Dependencia
Cáritas alerta de que la reforma local aleja a los más vulnerables del acceso a los servicios sociales
Cáritas alerta de que el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del Ministerio de Hacienda aleja a las personas más vulnerables del acceso a los servicios sociales, sobre todo en las zonas rurales, y aboga por consensuar una reforma que ponga a este colectivo «en el centro».
Esta organización considera que es posible introducir algunos cambios en el texto legislativo, que este viernes se abre al trámite de enmiendas. En este sentido, apela tanto al Gobierno y al Grupo Popular en el Congreso, como al resto de grupos parlamentarios, a que valoren las reiteradas peticiones formuladas al respecto por el conjunto de las entidades del tercer sector.
De manera concreta, Cáritas propone que se permita desarrollar una organización técnica y competencial que ponga en el centro de sus objetivos a las personas en situación social más precaria, a través de dos niveles de atención (primario y secundario) y con un criterio de proximidad de los servicios a la vivienda habitual de los ciudadanos.
Por otro lado, plantea la necesidad de que el Estado garantice unos derechos mínimos, determine quién es la población titular de los mismos y qué tipo de atención queda garantizada.
Cáritas muestra también su preocupación por la introducción dentro de esta reforma de una nueva restricción en el acceso al empadronamiento por parte de las persona extranjeras no comunitarias, una medida, que, a su juicio, «debe ser suprimida» del proyecto «por cuanto desvirtúa la naturaleza del empadronamiento y condena todavía más a la invisibilidad a un sector de la población».
El Gobierno asegura que si las partidas de los PGE de dependencia no son suficientes aportará los créditos necesarios
El Gobierno asegura que si las partidas destinadas a sufragar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no son suficientes el Ejecutivo se encargará de aportar los créditos necesarios para su funcionamiento.
Así se desprende de una respuesta parlamentaria del Ejecutivo al diputado del PSOE, Miguel Ángel Heredia, recogida por Europa Press, en la que asegura que, por parte del Gobierno, se han establecido toda una serie de medidas encaminadas a lograr una mejora en el sistema, racionalizando el gasto público en relación con esta materia, y asegurando la sostenibilidad presente y futura del mismo.
Eso sí, señala que, por parte de la Administración General del Estado (AGE) se consignan anualmente en los Presupuestos las cantidades necesarias para hacer frente a las obligaciones de financiación recogidas en la propia ley de dependencia.
«En todo caso, si las cantidades inicialmente presupuestadas resultasen insuficientes, se procedería a tramitar las ampliaciones de crédito suficientes para contar en todo momento con los créditos necesarios», confirma el Gobierno.
De esta manera, tanto para el presente ejercicio como para los ejercicios futuros, por parte de la AGE confirma que se consignarán las cantidades suficientes para poder cumplir con los compromisos asumidos en relación con la financiación de la Ley. «Por lo tanto, no existe ninguna previsión de recortes en esta materia», sentencia el Ejecutivo ‘popular’.
La ‘marea naranja’ informará a los dependientes sobre sus derechos a prestación
‘Marea Naranja’, una organización integrada por trabajadores sociales y personas dependientes, ha organizado una campaña informativa para dar a conocer cómo afectan en cada caso los recortes presupuestarios en la aplicación de la Ley de Dependencia.
El portavoz de esta organización, Carlos Santamaría, detalló ayer que se desarrollará en diferentes puntos de Logroño hasta el próximo 14 de noviembre con el lema ‘Reclama tus derechos, nosotros te ayudamos’. Durante las tardes de los días laborables, excepto viernes, los dependientes y sus familiares podrán acercarse a las sedes del Colegio Riojano de Trabajo Social (lunes y miércoles), UGT (martes) y CC OO (jueves) para conocer de forma detallada si tienen derecho a alguna prestación que ha sufrido un «recorte».
Santamaría aseguró que, si es necesario, se presentarán solicitudes individualizadas para acceder a prestaciones que no se reciben y se ha comprometido a realizar un seguimiento de estas peticiones y quejas, que se enviarán al Gobierno regional.
Aunque no precisó el número de riojanos que se han visto afectados por los recortes, según los datos de ‘Marea Naranja’, el cambio en el baremo de reconocimiento del grado de dependencia y el retraso de la aplicación de algunos grados hasta 2015 afecta a unas 2.765 personas.
Santamaría recordó que, en marzo pasado, el Gobierno regional modificó por un decreto la cartera de servicios a la Dependencia y explicó que, para 2014, no se ha precisado todavía qué rebaja en las prestaciones se producirá, aunque los Presupuestos Generales del Estado recogen una reducción a la Dependencia del 46 %, unos 1.700 millones de euros.
El Sistema de Dependencia pierde 116 beneficiarios al día y 800 trabajadores en el último mes
El Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) pierde 116 beneficiarios al día y 800 trabajadores en el último mes, según denuncia la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en base a los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En septiembre, se han reducido en 3.475 los dependientes y en 7.163 los que han perdido su derecho a ser atendidos.
Esta organización explica que la reducción de beneficiarios en espera de una prestación se ha conseguido «cercenando» el acceso al sistema y «abandonando» a los que ya son titulares del derecho y advierte de que los recortes se relacionan con el fallecimiento de los dependientes.
Asimismo, señalan que el retroceso en el sistema es «notorio» con respecto al mes anterior, pues todas las cifras son negativas: 3.475 beneficiarios, 3.899 dictámenes menos, 2.910 solicitudes menos, 3.504 grandes dependientes menos, 2.273 dependientes severos menos.
En cuanto a prestaciones y servicios, esta organización señala que hay 1.700 servicios de teleasistencia menos, 1.095 servicios de ayuda a domicilio menos, 158 plazas de centros de día menos, 717 plazas residenciales menos, 2.680 prestaciones de cuidadores familiares menos. La reducción de estos servicios, ha generado, según esta entidad, el despido de 800 trabajadores.
La Asociación de Directores y Gerentes asegura que se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que den un menor grado de dependencia y por tanto reducir el coste. También duda de que se estén atendiendo a quienes más lo necesitan y asegura que «decenas de miles» de personas con derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo «morirán sin ser atendidas».
La reducción del «limbo» de la dependencia o lista de espera se ha obtenido, según esta organización, impidiendo que nuevos dependientes accedan al sistema, y, por otro lado, abandonando a su suerte a los cientos de miles de personas que tenían dependencia severa o gran dependencia y que están falleciendo sin ser atendidos o a los que se les revisa el grado para bajarlos al Grado I. Durante este último mes 7.163 personas con derecho menos figuran en el Sistema.
La Vall d’Albaida dispone de una red asistencial para mayores con 952 plazas
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha asistido al homenaje a las personas mayores que ha organizado el Ayuntamiento de L’Olleria, donde ha destacado que la participación activa de los mayores en la sociedad «es fundamental para promover la autonomía, prevenir la dependencia y mejorar la calidad de vida».
En este sentido, la consellera ha indicado que desde la Generalitat «vamos a seguir fomentando el asociacionismo entre las personas mayores, con la finalidad promover la plena participación social del colectivo».
Este año la Conselleria de Bienestar Social destina más de 1’5 millones de euros a financiar actividades y proyectos desarrollados por 464 asociaciones de personas mayores de toda la Comunitat.
Plan de Envejecimiento Activo
En la Comunidad Valenciana actualmente viven alrededor de 900.000 personas mayores de 65 años, lo que supone el 17’5% de la población.
La consellera de Bienestar Social ha subrayado la importante aportación de las personas mayores a la sociedad «por su carácter dinámico, comprometido y generoso», y ha añadido que desde la Generalitat «trabajamos para conseguir que el envejecimiento sea para ellos una experiencia positiva y una etapa muy activa».
El Plan de Envejecimiento Activo de la Generalitat promueve la salud, ocio y tiempo libre de 400.000 personas mayores de la Comunitat Valenciana, con el objetivo principal de fomentar su autonomía personal y contribuir a mejorar su calidad de vida a través de programas, recursos y actuaciones que promocionan la autonomía y previenen la dependencia. El Plan incluye, entre otros, los programas de Termalismo, Vacaciones Sociales, «No estés solo en Navidad», o «Coneix la teua Comunitat», así como los Centros Especializados de Atención a Mayores (CEAM).
Recursos para mayores en La Vall d’Albaida
Las personas mayores de la comarca de La Vall d’Albaida disponen de una red asistencial de 21 centros con 952 plazas. Concretamente, cuentan con 8 centros residenciales con 574 plazas, 9 centros de día y 378 plazas, 1 Centro Especializado de Atención a Mayores y 3 Centros Sociales.
Asimismo, 47 personas mayores de 65 años de la comarca son beneficiarias del programa ‘Menjar a Casa’ de la Conselleria de Bienestar Social, un servicio de atención domiciliaria que ofrece a las personas mayores una dieta saludable en su propio domicilio y adaptada a sus necesidades.
La Fundación San Rosendo diseña y gestionará el nuevo centro gerontológico del Obispado de Tui-Vigo y la parroquia Nuestra Señora del Rocío
Las obras, que han comenzado hoy, cuentan con un plazo de ejecución de 14 meses y suponen una inversión de 3 millones de euros.
El Obispado de Tui-Vigo y la parroquia Nuestra Señora del Rocío encargaron a la Fundación San Rosendo el diseño del proyecto y la gestión del centro gerontológico.
El nuevo edificio surge con vocación de servicio a la comunidad parroquial ya que también albergara servicios de Caritas.
Este lunes, 14 de octubre, se han iniciado las obras de construcción de la nueva residencia para mayores dependientes de la parroquia Nuestra Señora del Rocío, en el barrio de Coia (Vigo), cuyo diseño y gestión del proyecto gerontológico ha sido adjudicado por la Diócesis de Tui-Vigo a la Fundación San Rosendo.
La nueva residencia se ubica en una parcela de más de 3.500 m2, cedida por la parroquia Nuestra Señora del Rocío, adosada a la Iglesia. Las obras, que realiza la empresa olívica Civis Global, tienen un plazo de ejecución de 14 meses y supondrán una inversión de 3 millones de euros.
74 plazas para mayores asistidos y Centro Parroquial
La Diócesis de Tui-Vigo trata así de dar respuesta a las necesidades sociales de la comunidad. El nuevo edificio, diseñado por Castro y Alonso Arquitectos, tiene una clara vocación de servicio social, ya que junto con la residencia de personas mayores también albergará las actividades pastorales, como Cáritas, en los locales destinados a Centro Parroquial.
La superficie útil está distribuida entre 2 sótanos y 3 plantas. La zona de uso parroquial se ubicará en la primera y segunda planta con un espacio mayor para la sacristía, comunicado con el templo, un pequeño vestuario y aseo para los oficiantes. En la planta segunda se sitúan los despachos parroquiales, un pequeño almacén-archivo y los aseos. Este espacio se comunica con el resto del complejo mediante un vestíbulo independiente.
Cáritas parroquial contará con dos dependencias de almacenamiento en el sótano y otra para el reparto de alimentos y bienes a los más necesitados. Su funcionamiento es independiente del resto del Centro Parroquial y dispone de acceso propio.
El resto del espacio se destinará a la residencia de mayores Nuestra Señora del Rocío que contará con 74 plazas para personas dependientes, en la que tendrán preferencia los vecinos del barrio de Coia. Las zonas de uso común como sala de convivencia, comedor, sala de rehabilitación y sala de lo social se encuentran en la planta baja, aunque se reserva en la planta primera una sala de uso polivalente.
En la planta baja también estarán ubicados los espacios de uso administrativo, despachos, aseos para residentes y sala de visitas independiente del resto del edificio y salida directa al exterior.
En el momento de plena ocupación, la residencia empleará a 30 profesionales entre gerontólogos, enfermeros y cuidadores. Como en el resto de centros gestionados por la Fundación San Rosendo, la residencia mantendrá la política de contratación de proveedores locales.
20 años de atención a personas mayores
La residencia del Rocío en Vigo se sumará a la red de 66 centros gerontológicos que la Fundación San Rosendo tiene distribuidos en más de 40 localidades de Galicia. El 85% de estos centros asistenciales se encuentran en entornos rurales deprimidos, donde la oferta privada es escasa.
La Fundación San Rosendo y la Diócesis de Tui-Vigo ya tienen una amplia trayectoria en el desarrollo de proyectos asistenciales para atender las demandas sociales a través de los centros para mayores de Valeixe, Covelo, Patos y Stella Maris.
La Fundación San Rosendo gestiona más de 3.500 plazas asistenciales en Galicia, que atienden más de 1.500 profesionales. Todos los centros de la entidad con más de 100 plazas cuentan con el reconocimiento europeo de calidad ISO 9001:2008.
Comunicación Fundación San Rosendo
Rosa Pontes
686 037 314
www.fundacionsanrosendo.es www.diocesetuivigo.es
@Fsanrosendo
Comunicación Obispado Tui-Vigo
Alberto Cuevas
986 375 153
www.diocesetuivigo.es
Burriana ofrece un curso de formación a cuidadores no profesionales de personas dependientes
Un total de 20 cuidadores de personas dependientes se beneficiarán en Burriana de un curso de formación que ofrecerá el Ayuntamiento, a través del Servicio Municipal de Atención a la Dependencia, entre el 14 de octubre y el 8 de noviembre, según ha informado hoy la concejal de Servicios Sociales, Mercedes Giménez.
La edil, acompañada por una de las trabajadoras sociales a cargo de este servicio, Carlota Nafría, ha explicado que este ciclo, el primero de estas características organizado directamente por el Ayuntamiento, está dirigido a aquellos cuidadores no profesionales que atiendan a personas con dependencia derivada de la edad, “y cada año lo iremos destinando a las distintas vertientes de la dependencia”, ha avanzado Giménez, quien ha añadido que la Generalitat Valenciana ha delegado en los consistorios la organización y realización de estos cursos.
La concejal de Servicios Sociales ha explicado que el Ayuntamiento ha contabilizado 137 cuidadores en Burriana que cobran una prestación económica por atender a personas dependientes en el entorno familiar, “y tras una primera comprobación, hemos constatado que la mayoría no ha realizado los correspondientes cursos de formación”.
El curso se desarrollará los lunes, miércoles y viernes en el Centre Municipal de Cultura la Mercé y consta de cuatro módulos: Recursos sociales y sanitarios y generación de redes, cuidado de las actividades básicas en la vida diaria y medidas higiénico-sanitarias, desarrollo personal y formación especifica en la dependencia derivada de la edad. Este último, según Mercedes Giménez, se ha hecho extensivo a las asociaciones de Parkinson, Alzheimer y Ateneo (Daño cerebral sobrevenido).
Las clases las impartirán profesionales de distintas disciplinas, con el fin de ofrecer una formación lo más amplia y completa posible. Así, el profesorado lo integran las trabajadoras sociales del Centro de Salud María Comitre y Luisa Álvarez, la enfermera de gestión de casos Ana Cervera, la fisioterapeuta de la Residencia de la Tercera Edad Gema García, el médico internista Cristian Garcia, la auxiliar de ayuda a domicilio de Servicios Sociales Rosabel, el psicólogo responsable de la Unidad de Prevención Comunitaria de Servicios Sociales, Pedro Cuesta, así como las trabajadoras sociales del Servicio Municipal de Atención a la Dependencia, Carlota Nafría y Helen Navarro, responsables de la programación y organización del curso.
Mercedes Giménez considera muy interesante y apropiado este curso para facilitar la tarea de los cuidadores no profesionales, crear redes de apoyo psicosocial para que no se sientan solos en su dura tarea y mejorar en general su calidad de vida.
La concejal agradece la implicación de todos los profesionales en este primer curso y el trabajo de las responsables del Servicio Municipal de Atención a la Dependencia, al tiempo que confía en que sea un éxito y se consolide con nuevas ediciones en los próximos años.
Cantabria, «referente» a nivel nacional en la atención a la dependencia
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha ensalzado este viernes, en Santander, que Cantabria es «un referente y un modelo» a nivel nacional en la atención a la dependencia, por lo que ha considerado que debe ser «un espejo» para el resto de CCAA.
Moreno, que ha dado una rueda de prensa antes de reunirse con varios colectivos para explicarles la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género, ha apoyado esta consideración en los últimos datos del IMSERSO sobre atención a la dependencia.
Así, ha afirmado que en Cantabria reciben prestación el 93 por ciento de los cántabros con derecho a ella y el 99 por ciento de las solicitudes para expedientes de dependencia se valoran.
También ha destacado que la lista de espera en este área es del 6,4 por ciento en la región, lo que la sitúa entre «las más bajas del conjunto del país».
El secretario de Estado ha manifestado su «satisfacción» porque «el trabajo coordinado y de cooperación» entre el Estado y el Gobierno regional «está dando sus frutos» en el ámbito de la dependencia.
Asimismo, ha felicitado a la consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, y a la Ejecutivo cántabro en su conjunto «por haber asumido» esta atención «en una situación de enormes dificultades económicas como la que hemos vivido y seguimos viviendo durante estos años».
Finalmente, Moreno ha opinado que los gestores de la administración cántabra han sido «capaces con audacia, con inteligencia y con tesón de haber conseguido que Cantabria sea un referente y un modelo en el conjunto de España«.
El impagable papel de la mujer en casos de dependencia
En España hay más de dos millones de personas dependientes y cerca de 300.000 permanecen en lista de espera para poder acceder a ayudas del Estado. Ante este panorama, la figura de la familia cobra una relevancia cada vez mayor por el papel que juega en el cuidado de estos enfermos, máxime si, además, son mayores.
Y si hay una protagonista a la cabeza de estos cuidados es, sin duda, la mujer ya que en el 89% de los casos son ellas las que asumen toda la responsabilidad. Y ante este compromiso aparecen numerosas dudas que pueden provocar angustia (por no saber si le estará moviendo bien, si es la comida adecuada o si le ha administrado bien la medicación), conflictos (entre los familiares a la hora de establecer horarios para permanecer con el enfermo o al hacer entender cómo se les debe cuidar) o incomprensión (el entorno muchas veces no sabe asimilar que el cuidador renuncie a separarse del enfermo).
Y en el día a día la mujer puede verse relegada a un papel que la hiciera parecer invisible, ya que en muchos casos ocupan las veinticuatro horas a cuidar de su familiar enfermo y dependiente. Por eso, es necesario que se reconozca su labor y que se les preste ayuda y comprensión. Un error común es pensar que los enfermos y los mayores solo generan gastos a la Administración. Al contrario, gracias a la labor que desempeñan, los familiares están bien atendidos, son tratados con cariño y sufragan numerosos gastos.
Los mayores quieren ser escuchados
Para ayudar a que este proceso no sea tan complicado, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha presentado el«Manual de Buena Práctica en Cuidados a las Personas Mayores». Su presidente, el doctor José Antonio López Trigo, asegura que su publicación era muy necesaria porque «el cuidado viene de un día para otro y, al igual que el enfermo, el cuidador tiene que ir asumiéndolo. Lo que necesitan ambos es comprensión ya que su angustia es difícil de expresar porque no se verbaliza. El no saber si estarán cuidando bien de su familiar, tener que dejarle solo, no contar con más apoyos… Muchas veces somos los médicos los que debemos indagar en ello para poder ayudarles».
El libro contempla situaciones con las que los cuidadores se tienen que enfrentar a diario y ante las que pueden llegar a sentirse muy solos. La formación y el criterio para que puedan atender a los enfermos del mejor modo posible resulta vital y con algunos de los consejos que han elaborado expertos y que quedan reflejados de un modo sencillo en el libro, la tarea puede convertirse en algo más sencillo.
Ayer se celebraba en todo el mundo el «Día Internacional de las Personas Mayores». El lema de este año «El futuro que queremos» recogía una demanda que, por habitual, no deja de esconder una realidad, y es que las personas mayores quieren que la sociedad les atienda, sentirse escuchados, y tener derecho a decidir. Sienten la necesidad de que los clichés negativos que acompañan a la vejez desaparezcan para dejar sitio y aportar relevancia a los aspectos positivos que esta etapa comprende. Sabiduría, experiencia, conocimiento, paciencia, o la representación de todo un abánico de valores como pueden ser el respeto por los demás y el altruismo.
Reconocimiento a la labor de las mujeres
En este sentido, López Trigo —«nos preocupa que se tomen decisiones sin contar con los mayores. Nos pasamos la vida decidiendo por ellos y no se les escucha todo lo que se debería»— ha anunciado un acuerdo entre el IMSERSO y la SEGG para promover la atención de calidad a este colectivo.
«Soy consciente de que recibir ayuda dos veces por semana no resuelve el problema. Por eso, desde el convencimiento de que las instituciones y los profesionales podemos hacer más, con estos acuerdos, estamos avanzando en el apoyo que les queremos dar a estas familias. Por ejemplo, con el portal de servicios de formación en el que se les informará de cómo aplicar los cuidados básicos, apoyo sobre legislación, así como la atención a otras demandas y preocupaciones que puedan surgir», añadió.
Es una tarea de toda la sociedad que tanto los enfermos como sus cuidadores se sientan apoyados y reconocidos frente a una situación que puede alargarse durante muchos años.
El PP pide regular la cualificación profesional de los asistentes de personas dependientes
El PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para pedir al Gobierno que regule la cualificación profesional de los asistentes de personas dependientes pues considera que actualmente hay un vacío legal.
En su iniciativa, recogida por Europa Press, el PP advierte de que la cualificación profesional del personal asistente «carece de perfil profesional con reconocimiento oficial», un «vacío legal» que a su juicio está impidiendo la extensión de esta figura entre personas con discapacidad. «Se está produciendo una situación de inseguridad jurídica y laboral, que influye en las escasas contrataciones realizadas», sostiene.
La Ley de Dependencia determina que el personal asistente «realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia de cara a fomentar su vida independiente» y prevé una retribución para que las personas dependientes puedan contratar un asistente que «facilite al beneficiario el acceso a la educación y el trabajo».
Sin embargo, según datos de abril de este año sólo un 0,13% de las personas dependientes con prestación la utilizaban para contratar asistencia personal, casi todas en el País Vasco.
UN VACÍO LEGAL QUE FRENA LA CONTRATACIÓN
Para el PP, ese vacío legal hace que las personas que se dedican profesionalmente a las tareas de asistencia se encuentran en un régimen de trabajo «que no es acorde con su desarrollo laboral diario, ya que tienen que acogerse a convenios profesionales dentro del sector que no se ajustan a su perfil de trabajo».
«De este modo se propician situaciones contradictorias y difíciles de resolver tanto por parte del empleado como del empleador –añaden–. Por ese motivo es necesario regular la figura del asistente personal para que así puedan disponer, tanto los trabajadores como las personas con discapacidad que quieran contratarles, de un marco legal específico tanto en el ámbito jurídico como laboral».
Aerte cifra en más de 100 millones la deuda acumulada con todo el sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte), junto con la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), solicitará este viernes una reunión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de cara a abordar el «desbloqueo necesario y urgente» de las cantidades pendientes de pago, que a día de hoy Aerte cifra en más de 100 millones de euros entre todo el sector de la dependencia de la Comunitat Valenciana.
En concreto, ha indicado en un comunicado, la deuda se divide en 44 millones correspondientes a los servicios públicos de gestión privada, pendientes de cobro desde noviembre de 2012; 40 millones de los servicios de accesibilidad social, pendientes de cobro desde diciembre de 2012; nueve millones correspondientes a los bono-residencias, pendientes de cobro desde enero de 2013; y 9,3 millones correspondientes a servicios que prestan a las residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario (Lares).
La directora de Aerte, María José Mira, ha apuntado que «la situación por la que atraviesan todos los centros y residencias, diez meses seguidos sin cobrar, se hace cada vez más insostenible a medida que la deuda se acumula», por lo que «tienen serias dificultades para pagar no sólo a sus profesionales, sino para poder seguir desarrollando unos servicios de asistencia de calidad a más de 22.000 personas dependientes en la Comunitat Valenciana, en su mayoría mayores y discapacitados».
María José Mira ha subrayado que, además, «muchos centros están pagando altos intereses a las entidades bancarias a las que, por falta de financiación de la administración, han tenido que pedir prestado, haciendo así mas insostenible su situación». «Raro es el día que no contacta algún asociado con nosotros por problemas de embargos o sanciones de hacienda», ha lamentado.
La situación del cobro al sector de la dependencia es «especialmente grave» en la Comunitat Valenciana, donde, según Aerte, el promedio de tiempo sin cobrar es cuatro veces superior a la media.
«SITUACIÓN ASFIXIANTE»
«Esto, unido a que no se ha abonado la deuda integrada en la primera fase del plan de pagos a proveedores, junto al aplazamiento del pago de otra parte de la deuda establecida para la segunda fase de dicho plan, hace que la situación para muchas residencias y sus dependientes sea asfixiante», ha denunciado.
En este sentido, Mira ha añadido que «la administración central no puede dar la espalda a la Comunitat Valenciana, más aún cuando nuestras empresas han sido un referente a seguir por otras comunidades en distintos modelos de colaboración sociosanitaria con la administración».
Ana Mato, Cospedal, Rudi y Rafael Hernando, nominados al Premio ‘Corazón de Piedra’ 2013
La ministra de Sanidad, Ana Mato; la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal; la de Aragón, Luisa Fernanda Rudi y el diputado nacional del PP Rafael Hernando, han sido nominados para el premio ‘Corazón de Piedra’ 2013, galardón que entrega la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en reconocimiento por la «falta de sensibilidad en materia social y el desprecio hacia las personas más necesitadas».
Según informa la organización en un comunicado, el «ganador» será elegido por votación popular a través de la página web de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales y en las redes sociales. La votación se prolongará durante las próximas semanas y el resultado se dará a conocer el 25 de octubre durante el XX Congreso anual de la Asociación, al que serán invitados a asistir todos los candidatos.
El premio, que será entregado en ese mismo acto, consistirá en un diploma y trofeo al ganador, así como diploma a los candidatos que no resulten ganadores. «En caso de que alguno de ellos no asista personalmente a recoger su trofeo, les será entregado en el lugar que ellos mismos determinen y si tampoco fuera posible, se les enviará por mensajería», según explica la organización.
‘Corazón de Piedra’ nace como alternativa al premio que la asociación viene entregando en sus congresos anuales para reconocer la labor positiva de personas, entidades, empresas y medios de comunicación en materia social.
«De la misma manera que se debe conocer estas buenas prácticas en materia social, es necesario que se reconozca a las personas que muestren mayor insensibilidad y cuyas opiniones o actuaciones produzcan más desamparo y sufrimiento a las personas y familias, especialmente en situaciones tan graves como las que estamos viviendo», explica la asociación.
En este sentido, Mato ha sido propuesta como candidata «por su personal insensibilidad y porque su único cometido al frente del Ministerio ha sido recortar, destruir y demoler políticas sociales», mientras que Cospedal se nombra «por su obsesión por desmontar políticas sociales, con especial dedicación a aquellas dirigidas a las personas más vulnerables».
En cuanto a Rudi, la asociación ofrece su candidatura «por la aplicación del gobierno que preside en desmontar el Sistema de Atención a la Dependencia, y añadir un destacable punto de crueldad al culpar de sus malos resultados a los fallecidos», mientras que a Rafael Hernando se le ha propuesto por «su descaro y crueldad al decir que son los padres los responsables de la situación de los niños que padecen dificultades de alimentación».
Gobierno catalán dice que intensificará el diálogo con las entidades tras los nuevos recortes en dependencia
La consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, ha asegurado este miércoles que intensificará el diálogo con las entidades sociales, tras anunciar que mantendrá la suspensión de nuevas ayudas a dependientes para pagar una residencia –el departamento anunció en un principio que la suspensión sería solo en julio y agosto– y el recorte del 4,6% en los pagos a centros sociosanitarios con carácter retroactivo –un 0,25% del total de dinero público que reciben–.
«Tenemos un importante problema de financiación de todo lo que tiene que ver con la dependencia», ha admitido Munté en una atención a los medios, en la que ha reiterado que la ley de dependencia está infradotada por parte del Estado y la Generalitat realiza un sobreesfuerzo desde hace años para atender a todas las personas.
Preguntada sobre por qué anunció en un principio que la suspensión era solo de dos meses, cuando finalmente se ha prorrogada ‘sine die’, la consellera ha asegurado que se debe a que en julio no se conocía el techo de déficit que, a pesar de ser superior en el caso de Catalunya que el de otras comunidades autónomas, ha considerado «totalmente insuficiente e injusto».
Munté, que ha recordado que cada décima adicional de déficit suponía disponer de 200 millones de euros, ha precisado también que los Presupuestos Generales del Estado para 2014 no prevén partidas adicionales para el sector de la dependencia, y la aportación del Gobierno «no ha hecho más que descender», lo que hace imprescindible buscar soluciones para construir un modelo sostenible de atención, algo que se ha comprometido a hacer desde el diálogo constante con las entidades.
En todo caso, y en relación a las 17.000 personas que están en lista de espera en Catalunya para acceder a una residencia –según cifras de las entidades–, la consellera ha asegurado que ello no quiere decir que no reciban otro tipo de ayuda, y se ha comprometido a buscar soluciones y ofrecer otro servicio: «Nadie quedará desatendido», ha prometido.
Asimismo, ha evidenciado que las 11.000 plazas que ya existían en el sistema de prestación económica vinculada (PEV) –como se llama el programa ahora definitivamente suspendido y que permitía a dependientes sin plaza pública acceder a una residencia privada–, Munté ha precisado que se seguirán pagando.
La consellera, que ha señalado que el sobreesfuerzo de la Generalitat en el ámbito de la dependencia no puede ser ilimitado, ha desvinculado los nuevos recortes de una decisión tomada por motivos de ahorro económico, sino para «evitar problemas de sobreesfuerzo mayores», por lo que ha evitado cuantificar el coste para el Govern del mantenimiento de este programa.
Sanidad asegura que «la peor parte de los ajustes» en política social «ha pasado»
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Miniosterio de Sanidad, Juan Manuel Moreno, ha afirmado que «la peor parte de los ajustes presupuestarios» en política social «ha pasado ya» y se ha entrado «en un tiempo nuevo», de «consolidación del gasto» en el que «ya no hay necesidad de ajuste».
Así lo ha explicado en la rueda de prensa de presentación del presupuesto con que contará el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para el próximo curso, cuando dispondrá de 1.912 millones de euros, 3,2 millones más que en 2013, de los que 1.527 millones irán a parar a su departamento, 1,4 más que en 2013.
El grueso de estas partidas se irá al Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), que sobre el papel este año cuenta con un 46% menos de presupuesto por la desaparición de 1.034 millones de euros que el año pasado se consignaron de forma excepcional para sufragar cuotas a la Seguridad Social de cuidadores familiares que se adeudaban desde la legislatura anterior.
Moreno ha concretado que descontando estas obligaciones, el presupuesto para Dependencia este ejercicio ascenderá a 1.175 millones de euros, 4,8 millones más que el año pasado. Esta cantidad, el 61% de los fondos de que dispondrá el ministerio, incluye los 1.087 millones del nivel mínimo de financiación para las comunidades autónomas, que no varía.
A estas partidas hay que sumar otras cantidades que repercuten en la financiación de la dependencia, como 128,6 millones para promoción de la autonomía personal, 4,7 millones en transferencias al IMSERSO para la atención de grandes dependientes, 128,6 millones para termalismo social o 5 que se consignan para fundaciones que trabajan con mayores y discapacidad.
Con todo, en 2014 no habrá nivel acordado de financiación con las comunidades autónomas, por lo que el nivel mínimo será toda la transferencia que reciban del Estado para sufragar la gestión del SAAD y seguirá congelada la incorporación al sistema de dependientes moderados, cuyo ingreso se pospuso hasta julio de 2015.
22,2 MILLONES PARA VIOLENCIA DE GÉNERO
Por otra parte, Moreno ha destacado el «compromiso» del Ejecutivo en lucha contra la violencia de género y ha destacado que el presupuesto de la Delegación del Gobierno para estos fines se mantendrá íntegro respecto de año pasado, con 22,2 millones de euros y «ni una sola política» de protección o asistencia a las víctimas se verá afectada en el nuevo ejercicio. «No hay ni un paso atrás», ha asegurado.
En este sentido, ha destacado que el servicio de tele asistencia ATEMPRO mantiene una partida de 5,5 millones de euros, el servicio telefónico 016 se queda con 1,1 millones y la partida para asistencia social de las víctimas respeta los 4 millones del año pasado. Además, se incrementa la partida para sensibilización en 122.000 euros hasta alcanzar 1,6 millones.
También varía el presupuesto para los brazaletes GPS de localización de maltratadores porque, según ha explicado Moreno, se ha «renegociado» el contrato y se ha conseguido una rebaja del precio «en torno a 200.000 euros». Este dinero va a reinvertirse en una nueva «macroencuesta» sobre violencia de género que ejecutará el Instituto Nacional de Estadística por importe de 300.000 euros, conforme ha señalado.
14 MILLONES PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER
Por otra parte, en materia de Igualdad, Moreno ha destacado que el Instituto de la Mujer contará con 13,6 millones de euros para el próximo año «una vez corregidos los desajustes presupuestarios del gobierno anterior, que habían dejado un agujero de siete millones de euros». En paralelo, se destinarán otros casi seis millones para promoción del emprendimiento y el empleo femeninos, parte de los cuales proceden de fondos europeos.
Otro de los asuntos en los que ha hecho más hincapié el secretario de Estado es en el presupuesto de lucha contra la pobreza, en tanto que su departamento gestiona la recaudación del IRPF correspondiente a la casilla de fines sociales y que el año próximo podría superar los 211 millones de euros, según sus propias estimaciones.
Además, Moreno ha destacado que, por un lado, el Ministerio ha aumentado en 1,8 millones la aportación de las subvenciones sociales con cargo al IRPF y, por otro, se ha incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado la creación de un fondo europeo de ayuda a personas en riesgo de exclusión social dotado con 40 millones de euros procedentes de la Unión Europea.
El informe económico y financiero que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presentado este lunes en el Congreso junto al proyecto de Presupuestos Generales del Estado recoge una caída global del 36,4% en las partidas que las distintas administraciones públicas destinarán el próximo año a Servicios Sociales y Promoción Social.
Celebradas las jornadas madrileñas «Buenas prácticas en Centros de día»
Los días 24 y 25 de septiembre La Dirección General de Mayores y Atención Social del Ayuntamiento de Madrid han organizado las jornadas “Buenas prácticas en los centros de día”.
En el acto, inaugurado por la Delegada del Área de gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, María Dolores Navarro, participaron el Coordinador General de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, D. Carlos Martínez y D. Javier Gómez Martín. Presidente de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE,) como numerosos profesionales de los Centros de día Madrileños.
En este encuentro, lugar de intercambio de experiencias, se dieron cita numerosos profesionales de centros de día donde compartieron experiencias de buenas prácticas que seguro enriquecerán a las iniciativas de los centros de día presentes en estas jornadas.
Gracias al trabajo de la Dirección General de Mayores y Atención Social y al buen hacer de todos los profesionales de la red de centros de día madrileños, hoy por hoy, y en palabras de nuestro presidente, podemos hablar de “un modelo de Madrid con acento propio” por cinco razones: tradición, su correcta aplicación del modelo, su contenido y nivel técnico, su compromiso con la calidad y los resultados obtenidos.
AERTE y la FED reclaman urgencia para impulsar nuevas fórmulas de colaboración sociosanitarias público-privadas
En la Jornada organizada por CIERVAL “Colaboración Público-Privada ¿respuesta a la crisis?” celebrada hoy en su sede de Valencia, AERTE y la FED reclaman urgencia para impulsar nuevas fórmulas de colaboración sociosanitarias público-privadas.
El pago efectivo de la deuda pendiente, más de 50 millones acumulados al sector por parte de la administración central y autonómica; mayor coordinación sociosanitaria; la potenciación del turismo de salud o la colaboración entre centros y hospitales, principales reclamaciones para dinamizar el sector y colaborar en la reactivación de la economía.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) a través del presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), Alberto Echevarría, ha participado esta mañana en la jornada organizada por CIERVAL que con el título “Colaboración Público-Privada ¿respuesta a la crisis?” en la que se ha reflexionado sobre el papel de la administración y las empresas en la gestión de los servicios públicos.
Desde la patronal de la dependencia se ha expuesto el papel cada vez más importante que supone el sector de la dependencia para afrontar la crisis económica por su carácter generador de empleo, las residencias crean un puesto de trabajo por cada dos personas atendidas, y por propiciar retornos directos e indirectos que estimulan el tejido productivo y favorecen la reducción del déficit público. Además, se ha apuntado que el sector garantiza de una forma eficaz la atención sociosanitaria a personas dependientes que crece de forma continuada: diariamente se atienden, sólo por los profesionales asociados a AERTE, a más de 24.000 personas (la mayoría, mayores y discapacitados).
Por ello, se ha reclamado una mayor implicación y compromiso efectivo de las administraciones públicas tanto central como autonómica en aquellos retos esenciales para la sostenibilidad del sector: retos como la agilización del pago de las prestaciones y el reconocimiento de la situación de dependencia a las personas con derecho a ser atendidas; el pago por parte de la administración central y autonómica de la deuda acumulada a los centros que en estos momentos asciende a más de 50 millones de euros; la aplicación real de la Ley de la Dependencia o la compleja arquitectura financiera que genera efectos barrera para la sostenibilidad del sector.
Alberto Echevarría ha recordado el excelente nivel de cualificación de los profesionales del sector y felicitó a la Comunidad Valenciana por haber sido y ser pionera en muchos aspectos con iniciativas que hacen que sea imprescindible la colaboración público-privada. Programas como el Bono Residencia, del que hasta la fecha se han beneficiado miles de personas y cuyo modelo ha sido referenciado por autonomías, la eficacia con que se administra el material fungible a través de una central de compras centralizada en la misma Conselleria o la forma en que se ofrecen los servicios de farmacia en algunos de los centros proporciona a la Comunidad Valenciana un espacio relevante en el mapa nacional de la dependencia. Aspectos que otras comunidades replican y que, sin embargo, en su aplicación son más eficaces.
El presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia ha alabado que la Comunidad Valenciana sea un territorio atrayente para el sector turístico pero ha remarcado que “deberíamos aprovecharlo como plataforma para el desarrollo de proyectos como el turismo de salud, una idea emprendedora que necesita apoyo para poner en marcha políticas internacionales que lleven a la firma de acuerdos bilaterales con otros países que sí saben valorar la calidad de nuestros servicios, nuestros centros y la profesionalidad de nuestros trabajadores”.
Otra idea expuesta por Echevarría ha sido la de impulsar la coordinación sociosanitaria mediante la colaboración entre centros sociosanitarios y los hospitales en aspectos como la reducción de la estancia media en hospitales, derivando a los pacientes a centros donde el nivel de profesionalidad y atención no tiene nada que envidiarles.
La Generalitat Valenciana acumula una deuda de 35 millones de euros con el sector y es la única autonomía española que tiene retrasos en los pagos superiores a 9 meses
Se ponen en peligro cerca de 2.000 puestos de trabajo no deslocalizables en los 25 municipios en los que dan servicios estas empresas.
La Generalitat Valenciana acumula una deuda de 35 millones de euros con el sector que engloba a las empresas de atención socio-sanitaria encargadas de la gestión de residencias públicas, con una media de impagos superior a los 9 meses, la ratio más alta de España, según datos aportados por las organizaciones sindicales y la propia Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP).
Desde la Entidad, se considera inadmisible que se mantenga una deuda con los operados que gestionan los centros públicos, máxime cuando esta gestión está regulada por contratos administrativos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público, que se licitan mediante concursos públicos por periodos de 4 años, y que cuentan con una asignación y partida presupuestaria plurianual validada por la Intervención.
Si bien la realidad, tal y como se denuncia desde AVREP, es que, mientras que la media de retrasos en el pago a proveedores en España está en 90 días, la Comunidad Valenciana triplica este periodo, alcanzando picos de hasta 12 meses de impagos a las entidades que atienden a los mayores y las personas en situación de dependencia, especialmente aquellas vinculadas a residencias públicas. Ver Anexo I (mapa).
En este sentido, desde la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas se ha reclamado al Gobierno Valenciano que busque los medios necesarios para hacer efectivo el pago de la deuda que mantiene con los operadores del sector desde noviembre de 2012, dado que éstos no han sido incluidos en el primer tramo del Plan de Pago a Proveedores, que finalizó el 6 de septiembre, y que teóricamente estaba destinado a cubrir los impagos que mantenía la Generalitat Valenciana hasta el 30 de abril de 2013.
La no inclusión de las empresas de gestión de residencias públicas, supone condenar a más de 2.600 dependientes y cerca de 2.000 trabajadores a perder sus derechos y empleos, dado que la situación se ha convertido en insostenible para muchos de los gestores, con riesgo de continuidad en la prestación del servicio en la mayoría de los recursos presentes en 25 municipios de Alicante (6), Castellón (3) y Valencia (16).
Desmantelamiento de la red pública
El incremento mensual de la deuda y el sistemático incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público por parte del Gobierno Valenciano ha provocado que la red pública de atención a personas en situación de dependencia pueda desaparecer en los próximos meses ante la pasividad de los gobernantes autonómicos y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con el consiguiente perjuicio social y reducción de la calidad de vida para muchos dependientes y sus familias.
La Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP), constituida recientemente para defender a las empresas, trabajadores y usuarios de estos centros, representa al 97% de los gestores de éste sector, agrupando a las entidades que coordinan los servicios de 26 de los 28 recursos disponibles en la red pública de la Generalitat Valenciana.
Más info: prensa@sanserif.es · t.963 466 406 · 627760487
Consejera andaluza señala que a la Dependencia «nunca se le pueden aplicar criterios de subvención, incentivos o ayudas»
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha señalado que el criterio de admisión de las persona en el Sistema Andaluz de Dependencia «es el que establece la Ley a nivel nacional», pero «nunca se le pueden aplicar criterios de subvención, incentivos o ayudas», porque «estamos hablando de derechos». «Tampoco se le aplicaría a un derecho consolidado como es la asistencia sanitaria», añade.
La consejera ha hecho esta declaraciones al ser preguntada por los periodistas en Sevilla sobre si en Dependencia se podrían perder ayudas con la nueva medida de la Junta de Andalucía, anunciada este martes en Consejo de Gobierno, de ampliar los requisitos para medir la capacidad económica de los solicitantes de ayudas públicas de modo que, además del nivel de ingresos por renta, también ponderará el patrimonio neto del posible beneficiario de las mismas.
Así, la consejera ha recordado que la Ley de Dependencia tiene un carácter normativo «de máximo rango» a nivel nacional, «donde el criterio de renta no entraría en el control que se estableció este martes a nivel de ayudas, subvenciones y aportaciones por parte de la Administración autonómica andaluza par otros temas», es decir, «estamos hablando de derechos, y, por lo tanto, no estamos hablando de subvenciones, incentivos o ayudas, y no se le aplicaría el mismo criterio a no ser que hubiera un cambio normativo a nivel nacional».
En este sentido, aclara que, en este momento, el criterio de admisión de las persona en el Sistema Andaluz de Dependencia «es el criterio que establece la Ley, con las modificaciones posteriores que ha hecho el Gobierno del PP al respecto de la Ley». Pero, insiste Sánchez Rubio, «nunca se le pueden aplicar criterios de subvención, incentivos o ayudas». «Creo que hay que distinguir el derecho de la subvención, la ayuda o el estímulo, que es lo que la Junta quiso dejar claro este martes», reitera la consejera.