Recortes
Consejera andaluza de Salud advierte al Estado de que las CCAA solas no pueden sostener las prestaciones por Dependencia
La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha advertido de que al Gobierno central de que las CCAA solas no pueden sostener las prestaciones por Dependencia y le acusa de llevar a cabo una «derogación velada» al «retirarse» de las aportaciones que está obligado por ley.
«Piensa que las comunidades solas y las corporaciones locales podemos sostener este pilar del Estado del Bienestar, pero desde ya le digo que es imposible», ha matizado.
Durante su comparecencia este miércoles en la Comisión del ramo del Parlamento andaluz a fin de informar sobre el grado de aplicación de esta ley, tanto a petición de IU como del PSOE, Montero ha apostado por «unir fuerzas» para que se pueda «disuadir al Gobierno de su intención de retirase de las aportaciones a la ley».
Así, ha reprochado que el Gobierno se haya «retirado» del reparto de la carga económica, «que antes estaba al 50 por ciento por parte del Estado y el 50 por las CC.AA., y ahora es del 30 y 70 por ciento, respectivamente», al tiempo que ha denunciado, por contra, la «extralimitación que la Administración estatal está haciendo en sus competencias al invadir las de las comunidades», en relación al nuevo procedimiento para el reconocimiento del derecho a las prestaciones previstas en esta normativa.
«Sólo en 2012 hemos contado con 89 millones de euros menos para el desarrollo de la Ley de Dependencia porque el Gobierno ha dejado de aportarlos», ha recordado Montero, quien, pese a esta menor aportación estatal, ha lamentado que el Gobierno central «encima quieran acusar a la Junta de dar una ‘paguita’ a las familias».
«La falta de aportación del Gobierno no se pueden compensar ni por corporaciones locales ni por la Junta, además de que ello está provocado que el ritmo de incorporaciones a la ley se haya ralentizado, que exista una menor tasa de reposición o que encima quieran acusar a la Junta de dar una ‘paguita'», ha lamentado.
Pese a esta «derogación velada» de la ley por «falta de financiación estatal», Montero ha ensalzado que el «esfuerzo» del Gobierno andaluz está haciendo posible que en Andalucía «existen más de 190.000 personas beneficiarias de la ley, lo que supone que uno de cada cuatro españoles con alguna prestación de las recogidas en esta Ley es andaluz».
Según ha defendido, uno de estos servicios es la Teleasistencia, que en Andalucía reciben actualmente 66.528 personas, «es decir, el 51 por ciento del total nacional».
«NUEVAS TRABAS»
Respecto a las «nuevas trabas» que estaría poniendo el Gobierno central, ha aludido a la «obligatoriedad» que a partir de ahora tienen los usuarios de presentar documentos como el informe de salud, el compromiso de la persona cuidadora y la documentación acreditativa de la capacidad económica, «que hasta ahora no se exigían».
«El Gobierno de España llega a quebrar el principio de confianza y buena fe entre administraciones, al exigir nuevas certificaciones a las comunidades, que pierden margen de maniobra para prestar el servicio eficazmente», ha insistido en sus denuncias Montero, al tiempo que alertado de que estas medidas del Ejecutivo central estarían provocando, en la práctica, «la minoración del ritmo en el desarrollo de la aplicación de la Ley, no sólo por los recortes en financiación, sino también por los continuos cambios normativos impulsados que obligan a adaptaciones normativas a nivel autonómico que ralentizan el sistema».
INVERSIÓN ANDALUZA
Por contra, ha subrayado que Andalucía ha invertido más de 4.500 millones de euros en la aplicación de la Ley desde su entrada en vigor y que ha multiplicado por siete la cantidad destinada a la Dependencia por parte de la Junta desde 2007. En cuanto al número de prestaciones, en Andalucía se han concedido 261.000, lo que representa el 27,2% del total.
Asimismo, 177.000 andaluces reciben el servicio de teleasistencia, de las que en torno a 66.500 son personas en situación de dependencia, lo que significa más de la mitad de las personas que reciben este servicio en toda España. Igualmente, en cuanto a ayuda a domicilio, en Andalucía hay más de 49.800 personas beneficiarias, el 40 por ciento del total nacional. Además, la cifra de personas beneficiarias de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar asciende a 107.800.
VOLUMEN ANDALUZ POR ENCIMA DE VARIAS CC.AA.
Tras aportar estas cifras, Montero ha subrayado que Andalucía suma actualmente «casi las mismas prestaciones que Castilla León, Valencia, Madrid y Galicia juntas», al tiempo que ha destacado que la ratio de personas beneficiarias en Andalucía, «según los datos del Imserso, es de 2.257 personas por cada 100.000 habitantes, frente a comunidades como Murcia (1.781), Madrid (1.252), Galicia (1.397) o la Comunidad Valenciana (con una ratio de 837 por cada 100.000 habitantes)».
Además, ha aludido al Dictamen del Observatorio de la Dependencia conocido recientemente, «que ha dado un notable a Andalucía en relación a los últimos seis meses de aplicación de la Ley, frente a los suspensos de Valencia, Canarias, Baleares o Aragón».
La consejera ha detallado que la supresión del Nivel Acordado en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 supuso 70,7 millones de euros menos para la aplicación de la ley en Andalucía. Además, los PGE para ese ejercicio retrasaban a 2015 la entrada en el sistema de las personas en situación de dependencia moderada. Igualmente, en julio de 2012 el Real Decreto ley 20/2012 estableció otra batería de modificaciones en la Ley, entre las que la titular de Salud y Bienestar Social ha destacado la reducción de la aportación estatal al Nivel Mínimo de la Dependencia, lo que supuso 18,5 millones de euros de recorte. Todo ello supone, según ha manifestado Montero, una reducción de 89 millones de euros en los recursos que destinaba el Gobierno central a Andalucía el año pasado.
«AYUDA DEL GOBIERNO CENTRAL A LOS LOBBIES»
Asimismo, Montero se ha referido a la bajada de un 15% acordada por el Ejecutivo central en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, el aumento del copago en dependencia, la reducción de la intensidad de algunas prestaciones, como la ayuda a domicilio «o el modelo que pretende implantar el PP y que favorece la institucionalización de las personas en situación de dependencia, a través de concesiones a los lobbies en detrimento de los usuarios y dejando de lado aspectos como la ruralidad, que es especialmente importante en Andalucía».
Igualmente, el dato de recortes extrapolado a 2013 se cifra, según la consejera, en 125 millones de euros, con lo que en dos años Andalucía dejará de percibir 214 millones de euros para dependencia.
50.000 ANDALUCES A LA ESPERA DE SE LES REALIZA EL PIA
Respecto a la ralentización, la consejera ha apuntado que en Andalucía existen unos 50.000 ciudadanos a la espera de que se les realice el Programa Individual de Atención (PIA), de los que casi un 75% (37.617) corresponden a personas en situación de dependencia moderada cuya incorporación al sistema ha sido retrasada por el Ejecutivo central hasta 2015. No obstante, Montero ha indicado que desde Andalucía se hará un esfuerzo para intentar que esa incorporación se haga antes.
Aerte no firmará el nuevo convenio con el Consell hasta que le pague la deuda
Aerte considera que no «existe garantía del cumplimiento del mismo» y quiere aclarar, «en contra de los comunicados que han vertido los sindicatos UGT y CCOO en la que se les tilda de irresponsables, la situación de la mesa de negociación del convenio colectivo».
Aerte afirma en un comunicado que está concentrando sus esfuerzos en resolver la situación de impagos que la administración valenciana tiene con sus empresas asociadas, de la que se ha pagado aproximadamente un 10% del total pendiente, a todas luces insuficiente.
Por ello no está dispuesta a firmar un convenio en negociación pues mientras no exista un calendario de pagos por parte de la administración, no existe garantía del cumplimiento del mismo.
La patronal ya ha manifestado en diferentes ocasiones que el condicionante para la continuidad en las negociaciones con cualquier agente del sector -desde la firma del protocolo de colaboración con la conselleria como la firma del convenio- y según lo aprobado en su asamblea del pasado diciembre, era el cobro de la deuda pendiente.
«Al menos en su mayoría, teniendo en cuenta que actualmente quedan pendientes 50 millones del resto del bono, Peis, salud mental y la gran mayoría de la deuda de plazas públicas de gestión privada, cuyos empresarios y trabajadores parece que están siendo abandonados a su suerte».
Independientemente de todas cuestiones, Aerte no entiende que «primero los sindicatos trasladen a sus bases de forma anticipada la fecha de firma inminente del convenio, cuando ésta no se había confirmado por las patronales firmantes del mismo, y posteriormente emitan un comunicado tan agresivo como el actual, cuando tenían conocimiento como indicamos, que por mandato de la asamblea, dicho convenio sólo se firmaría cuando se produjeran los pagos pendientes de la Administración, o al menos hubiera un plan de pagos aprobado».
La Ley de Dependencia se paraliza en Andalucía
Acceder a la Ley de Dependencia requiere actualmente una espera media de un año y medio. Un tiempo que muchos ancianos de la capital no tienen, inmersos en las garras de la senectud. El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ya advirtió de lo preocupante de esta situación que calificó como «insostenible».
Paralizados como están los trámites por parte de la Junta de Andalucía, la Ley de Dependencia mantiene a 2.161 personas en Granada a la espera de que la administración autonómica retome la actividad. Por partes. En el primer estadío de la ley, (solicitudes que se presentan al Ayuntamiento para someterse a una primera valoración), se presentaron en 2012 un total de 1.475 solicitudes de las cuales están sin valorar 1.342. En la segunda fase la Junta pasa el expediente al Ayuntamiento para que haga los Planes Individuales de Atención (PIA) y luego los vuelvan a remitir. Pues bien, el año pasado se mandaron a la Junta 937 PIAS, de los que están en espera 468.
En cuanto al tercer escalón (el de las revisiones) el Ayuntamiento mandó 422 expedientes y quedan por valorar 351. En total 2.161 expedientes que aguardan a que la Junta agilice el trabajo y empiece a descongestionar las solicitudes. Claro que muchas de las situaciones que llegan a diario al Ayuntamiento son tan perentorias que no pueden esperar. ¿Qué hacer entonces? El Ayuntamiento ha optado por atender a estas personas a través de su programa de ayuda a domicilio y de comidas, mediante el cual los profesionales acuden al domicilio de estas personas para ayudarles a asearle, vestirse, acostarse, darles de comer o controlar sus tratamientos médicos. Les ayudan a hacer la comida, a lavar la ropa, planchar y limpiar.
El concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Granada, Fernando Egea, reconoció ayer que el servicio municipal está desbordado. Actualmente dan servicio a través de este programa a 1.439 personas, de las cuales unas 400 deberían estar atendidas mediante la Ley de Dependencia. «Hemos aumentado este año el presupuesto del programa en un 10%, de 3.582.000 euros en 2012 a 3.952.000 euros para 2013, pero si la Junta desbloqueara la Ley de Dependencia, podríamos utilizar estos recursos para atender a más personas», lamenta el concejal de Bienestar Social.
La demanda es tan alta que el servicio municipal tiene incluso una lista de espera de unas 400 personas que aguardan pacientes para recibir ayuda de los profesionales. La Ley de la Dependencia se implantó en el año 2007. Fue la decisión más alabada del gobierno socialista de la Nación, puesto que daba solución a un clamor ciudadano que por fin encontraba respuesta en la llamada Ley de la Dependencia. Pero llegó el parón.
Según Fernando Egea, la Junta de Andalucía ha justificado esta inactividad frente al Defensor del Pueblo alegando que tienen que adaptar el reglamento a la nueva ley y que están adaptando los programas informáticos nuevos, aunque a nadie se le escapa que el dinero o, mejor dicho la ausencia de él, está detrás de esta paralización.
«La Junta no puede dejar de dar este servicio. El Ayuntamiento no tiene medios, pero estamos intentando atender a todas las personas que llegan con necesidades muy primarias por cubrir», apunta el concejal de Bienestar Social.
Hasta ahora los expedientes de la Ley de Dependencia venían solventándose en unos 9 meses. «Ahora mismo ya estamos hablando de años de retraso», lamentaba Fernando Egea.
Uno de cada tres aragoneses con derecho Ley Dependencia está a la espera
Uno de cada tres aragoneses con derecho reconocido a recibir atenciones o servicios de la Ley de Dependencia, lo que hace un total de 9.521 personas, se encuentran a la espera de que se haga efectivo dicho reconocimiento.Aerte recuerda a la Generalitat que aún le debe casi 50 millones de 2013
La patronal de la dependencia de la Comunitat Aerte, ha reconocido positivamente el pago de aproximadamente 6 millones que Bienestar Social ha activado estos días, matizando que se trata de una solución temporal y que no alcanza, nuevamente, a la totallidad del sector.
El dinero abonado solo representa un 10% de una deuda pendiente que crece cada mes. «No conviene olvidar que a los cerca de 50 millones de deuda pendiente del año 2012, hay que empezar a sumar los importes acumulados correspondientes al año 2013», señala Aerte en un comunicado.
Aerte ha manifestado su «agradecimiento a Bienestar Social por el esfuerzo realizado pues ha permitido resolver situaciones apremiantes aunque no en todos los casos, debido al retraso acumulado de más de un año, como regularizar las nóminas correspondientes al mes de noviembre de algunos centros o afrontar pagos imprescindibles».
Sin embargo, según ha manifestado la patronal del sector en la Comunitat, dista mucho de aportar una solución a un problema que se ve agravado con las obligaciones económicas que han de afrontar los centros cada nuevo mes, y con las desigualdades que genera la distribución de los pagos de dependencia en las empresas.
Asimismo, Aerte ha querido incidir en aspectos sin resolver de gran trascendencia para el sector, como la necesidad de solucionar el bloqueo existente en las líneas de confirming, de ofrecer una fecha para el abono de la deuda pendiente y en particular, definir cómo se pagarán los servicios prestados en el año 2013, teniendo en cuenta que ya ha transcurrido el mes de enero sin que se resuelvan todos los pagos pendientes del 2012 y se ha comenzado a prestar servicios en el 2013.
Estos servicios se están prestando desde los centros asociados a Aerte sin que la Generalitat haya transmitido un plan de pagos de la deuda anterior, ni de la deuda que se va generando con los servicios de este año, lo que provoca inseguridad en las empresas del sector, al entender que pueden volver a acumularse los problemas de cobro.
Para Aerte, la cantidad abonada por el Consell supone un leve avance, aunque no resuelve los problemas económicos que asfixian al sector. Aerte se ha referido a los muchos centros que no han cobrado y por ello, no han podido hacer frente a los pagos correspondientes a hacienda y la seguridad social, teniendo en cuenta que ha pasado el final del mes de enero por lo que a su deuda acumulada tendrán que sumar los intereses de demora del 20% y en ocasiones, de alguna sanción impuesta.
Desde hace más de un año, Aerte ha trabajado activamente para desbloquear la deuda pendiente que Bienestar Social ha mantenido con el sector de la dependencia que representa, y que ha llegado a alcanzar los 120 millones de euros a lo largo del año.
A pesar de que desde cargos políticos se hayan realizado múltiples declaraciones afirmando que el sector de la dependencia es prioritario en la Comunidad Valenciana, los hechos no han acompañado a estas declaraciones.
Al margen de los pagos realizados, la deuda en Bonos acumula un nuevo retraso de seis meses. Hay centros públicos gestionados por empresas privadas que no han cobrado nada de la deuda de todo el año 2012 y empresas con plazas concertadas con la administración que han sufrido errores administrativos sin aclarar ni solucionar y que han provocado que no cobren sus facturas.
La política actual de la Consellería en cuanto a la no resolución de los expedientes de las más de 10.000 personas en situacián de dependencia reconocida está provocando, no sólo la falta de atención de estas personas sino también la disminución de la ocupación y abocando al cierre a muchos de ellos. En los últimos meses se han producido cierres en centros, incluso en la ciudad de Valencia, y entrada de sociedades en concurso de acreedores con la consiguiente pérdidas de puestos de trabajo.
Desde la junta directiva de AERTE se sigue haciendo «un esfuerzo sin precedentes para solucionar estos problemas en el sector, y volvemos a transmitir públicamente a la Administración valenciana nuestra disponibilidad más absoluta para la búsqueda de un acuerdo global del sector que consiga una reorganización factible del mismo. Cualquier acuerdo adoptado tan solo con organizaciones individuales está condenado al fracaso a medio plazo, porque lo único que se conseguirá es una huida hacia adelante, que repercutirá a todos posteriormente con problemas irresolubles».
AERTE manifiesta que el sistema actual no tiene viabilidad, ya que está en una espiral de difícil salida, como se está demostrando, y se necesita una reorganización del mismo que permita a la sociedad recibir los recursos que claramente necesita.
Los beneficiarios de prestaciones de dependencia ascienden a 770.945 personas en 2012, un 6% más que el año anterior
El número de beneficiarios de prestaciones de dependencia en 2012 ascendió a un total de 770.945 personas (el 77 por ciento de las personas con derecho a prestación), una cifra que supone un 6 por ciento más en relación con el año anterior y un balance neto positivo de 18.944 personas, según datos del avance de la evaluación anual de 2012 del Sistema de Dependencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a los que ha tenido acceso Europa Press.
Además, las personas que durante 2012 se han incorporado como nuevos beneficiarios de alguna prestación ascienden a 129.847. Por otro lado, de las 305.941 personas pendientes de recibir prestación a diciembre de 2011 (casi el 30 por ciento del total) se ha pasado a 230.203 personas a diciembre del año pasado (un 24,8 por ciento), lo que supone «el porcentaje más bajo» desde la implantación de la Ley de Dependencia –hace seis años, desde 2007–, según ha destacado a Europa Press el director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales(Imserso), César Antón.
Respecto a los datos económicos, el presupuesto destinado en 2012 y transferido a las comunidades autónomas ha aumentado en 122 millones más respecto a 2011, hasta los 1,4 millones de euros (un 9,5% más que en 2011).
Antón ha detallado que una de las prioridades de la ley durante el año pasado ha sido la de atender «primero a los que más tiempo llevan esperando y a los que más dependencia tienen». Además, ha subrayado de que, en este año, ha seguido aumentando «tanto el número de beneficiarios como la financiación del Estado», ya que, a su juicio, «más allá de los números y las estadísticas, hay personas y familias». En cualquier caso, ha pedido «no generar expectativas» y, de cara al futuro, ha apostado por «el orden, la simplificación y la mejora de la transparencia».
Por comunidades autónomas, Navarra, Andalucía, Cantabria y La Rioja fueron las que menos dinero recibieron en 2012 por la revisión a la baja de los grados de dependencia o por el estancamiento en la entrada de usuarios, o por ambos motivos.
Así, en Navarra, el número de beneficiarios con prestación ascendió a 8.612 (frente a los 8.129 de 2011), con 12,5 millones de euros designados (frente a los 13 millones de 2011); en Andalucía, 192.532 beneficiarios con prestación (frente a los 191.330 de 2011), con 345,8 millones de euros designados (frente a los 356,6 millones de 2011); en Cantabria, 14.090 beneficiarios con prestación (frente a los 15.227 de 2011), con 19,4 millones de euros designados (frente a los 20,5 de 2011) y en La Rioja, 7.474 beneficiarios en 2012 (7.716 en 2011), con 13,4 millones en 2012 (13,7 millones en 2011).
Por el contrario, el resto de las comunidades ha recibido más dinero respecto a 2011. En concreto, Madrid recibió 141,9 millones de euros (134,5 millones de euros en 2011) y tuvo un total de 81.158 beneficiarios con prestación (76.674 el año pasado); País Vasco recibió 92 millones de euros (66,1 euros en 2011), con 39.506 beneficiarios (43.541 en 2011); Asturias, 26,3 millones de euros (23,6 euros en 2011) y 14.643 beneficiarios (13.890 en 2011); Baleares, con 18,7 millones de euros (17,7 millones de euros en 2011) y 9.534 beneficiarios (10.404 en 2011); Galicia, con 78,9 millones de euros (58,6 millones de euros en 2011) y 89.139 beneficiarios (34.092 en 2011); Extremadura, con 36,4 millones de euros (frente a 33,7 millones de euros en 2011) y 19.482 beneficiarios (18.249 en 2011); y Cataluña con 243,5 millones de euros (210,2 millones de euros en 2011) y 139.220 beneficiarios (118.890 en 2011).
Además, en Canarias se destinaron 28,8 millones de euros (21.989 millones de euros en 2011) y hubo 11.926 beneficiarios (10.505 en 2011); en la Comunidad Valenciana, con 43.145 beneficiarios (42.960 en 2011) se percibieron 82,5 millones de euros (78,1 millones de euros en 2011); en Castilla y León, 103,1 millones de euros (86,4 millones de euros el año pasado) y 62.108 beneficiarios (60.090 en 2011); en Castilla-La Mancha 67,1 millones de euros (64,6 millones en 2011), con 38.620 beneficiarios (39.081 en 2011) y Aragón, con 41 millones de euros (34,6 millones en 2011) y 21.413 beneficiarios (22.473 en 2011).
Un millar de trabajadores de la dependencia pierden su empleo cada mes
José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ha asegurado este jueves en el Congreso de los Diputados que «todos los meses», un millar de personas que trabajan en el sector de la dependencia se quedan sin empleo, ya que se están cerrando residencias y «desmantelando el sistema».
Ramírez hizo estas consideraciones durante su intervención en una jornada parlamentaria sobre Servicios Sociales y Dependencia, organizada por el Grupo Socialista y celebrada hoy en la Cámara Baja. El presidente de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales comenzó su intervención aclarando que, para él, la Ley de Dependencia es «el mayor avance que ha habido en España en los tres últimos lustros», ya que refuerza el sistema público de servicios sociales, entre otros aspectos positivos. Dicho esto, Ramírez puso sobre la mesa una serie de denuncias que a juicio de su colectivo hay que hacer por el cariz que está tomando el Sistema de Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes (SAAD).
Así, se quejó de que haya muchos beneficiarios que se encuentren actualmente «en el limbo de la dependencia», de que se haya acabado con el sistema de niveles, dentro de los grados establecidos por la ley, o de que haya «caído en picado» el número de planes individuales de atención (PIA) elaborados. Con este panorama, los gerentes de servicios sociales estiman que el Gobierno, si no adopta otras medidas, podría tardar unos 11 años en atender a todas las personas en situación de dependencia que tienen el derecho ya reconocido.
Ramírez se expresó así en una mesa redonda enmarcada en las citadas jornadas parlamentarias titulada ‘Situación y perspectivas de la implantación de la Ley de Dependencia» y moderada por Rosa Aguilar, portavoz de Servicios Sociales del Grupo. En la mesa, participaron también Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social; Rosana Costa, secretaria confederal de Política Social de CCOO; Almudena Fontecha, secretaria confederal para la Igualdad de UGT, y Jaime-Esteban García, coordinador estatal y de Comunidad Valenciana de la Plataforma de Defensa de la Ley de Dependencia.
«Desmantelamiento» de los Servicios Sociales
Lima aprovechó su intervención para hacer una defensa de los servicios sociales y para mostrar su preocupación por el «desmantelamiento» que, a su parecer, están sufriendo por culpa de los recortes. Apostó por un modelo de bienestar basado en la «igualdad, cooperación y solidaridad» y que garantice los derechos sociales a todos los ciudadanos, independientemente de su aportación a la Seguridad Social. Ese modelo, prosiguió, ha de «dar voz y empoderar a la gente», que debe expresar lo que le pasa para poder recibir una mejor atención y no recortar derechos, como está ocurriendo en algunas CCAA, donde se están «recrudeciendo» requisitos para acceder a él.
Y es que, aseguró, en la actualidad «hay un ataque» a los servicios sociales básicos, es decir, los que se prestan desde los ayuntamientos, que, en muchos casos, están viendo cómo desaparecen apoyos tales como el de la ayuda a domicilio, que solo se presta a personas en situación de dependencia, y no a todas. Igualmente, denunció la eliminación progresiva del plan concertado para los servicios sociales, que, aunque con una financiación «ridícula», suponía un acuerdo importante entre las tres administraciones.
Consecuencias «graves»
Por su parte, las representantes de CCOO y UGT se centraron en analizar las consecuencias que están teniendo las reformas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en la Ley de Dependencia, que, dijeron, son «graves», como lo son también los cambios del Ejecutivo en educación y sanidad. Para Rosana Costa, secretaria confederal de Política Social de CCOO, la de la Dependencia es una «reforma integral» que sigue el mismo patrón que orienta los cambios en el resto de pilares del Estado de bienestar, que se aborda de forma unilateral, sin trasparencia y con «opacidad». A su parecer, los objetivos de la reforma del Ejecutivo son «recortar drásticamente» el gasto social público y «debilitar la naturaleza pública y universal» con la que nació el Sistema de Dependencia, para conducirlo hacia otro de carácter «mercantilista».
Almudena Fontecha, secretaria confederal para la Igualdad de UGT, evidenció también su «preocupación» por el curso de la norma de la Dependencia y abogó por buscar un sistema de financiación estable y sostenible, desde el punto de vista económico, pero también social, y por redactar una ley que garantice el acceso a los servicios sociales a todas las personas. Finalmente, el coordinador estatal y de Comunidad Valenciana de la Plataforma de Defensa de la Ley de Dependencia indicó que la reducción de prestaciones económicas, el aumento del copago en los servicios, el hecho de que los cuidadores no profesionales tengan que pagar su Seguridad Social y el retraso hasta 2015 de la entrada en el sistema de los dependientes moderados son, a su parecer, los aspectos de las reformas del Gobierno que más están afectando a los beneficiarios del SAAD.
La Conselleria de Bienestar Social valenciana no pone fecha a los pagos pendientes
La Conselleria de Bienestar Social reconoce los impagos a las residencias y asegura que está trabajando “codo a codo” con la Conselleria de Hacienda para poder sufragar “lo antes posible” esta deuda. Por tanto, de momento, el departamento de Asunción Sánchez Zaplana no pone plazos ni fechas para hacer efectivo los pagos pendientes desde el pasado año.
Todo indica que el Consell liquidará antes la deuda de más de 2,6 millones con las residencias municipales que con las concertadas, ya que el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, ya apuntó esta semana que los ayuntamientos van a empezar a cobrar las cantidades pendientes. Cuantías que se abonarán atendiendo, en primer lugar, al criterio de la antigüedad y, en segundo lugar, a la naturaleza del servicio –bienestar social, educación y sanidad–. Por tanto, las residencias municipales cumplirían, al menos, el segundo de los supuestos.
En todo caso, en el abono de la deuda va a jugar un papel clave el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que la Comunitat pidió ayer formalmente al Gobierno estatal para este año, y que debe autorizarse. La finalidad es poder trasladar a los afectados por la deuda un plazo aproximado de pago, que dependerá de cuándo se reciba el FLA.
Juan Carlos Moragues mostró la intención del Consell de reducir los plazos con todos los agentes afectados por las deudas, incluidos los consistorios.
La crisis obliga a abandonar la residencia a uno de cada 10 ancianos
Al menos una de cada diez personas mayores ha dejado la residencia y los expertos aseguran que lo hacen empujados por la crisis económica. Las alternativas son volver a casa y pedir ayuda a una ONG o vivir con la familia a cambio de aportar la pensión para ayudar a cubrir los gastos del hogar.
Nuestros ancianos recurren al servicio de voluntarios para suplir sus carencias. La crisis del sector aumenta con los retrasos en los pagos de la administración, mientras, los estudios duplican la población mayor en 2050.
En el vídeo de laSexta Noticias pueden conocer a Carmen, de 90 años y atendida por una ONG. «Yo no voy a robar», afirma esta anciana, que no tiene recursos para permitirse acudir a una residencia para su cuidado.
«Lo que antes eran listas de espera ahora son camas vacías», asegura el gerente de la residencia ‘Ave María’, de Madrid.
Conflicto abierto en el sector de las residencias de la tercera edad
Las extremas dificultades financieras de la Generalitat afectan a todas sus áreas y el pago a las residencias de la tercera edad no es una excepción. Pero no todos los centros lo están pasando igual de mal. Aquellos bajo la modalidad de concierto denominado de accesibilidad social —la red de residencias que surgió a raíz del plan impulsado por el exconsejero Rafael Blasco en 2001 y en la que participó la familia del presidente de las Cortes, Juan Cotino— ha recibido un pago selectivo por parte del Consell, que ha dejado al margen a buena parte del resto de centros, como han denunciado estos.
En el escenario de la atención residencial apoyada con fondos públicos hay dos protagonistas principales y varios secundarios. Entre los actores destacados, además de los centros de accesibilidad —agrupados mayoritariamente en torno a la asociación Aecas— se encuentra Aerte, la Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia. Esta última ha puesto el grito en el cielo después de sentirse agraviada por haber sido marginada en el último pago realizado por la Generalitat a las residencias.
De la inyección de dinero (437 millones) del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que envió el Gobierno a la Generalitat en diciembre para hacer frente a pagos pendientes, el Consell destinó 63 a cubrir parte de las deudas que mantiene con el sector. Abonó 49 millones a las empresas de accesibilidad. Otros nueve, a entidades sin ánimo de lucro (básicamente entidades religiosas, agrupadas en torno a la asociación LARES, uno de los actores secundarios en este relato) y casi cinco millones a liquidar deudas a empresas que gestionan centros públicos, como ha denunciado Aerte.
Los centros de Aerte, que acogen a beneficiarios del bono residencia, de una modalidad de ayuda que establece la Ley de Dependencia (prestaciones vinculadas al servicio) y entre los que también hay residencias públicas de gestión privada, siguen esperando a cobrar los 60 millones correspondientes a buena parte de las facturas del año pasado. “Es un claro agravio”, sostiene María José Mira, gerente de Aerte. La pasada semana, la Generalitat les comunicó que antes del 31 de enero recibirán seis millones de euros, un 10% de la deuda, lo que “no soluciona nada”, dice Mira. Este diario intentó, sin éxito, conocer la versión de la Generalitat.
El segundo motivo de agravio que plantea Aerte es que la Administración “ha potenciado las plazas de accesibilidad”, agrupadas mayoritariamente en Aecas, en perjuicio de los tipos de subvención de los que participan sus asociados. De esta forma, mientras que en 2007, las plazas del bono (en extinción) o de prestación vinculada al servicio eran 4.500, ahora son 3.000. Y mientras en 2007 los beneficiarios que la Generalitat remitía a las residencias con plazas de accesibilidad social eran 1.840, ahora rebasan las 4.000.
Aecas prefiere no entrar en los motivos por los que las empresas que explotan centros bajo la fórmula de accesibilidad social han cobrado antes. “A fecha de 26 de diciembre solo habíamos cobrado el mes de enero de 2012. Sin entrar en detalles, la situación de Aerte era distinta”, explica Marcos Penadés, presidente de Aecas. Respecto a la prioridad que ha podido conceder la Generalitat a sus residencias en el envío de personas, Penadés sostiene que deberían de remitirles más residentes. Para justificarlo, entre otros aspectos, sostiene que sus plazas tienen un derecho de preferencia reconocido por la Generalitat. Y alude a una decisión que tomó la Consejería de Bienestar Social cuando estaba al frente del departamento el presidente de las Cortes, Juan Cotino (2007-2009) que les daba prioridad.
El contrato original de la fórmula de las residencias de accesibilidad social (los centros integrados mayoritariamente en Aecas) se elaboró mientras el actual diputado del PP Rafael Blasco, imputado por el supuesto desvío de fondos públicos destinados a cooperación, dirigía la consejería de Bienestar Social. Ante la falta de residencias públicas ideó en 2001 un plan que consistía en proponer al sector privado la creación de 9.000 plazas nuevas a través de un concurso por el que la Generalitat se reservaba un tercio de ellas. Hasta entonces el modelo de subvención con el sector privado se basaba en el bono residencia, un importe que se entregaba a los beneficiarios para que escogieran una plaza privada. A partir del plan de las 9.000 plazas, entró en escena una nueva modalidad de subvención pública: el tercio de plazas de disponibilidad pública que se reservaba la administración, denominadas plazas de accesibilidad. Finalmente, el número total de plazas no fueron 9.000 sino 6.000, y las reservadas para residentes de la red pública 2.000.
En 2008, el máximo responsable de la Consejería de Bienestar Social, Juan Cotino, cambió las reglas. Firmó un acuerdo con las empresas de accesibilidad para concertar hasta el 100% de las plazas de estos centros. Entre estas compañías estaba Centros Residenciales Savia, nombre comercial de la empresa Gerocentros del Mediterráneo, SL. Por entonces (ya no), Savia estaba participada por Sedesa Concesiones —filial de la matriz Servicios de Excavaciones SA (Sedesa)—, ligada a la familia de Cotino a través de su sobrino, Vicente Cotino.
Este pacto es el que quiere hacer valer Aecas, asociación integrada por Savia, Novaire, Solimar, La Saleta, Vergel Sénior, Parqueluz, Gerianna y L’Albereda-Alacuás, que concentran el 93% de plazas de accesibilidad social. “Están potenciando a cuatro empresas, por lo que sea”, explica Mira. “Solo pido que no nos perjudiquen a nosotros para favorecer a otros”, añade.
Demolición de la Ley de Dependencia: Las ayudas caen a la mitad en cuatro años
«La ley de Dependencia se encuentra en una fase de retroceso y demolición». Así de tajante se mostró el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, durante la presentación del informe sobre el desarrollo de esta normativa. Y es que la ley considerada como el cuarto pilar del Estado del bienestar sufre serios problemas de financiación. En el estudio se denuncian recortes presupuestarios de 850 millones de euros en el último año, el aumento del plazo para recibir la prestación -supera los dos años legales- y una disminución en la lista de espera de beneficiarios debido a la falta de reposición tras los fallecimientos y los cambios de baremos que han «expulsado» a los dependientes moderados.
Una de las principales (si no la principal) disputa entre comunidades autónomas y Gobierno en las reuniones sobre Dependencia se resume en una pregunta: ¿Quién sufraga la ley? En el informe la respuesta está clara. «El Estado ha decidido retirarse de esta ley», lamentó Ramírez. Y es que la aportación del Gobierno central se ha reducido casi a la mitad en cuatro años. Ha pasado de un 39,2% en 2009 a un 21,4% en 2012.Esto supone que el Estado aportó 1.404 millones de euros de los 6.570 millones totales en el último ejercicio. Esta importante reducción ha tenido que ser asumida por las comunidades autónomas, muy maltrechas económicamente y obligadas a duros ajustes para cumplir con el objetivo de déficit. Los gobiernos regionales han pasado de aportar un 50,8% en 2009 a un 62,6% en 2012. Es decir, hasta 4.114 millones del total. También deben pagar más los propios usuarios a través de un copago que ya supone un 16% de la financiación de la normativa, cuando en 2009 era solo un 10%. «Se está demoliendo desde la falacia de que la ley es insostenible», mantiene el informe.
Otra de las polémicas tiene que ver con el denominado ‘limbo de la Dependencia’, es decir, la lista de espera de los beneficiarios. El Gobierno anunció hace unas semanas que los dependientes con derecho a una prestación económica que todavía no la habían recibido se redujeron en seis puntos porcentuales en 2012. Pasaron de un 29% a un 23%. Esto supone 230.000 personas figuran en la lista de espera. Sin embargo, según criticó Ramírez, esta disminución se debe a la eliminación de algunas subdivisiones de los grados de dependencia. El Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales afirmó en su momento, que este cambio obedecía a motivos de simplificación para mejorar la gestión de los recursos. Desde esta asociación aseguran que con ese cambio muchos casos pasaron a contemplarse como moderados y, por tanto, retrasadas las ayudas hasta 2015. Y es que el Ejecutivo también retrasó hasta ese año la ayuda a los dependientes moderados. «Es un espejismo estadístico producido por las personas que perdieron el derecho a ser atendidos», afirmó Ramírez.
Menos grandes dependientes
El Gobierno siempre ha mantenido que la finalidad de todas las modificaciones legales era priorizar los recursos en tiempos de crisis y primar a los grandes dependientes frente a los moderados. Sin embargo, según el estudio, todas las comunidades autónomas redujeron el número de beneficiarios más graves en el último año salvo Madrid. Pero ha habido más cambios. «El decreto aprobado por el Gobierno en julio supuso la demolición controlada de la propia ley», explicó el presidente de la asociación. Y ha puesto como ejemplo el pago de las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores familiares. El Ministerio de Sanidad se encargaba de abonar esas cotizaciones, pero con el decreto dejó de hacerlo. De esta forma se ha dejado sin cotización a la Seguridad Social en el convenio especial a 146.000 cuidadores.
En cualquier caso, el desarrollo de la normativa es muy dispar en función de cada comunidad autónoma. El informe destaca la labor sobresaliente de Castilla y León y la notable de País Vasco, Andalucía y La Rioja. Las peores notas son para la Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Murcia y Madrid.
El estudio también destaca la repercusión productiva de la normativa. «Gracias a esta ley se han creado 200.000 puestos de trabajo», aseguró Ramírez. Según sus datos, por cada millón de euros invertidos en Dependencia se generan 30 puestos de trabajo «estables y no deslocalizables». Además, los retornos directos a las arcas públicas se estiman en 1.371 millones.
El Observatorio de la Dependencia denuncia el «desmantelamiento» de la ley
El Observatorio de la Dependencia ha denunciado este jueves en su último dictamen el «desmantelamiento» de la aplicación de la Ley que están llevando a cabo algunas comunidades y ha calificado con un suspenso la actuación de Canarias, Comunidad Valenciana, Baleares, Ceuta y Melilla, Murcia, Madrid, Cantabria, Asturias y Aragón, que suspende por primera vez.
«A nivel general continúa registrándose una tendencia muy negativa en la implantación de la Ley, con especial preocupación ya no en el estancamiento del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) sino en el retroceso en los principales indicadores que ya no mantienen en los últimos cuatro meses ni la tasa de reposición, siendo alarmante el ritmo de desmantelamiento que presentan en esos indicadores algunas CC.AA.», ha señalado el observatorio en su último dictamen.
En este sentido, el informe destaca «el empecinamiento» de la Comunidad Valencina, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, con calificación de muy deficiente, «en no aplicar las prestaciones y servicios» que la Ley de Dependencia contempla, «poniendo a sus ciudadanos y ciudadanas en una situación de desprotección frente al resto en una materia de protección social tan básica».
Asimismo, destaca el descenso en el ranking de alguna comunidad, como es el caso de Aragón, que por primera vez en los seis años suspende, o Castilla La Mancha, que en los dos últimos dictámenes ha pasado del sobresaliente al aprobado. Por el contrario, el observatorio destaca que Castilla y León, País Vasco y Andalucía destacan de manera notable en la aplicación de la Ley, y reconoce el esfuerzo de mejora de Navarra y Galicia, que reciben un aprobado.
Además de estos «graves desequilibrios en el gasto entre unas y otras comunidades», el observatorio destaca que la financiación estatal para el nivel mínimo (el que debe garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en cualquier territorio) se va distanciando cada vez más del coste efectivo de las prestaciones económicas y los servicios que las personas dependientes están recibiendo, lo que considera «preocupante».
Para el observatorio, este «frenazo» en la financiación del SAAD se percibe en el gasto por habitante/año para esta política social, «estancado» en 113 euros por habitante y año, así como en la reducción del aporte por dependiente atendido, que se ha reducido hasta los 7.000 euros por año y dependiente atendido.
CRITICA LA «OBSESIVA» PRESIÓN A LAS CC.AA.
Respecto a la política del Gobierno, el observatorio critica las llamadas «reformas para la mejora del sistema», y especialmente la modificación de la Ley que se produjo por Real Decreto-ley en julio, que, a su juicio, «no han hecho sino recortar derechos efectivos y rebajar la financiación de la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas», así como «la obsesiva presión a las CC.AA. para que reduzcan el gasto público». «El SAAD se está demoliendo por la parte económica desde la ceguera y la falacia de que esta es una política de gasto insostenible», ha señalado.
De hecho, según la asociación, los datos oficiales indican que «de la paralización del sistema se está pasando a su involución». Así, a 31 de julio de 2012, figuraban como atendidas (con PIA) un total de 780.536 personas, mientras que el último dato publicado (1 de diciembre) constata un total de 770.949 personas con atención. Es decir, en los cinco meses que han pasado desde la aprobación del Real Decreto-ley, se han caído 9.587 personas del sistema.
230.203 EN EL «LIMBO DE LA DEPENDENCIA»
Esta reducción en el número de personas atendidas se traduce en 230.203 personas en el «limbo de la dependencia» (personas con derecho a atención pero que no la reciben), que ya representa el 23 por ciento de las personas que tienen reconocido el derecho a ser atendidas. Esta cifra representa una reducción respecto a 2010, lo que, según la asociación, el Gobierno ha tratado de «vender» como un descenso en más de 75.000 personas en este «limbo» fruto de las reformas del sistema.
Sin embargo, el observatorio razona que la reducción es «un espejismo estadístico» producido por las bajas resultantes por una parte de la modificación del calendario de la Ley, que retrasa el derecho de ser atendidos a los dependientes moderados hasta el 2015 y de la baja de aquellas personas que durante todos esos meses han ido falleciendo. «El limbo no se ha reducido por atender a más personas, sino por abandonarlas», señala el dictamen.
Este limbo también varía considerablemente de unas comunidades autónomas a otras. Así, las Comunidades de Castilla y León (4,4%), Ceuta y Melilla (6,8%), La Rioja (10,7%), Cantabria (10,7%) y Navarra (12,1%) son los territorios que menos porcentajes de lista de espera presentan actualmente. Mientras, en otras comunidades el porcentaje del limbo de la dependencia está muy por encima de la media estatal. Es el caso de Canarias (50,9%), Baleares, (41,2%) Galicia
(37,1%), C.Valenciana (33,4%) y Aragón (30,4%).
En el plano positivo, el observatorio señala que se constata que muchos territorios autonómicos están llegando al techo de reconocimientos de dependencia. Para la asociación, esto quiere decir que «la lógica implantación progresiva» de la Ley ha dado como resultado que en este momento se disponga de la información necesaria y actualizada de la situación de 1.272.846 personas en situación técnica de dependencia.
ARTECAM, preocupada por el pago de ayudas a dependientes fallecidos
La Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (ARTECAM) ha manifestado su «profunda preocupación» por los datos revelados por el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, sobre el pago de ayudas a la dependencia a 724 perceptores fallecidos por valor de 3,1 millones de euros, según reflejó la pasada semana el Tribunal de Cuentas.
Los miembros de esta patronal aseguran que «están sufriendo en este momento las consecuencias derivadas de la gestión del anterior Gobierno en relación a dichas ayudas», por lo que «esa ha sido una de las causas del desastre de los servicios sociales en Castilla-La Mancha de los últimos años», ha informado en nota de prensa.
«En reiteradas ocasiones hemos denunciado que las ayudas a los cuidadores informales deberían haber sido concedidas en aquellos casos donde no existiese posibilidad de ningún recurso profesional en el entorno familiar, tal y como recoge la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia», aseguran desde la patronal.
ARTECAM se ha mostrado a favor de «que se descubran las irregularidades y de que se depuren responsabilidades de quienes no han controlado el dinero que se destinaba a Asuntos Sociales». «Quienes han permitido el fraude, si así fuese, deben pagar por ello», afirman.
El Ministerio revisará la Ley de la Dependencia dentro de seis meses
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado que junto con las Comunidades Autónomas dotarán al Sistema de Dependencia de datos más homogéneos y fiables mediante la actualización de su base de datos, para lo que se han dado un plazo de seis meses. Durante este tiempo, analizarán la información que ya obra en el modelo y sopesarán los procedimientos más adecuados para su actualización. Asimismo, se unificarán los criterios de regulación de las prestaciones y los servicios del Sistema de Dependencia y se clarificará la financiación.El Gobierno Vasco se opone al proyecto de la Ley de Dependencia
El consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Juan María Aburto, ha manifestado este miércoles en Madrid la oposición del Ejecutivo de Iñigo Urkullu al proyecto de real decreto que regulará las prestaciones para la dependencia «por ser un decreto que ni asume las consecuencias para una financiación adecuada y es una invasión competencial a las comunidades autónomas», ha explicado.
Aburto ha realizado estas declaraciones tras asistir al pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia celebrado en la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid y presidido por la ministra Ana Mato.
«El 90% del gasto»
«La cuestión que está pendiente es la financiación del sistema», ha recalcado el consejero vasco, aunque asegura «que el resto de administraciones vascas van a mantener la atención a las personas dependientes como lo vienen haciendo hasta la fecha». «El nivel de atención en nuestra comunidad autónoma adquiere un nivel de sobresaliente en cada evaluación», ha sentenciado.
Según Aburto, «el País Vasco soporta el 90 por ciento del gasto de la ley de la dependencia» cuando «la vocación de la ley era que fuera del 50 por ciento» por parte de las comunidades y el estado.
Bienestar Social recortará las ayudas a discapacitados y plantea el copago
Los colectivos de discapacitados de la provincia de Castellón se enfrentan a un futuro “incierto” y “preocupante” debido al nuevo modelo de financiación que quiere poner en marcha la Conselleria de Bienestar Social. Por tanto, a los impagos que padecen estas asociaciones por parte del Consell, que les adeuda más de dos millones de euros, se añade ahora la incertidumbre a causa del recorte de subvenciones anunciado para este año por el departamento de Asunción Sánchez Zaplana, que no descarta incluir el temido copago a estos servicios.
Está previsto que hoy la Conselleria ponga encima de la mesa sus intenciones, cifre el recorte previsto y clarifique si los discapacitados van a tener que pagar más por recibir atención. Será la directora general de Bienestar Social, Pilar Collado, la encargada de comunicar esta tarde a los discapacitados todos estos aspectos. La reducción se prevé que sea del 5%, aunque no se descarta que pueda ser mayor. “Para los centros más grandes esto supone una disminución importante, que puede perjudicarles mucho”, indicó el presidente de Afanías Castellón, Juan Bru.
En este sentido, Miguel Benages, presidente de la plataforma Cermi Castellón, que aglutina a 12 colectivos de discapacitados de la provincia, espera que el recorte sea mínimo. “Nos gustaría que no tocasen nada, pero si nos quitan parte de la ayuda, al menos que nos la paguen, no como ahora, que arrastramos un impago insostebible”, señaló Benages, quien exigió a Bienestar Social subsanar la deuda. Por su parte, la Conselleria sigue sin pronunciarse sobre cuándo prevé pagar.
COPAGO // Otro de los puntos que plantea este nuevo modelo de financiación es el que hace referencia al copago. Y es que, aunque aún no haya fecha para su entrada en vigor, el Gobierno autonómico abre la puerta a aplicar un sobrecoste a los discapacitados. Así, se estudia restar de la ayuda total lo que pagan los usuarios, es decir, si ahora al mes una familia paga 145 euros por una plaza en un centro de día para discapacitados, la Conselleria restaría esta cantidad de la subvención. “Si nos descuentan estas cantidades, los ingresos se reducirán y las prestaciones mermarán en detrimento de los usuarios”, apuntó a este periódico el presidente de Afanías en Castellón. Actualmente, Bienestar Social sufraga el 80% de los fondos de estos colectivos, mientras que el 20% restante procede de la aportación de las familias y de donaciones.
MEDICAMENTOS // Los impagos y el miedo al copago en los servicios no son los únicos frentes abiertos. UGT anunció ayer que denunciará ante el Síndic de Greuges que los discapacitados tengan desde el pasado día 1 que sufragar parte de los medicamentos, después de que la Generalitat haya decidido eliminar la gratuidad en la prestación farmacéutica para este colectivo. A este respecto, el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, explicó ayer que el hecho de que deban pagar parte de los fármacos es una exigencia que viene marcada desde el Gobierno central y que debían aplicar este punto “sí o sí”.
La consejera asturiana, contra los «nuevos recortes» en dependencia
La 
consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, Esther Díaz, ha anunciado a su llegada a la sede del ministerio de Sanidad, donde participa en el pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, que acude con un «posicionamiento claro en contra» del proyecto de real decreto por el que se regulan las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, que figura entre los temas a tratar en la reunión de este miércoles.
«La reunión se presenta como una serie de normativas que son la continuidad de las medidas de recorte del Gobierno de España sobre la Ley de Dependencia que se han iniciado en verano», ha explicado la consejera asturiana, que interpreta los cambios como «una modificación» de la Ley de Dependencia para «favorecer la privatización» del servicio y que «paraliza» la aplicación de la ley.
La representante del gobierno socialista de Asturias considera que el Ejecutivo de Rajoy «convierte algunas prestaciones económicas en servicios» mediante«una argucia léxica» con «una clara orientación hacía la privatización».
Además, Díaz ha denunciado que el proyecto de real decreto por el que se regula el nivel mínimo de protección supone «un nuevo recorte» y «menos dinero para la transferencia a comunidades autónomas» que «aumentan los requisitos»para los dependientes.
«Esto implica que se paraliza la Ley de Dependencia, no van a poder entrar de más personas al sistema», ha lamentado la consejera, que anuncia que su gobierno no podrá cumplir con las previsiones para este año debido » a las nuevas exigencias burocráticas que se ponen en este real decreto».
Empresarios de Aerte entregan 200 cartas a Bienestar Social para reclamar la deuda, que asciende a 60 millones
Empresarios de Aerte, la patronal del sector de la dependencia en la Comunitat, se han congregado este martes frente a la Conselleria de Bienestar Social para entregar a su titular, Asunción Sánchez Zaplana, 200 cartas en las que reclaman la deuda, que asciende a un total de 60 millones, y le exigen que termine con «la discriminación» que les aplica con respecto a otros colectivos.
En ese sentido, la gerente de Aerte, Maria José Mina, ha señalado que el 85 por ciento de los empresarios de Aerte ha subrayado que están en un situación de «incertidumbre, desasosiego, e insomnio» porque llevan sin cobrar todo el año 2012, e incluso algunos pagos del ejercicio de 2011, y ni siquiera les garantizan un calendario de pagos.
Por ello, ha señalado que esta deuda de la Administración valenciana les impide cumplir sus compromisos de pago con proveedores o las nóminas de los 12.000 empleados a los que dan trabajo hasta el punto de que han llegado a recibir sanciones de hasta 21.000 euros del ministerio de Trabajo por impagos a sus plantillas, que ya han recurrido.
El problema, sintetiza, es que «se trata de un colectivo muy sensible» ya que atienden a personas dependientes, unas 20.000, que precisan de ayuda diaria para todas sus funciones, desde levantarse a comer. «Nosotros no somos como otros colectivos, no podemos cerrar las persinas y manifestarnos», ha señalado. Además, ha denunciado los 11.000 expedientes que hay sin resolver o sin reconocer desde los años 2009 y 2010.
Sin embargo, lamenta que pese a todo ello, en la reunión que mantuvo el día 26 de diciembre la junta directiva de Aerte con la consellera se les comunicó que el día 28 «se iba a pagar de forma equitativa, y no se ha cumplido, y que iban a dar un plan de pagos, y tampoco». Por ello, solicitaron una reunión hace dos semanas con el vicepresidente, José Císcar, «nos dijeron que nos iban a dar una fecha pero tampoco nos han dicho nada».
Asimismo, reclama que las empresas adheridas al sistema de concierto Bono Residencia y centro de Día, que ya existía antes de la ley de dependencia y al contrato de Accesibilidad Social, sean reconocidas como concertadas con el fin de que «se respete el derecho que por ley tienen todas las personas de libertad de elección de centro».
Tutelados de la administración
Entre los usuarios de Aerte, se encuentran los 800 enfermos mentales dependientes tutelados por la Administración, que «tampoco reciben el dinero», según explica el director del centro Mentalia Puerto y coordinador de la comisión de salud Mental, David Taroncher.
Así, ha apuntado que si hace unos meses ya advirtieron de que la situación era «muy complicada» ahora es «insostenible» y de hecho ha confirmado que varias empresas han tenido que presentar concurso de acreedores. «La Administración nos dice que esperemos y nosotros desesperamos porque es un sector que no puede esperar», ha relatado.