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Día Internacional de la Familia: «Las familias, una vida sana y un futuro sostenible»

familiaEl Día Internacional de las Familias se observa cada año el día 15 de mayo desde 1994. Esta fecha fue proclamada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (A/RES/47/237 Documento PDF) haciendo eco de la importancia que la comunidad internacional le otorga a la familia. El Día Internacional de las Familias es la ocasión propicia para promover la concienciación y un mejor conocimiento de los procesos sociales, económicos y demográficos que afectan a este importante núcleo de la sociedad.

El Día Internacional de las Familias de las Naciones Unidas ha inspirado una serie de actos de sensibilización, entre los cuales destaca la celebración de esos días en el plano nacional. En numerosos países, ese día ofrece una oportunidad para poner de relieve los distintos ámbitos de interés para las familias. Entre las actividades se incluyen cursos prácticos y conferencias, programas de radio y televisión, artículos periodísticos y programas culturales que hacen hincapié en los temas pertinentes.

En nuestro país. todos los centros residenciales de SARquavitae se han volcado para celebrar de una forma especial el Día Internacional de la Familia. De este modo, durante toda la semana se han programado unas 70 actividades diferentes con el fin de fomentar las relaciones sociales entre los residentes, familiares y trabajadores

En la mayoría de los casos la celebración tendrá lugar alrededor de una mesa, degustando los platos más tradicionales preparados para la ocasión. También, se han organizado actividades de entretenimiento para que los residentes puedan disfrutar en familia en esta fecha señalada. Al ritmo de la música, las residencias celebraran durante la semana del Día Internacional de la Familia dicha efeméride con bailes, karaoke, diversas  interpretaciones artísticas, entre otras muchas actividades propuestas.

Los propios residentes y trabajadores de los centros han elaborado un photocall temático para que las familias puedan hacerse fotografías de recuerdo y compartirlas en las redes sociales junto al hastag #Cariño_SARquavitae, ya que la compañía, siguiendo su proyecto “Actitud SARquavitae, celebra en mayo la “Actitud Cariño”, necesaria para atender a las personas con el trato humano que caracteriza el servicio de las residencias SARquavitae. La iniciativa se enmarca dentro de las celebraciones del XXV Aniversario que la compañía viene desarrollando a lo largo de todo este año.

 “Actitud SARquavitae”

 SARquavitae cumple 25 años y para celebrarlo ha puesto en marcha la campaña “Actitud SARquavitae”. A lo largo de 2016 se han seleccionado 12 actitudes positivas que transmiten los valores de la compañía. Cada mes conmemorará una actitud, Alegría (enero), Amistad (febrero), Empatía (marzo), Solidaridad (abril), Cariño (mayo), Responsabilidad (junio), Compromiso (julio), Calidad e Innovación (agosto), Respeto (septiembre), Entusiasmo (octubre), Profesionalidad (noviembre), Optimismo (diciembre).

 Además de actividades especiales relacionadas con la actitud del mes, se otorgará un premio a aquella persona de la compañía que mejor desempeñe la actitud seleccionada, junto con un distintivo y un reconocimiento especial como agradecimiento por parte de SARquavitae.

Los mayores de Taboada celebraron la II Fiesta de la Familia con una jornada centrada en la emigración

  • fiesta familia 2015_PhotocallLa jornada, centrada en el tema de la emigración, incluyó actuaciones sorpresa, vídeos y un photocall con trajes de época
  • El objetivo de estas iniciativas es favorecer la interrelación con los familiares y su participación en las actividades de la residencia

La residencia ‘O meu fogar’ de Taboada acogió este fin de semana una jornada especial dedicada a las familias. Durante todo el sábado, familiares y amigos de los mayores pasaron el día en el centro disfrutando de las actividades que éstos les tenían preparadas.

La jornada comenzó con la celebración de una misa en la que actuó el coro de la residencia As Flores, también perteneciente a la Fundación San Rosendo, a la que siguió el visionado de una película con imágenes y vídeos de las actividades que se llevan a cabo en el centro durante todo el año.

La fiesta de este año estuvo centrada en la emigración. Los mayores tuvieron ocasión de participar poniendo en común sus anécdotas acerca de su pasado emigrante en diferentes países del mundo.

La nota divertida llegó a media tarde con una actuación sorpresa por parte de los trabajadores del centro y un photocall con trajes de época para mayores y familiares.

El objetivo de esta iniciativa es favorecer la interrelación de los usuarios con los familiares y fomentar su participación en las actividades del centro. Además, se potencia también la confianza y autoestima de los mayores, a través de la muestra de sus actividades.

La residencia ‘O meu fogar’ de Taboada, creada en el 2008, es un centro para mayores válidos y asistidos. Tiene capacidad para 54 mayores asistidos, 42 plazas para mayores válidos en apartamentos tutelados y 15 plazas para el Centro de Día.

El Gobierno de Aragón elabora una ley para la protección social, económica y jurídica de las familias

Aragon El Gobierno de Aragón ha elaborado el proyecto de ley de Apoyo a las Familias con el objetivo de asegurar su protección social, económica y jurídica y para reconocerla «como unidad esencial de la sociedad e instrumento de vertebración y cohesión social».

   El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Ejecutivo aragonés, Ricardo Oliván, ha subrayado que el motivo de su realización «radica en que hay una realidad que es necesario reflejar en una normativa, como es la importancia de la familia como sistema protección y ayuda sus miembros».

   Además, ha añadido, «se consolida como la institución social mejor valorada y en permanente evolución sujeta a los cambios sociales», a lo que «se une que hay que reflejar los múltiples modelos de familias que existen».

   La elaboración de esta norma es uno de los compromisos del Ejecutivo con las familias y para su redacción se ha contado con ellas, así como con otras Administraciones públicas, agentes sociales y económicos, ha informado el Gobierno aragonés en una nota de prensa.

   Al respecto, la directora general de Familia, Ana de Salas, ha explicado que para la elaboración del anteproyecto de ley se diseñó un proceso de participación, en coordinación con la dirección general de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación, con una fase de cáracter interno y otra externa.

   En total, ha habido una veintena de talleres y más de 400 participantes. Además, en la página web de Aragón Participa se ha contado con un espacio para esta normativa y se ha dado información continua, mostrando los diversos documentos generados a lo largo del proceso.

HOJA DE RUTA

   El Gobierno de Aragón ha precisado que la futura ley pretende reforzar y coordinar las políticas familiares del Ejecutivo bajo la premisa de transversalidad e introducir la perspectiva de familia en las diferentes medidas sectoriales. Además, servirá como «hoja de ruta» estable en el tiempo y, a la vez, adaptable a las condiciones socioeconómicas de cada momento.

   Los objetivos específicos de la ley son reconocer a la familia como unidad social básica y como instrumento de cohesión social, potenciando su empoderamiento; favorecer el desarrollo familiar, y garantizar una política coordinada e integrada de apoyo a la familia en el Gobierno de Aragón.

   Igualmente, persigue promover la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; potenciar la igualdad de participación y oportunidades a las familias de especial consideración; promover la solidaridad intergeneracional e intrageneracional, y fomentar el ejercicio positivo de la parentalidad positiva.

PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y APOYO

   Las medidas de protección, atención y apoyo a las familias cuenta con acciones para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, concretamente, con actuaciones de sensibilización social y la coordinación de las diversas instituciones públicas y privadas de la Comunidad autónoma.

   Además, se recogen medidas materiales, fiscales y económicas y se define las familias que van a recibir la calificación de especial consideración por sus particulares circunstancias derivadas de su configuración, número o situación social personal o familiar precisando todo ello de políticas familiares específicas de apoyo y protección.

   Entre ellas, se incluyen las numerosas, monoparentales y con dependientes o discapacitados, así como en situación de exclusión social o en riesgo de dificultad o exclusión.

   También aparecen medidas administrativas de participación y sensibilización, en el que se recogen recursos dirigidos a garantizar la participación social y la transversalidad en el desarrollo de las políticas de apoyo a las familias.

   Igualmente, se concede protagonismo al Observatorio Aragonés de Familia y la Comisión Interdepartamental de Familia, este último de nueva creación, han precisado desde el Ejecutivo autonómico.

APOYO A LA MATERNIDAD

   La nueva norma incluye políticas públicas de apoyo a la maternidad, que pasan por la información y el asesoramiento, así como por la asistencia especializada, transversal e integral, con atención específica a mujeres embarazadas sin apoyo sociofamiliar, así como a las menores gestantes.

   Finalmente, la futura ley posee cuatro disposiciones adicionales sobre referencia de género, asimilación a descendientes, evaluación de su aplicación y bonificaciones fiscales, y tres finales para la habilitación al Gobierno de Aragón, habilitación al consejero y sobre la entrada en vigor.

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UNAF advierte de «peligro de retroceso» en derechos por la crisis

Teresa-Blat   La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) ha reivindicado durante las jornadas de su 25 aniversario celebradas del 18 al 20 de octubre, los avances conseguidos en materia de derechos en el ámbito de las familias y ha advertido del «peligro de retroceso» en el actual contexto económico, político y social.

   Bajo el título ‘Familias del siglo XXI: el camino de la igualdad y la convivencia’, UNAF ha realizado un recorrido por la historia más reciente de España y las leyes que han reconocido cuestiones como «la igualdad, la lucha contra la violencia de género, la dependencia, la discapacidad, los derechos sexuales y reproductivos o el matrimonio igualitario».

La presidenta de UNAF, Teresa Blat Gimeno, ha denunciado los intentos de instaurar modelos ya superados y ha abogado por continuar trabajando en la coeducación y la igualdad de oportunidades. «Las organizaciones sociales y toda la ciudadanía debemos unirnos y luchar con más fuerza que nunca por que los derechos que tanto nos ha costado conseguir no se pierdan bajo la excusa de la crisis económica. No lo permitiremos», ha subrayado.

Además, considera que también se deben «aclarar y reparar» cuestiones que, a su juicio, «no son propias de una sociedad democrática» como «el maltrato y vejación de mujeres, muchas de ellas madres solteras» y «los casos de niños y niñas robados».

«Son horrores que no podemos negar y que se cometieron con el amparo de unas instituciones. Por tanto, exigimos justicia, una investigación profunda y la reparación de las víctimas de forma inaplazable», ha añadido.

Por su parte, la directora general de Infancia y Familia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Salomé Adroher, se ha referido a la realidad cambiante de las familias y ha destacado su papel como espacios de solidaridad, soporte emocional y económico, y factor de cohesión social.

En el marco de las jornadas, UNAF aprovechó también para realizar un homenaje a las diferentes Juntas directivas por su labor durante estos 25 años y a la cofundadora de UNAF Ana María Pérez del Campo.

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Padres en desamparo, evitan acudir a los servicios sociales por temor a perder la tutela de sus hijos

niños abandonadosUna joven, en Murcia, entra a la consulta de atención directa de los servicios sociales locales, deja a su bebé en su canastilla y con varias mudas de repuesto sobre la mesa y dice, con cara avergonzada, que no tiene recursos para mantenerlo. “Cuídenlo bien”. Y se va. La escena se produjo hace pocos meses. La relata José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. “En 30 años de carrera nunca había conocido esto”, asegura.

Los profesionales empiezan a alertar de que situaciones como esta son cada vez más comunes. El caso de unos padres que el pasado junio dejaron a sus hijos en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), aduciendo carencias económicas, abrió un escenario repleto de interrogantes. Cuando unos padres no pueden mantener a sus hijos, ¿qué deben hacer? ¿Están los servicios sociales y los poderes públicos preparados para actuar cuando la pobreza aprieta hasta este límite? ¿Es lo mismo dejar a unos niños abandonados en la calle que entregarlos a una institución pública?

Consuelo Madrigal, fiscal coordinadora de menores, responde con rotundidad: “No es lo mismo ni mucho menos”. Independientemente del motivo. Lo primero, explica, es un delito, “porque pone en peligro al menor, incluso su vida”. Eduardo Esteban, ex fiscal provincial de Madrid, tampoco duda: “Es distinto dejar a unos niños en una institución pública o incluso en una iglesia, donde sabes que van a estar atendidos, que dejarlos en un parque”, dice. “Puede haber un incumplimiento de las obligaciones. Pero para que haya delito tienen que dejarlos solos, en una situación de riesgo. Ese es el matiz”, apunta. “No se culpa a los padres porque no hay dolo, no hay mala intención, sino una situación de pobreza”, explica Madrigal. “Pero cuando la situación pasa de riesgo a desamparo, porque al niño le falta sustento material o moral, la Administración asume la tutela”, detalla la fiscal. A partir de ahí, “se investiga y se intenta apoyar a la familia para evitar la separación”.

Ramírez añade que la Administración “debe tener en cuenta la actitud de los padres, si han pedido ayuda y no han dejado de atender a los niños pese a la miseria” antes de asumir su tutela y separar al menor de su familia. Almudena Escorial, portavoz de Save the Children, cree que “no se debería llegar a esa situación”. Pero la realidad es compleja.

Todos los agentes implicados en este tipo de procesos sostienen que la pobreza nunca puede ser el único motivo para que unos padres pierdan la tutela de sus hijos, ni tampoco para impedir que puedan recuperarla. Así lo aseguran el Ministerio de Sanidad, los servicios sociales, la Fiscalía de Menores, las ONG y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Este último, con una sentencia reciente en la que condenaba a España a indemnizar a una madre por separarla de su hijasolo por su precaria situación económica. Tras presentarse con la niña en los servicios sociales de Motril (Granada) para pedir “trabajo, comida y alojamiento”, la pequeña fue trasladada a un centro de menores, la declararon en desamparo e impulsaron su acogimiento preadoptivo en una familia.

Lo prioritario, dicen los expertos, es sacar a las familias de la miseria. “La ley prioriza la protección del menor, pero apoyando a los hogares para que no se produzca el desamparo. La retirada tiene que ser solo porque haya un riesgo muy elevado”, detalla Idelfonso Sánchez, técnico de protección de menores en Almería. Marta Arias, responsable de políticas de infancia de Unicef, añade: “Unos padres sin recursos no son malos padres. Hay que ayudar a las familias porque es donde mejor están los pequeños, salvo que haya malos tratos”.

Pero la crisis no perdona y 2,2 millones de niños viven, según un informe de Unicef de 2012, en hogares por debajo del umbral de la pobreza en España (con menos de 16.400 euros anuales para dos adultos y dos menores). La Guía para las Ayudas Sociales para la Familia 2013, publicada por el Ministerio de Sanidad, prevé distintas prestaciones para colectivos en riesgo, como las rentas mínimas de inserción, los centros de acogida para “personas, familias o grupos carentes de un medio adecuado”, y recursos para personas sin hogar de “alojamiento, alimentación, vestido e higiene”.

Esta es la teoría. Pero en la práctica, los recursos para reflotar a las familiashan pasado por la tijera, desde las becas de comedor en colegios hasta las ayudas de emergencia. Esta última, además, llega con un retraso de hasta ocho meses en algunas autonomías. En este sentido, la asociación que preside Ramírez denuncia la situación de “desamparo de las familias”. Lo que, según esta organización, supone una vuelta al modelo de la beneficencia. “En vez de recibir una ayuda de la Administración, la gente se ve abocada a salir en la televisión, dar lástima y que un alma caritativa les asista”, se queja Ramírez. “Conocí a dos inmigrantes con tres hijos. Él trabajaba en la construcción y se quedó en paro. A la madre le diagnosticaron esquizofrenia. Cuando fueron a pedir ayuda a ella le dio un brote psicótico y él, abrumado, huyó. Los pequeños pasaron a protección de menores. Pero esto no hubiera pasado si hubieran tenido un salario social y ayuda psicológica. El padre hubiera tenido un colchón para mantener a la familia y no sentirse desbordado”, relata.

Santiago Agustín, psicólogo con experiencia en centros de menores de Madrid, asegura que el trabajo con las familias “es muy pobre”. “La inversión en centros de protección es desmesurada (la estancia de cada menor puede costar hasta 4.000 euros al mes), y en los barrios no se percibe el trabajo con las familias”, afirma.

“La Administración se tiene que adaptar”, reconoce la fiscal coordinadora de menores. “Con la crisis se ha elevado el nivel de marginación y se ha incrementado la demanda de protección. Los servicios sociales y las entidades de protección a la infancia están desbordados, tanto en recursos materiales como profesionales”, afirma. “Las intenciones de la Administración son buenas sobre el papel, pero tienen que estar dotadas económicamente, con profesionales e infraestructuras”, reclama Ramírez. Denuncia que el plan concertado de servicios sociales de Sanidad, en el que se incluyen las ayudas de emergencia, se ha reducido un 65% en los dos últimos años. Las autonomías también han metido la tijera, algunas más que otras. En el País Vasco una de cada 13,5 personas recibe una renta mínima de inserción (cuando se agotan el paro y los subsidios); en Murcia lo hacen una de cada 316 y perciben, además, una cuantía mucho menor.

Cuando la ayuda no llega, ¿qué deben hacer los padres sin recursos? Gustavo García, director del albergue social de Zaragoza, el primero que habilitó módulos para familias en España, subraya: “Lo correcto es solicitar la guarda voluntaria de los niños. Los padres tienen que pedir la guarda a los servicios sociales cuando no pueden hacerse cargo de sus hijos, por motivos económicos u otro tipo de circunstancias. La Administración se hace cargo temporalmente de ellos, y los padres no pierden la patria potestad”.

Esta modalidad de ayuda con los hijos ha descendido desde 2006. Ese año había 9.598 menores en guarda, frente a 4.537 en 2011. La bajada tiene una doble explicación, según García: la salida de inmigrantes del país y el temor de algunos padres a acudir a los servicios sociales a solicitar auxilio porque creen que les van a arrebatar a sus niños. “Algunos pasan hambre por temor a pedir ayuda”, dice. Recuerda que una paciente de un hospital en Zaragoza fue pillada echando la comida al bolso. Cuando los profesionales le preguntaron por qué, ella respondió: “Mi hijo pasa hambre en casa”. García quiere desmontar el mito: “Esa imagen de que vamos retirando niños es falsa”.

José Luis Calvo, vicepresidente de Prodeni, entidad defensora de los derechos de los niños, discrepa. Afirma que en ocasiones sí se producen retiradas de niños por situación de pobreza. “Es evidente que este factor no aparece como único fundamento de ninguna retirada de niños. Tampoco como motivo para que los padres no los puedan recuperar. Pero subyace más o menos explícito en no pocos informes”, afirma. La miseria suele estar acompañada de otros problemas de salud, emocionales o inestabilidad en la vivienda, según Calvo. “Estas circunstancias son las que se alegan como agravantes para quitarles la tutela”, asevera. Y una vez retirada, en su opinión, “no se promueve la reagrupación”. “Para recuperar a los hijos casi hay que pasar una oposición”, ejemplifica.

En la memoria de Calvo hay muchos ejemplos. Su organización defendió recientemente a una madre que pasó siete años visitando a sus hijos, bajo la tutela de la Junta de Andalucía, una hora al mes. “En ese tiempo su situación económica y personal cambió. Pero tenía la etiqueta de que ‘no era colaboradora’ y no se los devolvían”, relata. Al final, con intermediación de Prodeni, recuperó a los pequeños.

Santiago Agustín opina que “los niños acogidos deberían relacionarse con sus familiares de origen diariamente”. En la mayoría de las regiones, las visitas son, por defecto, de una hora al mes. “Esto solo puede calificarse como maltrato institucional”, asevera. El psicólogo no ve lógico que, salvo que existan malos tratos o riesgo grave, se restrinjan los encuentros y el sistema sea tan rígido para la recuperación.

Con todo, la actuación de la Administración tendrá que adaptarse a una casuística que aumenta con la crisis: padres que no tienen qué llevar a la boca de sus hijos. “Y entender que las situaciones, con el tiempo, cambian”, zanja Calvo.

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