Residencia
El Gobierno extremeño destina 2,7 millones al mantenimiento de 274 plazas para mayores dependientes en centros
El Gobierno de Extremadura destinará 2.718.075 euros al mantenimiento de 274 plazas para personas mayores en situaciones de dependencia en centros residenciales y de día.
Para ello, el Consejo de Gobierno ha autorizado la celebración de convenios con 17 ayuntamientos de la comunidad autónoma para el mantenimiento de estas 274 plazas.
El presupuesto global que la Consejería de Salud y Política Social destinará a todos estos convenios se eleva a 2.718.075 euros, según informa el Gobierno regional en nota de prensa.
Los municipios con los que se firmarán estos convenios son Guadalupe, Villanueva de la Serena, Aldeacentenera, Aliseda, Arroyomolinos, Barcarrota, Cabeza del Buey, Calzadilla, Casas de Don Pedro, Deleitosa, Hervás, Quintana de la Serena, Torrecilla de los Ángeles, Valle de la Serena, Mata de Alcántara, Alcántara y Malpartida de Cáceres.
40 Centros de Sanitas Residencial consiguen el certificado ISO que reconoce la calidad de la asistencia
Los cuarenta centros de Sanitas Residencial han conseguido el certificado ISO que reconoce la calidad del servicio que la compañía de atención a mayores ofrece a los residentes y sus familias.
La compañía de atención a mayores ha conseguido que todos sus centros completen la certificación, es decir, que además de mantener los 32 certificados ya obtenidos con anterioridad, ocho centros más han logrado en 2012 y 2013 el certificado emitido por Lloyds Register LRQA, empresa encargada de realizar las auditorías externas.
Con la certificación de Sanitas Residencial Les Corts, Sanitas Residencial Consell de Cent y Sanitas Residencial Tarragona, Sanitas Residencial consigue que todos sus centros estén acreditados.
Y es que, en el sector residencial es fundamental garantizar un servicio de calidad. Por este motivo, Sanitas Residencial quiso definir su Sistema de Gestión de Atención Integral de Personas Dependientes en Residencias, el cual se adapta a los estándares de calidad del certificado ISO. Esta norma, valorada internacionalmente, ayuda a aumentar los niveles de confianza y de garantía.
De esta forma, Sanitas Residencial se convierte en la primera compañía del sector en España que incluye a todos los procesos clave de atención a las personas dependientes en residencias y acredita la calidad de su servicio con una norma oficial.
Este plan puesto en marcha por la compañía en 2003 tiene como principal objetivo construir un modelo estructurado y homogéneo para todos los centros residenciales de la red y, con él, se contribuye a tener unos estándares de calidad que permiten planificar, ejecutar, evaluar y modificar el servicio de atención a los mayores en más de 50 procesos relevantes como la acogida, la planificación de cuidados personales, la alimentación, las actividades que se desarrollan en los centros y los tratamientos.
En definitiva, se recoge todo el proceso desde que el residente entra en el centro hasta que deja de pertenecer al mismo, incluyendo toda la información administrativa y los procesos fundamentales para la prestación del servicio desde los procesos asistenciales relacionados con los cuidados hasta el soporte de mantenimiento y cocina.
Comunicado de prensa Centro de Mayores La Paz, Outes
Después de publicar el pasado 26 de febrero la noticia La dueña de un geriátrico, acusada de estafa, alega que los ancianos le cedían propiedades “a cambio de servicios”, ya ha sido dictada sentencia absolutoria por la Audiencia Provincial de A Coruña. El Centro de Mayores La Paz de Outes nos ha solicitado la publicación del siguiente comunicado:
COMUNICADO DEL CENTRO DE MAYORES LA PAZ
Con respecto al juicio celebrado el pasado día 25 de febrero nos es muy grato comunicarles que la Audiencia Provincial de A Coruña ha dictado sentencia totalmente absolutoria.
Dicha sentencia es clara y rotunda al afirmar que no existió delito y que nuestra actuación fue honesta, legal y ética. La contundencia de las pruebas presentadas, como documentos notariales, informes médicos y declaraciones de funcionarios y familiares de los ancianos, ha sido tal que al Tribunal no le ha quedado asomo de duda.
Ha quedado demostrado que estos cuatro ancianos estaban perfectamente capacitados en contra de lo que sostenía el Ministerio Fiscal y que si decidieron vender algunos de sus bienes para sufragar sus gastos, lo hicieron libremente, en pleno uso de sus facultades y con el conocimiento de hijos y familiares.
La sentencia lo deja muy claro cuando dice:
- “Los cuatro notarios afirmaron haber realizado las pruebas de aptitud protocolizadas…de ahí que no quepa albergar ninguna duda sobre su capacidad”
- “No consta que ninguno de los afectados estuviese incapacitado”
- “Los informes médicos elaborados por la acusación tampoco permiten deducir incapacidad”
Es muy significativo que la sentencia insista en que la piedra angular de la acusación es la capacidad mental de los afectados ,pero: “Las dudas sobre la capacidad no sólo no resultan confirmadas sino que ,finalmente ,todo hace pensar en justo lo contrario”
Este proceso judicial comenzó con la denuncia de la hija de una señora que quiso llevársela del Centro después de 7 años en los que había estado perfectamente atendida como ha quedado demostrado, para no tener que sufragar los gastos de su estancia. Finalmente la señora acabó falleciendo en un asilo de caridad ya que su hija no quiso ni cuidarla ni pagar para que la atendiesen..
En el caso del otro señor y su esposa, una de sus hijas no quiso hacerse cargo de ellos ni pagar por sus cuidados y, aprovechando este proceso judicial, pretendió recuperar los bienes que sus padres nos transmitieron declarando que estaban incapacitados, pero esto fue refutado totalmente por su otra hija, que siempre se preocupó de que sus padres estuvieran atendidos y que como dice la sentencia: “ella misma propuso la cesión de los bienes para que sus padres recibieran los cuidados necesarios”
En cuanto a los otros dos casos, los familiares declararon su conformidad con las decisiones tomadas por los ancianos.
En nuestro centro siempre son las familias o los propios ancianos los que pagan por los cuidados y los casos en los que una persona ha recurrido a la venta de sus bienes son excepcionales y siempre , como ha quedado demostrado, se han realizado con todas las garantías legales.
Queremos agradecer todas las muestras de apoyo recibidas de las personas que no han dudado nunca de nuestra honestidad. Esta sentencia corrobora que no se equivocaban. Seguiremos prestando nuestros servicios con la calidad y responsabilidad que nos caracterizan y creando empleo en la comarca.
Para terminar quisiéramos que se diese la merecida difusión a esta noticia , habida cuenta de que con anterioridad no se nos ha dado la oportunidad de ofrecer nuestra versión, como sí se ha hecho con las acusaciones que han resultado ser totalmente falsas.
Reciban un cordial saludo.
Purificación García
Centro de Mayores “La Paz”
Lagoa nº 2 15287
Outes
Los mayores de Amma Arganzuela plantan nuevos árboles en su jardín, elegido en 2012 como el mejor de todas las residencias de Madrid
La residencia para personas mayores Amma Arganzuelaconsiguió el año pasado alzarse con el primer premio del concurso al mejor jardín de residencias convocado por la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. El jurado destacó como uno de los puntos fuertes la implicación y participación de los propios mayores en el cuidado del jardín.
Y volviendo a dar muestras de esta implicación, y como en años anteriores, los mayores del centro, ayudados por los trabajadores, se han puesto manos a la obra ahora que se acerca la primavera para volver a poner el jardín a punto y demostrar una vez más el cuidado y mimo que ponen en mantenerlo en perfecto estado y cada vez con más variedad de plantas.
Así, cada año plantan un nuevo árbol, algo que desde hace tres años se ha convertido ya en una tradición en el centro. En ocasiones anteriores fueron un magnolio y un naranjo y este año se ha puesto un limonero y también un Galán de Noche. Además, en cuanto empiece el buen tiempo, se empezarán a plantar flores y los mayores podrán hacer actividades en el jardín, como por ejemplo cuidar el huerto, del que tan buenos frutos se han recogido otros años.
Todas estas actividades cuentan con mucha aceptación por parte de los residentes. Les sirve como terapia y también como fuente de sociabilización, además de mantenerlesactivos. Por otro lado, hay muchos residentes que en juventud se dedicaron a la agricultura y pueden así recordar experiencias que vivieron en el pasado.
Las consecuencias de la crisis: Geriátricos al límite
“La veo mejor del resfriado. Me voy a casa tranquila”, comenta Mercè Gómez al salir del geriátrico Les Palmeres. Esther, su madre de 97 años, vive allí desde hace seis. Otros 26 ancianos, mayoritariamente mujeres, habitan en esta casa en Santa Maria de Martorelles (Barcelona). Les atiende un equipo de 18 trabajadores (médicos, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, enfermeros, auxiliares de geriatría…) dirigido por Quima García y la propietaria, Manolita Catalán. Llevan 22 años gestionando geriátricos. “Es mi vida y mi profesión, pero estoy al borde del colapso. He puesto mis ahorros y los de mi madre en el negocio. Aun así, debo parte de la nómina a los trabajadores y facturas a proveedores. Lo voy aplazando y los intereses me crujen, porque tiro de Visa. No sé cuánto aguantaré”, dice Manolita, que en verano se llevó un disgusto. La directora le informó de que la Generalitat no podía pagar la factura de junio. La deuda de la Generalitat con Les Palmeres a finales de 2012 era de 68.000 euros.
El impago de conciertos y subvenciones a los proveedores de servicios sociales, que asciende a 70 millones de euros, mantienen al límite a los geriátricos catalanes. Sus representantes aseguran que el 80% corresponde a los servicios que prestan. A finales de 2011 había 61.966 plazas para ancianos (34.907 públicas y 27.059 privadas). Las últimas incluyen las 10.728 en régimen de prestación económica vinculada (PEV), la ayuda personal que recibe el dependiente por ocupar una plaza privada. Esta ayuda debe cubrir los gastos de la plaza (entre 1.384 y 1.864 euros). El pago se reparte, en teoría, en tres partes. Un tercio lo abona el dependiente. El resto, la Generalitat y el Estado, mitad cada uno. En realidad, “pagamos el 79% y Madrid solo el 21%”, se queja el departamento de Bienestar y Familia.
No es el único dolor de cabeza de los geriátricos. Hay que añadir el retraso en cobrar las ayudas a los dependientes. En Cataluña están atendidas en geriátricos, bajo la ley de dependencia, 17.639 personas según el Ministerio de Sanidad. Cuando el dependiente entra en el centro, la Administración “tarda hasta siete meses en abonar el primer pago”, explica Cinta Pascual, presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales. ACRA calcula en otros 50 millones de euros más estos retrasos. “Ahora, además, se han puesto de moda los anticipos”, explica Susanna Santías, directora de la residencia Nature de Castellterçol. Por ejemplo, “si una anciana es muy dependiente (grado III), el coste de su plaza es de 1.864 euros. Si paga 600 euros, los 1.200 restantes los abona la Administración. Sin embargo, anticipa 1.000 y sigue debiendo 200, que se van acumulando”. El Gobierno catalán reconoce el retraso, pero dice que es de entre dos y cuatro meses.
Los 25 trabajadores del geriátrico que dirige Santías cuidan a 52 ancianos (44 en plazas públicas y ocho en privadas). Un empleado por cada dos residentes. “Somos un centro colaborador y por ello cumplimos los mismos requisitos de los públicos en ratio de personal, espacios comunes, medidas de las habitaciones, barreras arquitectónicas…”. La Generalitat debe a la residencia Nature casi 90.000 euros. Santías asegura su cajón para imprevistos “está agotado” y negocia con sus proveedores para reducir gastos como el mantenimiento del ascensor o los extintores, porque hay “cuestiones intocables, como la calidad del servicio asistencial y las nóminas, impuestos y suministros”. Desde 2010 los costes laborales han subido un 9% mientras que el precio por plaza está congelado.
El asunto es “preocupante porque está en juego el impago de la ayuda a los dependientes fijado por ley”, sostiene Iñaki Antón, vicepresidente de la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (ASCAD). Añade que “la deuda asciende a 1.850 euros por plaza pública en centro colaborador”. El ICASS lo niega, dice que tras los problemas de tesorería de julio la situación se ha normalizado. Esta semana el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, anunció que pedirá un plan ICO para “eliminar” la deuda pendiente con proveedores.
ASCAD también denuncia el retraso en la gestión, desarrollo y resolución del PIA. La organización presentó el pasado 21 de febrero una Iniciativa Legislativa Popular en el Parlament que pide que se prioricen los pagos a los ancianos dependientes. Los consultados también se quejan de que los recortes han llegado a los medicamentos como laxantes y mucolíticos y pañales. Santías, en cambio, considera lógico que se haya racionalizado.
Sector sin planificación
En 2012 cerraron 22 centros, según datos Bienestar y Familia, que rechaza que sean atribuibles al impago de julio y los retrasos, porque la media en años anteriores es “similar”: entre 18 y 25 al año desde 2008. Los 106 cierres en cinco años “se produjeron por decisión del centro o por orden judicial. Entre otros casos por incumplimientos contractuales”.
Las residencias también han vivido su burbuja. Durante la época de crecimiento económico, surgieron como setas, algunas con servicios de alto nivel que ahora la Administración ni está dispuesta a pagar ni puede hacerlo. Tampoco hubo planificación, se crearon en lugares sin demanda. Santías subraya la necesidad de racionalizar el gasto y que las plazas públicas sean para las familias sin recursos.
“El sector”, en palabras de Pascual, “trabaja con gente mayor y hay mucha, lo que es una ventaja, pero si no alcanza el 90% de ocupación no es rentable”. Antes la ocupación estaba garantizada, pero ahora pocas familias se lo pueden permitir. Los privados tienen un 12% de plazas vacías. Mientras, hay 15.000 esperando, según el sector. ACRA propone que la mitad de las ayudas a cuidadores no profesionales se destinen a las residencias. Se cubrirían todas las plazas públicas en espera y se crearían 10.000 empleos, aseguran.
Sanitas Residencial Gerunda, acreditada como ‘Centro Libre de Sujeciones’
El director de Sanitas Residencial Gerunda, Roger Busqué, ha recibido la acreditación de manos del vocal del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organización de Mayores (CEOMA) Antonio Segura. El acto también ha contado con la presencia del director de Operaciones de Sanitas Residencial, Pedro Sánchez.
Busqué, ha destacado que “el éxito del proyecto se debe principalmente al exhaustivo estudio que se ha realizado en cada uno de los casos a través de reuniones interdisciplinarias en las que se ha elaborado una valoración integral en cuanto a tratamiento, sujeciones, diagnóstico, caídas, conducta, etc.”.
Para Segura, “es evidente que existe un uso elevado de sujeciones físicas y de fármacos psicotrópicos en residencias y que su uso tiene efectos nocivos en las personas mayores, somos conscientes de que con formación y asesoramiento se puede cambiar esta realidad”.
Por su parte, Sánchez se ha referido a que “gracias al proyecto puesto en marcha por la compañía, actualmente menos del ocho por ciento de los residentes necesitan utilizar mecanismos de sujeción, cuando la prevalencia en España supera el 30%”.
Actualmente, doce centros Sanitas Residencial son ya Centros Libres de Sujeciones, acreditados por CEOMA. Asimismo, cinco residencias más han completado la certificación como centros no sujeción de LIBERA GER y once centros más se encuentran en proceso avanzado de reducción de las sujeciones.
Los mayores de Sanitas Residencial participan el Programa Terapéutico «Vivo cantando, vivo bailando» para potenciar sus capacidades físicas y cognitivas
Los mayores de Sanitas Residencial de toda España participarán los próximos días 19, 20, 21 y 22 de marzo en el programa “Vivo Cantando, Vivo Bailando”. Con esta iniciativa terapéutica, los residentes podrán mejorar sus capacidades físicas y cognitivas además de evitar su aislamiento social y potenciar un envejecimiento activo.
Este programa incluye tres niveles de actividades dependiendo del deterioro cognitivo de la persona. Así, los mayores sin ningún tipo de patología cognitiva, participarán en un “Concurso de Talentos” interpretando canciones populares de su juventud. Empleados y familiares acompañarán a los residentes en sus actuaciones.
Por su parte, las personas que padecen un nivel moderado cantarán y bailarán con el método “Stop and Go” siguiendo una selección de vídeos musicales de ritmos regionales españoles, y para las personas con un deterioro avanzado se proyectarán fragmentos de películas musicales del pasado para trabajar la reminiscencia.
Los 40 centros de Sanitas Residencial en España acogerán el programa terapéutico “Vivo Cantando, Vivo Bailando”. Concretamente, en Madrid, en Sanitas Residencial Las Rozas y Sanitas Residencial La Moraleja, la sesión tendrá lugar el martes 19 de marzo a las 17 horas. En este último, con motivo del Día del Padre también habrá una chocolatada.
Catalunya cierra 107 geriátricos en los últimos cinco años
Un total de 107 geriátricos han cerrado desde 2008 en Catalunya, con una media anual de 20 clausuras que se ha mantenido estable pese a los impagos de la Generalitat, que aún adeuda a los centros los conciertos correspondientes a julio de 2012, según datos de la Conselleria de Benestar Social i Família.
Fuentes del departamento que lidera Neus Munté han explicado a Europa Press que se han cerrado algunos centros pero también se han abierto otros, y han desvinculado los cierres de la crisis y de los retrasos en los pagos de la Generalitat, después de que las patronales del sector lo hayan achacado a la deuda de la administración pública catalana. «La cifra de cierres no ha variado de un año a otro, por lo que no es posible vincularla a la crisis o a los retrasos», sostiene la Conselleria, que ha añadido que cuando un geriátrico cierra es por decisión propia, o bien por orden judicial por deudas acumuladas o irregularidades en los pagos.
En 2008 cerraron 19 residencias; en 2009, 20; en 2010, 21; en 2011, 25, y en 2012, 22, lo que supone una reducción de dos respecto al año anterior, aunque la cifra se ha mantenido estable desde el inicio de la crisis.
La presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (Acra), Cinta Pascual, cifró en su última comparecencia en el Parlament en 50 millones los retrasos en los pagos de la Generalitat, aunque la Conselleria asegura que «cuando se aprueba una prestación económica vinculada (PEV) para que un residente ingrese en un centro, hay un margen de dos o tres meses hasta regular el pago, que se acaba haciendo con carácter retroactivo».
Deuda no reconocida
El presidente de la patronal de pequeñas y medianas residencias catalanas Upimir, Vicente Botella, ha alertado a Europa Press de que «la Generalitat no reconoce las residencias los retrasos correspondientes a las PEV», ya que es una modalidad de prestación que se abona directamente a los usuarios, aunque la mayoría de veces se dirige a los centros para agilizar trámites.
Por eso, algunas residencias han empezado a entregar facturas simbólicas a los usuarios en que se les informa de la deuda que acumula la Generalitat por su plaza: «A los residentes les pagan con tres o cuatro meses de retraso, pero a los centros nos pagan hasta un año más tarde», ha afirmado Botella.
Deuda por plaza
Botella también han explicado que la Generalitat adeuda 1.600 euros de media por cada plaza colaboradora y 1.900 por cada una de las concertadas, por lo que ha alertado de la «asfixia» del sector. Además, ha cifrado la deuda acumulada en entre un 12% y un 20% de la facturación anual de los centros: «Es muy difícil sobrevivir así. Tenemos beneficios pero no liquidez, porque la Generalitat no nos paga».
Geriátricos asfixiados por los impagos
Los impagos de la Generalitat no solo afectan a las farmacias catalanas, sino también a los geriátricos con plazas públicas o concertadas. El sector denuncia “la asfixia” financiera que padece y que, según la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (ASCAD), en parte, explicaría el cierre de 25 centros el año pasado, cifra que podría crecer durante el 2013. “Estamos haciendo de avaladores de la administración”, denuncia su presidente, Andrés Rueda. Con el objetivo de sensibilizar a los usuarios de la situación, algunas residencias han optado por repartir circulares a las familias notificando la deuda impagada que acarrea cada plaza. E, incluso, algunas de ellas han hecho aportaciones económicas para evitar que el servicio acabe resintiéndose.
La deuda pendiente de abonar por parte de la Generalitat alcanza los 31, 29 millones de euros, una cantidad que corresponde a la nómina impagada del mes de julio del año pasado. Los representantes del sector, además, se quejan de la lentitud a la hora de recibir las prestaciones económicas del Programa Individual de Atención (PIA) y de la incertidumbre del día en que cobrarán cada mes. “La factura de enero nos la abonaron el día 4 de febrero”, informa Rueda. Evidentemente, esta demora no contabiliza como “impago”, pero tiene un efecto negativo en las arcas de los centros: “Casi todos aplazamos el abono de impuestos, como el IVA, el IRPF, la Seguridad Social, con lo cual hacemos una pelota que todavía encarece más el producto”, dice el presidente de la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (Upimir), Vicente Botella. Además, explica que “como nadie reconoce la deuda, el banco no les presta dinero”.
Solidaridad de los usuarios hacia los centros
Los trabajadores, la mayoría mileuristas, también se han visto afectados: el impago del mes de julio dejó a muchos sin la totalidad de una nómina o parte de ella, y en ocasiones cobran tarde la mensualidad. La consecuencia es que “los recibos llegan con recargos bancarios”. Esto, explica Rueda, desemboca en “un estrés ambiental” ya que los empleados están “más irascibles y tienen menos paciencia”. La situación es “caótica”, ratifica el vicepresidente de ASCAD, Iñaki Anton, y explica que los centros destinan el dinero que perciben entre un 90% y un 95% a cubrir gastos. También añade que la cantidad que abona la Administración por cada plaza pública está congelada desde hace tres años, lo cual reduce aún más el margen de beneficio.
Con el objetivo de hacer partícipe a los familiares de los usuarios de las dificultades por las que atraviesan los centros, algunos han empezado a repartir hace semanas circulares donde notifican la deuda que tiene cada plaza. Cuando los familiares ven las cifras “se solidarizan” con ellos y sienten “indignación de pensar que a una persona dependiente no se le está pagando lo que corresponde”, explica Botella. Cuando se produjo el impago de verano, Gregorio Manzano decidió hacer una aportación económica al centro donde está ingresada su madre. “El personal estaba nervioso porque veía que si eso iba a más, se quedaría sin trabajo”. Y añade que hay familias que «lo están pasando muy mal” económicamente y no se pueden permitir abonar lo que la administración “no paga”.
ILP contra los impagos de la Administración
El pasado 5 de marzo diversas patronales del sector y ASCAD presentaron ante el Parlament una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para blindar al gran dependiente y elevar la obligatoriedad del pago a la resolución de las sentencias judiciales, es decir, al máximo nivel legislativo posible. También reclaman un calendario a la Administración catalana donde se comprometa a devolver el dinero atrasado. “Dar una fecha es imposible”, comentan fuentes de la Generalitat, ya que dada la situación «es difícil hacer el esfuerzo de poder pagar lo que se debe”.
El Govern recuerda que la ley de la dependencia tenía que ser sufragada a partes iguales entre Estado-Generalitat, “pero a la hora de la verdad el Gobierno español da una cantidad fija de dinero por cada plaza –que es la misma para todas las comunidades autónomas- sin tener en cuenta que el precio de la plaza en un centro catalán es más caro que en otros sitios”. Según estas fuentes, actualmente la Generalitat costea en un 80% las ayudas a la dependencia, mientras que el Estado abona el resto. También comentan que el Govern está trabajando en “una ley de la dependencia catalana” que promueva la “autonomía personal”. Y concluyen: “Si cada vez el Estado nos ahoga más recortando sus aportaciones a políticas sociales, la ley de la dependencia no será asumible”. Pero aún así, aseguran que se atiende a la gente “cuando toca”.
En esta línea el presidente de Upimir denuncia que otras comunidades, como Madrid, gastan menos de la mitad por persona dependiente que Catalunya, donde se genera “unos 1.000 euros de déficit” por plaza al mes. Y prosigue: “Cuando se hace una ley y no se tiene dinero es lo que ocurre”. Una de las propuestas de esta asociación de pequeñas y medianas residencias es “aumentar el copago” en función del nivel de renta de los usuarios.
El sector teme que si la situación no mejora, continúen cerrando más centros colaboradores y concertados. Y es que cuando esto ocurre, los usuarios “se derivan allí donde la Generalitat encuentra plazas”, comentan las mismas fuentes. En algunas ocasiones son personas que llevan ingresadas hace años en la residencia. “Moverlas en su estado de salud mental y física no les hace ningún bien”.
Desahuciada una residencia de ancianos en Madrid por impagos
Una comisión judicial ha procedido hoy al desahucio de una residencia de ancianos en El Escorial debido al impago del alquiler del inmueble. Los 55 mayores que vivían en el edificio han sido reubicados en otros centros a lo largo del último mes, pero la plantilla, formada por 27 trabajadores, se encontraba en las instalaciones, al no haber recibido la comunicación de su despido por cierre.
Tras acceder al edificio, pasadas las 10 de la mañana, la comitiva judicial ha levantado acta sobre el estado del geriátrico y del mobiliario que se encontraba en el interior mismo, para después dar las llaves a los representantes de la propiedad. Según han explicado a Europa Press representantes de los trabajadores, el desahucio se ha producido porque la empresa que gestionaba el centro debía «varios meses» de alquiler a los propietarios del inmueble.
«No nos dan carta de despido, no nos dan paro, no nos dan nada. Tenemos que buscarnos la vida para conseguirlo. Está la gente muy desanimada. Hay gente con hasta cinco nóminas pendientes. No tenemos ni carta de despido ni nada. Oficialmente seguimos trabajando para la empresa, pero sin ningún centro de trabajo», ha explicado uno de los trabajadores.
Este mismo empleado, no obstante, se ha mostrado esperanzado pues ha indicado que los representantes de la propiedad del edificio les van a aportar la documentación que demuestra que se ha producido el desahucio para que puedan iniciar la tramitación y así poder recibir la prestación por desempleo. «El abogado del dueño del inmueble nos ha dicho que en lo que pudiesen nos iban a ayudar», ha puntualizado.
Los trabajadores han señalado que «no se explican» cómo se ha llegado a esta situación, pues según ellos, cada residente pagaba «entre 1.800 y 2.000 euros» y de las 60 plazas de la residencia, «55 estaban ocupadas».
APOYO A LOS TRABAJADORES
Para apoyar a los trabajadores, ha acudido una representación de la Plataforma 15 M de El Escorial y el portavoz del partido Acción Plural, Mariano Rodríguez, en la oposición del Ayuntamiento de El Escorial.
«Los dueños del negocio parece que son unos incumplidores natos, que a base de incumplir sus obligaciones económicas con la propiedad, las consecuencias son estas, y afectan a terceros que son los residentes y los trabajadores y se van de rositas», ha señalado el concejal.
Las Fundaciones Caser para la Dependencia y Pilares para Autonomía Personal presentan «Innovaciones en residencias para personas en situación de dependencia. Diseño arquitectónico y modelo de atención»
Martes 19 de Marzo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Las Fundaciones Caser para la Dependencia y Pilares para Autonomía Personal presentan el próximo 19 de Marzo, a las 18:00 horas, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid la publicación «Innovaciones en residencias para personas en situación de dependencia. Diseño arquitectónico y modelo de atención», editada conjuntamente entre las dos Fundaciones.
Bien conocidos son, por recurrentes, los resultados de encuestas y estudios cualitativos sobre los deseos y expectativas de la ciudadanía acerca de los lugares donde desean recibir cuidados y atención en caso de necesitarlos: la casa, el propio entorno y, en su defecto, un lugar (residencia, apartamentos o viviendas con servicios) donde no se resienta la percepción de control de la propia vida.
En la publicación que se presenta se recogen textos de reconocidos expertos del ámbito internacional en relación con el diseño arquitectónico y los ambientes que producen bienestar a las personas que requieren apoyos. Se trata de arquitectos, investigadores y especialistas en políticas de atención de Estados Unidos, Países Escandinavos, Inglaterra, Alemania y Francia, que presentan los modelos de alojamientos que se están proponiendo como idóneos en sus respectivos países.
Asimismo, la publicación contiene experiencias muy innovadoras relacionadas con el modelo de atención integral y centrada en la persona que se están produciendo en España. El origen de esta publicación fueron las Jornadas que con ese mismo título organizaron las dos Fundaciones mencionadas en diciembre del año 2011, pero los contenidos que ahora se presentan han sido reelaborados por sus autores.
Intervienen:
José María de Lapuerta. Catedrático de Proyectos Arquitectónicos ETSAM-UPM
Heitor García Lantarón, Arquitecto
Juan Sitges Breiter, Director de la Fundación Caser para la Dependencia
Pilar Rodríguez Rodríguez, Presidenta de la Fundación Pilares
Hora: 18:00
Lugar:
Sala de grados b. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Campus Ciudad Universitaria. Avda. Juan Herrera, 4. Madrid.
Las residencias públicas están mejor valoradas que las privadas
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado un estudio que pone de manifiesto que «las residencias públicas están mejor valoradas que las privadas», según el grado de satisfacción mostrado por los familiares de personas mayores que han estado en alguna residencia durante los últimos cinco años.
El texto, que está publicado en la revista ‘Dinero y Derechos’ del mes de marzo, concluye que «la mayoría de los encuestados se sienten satisfechos, aunque la satisfacción es mayor entre quienes estuvieron en residencias públicas que en las concertadas y privadas, independientemente del grado de dependencia del residente».
Los aspectos mejor valorados fueron el buen estado de la habitación, la seguridad de las zonas comunes y la inexistencia de barreras arquitectónicas. Por el contrario, el número de cuidadores, la posibilidad de menús alternativos o de hacer más actividades físicas y, sobre todo, las escasas opciones para decidir el horario de despertarse y acostarse fueron los aspectos peor valorados.
El estudio de la OCU también revela que, a pesar de ser las residencias públicas las que más satisfacción generan, «no es fácil el acceso a una plaza». El 75 por ciento de los que accedió a una plaza pública tuvo que esperar y en el 16 por ciento de los casos la espera fue de más de dos años. Por su parte, para el acceso a una plaza concertada el 40 por ciento tuvo que inscribirse en una lista de espera, lo mismo que en el 20 por ciento de los que accedieron a una privada.
El precio es otro elemento fundamental a la hora de elegir un tipo u otro de residencia. Así, el coste medio mensual para una persona con dependencia moderada es de 1.700 euros al mes en una residencia privada. En el caso de una concertada y pública se reduce hasta los 1.500 euros, si bien en estas últimas cabe la posibilidad de que a las personas que no puedan sufragar este importe se les cobre un porcentaje entre el 65 y el 80 por ciento de sus ingresos, dependiendo de los casos.
Para la realización de este estudio, la OCU ha recabado la opinión de 600 personas de entre 50 y 65 años, y que en los últimos cinco años hubieran tenido un familiar en una residencia, sobre diversos aspectos del servicio prestados.
Cumpleaños centenarios en la residencia Amma Coslada en compañía de la actriz Amaia Salamanca
La residencia de mayores Amma Coslada (Madrid) ha celebrado una gran fiesta para conmemorar dos cumpleaños muy especiales, los de las residentes Lorenza Maroto y Herminia Sánchez, que han cumplido 105 y 102 años, respectivamente.
La celebración estuvo amenizada con la actuación del grupo musical«Ecos castellanos», que hizo cantar y bailar a los mayores, familiares y trabajadores de la residencia al son de habaneras, fandangos y pasodobles.
Además, se contó con la visita de una invitada muy especial, la actriz Amaia Salamanca, una de las más reconocidas en la actualidad por sus papeles en películas y exitosas series de televisión, que felicitó a las cumpleañeras y les ayudó a soplar las velas de sus tartas, además de departir con todos los asistentes.
La celebración de cumpleaños centenarios se ha ido convirtiendo en habitual en las residencias de mayores Amma. La cada vez mayor esperanza de vida de la población española se está traduciendo en un aumento muy considerable de la media de edad de los residentes de nuestros centros.
Patronales y Sindicatos cierran el convenio de residencias de mayores y centros de día de la Comunidad de Madrid
Miercoles, 27 de febrero de 2013, las Patronales AMADE, AESTE, PAD y Lares Madrid y los sindicatos CCOO y UGT firmaron el VI Convenio Colectivo de Residencias y Centros de Día de la Comunidad de Madrid con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2013.
Después de meses de negociación, se ha cerrado el convenio de residencias de mayores y centros de día de la Comunidad de Madrid para los años 2012 y 2013.
Reunidos en la sede de CCOO, la comisión negociadora del Convenio Colectivo firmó el texto que regirá los próximos dos años. El proceso de negociación se inició el pasado mes de marzo y después de casi un año se ha cerrado el texto que será publicado en el BOCM, si todo sigue su tramite, en fechas próximas.
La estabilidad en el empleo y los recortes económicos a las empresas han estado muy presentes en esta negociación. Tanto el banco patronal como el sindical han trabajado por el mantenimiento de puestos de trabajo y la viabilidad de las empresas, a la espera del cambio de la situación económica.
Los puntos clave de la negociación han estado en el articulo 5 de convenio estableciendo un periodo de dos meses de antelación para la denuncia del Convenio, una vigencia de dos años, con el mantenimiento de las tablas salariales de 2011 y en caso de prorroga del mismo se incrementarán todos los conceptos económicos por el IPC, siempre que el PIB de la CAM haya tenido un incremento del 1,25% o superior en el año anterior.
Un acuerdo razonable y responsable que supone un punto de inflexión en el capítulo de la negociación colectiva de los centros de la Comunidad de Madrid.
El exalcalde de Oria, en huelga de hambre por el impago a 31 empleadas de una residencia que lleva su nombre
El exalcalde de Oria (Almería) Bartolomé Sánchez Moreno se ha declarado este martes en huelga de hambre para protestar por la situación que atraviesan 31 trabajadoras de una residencia de mayores que lleva su nombre y a los que la empresa concesionaria del servicio adeuda nueve nóminas, motivo por el que han realizado una serie de protestas y han iniciado una huelga indefinida.
Así lo ha explicado a Europa Press el propio exregidor, quien con algunos trabajadores ocupa el salón de plenos del Ayuntamiento de Oria, gobernado actualmente por el ‘popular’ Marcos Reche, a la espera de que la empresa Geriátricos Urbanos S.L. que gestiona la residencia acceda al pago de las nóminas, ya que en tres días debería producirse el abono de un décimo salario.
La residencia, edificada durante el mandato de Sánchez Moreno, mantiene actualmente a 40 ancianos que siguen asistidos mediante un acuerdo de servicios mínimos por el que el 33 por ciento de los trabajadores dedicados a la atención directa a los usuarios deben garantizar la prestación de los servicios sanitarios, de aseo personal, alimentación y medicación, así como las tareas de cuidados especiales, según el acuerdo publicado en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) este martes.
Así, a pesar de los encuentros mantenidos entre la empresa, los trabajadores y la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, en los que se pactó que las empleadas recibirían la pasada semana al menos cuatro de las nueve nóminas adeudadas, la sociedad concesionaria no ha abonado las nóminas. En este sentido, Sánchez Moreno ha afirmado que la Junta se mantiene al día en los pagos a la empresa.
«No hay muchas esperanzas de cobrar porque la empresa dice que no tiene ni un duro», ha dicho el exprimer edil, quien añade que la sociedad gestora «no ha justificado» a qué se debe el impago de las nóminas. En este sentido, los trabajadores se han reunido nuevamente este martes con el delegado de Bienestar Social, Alfredo Valdivia, para tratar de hallar una solución, según Sánchez Moreno.
El exalcalde ha manifestado su intención de permanecer en huelga de hambre hasta que la empresa no abone todas las nóminas a los trabajadores, se atiendan las normas de eficiencia de la residencia y la Junta de Andalucía no retire la concesión de la gestión a la adjudicataria por incumplimiento de contrato y conceda la gestión a otra empresa solvente.
La dueña de un geriátrico, acusada de estafa, alega que los ancianos le cedían propiedades «a cambio de servicios»
La dueña de un geriátrico de Outes (La Coruña) acusada, junto con su marido e hijo, de estafa continuada, niega haberse aprovechado de la «debilidad mental» y «dependencia emocional y económica» de los ancianos que estaban a su cargo para obtener varios bienes inmuebles y afirma que las cesiones se realizaron «para pagar los servicios» de la residencia.
Al juicio que se celebra en la Audiencia provincial se han llevado cuatro casos concretos en los que los ancianos, a través de cesiones o de contratos de compraventas ficticios, cedían varios bienes inmuebles a la propietaria del centro geriátrico en el que residían.
Sin embargo, durante la sesión, la acusada ha señalado que atendió y cuido a los ancianos para que «llevasen una vida digna» y ha asegurado que si los residentes hicieron testamento a su favor fue porque los hijos no hacían frente al pago de la residencia o sus pensiones no llegaban.
«Los servicios hay que pagarlos y lo pagaron con lo que tenía», ha afirmado durante el juicio en el que, en varias ocasiones, declaró que las cesiones se realizaron «a cambio de servicios» y que en ningún momento se aprovechó de los ancianos. «No me interesaba comprar las propiedades», ha dicho.
«NO SOMOS CRIMINALES»
Así, durante el juicio, se ha referido al caso concreto de una anciana que debía 4 meses de pago de la residencia y sus hijos «no hicieron frente al pago». Según ha relatado, llevaron a la anciana, que «quería pagar sus deudas», al notario donde se realizó un contrato vitalicio por el cual cedía sus bienes a cambio de que la cuidasen.
Asimismo, la acusada de quedarse con los bienes de los enfermos ha señalado que los ancianos vivían en el centro «como nunca antes lo habían hecho». «No somos criminales, aunque nos han puesto como eso», ha dicho antes de asegurar que «nunca echaría a un anciano a cambio de dinero».
La Fiscalía acusa al matrimonio y a su hijo de estafa continuada y pide para ellos una pena de 4 años y 9 meses de prisión, una indemnización para las familias de los ancianos de cerca de 200.000 euros y una multa de 1.800 euros. El juicio está previsto que se prolongue hasta el jueves.
Ninguna empresa puja por la gestión de la residencia de Navaleno
La Diputación de Soria recibió ofertas para la adjudicación de la gestión de tres de las cuatro residencias públicas que actualmente gestionan y que se ubican en Ágreda, El Burgo de Osma, Navaleno y El Royo. En concreto quedó desierto el pliego de la residencia de Navaleno.
Para la residencia de Los Milagros de Ágreda se presentaron dos ofertas: Sar Residencial y Asistencial S.A.U y Clece S.A; para la residencia San José de El Burgo de Osma se presentó Cecle S.A y para Nuestra Señora de las Mercedes de El Royo otras dos Clece S.A y Aralia Servicios Sociosanitarios S.A, según informa Ical.
En los próximos días, la Diputación de Soria procederá a la apertura de las ofertas que serán estudiadas y analizadas por los servicios técnicos para su posterior resolución, indicó la institución. El pasado viernes 15 de febrero a las 14.00 horas concluyó el plazo para presentar las propuesta por parte de las empresas interesadas a cada uno de los pliegos correspondientes a cada centro asistencial.
Decenas de personas se concentran ante Salud contra el «cierre» de la residencia de mayores de Montequinto
Decenas de personas –«entre 70 y 80», según los organizadores– se han concentrado este viernes por la mañana en Sevilla ante la sede de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, convocadas por el movimiento 15M, para rechazar el «cierre» de la residencia asistida de mayores ubicada en Montequinto, en Dos Hermanas (Sevilla), que, según este colectivo, tiene previsto ejecutar próximamente el Gobierno andaluz.
Fuentes de la Asamblea 15M de Montequinto han indicado a Europa Press que un asesor de la Consejería que dirige María Jesús Montero ha salido a recibirles en el transcurso de la concentración, ya que, según les han explicado, la titular del departamento, con la que los manifestantes querían reunirse, no se encontraba en ese momento en el edificio.
Dicho asesor se ha comprometido a «mediar» para que la consejera les reciba un día de la próxima semana, han señalado las mismas fuentes, que han destacado que llevan «tres meses pendientes» de que Montero les conceda una reunión, una petición que también habían solicitado meses atrás, sin éxito, con la titular de la extinta Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro.
En la referida reunión, de producirse, los representantes del 15M tienen previsto pedirle a la responsable de Salud y Bienestar Social que les explique «las razones que justifican el cierre de la mejor residencia para grandes dependientes de Andalucía».
Las fuentes consultadas aseguran desconocer la fecha en la que se consumará dicho «cierre», si bien han asegurado que esa decisión está tomada, y que «no va a consistir en un traslado» como, según han indicado, les «hicieron creer desde la Junta al principio», porque «no se va a construir una nueva residencia para sustituir a ésta».
Al hilo de ello, desde el 15M han criticado al Gobierno andaluz por «olvidarse de la parte más vulnerable de la sociedad, que son las personas mayores», y «especialmente los grandes dependientes, que necesitan unos edificios con unas características específicas» como las que, en su opinión, presenta la referida residencia, con «capacidad para 271 personas» y que actualmente acoge «en torno a 140 ancianos».
En ese sentido, desde el 15M alertan de que el «cierre» de la residencia «va a suponer la reducción del 45 por ciento de las plazas públicas para mayores y grandes dependientes en toda la provincia de Sevilla», lo cual, apostillan, «va a suponer una tragedia habida cuenta de la derogación de la Ley de Dependencia», y, además, va a conllevar «el desahucio de su hogar de más de 140 ancianos y dependientes».
