Dependencia
Guía para el lado cotidiano del Alzheimer
Las personas que sufren una patología relacionada con algún tipo de pérdida de memoria, como son, por ejemplo, las que padecen laenfermedad de Alzheimer, pueden estar perfectamente bajo control en una residencia de la tercerda edad, en un centro de día o junto a un cuidador profesional, pues ese personal especializado y formado conoce al dedillo cómo actuar en cada momento.
Pero, ¿qué ocurre cuando una persona con Alzheimer pasa muchas horas en casa? ¿Están verdaderamente preparados los familiares para saber qué hacer con su ser querido con tal enfermedad? ¿Saben qué pasos seguir o cómo mantener a esa persona satisfechamente ocupada para que la situación no se venga abajo?
La psicóloga Sara Aguado ha diseñado una novedosa guía a seguir encaminada única y exclusivamente a la actividad cotidiana de las personas que se encuentran en los primeros estadios de Alzheimer, una parte de la vida «que está más olvidada», apunta la propia Aguado.
El producto principal es una agenda, «lo más sencilla posible para que la puedan manejar ellos solos», dirigida a que estas personas, tras una serie de pautas, puedan apuntar ellas mismas las actividades que deben hacer durante el día, «que puedan reconocerse su letra» y organizarse por su cuenta para «fomentar su autonomía» y que el familiar pueda vivir un día a día más tranquilo. Será un cuaderno estructurado de tal forma «que no aparezca mucha letra en cada página». Prácticamente, «papel y lápiz». Las pautas, las ideas aplicadas a la realidad, es lo que cuenta, realmente.
Junto a ella, trabajan en el proyecto Íñigo Álvarez y Luis Gómez, que, con su empresa, Crearemás, se encargarán de desarrollar una plataforma informática de apoyo al proyecto, además de grabar un cd que será un ‘libro de instrucciones’ digital.
Mato niega que se haya eliminado la teleasistencia y PSOE le dice que hay afectados «con nombre y apellidos»
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha negado en el Pleno del Senado que su departamento haya eliminado el servicio de teleasistencia a personas mayores y con discapacidad y el PSOE le ha reprochado que hay afectados «con nombres y apellidos».
Mato ha indicado al senador socialista Andrés Tovar que éste y otros servicios se estaban prestando «por dos o por tres administraciones a la vez» y que el objetivo del Gobierno ahora es resolver «con claridad» a qué ventanilla tienen que dirigirse los beneficiarios para que no se «vuelvan locos».
Asimismo, ha señalado que la teleasistencia es una prestación que se incluye en el catálogo del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), que, según ha afirmado, «se va a seguir ofreciendo». «Ahora pretendemos que sea una sola administración la que se haga cargo», ha apostillado.
El senador socialista le ha reprochado que el ministerio haya decidido de forma «unilateral» su aportación al convenio con la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por el cual, a través de ayuntamientos y diputaciones, llegaba el servicio de teleasistencia a las personas que viven solas y corren un grave peligro de accidente o enfermedad.
«RESUELVA ESTE PROBLEMA ANTES DE QUE LA CESEN»
Tovar ha asegurado a Mato que le puede dar «nombres y apellidas de personas en listas de espera sin estar atendidas por estos servicios de teleasistencia», y ha pedido a la ministra que se entere de «cuál es la situación real» porque, a su juicio, este servicio es «fundamental para la seguridad de las personas y salva vidas humanas».
«Sabemos que tiene serias dificultades para enterarse de los problemas de los ciudadanos, e incluso de algunos que usted tiene cerca», ha indicado el senador, en referencia a las informaciones relativas al ‘caso Gürtel’. «Antes de que la cesen le pido que resuelva este problema porque se lo agradecerán los alcaldes y las familias», ha concluido.
Sánchez Zaplana considera «necesaria» la colaboración entre Generalitat y las entidades del sector de la discapacidad
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha considerado este lunes «necesaria» la colaboración entre la Generalitat y las entidades representativas del sector de la discapacidad en la Comunitat Valenciana, según ha informado en un comunicado el Gobierno autonómico.
Sánchez Zaplana ha realizado estas declaraciones durante su presencia en Petrer (Alicante), donde ha visitado el Centro de Atención Integral (CAI) para grandes dependientes, «un recurso que es ejemplo de trabajo conjunto entre las administraciones central, autonómica, provincial y local, las obras sociales de Caja Madrid e Ibercaja, y gestionado por la Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría».
En el mismo sentido, ha recordado que el Consell invirtió 2,5 millones de euros para su construcción y puesta en marcha, y destinó otros 400.000 al mantenimiento de sus plazas en 2012. «El CAI de Cocemfe Alicante responde a las demandas trasladadas por la entidad a Conselleria y, además, se ha constituido como un centro de referencia nacional por su accesibilidad y diseño, domótica y control del entorno», ha agregado.
El recinto tiene una capacidad para 40 personas en régimen residencial y para 30 en centro de día. Es un recurso de alojamiento especializado y dirigido a personas con discapacidad física u orgánica de gran dependencia, con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años.
La Generalitat ha indicado que la Comunitat dispone en la actualidad de 10.733 plazas residenciales y diurnas en 295 centros de diferentes tipologías, destinados a personas con discapacidad. De ese total de puestos, el 86,8 por ciento son financiadas por el Ejecutivo valenciano.
AUMENTO DE LOS RECURSOS
Sánchez Zaplana ha subrayado que en los últimos cinco años «han aumentado en un 33 por ciento los recursos dirigidos» a este colectivo, y ha enfatizado que «desde los distintos departamentos del Consell se están volcando todos los esfuerzos para atender las necesidades» de estas personas.
Así, ha recalcado que se preservarán los equipamientos disponibles y se hará «un uso eficiente» de los mismos, «trabajando de forma coordinada y transversal entre los servicios de discapacidad y los de asistencia sanitaria».
Durante su visita a las instalaciones de Petrer, ha expresado su felicitación a Cocemfe por la labor que desarrolla, «haciendo valer los derechos y trasladando las demandas» de este colectivo. Además, ha resaltado la profesionalidad del personal del centro, «por el magnífico trabajo que realizan día a día en la atención que ofrecen a quienes acuden a ellos».
Decenas de personas se concentran ante Salud contra el «cierre» de la residencia de mayores de Montequinto
Decenas de personas –«entre 70 y 80», según los organizadores– se han concentrado este viernes por la mañana en Sevilla ante la sede de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, convocadas por el movimiento 15M, para rechazar el «cierre» de la residencia asistida de mayores ubicada en Montequinto, en Dos Hermanas (Sevilla), que, según este colectivo, tiene previsto ejecutar próximamente el Gobierno andaluz.
Fuentes de la Asamblea 15M de Montequinto han indicado a Europa Press que un asesor de la Consejería que dirige María Jesús Montero ha salido a recibirles en el transcurso de la concentración, ya que, según les han explicado, la titular del departamento, con la que los manifestantes querían reunirse, no se encontraba en ese momento en el edificio.
Dicho asesor se ha comprometido a «mediar» para que la consejera les reciba un día de la próxima semana, han señalado las mismas fuentes, que han destacado que llevan «tres meses pendientes» de que Montero les conceda una reunión, una petición que también habían solicitado meses atrás, sin éxito, con la titular de la extinta Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro.
En la referida reunión, de producirse, los representantes del 15M tienen previsto pedirle a la responsable de Salud y Bienestar Social que les explique «las razones que justifican el cierre de la mejor residencia para grandes dependientes de Andalucía».
Las fuentes consultadas aseguran desconocer la fecha en la que se consumará dicho «cierre», si bien han asegurado que esa decisión está tomada, y que «no va a consistir en un traslado» como, según han indicado, les «hicieron creer desde la Junta al principio», porque «no se va a construir una nueva residencia para sustituir a ésta».
Al hilo de ello, desde el 15M han criticado al Gobierno andaluz por «olvidarse de la parte más vulnerable de la sociedad, que son las personas mayores», y «especialmente los grandes dependientes, que necesitan unos edificios con unas características específicas» como las que, en su opinión, presenta la referida residencia, con «capacidad para 271 personas» y que actualmente acoge «en torno a 140 ancianos».
En ese sentido, desde el 15M alertan de que el «cierre» de la residencia «va a suponer la reducción del 45 por ciento de las plazas públicas para mayores y grandes dependientes en toda la provincia de Sevilla», lo cual, apostillan, «va a suponer una tragedia habida cuenta de la derogación de la Ley de Dependencia», y, además, va a conllevar «el desahucio de su hogar de más de 140 ancianos y dependientes».
Héctor lleva aguardando por la Ley de Dependencia casi tres años
Una familia palmera está dispuesta a llegar a los tribunales para conseguir que Héctor, su hijo de seis años con síndrome autista y reconocido como gran dependiente en el marco de la Ley de Dependencia, se le reconozcan sus derechos y se cumpla con los preceptos de una normativa que, entre otras prestaciones, le reconoce una prestación económica para cuidados en el entorno familiar y de asistencia personal.
Ya han transcurrido casi cuatro meses desde que sus padres presentaron ante la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias una demanda de responsabilidad patrimonial por el enorme retraso en la confección del Programa Individual de Atención para Héctor. Un paso que decidió dar la familia y tras el que fueron recibidos por la propia consejera responsable del área, Inés Rojas, quien, según detalló el padre del menor en declaraciones a este periódico, “nos explicó que no estaba prevista la inclusión de ningún dependiente más en el sistema por la falta de recursos económicos”.
Una vez se cumplan los seis meses sin respuesta por parte del organismo competente en esta materia, llegando a lo que técnicamente se define como “silencio administrativo”, la familia de este niño tiene previsto interponer una demanda por la vía judicial para conseguir alcanzar los derechos que le corresponden a este niño.
Los padres de Héctor decidieron cambiar toda su vida, trasladándose a la vecina isla de Tenerife y abandonando la madre su puesto de trabajo que tenía en La Palma, para atender las necesidades del pequeño. Trabajan cada día para conseguir una mejora de las capacidades del pequeño, una labor para la que cuentan con la colaboración de los profesionales de la Asociación de Personas con Autismo de Tenerife (Apanate).
Una entidad sin ánimo de lucro y de reconocido prestigio en el tratamiento del autismo, que comenzó a desplegar su actividad en el año 1995 con el fin de promover el bienestar y la calidad de vida de las personas que sufren esta enfermedad, ofreciéndoles tratamientos específicos de acuerdo a sus características. De ahí el esfuerzo que han realizado los padres de Héctor para que su hijo pueda recibir una atención especializada.
BATALLA ADMINISTRATIVA
La familia ha reclamado ante todas las instancias administrativas posibles, y aunque reconocen estar “agotados” por el desgaste personal que esta batalla administrativa les está suponiendo, aseguran que no van a cejar en su objetivo de conseguir que el Gobierno de Canarias cumpla con los preceptos de una Ley que debería amparar a Héctor pero que se sigue incumpliendo en base a los recortes impuestos por el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro y que el ministro anunció en enero del pasado año en el Congreso de los Diputados.
Tras esa vía, que cercenó el derecho a las prestaciones de miles de dependientes, el entonces viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias y responsable del área de Dependencia, Melchor Núñez, explicó a este periódico que “la decisión que han tomado es muy grave porque contraviene la Ley de Dependencia y el Gobierno de Canarias no está de acuerdo con esta medida”.
Pese a esa postura en contra de los recortes del Estado, es ahora el Gobierno de Canarias el que niega a Héctor las prestaciones reconocidas por la normativa, algo sobre lo que el Diputado del Común preguntó meses atrás a la Administración, recordando “la demora injustificada en la tramitación de los procedimientos de la reconocimiento de la situación de dependencia y derechos del sistema”.
Unos padres que están dispuestos a seguir luchando para que la Administración pública reconozca los derechos de su hijo y que no piensan arrojar la toalla pese a las dificultades con las que se han encontrado a lo largo de este camino. La Ley de Dependencia los ampara y no van a ceder en esta batalla por el bienestar de su hijo.
Asunción Sánchez Zaplana tiene previsto saldar la deuda con los centros de discapacitados en un plazo máximo de tres meses
Asunción Sánchez Zaplana
La Conselleria de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, reconoció ayer que el departamento que dirige desde diciembre tiene previsto saldar la deuda con los centros de discapacitados en un plazo máximo de tres meses, aunque prefirió no «garantizar» una fecha hasta que no finalice la negociación que mantiene con la Conselleria de Hacienda.
«Creo que en dos o tres meses vamos a tener respuestas para todos los colectivos. Es lo que creo, pero no lo puedo garantizar hasta que no acabe de trabajar con Hacienda», explicó la titular de Bienestar Social, quien destacó el desembolso de 32 millones realizado por el departamento que dirige el pasado mes de enero, como pago de parte de las deudas que arrastraba con los centros.
Así se mostró ayer Asunción Sánchez Zaplana durante su visita al centro de personas con discapacidad psíquica Camp Santa Faz de Alicante, que depende íntegramente de la Generalitat, atiende residencialmente a 90 personas, con 69 plazas más del centro de día y está especializado en personas adultas con discapacidad psíquica profunda y severa. Durante el recorrido oficial, la consellera señaló que «una de las prioridades» del Consell es «ofrecer la mejor atención» a este colectivo, «garantizando su bienestar y su integración social».
La consellera -exconcejala de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante- también se mostró contraria a la eliminación de programas de atención básica hacia los colectivos más vulnerables pese al recorte presupuestario del 9%. «Vamos a intentar que el descenso en el presupuesto afecte lo menos posible. Trabajamos para ser capaces de mantener el 100% de la atención. Nuestro objetivo es priorizar la atención a discapacitados y dependientes. Por ello, en este 2013, pido un esfuerzo a los centros», afirmó Sánchez Zaplana, quien matizó que, en caso de prescindir de alguna actuación, estaría relacionada con algún programa «complementario».
“El Sistema de Atención de la Dependencia tiene fecha de cierre, cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios y los que tienen el derecho reconocido”
La Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia denunció hoy el “desmantelamiento” que a su juicio está sufriendo el Sistema de Atención a las Personas Dependientes.
La organización indicó en una nota de prensa que el sistema de atención a la dependencia ha perdido 4.524 beneficiarios, según los datos publicados por el Gobierno.
La coordinadora critica que “se está dejando morir el Sistema de Atención a la Dependencia, ya que desde hace seis meses no se mantiene la tasa de reposición de beneficiarios, bajan las solicitudes, los dictámenes de atención a grandes dependientes”.
Por otro lado, augura que “el Sistema de Atención de la Dependencia tiene fecha de cierre, cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios y los que tienen el derecho reconocido”.
Solo en este último mes, informó la coordinadora, se han cerrado 494 plazas de residencia, 67 de centro de día, 834 de ayuda a domicilio y 1.488 de teleasistencia, lo que supone el despido de casi un millar de trabajadores del Sistema de Atención a la Dependencia.
Además, 3.905 cuidadores familiares dejaron de recibir una prestación económica y 1.621 se han dado de baja en el convenio especial de laSeguridad Social, con la consiguiente desprotección y pérdida de todo derecho básico.
Asimismo, la coordinadora afirma que “se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que se conceda un menor grado de dependencia y, por tanto, reducir los costes».
El Gobierno de Aragón garantiza la financiación de la teleasistencia que el IMSERSO ha dejado de aportar
La directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Cristina Gavín, ha informado en la reunión con técnicos de las Diputaciones y Ayuntamientos con motivo de la prestación del servicio de teleasistencia, que el Gobierno de Aragón aportará la cantidad que el IMSERSO ha dejado de abonar para este año y así asegurar este servicio que utilizan 16.657 aragoneses.
El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, anunciaba el pasado mes de diciembre de 2012 en las Cortes de Aragón, que el Gobierno garantizaría la financiación de la teleasistencia, tanto para personas dependientes, como no dependientes.
En la actualidad se trabaja en la orden que regula el servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia en el marco de la atención a la dependencia, del que hasta ahora no formaba parte, que armoniza y homogeneiza unos mínimos básicos, y ya se han iniciado las conversaciones con las entidades locales que, hasta ahora, prestaban la teleasistencia fuera del ámbito de la dependencia.
Además, en la reunión de este lunes del Gobierno de Aragón con las Diputaciones provinciales de Huesca, Zaragoza y Teruel, junto con el Ayuntamiento de Zaragoza se han emplazado a trabajar técnicamente para concretar un servicio con un común denominador en cuanto a la calidad y al servicio en todas las provincias, ha informado el Gobierno de Aragón en un comunicado.
En la reunión también se ha trabajado en buscar una fórmula en la que «todos los aragoneses tengan las mismas posibilidades de entrada para recibir el servicio de teleasistencia domiciliaria».
Este servicio es un recurso que permite la permanencia de los usuarios en su medio habitual de vida, así como el contacto con su entorno socio-familiar, evitando el desarraigo y asegurando la intervención inmediata en crisis personales, sociales o médicas para proporcionar seguridad y mejor calidad de vida de los usuarios.
José María Moreno, nuevo presidente de Aerte hasta la consolidación del proceso electoral en abril
La Junta Directiva de Aerte, principal patronal de la dependencia valenciana, ha elegido por unanimidad a José María Moreno como presidente de la Asociación, tras la entrada en vigor de la dimisión anunciada por Alberto Giménez el pasado mes de diciembre por la incompatibilidad con nuevos proyectos profesionales y hasta que se materialice el proceso electoral que culmine en el mes de abril.
José María Moreno era vocal de la Junta Directiva de Aerte, por la que ha pasado ocupando diversos cargos desde hace más de 12 años, y por ello conocedor de la realidad y retos del sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana. También es un prestigioso empresario con una dilatada experiencia en el sector y cuenta con amplios como conocimientos y voluntad para afrontar los graves problemas por los que atraviesa el sector dependencia.
Durante su presidencia, José María Moreno trabajará para defender los intereses de los asociados de Aerte, quienes actualmente se encuentran en una situación muy compleja por la falta de liquidez y los impagos que arrastran desde 2012, así como por conseguir un serie de reivindicaciones históricas del sector que lleven a alcanzar el restablecimiento del equilibrio entre los distintos agentes implicados.
Consejera andaluza de Salud advierte al Estado de que las CCAA solas no pueden sostener las prestaciones por Dependencia
La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha advertido de que al Gobierno central de que las CCAA solas no pueden sostener las prestaciones por Dependencia y le acusa de llevar a cabo una «derogación velada» al «retirarse» de las aportaciones que está obligado por ley.
«Piensa que las comunidades solas y las corporaciones locales podemos sostener este pilar del Estado del Bienestar, pero desde ya le digo que es imposible», ha matizado.
Durante su comparecencia este miércoles en la Comisión del ramo del Parlamento andaluz a fin de informar sobre el grado de aplicación de esta ley, tanto a petición de IU como del PSOE, Montero ha apostado por «unir fuerzas» para que se pueda «disuadir al Gobierno de su intención de retirase de las aportaciones a la ley».
Así, ha reprochado que el Gobierno se haya «retirado» del reparto de la carga económica, «que antes estaba al 50 por ciento por parte del Estado y el 50 por las CC.AA., y ahora es del 30 y 70 por ciento, respectivamente», al tiempo que ha denunciado, por contra, la «extralimitación que la Administración estatal está haciendo en sus competencias al invadir las de las comunidades», en relación al nuevo procedimiento para el reconocimiento del derecho a las prestaciones previstas en esta normativa.
«Sólo en 2012 hemos contado con 89 millones de euros menos para el desarrollo de la Ley de Dependencia porque el Gobierno ha dejado de aportarlos», ha recordado Montero, quien, pese a esta menor aportación estatal, ha lamentado que el Gobierno central «encima quieran acusar a la Junta de dar una ‘paguita’ a las familias».
«La falta de aportación del Gobierno no se pueden compensar ni por corporaciones locales ni por la Junta, además de que ello está provocado que el ritmo de incorporaciones a la ley se haya ralentizado, que exista una menor tasa de reposición o que encima quieran acusar a la Junta de dar una ‘paguita'», ha lamentado.
Pese a esta «derogación velada» de la ley por «falta de financiación estatal», Montero ha ensalzado que el «esfuerzo» del Gobierno andaluz está haciendo posible que en Andalucía «existen más de 190.000 personas beneficiarias de la ley, lo que supone que uno de cada cuatro españoles con alguna prestación de las recogidas en esta Ley es andaluz».
Según ha defendido, uno de estos servicios es la Teleasistencia, que en Andalucía reciben actualmente 66.528 personas, «es decir, el 51 por ciento del total nacional».
«NUEVAS TRABAS»
Respecto a las «nuevas trabas» que estaría poniendo el Gobierno central, ha aludido a la «obligatoriedad» que a partir de ahora tienen los usuarios de presentar documentos como el informe de salud, el compromiso de la persona cuidadora y la documentación acreditativa de la capacidad económica, «que hasta ahora no se exigían».
«El Gobierno de España llega a quebrar el principio de confianza y buena fe entre administraciones, al exigir nuevas certificaciones a las comunidades, que pierden margen de maniobra para prestar el servicio eficazmente», ha insistido en sus denuncias Montero, al tiempo que alertado de que estas medidas del Ejecutivo central estarían provocando, en la práctica, «la minoración del ritmo en el desarrollo de la aplicación de la Ley, no sólo por los recortes en financiación, sino también por los continuos cambios normativos impulsados que obligan a adaptaciones normativas a nivel autonómico que ralentizan el sistema».
INVERSIÓN ANDALUZA
Por contra, ha subrayado que Andalucía ha invertido más de 4.500 millones de euros en la aplicación de la Ley desde su entrada en vigor y que ha multiplicado por siete la cantidad destinada a la Dependencia por parte de la Junta desde 2007. En cuanto al número de prestaciones, en Andalucía se han concedido 261.000, lo que representa el 27,2% del total.
Asimismo, 177.000 andaluces reciben el servicio de teleasistencia, de las que en torno a 66.500 son personas en situación de dependencia, lo que significa más de la mitad de las personas que reciben este servicio en toda España. Igualmente, en cuanto a ayuda a domicilio, en Andalucía hay más de 49.800 personas beneficiarias, el 40 por ciento del total nacional. Además, la cifra de personas beneficiarias de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar asciende a 107.800.
VOLUMEN ANDALUZ POR ENCIMA DE VARIAS CC.AA.
Tras aportar estas cifras, Montero ha subrayado que Andalucía suma actualmente «casi las mismas prestaciones que Castilla León, Valencia, Madrid y Galicia juntas», al tiempo que ha destacado que la ratio de personas beneficiarias en Andalucía, «según los datos del Imserso, es de 2.257 personas por cada 100.000 habitantes, frente a comunidades como Murcia (1.781), Madrid (1.252), Galicia (1.397) o la Comunidad Valenciana (con una ratio de 837 por cada 100.000 habitantes)».
Además, ha aludido al Dictamen del Observatorio de la Dependencia conocido recientemente, «que ha dado un notable a Andalucía en relación a los últimos seis meses de aplicación de la Ley, frente a los suspensos de Valencia, Canarias, Baleares o Aragón».
La consejera ha detallado que la supresión del Nivel Acordado en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 supuso 70,7 millones de euros menos para la aplicación de la ley en Andalucía. Además, los PGE para ese ejercicio retrasaban a 2015 la entrada en el sistema de las personas en situación de dependencia moderada. Igualmente, en julio de 2012 el Real Decreto ley 20/2012 estableció otra batería de modificaciones en la Ley, entre las que la titular de Salud y Bienestar Social ha destacado la reducción de la aportación estatal al Nivel Mínimo de la Dependencia, lo que supuso 18,5 millones de euros de recorte. Todo ello supone, según ha manifestado Montero, una reducción de 89 millones de euros en los recursos que destinaba el Gobierno central a Andalucía el año pasado.
«AYUDA DEL GOBIERNO CENTRAL A LOS LOBBIES»
Asimismo, Montero se ha referido a la bajada de un 15% acordada por el Ejecutivo central en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, el aumento del copago en dependencia, la reducción de la intensidad de algunas prestaciones, como la ayuda a domicilio «o el modelo que pretende implantar el PP y que favorece la institucionalización de las personas en situación de dependencia, a través de concesiones a los lobbies en detrimento de los usuarios y dejando de lado aspectos como la ruralidad, que es especialmente importante en Andalucía».
Igualmente, el dato de recortes extrapolado a 2013 se cifra, según la consejera, en 125 millones de euros, con lo que en dos años Andalucía dejará de percibir 214 millones de euros para dependencia.
50.000 ANDALUCES A LA ESPERA DE SE LES REALIZA EL PIA
Respecto a la ralentización, la consejera ha apuntado que en Andalucía existen unos 50.000 ciudadanos a la espera de que se les realice el Programa Individual de Atención (PIA), de los que casi un 75% (37.617) corresponden a personas en situación de dependencia moderada cuya incorporación al sistema ha sido retrasada por el Ejecutivo central hasta 2015. No obstante, Montero ha indicado que desde Andalucía se hará un esfuerzo para intentar que esa incorporación se haga antes.
Aerte no firmará el nuevo convenio con el Consell hasta que le pague la deuda
Aerte considera que no «existe garantía del cumplimiento del mismo» y quiere aclarar, «en contra de los comunicados que han vertido los sindicatos UGT y CCOO en la que se les tilda de irresponsables, la situación de la mesa de negociación del convenio colectivo».
Aerte afirma en un comunicado que está concentrando sus esfuerzos en resolver la situación de impagos que la administración valenciana tiene con sus empresas asociadas, de la que se ha pagado aproximadamente un 10% del total pendiente, a todas luces insuficiente.
Por ello no está dispuesta a firmar un convenio en negociación pues mientras no exista un calendario de pagos por parte de la administración, no existe garantía del cumplimiento del mismo.
La patronal ya ha manifestado en diferentes ocasiones que el condicionante para la continuidad en las negociaciones con cualquier agente del sector -desde la firma del protocolo de colaboración con la conselleria como la firma del convenio- y según lo aprobado en su asamblea del pasado diciembre, era el cobro de la deuda pendiente.
«Al menos en su mayoría, teniendo en cuenta que actualmente quedan pendientes 50 millones del resto del bono, Peis, salud mental y la gran mayoría de la deuda de plazas públicas de gestión privada, cuyos empresarios y trabajadores parece que están siendo abandonados a su suerte».
Independientemente de todas cuestiones, Aerte no entiende que «primero los sindicatos trasladen a sus bases de forma anticipada la fecha de firma inminente del convenio, cuando ésta no se había confirmado por las patronales firmantes del mismo, y posteriormente emitan un comunicado tan agresivo como el actual, cuando tenían conocimiento como indicamos, que por mandato de la asamblea, dicho convenio sólo se firmaría cuando se produjeran los pagos pendientes de la Administración, o al menos hubiera un plan de pagos aprobado».
La Ley de Dependencia se paraliza en Andalucía
Acceder a la Ley de Dependencia requiere actualmente una espera media de un año y medio. Un tiempo que muchos ancianos de la capital no tienen, inmersos en las garras de la senectud. El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ya advirtió de lo preocupante de esta situación que calificó como «insostenible».
Paralizados como están los trámites por parte de la Junta de Andalucía, la Ley de Dependencia mantiene a 2.161 personas en Granada a la espera de que la administración autonómica retome la actividad. Por partes. En el primer estadío de la ley, (solicitudes que se presentan al Ayuntamiento para someterse a una primera valoración), se presentaron en 2012 un total de 1.475 solicitudes de las cuales están sin valorar 1.342. En la segunda fase la Junta pasa el expediente al Ayuntamiento para que haga los Planes Individuales de Atención (PIA) y luego los vuelvan a remitir. Pues bien, el año pasado se mandaron a la Junta 937 PIAS, de los que están en espera 468.
En cuanto al tercer escalón (el de las revisiones) el Ayuntamiento mandó 422 expedientes y quedan por valorar 351. En total 2.161 expedientes que aguardan a que la Junta agilice el trabajo y empiece a descongestionar las solicitudes. Claro que muchas de las situaciones que llegan a diario al Ayuntamiento son tan perentorias que no pueden esperar. ¿Qué hacer entonces? El Ayuntamiento ha optado por atender a estas personas a través de su programa de ayuda a domicilio y de comidas, mediante el cual los profesionales acuden al domicilio de estas personas para ayudarles a asearle, vestirse, acostarse, darles de comer o controlar sus tratamientos médicos. Les ayudan a hacer la comida, a lavar la ropa, planchar y limpiar.
El concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Granada, Fernando Egea, reconoció ayer que el servicio municipal está desbordado. Actualmente dan servicio a través de este programa a 1.439 personas, de las cuales unas 400 deberían estar atendidas mediante la Ley de Dependencia. «Hemos aumentado este año el presupuesto del programa en un 10%, de 3.582.000 euros en 2012 a 3.952.000 euros para 2013, pero si la Junta desbloqueara la Ley de Dependencia, podríamos utilizar estos recursos para atender a más personas», lamenta el concejal de Bienestar Social.
La demanda es tan alta que el servicio municipal tiene incluso una lista de espera de unas 400 personas que aguardan pacientes para recibir ayuda de los profesionales. La Ley de la Dependencia se implantó en el año 2007. Fue la decisión más alabada del gobierno socialista de la Nación, puesto que daba solución a un clamor ciudadano que por fin encontraba respuesta en la llamada Ley de la Dependencia. Pero llegó el parón.
Según Fernando Egea, la Junta de Andalucía ha justificado esta inactividad frente al Defensor del Pueblo alegando que tienen que adaptar el reglamento a la nueva ley y que están adaptando los programas informáticos nuevos, aunque a nadie se le escapa que el dinero o, mejor dicho la ausencia de él, está detrás de esta paralización.
«La Junta no puede dejar de dar este servicio. El Ayuntamiento no tiene medios, pero estamos intentando atender a todas las personas que llegan con necesidades muy primarias por cubrir», apunta el concejal de Bienestar Social.
Hasta ahora los expedientes de la Ley de Dependencia venían solventándose en unos 9 meses. «Ahora mismo ya estamos hablando de años de retraso», lamentaba Fernando Egea.
Uno de cada tres aragoneses con derecho Ley Dependencia está a la espera
Uno de cada tres aragoneses con derecho reconocido a recibir atenciones o servicios de la Ley de Dependencia, lo que hace un total de 9.521 personas, se encuentran a la espera de que se haga efectivo dicho reconocimiento.Becerril recomienda a Madrid que también contacte por escrito a solicitantes del servicio de Dependencia
La Oficina del Defensor del Pueblo ha recomendado a la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid que, como prevé la Ley, cuando no sea posible contactar telefónicamente con el interesado en un plazo razonable, remita una notificación por escrito.
Según publica la revista el Defensor al Día, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido a la comunidad que incluya en los expedientes de valoración de dependencia los medios utilizados para agilizar su tramitación.
Esta resolución se produce después de que una ciudadana se quejara del retraso a la hora de evaluar la situación de dependencia de un familiar que necesitaba un ingreso urgente en un centro especializado.
Así, explica que a lo largo de la investigación, se solicitó un informe a la Consejería de Asuntos Sociales de Madrid, que justificó la demora en que la interesada no había contestado a 24 llamadas realizadas a lo largo de 10 meses.
No obstante, y según explicaba la ciudadana en su queja, al tener conocimiento de que le estaban llamando a un número que ya no usaba, remitió el correcto por escrito a través de un registro oficial, dado que se le indicó que era la única forma para que el referido dato quedara incorporado al expediente.
En opinión de la Institución, la concertación de citas y de otras actuaciones mediante gestión telefónica es una buena práctica que sirve para agilizar los expedientes pero no puede ser la única vía de comunicación. «De hecho, no dejan constancia de que los intentos de comunicación se han producido efectivamente, ni tampoco de su objeto y ni de que han sido correctamente recibidos», añade.
En este sentido, señala que cuando se producen incidencias como la señalada, el expediente se paraliza, lo que aumenta la demora hasta la resolución que en este tipo de asunto es bastante elevada, con el consiguiente perjuicio para los interesados.
No obstante, señala que la investigación no ha concluido con esta recomendación y que la oficina del Defensor del Pueblo ha solicitado a la Comunidad de Madrid que siga informando sobre los avances que se produzcan en el expediente que motivó la queja.
Aerte recuerda a la Generalitat que aún le debe casi 50 millones de 2013
La patronal de la dependencia de la Comunitat Aerte, ha reconocido positivamente el pago de aproximadamente 6 millones que Bienestar Social ha activado estos días, matizando que se trata de una solución temporal y que no alcanza, nuevamente, a la totallidad del sector.
El dinero abonado solo representa un 10% de una deuda pendiente que crece cada mes. «No conviene olvidar que a los cerca de 50 millones de deuda pendiente del año 2012, hay que empezar a sumar los importes acumulados correspondientes al año 2013», señala Aerte en un comunicado.
Aerte ha manifestado su «agradecimiento a Bienestar Social por el esfuerzo realizado pues ha permitido resolver situaciones apremiantes aunque no en todos los casos, debido al retraso acumulado de más de un año, como regularizar las nóminas correspondientes al mes de noviembre de algunos centros o afrontar pagos imprescindibles».
Sin embargo, según ha manifestado la patronal del sector en la Comunitat, dista mucho de aportar una solución a un problema que se ve agravado con las obligaciones económicas que han de afrontar los centros cada nuevo mes, y con las desigualdades que genera la distribución de los pagos de dependencia en las empresas.
Asimismo, Aerte ha querido incidir en aspectos sin resolver de gran trascendencia para el sector, como la necesidad de solucionar el bloqueo existente en las líneas de confirming, de ofrecer una fecha para el abono de la deuda pendiente y en particular, definir cómo se pagarán los servicios prestados en el año 2013, teniendo en cuenta que ya ha transcurrido el mes de enero sin que se resuelvan todos los pagos pendientes del 2012 y se ha comenzado a prestar servicios en el 2013.
Estos servicios se están prestando desde los centros asociados a Aerte sin que la Generalitat haya transmitido un plan de pagos de la deuda anterior, ni de la deuda que se va generando con los servicios de este año, lo que provoca inseguridad en las empresas del sector, al entender que pueden volver a acumularse los problemas de cobro.
Para Aerte, la cantidad abonada por el Consell supone un leve avance, aunque no resuelve los problemas económicos que asfixian al sector. Aerte se ha referido a los muchos centros que no han cobrado y por ello, no han podido hacer frente a los pagos correspondientes a hacienda y la seguridad social, teniendo en cuenta que ha pasado el final del mes de enero por lo que a su deuda acumulada tendrán que sumar los intereses de demora del 20% y en ocasiones, de alguna sanción impuesta.
Desde hace más de un año, Aerte ha trabajado activamente para desbloquear la deuda pendiente que Bienestar Social ha mantenido con el sector de la dependencia que representa, y que ha llegado a alcanzar los 120 millones de euros a lo largo del año.
A pesar de que desde cargos políticos se hayan realizado múltiples declaraciones afirmando que el sector de la dependencia es prioritario en la Comunidad Valenciana, los hechos no han acompañado a estas declaraciones.
Al margen de los pagos realizados, la deuda en Bonos acumula un nuevo retraso de seis meses. Hay centros públicos gestionados por empresas privadas que no han cobrado nada de la deuda de todo el año 2012 y empresas con plazas concertadas con la administración que han sufrido errores administrativos sin aclarar ni solucionar y que han provocado que no cobren sus facturas.
La política actual de la Consellería en cuanto a la no resolución de los expedientes de las más de 10.000 personas en situacián de dependencia reconocida está provocando, no sólo la falta de atención de estas personas sino también la disminución de la ocupación y abocando al cierre a muchos de ellos. En los últimos meses se han producido cierres en centros, incluso en la ciudad de Valencia, y entrada de sociedades en concurso de acreedores con la consiguiente pérdidas de puestos de trabajo.
Desde la junta directiva de AERTE se sigue haciendo «un esfuerzo sin precedentes para solucionar estos problemas en el sector, y volvemos a transmitir públicamente a la Administración valenciana nuestra disponibilidad más absoluta para la búsqueda de un acuerdo global del sector que consiga una reorganización factible del mismo. Cualquier acuerdo adoptado tan solo con organizaciones individuales está condenado al fracaso a medio plazo, porque lo único que se conseguirá es una huida hacia adelante, que repercutirá a todos posteriormente con problemas irresolubles».
AERTE manifiesta que el sistema actual no tiene viabilidad, ya que está en una espiral de difícil salida, como se está demostrando, y se necesita una reorganización del mismo que permita a la sociedad recibir los recursos que claramente necesita.
Los beneficiarios de prestaciones de dependencia ascienden a 770.945 personas en 2012, un 6% más que el año anterior
El número de beneficiarios de prestaciones de dependencia en 2012 ascendió a un total de 770.945 personas (el 77 por ciento de las personas con derecho a prestación), una cifra que supone un 6 por ciento más en relación con el año anterior y un balance neto positivo de 18.944 personas, según datos del avance de la evaluación anual de 2012 del Sistema de Dependencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a los que ha tenido acceso Europa Press.
Además, las personas que durante 2012 se han incorporado como nuevos beneficiarios de alguna prestación ascienden a 129.847. Por otro lado, de las 305.941 personas pendientes de recibir prestación a diciembre de 2011 (casi el 30 por ciento del total) se ha pasado a 230.203 personas a diciembre del año pasado (un 24,8 por ciento), lo que supone «el porcentaje más bajo» desde la implantación de la Ley de Dependencia –hace seis años, desde 2007–, según ha destacado a Europa Press el director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales(Imserso), César Antón.
Respecto a los datos económicos, el presupuesto destinado en 2012 y transferido a las comunidades autónomas ha aumentado en 122 millones más respecto a 2011, hasta los 1,4 millones de euros (un 9,5% más que en 2011).
Antón ha detallado que una de las prioridades de la ley durante el año pasado ha sido la de atender «primero a los que más tiempo llevan esperando y a los que más dependencia tienen». Además, ha subrayado de que, en este año, ha seguido aumentando «tanto el número de beneficiarios como la financiación del Estado», ya que, a su juicio, «más allá de los números y las estadísticas, hay personas y familias». En cualquier caso, ha pedido «no generar expectativas» y, de cara al futuro, ha apostado por «el orden, la simplificación y la mejora de la transparencia».
Por comunidades autónomas, Navarra, Andalucía, Cantabria y La Rioja fueron las que menos dinero recibieron en 2012 por la revisión a la baja de los grados de dependencia o por el estancamiento en la entrada de usuarios, o por ambos motivos.
Así, en Navarra, el número de beneficiarios con prestación ascendió a 8.612 (frente a los 8.129 de 2011), con 12,5 millones de euros designados (frente a los 13 millones de 2011); en Andalucía, 192.532 beneficiarios con prestación (frente a los 191.330 de 2011), con 345,8 millones de euros designados (frente a los 356,6 millones de 2011); en Cantabria, 14.090 beneficiarios con prestación (frente a los 15.227 de 2011), con 19,4 millones de euros designados (frente a los 20,5 de 2011) y en La Rioja, 7.474 beneficiarios en 2012 (7.716 en 2011), con 13,4 millones en 2012 (13,7 millones en 2011).
Por el contrario, el resto de las comunidades ha recibido más dinero respecto a 2011. En concreto, Madrid recibió 141,9 millones de euros (134,5 millones de euros en 2011) y tuvo un total de 81.158 beneficiarios con prestación (76.674 el año pasado); País Vasco recibió 92 millones de euros (66,1 euros en 2011), con 39.506 beneficiarios (43.541 en 2011); Asturias, 26,3 millones de euros (23,6 euros en 2011) y 14.643 beneficiarios (13.890 en 2011); Baleares, con 18,7 millones de euros (17,7 millones de euros en 2011) y 9.534 beneficiarios (10.404 en 2011); Galicia, con 78,9 millones de euros (58,6 millones de euros en 2011) y 89.139 beneficiarios (34.092 en 2011); Extremadura, con 36,4 millones de euros (frente a 33,7 millones de euros en 2011) y 19.482 beneficiarios (18.249 en 2011); y Cataluña con 243,5 millones de euros (210,2 millones de euros en 2011) y 139.220 beneficiarios (118.890 en 2011).
Además, en Canarias se destinaron 28,8 millones de euros (21.989 millones de euros en 2011) y hubo 11.926 beneficiarios (10.505 en 2011); en la Comunidad Valenciana, con 43.145 beneficiarios (42.960 en 2011) se percibieron 82,5 millones de euros (78,1 millones de euros en 2011); en Castilla y León, 103,1 millones de euros (86,4 millones de euros el año pasado) y 62.108 beneficiarios (60.090 en 2011); en Castilla-La Mancha 67,1 millones de euros (64,6 millones en 2011), con 38.620 beneficiarios (39.081 en 2011) y Aragón, con 41 millones de euros (34,6 millones en 2011) y 21.413 beneficiarios (22.473 en 2011).
Un millar de trabajadores de la dependencia pierden su empleo cada mes
José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ha asegurado este jueves en el Congreso de los Diputados que «todos los meses», un millar de personas que trabajan en el sector de la dependencia se quedan sin empleo, ya que se están cerrando residencias y «desmantelando el sistema».
Ramírez hizo estas consideraciones durante su intervención en una jornada parlamentaria sobre Servicios Sociales y Dependencia, organizada por el Grupo Socialista y celebrada hoy en la Cámara Baja. El presidente de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales comenzó su intervención aclarando que, para él, la Ley de Dependencia es «el mayor avance que ha habido en España en los tres últimos lustros», ya que refuerza el sistema público de servicios sociales, entre otros aspectos positivos. Dicho esto, Ramírez puso sobre la mesa una serie de denuncias que a juicio de su colectivo hay que hacer por el cariz que está tomando el Sistema de Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes (SAAD).
Así, se quejó de que haya muchos beneficiarios que se encuentren actualmente «en el limbo de la dependencia», de que se haya acabado con el sistema de niveles, dentro de los grados establecidos por la ley, o de que haya «caído en picado» el número de planes individuales de atención (PIA) elaborados. Con este panorama, los gerentes de servicios sociales estiman que el Gobierno, si no adopta otras medidas, podría tardar unos 11 años en atender a todas las personas en situación de dependencia que tienen el derecho ya reconocido.
Ramírez se expresó así en una mesa redonda enmarcada en las citadas jornadas parlamentarias titulada ‘Situación y perspectivas de la implantación de la Ley de Dependencia» y moderada por Rosa Aguilar, portavoz de Servicios Sociales del Grupo. En la mesa, participaron también Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social; Rosana Costa, secretaria confederal de Política Social de CCOO; Almudena Fontecha, secretaria confederal para la Igualdad de UGT, y Jaime-Esteban García, coordinador estatal y de Comunidad Valenciana de la Plataforma de Defensa de la Ley de Dependencia.
«Desmantelamiento» de los Servicios Sociales
Lima aprovechó su intervención para hacer una defensa de los servicios sociales y para mostrar su preocupación por el «desmantelamiento» que, a su parecer, están sufriendo por culpa de los recortes. Apostó por un modelo de bienestar basado en la «igualdad, cooperación y solidaridad» y que garantice los derechos sociales a todos los ciudadanos, independientemente de su aportación a la Seguridad Social. Ese modelo, prosiguió, ha de «dar voz y empoderar a la gente», que debe expresar lo que le pasa para poder recibir una mejor atención y no recortar derechos, como está ocurriendo en algunas CCAA, donde se están «recrudeciendo» requisitos para acceder a él.
Y es que, aseguró, en la actualidad «hay un ataque» a los servicios sociales básicos, es decir, los que se prestan desde los ayuntamientos, que, en muchos casos, están viendo cómo desaparecen apoyos tales como el de la ayuda a domicilio, que solo se presta a personas en situación de dependencia, y no a todas. Igualmente, denunció la eliminación progresiva del plan concertado para los servicios sociales, que, aunque con una financiación «ridícula», suponía un acuerdo importante entre las tres administraciones.
Consecuencias «graves»
Por su parte, las representantes de CCOO y UGT se centraron en analizar las consecuencias que están teniendo las reformas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en la Ley de Dependencia, que, dijeron, son «graves», como lo son también los cambios del Ejecutivo en educación y sanidad. Para Rosana Costa, secretaria confederal de Política Social de CCOO, la de la Dependencia es una «reforma integral» que sigue el mismo patrón que orienta los cambios en el resto de pilares del Estado de bienestar, que se aborda de forma unilateral, sin trasparencia y con «opacidad». A su parecer, los objetivos de la reforma del Ejecutivo son «recortar drásticamente» el gasto social público y «debilitar la naturaleza pública y universal» con la que nació el Sistema de Dependencia, para conducirlo hacia otro de carácter «mercantilista».
Almudena Fontecha, secretaria confederal para la Igualdad de UGT, evidenció también su «preocupación» por el curso de la norma de la Dependencia y abogó por buscar un sistema de financiación estable y sostenible, desde el punto de vista económico, pero también social, y por redactar una ley que garantice el acceso a los servicios sociales a todas las personas. Finalmente, el coordinador estatal y de Comunidad Valenciana de la Plataforma de Defensa de la Ley de Dependencia indicó que la reducción de prestaciones económicas, el aumento del copago en los servicios, el hecho de que los cuidadores no profesionales tengan que pagar su Seguridad Social y el retraso hasta 2015 de la entrada en el sistema de los dependientes moderados son, a su parecer, los aspectos de las reformas del Gobierno que más están afectando a los beneficiarios del SAAD.
Castilla y León, ‘sobresaliente’ en la Ley de Dependencia
El Observatorio Estatal de la Dependencia alaba el modelo de atención de la Comunidad y la sitúa en el primer lugar de las regiones que mejor aplican la Ley con una nota de 9,2.
Las personas dependientes castellano-leonesas no pueden tener mejor servicio; al menos, en el resto de España. Así lo hace indicar la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicio Sociales, quien ha premiado a Castilla y León como la región con mejor modelo de atención profesional sobre la Ley de Dependencia en 2012.
No es una sorpresa para la Comunidad recibir esta calificación, que no parece acusar la crisis en este aspecto. Este año es el tercero consecutivo que logra hacerse con el mayor honor. La nota fue sobresaliente: 9,2 concretamente, dos puntos por delante de la siguiente región mejor valorada y cuatro puntos y medio por encima de la media nacional.
De los doce puntos que valora la institución, Castilla y León recibió en diez de ellos la máxima nota. Una muestra de que, a pesar de la crisis económica y el recorte presupuestario sufrido para la atención de dependientes, la gestión realizada ha sido realmente buena.
Según el informe del Observatorio, los residentes castellanos son quienes más ayudas reciben en relación a su población y con el número menor de dependientes en la lista de espera. De hecho, a 31 de diciembre, sólo el 4,4% de las personas con derecho a recibir la asistencia se encontraba aún esperándola, frente al 23% de media en toda España.
El Observatorio también destaca que Castilla y León es la única que realiza un seguimiento personalizado de cada caso y con un sistema de información en tiempo real. Además, el número de personas atendidas durante el último año se superó respecto al anterior periodo al aumentar un 3,36%.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha explicado que Castilla y León prácticamente ha alcanzado ya la plena atención, incluso tres años antes de lo previsto. «El incremento de personas atendidas se va reduciendo porque Castilla y León prácticamente ha cubierto las previsiones que se manejaban en 2015», ha afirmado.
Previsiones que el Libro Blanco de la Dependencia estimaba serían menos fructíferas. Se calculaba que en 2015 Castilla y León atendería a 55.000 dependientes, mientras que actualmente la región ya está dando servicio a más de 54.000.
