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may 10

Oltra se salta su propia ley al incumplir los plazos de asistencia a los dependientes

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MONICA OLTRAEl Síndic carga contra el Consell por no respetar su norma sobre Procedimientos de Emergencia Ciudadana y no informar a Les Corts.

«No podemos pasar por alto la falta de impacto que ha tenido la entrada en vigor de la Ley de la Generalitat 9/2016 de Regulación de los Procedimientos de Emergencia Ciudadana». Casi dos años después de una de las que debía ser medida estrella en políticas sociales del gobierno del tripartito, es el propio Síndic el que carga contra la falta de respeto que la Generalitat tiene hacia la aplicación de la norma. El espíritu del texto legal era reducir a la mitad los plazos en asuntos como valoraciones de discapacidad, expedientes de dependencia o pago de rentas básicas, «aquellos destinados al desarrollo de una vida digna y que se tramitarán por la vía de urgencia», como explicaba la citada ley.

Nada más lejos de la realidad. Aunque el avance en estas materias dentro de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, gestionada por Mónica Oltra, ha sido notable, y así se lo reconoce el Síndic («con un significativo incremento de sus dotaciones presupuestarias, que ha permitido paliar algunas graves deficiencias en materia de prestaciones sociales, avanzando en los pagos de los beneficiarios en materia de dependencia o en los correspondientes a la Renta Garantizada de Ciudadanía»), el informe anual del Defensor del Pueblo presentado la semana pasada afea a la administración autonómica el nulo efecto. «Los retrasos en muchos de estos procedimientos siguen siendo exorbitantes y, lo que es más grave, la administración, en un sinnúmero de casos, sigue actuando como si la ley comentada no estuviera en vigor», es el duro párrafo del Síndic.

Advertencia previa

La queja del Defensor del Pueblo valenciano sobre las dilaciones en materias de bienestar social ya se elevó el año pasado. Entonces, la memoria «advertía sobre los importantes retrasos que se estaban produciendo, no sólo en el reconocimiento efectivo de determinados derechos en el área social, sino, incluso, en las respuestas a los requerimientos de información por parte de esta institución».

La loable intención de la Ley de Regulación de los Procedimientos de Emergencia Ciudadana también era puesta en duda el año pasado por el Síndic. «Reducir a la mitad los plazos ordinarios, cuando el desproporcionado incumplimiento de éstos suele ser, todavía hoy, la causa de la mayoría de las reclamaciones, va requerir de un extraordinario esfuerzo en medios materiales y humanos por parte de la administración de la Generalitat», auguraba ya hace un año el Defensor.

«Años de austeridad»

«Es evidente que ese esfuerzo, si se ha realizado, no ha tenido éxito», concluye el Síndic, para subrayar cómo la aplicación del espíritu de la ley se ha visto muy dificultada por las «mermadas plantillas» del Consell tras «años de políticas de austeridad», cargando también algo las tintas sobre la responsabilidad del anterior Gobierno del PP en la imposibilidad de mejorar esta parte de la política social.

La rendición de cuentas que la citada ley establece por parte del Consell ante el Parlamento también hace aguas. «La disposición adicional segunda de la ley ordena al Consell remitir anualmente a Les Corts un informe sobre la situación y el estado de la tramitación de los procedimientos declarados de emergencia ciudadana», explica el Síndic. Doce meses después, ni rastro de esa información. «Transcurrido más de un año desde la entrada en vigor de la tan citada Ley, al Síndic no le consta que ese informe haya sido remitido a la Cámara o que haya sido reclamado por ésta».

El Defensor acaba afirmando con cierta ironía que no resulta «ocioso requerir una mínima evaluación de la eficacia de esta norma y de su afección sobre los derechos y prestaciones que pretende proteger».

Retrasos de 19 meses en las valoraciones de discapacidad

El retraso en el reconocimiento de las prestaciones por dependencia sigue siendo el principal problema que la ciudadanía denuncia ante el Síndic. Es el primero de los datos del informe anual que tira por tierra la aplicación de la Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana. No es el único. La atención a las personas con discapacidad es otro de los gruesos de las reclamaciones que recibe el Defensor del Pueblo. Y la mayoría de ellas «vienen a denunciar los considerables retrasos que se producen a la hora de realizar las valoraciones necesarias para resolver sobre el grado de discapacidad». La propia Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas reconoce en una respuesta al Síndic la existencia de esas dilaciones. Se trata de «demoras en los centros de valoración de 19 meses en Alicante, 14 meses en Valencia y 13 meses en Castellón», como recoge el dossier del Síndic.

El informe incide en recordar cómo la Ley aprobada en 2016 se comprometía en reducir a tres meses el plazo para resolver las solicitudes de discapacidad. El Defensor reconoce su «perplejidad» al responder la conselleria que la demora se debe a «causas de fuerza mayor», cuando para el Síndic es por «un problema estructural de plantilla». La solución para el Síndic es sencilla: «Adecuar la organización y medios personales y materiales de la administración a las leyes que se aprueban». Que las normas no queden en papel mojado. Igualdad contestó al Síndic que la plantilla se iba a ampliar con equipos temporales y que se crearían nuevas plazas con los presupuestos de este año. «Confiamos en el éxito de estas medidas», es el anhelo del Defensor del Pueblo.

Fuente: LAS PROVINCIAS