Dependencia
Huelga de hambre de los trabajadores de un centro social por los impagos de Consell
Uno de los trabajadores del Centro Ocupacional Los Silos de Burjassot ha iniciado una huelga de hambre con el fin de que la Conselleria de Bienestar les pague los casi 119.000 euros que adeuda a este centrode atención a personas con discapacidad psíquica.
Vicente Gasó, de 36 años, es el trabajador que ha iniciado este miércoles la huelga de hambre frente a la sede de la Consellería de Bienestar Social en Valencia, al que en las próximas horas se unirá Carmen, de 71 años, madre de uno de los usuarios del centro, y este jueves Julián Oviedo, de 37 años y director del Centro Ocupacional.
«Estaremos aquí hasta que el cuerpo aguante o la Conselleria nos pague«, ha asegurado a EFE Julián Oviedo, quien ha recordado que la Conselleria les adeuda el 40 por ciento de la subvención correspondiente a 2012, que equivale a seis meses de impagos.
Por su parte, la Conselleria de Bienestar Social ha sido consultada por la Agencia EFE por esta protesta pero aún no ha ofrecido su versión al respecto.
Los trabajadores de este centro ocupacional ya amenazaron con iniciar la huelga de hambre el pasado 10 de enero, pero decidieron aplazar la protesta tras una reunión con representantes de la Conselleria que les comunicaron su intención de «dar respuesta a la situación» en un plazo de nueve días.
«Pasaron los nueve días y el dinero no apareció», ha señalado Julián Oviedo, quien ha indicado que Bienestar Social les ha dicho que el próximo viernes les pagará el 15% de los casi 119.000 euros que les adeuda, una cantidad que «solo cubre la Seguridad Social de diciembre y el pago a Hacienda de retenciones».
Oviedo ha explicado que el pago de esa cantidad permitirá al centro social solicitar la orden de ayudas de 2013 pero «no soluciona las consecuencias dramáticas para la estabilidad y funcionamiento del centro».
Durante el día permanecerán en sillas plegables y tapados con mantas frente a la Conselleria, pero pasarán la noche dentro de una furgoneta que han aparcado junto a este departamento de la Generalitat.
Vicente Gasó está siendo apoyado por trabajadores, usuarios del centro y sus familiares, que portan carteles con lemas como «Conselleria quiere cerrar los centros para esconder a las personas con discapacidad, basta ya», «Siete meses sin cobrar» o «Mientras vosotros engordáis vuestras cuentas, nosotros perdemos nuestras casas».
Julián Oviedo ha recordado que a principio del mes de febrero vence la póliza de crédito que avalaron con sus propios bienes, aunque ha indicado que han hablado con el banco «y va a tratar de ampliar plazos».
El Centro Ocupacional Los Silos de Burjassot atiende a 40 discapacitados psíquicos adultos, según ha explicado Julián Oviedo, quien ha agregado que en las instalaciones trabajan ocho personas, «seis de ellas socios, que somos los que tenemos en peligro nuestros bienes».
ARTECAM, preocupada por el pago de ayudas a dependientes fallecidos
La Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (ARTECAM) ha manifestado su «profunda preocupación» por los datos revelados por el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, sobre el pago de ayudas a la dependencia a 724 perceptores fallecidos por valor de 3,1 millones de euros, según reflejó la pasada semana el Tribunal de Cuentas.
Los miembros de esta patronal aseguran que «están sufriendo en este momento las consecuencias derivadas de la gestión del anterior Gobierno en relación a dichas ayudas», por lo que «esa ha sido una de las causas del desastre de los servicios sociales en Castilla-La Mancha de los últimos años», ha informado en nota de prensa.
«En reiteradas ocasiones hemos denunciado que las ayudas a los cuidadores informales deberían haber sido concedidas en aquellos casos donde no existiese posibilidad de ningún recurso profesional en el entorno familiar, tal y como recoge la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia», aseguran desde la patronal.
ARTECAM se ha mostrado a favor de «que se descubran las irregularidades y de que se depuren responsabilidades de quienes no han controlado el dinero que se destinaba a Asuntos Sociales». «Quienes han permitido el fraude, si así fuese, deben pagar por ello», afirman.
El Tribunal de Cuentas niega haber revelado el pago inadecuado de ayudas de dependencia a 30.000 fallecidos
El Tribunal de Cuentas ha negado que de sus trabajos de fiscalización de los servicios de dependencia se pueda deducir «en ningún caso» que hasta 2011 había 30.000 fallecidos a los que se abonaban inadecuadamente este tipo de ayudas, un dato que dio a conocer el Gobierno de Castilla-La Mancha para poner de manifiesto «la catástrofe de gestión que realizó el PSOE durante tantos años».
Fue el consejero de Sanidad de esta comunidad, José Ignacio Echániz, quien aseguró hace unos días, apelando a un informe del Tribunal de Cuentas, que el Sistema de Atención a la Dependencia ha estado financiando las prestaciones de 30.000 personas dependientes fallecidas, debido a la «mala gestión del Gobierno socialista», y que ha provocado que se «pierdan» 140 millones de euros.
ESPERANDO LAS ALEGACIONES
En una nota emitida este viernes, el Tribunal de Cuentas ha querido dejar claro que su informe sobre la aplicación de la Ley de Dependencia aún no se ha terminado, sino que está en fase de anteproyecto a la espera de que unos 65 responsables políticos del Gobierno central y de las comunidades autónomas presenten sus alegaciones.
«El referido anteproyecto tiene carácter provisional hasta que el Tribunal analice todas y cada una de las alegaciones recibidas y posteriormente sea aprobado por su Pleno el Informe correspondiente», señala la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda.
Eso sí, ya adelanta que, «respecto a las informaciones aparecidas en los medios de comunicación en el sentido de que personas fallecidas, en torno a 30.000, seguían cobrando indebidamente ayudas de dependencia, hay que indicar que dicha afirmación no puede, en modo alguno, sustentarse en el contenido del Anteproyecto elaborado por este Tribunal».
Canarias, satisfecha con que la Ley de Dependencia priorice los servicios profesionales al cuidado familiar
La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda de Canarias, Inés Rojas, se ha mostrado satisfecha este miércoles con que la Ley de Dependencia del Ministerio de Sanidad priorice los servicios profesionales al cuidado familiar.Así lo ha expresado Rojas en declaraciones a los medios de comunicación en un descanso de la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, que se celebra esta tarde en la sede del Ministerio en Madrid y que está presidido por la titular de la cartera de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.
Según ha explicado Rojas, en el encuentro se ha tratado un «debate importante» sobre el hecho de que la Ley de Dependencia «prioriza los servicios y cataloga como excepcional la prestación económica en el cuidado del entorno familiar». Así, lo que ha hecho el Consejo es ir «endurecimiento cada vez más» la posibilidad de acceso a la prestación económica por cuidados en el entorno familiar.
Rojas ha insistido en que «se está pidiendo para esa exepcionalidad» cosas como que la persona que pretende ser la cuidadora debe «demostrar» que ha estado cuidando del dependiente «por lo menos con un año de antelación a haber solicitado la prestación» y además debe comprometerse «formalmente» a cuidar a la persona.
«Nosotros desde Canarias siempre hemos estado de acuerdo en el espíritu de la Ley, en priorizar servicios porque entendemos que es una atención de calidad más importante para la persona dependiente, genera empleo cualificado, hace compatible la vida laboral y familiar de la familia y además nos desvincula en el caso del servicio del centro de día, a la persona dependiente de la familia. Creo que tiene muchos beneficios», ha argumentado.
Finalmente, ha considerado «positivo» el que se haya elaborado un catálogo de servicios sociales «sin invadir competencias de las comunidades autónomas» porque ve necesario el tener un mínimo marco de referencia para todas las regiones.
El Ministerio revisará la Ley de la Dependencia dentro de seis meses
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado que junto con las Comunidades Autónomas dotarán al Sistema de Dependencia de datos más homogéneos y fiables mediante la actualización de su base de datos, para lo que se han dado un plazo de seis meses. Durante este tiempo, analizarán la información que ya obra en el modelo y sopesarán los procedimientos más adecuados para su actualización. Asimismo, se unificarán los criterios de regulación de las prestaciones y los servicios del Sistema de Dependencia y se clarificará la financiación.El Gobierno Vasco se opone al proyecto de la Ley de Dependencia
El consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Juan María Aburto, ha manifestado este miércoles en Madrid la oposición del Ejecutivo de Iñigo Urkullu al proyecto de real decreto que regulará las prestaciones para la dependencia «por ser un decreto que ni asume las consecuencias para una financiación adecuada y es una invasión competencial a las comunidades autónomas», ha explicado.
Aburto ha realizado estas declaraciones tras asistir al pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia celebrado en la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid y presidido por la ministra Ana Mato.
«El 90% del gasto»
«La cuestión que está pendiente es la financiación del sistema», ha recalcado el consejero vasco, aunque asegura «que el resto de administraciones vascas van a mantener la atención a las personas dependientes como lo vienen haciendo hasta la fecha». «El nivel de atención en nuestra comunidad autónoma adquiere un nivel de sobresaliente en cada evaluación», ha sentenciado.
Según Aburto, «el País Vasco soporta el 90 por ciento del gasto de la ley de la dependencia» cuando «la vocación de la ley era que fuera del 50 por ciento» por parte de las comunidades y el estado.
Bienestar Social recortará las ayudas a discapacitados y plantea el copago
Los colectivos de discapacitados de la provincia de Castellón se enfrentan a un futuro “incierto” y “preocupante” debido al nuevo modelo de financiación que quiere poner en marcha la Conselleria de Bienestar Social. Por tanto, a los impagos que padecen estas asociaciones por parte del Consell, que les adeuda más de dos millones de euros, se añade ahora la incertidumbre a causa del recorte de subvenciones anunciado para este año por el departamento de Asunción Sánchez Zaplana, que no descarta incluir el temido copago a estos servicios.
Está previsto que hoy la Conselleria ponga encima de la mesa sus intenciones, cifre el recorte previsto y clarifique si los discapacitados van a tener que pagar más por recibir atención. Será la directora general de Bienestar Social, Pilar Collado, la encargada de comunicar esta tarde a los discapacitados todos estos aspectos. La reducción se prevé que sea del 5%, aunque no se descarta que pueda ser mayor. “Para los centros más grandes esto supone una disminución importante, que puede perjudicarles mucho”, indicó el presidente de Afanías Castellón, Juan Bru.
En este sentido, Miguel Benages, presidente de la plataforma Cermi Castellón, que aglutina a 12 colectivos de discapacitados de la provincia, espera que el recorte sea mínimo. “Nos gustaría que no tocasen nada, pero si nos quitan parte de la ayuda, al menos que nos la paguen, no como ahora, que arrastramos un impago insostebible”, señaló Benages, quien exigió a Bienestar Social subsanar la deuda. Por su parte, la Conselleria sigue sin pronunciarse sobre cuándo prevé pagar.
COPAGO // Otro de los puntos que plantea este nuevo modelo de financiación es el que hace referencia al copago. Y es que, aunque aún no haya fecha para su entrada en vigor, el Gobierno autonómico abre la puerta a aplicar un sobrecoste a los discapacitados. Así, se estudia restar de la ayuda total lo que pagan los usuarios, es decir, si ahora al mes una familia paga 145 euros por una plaza en un centro de día para discapacitados, la Conselleria restaría esta cantidad de la subvención. “Si nos descuentan estas cantidades, los ingresos se reducirán y las prestaciones mermarán en detrimento de los usuarios”, apuntó a este periódico el presidente de Afanías en Castellón. Actualmente, Bienestar Social sufraga el 80% de los fondos de estos colectivos, mientras que el 20% restante procede de la aportación de las familias y de donaciones.
MEDICAMENTOS // Los impagos y el miedo al copago en los servicios no son los únicos frentes abiertos. UGT anunció ayer que denunciará ante el Síndic de Greuges que los discapacitados tengan desde el pasado día 1 que sufragar parte de los medicamentos, después de que la Generalitat haya decidido eliminar la gratuidad en la prestación farmacéutica para este colectivo. A este respecto, el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, explicó ayer que el hecho de que deban pagar parte de los fármacos es una exigencia que viene marcada desde el Gobierno central y que debían aplicar este punto “sí o sí”.
La consejera asturiana, contra los «nuevos recortes» en dependencia
La 
consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, Esther Díaz, ha anunciado a su llegada a la sede del ministerio de Sanidad, donde participa en el pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, que acude con un «posicionamiento claro en contra» del proyecto de real decreto por el que se regulan las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, que figura entre los temas a tratar en la reunión de este miércoles.
«La reunión se presenta como una serie de normativas que son la continuidad de las medidas de recorte del Gobierno de España sobre la Ley de Dependencia que se han iniciado en verano», ha explicado la consejera asturiana, que interpreta los cambios como «una modificación» de la Ley de Dependencia para «favorecer la privatización» del servicio y que «paraliza» la aplicación de la ley.
La representante del gobierno socialista de Asturias considera que el Ejecutivo de Rajoy «convierte algunas prestaciones económicas en servicios» mediante«una argucia léxica» con «una clara orientación hacía la privatización».
Además, Díaz ha denunciado que el proyecto de real decreto por el que se regula el nivel mínimo de protección supone «un nuevo recorte» y «menos dinero para la transferencia a comunidades autónomas» que «aumentan los requisitos»para los dependientes.
«Esto implica que se paraliza la Ley de Dependencia, no van a poder entrar de más personas al sistema», ha lamentado la consejera, que anuncia que su gobierno no podrá cumplir con las previsiones para este año debido » a las nuevas exigencias burocráticas que se ponen en este real decreto».
Calendario Sanitas Residencial 2013 incluye dibujos y pinturas de mayores con demencia de 40 centros españoles
Sanitas Residencial ha ilustrado el calendario para 2013 con dibujos y pinturas de las personas mayores con demencia que residen en los 40 centros repartidos por toda España.Por cuarto año consecutivo, la compañía de atención a mayores ha seleccionado, de entre 220 dibujos y pinturas presentados, un total de 13 obras artísticas, una para cada mes del año más la portada.
En este sentido, según han informado desde Sanitas Residencial, los trabajos elegidos han sido valorados por su plasticidad, contraste, realismo, transmisión de sentimientos y complejidad.
Estos mayores realizan dibujos y pinturas en los talleres de arte que habitualmente se organizan en cada uno de los centros. Una actividad terapéutica que les ayuda a mantener tanto sus habilidades físicas como las intelectuales al mismo tiempo que se ralentiza el proceso de la demencia.
La pintura se convierte así en una forma de expresión que permite comunicar las emociones hasta en fases muy avanzadas de la enfermedad. De este modo, los mayores de más de 80 años consiguen reflejar en sus obras sus pensamientos y emociones.
Esta disciplina artística también ayuda a los mayores con demencia a trabajar en grupo, socializarse con otros residentes y estimular sus capacidades cognitivas y sensoriales. Gracias a este tipo de actividades se activan zonas del cerebro infrautilizadas en el día a día que potencian la creatividad, coordinación y vista.
Además, a lo largo de este año habrá una exposición itinerante con las obras que configuraron el calendario de 2013 que recorrerá prácticamente los 40 centros de la compañía en España.
Empresarios de Aerte entregan 200 cartas a Bienestar Social para reclamar la deuda, que asciende a 60 millones
Empresarios de Aerte, la patronal del sector de la dependencia en la Comunitat, se han congregado este martes frente a la Conselleria de Bienestar Social para entregar a su titular, Asunción Sánchez Zaplana, 200 cartas en las que reclaman la deuda, que asciende a un total de 60 millones, y le exigen que termine con «la discriminación» que les aplica con respecto a otros colectivos.
En ese sentido, la gerente de Aerte, Maria José Mina, ha señalado que el 85 por ciento de los empresarios de Aerte ha subrayado que están en un situación de «incertidumbre, desasosiego, e insomnio» porque llevan sin cobrar todo el año 2012, e incluso algunos pagos del ejercicio de 2011, y ni siquiera les garantizan un calendario de pagos.
Por ello, ha señalado que esta deuda de la Administración valenciana les impide cumplir sus compromisos de pago con proveedores o las nóminas de los 12.000 empleados a los que dan trabajo hasta el punto de que han llegado a recibir sanciones de hasta 21.000 euros del ministerio de Trabajo por impagos a sus plantillas, que ya han recurrido.
El problema, sintetiza, es que «se trata de un colectivo muy sensible» ya que atienden a personas dependientes, unas 20.000, que precisan de ayuda diaria para todas sus funciones, desde levantarse a comer. «Nosotros no somos como otros colectivos, no podemos cerrar las persinas y manifestarnos», ha señalado. Además, ha denunciado los 11.000 expedientes que hay sin resolver o sin reconocer desde los años 2009 y 2010.
Sin embargo, lamenta que pese a todo ello, en la reunión que mantuvo el día 26 de diciembre la junta directiva de Aerte con la consellera se les comunicó que el día 28 «se iba a pagar de forma equitativa, y no se ha cumplido, y que iban a dar un plan de pagos, y tampoco». Por ello, solicitaron una reunión hace dos semanas con el vicepresidente, José Císcar, «nos dijeron que nos iban a dar una fecha pero tampoco nos han dicho nada».
Asimismo, reclama que las empresas adheridas al sistema de concierto Bono Residencia y centro de Día, que ya existía antes de la ley de dependencia y al contrato de Accesibilidad Social, sean reconocidas como concertadas con el fin de que «se respete el derecho que por ley tienen todas las personas de libertad de elección de centro».
Tutelados de la administración
Entre los usuarios de Aerte, se encuentran los 800 enfermos mentales dependientes tutelados por la Administración, que «tampoco reciben el dinero», según explica el director del centro Mentalia Puerto y coordinador de la comisión de salud Mental, David Taroncher.
Así, ha apuntado que si hace unos meses ya advirtieron de que la situación era «muy complicada» ahora es «insostenible» y de hecho ha confirmado que varias empresas han tenido que presentar concurso de acreedores. «La Administración nos dice que esperemos y nosotros desesperamos porque es un sector que no puede esperar», ha relatado.
En 2012 se incorporan un 55% menos de beneficiarios catalanes de la Ley de Dependencia de los que lo hicieron en 2011
Un total de 18.098 catalanes se han convertido en beneficiarios de la Ley de dependencia en 2012, un 55% menos de los que lo hicieron en 2011, cuando se incorporaron más de 40.000 dependientes.
Entonces, el número de solicitudes fue un 35% superior, con 63.000 peticiones iniciales de valoración frente a las 41.195 registradas en 2012.
Según los últimos datos publicados por la Conselleria de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, recogidos por Europa Press, el número total de dependientes catalanes reconocidos y que reciben algún tipo de prestación o servicio es actualmente de 158.589, mientras que 2011 se cerró con 140.491 beneficiarios.
Durante el último año, la Generalitat ha tramitado 94.652 valoraciones, 48.008 correspondientes a solicitudes iniciales –también de años anteriores– y 46.644 a peticiones de revisión de grado de dependencia.
Aunque en 2012 se han frenado las solicitudes iniciales de valoración porqué la mayor demanda se registró durante los primeros años de la Ley –en 2008 se computaron más de 101.000–, sí que se han incrementado las revisiones de grado, teniendo en cuenta que la situación de los beneficiarios empeora con los años.
En 2012, la Generalitat ha revisado casi 40.000 casos de dependientes ya reconocidos, mientras que en 2011 fueron 37.202, y en 2012, 22.136.
Además, ha resuelto 34.502 planes de atención individualizada (PIA), un 9,2% menos que en 2011, cuando se realizaron 38.019.
DESDE 2007
Desde la implantación de la Ley de dependencia en 2007, un total de 436.613 catalanes han solicitado valoraciones para poder ser beneficiarios, y 103.993 han pedido revisar la valoración de su grado.
En el mismo periodo, la Generalitat ha valorado 398.662 casos, resolviendo 225.528 nuevos PIA y quedando aún pendientes 18.286, aunque 90.000 casos más no se han podido tramitar por caducidad de los documentos, desestimación del caso o defunción de los solicitantes.
Además, la administración catalana ha tramitado 98.834 revisiones de grado, de las cuales ya ha resuelto el 83,8%, aunque aún están pendientes el 16,2% de ellas.
SIN PROTECCIÓN
Según los mismos datos, un total de 63.237 personas han sido catalogadas de ‘grado no protegido’, o bien porqué su discapacidad no es aún suficiente como para acceder al sistema de prestaciones y servicios, o bien porqué han sido valorados de ‘grado 1’, cuya cobertura ha sido eliminada por el Gobierno central.
Los pagos a estos dependientes han sido pospuestos por el Ejecutivo central hasta 2015 por falta de liquidez, por lo que todas aquellas personas que sean reconocidas como dependientes leves hasta entonces no podrán recibir prestaciones pese a necesitarlo.
Casi 19.000 beneficiarios más de prestaciones de dependencia que en 2011
Un total de 770.949 personas son beneficiarias de prestaciones de dependencia a finales de este año, una cifra que supone un aumento neto de 18.944 personas en relación con el año anterior, según datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Esta cifra de crecimiento neto responde al número de nuevos beneficiarios que surgieron a lo largo del año (129.847), si bien también se dieron de baja 110.903 personas debido a causas administrativas o fallecimientos. El año 2012 comenzó con 752.005 personas beneficiarias de prestaciones.
Las personas con derecho a prestación alcanzaron la cifra de 1.001.846, lo que supone un aumento de más de 500.000 personas en los últimos cuatro años. En el mes de diciembre del año 2008, las personas con derecho únicamente eran 445.615, según este avance.
Respecto a las nuevas solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia, el informe recoge un crecimiento neto de 27.261 personas en relación con el año anterior. Así, a fecha de uno de enero de 2012, se totalizaban en el Sistema una cantidad de 1.612.729 millones de solicitudes, mientras que en los datos correspondientes a fecha de uno de diciembre, tal cifra se situaba en 1.639.990.
Además, el documento asegura que el 93,2% de las solicitudes presentadas han
sido valoradas y en la revisión de las informaciones se han detectado 1.125 expedientes duplicados.
En el periodo analizado, el 77% de las personas que les corresponde recibir prestación la tienen ya concedida, lo que supone un aumento de 6 punto respecto a diciembre de 2011. Asimismo, las personas con derecho a prestación pendientes de que se les reconozca suponen un 22,9% del total, la cifra porcentual más baja del Sistema.
En este sentido, de acuerdo con los datos a fecha de uno de enero, existía un total de 305.941 personas con su prestación en tramitación, mientras que a día uno de diciembre esta cifra se había reducido hasta 230.203, lo que supone un descenso de 75.738 personas (un 24,76%).
Además, en el año 2011, respecto del 2010, se produjo una reducción porcentual en el número de personas con prestación concedida (-3%) y consecuentemente aumentó un 3% las personas pendientes de recibir prestación.
Aerte y FED trasladan al Comité Consultivo del Sistema de Atención de la Dependencia Nacional la necesidad de resolver la deuda pendiente de 60 millones
La FED, Federación Empresarial de la Dependencia a la que pertenece AERTE -patronal de la dependencia de la Comunidad Valenciana- ha trasladado en el Comité Consultivo de la Dependencia, su disconformidad a la forma en cómo se han realizado los pagos del pasado 28 de diciembre a las empresas del sector de la dependencia.
Aerte y FED han trasladado al Comité Consultivo del Sistema de Atención de la Dependencia Nacional la necesidad de resolver la deuda pendiente de 60 millones que aún mantiene con sus asociados. «Los pagos realizados recientemente no han cubierto la deuda de la mayor parte de las empresas asociadas a la patronal de la dependencia de la Comunidad Valencia».
La patronal de la dependencia traslada su malestar con los sindicatos por no haber defendido a todas las empresas del sector de la dependencia por igual. Aerte insiste en la necesidad de solucionar la situación de más de 11.000 dependientes reconocidos con los expedientes paralizados y sin resolver.
Sánchez Zaplana irá comunicando a los colectivos la manera en que efectuará los pagos pendientes de 2012 y 2013
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha señalado que su departamento irá comunicando a los colectivos, personas y entidades que dependen de Bienestar Social, «de qué manera se van a efectuar los pagos pendientes de 2012 y 2013». Los datos «los iremos proporcionando conforme sea necesario», ha apuntado.
Sánchez Zaplana, que se ha expresado de esta manera tras la reunión de trabajo mantenida este miércoles con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha indicado que trabajan de forma «coordinada» con la Conselleria de Hacienda y que «sobre la mesa están los pagos pendientes del año pasado, del que se ha realizado a finales de ejercicio uno «importante con algunos colectivos» que ha sumado casi 120 millones.
De esta manera, ha sostenido que, junto con Hacienda, trabajan para«atender los pagos y acuerdos» que desean alcanzar con plataformas de dependientes, el Cermi o Concemfe, para esa sostenibilidad del sistema de dependencia. «Se trata de dar un paso tras de otro», ha apostillado.
Por otro lado, ha destacado la apuesta de su departamento por alcanzar un«gran pacto social» con los colectivos que dependen de esta Conselleria que sirva para «escuchar, coordinar y consensuar» las reivindicaciones de este sector, para plasmarlas en iniciativas parlamentarias, así como crear mesas sectoriales.
Este pacto social consiste en «escuchar las reivindicaciones de los colectivos, la patronal y los servicios que gestionan la discapacidad, la enfermedad mental, escuchar a las familias, a los dependientes y, si es posible, crear mesas sectoriales o la fórmula que se vea», ha apuntado la consellera.
«Si es posible, que creo que sí aunque va a ser un trabajo complicado pero muy posibilista, conseguir un gran pacto social con los sectores, fundamentalmente con el sector de la dependencia y la discapacidad», ha subrayado.
«ESCUCHAR, COORDINAR Y CONSENSUAR»
«Algo que nos están reivindicando desde el primer momento es que se les escuche, que se atiendan sus reivindicaciones y que las iniciativas que vayamos a llevar al Parlamento valenciano sea escuchándoles y coordinándose con ellos, colectivos, familias y gestores de servicios», ha dicho la consellera, quien ha remarcado que se trata de «escuchar, coordinar y consensuar».
En cuanto al encuentro que ha mantenido con el jefe del Consell, Sánchez Zaplana ha explicado que le han informado de los «objetivos y líneas maestras del equipo de la Conselleria para este año».
Por su parte, Alberto Fabra les ha trasladado el «compromiso de cercanía que quiere que tenga este departamento con los colectivos y que la gente sepa que estamos comprometidos con las personas y que nuestro primer objetivo es el mantenimiento de las prestaciones básicas, garantizar la sostenibilidad del sistema de dependencia y trabajar de manera coordinada», ha explicado.
Aerte lamenta el oportunismo de aquellas formaciones políticas más interesadas en obtener rédito de la situación del sector de la dependencia que en encontrar una solución a sus problemas
Aerte recuerda que la mayoría de sus centros, que no han cobrado desde hace 1 año, no han abonado las nóminas completas de los dos últimos meses ni las pagas extras
La patronal del sector de la dependencia mantiene su confianza en los esfuerzos que se están realizando desde la Consellería
Aerte, la principal patronal de la dependencia valenciana tanto por número como por volúmen de centros representados, ha mostrado su crítica hacia el oportunismo de algunas formaciones políticas cuya trayectoria parece estar más centrada en obtener rédito político de la situación por la que atraviesa el sector actualmente, que en trabajar por encontrar soluciones a los problemas que arrastran las empresas de la dependencia en la CV.
Aerte ha trasladado al entorno político la necesidad de buscar puntos de consenso a través de los cuales resulte posible trabajar, de forma conjunta, en la resolución de los problemas de aquellas personas en situación de dependencia -alrededor de 11.000- cuyos expedientes aún no se han resuelto y se encuentran desamparados, así como a paliar la situación de los más de 12.000 trabajadores del sector dependencia que se encuentran en una situación de riesgo laboral extremo.
En este sentido, Aerte ha recordado que resultará más fácil recorrer el camino para la resolución de los problemas que aquejan actualmente al sector desde la unidad y el trabajo conjunto que permita a las diferentes formaciones políticas encontrar soluciones para esta problemática situación de índole social, que afecta a un importante porcentaje de la población.
En este sentido, Aerte ha instado a estas formaciones políticas a tomar ejemplo de la responsabilidad de aquellos centros que tras más de un año sin haber cobrado, continúan prestando sus servicios a las personas dependientes, aún haciéndolo a costa de solicitar préstamos y pólizas de crédito, pues se trata de un derecho adquirido y reconodido socialmente.
2013 comienza con los mismos problemas
El año 2013 ha comenzado para el sector de la dependencia arrastrando los mismos problemas con el que se ha despedido el año 2012: deuda pendiente sin cobrar, problemas para el pago de nóminas de los centros a sus trabajadores, pagas extraordinarias que no se han podido abonar y en general, percepción de desamparo.
No en vano, los centros representados por Aerte acumulan aún una deuda de un año pendiente de resolución. La mayor parte de ellos no han podido abonar las últimas dos nóminas de sus trabajadores, ni tampoco la paga extraordinaria de Navidad. Pese a ello, los centros continúan prestando sus servicios a los dependientes.
En cuanto a los 11.000 expedientes de personas dependientes que todavía no se han resuelto o no han podido regularizar su situación, Aerte ha solicitado un esfuerzo conjunto y vocación de justicia para reconocer a este segmento de la sociedad un derecho adquirido con el que los gobernantes tienen una clara responsabilidad.
En este contexto, Aerte ha manifestado su confianza en el trabajo del nuevo equipo de gobierno de Bienestar Social, así como su fe en que está haciendo lo posible por resolver una situación complicada, en el momento en que nos encontramos, pero que requiere de una inmediata resolución, al tratarse de salvaguardar el derecho de asistencia de un segmento especialmente vulnerable de la población valenciana.
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, anuncia el pago pendiente con APADIS antes de final de mes
En la tarde de ayer el alcalde, el primer teniente de alcalde y los cuatro portavoces de los grupos políticos con representación municipal se reunieron en Valencia con la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana. El objetivo de este encuentro era trasladar a la nueva consellera las reivindicaciones de APADIS, tal y como se comprometió por consenso la corporación en el Pleno de diciembre. En esta reunión, que alcalde y concejal de Bienestar Social han definido como “cordial, interesante e intensa”, tuvieron también ocasión de reclamar a Sánchez el pago de la deuda que su Conselleria mantiene con el Ayuntamiento de Villena, y que asciende a 1.600.000 euros.
Los detalles de este encuentro han sido aportados esta mañana por Javier Esquembre, alcalde de Villena y Fulgencio Cerdán, concejal de Bienestar Social, que destacaban la unidad y el consenso de todos los grupos políticos sobre este tema y el haber sido el primer municipio recibido por Asunción Sánchez tras el cambio de conseller de Bienestar Social, en sustitución de Jorge Cabré.
De la reunión volvieron con el compromiso de la consellera de regularizar el pago pendiente de APADIS, que asciende a 528.000 euros. En un primer momento se establece el 21 de enero -o en su defecto el 31- como tope para actualizar los pagos con las asociaciones de discapacidad de toda la Comunidad, aunque esta fecha quedará mejor definida tras la reunión que durante el día de hoy mantendría Sánchez con el conseller de Hacienda.
En esta misma reunión con Hacienda, la consellera prometió incidir en la particularidad de nuestra ciudad con el CRIS, que en el caso de Villena es de titulariadad municipal pero que en la mayoría de municipios asume directamente Conselleria. Esto supone un importante incremento de la deuda que la entidad autonómica mantiene con el Ayuntamiento, y que asciende a 1.626.130,62 euros, una cifra que según el alcalde “asombró” a la Consellera, y que le llevó a comprometerse a subrayar esta singularidad en la valoración de prioridades de pagos.
Tanto Esquembre como Cerdán coincidían en la “satisfacción” con la que salieron de la reunión, al haber podido profundizar en las cuestiones que interesan a Villena y percibir el compromiso de la nueva consellera con el bienestar social, pues Asunción Sánchez fue durante años concejala de este ámbito en el Ayuntamiento de Alicante. “Conoce el área y es consciente de que el apoyo del entorno es fundamental para que el pilar se los servicios sociales se mantenga”, indicaba el alcalde.
Por su parte Fulgencio Cerdán facilitó a la consellera el listado de la deuda que su administración mantiene con las diferentes asociaciones sociosanitarias de Villena. Del mismo modo le recordó las cantidades pendientes de pago con el Ayuntamiento, a las que corresponden 140.000 euros de 2010, 200.000 euros de 2011 y unos 500.000 euros de 2012. La consellera se comprometió a agilizar las gestiones con el conseller de Hacienda para que el Consistorio pueda cobrar pronto lo correspondiente a 2010, 2011 y un 60% de 2012.
El edil de Bienestar Social avanzaba que esta misma mañana se reunía con el CRIS para trasladarle las impresiones de esta reunión y estudiar cómo afrontan la difícil situación económica que está atravesando el centro. Aunque anuncian un pago próximo desde el Ayuntamiento, Cerdán avanzaba que el departamento de Intervención advierte de que será difícil que Villena siga adelantando estos pagos si no son correspondidos por Conselleria.
Cerdán valoraba el talante cercano y dialogante de la consellera, pero subrayaba que el problema actual es fruto de “la gestión de los últimos años de la Generalitat y las Consellerias”, al tiempo que esperaba que “el PP sea capaz de rectificar esta mala gestión de muchos años”. En la reunión también estuvo presente la Secretaria Autonómica de Bienestar Social y la villenense Mª José García Herrero, diputada autonómica del Partido Popular.
Hachazo a la ley de Dependencia
El sistema de dependencia se desmorona y la última reforma de la ley aprobada por el Gobierno vaticina lo peor: su desaparición. Los recortes en las prestaciones y el aumento del copago hacen insostenible el sector, que sufre colapsos, retrasos en los pagos de las nóminas de los trabajadores y lo más importante, deja a los dependientes desatendidos.
Francisco Jesús Gil, presidente de la Asociación Española de Padres con Niños con Nutrición Parenteral (AEPANNUPA), tuvo que abandonar su empleo para poder atender a su hija dependiente, que presenta un 66% de minusvalía. «En 2008, se le valoró como gran dependiente grado 3, con 90 puntos de dependencia. En 2011, cuando cambió el Gobierno, volvieron a reevaluar a la niña y pasó a ser considerada no dependiente», asegura.
Pero el drama familiar que sufre Gil no termina ahí: su cuñada, que padece una discapacidad psíquica y física, también vive con él. «Se le valoró como grado 2-nivel 2, también con prestación económica y yo como cuidador. Se le suprimió la prestación. Tengo a dos grandes dependientes en mi casa: una necesita una máquina para vivir y la otra tiene discapacidad física y psíquica y está en silla de ruedas«, denuncia.
El futuro de los dependientes se encuentra en un limbo desde el pasado mes de julio, cuando el Ejecutivo aprobó a través de decreto ley, una serie de medidas que cuestionan la conservación del sistema. El golpe es duro. Las prestaciones económicas a los cuidadores familiares se han reducido un 15%, es decir que la baja podría superar los 50 euros al mes. Además, pierden las cotizaciones a la Seguridad Social y se les exige cumplir con unos conocimientos básicos para atender al dependiente. También se simplifican los grados de reconocimiento de dependencia y el copago podría alcanzar hasta el 90% del pago en el servicio recibido. Estas son, a grandes rasgos, las medidas que inquietan a las asociaciones, a la patronal de los dependientes, a los sindicatos y que han generado un rechazo social absoluto.
José Alberto Echevarría, presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), explica a este diario que actualmente hay «un millón de personas que dependen de la ley, que nos necesitan para levantarse, para asearse, para comer, nos necesitan para realizar las actividades básicas de la vida diaria».
Desde FED son incapaces de encontrar explicación a este hachazo que propone el Ejecutivo y consideran que el duro trance económico que vive nuestro país «bajo ningún concepto justifica el recorte en dependencia». Echevarría asegura que «está firmemente convencido de que puede ser un motor de la economía, porque es un sector que genera oferta y demanda, más oferta que demanda y se podrían crear 38.000 puestos de trabajo»
La ley de dependencia entró en vigor el 1 de enero de 2007 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con la finalidad de reconocer por fin un derecho social, un sistema gratuito y universal que garantiza todos los servicios necesarios para las personas dependientes. Por eso desdeUGT señalan que otro de los problemas que supone el severo recorte en la ley es el atraso social que podría generar. Ana Sánchez Cobo, responsable de Políticas Sociales del sindicato, explica a este diario que una de las consecuencias de la reforma de la ley es la regresión social:«Volvemos otra vez a lo que ha pasado toda la vida en este país y es que las mujeres se tienen que quedar en su casa sin poder desarrollar su vida laboral para atender a las personas dependientes que hay en el hogar».
Tanto FED como UGT coinciden en que el ataque que se produce es directamente a un derecho adquirido. Echevarría se lamenta y denuncia que la situación es «gravísima, tenemos un compromiso moral con estas personas, nos necesitan, son las personas más frágiles de la sociedad, estamos atendiendo a nuestros padres». Y ahí es donde UGT considera que está el problema. Sánchez Cobo cree que «los temas sociales siempre se han visto como problemas individualizados puesto que no existía una ley a nivel de estado que garantizara este derecho» y aclara que «para que la gente tenga interiorizado que es un derecho ciudadano, tiene que pasar mucho tiempo».
Por el momento se desconoce cuántas personas quedarán desatendidas con el endurecimiento de la ley. Según UGT, sólo en Madrid 20.000 personas dependientes ya padecen los recortes y más del 50% de las empresas y trabajadores del sector sufren «retrasos tremendos en el pago de sus nóminas». FED, convencido de que la conservación de la ley es posible, ha intentado contactar con el Gobierno central para demostrar «con cifras, estudios y números» que sí es posible, pero todavía no han recibido respuesta.
Asociación de Familiares y Enfermos Mentales de Alicante deberá cerrar si el Consejo no paga la deuda de 500.000 euros
Más de un centenar de personas convocados por la Asociación de Familiares y de Enfermos Mentales de Alicante (Afema) han realizado este martes por la mañana una protesta a las puertas del edificio Prop en Alicante para reclamar el pago de los 500.000 euros que la Generalitat les adeuda, sin los cuales este colectivo se verá abocado al cierre a partir del día 21 de enero, según ha explicado el presidente deAfema, Alfonso Rodríguez.
El impago de las cantidades pendientes ha llevado a que los trabajadores de la asociación lleven «cuatro meses sin cobrar», e incluso la falta de recursos de los que dispone esta entidad hace que su actividad se encuentre «al borde del cierre».
Alfonso Rodríguez ha remarcado que desde este lunes Afema ha suspendido sus servicios, salvo aquellos programas que son «estrictamente necesarios en cada centro», y ha calculado que, si la Generalitat valenciana no les paga ya no podrán seguir con su actividad «a partir del próximo 21 de enero».
Este cierre generalizado afectará a todos los ámbitos de actuación de Afema, a excepción de los centros de día y los pisos tutelados que gestiona esta asociación.
«Hemos llegado al límite. Hemos tenido que comenzar por cerrar nuestros programas y reducir servicios porque no podemos pagar a nuestros trabajadores ni a nuestros proveedores, ni garantizar las atenciones de los usuarios de las viviendas tuteladas», ha lamentado Rodríguez, en el manifiesto leído este martes a las puertas del Prop.
Al respecto, además ha subrayado su «decepción» por el trato que ha recibido este colectivo por parte del Consejo, y ha subrayado que «si duele que no te paguen, más duele que te prometan fechas una y otra vez».
PROGRAMA DE PROTESTAS
La situación económica «es tal», según ha añadido, que desde este martes el colectivo ha instalado una mesa petitoria ante el Prop para recaudar fondos con los que atender las necesidades básicas de comida, luz y agua de sus instalaciones.
Así mismo, Afema ha organizado realizar protestas en este mismo punto todos los días, entre las 11.30 y las 13.00 horas, para dar a conocer su situación entre la ciudadanía. Además, este viernes presentarán un queja ante el Síndic de Greuges para comunicarle la situación «insostenible» en la que se encuentra este colectivo.
Igualmente, Afema mantendrá sus reivindicaciones de las marchas por la discapacidad y la salud mental, que pasan por el pago de todas las deudas a centros y servicios de la discapacidad, enfermedad mental, enfermedades raras, centros especiales de empleo, atención temprana, así como la paralización del nuevo modelo de financiación para centros de discapacitados en 2013.
En esta línea, reclama también que el Consejo retire la reducción presupuestaria del 35 por ciento en la Orden de ayudas a los Centros Especiales de Empleo, el cumplimiento en los plazos de pago de estos, y la creación de una mesa negociadora representada por todas las partes para resolver el futuro del sector.