Dependencia
La Generalitat valenciana adeuda más de 35 millones de euros a los centros de atención a dependientes
El viernes 13, Aerte se reune con las consellerías de Hacienda y de Bienestar Social. Los centros sufren también las bajas de los residentes que esperaban el pago de su dependencia reconocida, y no llega.
En junio, la Generalitat se comprometió con Aerte, la asociación que aglutina a la mayoría de estos centros, a pagar en agosto toda la deuda de 2012. Pero no ha sido así. Ha habido algunos pagos, pero no el total. Con la suma de todo 2013, la deuda es ya de más de 35 millones de euros. La presidenta de Aerte, Mª José Mira se reune el próximo viernes con los secretarios autonómicos de las consellerías de Hacienda, Eusebio Monzón y de Bienestar Social, Álvaro Cuadrado.
A esta situación tan grave, se une el drama de las personas que tienen reconocido un nivel de dependencia y el cobro de una ayuda, y no la han cobrdo núnca. Aerte denuncia que once mil expedientes se encuentran en esta situación. Muchos de ellos, que han venido pagando la residencia como adelanto de lo que tenían que recibir, ya no pueden pagar más, y están abandonando las residencias.
Los beneficiarios asturianos de la ayuda a domicilio deberán pagar hasta 10 euros a la hora
Los beneficiarios asturianos de las prestaciones de la Ley de Dependencia deberán abonar, con carácter retroactivo al pasado 1 de julio, una parte del coste de los servicios que reciben y, además, verán recortado el volumen de horas semanales de ayuda a domicilio que tenían asignado por parte la Administración regional. Así se lo está comunicando a los afectados, por medio de una carta, la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado, cuyos responsables aseguran que han pospuesto hasta el límite legal una medida que -subrayan- se deriva de los recortes aplicados al sistema de dependencia por iniciativa del Gobierno central.
El recorte fue denunciado ayer por Julio Carretero, secretario general de UGT en Siero, quien ha recogido las quejas formuladas por las trabajadoras de ayuda a domicilio de la comarca sierense. «Los usuarios les están comentando que han recibido una carta y que, como consecuencia de su contenido, muchos de ellos se ven obligados a reducir o anular la demanda de ayuda porque, sencillamente, no pueden pagarla», señaló Carretero.
El dirigente ugetista agregó que el coste de las prestaciones para los usuarios puede alcanzar los diez euros a la hora. A juicio de Julio Carretero, la implantación de un copago -pago compartido entre las administraciones públicas y los ciudadanos- tiene una doble repercusión negativa. Por un lado, para los beneficiarios, en su mayoría pensionistas con recursos económicos limitados, que no pueden afrontar el coste y se ven obligados a restringir las horas de ayuda que reciben. Por otro, para el colectivo de trabajadores -mujeres en su práctica totalidad- dedicados a la prestación de estos servicios, que inevitablemente serán víctimas de «una pérdida de empleo en un momento muy crítico para todos».
La misiva enviada a los usuarios de la dependencia lleva la firma de la jefa de servicio de atención a la dependencia. El documento explica los cambios en la regulación de la dependencia promovidos por el Gobierno de Mariano Rajoy.
En el epígrafe de la ayuda a domicilio, señala que «la nueva intensidad de horas» del servicio -esto es, el recorte de tiempo- entrará en vigor «a partir del primer día del mes siguiente al que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento de revisión». En el capítulo de copago, indica que sus efectos tienen carácter retroactivo con fecha 1 de julio de 2013.
Una portavoz de la Consejería de Bienestar Social precisó ayer que las cuantías que deberán abonar los usuarios no han sido estipuladas por el Gobierno asturiano, sino por el Ejecutivo central con arreglo a una fórmula matemática que combina los ingresos y otros datos de cada beneficiario.
Astillero adjudica a Cruz Roja la prestación del servicio de teleasistencia
El Ayuntamiento de Astillero ha aprobado adjudicar a Cruz Roja Española la prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria que, en estos momentos, atiende a 117 personas en el municipio.
Según explica la concejala de Sanidad y Bienestar Social, Verónica Perdigones, en una nota de prensa, tras la desaparición de la ayuda del Estado, que permitía la prestación de este servicio de forma gratuita, «tan solo ha quedado» la del Gobierno regional.
Esto, señala Perdigones, hizo que el Ayuntamiento decidiera mantener el servicio abriendo un concurso que permitiera garantizar su prestación en las mismas condiciones «de calidad» en las que se venía haciendo.
El servicio de teleasistencia tendrá un coste de 15,10 euros al mes pero los usuarios disponen de diversas bonificaciones.
La edil ha indicado que aquellos cuya renta no llegue a la mitad del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pagarán la mitad, y para los que tengan un nivel de ingresos que oscile entre el 51 por ciento y el 75 por ciento de este parámetro, la bonificación será del 25 por ciento.
De esta manera, y como sucede con otros programas, como el de catering social, los usuarios asumen parte de su coste en función de su renta disponible y lo hacen, resalta Perdigones, de forma que «los que menos ingresos tienen, pagan menos por recibirlos».
Según el balance de este servicio en 2012, se recibieron casi 4.800 llamadas de usuarios, atendiéndose algo más de un centenar de casos, y se emitieron más de 7.000 llamadas, de las que 5.500 fueron para el seguimiento de usuarios y la actualización de datos, además de otras 1.240 por avisos de agenda a estos últimos.
Galicia abre servicios de residencias a dependientes que no vivan en ellas
Galicia modificará en 2013 su cartera de atención a la dependencia e introducirá cambios «pioneros», puesto que incluirá recursos específicos para cada tipo de discapacidad y «romperá la barrera» de los 65 años –o 60 en algunos casos– para acceder a determinados servicios. La puesta en marcha de este nuevo modelo se concretará en el último trimestre de este año.
«Galicia se convertirá en la primera comunidad que abandona el modelo tradicional de los servicios sociales que era acreditar centros y lo cambia por un nuevo paradigma, que consiste en acreditar servicios de cada centro», ha explicado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, tras analizar el decreto en el Consejo de la Xunta.
A modo de ejemplo, ha señalado que este cambio supondrá, entre otras cuestiones, que en una residencia o centro de día se podrá acreditar no sólo su papel como residencia asistencial, sino que se podrán acreditar por separado servicios como el de fisioterapia, al que se abrirá el acceso para personas que no residan en el centro.
Para poder convertirse en usuario del servicio acreditado, Feijóo ha explicado que habrá que contar con la condición de dependiente y tener una propuesta de su programa individual de atención.
También se «romperá la barrera de la edad». Así, por ejemplo, una persona de menos de 60 años con una enfermedad degenerativa podrá acceder a una residencia. Según la Xunta, los usuarios podrán acceder a un menú de servicios flexible, una especie de traje a la medida donde se podrán combinar los diferentes recursos existentes para la atención a la dependencia».
MODELO DE COPAGO
En cuanto a la financiación de los servicios, preguntado al respecto, Feijóo ha respondido que el decreto se va a desarrollar para que esté «en el último trimestre» plenamente cerrado y que, por el momento, «no hay previsión» de cambios determinantes, aunque si ha avanzado bonificaciones para determinados colectivos.
Así, ha incidido en que el Gobierno gallego intentará «reducir el pago» para casi el 50 por ciento de usuarios que pernocten en residencias y para «prácticamente el cien por cien» de las personas con discapacidad.
«También haremos reglas de participación en el coste de servicios atendiendo a la renta», ha admitido Feijóo, si bien ha insistido en que el objetivo «fundamental» no es «una enmienda» al sistema de cofinanciación vigente, sino «poder ofrecer más servicios con los precios actuales».
Feijóo también ha anunciado que la Xunta invertirá casi 2 millones de euros en la construcción y equipamiento de cinco centros de día en Leiro, Muiños, Montederramo y Cualedro –en Orense– y en Palas de Rei (Lugo). Estas instalaciones sumarán 247 plazas, 198 en Orense y 49 en Lugo.
NUEVOS COLEGIOS
Por otra parte, Cultura e Educación invertirá casi 8 millones de euros para la construcción de un nuevo CEIP en Oleiros y una nueva escuela de Educación Infantil en Betanzos.
Asimismo, el presidente gallego ha remarcado que el Gobierno gallego «refuerza» las enseñanzas de FP en la comunidad a través de la renovación del convenio de colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción para que los estudiantes del ciclo medio de carpintería y mueble que se imparte en el CIFP Politécnico de Lugo puedan usar las instalaciones y los equipamientos de esta Fundación.
También se renovará el acuerdo con la Fundación de Exposiciones y Congresos de A Estrada para la formación práctica en el ciclo de grado medio en carpintería y mueble, que se imparte en el IES Antón Losada Diéguez.
En tercer lugar, los estudiantes que cursen en el CIFP Ánxel Casal Monte-Alto (A Coruña) el ciclo de grado superior de FP en radioterapia podrán emplear las instalaciones especiales de la Fundación Centro Oncolóxico Rexional de Galicia.
CENTRALIZACIÓN DE CONTRATOS
El Consejo de la Xunta también ha analizado la decisión del Servicio Gallego de Salud de contratar para todos sus centros asistenciales de un servicio de mantenimiento integral de equipamientos de alta tecnología con el objetivo de unificar y garantizar la seguridad y la profesionalización en este ámbito.
Entre los equipamientos incluidos se incluyen los de tomografía axial computarizada (TAC), los de tomogafía por emisión de positrones (PET); los de radiología y mamografía digital; y los equipos de resonancia magnética. La contratación de un servicio de mantenimiento integral permitirá un ahorro del 4 por ciento, según la Xunta.
Aburto denuncia que la actual Ley de Dependencia es una ‘falacia’
El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, ha manifestado que la Ley de la Dependencia «no deja de ser una falacia» porque por un lado incluye en su denominación la promoción de la autonomía, pero por otro es necesario ser una persona dependiente y ser calificada como tal para tener derecho a los servicios y prestaciones de la misma. «Quizá sea el momento de pensar de verdad en una ley o en un pacto de verdad de promoción de la autonomía», proclamó.
Frente a esta legislación, el consejero expresó ayer su voluntad de que en Euskadi «seamos capaces de aprobar un plan vasco de envejecimiento activo» en esta legislatura y destacó las oportunidades económicas y profesionales que aporta este sector, por encima del enorme gasto que conlleva para la sociedad.
En la inauguración del curso de verano de la UPV/EHU Envejecimiento activo. Calidad de vida y solidaridad intergeneracional, Aburto hizo hincapié en que el envejecimiento activo constituye «una forma de plantear las políticas»»y por tanto «un medio para transformar nuestra sociedad abocada al envejecimiento».
El consejero explicó que una de las actuaciones en las que está inmerso su departamento en estos momentos es el desarrollo de «una Euskadi más amigable», ya que un entorno «amigable» alienta la prolongación de la vida activa y autónoma de los mayores mejorando así la calidad de vida de todos.
Para Aburto, «el reto» de desarrollar actuaciones orientadas al envejecimiento activo puede verse de dos formas: como el enorme gasto que genera «el bienestar de una sociedad envejecida», pero también como una «oportunidad de generar riqueza».
«Consideramos que la priorización de la atención de las personas que forman nuestra comunidad es un hecho fundamental, y que en su análisis, investigación e intervención se generan oportunidades socioeconómicas».
Según dijo el consejero, la intención de sus palabras era evitar «generar más incertidumbre en todo el entorno de prestaciones y derechos relacionados con la protección social de las personas mayores». Teniendo en cuenta la alta esperanza de vida registrada en el País Vasco, el colectivo de personas mayores «supone un gran potencial que puede revertir en el bienestar de la propia sociedad», insistió.
Y es que la contribución activa de la sociedad no sólo se hace desde la actividad laboral, apuntó, sino también desde el trabajo voluntario, que es «una fuente de riqueza cada vez de mayor valor». Por este motivo, defendió la idea de «explorar nuevas oportunidades» de forma coordinada entre las administraciones públicas y con los agentes que trabajan en esta materia. Estamos en el inicio de «un cambio largo», pero de cuyos resultados «podemos esperar una auténtica revolución cultural que depende en definitiva de todos y cada uno de nosotros».
El objetivo es pasar de la situación actual a «un nuevo paradigma de envejecimiento activo» aprovechando las estructuras que ya existen –como los órganos de participación del departamento de Empleo y Políticas Sociales– para abrir nuevas líneas de trabajo y reducir las barreras existentes. «Sin ninguna duda el esfuerzo vale la pena», alentó.
Aburto destacó que Euskadi goza de una de las esperanzas de vida más altas del mundo, lo que representa «un éxito social» y abre nuevos horizontes. «Me gustaría poner esto en valor porque a veces hablamos del problema de las personas mayores y terminamos concluyendo que son un problema, sobre todo si lo ligamos a la sostenibilidad de los servicios sociales», admitió. «Que vivamos más es un éxito de todos«.
Por otra parte, el consejero propuso «estudiar» el tránsito de la jubilación laboral a la vida posterior de las personas mayores. El fin del ciclo laboral –antes a los 65 años– «no agota las aspiraciones vivenciales», aseguró.
Aburto abogó por establecer mecanismos asociados al envejecimiento activo para que la vida de las personas «no cambie de un día para otro» y no dejen de golpe de hacer lo que habían estado haciendo durante los últimos veinte o treinta años, de manera que su vida sea «absolutamente diferente» de un día para otro.
Asimismo, sostuvo que el proceso de envejecimiento activo debe ser «un éxito» en el sentido de que las personas mayores asuman el reto de «ser productivas y útiles» para la sociedad, que vean su propio proyecto personal «con un aspecto participativo», y que no adopten «una actitud pasiva fomentada muchas veces por actitudes paternalistas tanto de las administraciones públicas como de la propia sociedad».
La profesionalización de la Dependencia permite crear o mantener 4.000 empleos
La profesionalización de la Ley de la Dependencia, esto es, la apuesta por ofertar servicios especializados alternativos al cuidado familiar, ha permitido mantener o crear 4.000 puestos de trabajo durante el último año. Así lo destacó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, en el balance que ayer hacía en Valladolid, un año después de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, que obligaba a reorganizar el modelo y orientarlo a esa mayor especialización. Según sus datos, se ha pasado de 4,5 empleos derivados de la atención personal por cada mil habitantes a los 6,1 actuales (que duplican la media nacional de 3,3 por ciento), y de 11.591 puestos de trabajo a medidados de 2012 a los 15.509 de junio de este año.
Unas cifras que tienen su traslación en el modelo autonómico, en el que se han reconocido 17.615 nuevas prestaciones por alta o cambio de servicio reconocidos a 15.504 usuarios, con un claro cambio de tendencia hacia los servicios profesionales, que suponen ya el 61 por ciento del total, frente al 39 por ciento de ayudas dirigidas al entorno familiar.
Esto representa un cambio estadístico evidente, que se ha hecho notar, en particular, a partir del pasado mes de febrero -seis meses después de que comenzaran a llegar los primeros expedientes posteriores el Real Decreto, que suelen resolverse en medio año-, lo que ha tenido como resultado la caída en un 17 por ciento de beneficiarios que recibían cuidados familiares, frente al avance, en ese mismo porcentaje, de personal externo que da apoyo a los pacientes dependientes. Milagros Marcos se refirió a los dos acuerdos sellados el pasado año (junio y septiembre) en el marco del Diálogo Social, que han propiciado el crecimiento de la profesionalización y destacó que a la norma estatal se añadió, por parte de Castilla y León, una rebaja del 15 por ciento en los recursos dirigidos a cuidados familiares en todos los grupos de dependientes, frente a la aportación suplementaria del 20 por ciento en los incluidos en los grupos I y III y del 74%para los registrados en el II.
Frente a las críticas socialistas, que apuntaban a una caída de beneficiarios y prestaciones, la consejera pidió «más coherencia y compromiso», si bien, desde el PSOE, la secretaria autonómica de Políticas Sociales, Marta Olmedo, planteaba a la Junta «que pregunte a los usuarios» del sistema si los recursos que reciben permiten pueden definir una asistencia de calidad.
El matrimonio más longevo de España cumple 81 años juntos
«¿Sabe qué día es hoy, 2 de septiembre?», les pregunta su nuera Julia Mendoza a Justo Galindo y Lucía Rodríguez. «¡Hoy hace 81 años que se casaron!». A sus 105 y 102 años, respectivamente, la memoria les flaquea a esta pareja de Valdelacasa del Tajo que se ha convertido enel matrimonio con vida más longevo de España y el más longevo de la historia de Extremadura.
Ajenos a la estadística, Justo y Lucía pasan el día de su aniversario de récord como uno más. Él ha desayunado un vaso de leche con Cola-cao y galletas junto a su mujer, que se ha tomado una papilla de galleta y ambos sus correspondientes pastillas antes de sentarse en el salón de la misma casa donde siempre han vivido en este pequeño pueblo de Cáceres. «Están tan agusto, a ratos mirando la tele», señala su nuera, que esta mañana se ha quedado a su cargo.
«Se encuentran bien, con los achaques normales de su edad. Hablan poquito, pero se dan cuenta de las cosas», añade Julia Mendoza. De ello da fe su hijo Justo Galindo Rodríguez, que cuenta cómo disfrutaron viendo el reportaje que publicó ABC el pasado junio contando su historia de amor y al que siguieron otros en prensa y televisión.
La pareja contrajo matrimonio el 2 de septiembre de 1932 en Valdelacasa, donde nacieron y donde han vivido durante ocho décadas. Para su hijo, ése es su secreto: «Siguen en su casa». Justo se dedicaba a la trata del ganado, mientras Lucía estaba al frente de la casa y el cuidado de los hijos. No faltaron dificultades: el largo servicio militar en Melilla, la Guerra Civil que llevó a Justo primero a África y después a la frontera con Portugal, la pérdida de dos de sus cuatro hijos, la operación de colon de Lucía hace 28 años… «Han trabajado mucho por defender a sus hijos, por darnos una educación y que vivamos decentemente», resume Galindo Rodríguez, que habla con admiración de sus padres que les han enseñado a los suyos a ser honrados y cumplir la palabra dada.
Hoy cuentan con cinco nietos y ocho biznietos. La última, recién nacida, se llama Lucía, en homenaje a su bisabuela.
La Fundación Pilares estrena una nueva colección de libros: Papeles de la Fundación
“La atención integral y centrada en la persona”
Actualmente se habla mucho de la atención centrada en la persona y también de la atención integral como modo de enfocar la intervención y organizar los servicios cuando se atiende a personas que requieren apoyos y cuidados de larga duración. Sin embargo, existe bastante confusionismo conceptual al aludir a estas cuestiones y no siempre la aplicación de estos modelos resulta acorde a su filosofía (salvaguardar la dignidad, los derechos y la autonomía de las personas que precisan apoyos desde los sistemas de atención y desde la intervención profesional).
En la publicación La atención integral y centrada en la persona que acaba de editar la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, se intentan clarificar esos conceptos y se ofrecen orientaciones basadas en evidencia científica, así como ejemplos derivados de la experiencia empírica sobre cómo avanzar en el desarrollo de este modelo de atención.
Porque tener una discapacidad o una situación de dependencia no debe ser un obstáculo para que las personas puedan seguir desarrollando sus propios proyectos de vida y vivir con bienestar y dignidad. Por ello, desde los recursos sociales y sanitarios (ya sea mediante la atención en el domicilio, en el entorno comunitario o en centros residenciales) debe y puede favorecerse que estos enfoques se apliquen de manera efectiva en la práctica cotidiana.
Se trata de una obra que puede resultar de utilidad para Administraciones Públicas, proveedores de servicios, profesionales del sector de la discapacidad y la gerontología, organizaciones y asociaciones, medios de comunicación y sociedad en general.
Fuente: http://www.fundacionpilares.
La reforma de la dependencia ha tenido «efectos devastadores»
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha asegurado que la reforma de la Ley de Dependencia que aprobó el Gobierno en julio de 2012 ha tenido «efectos devastadores», tras un año de la aprobación del texto.
Según los portavoces de la organización, la medida ha «consolidado la dinámica de destrucción paulatina del sistema» y ha «impactado» en las personas dependientes «impidiendo su acceso al sistema o expulsándolas del mismo».
Así, han acusado al Gobierno de «hacer un alarde de manipulación de datos sin precedentes» y de ofrecer información «mentirosa» cuando afirma que el número de desatendidos por los servicios sociales de atención a la dependencia bajó en más de 25.000 personas entre enero y julio de este año.
En este sentido, destacan que se trata únicamente de una «verdad a medias» y critican que el Gobierno no ofrezca los datos relacionados con la evolución del número de personas atendidas por estos servicios y que, según han indicado, «no solo ha permanecido más o menos constante, sino que se reduce sistemáticamente en lo que va de 2013».
En la misma línea, señalan que la explicación de la reducción en 100.000 personas desatendidas que el ministerio afirma haber logrado proviene de «aquellos a quienes se cercenó el derecho a atención» y de los que han muerto «sin haber sido atendidos por el sistema».
Por otra parte, aseguran que la reforma impulsada por el Gobierno ha supuesto la reducción de las prestaciones económicas de las 400.000 personas atendidas por el sistema y que 158.830 cuidadores familiares hayan dejado de cotizar a la seguridad social por la labor que realizan, también ahora, «pero sin ninguna cobertura».
También apuntan a una reducción, no solo de las personas desatendidas, que relacionan con un descenso de las personas con derecho a las prestaciones, sino también de las personas atendidas. En este sentido, señalan que de enero a julio de 2013, el sistema de atención a la dependencia se ocupa de 7.173 personas menos.
Por último, han criticado la supresión de los niveles convenidos de financiación a las Comunidades Autónomas para la atención a personas dependientes y aseguran que la ley «dilata los plazos hasta la desesperación» e influye en la destrucción de empleo del sector de servicios.
«Abuelos golondrina», cada uno con su informe clínico
Los conocidos «abuelos golondrina», que rotan durante todo el año o solo en verano por los diferentes hogares de los hijos, no solo cambian de domicilio también de médicos, lo que dificulta el seguimiento de su salud y de sus tratamientos. Por eso, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) advierte cada año que los mayores que se trasladen de casa lleven consigo un documento clínico informativo para evitar, en la medida de lo posible, ciertos problemas como la polimedicación, la prescripción de medicamentos innecesarios o la repetición de pruebas diagnósticas.
En concreto, la SEGG pide que lleven a las consultas información sobre el diagnóstico y tratamientos en vigor, periodicidad de los controles analíticos, datos de posibles alergias o intolerancias, así como una referencia al contexto sociofamiliar donde se explique la periodicidad de los cambios de domicilio. La vicepresidenta de la SEGG, Puerto Gómez, advirtió además que cambiar de casa continuamente dificulta la integración del mayor en el entorno: «Cada familia —dijo— tiene personas y dinámicas distintas y el mayor ocupa un rol diferente. La constante adaptación al cambio puede favorecer la ausencia de rol en la familia», afirmó.
La situación puede generar incluso conflictos entre los distintos miembros de la familia, normalmente provocados por una mala organización a la hora de repartir los cuidados. Pero, ante estas situaciones, los más perjudicados son nuestros mayores que por los constantes cambios de domicilio pueden sufrir problemas de adaptación, desarraigo y desorientación.
El Ayuntamiento almeriense no dará pasos atrás con las cuidadoras de dependencia
Después de semanas de negociación y de varios tira y afloja, la concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Almería, Aránzazu Martín, está dispuesta a sacar dos pliegos de condiciones diferentes para concertar el servicio de atención a personas dependientes con dos empresas diferentes. El motivo: la falta de acuerdo con las 53 trabajadoras del plan concertado de ayuda a domicilio del Ayuntamiento.
Martín explica que el Estado ha retirado la aportación al plan concertado de los ayuntamientos y ha apostado por unificar las ayudas en torno a la Ley de Dependencia a cuyas trabajadoras, más de 400, también subvenciona la Junta de Andalucía. La concejal entiende que lo suyo sería sacar unificar el servicio y no tener dos empresas diferentes, con condiciones laborales diferentes y una de ellas con, cada vez, menos aportaciones económicas “puesto que lo del plan concertado para la ayuda a domicilio se acaba”.
Pérdida de beneficios La edil reconoce que las 53 trabajadoras del plan concertado tendrán que perder algunos de sus beneficios. Además de una rebaja en el sueldo (pasarían a cobrar 13 euros la hora en lugar de los 24 actuales), se les pide una modificación en la jornada laboral que quizá no fuera inmediata, pero sí a medio o largo plazo.
Y es que, si se unifica el servicio, el medio centenar de trabajadoras de ayuda a domicilio no pueden “legalmente” entrar a formar parte de una empresa cuando el grueso del personal (más de 400 trabajadoras) tienen otras condiciones laborales inferiores. Así lo explica la concejal que ve “imposible” que el Ayuntamiento pueda subir el sueldo a más del doble a cientos de trabajadoras algo que ocurriría si éstas lo solicitan legalmente tras una unificación de servicios.
La concejal de Asuntos Sociales insiste en que se trata de “perder ahora, para ganar después”. No sólo se les garantiza el trabajo, la antigüedad y una indemnización, sino que tendrían un empleo “de gran proyección en el futuro” y en el que mejorarían las condiciones laborales en cuanto haya mejores perspectivas económicas, entiende la edil.
Una concejal que “se ha cansado” de la postura de las trabajadoras del plan concertado y está dispuesta a dejar los dos servicios y preparar dos pliegos de condiciones diferentes para concesionar el servicio a dos empresas.
Claro que así las trabajadoras del plan concertado no asegurarían su puesto de trabajo dado que “las ayudas para este plan se están agotando”, insiste.
Mediación del alcalde Por su parte, las cuidadoras del plan concertado han denunciado en una nota de prensa que la concejal “juega con los derechos y los puestos de trabajo” y piden al alcalde que intervenga a su favor. Si no iniciarán protestas, dicen.
Por otra parte, frente a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Almería, hay más de 400 empleadas más que están sujetas a la Ley de Dependencia de la Junta de Andalucía y que piden igualdad de condiciones laborales y “más compañerismo” a las que hoy dependen del Ayuntamiento. Consideran que la situación de crisis obliga a “apretarse el cinturón”, pero confían en que mejore a corto plazo.
Patronales de residencias de mayores piden a Junta andaluza no dejar de pagar plazas reservadas por cuestiones económica
Diferentes patronales de residencias de mayores han solicitado por escrito a la consejera de la Presidencia e Igualdad y futura presidenta de la Junta, Susana Díaz, que no aplique el proyecto de orden que ha iniciado la Consejería de Salud y Bienestar Social con el propósito de «dejar de pagar» las plazas reservadas en los centros para mayores «por falta de dinero» porque con ello «menoscabará la prestación de los servicios públicos esenciales».
Según ha informado a Europa Press el presidente de una de estas patronales, la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores en Andalucía, José Olmedo, con la modificación propuesta por Salud se permitiría a las residencias bajar el ratio de residentes autorizados en función de la población, cuando Andalucía cuenta sólo 2,8 plazas por cada mil habitantes cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 5,8.
Este hecho desencadenaría, según Olmedo, la pérdida de «unos 2.000 puestos de trabajo» en Andalucía, lo que además supondría grandes costes para las pymes porque «la mayoría de los empleados están indefinidos, y si tenemos que ponerlos en la calle porque hay menos ocupación y cuando esta suba volver a contratarlos nos costaría el collar más que el perro».
Según la patronal del sector, el proyecto de orden de la Junta consideraría vacía una plaza, y por tanto la dejaría de pagar, cuando el residente supere los cuatro días de permiso de fin de semana o vacaciones fuera de la residencia o bien cuando el titular se encuentre hospitalizado.
Olmedo ha criticado especialmente este aspecto, ya que ha puesto de manifiesto que «las personas mayores con frecuencia están en el hospital y cada vez que estén ingresados la Junta dejará de pagar esa plaza, pero al mismo tiempo estará reservada y no podrá entrar otra persona».
«UN AÑO MUY DIFÍCIL»
Según ha subrayado, esta nueva orden se produce durante un año «muy difícil», ya que hay más de 2.800 plazas sin ocupar y «este asunto está afectando de manera importante», sobre todo porque la mayoría de las residencias están en entornos rurales.
Asimismo, «se están llevando a cabo traslados de los pueblos a las ciudades, hay personas que están en pueblos porque cuando solicitaron la plaza no había sitio en la ciudad, y cuando hay sitio en las ciudades son trasladados», lo que se traduce en una despoblación de las pymes en los pueblos y supone «un problema grave», ha destacado Olmedo.
Sin embargo, a pesar de las 2.800 plazas vacías, la lista de espera para acceder a una plaza subvencionada por la Junta asciende a más de 40.000 personas, según los datos aportados por las patronales.
Catalunya tendrá una ley propia de dependencia antes de tres años
La Generalitat está elaborando el anteproyecto de una ley catalana de promoción de la autonomía personal para antes de que finalice la legislatura en 2016, con el objetivo de potenciar el sistema de servicios sociales de Catalunya e intentar subsanar las dificultades de financiación actual, fruto de los impagos del Estado.
Lo ha explicado la consejera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, en una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press, en la que afirma que los principios que inspiran la nueva ley son la «corresponsabilidad» entre el Govern, los dependientes y las familias, aunque no ha concretado si será a través de un mayor copago.
La próxima norma también persigue potenciar la prevención, la transversalidad, la atención integral, la optimización de recursos y la sostenibilidad económica, teniendo en cuenta que actualmente la Generalitat soporta el 80% de la financiación de la Ley de dependencia y el Estado aporta el 20%, mientras que el marco normativo establece que debería pagarse a partes iguales.
El Govern pretende ahora «reformular el papel de los servicios sociales» actuales con el objetivo principal de evitar duplicidades, aunque manteniendo el espíritu de territorialidad y cercanía que actualmente tiene la Ley de servicios sociales.
La ley propia de dependencia también «delimitará claramente las competencias de los distintos ámbitos y administraciones» que intervienen en el sistema de la dependencia, que van desde el prisma local hasta el estatal.
Munté ha insistido en la importancia de modificar el nombre de la ley española de dependencia y sustituirlo por el concepto de autonomía personal: «Se trata de cambiar el paradigma actual centrado en los servicios por otro centrado en las personas».
Comité de expertos
Munté ha revelado que actualmente un «comité de expertos» está trabajando en un documento de bases, para el que ya ha celebrado cuatro reuniones plenarias y 16 específicas por temas.
Una vez finalizado este trabajo previo, el documento de bases será sometido a la consideración y debate con representantes de personas dependientes y de sus familias, además de con los partidos parlamentarios.
Una vez estudiadas todas las aportaciones, se procederá a la elaboración de un nuevo documento que deberá servir de guía para redactar el proyecto de ley, ha concluido la consejera, tras recordar que el objetivo del Govern es culminar el proceso en tres años.
Gobierno valenciano concede 530 Bonos Respiro para estancias temporales en centros residenciales de mayores dependientes
La Consejería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana ha concedido este año un total de 530 Bonos Respiro, un sistema de ayudas para financiar estancias de carácter temporal en residencias para personas mayores dependientes, según ha destacado este viernes la titular de este departamento, Asunción Sánchez Zaplana.
Sánchez Zaplana ha explicado que el objetivo de este recurso «es ofrecer a las personas mayores dependientes la atención que requieren en un centro especializado que sustituya los cuidados que de forma habitual reciben en el ámbito familiar».
La consejera ha subrayado que, en muchos casos, «es la familia quien asume el cuidado de sus mayores dependientes, y desde la administración debemos apoyar a las familias a través de programas como el Bono Respiro, que permite sustituir de forma temporal al cuidador principal de la persona mayor dependiente».
En total se han concedido 530 Bonos Respiro, que se utilizan en las tres modalidades que contempla: mensual, de fin de semana o diario. Por provincias, se concedieron 408 en Valencia, 79 en Alicante y 43 en Castellón. Para este año, la Consejería de Bienestar Social ha destinado alrededor de 450.000 euros para financiar el programa.
Según Sánchez Zaplana, «la Generalitat, teniendo como prioridad la atención de las personas mayores y de sus familias, busca soluciones a través de servicios y recursos que mejoren las condiciones de vida de todos, sin olvidar por supuesto a los cuidadores, de forma que la atención a sus familiares no implique un desgaste físico y emocional».
El Bono Respiro está encaminado a satisfacer necesidades como la sustitución del cuidador principal cuando, de forma temporal y por necesidades sanitarias, sociales o laborales, no pueda realizar las actividades habituales que exige el cuidado de la persona mayor; cuidados del anciano tras altas hospitalarias en periodos de convalecencia; descanso del cuidador principal; o por otras necesidades que impidan a las familias, transitoriamente, la atención a personas mayores dependientes a su cargo.
DISTINTAS MODALIDADES
La Generalitat establece varias modalidades del Bono Respiro: Mensual o Bono Verde que consiste en una estancia durante un mes consecutivo, cuando por las necesidades sanitarias o sociales la persona mayor necesite la atención integral en un centro especializado. Esta modalidad podrá hacerse efectiva durante un mes natural o bien de fecha a fecha en dos meses consecutivos, siempre que su disfrute se realice con anterioridad al 31 de diciembre de 2013.
Asimismo, se dispone del Bono Respiro Días o Bono Azul, que consistirá en 20 bonos diarios para la atención en residencias que podrán hacerse efectivos a lo largo de 2013, durante 20 días consecutivos o agrupados, en cuyo caso el mínimo será de dos días consecutivos y el Bono Respiro Fin de semana o Bono Blanco, consistente en 12 bonos para disfrute en una residencia de tercera edad, en los fines de semana que el interesado elija. En este caso, podrán disfrutarse en un horario que se establece a partir de las 9.00 horas del viernes hasta las 17.00 horas del domingo.
Los inspectores de servicios sociales andaluces realizan 330 controles diarios en centros y domicilios
Los más de 2.400 controles que realizaron el año pasado los inspectores de servicios sociales de la comunidad se saldaron con la apertura de 48 expedientes sancionadores y el cierre de una residencia, en Fuente Vaqueros (Granada). Los técnicos realizaron también 74.315 visitas domiciliarias para supervisar las prestaciones de la Ley de la Dependencia. El 85% de los usuarios consideraron que la atención que reciben cubre sus necesidades básicas y el 93% de los controles sobre cuidados en el entorno familiar obtuvo informe favorable, según los datos del plan de inspecciones de 2012 que ha presentado este viernes la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero.
Los 280 inspectores de los servicios sociales de Andalucía realizaron el año pasado una media de 330 inspecciones diarias. En total, 76.696 controles (2.423 en centros y 74.173 en domicilios). La mayoría de los centros visitados son residencias de mayores públicas, concertadas y privadas, pero también centros para personas con discapacidad, drogodependencia, enfermedad mental, servicios sociales comunitarios y atención a la mujer.
Los inspectores decretaron el cierre cautelar de una residencia concertada en Fuente Vaqueros porque, según ha señalado Montero, ni las condiciones que ofrecía ni el trato que prestaba eran “adecuados”. Sus responsables intentaron obtener de nuevo los permisos para reabrir pero fueron denegados y el centro sigue cerrado.
Respecto a los 48 expedientes abiertos a centros, la casuística es variada, pero predominan los casos en los que los se detectan fallos en las condiciones “materiales” de los centros, como problemas de accesibilidad o de climatización. “Son muy minoritarios los casos más graves, de falta de atención o de higiene”, ha afirmado Montero. Tras conocer el resultado de las inspecciones a centros, la Consejería se ha marcado tres objetivos fundamentales de mejora: impulsar la implantación de sistemas de control de la calidad (solo el 21% de los centros cuentan con una certificación externa de calidad), impulsar la formación de profesionales según el modelo de gestión por competencias y la puesta en marcha de planes de autopreotección en todos los centros, explicó Montero.
En las inspecciones sobre los cuidados en el entorno familiar, los técnicos controlaron, sobre todo, que las prestaciones económicas se empleen para la finalidad con la que fueron concedidas. De los 47.155 casos analizados, 43.854 se consideraron correctos. En la mayoría de los otros 3.300, los inspectores trasladaron la situación a las delegaciones provinciales de Salud para valorar la posibilidad de cambiar la prestación. “No siempre hay mala fe” de los familiares, ha señalado la consejera, que adelantó que la Junta prepara un decreto para simplificar y agilizar los trámites para la apertura de estos centros.
Plataforma Dependencia, preocupada por el futuro de las ayudas a familiares
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha expresado hoy su opinión respecto a la Orden, publicada ayer, que regula la Dependencia en la región, y muestran su preocupación por la eventual desaparición de las prestaciones que reciben los familiares cuidadores.
En un comunicado, este colectivo ha puesto de manifiesto su inquietud por los cuidadores familiares, el más amplio e importante dentro de la Ley de Dependencia, «ante la posibilidad que se pudiera abrir para dejarlos sin las prestaciones económicas que ahora reciben».
También han expresado su sorpresa por la celeridad en la publicación de dicha Orden, «en pleno periodo estival», así como «la falta de consultas y aportaciones» de la citada plataforma, que «quizás, hubieran enriquecido y modulado algunos aspectos de la citada orden».
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha entiende que en la citada Orden de la consejería de Sanidad se «aumentan de forma sustancial el proceso y las condiciones» para el acceso a las prestaciones de posibles nuevos beneficiarios, sobre todo a las personas valoradas como grandes dependientes.
Ello conllevaría, afirman en el comunicado, la práctica imposibilidad de poder ofertarles otros servicios, servicios que en realidad no podrían disfrutar, obviando que el espíritu de esta Ley era mantener a la personas dependientes dentro de su ambiente familiar con todos los beneficios que para ellos esto representa.
Además, han remitido a un estudio por parte de sus servicios jurídicos determinados artículos de esta Orden que «podrían no estar ajustados a derecho».
No obstante, valoran de forma positiva que se potencie en la Orden la prevención de las situaciones de dependencia y la intención de incorporar a los dependientes de grado moderado a algunas prestaciones antes de enero de 2015, aunque se muestran «expectantes».
AERTE solicita una reunión urgente con las Consellerias de Bienestar Social y de Hacienda para buscar una solución
El Gobierno deja fuera del Mecanismo de Pago a Proveedores a los centros de dependencia de titularidad pública al que se comprometió la Generalitat Valenciana.
La Conselleria de Bienestar Social debe más de 50 millones de euros a centros de titularidad pública que atienden a más de 5.000 personas con dependencia y/o discapacidad. El promedio de tiempo sin cobrar es cuatro veces superior en la Comunidad Valenciana.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), ante la exclusión del compromiso por parte de la Generalitat de introducir el pago pendiente a los centros de titularidad pública dentro del primer tramo del Mecanismo de Pago a Proveedores, desea manifestar que:
– La Conselleria de Bienestar Social debe más de 50 millones de euros a los centros de atención a dependientes de titularidad pública. Esta cantidad corresponde a todas las facturas desde octubre de 2012 que, en algunos casos, incluso se remontan a meses anteriores
– Que a pesar de ser debido a directrices del mismo mecanismo de pagos establecido a nivel nacional y de los esfuerzos efectuados desde la misma Conselleria de Bienestar Social por cumplir con el compromiso adquirido con estos centros, la situación en la Comunidad Valenciana es la más grave de toda España, ya que el promedio de tiempo sin cobrar es cuatro veces por encima de la media.
– Esta situación supone un importante agravamiento para la continuidad de estos centros de titularidad pública que atienden a más de 5.000 personas, entre dependientes y discapacitados, y da empleo a más de 3.000 profesionales. Algunos de ellos ya no cobrarán, de nuevo, sus nóminas de agosto y la mayoría de ellos las de septiembre si no se abonan las cantidades comprometidas por Conselleria y ante la dificultad añadida de poder negociar con entidades financieras el adelanto de financiación para la supervivencia de los centros.
– Ante la insostenibilidad total que supone el impago continuado y la falta de ejecución de los diversos compromisos de pago adquiridos por la administración valenciana, Aerte ha solicitado por vía de urgencia una reunión a la consellera de Bienestar Social y al conseller de Hacienda y Administración Pública con el fin de encontrar las fórmulas que permitan un compromiso serio y en firme para poder incluir, tal y como se comprometió la Conselleria de Bienestar Social, la deuda acumulada dentro del Mecanismo de Pago a Proveedores.
– Aerte, patronal del sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana y única asociación que representa a las empresas que gestionan centros de titularidad pública, ofrece una vez más la máxima colaboración a la Administración valenciana para trabajar de forma conjunta a favor de la sostenibilidad de un sector que aglutina, solo en la red de Aerte, a más de 10.000 profesionales y más de 200 centros que atienden día a día a más de 22.000 personas.
García Ferrer afirma que la nueva ley de dependencia será ‘más sostenible y eficiente’
El director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan José García Ferrer, señaló que la nueva ley de dependencia va a ser «más sostenible y eficiente» y va a apostar más por la «prevención que la intervención».
García Ferrer se pronunció así tras la reunión mantenida con la presidenta de la Federación Provincial Alcarreña de Jubilados y Pensionistas de la Tercera Edad, Carmen Hombrados, con el objeto de informar a este colectivo acerca de la nueva normativa que entrará en vigor en breve, según palabras del director general de Mayores.
«Entendemos que era importante regular los servicios de prevención y de promoción de la independencia personal y así lo hemos recogido en la nueva ley», señaló el director general de Mayores, quien destacó que la nueva normativa recoge con detalle los servicios de atención al dependiente, «apostando por un modelo de servicio público y, si con éste no es suficiente, aportar el dinero necesario para que el dependiente contrate a profesionales que le presten dicho servicio».
En este sentido, defendió la profesionalización de la asistencia a los dependientes a la región, con un apoyo en casa en lugar de la asistencia en residencias y la inclusión del dependiente moderado «que con la actual ley no está recogido de forma detallada».
Todas estas medidas recogidas en la nueva normativa, insistió García Ferrer, van encaminadas a un objetivo único que es atender a los que más lo necesiten y de forma proporcionar a sus necesidades.
El director general explicó, asimismo, que la Consejería va a mantener el mismo número de horas de ayuda a domicilio a todos los grandes dependientes, a pesar de que el acuerdo del Consejo Interterritorial contempla que se reduzca su intensidad más de un 20 por ciento.
Para el próximo año, el Gobierno regional tiene prevista una inversión de más de 400 millones de euros para atender a las personas en situación de dependencia, señaló García Ferrer.
Por su parte, Carmen Hombrados manifestó su apoyo a la nueva ley que «no viene a quitar nada» sino a regular los servicios y adaptarla tras ocho años en funcionamiento de la norma. Como representante del colectivo de jubilados y pensionistas de la provincia agradeció a la Junta que «hayan contado con nosotros para saber las necesidades y servicios más adecuados» que la nueva ley debe recoger.