemas del sistema de pensiones, desde la base del empleo, subiendo salarios y generando empleo de calidad». En todo caso, «el sistema público de pensiones no puede ser sea objeto de juego político y las propuestas que haya han de llevarse a la Mesa del Pacto de Toledo, de donde nunca debieron salir», ha apostillado.
A este respecto y por su parte, el secretario confederal de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, Julián Gutiérrez, ha asegurado que «la Seguridad Social no tendría ningún tipo de problemas hoy día si la tasa de empleo de las mujeres estuviese equiparada con los hombres».
DEPENDENCIA
CCOO ha reivindicado sobre este ámbito «una inversión que garantice un sistema de atención a la dependencia suficiente, porque en torno a un tercio de las personas que deberían ser atendidas no lo están siendo, con casi 400.000 personas en España».
Sobre esta cuestión, Gutiérrez ha recordado que CCOO le ha dicho al Gobierno de la Nación, «que ha recortado la Ley de la Dependencia prácticamente a la mitad desde el año 2012», que «todo el dinero que se invierte en ella se recupera con la creación de puestos de trabajo».
Fuente: La Vanguardia
Si eres una persona dependiente con movilidad reducida puedes visitar Mallorca y alquilar allí scooters eléctricos u otras ayudas
Cada vez son más la personas que, por avanzada edad o por motivos de salud, requieren de ayudas extras para poder llevar a cabo tareas rutinarias. Ante esto, Mobility Mallorca se destaca como empresa pionera en la isla balear.
La empresa mallorquina ofrece una amplia variedad de servicios para personas mayores o con movilidad reducida durante todo el año y con precios muy económicos.
Mobility Mallorca nace con la intención de facilitar la vida de personas con movilidad reducida o personas mayores durante las vacaciones, ofreciendo servicios de alquiler de productos ortopedicos en toda la isla.
Según David Dupays, responsable comercial, “muchas personas se encuentran en una situación a veces temporal como de larga duración con un problema de movilidad, y por ello, desarrollamos el servicio de alquiler para toda Mallorca, facilitar el día a día, sin necesidad de llevarse sus artículos por avión que a menudo resultan dañados o incluso rotos”.
La compañía balear ubicada en Palma de Mallorca, cuenta con una amplia gama de productos para cubrir las necesidades de las personas mayores o con dificultad de movilidad. Ofrecen desde alquiler de productos como scooters eléctricos de varios tamaños, como modelos desmontables,ligeros para llevar en el maletero de su coche, sillas de ruedas manuales o eléctricas, camas articuladas incluyendo ayudas para el baño. Recientemente, como novedad incluyeron nuevos productos,sillas de ruedas especial para facilitar la movilidad en la playa. Han incorporado en su flota un elevador salvaescaleras, producto unico en todas las baleares.
Ofrecen un servicio de atencion al cliente inmejorable y prestan servicios los domigos y festivos a traves de su Telefono 902461346 .
Tarifas y distribución con alta adaptabilidad
En cuanto a las tarifas, Mobility Mallorca garantiza unos precios sin competencia y asegura tener unos costes en los servicios mas económicos, para que cualquier persona pueda acceder a ellos.
Por otro lado, en cuanto a la distribución, entregan sus productos, tanto a hoteles o a domicilio en toda la isla de Mallorca y con disponibilidad todo el año. Además, ofrecen también la posibilidad de adquirir sus productos y servicios vía su página web, en la cual se pueden realizar reservas y pagos online, o en su tienda ubicada en Calle Manacor 123 de palma de Mallorca.
Como afirman desde Mobility Mallorca, “ofrecemos la posibilidad de entregar a domicilio o al hotel su scooter eléctrico o cualquier producto según su necesidad tales como silla de ruedas eléctricas o manuales, grúas de desplazamiento, camas articuladas, muletas, sillas de baño,sillas de rueda,andadores, caminadores».
Sobre Mobility Mallorca
Mobility Mallorca es una empresa especializada en el alquiler de productos para facilitar la movilidad a personas mayores o con movilidad reducida y mejorar sus estancias vacacionales o su vida diaria. Se encuentra en Palma de Mallorca, cerca del aeropuerto y a 10 minutos del centro de la ciudad.
Fuente: hosteltur
Aragón baja a mitad la lista de espera de dependientes, que aspira que sea 0
La lista de espera de personas en situación de dependencia se ha reducido en 7.000 personas desde el inicio de la actual legislatura, al pasar de 14.800 a las 7.700 actuales, aunque el objetivo «legítimo y alcanzable» es concluir el mandato con una lista de espera de cero personas.
Así lo ha asegurado el presidente de Aragón, Javier Lambán, durante la visita que ha girado junto a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, a la residencia de mayores del barrio de Las Fuentes en Zaragoza.
Lambán ha dado a conocer allí el balance de los datos de Dependencia en la comunidad sobre el que Lambán ha resaltado que en la anterior legislatura cada día dejaban de estar en el sistema 5,2 personas de media, mientras que en el ejercicio anterior cada día se incorporaron 13 personas al sistema.
«Hemos pasado de perder 5,2 a incorporar trece» personas, ha dicho el presidente, quien ha informado de que en la actualidad están incorporadas al sistema 25.618 personas, 9.000 más que cuando el ejecutivo PSOE-CHA llegó al Gobierno.
El presidente ha apuntado, además, que en el ránking de las comunidades autónomas Aragón ha mejorado «sustancialmente» su posición respecto al inicio de legislatura, ya que cuando comenzó era la región con mayor lista de espera en España y ahora está «por encima de la media. «Hemos pasado de 14.800 personas de lista de espera a una lista de 7.700, lo que es pasar del 48 al 23 por ciento», ha dicho.
Y ha añadido que el propósito del Gobierno es «mejorar» estas cifras, ya que es «legítimo y alcanzable» terminar la legislatura «con una lista de espera de cero personas».
Lambán, quien ha recordado que el de las personas mayores ha sido uno de los sectores más castigados por la crisis, ha denunciado que no están siendo bien tratados por el Gobierno central, que ha incrementado las pensiones «muy por debajo del incremento del IPC», lo que «contradice» el espíritu con el que desde hace años se abordaban estas cuestiones, sobre todo, a raíz de la puesta en marcha del pacto de Toledo.
Una cuestión «absolutamente denunciable», sobre la que ha mostrado su solidaridad como Gobierno con las personas mayores que se movilizan reivindicando sus derechos en esta materia.
El presidente de Aragón ha advertido, además, que si no hay presupuestos en España, la financiación del sistema de dependencia será «peor».
Ha recordado en este sentido que el Estado tendría que aportar el 50 por ciento de la financiación de la ley de Dependencia pero aporta «aproximadamente el 16 por ciento», por lo que se está produciendo un «incumplimiento fragante de la ley estatal».
Además de denunciarlo, el Gobierno aragonés entendió que tiene que recuperar el servicio y, aunque sea a costa de recursos propios, confía en que cuando termine la legislatura la lista de espera se haya reducido «considerablemente».
Según fuentes del Gobierno de Aragón, en 2017 comenzaron la teleasistencia 853 personas y se consolidaron 2.611 personas que recibieron el servicio de ayuda a domicilio.
El porcentaje que más subió el pasado año, un 46 por ciento, fue el de las prestaciones vinculadas al servicio, seguido por la asistencia en centros de día, un 34 por ciento, y un 13 por ciento las plazas residenciales.
Fuente: ABC
En València buscan a 750 personas mayores de 65 años para mejorar su autonomía dentro del proyecto Activage
Un total de 750 personas de más de 65 años participarán en el proyecto europeo Activage ‘Smart Living para envejecer mejor’, que está desarrollándose en nuestra ciudad desde hace un año de la mano de Las Naves.
El proyecto, en el que participan siete países europeos, entra ahora en fase de consecución del piloto.
A estas personas se les realizará un seguimiento de sus rutinas y vida diaria, instalando sensores que registrarán su actividad dentro y fuera de sus casas, con el objetivo de mejorar su autonomía y para que puedan continuar viviendo de manera autónoma.
Así, esta mañana el concejal de Innovación y Gestión del Conocimiento, Roberto Jaramillo, y la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de València, Consol Castillo, han presentado esta mañana la campaña de información y captación del proyecto Activage.
Esta iniciativa apuesta por el envejecimiento activo y tiene como meta el aumento de los años de vida saludable y autónoma de la ciudadanía, con impacto en la calidad de vida, el ahorro en el sistema de bienestar social y la generación de innovación local.
Con esos objetivos en el horizonte, Activage echa a andar en nuestra ciudad después de un año de diseño previo en el que se ha desarrollado la tecnología que se empleará y se han definido los perfiles de las personas usuarias.
En este proceso han trabajado los cinco socios que desarrollarán ahora también el proyecto piloto: Las Naves–Ayuntamiento de València, y las entidades Atenzia, Gesmed e Iniciativa Social Integral, -especializadas en teleasistencia, ayuda a domicilio y otros servicios sociosanitarios destinados a personas mayores- y Mysphera, desarrolladora de la tecnología del piloto.
Las 750 personas que participan en el proyecto tendrán que cumplir varios requisitos: ser mayores de 65 años y vivir solas o pasar gran parte de su día a día sin compañía.
Serán un total de 525 casas de València a las que se les instalará un equipo formado por 4 sensores detectores de presencia y ambientales, un detector de apertura de puertas y un dispositivo que recogerá la información de la actividad del usuario o usuaria.
La idea es que en combinación con el seguimiento de las rutinas fuera de la casa –a través de otro dispositivo portátil-, se conforme una atención continuada y se proporcione una idea de la actividad diaria.
Esta información la recibirá la persona designada como cuidador o cuidadora por la persona participante en el proyecto, y le llegará a través de una aplicación instalada a su móvil, pudiéndose así también configurar alertas y otras prestaciones.
Beneficios para usuarios y cuidadores
El piloto de Activage contempla la monitorización continuada tanto en la casa de la persona usuaria como fuera de ella, en el entorno vecinal y en la ciudad.
«El objetivo es promover la vida autónoma, identificando situaciones relevantes que puedan representar un riesgo, e informar tanto a los servicios profesionales como a las cuidadoras y cuidadores. Los sensores desplegados permitirán encontrar patrones de comportamiento habituales en una persona, e identificar desviaciones significativas que puedan representar la necesidad de la intervención temprana», ha explicado la concejala Consol Castillo.
Pero además Activage también aporta otras ventajas a las personas cuidadoras, «el proyecto garantiza tranquilidad, puesto que pueden hacer un seguimiento de sus mayores cuando están a solas», ha añadido Castillo.
Hay que remarcar, además, que se respetará estrictamente la intimidad de las personas mayores que participan en el proyecto y se garantizará la privacidad de los datos.
«Además, tenemos que reflexionar sobre los datos estadísticos del envejecimiento en la ciudad de València. Queremos que este proyecto sea también una medida preventiva para el futuro», ha recalcado la concejala.
Innovación social centrada en las personas
Por su parte, el concejal de Innovación, Roberto Jaramillo, ha destacado la línea de trabajo de este proyecto, «la cual se enmarca en el objetivo de convertir nuestra ciudad en una verdadera ‘Ciudad Inteligente’, donde la tecnología y la innovación estén al servicio de las personas. Queremos que las nuevas tecnologías tengan un uso social, que sean empleadas, como decíamos, para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, no sólo de las personas directamente participantes en el proyecto —que reciben mayores grados de autonomía y con las que también se trabaja para reducir la brecha digital existente—, sino también de sus personas cuidadoras, a las que se les da más tranquilidad».
Jaramillo avanza que la intención del gobierno municipal «es seguir desarrollando proyectos europeos en nuestra ciudad como éste, que tienen como objetivo nuclear y prioritario la mejora del día a día de las personas, atendiendo así los problemas reales de la ciudadanía y buscando al mismo tiempo soluciones innovadoras».
Campaña de comunicación
Las Naves ha comenzado una intensa campaña de comunicación del proyecto y de captación de las personas interesadas en participar en este piloto.
Podrán inscribirse a partir de hoy de diferentes maneras: a través del teléfono de Las Naves (96 391 04 77), del correo electrónico (activagevlc@lasnaves.com), rellenando la solicitud a través de la página web www.activagevalencia.eu, -con un funcionamiento muy sencillo, y que ha sido creada expresamente para dar a conocer el proyecto-, o directamente a través del Servicio de Bienestar Social del Ayuntamiento de València (en el edificio de Tabacalera, patio A).
Tanto Jaramillo como Castillo han subrayado que a partir de hoy, toda la ciudadanía tendrá conocimiento de este proyecto. La información estará en la calle y se podrá ver en los MUPIS, en las líneas de autobuses, en las redes sociales, así como en centros de personas mayores, centros de salud, bibliotecas, mercados, sedes de la Universidad Popular, hospitales, etc. «Queremos que la campaña llegue a todo el mundo», han puntualizado.
Proyecto europeo
Activage cuenta con una dotación económica concedida por la Unión Europea de 25 millones de euros a la totalidad del proyecto, de los cuales 1,7 millones se asignarán a València para desarrollar el piloto.
Además de nuestra ciudad, participarán otros proyectos pilotos en Madrid, varias localidades de Galicia, y ciudades y regiones de Francia (Grenoble), Alemania (Ober-Ramstadt), Grecia (Attica, Grecia Central y la región de Macedonia), Italia (Emilia Romagna), Finlandia (Espoo, Tampere y Turku) y Reino Unido (Leeds).
El proyecto Activage es uno de los abanderados de la UE en materia de la aplicación de las nuevas tecnologías -conocidas como Internet de las Cosas- al envejecimiento activo.
Fuente: eldiario.es
