Dependencia
Aerte consolida su presidencia y Junta Directiva en una Asamblea Anual que determina una asociación más implicada
Aerte designa a José María Moreno como presidente de la Asociación y apuesta por una Asociación más activa con una mayor participación del asociado
La Asociación reconoce la labor de Alicia de Miguel, del periodista Vicente Useros y del técnico de la Conselleria Carlos Chapa durante 2012 hacia el sector Dependencia con sus Insignias de Plata
Aerte, patronal del sector Dependencia en Comunidad Valenciana, ha celebrado hoy su Asamblea anual en el marco de un acto que ha contado con la presencia de M. Manuela García Reboll -Secretaria Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia- Alberto Echeverría -Presidente de la FED- y de otros agentes sociales relacionados con el sector quienes, junto a los asociados, han valorado el trabajo realizado por Aerte durante el pasado 2012.
La Asamblea anual de Aerte se ha caracterizado por las expectativas que ha generado el anuncio de la nueva presidencia de la asociación, que ha recaído en la figura del empresario José María Moreno -quien asumió la presidencia de forma provisional tras la dimisión de Alberto Giménez- y la designación de una nueva Junta Directiva.
Durante la apertura de esta Asamblea, José María Moreno -presidente de Aerte- ha aventurado a los empresarios asistentes una asociación más activa, que cubrirá más necesidades y lo hará de forma más ejecutiva gracias, según ha manifestado Moreno, a una mayor implicación de los asociados a través de las comisiones y grupos de trabajo ya creados, con una representación más ejecutiva que descansará en la figura de la Directora General, María José Mira.
En el curso de su intervención, el presidente de Aerte ha citado el ejemplo de responsabilidad que ha demostrado el sector de la Dependencia valenciano durante 2012, reconociendo de esta manera el esfuerzo “casi vocacional” de unas empresas que han dado servicio a más de 20.000 dependientes durante todo el año 2012, sin haber cobrado ni uno de los pagos correspondientes por parte de la Administración.
También ha reconocido el trabajo realizado por la Junta Directiva gracias a cuyo esfuerzo, se ha conseguido resolver el 70% de la deuda pendiente, tras lo cual ha aludido al plan de pagos pactado con la Administración y a la necesidad de cumplir los compromisos sin resolver y en particular, establecer un nuevo calendario de pago para la deuda ya acumulada correspondiente a 2013.
José María Moreno ha concluido destacando la responsabilidad asumida con la Administración, en pos de cumplir con los objetivos y las responsabilidades necesarias para que el sector pueda funcionar con normalidad y continuar prestando la labor que desempeña para con la población dependiente. También ha agradecido el esfuerzo que se está realizando desde el sector para aportar normalidad a la importante labor social que desempeña, tras el año transcurrido.
Por su parte María José Mira, gerente de Aerte, ha querido enfatizar el trabajo que la Asociación ha realizado durante 2012 y los objetivos conseguidos, esenciales para el funcionamiento del sector dependencia, en alusión al porcentaje de deuda cobrada por los asociados correspondiente al año 2012, superior al 70% del total.
La gerente de Aerte ha destacado el papel de una asociación cuya razón de ser es el empresario del sector de toda la vida, así como la población dependiente a la que presta servicio, hacia quien ha manifestado un claro compromiso para que la Ley de Dependencia se aplique de una forma equitativa en la Comunidad Valenciana, tanto para los profesionales como para los dependientes y sus familias.
Mira ha hecho alusión a la situación por la que han atravesado muchas empresas a lo largo de 2012, axfisiadas por los impagos de la Administración, el riesgo de la pérdida de puestos de trabajo, el trato diferenciado y discriminatorio que se ha dado a las empresas del sector, y a muchos enfermos dependientes, cuyos expedientes continúan paralizados en Bienestar Social sin ninguna respuesta.
Reconocimientos desde el sector dependencia
Uno de los momentos más destacados de la Asamblea anual de Aerte ha sido la entrega de las Insignias de Plata, un reconocimiento que esta asociación realiza cada año con el objetivo de premiar el trabajo realizado a favor de la Dependencia en la Comunidad Valenciana, que la asociación distribuye en tres categorías diferentes.
Con la entrega de las Insignias de Plata, Aerte reconoce a una persona destacada por su labor desempeñada al frente de la Conselleria de Bienestar Social en favor del sector de la Dependencia valenciano. A un periodista por su labor mediática y de investigación relacionada con la Dependencia, y el trabajo y esfuerzo realizados por un funcionario en su relación con el sector dependencia, desde la Administración valenciana.
En esta ocasión, las insignias de plata han recaído en la figura de Alicia de Miguel, por los efectos de la labor que desempeñó como Consellera al frente de Bienestar Social durante los años 2003 a 2007, y su impacto en el sector y en la población dependiente.
La insignia al periodista, destacado por la imparcialidad y objetividad demostrada a la hora de afrontar temas informativos relacionados con la Dependencia y en particular, ha recaído en Vicente Martínez Useros, redactorjefe del diario El Mundo.
Por último, la insignia en reconocimiento al trabajo, el esfuerzo y la dedicación diaria realidada desde la Administración a favor del sector de la Dependencia valenciana y su población, ha recaído en la figura de Carlos Chapa, técnico de la Dirección Territorial de Bienestar Social en Valencia.
La Ley de la Dependencia cumplió cinco años, pero no sé si cumplirá seis
Jesús Caldera. Exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, ‘padre’ de la Ley de la Dependencia. «Asturias debe corregir el exceso de pagas al cuidador familiar. Y no es justa su queja de que el Estado paga menos»
Es el ‘padre’ -junto a José Luis Rodríguez Zapatero, al que no cita en toda la entrevista- de la Ley de la Dependencia. La norma que convierte en derecho la atención a las personas con escasa autonomía personal y cuya puesta en marcha, en abril de 2007, fue equiparada a la de los sistemas públicos de salud y educación. Cinco años después, ni Jesús Caldera es ministro de Trabajo y Asuntos Sociales -ahora es el vicepresidente de la Fundación Ideas, gestadora del programa del PSOE- ni el sistema de la dependencia se asemeja a los de salud o educación. Con la cartera ministerial colgada «definitivamente», pero con el empleo como línea argumental, Caldera critica con dureza la gestión del PP, pero tampoco respalda la posición del Gobierno asturiano. Pese a ser tan socialistas como él, cree que se equivocaron con la ley.
-El ‘padre’ de la Ley de la Dependencia, ¿cómo cree que tratan a su hija?
-Es una sensación ambivalente. El gobierno comete un grave error reduciendo los recursos en dependencia. Al contrario, ahora había que aumentarlos. Por razones sociales, pero también económicas: cada euro público que se invierte genera un multiplicador positivo y eso es, precisamente, lo que recomienda el FMI.
-Quinto aniversario. ¿Habrá más?
-No lo sé. La verdad es que está muy afectada. La Ley de la Dependencia cumplió cinco años, pero no sé si cumplirá seis. El PP comete un error al no invertir en ella. Y que no engañe, que Bruselas no le obliga a recortarla.
-¿Por qué?
-Porque Bruselas permite invertir en políticas generadoras de empleo y la Ley de la Dependencia es un motor de creación. O era. En 2012 , por primera vez, se ha destruido empleo en la dependencia. Calculo que unos 25.000 puestos. Y eso que entre 2007 y 2011, la ley generó aproximadamente 150.000. Si añadimos los indirectos, superamos los 240.000. Pero, ahora el PP la ha recortado. No sólo ha reducido los créditos directos para la financiación, sino que ha dado un golpe de muerte a los cuidadores familiares: les ha retirado la cotización y reducido la prestación. Es difícil que esas personas se mantengan. Se van a empobrecer. Y, es difícil que la iniciativa privada invierta. Cualquier analista dice que los yacimientos de empleo están en sectores que generan mano de obra, empleo de calidad e imposible de deslocalizar. Y eso es lo que hace la Ley de la Dependencia.
-Al margen de esos argumentos, ¿el problema más grave no es que se está vulnerando su espíritu?
-Sí, pero la Ley de la Dependencia, las energías renovables y el I+D+i son los únicos sectores que pueden crear empleo. Hasta un millón. Y ser motor de más. Pero sí, como usted dice, se está vulnerando la ley. Una ley que fue casi un milagro, porque se logró el consenso con todas las comunidades, ya que trata de competencias autonómicas.
«Es un derecho subjetivo»
-Consenso con muchas reticencias.
-Sí, en el PP arrastraron bastante los pies. Probablemente porque llevaban sobre sí la culpa de que podían haber hecho una norma similar antes, cuando gobernaban y había numerosos recursos económicos. Pero luego la aprobaron y lo que hay que garantizar es lo más importante, que es un derecho subjetivo. Y debe hacerse de acuerdo a la ley, orientada a los servicios profesionales. Ése es el objetivo. La ley tiene una parte, minoritaria, de garantía para los cuidadores familiares…
-Perdone, pero esa figura minoritaria ha sido la mayoritaria.
-En algunas comunidades. No en Andalucía, por ejemplo.
-Pero sí en Asturias, que es una comunidad gobernada por socialistas.
-No tengo el dato exacto de Asturias.
-Se lo doy: ahora el 47% de las ayudas son al cuidador familiar. Y ha estado muy por encima de esa tasa.
-Pues yo creo que lo recomendable es ir a un sistema en el que 2/3 sean servicios profesionales, con todo el control de calidad, y un 1/3 con prestaciones familiares o mediante pago. Porque la capacidad de generación de empleo está en el servicio profesional. Crea mucho empleo. ¿Cómo se puede explicar que haya listas de espera enormes para personas que tienen que ser atendidas en centro de día, residencia o ayuda a domicilio, con enoooormes (casi grita) repito, enooormes (grita directamente) listas de espera, mientras tenemos millones de personas en paro?
-También hay plazas vacías.
-Pero las plazas vacías suelen ser las que son muy caras. Realmente el sistema no es capaz de absorber todas las necesidades. Tenemos que casar la oferta y la demanda. Permitirá generar miles de empleos.
-Y ¿algo de autocrítica? La ley ha sido objeto de muchas quejas. La más importante, sobre la falta de financiación. Las comunidades dicen que el Estado no aporta lo que debe.
-Todos cometemos errores. La ley es una gran ley, aunque puede tener algunos problemas de diseño, no lo niego. Pero esa crítica de que el Estado no paga parte de un error conceptual: las competencias son de las comunidades autónomas, no del Estado.
-Sí, pero la ley fija, al margen del copago del usuario, un reparto al 50% del gasto entre las administraciones central y regional. Y las comunidades, entre ellas Asturias, dicen que ponen 8 de cada 10 euros.
-Sí, también lo ha dicho Castilla y León. Pero, ¿por qué lo dicen?
-Eso le pregunto yo.
-Pues porque el gasto previo estaba sólo en manos de las comunidades autónomas. El Estado no tenía competencias en servicios sociales. El Estado lo que dijo fue: a partir de ahora, les damos el derecho a estas personas. A partir de ahí, a los nuevos usuarios de esos servicios les vamos a financiar al 50% del coste. Ésa era la filosofía. Desde ese punto de vista, no son aceptables esas críticas.
-Insisto, Asturias también critica.
-Y yo insisto en que no es justa esa crítica. Ahora bien, se podría plantear: ‘Oiga, tiene que haber más recursos’. Y yo estoy de acuerdo. De hecho, se hizo una planificación a siete años para ir aumentando progresivamente la inversión. ¿Que el Estado debería aportar dinero adicional? De acuerdo. Si yo hubiera podido y, ahora, más, si yo tuviera la responsabilidad, invertiría más. Pero creo que nosotros llegamos hasta donde pudimos con las restricciones constitucionales.
-¿Comparte las críticas de que algunas comunidades han hecho caja?
-No lo creo. Siempre puede haber un desfase, que debe y puede controlar el ministerio, pero hacer caja… No. El problema de los diferentes ritmos de aplicación es que algunas comunidades, paradójicamente las del PP -sobre todo Murcia, Valencia y Madrid- estaban muy atrasadas. Pero creo que todas tiraron por la ley. Con medidas que no son las mejores, como primar excesivamente las ayudas en el entorno familiar. Claro que lo hicieron porque son más baratas, pero eso te condiciona la aplicación de la ley y, sobre todo, te evita crear empleo.
-Le repito: Asturias, comunidad socialista, también primó esa paga.
-Pues debería corregir ese exceso. Ahora ya tiene menos y ésa debe ser su tendencia en los años futuros.
-¿Años futuros? ¿Los habrá o los usuarios acabarán tirando la toalla?
-No la tirarán porque no tienen otra opción. Por eso digo que la ley tiene futuro, porque estas personas no tienen otra opción. ¿Qué van a hacer?
-Volver a sus casas, que es lo que están haciendo ahora, o no utilizar servicios de mejora de calidad de vida.
-Claro que se irán a su casa si no encuentran cobertura suficiente, pero por eso digo que la ley, en el medio plazo, tiene todo el sentido y deberá haber una revisión de las políticas. Ese mantra que nos vendieron de que la austeridad es expansiva… ¿Dónde? Va a haber un cambio. Lo están haciendo Japón, Inglaterra… Europa tiene que tener una política de estímulos.
-En EL COMERCIO hemos desvelado el caso de Rafa Funes, un tetraparesio, gran dependiente, al que mantiene su padre de 93 años porque su única ayuda a la dependencia son 278 euros. ¿La ley no iba a resolver estas situaciones?
-Claro. Por supuesto. No conozco el caso, pero no sé cómo están aplicando la ley, cómo le cuantifican los ingresos.
-Los del padre, él no tiene.
-Claro, claro, por supuesto, si es un gran dependiente está claro que necesita una persona para su atención. No sé cómo está aplicada la ley, este caso es incomprensible. Algo no se ha hecho bien. Debería tener asistente personal.
-Sí, pero esa figura, que iba a ser la estrella de la ley, casi no existe. En Asturias sólo hay un caso.
-Es que esa figura es muy cara. Es muy difícil financiar un asistente personal para cada situación. Nosotros habíamos diseñado una atención colectiva, cooperativa. Es la solución, pero es verdad que se ha desarrollado poco esa figura.
-¿Vamos hacia una privatización de servicios?
-Completamente. Y es un error, porque muchas familias no tendrán otra opción que la oferta pública. Lo ideal es un sistema mixto, con iniciativa pública y privada.
La Junta andaluza multará hasta con 6.000 euros a cuidadores de personas dependientes que cometan faltas muy graves
La Junta de Andalucía multará hasta con 6.000 euros a los cuidadores de personas dependientes que cometan faltas muy graves, en virtud de un decreto aprobado por el Consejo de Gobierno y que modifica el reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Servicios Sociales, vigente desde 2008, con el objetivo de garantizar la calidad, el seguimiento y el control de las prestaciones que utilizan las personas en situación de dependencia.
La norma, que también desarrolla el cuadro de infracciones y sanciones previstos en la Ley de Dependencia, adecua las tareas que realizan los inspectores para mejorar los aspectos asistenciales en esta materia. Los cambios introducidos se dirigen sobre todo a reforzar la labor de verificación de la calidad de las prestaciones que se ofrecen a través del Servicio de Ayuda a Domicilio, así como de las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar.
El citado decreto desarrolla el modelo sancionador previsto en la ley estatal para crear un sistema propio y adaptado al elevado grado de implantación del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en Andalucía. Así, el nuevo régimen sancionador establece, para faltas leves, multas de hasta 300 euros a personas cuidadoras y de hasta 30.000 euros a proveedores de servicios.
Para las faltas graves, las cuantías son de 300 a 3.000 para cuidadores y 30.001 a 90.000 euros para proveedores de servicios. Finalmente, para las muy graves, se fijan cuantías de entre 3.001 y 6.000 euros para personas cuidadoras y de entre 90.001 y un millón de euros para proveedores, según ha explicado el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.
Los profesionales de la Inspección realizaron el pasado año 74.209 visitas domiciliarias, de las cuales 17.102 se dirigieron al primero de estos fines y 57.107 al segundo. Su labor se completa con las actuaciones en centros residenciales (2.280 en 2012); las comprobaciones del correcto uso de los fondos públicos destinados a la atención a la dependencia, y la verificación de los requisitos de la autorización administrativa para el funcionamiento y concierto de los centros y empresas de servicios.
51 INFRACCIONES EN 2012
La Inspección de Servicios Sociales detectó el pasado año en Andalucía un total de 51 infracciones que dieron lugar a sanciones. De ellas, 15 fueron leves, 35 graves y una muy grave.
En Andalucía hay actualmente 251.080 prestaciones concedidas y 183.186 personas beneficiarias, lo que representa el 27 por ciento y el 25 por ciento del total nacional, respectivamente. Asimismo, 48.002 andaluces reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio, cifra que supone el 40 por ciento del conjunto de España (124.920). A ello se suman las 177.000 personas beneficiarias del Servicio de Teleasistencia, de las que 63.695 están en situación de dependencia (más de la mitad de las 127.294 registradas en España).
La Administración autonómica ha destinado unos 5.400 millones de euros al desarrollo de la Ley de la Dependencia desde su entrada en vigor en 2006. En los presupuestos de 2013 se consigna una partida inicial de 1.108 millones para la Agencia de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Andalucía, pese a los recortes estatales que supondrán este año una merma de 125 millones de euros.
TRIBUNAL DE CUENTAS «DA LA RAZÓN» A LA JUNTA
De otro lado, Vázquez ha anunciado que esta semana se han podido conocer los datos definitivos del Tribunal de Cuentas sobre las ayudas a la dependencia entre los años 2007 y 2011, que «dan la razón» a la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, después de que en un primer dictamen se apuntaran unos 5.000 posibles casos fraudulentos en Andalucía en relación a los fondos recibidos del Gobierno.
El portavoz del Gobierno andaluz ha asegurado que este primer dictamen, previo a las alegaciones realizadas por la Junta de Andalucía, se difundió «de forma intencionada», con el objetivo de generar confusión y de que el Gobierno de la Nación tuviera «la coartada para perpetrar recortes en las partidas para dependencia». Sin embargo, los datos definitivos del Tribunal de Cuentas «no se han difundido».
Vázquez ha destacado que una vez analizadas las citadas alegaciones, el Tribunal de Cuentas «no solo ha dado la razón a la Consejería de Salud y Bienestar Social, sino que ha reconocido que en ese periodo, entre 2007 y 2011, la Comunidad dejó de recibir casi cinco millones porque tenía más personas beneficiarias de la que se reconocían presupuestariamente por el Gobierno de España».
En opinión del portavoz del Gobierno andaluz, se demuestra que hubo una «intención malévola» de atacar la aplicación de la Ley de Dependencia «como coartada perfecta para reducir los fondos», así como también «un uso torticero» de los datos preliminares del Tribunal de Cuentas por parte del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales.
Doce comunidades siguen sin aclarar el paradero de 44 millones euros para dependencia
Doce comunidades autónomas no han facilitado todavía al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad información sobre los expedientes irregulares en materia de dependencia que detectó en su último informe el informe del Tribunal de Cuentas. El plazo para hacerlo termina a final de mes y solo cinco gobiernos autonómicos han facilitado los datos. En total, esta situación afectaría a 5.398 expedientes y a 44 millones de euros.
El pasado mes de marzo el tribunal desveló que había 25.806 expedientes de personas que figuraban como beneficiarias de la Ley de Dependencia en los que se habían detectado fallos, como fallecimientos, DNI erróneos, duplicados, ayudas incompatibles con otras prestacionesetc. Por ejemplo, detectó que había 12.036 personas ya fallecidas que constaban aún como beneficiarias: algunas de las comunidades con mayor número de fallecidos eran Madrid (1.666), Cataluña (1.469) y Andalucía (1.343).
El IMSERSO comenzó a comprobar datos y a 31 de marzó de 2013 había «regularizado» un total de 13.110 expedientes,quedando pendientes los otros 12.696. Fuentes del Ministerio explican ahora que quedan por aclarar las circunstancias de 5.398 expedientes irregulares, a los que correpondería la cantidad de 44 millones de euros entregados por el Estado a la docena de autonomías que aún no han aportado la información correspondientes.
De ellas, una tercera parte han aportado ciertos datos con fallos constatables y las demás han mostrado su «rebeldía» a la hora de entregar una documentación que consideran reservada al ámbito de sus competencias. Las ayudas para la dependencia estipulan un mínimo de 1.400 millones de euros anuales por parte del Ejecutivo central, con el que se dota a las comunidades en función del número de dependientes beneficiarios.
La Secretaría de Estado de Asuntos Sociales e Igualdad se ha negado a facilitar a20minutos.es la lista de las comunidades que no han aclarado sus cifras alegando que aún no ha concluido el plazo y que se trata de un asunto delicado. Fuentes de este departamento aseguran que acabado el mes «todas cumplirán».
Falta de transparencia
El director general del IMSERSO, César Antón, remitió una carta tras el informe del Tribunal a cada uno de los gobiernos regionales comunicando el número de expedientes afectados en su territorio y solicitando información para ‘limpiar’ las posibles irregularidades y aclarar el destino que habían recibido los fondos públicos destinados a atender esos casos, presupuesto que se atribuye al nivel mínimo de financiación de la Ley de Dependencia.
Esta falta de respuesta no es extraña en materia de dependencia y de hecho, la propia ministra de Sanidad, Ana Mato, se ha referido en diversas ocasiones a la «falta absoluta de equidad y transparencia» en la aplicación de la Ley por parte de las administraciones públicas desde que la propia norma entró en vigor.
El Ejecutivo «confía en la buena voluntad» de las Comunidades Autónomas, de modo que se vayan sumando al propósito de lograr el fraude cero en la distribución de estas partidas, en un momento de crisis económica, en el que especialmente relevante garantizar la sostenibilidad del sistema.
El ministerio también quiere evitar que las ayudas para la Dependencia, que siguen siendo la partida más grande de los presupuestos del departamento, se conviertan en una «especie de subsidio». Actualmente, el 48 % de ellas van dirigidas directamente a las familias con algún miembro dependiente mientras que hay 45.000 plazas públicas de residencias vacías.
La razón de esta situación podría tener su base, según estas fuentes, en que a las comunidades autónomas «les sale más barato» la ayuda familiar directa que el coste de una plaza residencial, si bien su uso generaría una «importante actividad económica». El Gobierno detecta que hay «cierta picaresca» en esta situación y que «algo se está haciendo mal» porque, en algunos casos, el coste de los centros públicos duplica o triplica el de las residencias privadas, con parámetros de asistencia y calidad equiparables.
Sanidad ha dado de plazo hasta junio a las autonomías para poner en orden sus datos y alcanzar un acuerdo sobre el qué y el cómo se debe informar sobre el uso que hacen de los fondos públicos que reciben del Ejecutivo para atender a personas de dependientes. Para materializarlo, está trabajando en un sistema informático «compatible» con los diversos métodos estadísticos que ha desarrollado cada gobierno regional a fin de poder facilitarles la labor.
Las siete claves de la Dependencia en Andalucía
El Consejo de Gobierno ha hecho públicas las últimas cifras de la aplicación de la Ley de Dependencia en Andalucía.
1. En Andalucía hay actualmente 251.080 prestaciones concedidas, el 27% del total nacional
2. En total hay 183.186 personas beneficiarias, lo que representa el 25% del total nacional.
3. El Servicio de Ayuda a Domicilio atiende a 48.002 andaluces , el 40% del conjunto de España (124.920).
4. 177.000 personas son beneficiarias del Servicio de Teleasistencia, de las que 63.695 están en situación de dependencia (más de la mitad de las 127.294 registradas en España).
5. La Administración autonómica ha destinado unos 5.400 millones de euros al desarrollo de la Ley de la Dependencia desde su entrada en vigor en 2006.
6. Los presupuestos de 2013 consignan una partida inicial de 1.108 millones para la Agencia de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Andalucía,
7. Los recortes estatales supondrán este año una merma presupuestaria de 125 millones de euros.
4 de cada 5 mayores de 55 años no ha previsto una posible dependencia
Cuatro de cada cinco mayores de 55 años no ha tomado ninguna medida para afrontar una posible situación de dependencia en el futuro y sólo un tercio de quienes actualmente están cuidando de personas que no pueden valerse por sí mismas se está preparando por si las ayudas públicas desaparecen o menguan, aunque ambos colectivos tienen «asumido» que en el futuro habrán de pagar por la atención sociosanitaria.
Estas son dos de las principales conclusiones del ‘Análisis predictivo y escenarios en la atención sociosanitaria en España: Horizonte 2022’ editado por la Universidad Europea de Madrid que han elaborado Julio Sánchez Fierro y José María Sansegundo, y que ha sido presentado este viernes por el director General de la Fundación AstraZeneca, Federico Plaza.
El informe dibuja los perfiles del dependiente actual y el dependiente potencial a partir de 800 encuestas realizadas a cuidadores y personas mayores de 55 años, ante el «cambio cualitativo» en empeoramiento de salud –8 de cada 10 dependientes se encuentra hoy regular o mal– y «cuantitativo» en aumento de personas mayores y dependientes que se va a producir, según los expertos, en un horizonte superior a diez años.
«La dependencia es una cuestión de vital importancia para la sociedad española y se entiende que terminará siendo un problema mayor en el futuro porque se cree que los servicios públicos no podrán cubrirlo adecuadamente y que no habrá recursos suficientes para abordarlo, por lo que la gente asume que habrá que buscar vías de financiación adicional (…) y pese a que nadie parece dispuesto a pagar más impuestos, saben que habrá que pagar algo y creen que merece la pena hacer el esfuerzo», ha señalado Sansegundo, resumiendo las conclusiones del estudio.
En este sentido, el 98,3 por ciento de los cuidadores entrevistados están mucho o bastante preocupados por la posibilidad de que en el futuro pueda darse una carencia o insuficiencia de servicios públicos para la dependencia, preocupación que comparten el 96,8 por ciento de las personas que hoy tienen más de 55 años, según lso resultados de la encuesta.
Ante esta perspectiva, hay quien ya está tomando medidas, fundamentalmente de ahorro, y quien de momento, «no ha movido los pies». «No somos suficientemente conscientes del problema», opina Sansegundo, para quien la atención sanitaria no puede entenderse como una responsabilidad exclusiva del Estado, ya que «es clave, pero el Estado sólo no llega». «Venimos de una cultura de cobertura, aunque empezamos a ver que el Estado no podrá cubrirlo», ha añadido.
En concreto, el 75,8 por ciento de los mayores de 55 años no ha adoptado ni tiene previsto adoptar medidas para prevenir que ante una situación de dependencia en el futuro pueda encontrarse ante una falta o insuficiencia de servicios públicos. El 22 por ciento que sí lo está haciendo se ha centrado en ahorrar dinero, recurrir a la ayuda familiar, contratar un seguro médico o buscar plaza de residencia, entre otras medidas.
Respecto a los familiares de dependientes, el 62,1 por ciento no está adoptando medidas de cara a este posible futuro de escasez y el 34,4% que sí lo ha hecho, piensa recurrir a ayuda familiar (35,5%), ahorrar dinero (23,9%) y solicitar ayudas públicas (21%).
PREFIEREN HABLAR DE TASAS QUE DE COPAGO
En cuanto a la posible necesidad de pagar por los servicios, Fierro ha destacado que los ciudadanos prefieren hablar de tasas (56,1%) que hablar de copago, entendiendo esta como el pago por el uso particular de un servicio público y establecida en función de la renta, así como de impuestos finalistas (49,6%), asociados directamente a políticas concretas de cobertura sociosanitaria. Subir los impuestos en general (34,2%), fijar el copago de algunos servicios (20,7%) o excluir servicios de la cartera (8,5%) convencen a menos ciudadanos.
El perfil del dependiente en España que dibuja el estudio es el de una mujer (72,8%) mayor de 80 años de edad (70%), con ingresos inferiores a 900 euros al mes (46,9%), que reside en su domicilio (90,3%), en la mayoría de los casos presenta problemas de movilidad (33,7%) y/o enfermedades tales como el Alzheimer (18%), problemas vasculares (18%) o artrosis (13,7%) y que es cuidada por otra mujer (67,6%) que en la mayoría de los casos (81%) es su hija o nuera.
Un 52,1% de estos dependientes encuestados recibe algún tipo de ayuda pública y la atención domiciliaria es la que se destaca como imprescindible. El 38,2% se encuentra en un estado de salud malo o muy malo de salud y un 43,1% está «regular», por lo que el estudio vaticina que en 10 años, el 80,9% de dependientes estarán mal o muy mal y, en general, habrán ido perdiendo autonomía en su vida cotidiana.
Aunque el 61,8% de los cuidadores sostiene que en un futuro el domicilio seguirá siendo el mejor lugar para atender a su familiar dependiente y por lo tanto, demandarán servicios que así lo permitan, el 32 por ciento de los encuestados ha señalado que requerirá una residencia el día de mañana y más de la mitad, espera que sea un centro público.
Los expedientes de miles de dependientes están en el olvido en Bienestar Social valenciano
Carolina Martínez es madre de un pequeño que sufre una enfermedad rara. Pablo, que así se llama, requiere de una atención las 24 horas del día. En abril del año 2011 se solicitó la ayuda por la ley de dependencia y todavía hoy la familia está batallando. «No tienen vergüenza, pero yo voy a seguir luchando», afirma Carolina.
Su caso es uno de los miles de expedientes que están bloqueados en la Conselleria de Bienestar Social, tal y como denuncian desde el Cermi (Comité de Entidades Representantes de personas con discapacidad de la Comunitat) y la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia. Ambos colectivos cifran en cerca de 11.000 los expedientes que están pendientes en la Comunitat, que se encuentran en el olvido, -algunos desde el año 2010- y lamentan las rebajas que están sufriendo los afectados por una discapacidad en sus valoraciones una vez que la Administración las revisa de oficio o porque eran provisionales.
«La ley está paralizada», asegura el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley en Alicante, Miquel Martorell, quien reconoce que, además del copago, estas rebajas en las valoraciones están provocando quejas por parte de dependientes que comprueban que se han quedado con una ayuda de solo 20 euros. «Las revisiones del PIA normalmente son a peor, en el sistema no se están reponiendo casos pese a los fallecimientos y con los nuevos plazos que han dado estos once mil casos no entrarán hasta el año 2015», asegura Martorell, que lamenta la falta de respuesta por parte de la Administración e insiste en el tijeretazo que ha sufrido la ley.
Una opinión que comparten desde el Cermi. Entidad que representa al 95% de las más de 400.000 personas con discapacidad en la Comunitat y que aglutina a 14 federaciones. Para Esperanza Adriá, técnico de proyectos, la falta de presupuesto es lo que está provocando tantos problemas en la aplicación de la normativa. Una ley que ya comenzó mal desde el principio.
Recuerda que entre esos 11.000 casos no solo hay adultos sino también menores de edad que llevan años a la espera de recibir una prestación y con una discapacidad severa. El problema es que no todas las familias pueden acudir a la Justicia para reclamar sus derechos por una cuestión económica, que ahora se ha agravado con el copago que la Conselleria de Sanidad seguirá aplicando al justificar que se trata de una normativa estatal.
Adriá remite al caso que están viviendo Cristina y su hijo Pablo. Un pequeño, que tal y como explica su madre, es «totalmente dependiente». En abril de 2011 solicitó la ayuda. Su hijo tenía entonces 18 meses y en agosto le realizaron la valoración. Sin embargo, hasta finales de enero de este año no recibió la resolución, pero dándole una grado de discapacidad menor al que su madre considera. Su sorpresa fue cuando un mes después, -todavía no ha recibido la ayuda- recibió otra carta de la Administración donde le informaban que su caso ya tenía que ser revisado.
«Es muy triste y te da mucha impotencia. Ahora se supone que tenemos que empezar de cero, ¿cuándo va a recibir mi hijo la ayuda? Estoy siempre con quejas porque no puedo meterme en un abogado y esta semana presentaré otra. Hay que darles la paliza».
El pasado miércoles, el presidente del Consell, Alberto Fabra, anunció que crearía instrumentos para atender las situaciones «injustas» que sufre el colectivo. Este periódico se puso en contacto con Bienestar Social para preguntar en qué consistiría y que ocurría con los 11.000 expedientes bloqueados, pero no ha recibido respuesta.
La Fundación Pilares para la autonomía personal lidera la coalición española de la Asociación Europea WeDO
La Asociación WeDO es uno de los principales resultados del proyecto europeo WeDO y está constituida por un amplio rango de organizaciones y personas, todas ellas comprometidas con:
- Promover el Marco Europeo de Calidad para los servicios de cuidado de larga duración;
- Trabajar en la mejora de la calidad de los servicios de cuidado de larga duración;
- Compartir experiencias y buenas prácticas en dicho ámbito.
En su origen estaba constituida por 12 coaliciones de diferentes países europeos que desarrollaron estrategias nacionales para dar continuidad al proyecto. También se diseñó una estrategia a nivel europeo en pro del bienestar y la dignidad de las personas mayores. Una vez finalizado el proyecto, la Asociación WeDo sigue creciendo, y cada coalición continúa trabajando en equipo, de manera formal o informal, para lograr los objetivos del WeDO.
La Fundación Pilares para la autonomía personal lidera la coalición española. Desde la visión común que nos proporciona el Marco de Calidad Europeo para los servicios de atención de larga duración, trabajamos para promocionar su implantación, una mayor participación de las personas mayores y el aprendizaje continuo compartiendo información y buenas prácticas.
La Junta de Andalucía avisa de que las CC.AA. no pueden asumir las tareas de los ayuntamientos en dependencia
La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha advertido de que para las comunidades autónomas será «inasumible» la asunción de las actuales tareas que actualmente vienen desarrollando los ayuntamientos en materia de prestación de servicios sociales y atención a la dependencia, «si el borrador de Ley de Reforma de la Administración Local que prepara el Gobierno central –y que contemplaría este cambio de atribuciones–, no lleva consigo una aportación financiera adicional a las CC.AA.».
Durante su comparecencia en la Comisión de Salud del Parlamento andaluz a fin de informar sobre la situación del sector de la atención a las dependencias, a petición de IU, Montero ha señalado al respecto que el Gobierno andaluz, «siempre ha apostado por el modelo de la descentralización, situando a los servicios sociales municipales en el primer lugar en el desarrollo de la dependencia».
Frente a ello, ha reprochado que el borrador de Ley de Reforma Local «está cuestionado ahora el modelo de ayuda a domicilio y de residencia de mayores y centros de internamiento de titularidad municipal», a la par que «vulnera el Estatuto de Autonomía, con especial interés en la manera y forma en que se desarrolla estas prestaciones».
«Lo que más nos preocupa es que se privatice el ámbito del bienestar social, se arrebate a los municipios su capacidad de acción en este parcela y las CC.AA. no se les dote económicamente para poder desarrollar esta tarea que ahora hacen las corporaciones locales», ha enumerado Montero, quien ha insistido en que la asimilación de estas nuevas atribuciones por parte de las administración autonómicas sin dotación financiera adicional «sería inasumible».
Al hilo de ello, Montero ha detallado el peso que representa Andalucía en el conjunto del país en este tipo de prestaciones, «como lo muestra el que representamos casi el 25 por ciento de todas los personas beneficiarias en España o, lo que es lo mismo, que una de cada cuatro españoles con prestación reconocida son andaluces».
La titular del ramo ha agregado, asimismo, que Andalucía también es «la primera comunidad en número de prestaciones por persona, por encima incluso de las que suman conjuntamente las comunidades de Madrid, Galicia, Castilla la Mancha y Valencia». De hecho, ha detallado que, a 28 de febrero de 2013, «en Andalucía había 254.300 prestaciones y más de 185.400 personas beneficiarias», unas cifras «muy importantes», ya que, según ha defendido, «Andalucía sigue siendo la CC.AA. con mayor número de beneficiarios».
INVERSIÓN ANDALUZA Y DESINVERSIÓN NACIONAL
Ha proseguido que desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, en Andalucía se ha invertido 5.400 millones de euros en el desarrollo de esta ley. Respecto al cierre del ejercicio 2012, ha dicho que la inversión en dependencia fue de 1.335 millones de euros, de los que la Junta aportó el 75 por ciento y el Gobierno central sólo el 25 por ciento, «lo que dificulta de forma extraordinaria el que las CC.AA. pueda afrontar el desarrollo de la ley de una forma óptima».
De hecho, ha acusado al Ejecutivo de Mariano Rajoy de una retirada progresiva de la financiación en materia de Dependencia, lo que ha supuesto, sólo en el caso andaluz y en los últimos dos año, «214 millones de euros que ha dejado de ingresar nuestra comunidad».
«El esfuerzo de Andalucía es titánico para que no se note, que además ha sufrido un recorte de un 68 por ciento al plan concertado, lo que ha supuesto pasar de 17 a 5,3 millones de euros».
A ello, ha añadido las nuevas medidas del Gobierno de la Nación del copago de servicios, la reducción del 15 por ciento en las prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar, la eliminación del pago de las cuota de las cuidadoras a la Seguridad Social o el retraso hasta 2015 de la entrada de personas con dependencia moderada en el sistema.
ANDALUCÍA PRIMA LOS CUIDADOS DOMICILIARIOS
Montero ha defendido también que en Andalucía se prima la permanencia de la persona en su domicilio, con prestaciones dentro de su casa con la ayuda a domicilio, disponiendo de 48.500 beneficiarios andaluces en este escalón, un 40 por ciento del total nacional. «En Andalucía se financian al cien por cien estos servicios, destinando 1.164 millones a ayuda a domicilio».
Ha agregado que la comunidad andaluza es la primera región en número de empresas de economía social, «con 7.350 y muchas de ellas con los sectores creados al amparo de la propia Ley», y ha agregado que «crean empleo de calidad y un nuevo modelo productivo en el que también tenemos que basar nuestra economía».
En Andalucía, ha proseguido, hay 40.700 plazas concertadas en 1.294 centros, correspondiendo 14.500 plazas al sector de la discapacidad. Respecto al modelo de cheque servicio o cheque residencia para poder ser atendido, ha criticado que con ello el Gobierno central «pretende que el ciudadano se busque la vida».
Respecto al debate de modelo de atención a la dependencia que se está implantado en las distintas CC.AA., ha puntualizado que en Madrid «hay mas tradición de que las personas se queden en residencias, una ‘foto’ que no es igual a la de Andalucía, en la que la red familiar tiene mucho más peso».
Prioridad a los pagos a mayores con dependencia severa
Un informe del Govern desaconsejaba su tramitación por su impacto presupuestario, ver noticia.
La Mesa del Parlamento catalán ha admitido este martes a trámite una iniciativa legislativa popular (ILP) para que la Generalitat priorice por ley los pagos a mayores con gran dependencia institucionalizados en sus presupuestos y no pueda repetir impagos de conciertos como los de julio, de 70 millones de euros, que aún no han sido sufragados.
La decisión de la Mesa –formada por CiU, ERC, PSC, PP e ICV-EUiA– se ha tomado pese a que el Govern emitió un informe desfavorable a la tramitación de la ILP escudándose en el impacto presupuestario que supondría su aplicación.
Esta iniciativa social fue presentada en el Parlamento por la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) el pasado 5 de marzo, y ahora la Mesa de la cámara debe admitirla o no a trámite en base a criterios jurídicos.
Los directores de residencias pretenden blindar por ley los pagos a los ancianos que cuentan con el mayor grado de dependencia –grado 3, niveles 1 y 2–, entendiendo que representan «uno de los eslabones más débiles de la sociedad, por lo que debería ser una prioridad proteger sus derechos básicos», según ha explicado a Europa Press el vicepresidente de Ascad, Iñaki Anton.
Una vez admitida a trámite la ILP y se publique en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña (BOPC), arrancará un proceso en el que los promotores de la inciaitiva trataran de reunir por lo menos 50.000 firmas para que el pleno de la Cámara debata si admite la propuesta o la rechaza.
Familiares de dependientes fallecidos acuden al juzgado para que el Consell les pague la ayuda
Familiares de dependientes ya fallecidos están demandando a la Conselleria de Bienestar Social para poder cobrar las ayudas que tenían aprobadas y que nunca recibieron. Con motivo de la muerte del beneficiario, el departamento dirigido ahora por Asunción Sánchez Zaplana dio por amortizadas estas subvenciones que, según reveló el Tribunal de Cuentas, sí que habrían cobrado del Ministerio de Sanidad.
En una de las demandas a las que ha tenido acceso este periódico, los familiares aseguran que «el fallecimiento del titular de la ayuda no es óbice para considerar que no proceda el pago de la misma, pues los gastos se han causado hasta la fecha del fallecimiento, como en su momento se acreditó con las facturas del coste de la residencia».
Estos familiares defienden que mantuvieron informada a la conselleria en todo momento y que no han recibido respuesta, y eso que la ayuda les fue aprobada desde 2008. «Esta parte desconoce qué actuaciones ha podido llevar a cabo el organismo responsable de la Conselleria de Bienestar Social, por cuanto no se le ha notificado actuación alguna por su parte, habiendo tenido en todo momento conocimiento de la existencia de legítimos herederos por parte del causante, tal y como se ha acreditado en los documentos adjuntos, por lo que no puede haber declarado desconocido el acreedor de las cantidades aprobadas», defienden los demandantes.
Como contó ayer este periódico, el Tribunal de Cuentas ha solicitado a la Generalitat que devuelva 2,1 millones de euros al Imserso, dependiente del Ministerio de Sanidad, por haber cobrado subvenciones de dependientes fallecidos. Se trata de los subsidios de mínima protección aprobados durante cinco años a casi mil dependientes y por los que se habría percibido un dinero que no se entregó a nadie.
EUPV pide una investigación
La diputada de EUPV en las Corts Esther López Barceló anunció ayer que la formación de izquierdas preguntará al Consell por el informe realizado por el Tribunal de Cuentas sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunitat Valenciana y que pedirá la creación de una comisión de investigación en la Cámara sobre la gestión de las ayudas por parte del Gobierno valenciano. «Resulta obsceno que el PP haya estado criticando constantemente la falta de financiación para la aplicación de la Ley de la Dependencia cuando el Tribunal de Cuentas le exige 2,1 millones de euros en ayudas a dependientes que murieron antes de recibirlas», denunció la diputada.
Para Esther López, los problemas con la aplicación de la normativa vigente son motivados por «la desidia, la dejadez y el consciente boicot del PP». Para la parlamentaria autonómica, «los derechos sociales en el País Valenciano se están dejando de garantizar» y en aquello referido a la aplicación de la Ley de la Dependencia, «tenemos uno de los ejemplos más palpables de la mala gestión del PP valenciano».
Solicitantes de la Ley de Dependencia critican la demora y escasez en las ayudas
Numerosas personas que padecen una enfermedad acuden a los organismos necesarios para cumplimentar toda la documentación requerida y poder acogerse a la Ley de Dependencia. Sin embargo la gestión burocrática que las propias administraciones realizan ralentiza de forma considerable el proceso, con la correspondiente gravedad que ello puede ocasionar a una persona que padece una situación delicada de salud.
La demora a la hora de recibir las ayudas, que en algunos casos llegan una vez la persona que las solicita ha fallecido, ha llegado hasta tal punto que los afectados no se ven ni amparados por la legislación así como tampoco por las administraciones.
Ese es el sentir de algunos afectados entre los que se incluye Abrahán Guirao es uno de las personas que ha recurrido a la Ley de Dependencia.
Demora para recibir la ayuda y prolongadas gestiones de demanda
Concretamente Guirao padece una enfermedad degenerativa muscular que afecta a todo el cuerpo. Por esta razón, hace cuatro años decidió solicitar esta ayuda, que todavía a día de hoy no le ha sido concedida. “Mi solicitud me fue denegada mientras a mi padre, que estaba bastante peor que yo, se la aprobaron aunque el proceso para que fuera efectivo tardó tanto que de hecho poco pudo disfrutar de la prestación que se le adjudicó hasta que falleciera. Desde entonces y al cambiar radicalmente la situación económica en mi casa y además estando yo mucho peor, retomé la batalla de reclamaciones y solicitud de revisión, que no es que abandonara en ningún momento pero que estaba más en una posición de espera de una respuesta a papeles presentados que no llegaba”.
La negativa de la solicitud así como la demora en las gestiones son las principales causas que, apunta, están provocando la desesperación de muchos usuarios que solicitan esta ayuda por extrema necesidad y aseguran están desamparados. “Tras la espera de muchos meses, con llamadas constantes a las que la respuesta era que ellos no sabían nada, que lo valorarán cuando me toque mi turno y ya me dirán, recibo una carta denegándome cualquier reconocimiento de situación de persona dependiente sin mayor explicación que porque no creen que haya empeorado mi estado. Me pongo en contacto telefónico con ellos diciendo que aparte de que el informe que he presentado dice todo lo contrario, ni siquiera han venido a revisarme a casa tal y como deben hacer para comprobar mi estado y no hacer tal afirmación sin más, en su clara estrategia de responder “no” por sistema hasta que el solicitante se cansa de reclamar o fallece en el proceso”.
Constantes cambios en la legislación
Este caso concreto sirve para reflejar la situación que están viviendo numerosos ciudadanos quienes además critican los cambios constantes que sufre la ley, lo cual supone que el proceso de evaluación y concesión de la ayuda, no llegue a materializarse. “Tras varias llamadas me comentan que ahora el proceso ha vuelto a cambiar y para reclamar su fallo, el informe que vale es uno “oficial” que te hace el médico de cabecera y cumplimentado con más papeles que me dará la asistenta social tras una revisión por su parte”.
En este sentido, otra de las críticas de los afectados es que con tanto cambio las gestiones se eternizan y los propios trabajadores se muestran confusos sobre el procedimiento. “Acudo a un sitio y otro para su elaboración no sin que pase algún que otro mes en el proceso y que fruto de estos “cambios constantes” ni los médicos ni en asistencia social ni en el Prop acaban de tener claro qué deben hacer y actúan sobre la marcha”
La lentitud de las gestiones y el proceso y los constantes cambios incrementan la impaciencia de los solicitantes mientras va mermando su estado de salud. Informes que no llegan, reclamaciones que se inician seguidas de nuevas barreras en el proceso, provocan la desesperación de los afectados. “Avanza 2012 y meses después de la mencionada reclamación me contestan básicamente que debería cumplimentar todo lo aportado con un informe médico del especialista de mi enfermedad actualizado, dado que el que tienen es el de la primera solicitud de hace más de tres años. Adjunto a todos los papeles anteriores y vuelvo a reenviar a Dependencia. Meses después, ya rozando 2013 y tras llamadas en las que me decían no saber nada aún de mis papeles y su recepción me contestan diciendo que me he dejado por marcar una casilla importante y que debo reenviar los papeles en menos de una semana rellenándolos por completo o perderé cualquier derecho. Cansado, indignado, con sensación de ser burlado, lo hago y lo vuelvo a enviar.
La visita de reconocimiento en el domicilio del solicitante y escasa ayuda económica
Una vez la documentación está en regla, parte del proceso es la evaluación personal del paciente. Es uno de los últimos pasos a realizar antes de recibir la ayuda. Sin embargo, nuevos cambios en la Ley provocan el desasosiego de los enfermos. “Por enésima vez llamo preguntando sobre el estado de la reclamación me dicen que lo tienen todo correcto y no creen que tarden en llamarme para decirme qué día vienen”.
Sin embargo una vez se persona quien realiza la evaluación, después de un proceso burocrático complejo, asevera que “hace unos meses han quitado todas las prestaciones económicas”. De esta forma Guirao declaraba que “se cierra así la puerta a una ayuda de máximo unos 300 euros para una situación económica complicada y el bálsamo de que el cuidador/a (en este caso mi madre) pueda cotizar a la Seguridad Social, dado que por tantos años de cuidar a mi padre y ahora a mí no ha podido apenas trabajar y por tanto difícil tiene tener una pensión digna. “Si tengo suerte” (me dicen) igual me aprueban que venga alguien a mi casa unas horas al mes a ayudar o poder ir a un centro, para ir así acostumbrándome al hedor de la muerte y la gratificante experiencia de mirar a los ojos cada día a aquellos que como yo, parece que no servimos en esta sociedad. Ahora podría ir a los tribunales, reclamar que inicié los trámites hace mucho y que aplicaran el carácter retroactivo pero ante tal posibilidad, la revisora de hoy ya me advierte que solo voy a perder más salud, tiempo y el dinero que no tengo”.
Sanidad cantabra incluye al colectivo de enfermería en los equipos de valoración de la dependencia
La Consejería de Sanidad modificará la normativa actual de la comunidad autónoma para incluir al colectivo de Enfermería en los equipo de valoración de la dependencia, de los que hasta ahora únicamente forman parte fisioterapeutas y trabajadores sociales de atención primaria.
La decisión la ha anunciado este lunes la consejera de Sanidad, María José Saénz de Buruaga, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria, Rocío Cardeñoso, y la secretaria autonómica del sindicato de Enfermería SATSE.
El objetivo es crear equipos multidisciplinares de valoración de la dependencia en Atención Primaria que empezarán a funcionar a comienzos del próximo año 2014 con «al menos» un enfermero, un trabajador social y un fisioterapeuta.
Según la consejera, ello «permitirá contemplar de manera integral determinadas valoraciones complejas, así como mejorar la resolución de los procesos de valoración de la dependencia y disminuir la variabilidad en la toma de decisiones».
Buruaga ha puntualizado que el papel y número de fisioterapeutas y trabajadores sociales que realizan a día de hoy las valoraciones (58 y 32, respectivamente), «no se verá alterado», porque la enfermería «no viene a desplazar ni a sustituir a nada, sino todo lo contario, viene a sumar».
FORMACIÓN
Las primeras acciones a desarrollar pasan por la formación de estos equipos y la designación de profesionales de enfermería referentes (uno en las zonas básicas de salud con menos de 10.000 usuarios; dos en las que tienen entre 10.000 y 20.000 tarjetas; y tres en las de más de 20.000).
La consejera explicó que la designación de profesionales de referencia «no será antes del mes de junio» dado que está condicionada a la resolución de la oferta de empleo público de enfermería, OPE que Sanidad se ha comprometido a resolver en el mes de mayo. En principio, la Consejería «espera voluntarios, y si hubiera más profesionales interesados que plazas disponibles se procederá a su selección en función de sus competencias profesionales».
En materia de formación se realizará en primer lugar un curso teórico on line abierto a los 389 enfermeros que actualmente trabajan en atención primaria; y posteriormente, los profesionales designados de referencia para integrar los equipos de valoración deberán superar un curso de formación teórico-práctica más específica y de 60 horas.
Por su parte, los fisioterapeutas y trabajadores sociales deberán participar en acciones de actualización formativa periódicas, la primera antes de la puesta en marcha de los equipos multidisciplinares de valoración de la dependencia, prevista para enero de 2014.
CAMBIOS NORMATIVOS
La consejera explicó que en el ámbito normativo, el primer paso se dio ya el año pasado con la modificación de la Ley de Derechos y Servicios Sociales de 2007, y el siguiente será la modificación de la orden de 7 de mayo de 2007 por la que se regulan los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia, que se hará «tan pronto» como el Gobierno culmine la tramitación del Real Decreto que determine las prestaciones en materia de dependencia, «previsiblemente a inicios del verano».
Buruaga destacó que este proyecto «va más allá» de la mera determinación del grado de dependencia; «forma parte de un nuevo modelo biopsicosocial» y multidisciplinar de atención a la dependencia, y «no sólo salda un debe con los enfermeros, que son los profesionales líderes en la gestión de cuidados, sino también con los usuarios y con el propio sistema de atención a la dependencia».
En la misma línea se manifestaron las responsables del Colegio de Enfermería y de SATSE, quienes han mostrado su satisfacción por este cambio que va a permitir revertir una situación que, según han dicho, sólo se da en Cantabria.
En este sentido, Cardeñoso ha explicado que entre comunidades autónomas ha habido «mucha disparidad» en el desarrollo de la Ley de Dependencia pero el hecho de que el colectivo de enfermería no interviniese «en ninguna fase» sólo se ha dado en Cantabria, algo que «no entendemos -ha dicho- cuando tenemos mucho que aportar en la mejora de la normativa».
Ayuntamiento de Madrid asume la ayuda a domicilio de los dependientes
El Ayuntamiento de Madrid asume la totalidad de la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de los dependientes de la ciudad de la mano del primer acuerdo en materia de duplicidades alcanzado con la Comunidad de Madrid, que entrará en vigor el 1 de mayo.
Para ello, la Junta de Gobierno, presidida por la alcaldesa, Ana Botella, ha aprobado este jueves una modificación del contrato de gestión de este servicio, en la modalidad de Auxiliar Domiciliario. En total el número de personas dependientes derivadas por la Comunidad de Madrid se eleva a 4.348, de las cuales 3.778 son mayores, y 570 tienen alguna discapacidad.
La modificación implica un suplemento de crédito de 36 millones de euros para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2013 y el 31 de diciembre de 2013. La atención a las personas dependientes se está realizando desde el día 1 de enero, sin interrupción, con cargo a los 18 millones ya previstos para el plazo enero-abril de 2013.
El portavoz del Gobierno municipal, Enrique Núñez, ha subrayado en rueda de prensa que es la primera vez, desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, que el Ayuntamiento asume la totalidad de la gestión del SAD en el municipio de Madrid.
El hecho de que una única Administración se ocupe de la gestión redundará en la «eficiencia de la prestación y garantizará la homogeneidad en los servicios públicos ofrecidos a los madrileños, tanto en cuanto al acceso y el contenido del mismo, como en cuanto a sus estándares de calidad», en palabras de Núñez.
El Ayuntamiento de la capital y la Comunidad suscribieron el 31 de diciembre de 2012 el convenio de colaboración para la atención a las personas en situación de dependencia y el desarrollo de otros programas de atención social para este 2013, en el que se establece que el Gobierno regional aportaba la cantidad de 54,5 millones de euros para la financiación del SAD para las personas declaradas dependientes. Con esta aportación, se dispone de 122.625.000 euros para todo el periodo de vigencia del contrato.
PERFIL DEL USUARIO
El Servicio de Ayuda a Domicilio se dirigirá a personas que han cumplido 65 años, menores de esta edad con discapacidad, menores de 18 años pertenecientes a familias con necesidades especiales y dificultades para su atención. Como novedad, a partir de la modificación que ha aprobado la Junta de Gobierno, también atenderá a personas con grado de dependencia reconocido y en cuyo programa individualizado de atención (PIA) figura el SAD como servicio a recibir.
Con el incremento de presupuesto, el área de Familia y Servicios Sociales, capitaneado por Dolores Navarro, estima que se podrán prestar un máximo de 3.179.423 horas en cada uno de los años 2013 y 2014, y 794.856 horas durante los meses de enero a marzo del año 2015.
El Ayuntamiento de Madrid realiza evaluaciones periódicas de sus servicios y ha registrado que la nota de satisfacción por parte de los usuarios del servicio es de 8,7 puntos sobre 10 en la última evaluación de 2012. Algunos de los aspectos mejor valorados por los usuarios son trato y actitud por parte de los profesionales que lo atienden, la ejecución y los tipos de prestación y la puntualidad en el servicio.
Una residencia para personas mayores de Tenerife implanta la terapia asistida con caballos
La residencia Amma Santa Cruz acaba de implantar dentro de su cartera de servicios la Terapia Asistida con Caballos (TAC), que tiene como objetivo mejorar el bienestar, la sociabilidad y la calidad de vida de las personas mayores.
La residencia ha explicado en una nota que se trata de un programa terapéutico que persigue la relajación y estimulación muscular de los residentes mediante la transmisión del calor corporal del caballo, la mejora en el equilibrio y postura de los usuarios al montar mediante la transmisión de los impulsos rítmicos del animal y una contribución a la rehabilitación neumotora, pues el patrón de movimiento de los caballos es muy similar al de la marcha humana y ayuda a mejorar el control de cabeza y tronco durante el movimiento.
La TAC presenta, además, un beneficio psicoterapéutico para muchas disfunciones de los adultos mayores que presentan preocupación por el futuro o capacidad de tomar decisiones, ya que la acción de caminar hacia delante sin obstáculos ejerce una influencia positiva en pacientes depresivos o angustiados.
Tras la satisfactoria experiencia de los residentes del centro Amma Santa Cruz, la terapia asistida con caballos se realizará una vez por mes y tendrá lugar en el Centro Hípico La Cordillera, en el municipio de Tacoronte.
La Terapia Asistida con Caballos se nutre de diferentes modalidades de intervención, como la equitación terapéutica, el horse coaching, la equitación social, la psicoterapia asistida por caballos y la hipoterapia.
Diversas investigaciones han comprobado los beneficios terapéuticos que tienen los animales en las personas mayores. Entre sus beneficios destacan el fomento de la sociabilidad, la superación de episodios de aislamiento y depresión y el estimulo psicomotor en los pacientes al interactuar con los animales sacándoles a pasear o cepillándoles.
Es por esto que las terapias con animales son cada vez más frecuentes en las residencias para mayores. Precisamente el Grupo Amma fue pionero en este ámbito, implantando desde 2007 programas de terapias con animales en muchas de sus residencias, ya sea de carácter permanente o temporal, con el apoyo de fundaciones y entidades especializadas en este tipo de actividades y terapias.
El Govern rechaza una ILP para blindar pagos a ancianos con dependencia severa
El Govern catalán ha emitido un informe desfavorable para la tramitación de una iniciativa legislativa popular (ILP) para que la Generalitat priorice por ley los pagos a ancianos con gran dependencia institucionalizados en sus presupuestos y no pueda repetir impagos de conciertos como los de julio, de 70 millones de euros, que aún no han sido sufragados.
El informe negativo que ha transmitido el Govern a la Mesa del Parlament, al que ha tenido acceso Europa Press, destaca que la aprobación de esta ILP «comportaría un aumento de gastos en el presupuesto vigente», por lo que no se muestra conforme a su tramitación. Esta iniciativa social fue presentada en el Parlament por la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) el pasado 5 de marzo, y ahora la Mesa de la cámara debe admitirla o no a trámite en base a criterios jurídicos.
Los directores de residencias pretenden blindar por ley los pagos a los ancianos que cuentan con el mayor grado de dependencia -grado 3, niveles 1 y 2-, entendiendo que representan «uno de los eslabones más débiles de la sociedad, por lo que debería ser una prioridad proteger sus derechos básicos», según ha explicado a Europa Press el vicepresidente de Ascad, Iñaki Anton. Pero el Govern alega en su informe que «en caso de falta de crédito en el presupuesto, sería necesario un suplemento de crédito o un crédito extraordinario», lo que, según el Ejecutivo catalán, podría tener efecto en las cuentas de este año.
Uno de los requisitos para que una ILP sea admitida a trámite por la Mesa del Parlament es que la iniciativa no tenga un impacto directo en los presupuestos de la Generalitat del año vigente, algo que, según el Govern, no ocurre en el caso de la propuesta de los directores de residencias.
El informe subraya que el Estado ha reducido su aportación a ley de dependencia en Cataluña hasta los 206 millones en 2013, mientras que el año anterior aportó 243, aunque inicialmente se había comprometido a abonar 275, lo que supone «un gran esfuerzo» para la Generalitat, que debe compensar esta tendencia con recursos propios.
Margen de maniobra
El Ejecutivo catalán también alega en su informe que la ILP propuesta por los directores «comportaría el establecimiento de una nueva restricción en el margen de maniobra con el que se puede actuar en la gestión de la tesorería», lo que podría suponer tener que pagar antes los conciertos sociales que las nóminas de los funcionarios. «El Govern debe valorar cada mes las prioridades de pago en base a las obligaciones legales y a los compromisos existentes», añade el documento, que afirma que el hecho de que el pago de las prestaciones a grandes dependientes sea muy importantes no significa que se deba imponer por ley. El texto concluye que «las prioridades que se siguen en los pagos priorizan, en primer lugar, las obligaciones financieras», que van seguidos de las nóminas y, en tercer lugar, de los compromisos con el sector social con carácter finalista. «DELITO TÁCITO» Para Antón, los argumentos que utiliza el Govern para rechazar la ILP suponen «un delito tácito», pues el Ejecutivo admite que las partidas presupuestadas para atender a grandes dependientes podrán destinarse a pagar otras cosas si hay tensiones de tesorería. «Es inconcebible que el Govern rechace blindar estos pagos esenciales y priorice las nóminas y los créditos», ha criticado Antón, que ha confiado en que finalmente la Mesa del Parlament admita a trámite la propuesta la próxima semana.
Los trabajadores sociales asturianos arremeten contra la política de la Consejería de Bienestar
Peligro de desigualdad en el acceso a las prestaciones sociales, riesgo de «discrecionalidad política» a la hora de otorgar las ayudas, falta de líneas claras de actuación, colapso administrativo e, incluso, un «estilo de liderazgo» poco adecuado. Los trabajadores de los Servicios Sociales públicos del Principado han arremetido con dureza contra la política de la Consejería de Bienestar Social, en una carta dirigida al presidente regional, Javier Fernández, que también ha sido enviada a los grupos políticos con representación parlamentaria, a la Procuradora General del Principado, a los sindicatos y a la Federación Asturiana de Concejos, que precisamente hoy celebrará una reunión para analizar el problema de implantación del plan concertado de servicios sociales de este año.
La carta sale a la luz en plena polémica entre la Consejería de Bienestar Social y varios municipios dirigidos por los conservadores (PP y Foro) por los cambios introducidos en el plan que debe financiar las prestaciones sociales básicas, tras los recortes aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Los empleados públicos -avalados por otros asistentes sociales asturianos- acusan a la Consejería de implantar una política que «sigue fielmente» las directrices marcadas por Madrid, en contra del programa electoral de los socialistas y que puede acabar «con el desmantelamiento progresivo del actual sistema público de Servicios Sociales». Los trabajadores expresan en la carta «preocupación por el contenido, la trascendencia y las formas de las decisiones» que se adoptan en la Consejería. Unas decisiones, añaden, que se deben «a la inexistencia de un marco conceptual que defina y concrete de forma clara las principales líneas de la política social».
Una de las inquietudes que expresan los trabajadores se centra en el plan concertado de 2013. «Los riesgos de la desigualdad para el acceso y distribución de los recursos a los ciudadanos(…) preocupan a los profesionales responsables de su gestión, pues ante la carencia de directrices técnicas e incertidumbre del escenario económico, pudiera interponerse la discrecionalidad política» para otorgar las prestaciones sociales básicas. También afirman que el nuevo plan concertado «pone en juego la pervivencia de los equipos de profesionales de los Servicios Sociales municipales».
Los asistentes sociales también muestran su inquietud por el recorte a un máximo de 20 horas mensuales del servicio de ayuda a domicilio, ya que consideran que desvirtúa el objetivo del plan, que es «mantener a las personas en su medio habitual de vida y convivencia».
Respecto a la implantación de la ley de Dependencia, critican que desde su aprobación, hace 6 años, se ha desarrollado de forma ajena al sistema público de Servicios Sociales, con el que compite por los recursos económicas. «No sólo no se ha planteado la integración de ambos sistemas, sino que se continúa avanzando» en su implantación «a costa del desmantelamiento del sistema público de Servicios Sociales», afirman.
El colectivo de trabajadores concluye su escrito asegurando que, a su juicio, los responsables de la Consejería, de la que es titular Esther Díaz, ex alcaldesa de Langreo, «no han demostrado tener capacidad ni estar a la altura de momentos tan difíciles. Prueba de ello es el colapso de la gestión administrativa en las prestaciones de dependencia y salario social; la maraña jurídico-administrativa existente, la proliferación de instrucciones contradictorias y el menosprecio a la labor de los técnicos y sus propuestas.
El 81% de los españoles cree que las personas con dependencia necesitan cuidados profesionales
El 81% de los españoles cree que las personas con dependencia necesitan cuidados profesionales, según los resultados del tercer estudio internacional ‘Bupa Health Pulse 2012’.
El estudio se ha realizado por Bupa, empresa matriz de Sanitas, y en la muestra han participado 14.000 personas de 13 países diferentes. Los resultados del estudio muestran que el 81% de los consultados cree que es fundamental ofrecer unos servicios profesionales a las personas con algún tipo de dependencia. De hecho, el 41% opina que el grado de dependencia de las personas mayores avanza más despacio si estas viven en un centro especializado, cifra que aumentó en 4 puntos respecto a 2011.
Según la doctora de Sanitas Residencial El Viso, Pilar Soler, las personas dependientes con demencia necesitan unos cuidados individualizados y profesionales, como la higiene personalizada para disminuir la ansiedad que genera el baño en las personas con demencia, menús adaptados con utensilios que les ayuden a mantener su autonomía y terapias innovadoras como la musicoterapia.
El estudio también desvela que siete de cada diez encuestados temen perder la memoria cuando lleguen a una edad avanzada. En este sentido, Soler declaró que en España más de 800.000 personas padecen ya algún tipo de demencia e indicó que, debido al envejecimiento poblacional y a la falta de tratamientos curativos, esa cifra aumentará en los últimos años.
Asimismo, el trabajo muestra que la sociedad española es consciente de que cuando una persona requiere de los cuidados de otra, necesita vivir acompañada y en un servicio asistencial. En relación a esto, el 25% de los encuestados ha reconocido que estas personas son más felices y viven mejor en una residencia que en su propia casa.
El 68% también cree que es posible ralentizar el proceso de las demencias con terapias que incluyan la creación de unos planes específicos de cuidados, los cuales son considerados como ‘muy útiles’ por el 95% de los encuestados.
AATENCIÓN DE LOS MAYORES EN ESPAÑA
En relación a la atención que reciben los mayores en España, el 34% de los encuestados afirmó que es necesario que mejoren. De la misma manera, el 88% de los consultados reconoce que es necesario contar con equipos multidisciplinares con formación especializada para ofrecer una mejor atención a los dementes.
“La calidad en la atención de la demencia no se obtiene exclusivamente con los avances médicos, sino a través de todas aquellas actividades cotidianas del cuidado realizadas con creatividad, cariño y compromiso”, manifestó la doctora Soler.
Asimismo, confirmó que los especialistas ya optan por incorporar recursos tecnológicos a sus terapias. Prácticas que resultan muy beneficiosas para la salud de los mayores, según el 95% de los participantes en al encuesta.
El estudio también muestra que, desde el punto de vista económico, el 27% de los encuestados está preocupado por cómo pagarán los cuidados asistenciales que necesiten cuando lleguen a mayor, mientras que el 32% tiene claro que pagará la residencia a sus padres.
No obstante, los españoles (82%) consideran imprescindible la cooperación entre los organismos públicos y privados para asegurar a todas las personas dependientes el acceso a unos cuidados profesionales.