Mayores
Sector de la dependencia valora «positivamente» la subida del Gobierno regional cántabro del 1,6% por las plazas concertadas
La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) en Cantabria ha valorado «positivamente» la subida del 1,6 por ciento en los precios públicos que paga a las empresas y entidades del sector de la Dependencia por las estancias concertadas tanto en centros de día como en residencias.
Así lo ha afirmado en un comunicado su presidente, Víctor Pandal, quien ha opinado que esta medida aprobada por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria se trata de un «pequeño paso para retornar a la senda de la normalidad», tras la bajada de 2012 –que cifra entre el 10% y el 13%– y la congelación de 2013.
«FRAGILIDAD ECONÓMICA» DE LOS CENTROS
Pandal ha opinado que el Gobierno regional «debe ser consciente» de que «muchos centros» se encuentran en una situación de fragilidad económica que «pone en serio peligro su viabilidad ante la proliferación de plazas vacías».
A su juicio, este hecho se vuelve «más acuciante» en los centros medianos y pequeños en zonas rurales, donde la posibilidad de ocupar plazas privadas es «mínima» puesto que la mayor parte de los posibles usuarios no disponen de los recursos necesarios.
Por ello, ha insistido en que el sector sigue reclamando la adopción de más medidas para dar viabilidad a los centros y mejorar la calidad de atención a los ciudadanos que reciben nuestros servicios.
Ha opinado que estas medidas deben ir orientadas a mejorar la normativa vigente, tanto sobre los criterios materiales exigidos como en la obligatoriedad de que todos los centros de Cantabria concertados cuenten con una acreditación que garantice una asistencia regulada y de calidad.
Por ello, y pese al «esfuerzo» que supone a las empresas y entidades del sector, ha considerado una «buena noticia» que a partir de junio de 2014 todos los centros concertados con el Gobierno de Cantabria deberán estar acreditados. A su juicio, «debe garantizarse de alguna forma el tipo de servicio que se presta y como se presta».
Así, ha afirmado que FED Cantabria seguirá colaborando con la Administración «para avanzar juntos» pero «sin renunciar a sus objetivos» en cuanto a la atención centrada en el usuario, la sostenibilidad empresarial y el reconocimiento social.
La Federación Española de Dependencia representa a 2.400 Centros Residenciales con 154.000 plazas, 28.000 plazas en Centros de Día, 230.000 beneficiarios de Servicios de Ayuda a Domicilio y 315.000 usuarios de Teleasistencia.
Aprobada la reforma de pensiones sin consenso político ni social
El Pleno del Congreso aprobó el jueves 19 de diciembre, de forma definitiva, el proyecto de ley de la reforma de pensiones sin lograr concitar el consenso de la oposición ni el respaldo de sindicatos y empresarios.
De esta forma, la norma, que entrará en vigor el 1 de enero del 2014, ha concluido los trámites parlamentarios tras dos meses y medio de debate en ambas cámaras, dónde los partidos de la oposición han llegado a defender, sin éxito, hasta nueve vetos y 90 enmiendas.
En el transcurso de estos debates, el grupo socialista y CiU, respaldados por el resto de la oposición, han vaticinado, en más de una ocasión, que la reforma «no tendrá larga vida» y será derogada cuando haya cambio de Gobierno.
Ante estos vaticinios, la portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo y diputada Carolina España ha advertido de que si esto llega a ocurrir «volvería la ruina, el déficit, la congelación y el rescate» por lo que ha instado a la oposición a «arrimar el hombro».
En el último debate parlamentario sobre esta reforma, el PP ha insistido, de nuevo, en mandar mensajes de tranquilidad a los nueve millones de pensionistas, a los que ha asegurado que el proyecto de ley garantiza la sostenibilidad del sistema y el mantenimiento del poder adquisitivo, a medio y largo plazo.
Novedades
Con esta reforma, las prestaciones ya no se actualizan conforme al IPC si no en función de los ingresos y gastos del sistema y del aumento de los pensionistas. La ley fija un suelo de subida del 0,25 % para los años malos y un techo para los años de bonanza del IPC más el 0,5%. Este índice se aplicará a todos los pensionistas, actuales y futuros y para 2014, el Gobierno ya ha decidido que la subida será del 0,25%.
Otra novedad que incorpora la reforma es el denominado factor de sostenibilidad que añade un criterio más: la esperanza de vida. Con la reforma aprobada, la pensión inicial a cobrar se ajustará a la variación de la esperanza de vida que haya cada cinco años. Como lo previsible es que la expectativa de vida aumente en el futuro, las prestaciones mensuales serán más bajas.
No obstante, el Ministerio de Empleo asegura que la prestación total percibida será similar a la de pensionistas anteriores dado que se cobrará menos cada mes pero durante más años. Con ambas medidas, el Gobierno calcula que el sistema se ahorrará cerca de 33.000 millones de euros entre 2014 y 2022.
Enmiendas
Durante estas semanas de debate parlamentario, la oposición ha escenificado, más de una vez, en ambas cámaras, su rechazo unánime al proyecto y su convencimiento de que el Ejecutivo albergaba con estas medidas una «maniobra» para «consumar la muerte del sistema público de pensiones». En este tiempo, el proyecto de ley solo incorporó cuatro enmiendas del PP. Una, la que elevaba al IPC más el 0,50% la subida de las prestaciones en época de bonanza; otra, que nombraba una autoridad fiscal independiente para valorar el índice de revalorización y dos más referidas a sendos informes quinquenales sobre los efectos de la ley en la suficiencia de las pensiones.
En esta polémica, los populares han insistido en que con esta reforma las pensiones nunca bajarán. «El barco se mantendrá siempre a flote» llegó a decir la ministra de Empleo en el primer debate en el Congreso. Además, los populares han sostenido que las medidas recogidas en la reforma son «absolutamente necesarias» para garantizar las prestaciones de los nueve millones de pensionistas, que serán 15 millones en el año 2050.
Esta reforma no será la última ya que el Ejecutivo planea en un futuro sacar las pensiones de supervivencia (viudedad y orfandad) de la Seguridad Social. De llevarse a cabo esta medida se generaría un ahorro anual al sistema de 22.300 millones de euros, es decir, el 20 % del gasto total de las pensiones contributivas.
El 51% de los mayores que atiende Cruz Roja son pobres, pero ayudan a familiares
El 51 por ciento de las personas mayores que atiende Cruz Roja Española en programas sociales viven por debajo del umbral de la pobreza (612 euros al mes) pero un tercio ha tenido que ayudar a algún familiar en el último año, lo que les sitúa en una situación de mayor privación agravada en el contexto de crisis: un 4% ha perdido las ayudas que recibía y un 9,7% tiene problemas para afrontar el copago de los medicamentos.
Esta es una de las conclusiones del boletín sobre vulnerabilidad social que ha presentado este jueves la institución humanitaria y en el que se describe a partir de 1.112 encuestas cualificadas, el perfil de sus beneficiarios mayores de 65 años, 364.199 personas, el 4 por ciento de la población española en este tramo de edad. La cuarta parte de los mayores atendidos vive en hogares donde todos sus miembros están en paro.
Para el coordinador de Cruz Roja, Antoni Bruel, los datos reflejan que «cuanto más pobres, más ayudan» porque si un 4,7% del total ha tenido que acoger familiares en casa en el último año, el porcentaje es del 6% entre quienes se encuentran en una situación de pobreza extrema (el 17,2% de los atendidos, que ingresa menos de 408,59 euros al mes). En el 61,3% de los casos fueron ayudas económicas y en el 18,7%, alimentarias o de productos de primera necesidad.
Los beneficiarios de estas ayudas han sido principalmente los hijos de la persona mayor (59,8%), aunque también los nietos (12,8%) y otros familiares (9,8%). En total, el 15,4% de estos mayores tiene a cargo a personas dependientes y un 2% a niños menores de 16 años de edad. «Sabemos que está creciendo esta situación y claro, si atiendo a mis familiares, tengo menos dinero para mi salud y para mis necesidades», ha destacado Bruel.
Esta situación de privación, que es severa entre casi ocho de cada diez mujeres atendidas, repercute en que un tercio (33,3%) de las personas mayores no pueda ni encender la calefacción durante el invierno, o que casi siete de cada diez (67,9%) no pueda salir de vacaciones una semana de casa ni aunque sea con viajes sociales del IMSERSO. El 72,2% no puede hacer frente a un gasto imprevisto de 600 euros.
Estas personas, de media, ingresan 500 euros mensuales y un 12,7% no consigue llegar a fin de mes. Los hay que están en 408 euros (17,5%) y que no tienen ningún ingreso (6,8%), en su mayoría (83%) mujeres. En el 47% de los casos el dinero es de una pensión de jubilación (frente al 70% de la población general) y en un 37%, de una de viudedad (23% en todo el país). En estos casos, el 17% no puede subsistir sólo con eso. El 3% además, tiene problemas para afrontar los pagos de su vivienda.
Bruel ha explicado que «hasta ahora, las personas mayores eran vistas como privilegiados económicos porque tenían garantía de ingresos con la pensión, pero eso ha cambiado». Según ha dicho, el encarecimiento de la vida y los recortes han empobrecido a estas personas. El 4% ha dejado de recibir las ayudas que tenía, que eran económicas en el 73,3% de los casos y que en un 18,8%, procedían de Servicios Sociales. En total, el 28,8 por ciento necesita ayuda para subsistir.
NO LLEGA PARA MEDICINAS
En este sentido, el informe dice que «la crisis ha influido en el poder adquisitivo del 62,7 por ciento» de los atendidos. Casi el 74% dice que gana lo mismo, pero le da para menos que antes y cerca del 6% reconoce problemas económicos que no había tenido nunca. Además, el 5% tiene problemas financieros: un 2% ha perdido sus ahorros, el 2,1% problemas con el banco y el 1,3%, deudas importantes.
El coordinador advierte de que la situación «no es broma»: el 38,3 por ciento de los mayores atendidos ha tenido problemas relacionados con la atención de su salud, en su mayoría económicos. El 17,7% ha encontrado problemas para sufragar las medicinas no cubiertas por la Seguridad Social y el 9,7 por ciento, para afrontar el copago de los medicamentos que necesitaba. «El impacto de este coste para una pensión de 300 euros es mucho dinero», ha señalado.
Además, un 9,5% ha pasado más de seis meses en una lista de espera, en un colectivo donde los problemas de salud crónicos afectan al 61,5 por ciento de las personas, un 74,4% tiene problemas para caminar (al 29,7% le impiden deambular), un 34,2% dificultades para vestirse o lavarse y un 63,1% siente dolores o molestias constantemente. «Sólo» el 32,3% de los varones y el 23,4% de las mujeres consideran bueno su estado de salud, frente al 39,7% y 30,6%, respectivamente, de la población general.
LA SOLEDAD, UNA EPIDEMIA
En este sentido, el informe destaca que el 22,5 por ciento de los mayores atendidos por Cruz Roja tienen una discapacidad importante, el 40,8% una certificación de minusvalía y el 22%, de dependencia. Bruel ha destacado que estos mayores dependientes y sólos son los que más preocupan a la institución humanitaria, porque la ayuda que reciben, que suele ser de acompañamiento, sólo se da unas horas al día y el resto del tiempo, no pueden valerse por sí mismos.
Precisamente la soledad es uno de los problemas de las personas mayores en el que más incidencia hace Cruz Roja porque agrava el resto de situaciones, especialmente las de salud. El 27% de los atendidos no recibe visitas nunca o casi nunca, el 23% no tiene con quién comentar sus problemas, el 38,8% «no sabría ni a quién pedir ayuda económica» y tienen «la cabeza llena de preocupaciones» el 61% de las mujeres y el 45,8% de los hombres.
Aunque los datos no son extrapolables al conjunto de la población, Bruel afirma que «por lo menos entre un 10 y un 15 por ciento» de los mayores de 85 años en España podrían ajustarse a este perfil y nadie tendría por qué saberlo, ya que se trata de un colectivo «que no demanda servicios» y al que le cuesta pedir ayuda. De hecho, el informe advierte de que los mayores creen que la sociedad tiene una visión «utilitarista» de ellos: o están para ayudar (30%) o son una carga (45,3%).
Investigadores diseñan un robot de bajo coste que asiste a personas mayores en sus domicilios
Investigadores de las universidades de Sevilla, Huelva, Córdoba y Extremadura han diseñado un robot de bajo coste destinado a la vigilancia de mayores o discapacitados. Se trata de un sistema robótico que ayuda a personas dependientes en entornos domésticos inteligentes, espacios están dotados de sensores y actuadores ambientales que ayudan al usuario.
La innovación del robot, aún en fase de prototipo, es su autonomía a la hora de navegar. «Sus capacidades cognitivas permiten que el robot comprenda y ejecute órdenes del usuario. Por ejemplo, si se le pide que vaya a un sitio, el robot busca el camino adecuado para llegar por sí mismo», detalla a la investigadora del proyecto en la Universidad de Huelva, Nieves Pavón.
Además de los algoritmos de inteligencia artificial que aumentan la autonomía, otra de las ventajas es la reducción del coste. «Hasta ahora, los diseños robóticos resultan más costosos porque requieren cables, instalación de cámaras o dispositivos de domótica, que implican hacer obras en el edificio donde van a actuar», explica.
Los investigadores proponen una instalación sencilla, que pueda acometer el propio cuidador. Esto reduce el coste del prototipo, que cuenta con medio metro de altura y unos siete kilos de peso. «El objetivo final es que el robot se compre al mismo precio que un electrodoméstico, entre 500 y 1.500 euros, porque se le pueden añadir extras. Incluso exploramos que se pueda alquilar por un tiempo», adelanta.
Los científicos han desarrollado experimentos en los que el robot se comunica con una red inalámbrica de sensores para realizar tareas de posicionamiento. De este modo, navega de forma autónoma a través del hogar de una persona para acometer tareas de vigilancia del estado de la persona dependiente. El cuidador puede comunicarse con el robot a través de dispositivos móviles y controlarlo de forma remota si es preciso. El siguiente paso es complementarlo con sensores ambientales para mover puertas o desplazar objetos.
Para ello, un software permite al robot entender donde se encuentra. Los investigadores han construido un mapa de donde está y la plataforma robótica va aprendiendo los recorridos de la casa, mediante algoritmos basados en inteligencia artificial. «Le enseñas, acompañándolo, a que recorra el mapa, reconozca las características del entorno y luego lo hace solo», precisa.
Tanto la estrategia de posicionamiento en el mapa como la construcción del mismo se basan en el uso de técnicas combinadas de Inteligencia Computacional y Teoría Probabilística. «La primera consiste en aplicar técnicas que intentan imitar ciertos comportamientos de la naturaleza, como por ejemplo, el comportamiento humano. Por su parte, la Teoría Probabilística se centra, a grandes rasgos, en proporcionar modelos matemáticos que permiten manejar la incertidumbre que siempre existe a la hora de tomar decisiones», explica.
Además, para hacer más robusto el robot, los investigadores han analizado en el artículo ‘A Comparative Study of Parallel Software SURF Implementations’, publicado en Concurrency and Computation: Practice and Experience, distintos métodos para detectar y describir un conjunto de puntos de interés de una imagen en tiempo real.
Los expertos trabajan ahora en experimentos que simulan cómo funcionaría el robot en un domicilio. El siguiente paso es configurar un prototipo más robusto para probar en una residencia o varias viviendas con la idea de comprobar la aceptación del usuario. El robot se ha desarrollado en el contexto de un proyecto liderado por el investigador Joaquín Ferruz Melero, del Grupo de Robótica, Visión y Control de la Universidad de Sevilla.
La existencia de 70 normas diferentes causa inseguridad jurídica a los dependientes
La Confederación Española de Organizaciones en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) denuncia en un informe la inseguridad jurídica y la desigualdad territorial que para las personas en situación de dependencia supone la existencia de 70 normas jurídicas distintas, tanto autonómicas como estatales.
Bajo el título ‘Regulación de la participación económica del beneficiario del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia’, el informe concluye que la falta de la obligatoriedad de la normativa común genera falta de transparencia, inseguridad jurídica y desigualdades en el colectivo de dependientes y, en concreto, de aquellos con discapacidad.
El Sistema de Dependencia no sólo se rige por la Ley para la Autonomía Personal y Atención a la Personas en Situación de Dependencia de 2006, sino por normativas y desarrollos reglamentarios autonómicos y acuerdos en el seno del Consejo Territorial de Dependencia –integrado por las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad–.
Todo ello ha provocado la existencia de unas 70 normas que se han ido publicando desde 2007, pero sin derogar o sustituir completamente a las precedentes. Esto ha incurrido una «mezcolanza» normativa que afecta directamente al administrado y familiares, que, según este documento, «no saben de forma clara a qué texto remitirse».
NO HAY UN MÍNIMO COMÚN DE DERECHOS
Además, las diferencias entre regulaciones de las distintas comunidades autónomas determinan, según este estudio, que el contenido económico del derecho de una persona en la misma situación de dependencia varíe «sustancialmente» del territorio en que reside el beneficiario. «No existe un mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio español», aseveran los autores de este informe.
El documento pone en evidencia que aunque la Ley de Dependencia establece que nadie quedará fuera del sistema por falta de recursos suficientes, y para ello pone como límite el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), en la práctica algunas comunidades autónomas han establecido valores distintos. «Existe una importante falta de homogeneidad», añaden.
Durante la presentación de este informe, el director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, ha afirmado que el sistema de Dependencia «ha perdido fuerza» desde su implantación, «primero con los baremos, luego con la carta de servicios y después con el copago». Asimismo, ha subrayado que todos estos cambios unidos a criterios autonómicos dispares «se han lesionado los derechos de las personas con discapacidad».
«Vivimos tiempos difíciles», ha reconocido Martínez Donoso, no sin advertir de que España cuenta con un tejido asociativo que es «la envidia de Europa» y que existe un marco normativo que «ampara» las reivindicaciones del colectivo de las personas con discapacidad, pese a lo «difícil» que «día a día» se lo ponen las administraciones.
REFUNDICIÓN NORMATIVA
Entre las recomendaciones de este informe, realizado por la asesora jurídica de FEAPS, Inés de Araoz, destaca la necesidad de que las comunidades autónomas aborden una «refundición normativa» para que se aclare la situación jurídica de las personas con discapacidad y que ofrezcan en sus webs información actualizada, simplificada y accesible, de tal forma que los beneficiarios puedan consultarla y comprenderla.
Asimismo, propone que en el Consejo Territorial de Dependencia, los responsables autonómicos en esta materia alcancen un acuerdo para homogeneizar las condiciones de participación económica de los dependientes, estableciendo criterios y condiciones que «preserven su derecho a nivel de vida adecuado para ellos y sus familias».
Atos y Worldline colaboran en el proyecto Alfred para desarrollar un mayordomo virtual para personas mayores
Fomentar el envejecimiento activo es el objetivo planteado por Alfred, proyecto europeo en el que participan Atos y Worldline para diseñar un asistente virtual que permita a las personas mayores mantener su independencia.
Atos y su filial para servicios de medios de pago electrónico y servicios transaccionales, Worldline, han anunciado su colaboración en el proyecto europeo Alfred, el asistente interactivo personal para la vida independiente y el envejecimiento activo.
El proyecto Alfred tiene como objetivo el desarrollo de un asistente móvil personalizado para las personas mayores que les permita seguir manteniendo su independencia, les facilite la coordinación con sus cuidadores y fomente su inclusión social.
En el marco del proyecto Alfred, se va a desarrollar un mayordomo virtual personalizado para dispositivos y plataformas móviles, aplicando tecnologías de última generación como la interacción avanzada por voz, por lo que será posible hablar directamente con el asistente interactivo. Además, la aplicación será fácil de manejar y proporcionará servicios relacionados con la inclusión social, los cuidados, el ejercicio físico y los juegos cognitivos.
A través de este proyecto de investigación, las empresas e instituciones que integran Alfred contribuirá a una sociedad mejor, donde las personas mayores puedan vivir en sus propios hogares, con la posibilidad de actuar de forma independiente y participar activamente en la vida social.
Atos, a través de su grupo de Research&Innovation, participa en el proyecto mediante la identificación del mercado senior potencial. Por un lado, creará soluciones que examinen y extraigan información acerca de las actividades realizadas por las personas mayores y, por otro, se encargará de estudiar los gustos, capacidades y redes de conocidos del usuario, para personalizar las búsquedas y los consejos que la aplicación ofrezca.
“Estamos muy orgullosos de participar en este proyecto ya que gracias a la puesta en marcha de Alfred las personas mayores podrán vivir más tiempo y hacerlo de forma más independiente. No sólo podrán participar en actividades adaptadas a su edad, sino también a sus gustos y al entorno en el que se mueven”, comenta José María Cavanillas, director del Grupo Research&Innovation de Atos.
Por su parte, Worldline aporta su experiencia en la definición, desarrollo y distribución de aplicaciones móviles, integrando las soluciones en cuanto a diseño, usabilidad y rendimiento, adaptándolas al perfil de los usuarios de Alfred. Además, participará asesorando las decisiones técnicas e informando sobre las últimas innovaciones tecnológicas del mercado para su incorporación al proyecto.
“Además de participar en el desarrollo de varias aplicaciones móviles en los diferentes casos de uso estudiados, desde Worldline desempeñamos el papel de technical manager, lo que nos permite asesorar las decisiones técnicas del proyecto e informar sobre las últimas innovaciones tecnológicas para incorporarlas a Alfred y que todo esto permita una mejora en la calidad de vida de nuestros mayores”, afirma Terry Lobel, managing director de Worldline.
Colaboradores de Alfred
En este proyecto europeo participan once socios de cinco países diferentes: Aitex con la integración textil de sensores de movimiento y sensores biomédicos wearable, Ascora como coordinador del proyecto, Atos, Charite-Universitaet smedizin Berlin, E-Seniors, IESE Business School , Nationaal Ouderenfonds, Talkamatic AB, Technische Universitaet Darmstadt, TieNederland Worldline. Los resultados se pondrán a prueba en 2015 en Alemania, Francia y Holanda.
Componentes de Alfred
Alfred consta de cuatro elementos básicos:
- Asistente de interacción con el usuario para permitir a las personas de avanzada edad comunicarse con Alfred y hacer preguntas o definir comandos.
- Inclusión social personalizada para sugerir eventos sociales acordes a cada usuario, considerando sus intereses y el entorno social.
- Atención eficaz y personalizada para lograr una mayor eficiencia con los cuidados del usuario y que el personal médico pueda acceder a la información del anciano procedente de sensores.
- Prevención de deficiencias físicas y cognitivas mediante la incorporación de videojuegos que mejoren las condiciones físicas y cognitivas.
El número de mayores de 65 años que viven solos crece un 25% en diez años
Un total de 1,7 millones de hogares españoles de los 18 millones censados (el 9,5%) están formados por una persona sola de 65 años o mayor de esa edad, una cifra que ha aumentado un 25,8% en los últimos diez años, según revelan los Censos de Población y Viviendas 2011 publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Además, del informe se desprende que tres de cada cuatro de los mayores de 65 años que residen solos son mujeres. Así, el número de hogares formados sólo por una mujer de 65 años o más asciende a 1,2 millones, frente a los 429.700 formados por hombres.
Este es uno de los indicadores del descenso del número de miembros por hogar durante los últimos 40 años, que han pasado de ser casi cuatro personas por hogar en 1970 a 2,58 en 2011. Esta tendencia, según indica el INE se debe «al descenso de la natalidad y al mayor peso de los hogares unipersonales».
Concretamente, el informe muestra que los hogares más frecuentes son los formados por dos personas (30,1% del total), al igual que sucedía en 2001, frente a aquellos formados por cinco o más personas que han pasado de representar el 11,8% del total al 6,5%. Entre las provincias con mayor tamaño medio del hogar destacan Murcia y Cádiz, con más de 2,75, mientras que las de menor número son las tres provincias vascas y ocho de las nueve de Castilla y León.
DESCIENDE EL NÚMERO DE HOGARES CON TRES O MÁS HIJOS
En cuanto a los miembros de los hogares, el censo revela que los formados por una pareja sin hijos han aumentado un 55,4%. Por el contrario, el número de hogares formados por una pareja con tres o más hijos, es decir, las familias numerosas, ha descendido un 32,8% respecto al año 2001.
Atendiendo a los hogares unipersonales, que representan el 23,2% del total, aunque solo al 9% de la población, en el 57% de los formados por un hombre, este es soltero, mientras que en el 48% de aquellos en los que vive sola una mujer, esta es viuda.
CASI 4 DE CADA 10 JÓVENES HASTA 34 AÑOS VIVEN CON SUS PADRES
Por otro lado, hay 333.882 hogares formados por un padre con hijos y 1,3 millones de madre con hijos, con un aumento del 44,8% en diez años. El 43% de estos hogares formados por madre con hijos corresponden a mujeres viudas, el 31,9% a mujeres separadas o divorciadas, el 13,8% a casadas y el 11,3% a solteras, en su mayoría con 40 o más años. Sobre los jóvenes de 25 a 34, el 42% viven con su pareja, el 36,4%, con sus padres, y el 8,7% solos.
Por otra parte, el estudio muestra que, de las 7 millones de parejas con hijos, casi medio millón tiene algún hijo que no es común a los dos miembros de la pareja, una cifra que ha aumentado un 110,8% en los últimos diez años «debido al incremento de las rupturas matrimoniales».
En cualquier caso, las parejas de derecho, un total de 9,8 millones, siguen siendo más numerosas que las de hecho, 1,6 millones. No obstante, en la última década, el número de hogares formados por parejas de hecho con sus dos miembros solteros ha aumentado un 249,5% y los formados por parejas de hecho de otro tipo, un 136,4%.
Además, se observa que el 99,5% del número de parejas son de distinto sexo, aunque los hogares compuestos por parejas del mismo sexo se han multiplicado por cinco en diez años, situándose en 54.920 –17.067 femeninas y 37.853 masculinas–.
ESPAÑOLES CON PAREJA DE SUDAMÉRICA Y ESPAÑOLAS CON EUROPEOS
En cuanto a las parejas extranjeras, han aumentado en diez años hasta representar el 8,9% del total, mientras que aquellas en las que uno de los miembros es extranjero y otro español son el 5%. En un 46% de las parejas compuestas por un hombre español y un cónyuge extranjero, éste procede de un país de América del Sur o Central, y en un 45% de las formadas por una mujer española y un cónyuge extranjero, la procedencia de éste es un país de la Unión Europea.
En esta línea, de los datos se desprende que el 70,1% de la población residía en el mismo municipio que diez años antes y que el porcentaje de personas que hace diez años residían en el extranjero se ha triplicado respecto al censo anterior, pasando de representar el 2,4% de la población en 2001 al 7,3% en 2011.
Además, el estudio revela que del total de personas nacidas en España, 1,3 millones tienen padre nacido en el extranjero y 1,4 millones, madre nacida fuera, siendo los países de nacimiento más frecuentes de los progenitores Marruecos, Francia, Rumanía y Ecuador. Mientras, el número de personas nacidas en España con padre y madre extranjeros es de 797.289, siendo los progenitores de Marruecos, Rumanía y Ecuador, en su mayoría.
SE TRIPLICA EL NÚMERO DE QUIENES ESTUDIAN EN SU CASA
Atendiendo al nivel de estudios de quienes residen en los hogares españoles, se observa que el número de personas de 16 o más años que cursan algún tipo de estudios y no trabajan, ha aumentado ligeramente en la última década y alcanza los 3,2 millones de personas, triplicándose la cifra de personas que estudian en su propio domicilio que ha pasado del 3,5% al 11,1%. Además, el 55,7% de las viviendas principales españolas disponen de Internet.
Concretamente, las comunidades autónomas con un mayor porcentaje de personas con estudios de tercer grado son la Comunidad de Madrid (23,3%), País Vasco (18,8%) y Navarra (17,6%). Además, los municipios de más de 10.000 habitantes con mayor porcentaje de personas de 16 años o más con formación de tercer grado se concentran en Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Torrelodones (Madrid) con porcentajes superiores al 50%.
Inician una recogida de firmas para pedir anulación acuerdo ICASS y patronal
La asociación Drets de la Gent Gran de Barcelona ha iniciado hoy una campaña para recoger firmas para pedir la abolición del acuerdo que firmó la consellería de Bienestar Social y la patronal de los geriátricos que redujo las horas de atención especializada de determinados profesionales a los ancianos.
La campaña de recogida de firmas, iniciada en la plataforma Change.org, quiere solicitar que se anule el acuerdo firmado por el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) del departamento de Bienestar Social con las principales patronales del sector de las residencias, en el que se redujo la ratio de algunos profesionales, como psicólogos o terapeutas, en los centros residenciales.
Según los impulsores de la campaña, el ICASS «quiere aplicar un nuevo modelo asistencial en los centros de personas mayores, a través del cual se quiere reducir de manera drástica los tiempos de atención directa de los profesionales técnicos, responsables directos de todas estas necesidades, provocando una mayor dependencia y una peor calidad asistencial».
Pese a que el acuerdo del ICASS y las patronales asegura que la reducción de horas de dedicación no afectará a la calidad asistencial, la asociación considera que sí tendrá una afectación directa en el fomento del «ejercicio físico, la autonomía personal, la funcionalidad, el acompañamiento emocional, las relaciones sociales, la cultura y la diversión, la escucha, la movilidad, la atención centrada en la persona».
España se aleja del cumplimiento de los derechos de las personas mayores
La crisis económica y la evolución demográfica hacen que en España se incumpla en gran medida los derechos de las personas mayores.
Hoy, 10 de diciembre, se conmemora el Día de los Derechos Humanos, y se celebran 20 años desde que Naciones Unidas resaltó por primera vez los Derechos de las Personas Mayores.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha declarado que “aunque los últimos 20 años han sido testigos de progresos extraordinarios, nunca debemos olvidar que hay quien se ha quedado atrás: migrantes, personas de edad, minorías religiosas y étnicas…”.
El derecho internacional reconoce los derechos de las personas mayores como una cuestión emergente de derechos humanos (http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/OHCHR20/Pages/Achievements.aspx)
Se prevé que el número de personas mayores de 60 años aumente desde los actuales 740 millones hasta llegar a los 1.000 millones en 2020.
Lamentablemente, según la ONU, ese mayor número también ha arrojado luz sobre la falta de mecanismos adecuados de protección y las carencias existentes en las políticas y los programas destinados a ocuparse de la situación de las personas de edad.
Son cinco los Principios aprobados a favor de las Personas de Edad: Independencia, Participación, Cuidados, Autorrealización y Dignidad. Los cambios demográficos y económicos están haciendo que en España el cumplimiento de estos derechos esté muy lejos de conseguirse.
Independencia.- En España más de ocho millones de personas tienen más de 65 años y aproximadamente 2.500.000 sobreviven por debajo del umbral de la pobreza con pensiones inferiores a 600 euros.
A pesar de la numerosa legislación que protege a los trabajadores de edad tanto de Naciones Unidas como de la Unión Europea: Declaración Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas 10 de diciembre de 1948); Principios en favor de las Personas de Edad (Naciones Unidas, 1991);Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, (ONU, 2002); Recomendación sobre los trabajadores de edad, Nº 162 (OIT, 1980); Convenio sobre la Protección Internacional de los Adultos (Conferencia Internacional de La Haya de Derecho Internacional Privado, 2000); Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (julio 2011); DIRECTIVA 2000/78/CE DEL CONSEJO de 27 de noviembre de 2000;Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada el 7 de diciembre de 2000; en España además la Constitución Española, articulos 9 y 14 y del Estatuto de los Trabajadores articulo 4.2.c), es el colectivo que se está viendo más apartado del ámbito laboral (junto con los jóvenes) en esta crisis, lo que les lleva a quedarse fuera del mercado y en muchos casos sin recursos para vivir.
Cuidados.- En el año 2011, el Relator Especial de las Naciones Unidas declaró “…el problema más importante que plantea el envejecimiento mundial es el de garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores. Es imprescindible que se tomen medidas para erradicar la discriminación y la exclusión de esas personas…”
El 26,5% de las personas de 65 y más años tiene alguna dificultad para realizar las actividades básicas de la vida diaria, como alimentarse, asearse, vestirse, levantarse y acostarse
El 80% de los cuidados a mayores dependientes se realiza en casa, por familiares, generalmente mujeres mayores de 50 años.
Faltan geriatras que coordinen la atención sanitaria de las personas mayores y la distribución de los mismos es muy desigual en las distintas CCAA. En general, la formación de los profesionales sanitarios tiene un pequeño o nulo contenido en materia de atención a las personas mayores. Los centros y el personal de atención primaria deberían adaptarse a los mayores.
Los recortes en la Ley de Dependencia han puesto en situaciones de dificultad extrema a muchas familias sin posibilidades de una atención privada.
Autorrealización.- Menos del 10% de los mayores españoles de 65 años se conectan habitualmente a Internet. La brecha digital por razón de edad es muy profunda en nuestro país y es necesario contribuir a difundir tecnologías de información y comunicación para fomentar la asistencia en el entorno familiar y la independencia de las personas de edad avanzada.
Dignidad.- No existen en España estudios fiables sobre la incidencia de los malos tratos a personas mayores. Se deben establecer protocolos de actuación para la prevención y detección de los posibles malos tratos tanto en el ámbito profesional como en el familiar. Así como estudios en profundidad sobre la incidencia de los malos tratos en las personas de edad.
Participación.- A pesar de que las personas mayores de 65 años son más del 17% de la población total, su presencia social es apenas testimonial, y en algunos ámbitos incluso invisibles. Por ejemplo, en las ultimas elecciones municipales (mayo 2011), solo cinco, de los 50 candidatos presentados por cada uno de los partidos mayoritarios en las capitales de provincia, eran mayores de 65 años; cuatro del PP que resultaron electos (en Huelva, Málaga, Badajoz y Oviedo) y uno del PSOE (Las Palmas de Gran Canaria).
Así UDP coincidiendo con la celebración hoy del Día de los Derechos Humanos insta a Naciones Unidas a elaborar tal y como se recoge en la Declaración de Brasilia (diciembre 2007) una Convención Internacional de los Derechos de las Personas de Edad tal y como se ha hecho con otros colectivos con alto riesgo de sufrir discriminación y exclusión social (niños, mujeres, discapacitados, inmigrantes…).
Nueva generación de aparatos de ejercicio físico que mejoran la calidad de vida de mayores
Intervap y la Universidad de Zaragoza han diseñado este proyecto que ayuda a personas mayores y pacientes con problemas de movilidad, a mejorar sus resultados en velocidad, coordinación, flexibilidad, resistencia y fuerza muscular, así como en capacidad aeróbica y autonomía personal.
Tras dos años de investigación, un estudio clínico realizado en el Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico de Delicias, en Zaragoza, en el que han participado 200 personas de entre 55 y 90 años ha demostrado que quienes han utilizado estos aparatos han tenido una «disminución de la percepción de dolor significativa» y un aumento de las actividades diarias.
Así lo ha expresado en rueda de prensa el director de la Unidad de Investigación en Fisioterapia de la Universidad de Zaragoza, José Miguel Tricás, que ha precisado que se está elaborando una tesis doctoral con las más de 500 variables obtenidas. Éste es uno de los dos grupos de investigación que ha trabajado en el proyecto, junto con el grupo Investigación y Desarrollo en Ergonomía (IDERGO), y con el apoyo de la Fundación AITIIP —centro tecnológico para la investigación industrial aplicada y la innovación—.
Tricás también ha indicado que las personas que habían abandonado su programa de ejercicios «lo han retomado» y también ha mejorado, en general, su calidad de vida, además de que la adhesión al estudio y a las máquinas ha sido del cien por cien.
Igualmente, se han detectado mejoras en las postura y ergonomía, la capacidad cardiaca y respiratoria, la tensión arterial, el peso corporal, el estado emocional, así como en velocidad, coordinación, flexibilidad, resistencia y fuerza muscular y capacidad aeróbica. Las ocho máquinas están diseñadas para favorecer la capacidades funcionales de las diferentes partes del cuerpo, principalmente, espalda, lumbares y extremidades.
Tricás ha sostenido que los resultados obtenidos manifiestan «un hito importante en la mejora de la calidad de vida», mejorando los movimientos y la coordinación en general, con unos ejercicios que no necesitan de fuerza, ni del levantamiento de pesos.
Elaboración de las máquinas
El director del grupo de Investigación y Desarrollo en Ergonomía (IDERGO) del Instituto de Investigación en Ingeniería (I3A) de la Universidad de Zaragoza, José Javier Marín, ha explicado que el proceso de construcción de estas nuevas máquinas ha tenido lugar durante dos años y en cuatro fases.
En la primera consistió, una vez recibidos los aparatos por parte del fabricante, Intervap, en estudiar la funcionalidad de los mismos para adecuarlos al percentil de la población mayor europea, de una altura de entre 1,55 y 1,88 metros, y a las características previstas de uso, tras lo que realizaron una propuesta de mejora.
Esta se implementó en la segunda fase, por parte del constructor, mientras que en la tercera se volvió a evaluar el aparataje, en este caso a través de instrumentos de «última tecnología», realizando capturas del movimiento, medición de la distribución del peso en las zonas de contacto, con otras sugerencias de mejora, que fueron incluidas de nuevo.
El director de IDERGO ha añadido que, finalmente, se suscribió una colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza para poder comprobar la efectividad de estas máquinas en un grupo de población, como han sido las 200 personas del centro cívico que han participado. Inicialmente, se presentaron 500 personas y de estas se hizo una selección final de 200, de las unas utilizaron las máquinas y otras no; tras realizarles una exploración sobre su estado de salud en general, la autonomía personal, el dolor, valoración psicológica y la calidad de vida, un grupo de ellas trabajó con las máquinas tres veces por semana durante dos meses y otras no y después se compararon los resultados de su evolución.
Martín ha aclarado que estas máquinas llevan incorporadas unidades de control y software, que guía en los ejercicios y permite la sincronización de los ocho aparatos, con una pantalla táctil para fijar velocidad, resistencia y carga utilizada, rango de movimiento articular máximo, repeticiones y series y tiempo utilizado. Asimismo, es posible introducir en ellas un USB los datos del usuario o paciente para después ser descargados en un ordenador por el fisioterapeuta o técnico que supervise el uso de las mismas.
Apuesta por la investigación
El gerente de Intervap Europa, José Ignacio Gómez, ha explicado que esta empresa se ha dedica a la construcción de máquinas para realizar ejercicio físico, saunas y baños turcos, y ahora, en un momento de crisis, ha decidido realizar esta apuesta por la investigación y atender a un segmento de población para el que no se dispone de aparatos precisos.
Así, además de la importancia de hacer deporte para mantener un buen estado de salud, se ha referido a la necesidad de que las personas mayores o con una movilidad más reducida puedan efectuar estiramientos musculares y movimientos de psicomotricidad para «tener un cuerpo en tono y que el día a día se más llevadero».
Según ha señalado, estas máquinas son susceptibles de ser instaladas en residencias de personas mayores, centros de día, centros cívicos y gimnasios, en zonas dedicadas a personas mayores o que no quieren hacer ejercicios de fuerza.
José Ignacio Gómez ha indicado que van a iniciar la comercialización de estas máquinas por los países del norte de Europa y Alemania pues «existe más concienciación sobre la importancia de que las personas mayores mejoren su calidad de vida», si bien ha mostrado su interés por acceder también al mercado español. En este sentido, ha defendido que ahora que «somos más longevos, igualemos el incremento de la edad con la mejora de la función corporal».
El coste de las ocho máquinas oscila entre los 40.000 y los 60.000 euros, según se incorporen diferentes dispositivos en ellas. 493.532 EUROS La vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica de la Universidad de Zaragoza, Pilar Zaragoza, ha precisado que este proyecto ha supuesto una inversión de 493.532 euros, de los que la empresa ha aportado 345.500 y el resto el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (Aitiip).
Zaragoza ha subrayado tanto el interés de la institución académica por transferir el conocimiento para mejorar la competitividad de las empresas como, en este caso, la dimensión social del proyecto puesto que va a contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y de quienes tienen necesidades especiales. Entre estas últimas, se ha referido a las que deben realizar rehabilitación por problemas neurológicos o enfermedades crónicas, como las relacionadas con el aparato músculoesquelético o metabólicas. Fruto de esta investigación, se han logrado máquinas «más seguras, simples y asequibles para promocionar la actividad física y la autonomía de las personas y, por tanto, socializarlas», ha concluido Pilar Zaragoza.
Las viviendas de los mayores de 65 años cuentan con instalaciones básicas pero no están adaptadas a este colectivo
Las viviendas de las personas mayores de 65 años cuentan, en general, con las instalaciones básicas pero no se adaptan a la evolución física y cognitiva de este colectivo a medida que envejecen, según se desprende del desprende del informe ‘La vivienda del mayor: condiciones y riegos’, realizado por Fundación Mapfre, en colaboración con la Asociación Profesional Española de Terapeutas Profesionales (APETO).
Así, el documento añade que, en casi seis de cada diez hogares se ha producido algún tipo de accidente durante el último año, sobre todo, caídas, heridas y quemaduras, los más habituales entre este colectivo.
El estudio presentado este miércoles analiza las características de las instalaciones fijas, el mobiliario y los elementos auxiliares de las viviendas de la población mayor, compuesta por más de 8 millones de personas. El objetivo de este estudio es además identificar los principales factores de riesgo que pueden influir en los accidentes con el fin de determinar las medidas de prevención adecuadas que contribuyan a mejorar la seguridad en el hogar.
El informe, elaborado a partir de los datos obtenidos por terapeutas ocupacionales en más de 1.250 visitas a hogares de toda España, subraya que nueve de cada diez viviendas dispone de cuadro eléctrico y que el 34 por ciento utiliza la energía eléctrica como método de calefacción, el más seguro frente a braseros y estufas, según el estudio.
Además, añade que casi seis de cada diez hogares utilizan vitrocerámica, uno de los sistemas más recomendados por los bomberos para evitar un incendio y una explosión en la cocina; y que un 60 por ciento utiliza pastillero, un método de control efectivo a la hora de tomar la medicación.
Por el contrario, el estudio –que destaca que con la edad aumenta la propensión a sufrir accidentes y que éstos son más frecuentes entre mujeres– también pone de manifiesto algunas deficiencias, entre las que enumera que el 20 por ciento de los hogares españoles en los que viven personas mayores no cuente actualmente con teléfono, ni fijo ni móvil; o que la mitad de los suelos de las viviendas sean irregulares.
El informe indica también que el 50 por ciento de los baños no cuente con sujeción en la bañera; y constata que es frecuente la utilización de regletas múltiples para enchufar varios aparatos eléctricos.
GUIAS DE PREVENCION
Durante la presentación del estudio –enmarcado en la campaña «Con mayor cuidado», orientada a la prevención de accidentes en personas mayores– también se han dado a conocer las nuevas guías de prevención específicas para este colectivo y para geriatras, médicos de familia, enfermeros y cuidadores, entre otros profesionales.
Entre los consejos que se abordan destacan que la distribución de los muebles debe permitir moverse con facilidad, especialmente cuando utilicen andador, bastón o muleta; y que es muy útil instalar luces piloto durante la noche en estancias y pasillos que permitan al mayor ver mejor al desplazarse.
Asimismo, recomienda prescindir de felpudos y alfombras porque pueden provocar tropezones o resbalones, sustituir la bañera por un plato de ducha e instalar barras de apoyo en este lugar. También recuerda que el suelo más seguro es el que está seco y limpio y es antideslizante y que es clave contar con detectores de humos, que pueden salvar la vida, especialmente durante la noche.
En la presentación del informe, celebrada en la sede del IMSERSO, en Madrid, han participado el director general de esta entidad, César Antón; el director general del Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente de Fundación Mapfre, Antonio Guzmán, y la presidenta de APETO y coordinadora del estudio, Ana de Vicente.
Personas mayores colaboran con internos en un programa de la Obra Social ‘la Caixa’ e Instituciones Penitenciarias
La responsable del voluntariado de personas mayores del programa Gente 3.0 de la Obra Social ‘la Caixa’, Elisabet Yanovsky; y la directora de EspacioCaixa Madrid, Mar Barón, han presentado este miercoles un nuevo proyecto dirigido a mejorar la calidad de vida de los mayores y de los internos en régimen abierto.
Tras seis años de CiberCaixa Solidarias en los centros penitenciarios, esta iniciativa se amplía y se complementa ahora con este nuevo programa pensado especialmente para los internos en régimen abierto que se ha estrenado en Madrid.
Enmarcada en el programa de mayores Gente 3.0 de la Obra Social «la Caixa», el proyecto CiberCaixa Solidaria se ha desarrollado desde 2007 hasta la actualidad en los Centros Penitenciarios de Sevilla, Mallorca, Las Palmas I, Badajoz, Teixeiro, Valencia, Villabona y Zaragoza. El programa consiste, concretamente, en habilitar un aula informática (CiberCaixa) en el centro penitenciario, al que se desplazan los voluntarios mayores cada semana para reunirse con los reclusos.
La iniciativa fomenta la creación de espacios que permiten a los internos que se encuentran en la última fase de su condena acercarse a las nuevas tecnologías con el apoyo de personas mayores, que aportan su dedicación, valores y conocimientos a otros colectivos sociales. De esta manera, además, las personas mayores pueden desarrollar un rol social activo, transmitiendo su experiencia de vida a personas en situación de exclusión social. Y, a la vez, se facilita la integración de la población reclusa.
El balance de los primeros seis años del proyecto CiberCaixa Solidaria ha sido muy positivo y ha demostrado ser de gran utilidad para mejorar la asimilación de conocimientos por parte de los internos, además de unos buenos resultados en el aprendizaje de las nuevas tecnologías y en el bienestar emocional de internos y mayores, según han señalado ambas organizaciones.
Por ello, la Obra Social «la Caixa» y el Ministerio del Interior han acordado ampliar el proyecto y complementarlo con la atención a los internos de régimen abierto. En el nuevo programa de régimen abierto, el contenido de las sesiones se adapta al nuevo perfil del interno en régimen abierto, que ya no vive sometido a las limitaciones de un régimen cerrado, pero que sí que está condicionado por el tiempo que ha vivido en privación de libertad y que se enfrenta ahora a un reencuentro con la vida cívica, familiar, social y profesional.
En este sentido, para un máximo aprovechamiento de los encuentros, se seleccionan internos que desconocen el mundo de la informática o que tienen conocimientos muy básicos y desordenados. Los contenidos de aprendizaje se centran en cuestiones de edición, Word y en temas relacionados con el ámbito sociolaboral (cómo hacer un currículo o una carta de trabajo) con vistas a utilizar la informática como herramienta de búsqueda de empleo.
Los mayores aprenden a manejar el teléfono móvil gracias al programa ‘Actívate’
Un grupo de mayores del municipio de Montefrío ha demostrado que nunca es tarde para aprender gracias al programa ‘Actívate’, puesto en marcha por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento. Los vecinos, algunos de los cuales superan los 80 años, han aprendido a manejar el teléfono móvil de la mano de unos profesores muy especiales: los jóvenes del municipio.
Durante ocho clases, una semanal, los alumnos de este taller han recibido lecciones sobre cómo enviar un wasap o un SMS, cómo hacer y recibir llamadas o cómo escribir un correo electrónico desde su teléfono móvil. Todo ello en un ambiente de lo más distendido, y gracias a un grupo de jóvenes denominados “corresponsales juveniles”, pertenecientes al Área de Juventud.
La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Montefrío, Remedios Osuna Serrano, explica que el objetivo del programa ‘Actívate’, en el que se enmarca este taller, es sólo uno: que los jubilados de Montefrío no tengan tiempo para aburrirse.
Prevenir la dependencia
Así, el programa ‘Actívate’, que ha cumplido este año su séptima edición, pretende “promocionar la autonomía personal y mantener activos a nuestros mayores, como medio de prevenir situaciones de dependencia”, destaca Osuna.
‘Actívate’ cuenta con numerosas actividades dirigidas a los mayores, como un curso de iniciación a Internet que se imparte en el Centro Guadalinfo. Además, también contempla un módulo denominado ‘Vivir con vitalidad, una suerte de curso preparatorio a la jubilación en el que los monitores enseñan a los mayores que se acaban de jubilar a aprovechar su tiempo y disfrutar de las ventajas que tiene disponer de tiempo libre.
La Generalitat reclamará deudas a 600 ancianos con recursos que se niegan a copagar la residencia
La Generalitat reclamará facturas impagadas a los 600 ancianos catalanes que, pese a contar con suficientes recursos, se niegan a abonar el copago correspondiente a su situación en las residencias públicas en las que viven, a riesgo, en última instancia, de ser expulsados del geriátrico.
Así lo ha anunciado la directora del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass), Carmela Fortuny, a la salida de una reunión entre el departamento, las patronales sociales y el sector de las residencias catalanas, donde han aprobado un protocolo para que sea la administración la que reclame a estas personas mayores las deudas pendientes por una cuestión de «justicia social».
El importe impagado asciende a 2 millones de euros, lo que significa el 0,68% de la facturación del Icass, y esta persecución pondrá fin a una «gran reivindicación» del sector de las residencias a la administración, ha indicado Fortuny, que ha admitido que hasta ahora no se había actuado.
El protocolo constata una «tendencia al alza» de las negativas a pagar, por lo que ahora la administración se propone hacer frente a las deudas acumuladas y exigir la obligatoriedad de la aportación.
Sobre la posibilidad de expulsar de la residencia a un anciano que se niegue a pagar, la directora del Icass ha dicho que esta opción «es posible, pero no es la voluntad» tener que llegar a este extremo, por lo que la administración emitirá varios advertimientos, como ha venido haciendo en una prueba piloto que ha demostrado que las personas empiezan a pagar.
A partir del protocolo firmado, la Generalitat empezará a actuar con todas las vías legalmente establecidas, aunque Fortuny ha reiterado: «Iremos más por la vía de la pedagogía, de la insistencia y en colaboración con las residencias».
«Nos podemos encontrar casos en que la persona no paga porque es la familia la que le quita el dinero, y esto tenemos que ir con mucho cuidado y mirar los casos de forma singular», ha advertido la directora del Icass, que ha recordado que generalmente el copago de la plaza pública es del 33%, aunque depende de la situación económica de cada uno.
Se trata de un «procedimiento largo y con muchos mecanismos jurídicos», ha insistido Fortuny, que ha remarcado que los casos son complejos y no se reducen a una mera negativa de pagar, por lo que se someterá a estudio cada situación.
Por otro lado, el sector ha aprobado reducir el número de horas de atención a los ancianos que llevan a cabo los psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales con el fin de «adaptar los requerimientos profesionales a la situación actual de las residencias», en que una media del 73% de los usuarios son grandes dependientes –de grado II o III–, ha defendido Fortuny.
Según Fortuny, el objetivo de la medida es doble, ya que por un lado se propone adaptar la ratio de los profesionales al perfil de los atendidos y, por el otro, trata de dar un balón de «oxígeno» a las residencias, que cargan con una deuda millonaria por parte de la administración.
La directora del Icass ha explicado que los profesionales afectados mantendrán su categoría profesional, y, de entrada, solo deberán ir menos horas al centro en función de las directrices de las residencias que sí mantendrán la figura del médico, gerontólogo y enfermera.
47 HORAS MENOS DE ATENCIÓN
En concreto, un anciano dependiente de grado III dejará de recibir 47 horas de atención anuales de las especialidades citadas, mientras que uno de grado II verá reducida este seguimiento en 34 horas.
«Sabemos que con estas medidas la atención no será mermada», ha asegurado la directora del Icass, que se ha reunido con la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (Acra), La Unió, el Consorci de la Salut i Social de Catalunya (CSC), Centros Sociosanitarios Católicos, la Unió de Petites i Mitjanes Residències (Upimir) y la Associació de Centres d’Atenció a la Dependència de Catalunya.
Cuanto más mayores, más pobres
Santos Miguel Ruesga, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, fue uno de los integrantes del comité de sabios que rechazó la reforma propuesta por el Gobierno, que ahora se encuentra en trámite parlamentario. El especialista, que ha ofrecido una conferencia en Vitoria sobre el futuro de las pensiones invitado por la Escuela de Formación Tomás y Valiente, asegura que los pensionistas perderán poder adquisitivo y lo harán de forma continua -«durante los primeros años subirán mucho menos que la inflación», aseguró- y para él «la reforma de las pensiones es una cuestión política, no económica».
Incluso cuando la economía logre recuperarse, el techo fijado por el Gobierno hará muy difícil que las prestaciones recuperen el terreno perdido. Así, el especialista advierte de las dificultades a las que tendrán que enfrentarse los ciudadanos tras dejar su vida activa y pasar al estatus de jubilados. España parece que no es un país para viejos, a pesar de ser uno de los que cuenta con la mayor esperanza de vida del mundo.
Proyecto ideológico
El gasto en dependencia disminuye y el plazo para las ayudas se incumple
El gasto estimado en atención a la dependencia en Navarra ha disminuido en un año en un 9%, al pasar de 153 millones en 2011 a 138 millones en 2012, según la Cámara de Comptos que constata que no se cumple el plazo de seis meses establecido para recibir la prestación.
Estos datos fueron facilitados por el presidente de la Cámara de Comptos, Helio Robleda, en una comparecencia parlamentaria, solicitada por PSN e I-E, en la que detalló el informe que el órgano fiscalizador ha realizado sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en Navarra entre los años 2010 y 2012.
Según los datos que facilitó, el Gobierno de Navarra es el principal financiador de la atención a la dependencia y como mínimo aporta un 70% del total, seguido de los usuarios con un 21% y el Estado con un 9%.
Desde enero de 2008 hasta diciembre de 2012 se han presentado 33.980 solicitudes para su valoración de dependencia y en ese periodo ha habido 38.068 resoluciones, con una valoración de dependencia y 2.330 han sido archivadas, denegadas o con un recurso interpuesto que ha sido estimado.
Robleda ha precisado que el número de resoluciones excede al de solicitudes debido a que un número importante se realizan de oficio por la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (ANAP).
De las resoluciones con valoración de dependencia, el 14% acaban calificadas como no dependientes, el 34% como dependientes moderados, el 29% como severos y el 23% como grandes dependientes.
En abril de 2013 existían 984 expedientes pendientes de valoración.
A 31 de diciembre de 2012, 8.862 personas recibían prestaciones garantizadas por aplicación de la dependencia para un total de 10.401 prestaciones o servicios, ya que algunas personas pueden contabilizar varias prestaciones o servicios.
El plazo medio para recibir esas prestaciones era de 9,8 meses, por lo que se supera el plazo de seis meses previsto por la ley, según Robleda, quien citó entre los factores que influyen en ese dato el hecho de que «ha habido que resolver más expedientes con mismo personal y en menor tiempo» (antes el plazo era de once meses).
En esa fecha un total de 868 personas que cuentan con valoración de dependencia estaban pendientes de recibir el servicio o ayuda.
El informe, según Robleda, refleja que existe una menor asignación de recursos mientras que crece la necesidad de atender a un sector de la población.
En él se recogen además recomendaciones como la de dotarse de un sistema de contabilidad analítica adecuado que soporte la cifra de coste por dependiente en sus centros, en razón de la intensidad del servicio y que permita su comparabilidad.
Asimismo considera preciso ampliar la memoria de la ANAP de forma que permita ayudas en la toma de decisiones y planificación estratégica de la atención a la dependencia.
En este sentido Robleda comentó que la falta de esas memorias y de una información a través de las herramienta de costes dificultaron el trabajo así como la estructura del departamento por su necesidad de adaptación al marco de la Ley de Dependencia.
Precisó que con el seguimiento del informe que se realizó en 2011 se ha mejorado «sustancialmente», aunque, en su opinión, es preciso seguir avanzando en ese sentido.
La portavoz del PSN, María Victoria Arraiza, remarcó la necesidad de establecer mecanismos de control y ha apuntado que algunas de las recomendaciones siguen vigentes, por lo que seguirán insistiendo en su cumplimiento.
Txema Mauleón (I-E) incidió en la necesidad de que este trabajo se actualice, teniendo en cuenta, ha apuntado, que «el próximo año puede haber 7 millones menos para la dependencia».
El portavoz de UPN, José Antonio Rapún, vio aspectos positivos en el informe como la mejora de los procedimientos de gestión y de los plazos, ya que según ha dicho actualmente la media es de 7,6 meses en Navarra y en el Estado de dos años y medio.
Por Bildu, Bikendi Barea, tras aludir a «la voluntad del Ejecutivo de concertar con terceros», afirmó que no creen que se esté dando una respuesta a la crisis, «la crisis no fue la causa fue la excusa», en el fondo ven una apuesta por un modelo determinado.
La portavoz de Aralar-NaBai, Asun Fernández de Garaialde, aunque reconoció que ha habido una «leve mejora», remarcó su preocupación porque hay una «mayor desprotección social y una menor cobertura de la dependencia».
Amaya Zarranz (PPN), quien reconoció que ha habido recortes, ha resaltado el incremento en los Presupuestos del Estado en la partida destinada a la atención a la Dependencia. A continuación el parlamentario no adscrito de Geroa Bai Patxi Leuza ha opinado que muchas garantías que tenía la ley «ya no las tiene».
Unos 8.400 ancianos catalanes están en lista de espera para una plaza pública de residencia
Un total de 8.437 ancianos catalanes estaban en lista de espera el 7 de agosto de este año para poder acceder a una plaza pública en una residencia, de las que 5.816 constaban ingresadas en otros centros pero habían solicitado un traslado.
Lo ha explicado este martes la consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, en una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press, en la que ha añadido que en la misma fecha constaban 557 personas informadas en la lista de espera para acceder a una plaza de centro de día, de las que 424 ya estaban en otros centros pero habían pedido un cambio.
Munté ha concretado que todas las personas que están en lista de espera son beneficiarias de alguna prestación en el marco de la Ley de dependencia, y ha explicado que los ancianos pueden seguir apuntados en una lista de espera pese a estar ya en un centro si desean estar en otra residencia.
La Oficina de Defensa del Anciano denuncia la «opacidad» del ERA ante el Tribunal de Cuentas
Marcelino Laruelo
La Oficina de Defensa del Anciano ha denunciado este lunes al organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), dependiente de la Consejería de Bienestar Social, ante el Tribunal de Cuentas por su «opacidad».
En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el fundador de la de la Oficina de Defensa del Anciano Inerme por Alzhéimer y otras Demencias, Marcelino Laruelo, refleja que «el ERA no envía las facturas mensuales a los ancianos ingresados en sus residencias o en plazas concertadas en otros establecimientos».
Y añade que si las empresas de electricidad, gas, teléfono, emiten las correspondientes facturas detallando el consumo, impuestos, e importe total; el ERA, «de forma incomprensible, no envía las facturas mensuales, por lo que resulta imposible conocer el detalle del importe abonado en base a lo estipulado en la Ley de Dependencia, la deuda acumulada, si lleva IVA o no, y demás datos propios de una factura, que es lo que justifica el pago hecho», sostiene Laruelo.
También se denunció ante el Tribunal de Cuentas la «opacidad» del ERA, por no elaborar el ERA las memorias anuales financieras y de gestión, y tampoco hacer constar que haya sido auditado alguna vez por alguna empresa externa.
«Estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de diversos organismos públicos asturianos y en el del propio presidente, Javier Fernández, sin que se haya producido reacción o corrección alguna», añade Laruelo.