Recortes
Cataluña es la única comunidad que en los últimos doce meses ha reducido el número de dependientes
«Alberto ahora mismo tiene nueve años, pero es como un bebé de seis meses: no anda, no habla, no tiene control de sus esfínteres, tiene una discapacidad intelectual grave y es prácticamente ciego». Así resume Aurelia Jerez Medina la rara enfermedad que sufre su hijo Alberto, el síndrome de Pitt Hopkins, una afección de la que solo se conocen once casos en España.
En 2008, Aurelia y su marido consiguieron la calificación de “persona dependiente” para Alberto, por lo que comenzó a recibir las prestaciones y servicios públicos a los que tiene derecho: «Desde el primer momento se le consideró un grado tres, que es el grado máximo de dependencia, y siempre lo ha mantenido», explica. Esto implica que Alberto «necesita ayuda de una tercera persona para realizar cualquier actividad de su vida, como puede ser comer, vestirse, acostarse, bañarse… Si no le das de comer, no come, y si no le cambias de pañal, tampoco protesta”.
Desde entonces, la familia recibe una pequeña cantidad de dinero cada mes. «La prestación que se le concedió a mi hijo fue la de cuidados en el entorno familiar. Yo soy su cuidadora y, por eso, en un primer momento se me pagaba 552 euros y mi cotización a la Seguridad Social», explica. Sin embargo, debido a los últimos recortes, la ayuda es ahora menor y desde “el decreto de julio de 2012, se ha reducido hasta los 442 euros y se ha eliminado la cotización”.
De todos modos, la situación de Alberto es mejor que la de muchas otras personas dependientes en España. Según un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, a día de hoy casi uno de cada tres afectados se encuentra en las «listas de espera». En concreto, 381.508 no reciben prestaciones o servicios públicos, frente a los 826.362 que sí lo hacen.
Cabe señalar, además, que el 54,1% de los que solicitan las ayudas supera los 80 años, por lo que agilizar los procesos se vuelve crucial. «En la espera, en la espera, en la espera… Hay gente que se muere», afirma el portavoz de la Federación de Asociaciones de Personas Mayores de Cataluña, Enric Ollé, que conoce bien el problema por su trabajo, pero también porque lo ha vivido de cerca: en 2015 falleció la hermana de su suegro, Francisca Valls, quien desde 2009 había sido reconocida como una persona dependiente y, sin embargo, nunca recibió ayuda pública alguna.
Por desgracia, el caso de Francisca no es excepcional, ya que en los últimos cuatro años 127.000 personas han fallecido esperando la prestación a la que tenían derecho. «Es un proceso burocrático y lento», asegura Ollé.
Diferencias entre las CCAA
Aunque en el último año ha crecido en un 12% el número de dependientes a los que se atiende en España, la situación cambia de unas comunidades a otras. En algunas ha mejorado, como sería el caso de Castilla y León, Madrid o Asturias, pero en otras no. Destaca Canarias, donde la lista de espera supera el 50%, y Cataluña, que es la única comunidad que en los últimos doce meses ha reducido el número de afectados a los que atiende.
De todos modos, el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales advierte de que «el resto resto de las comunidades no les va a la zaga». En este sentido, apuntan a un mal sistema de financiación como parte del problema: «El recorte acumulado del Gobierno de Rajoy en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende a 2.865 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares» dice el informe.
Aunque para Francisca ya es demasiado tarde, las decisiones que se tomen ahora marcarán el futuro de Alberto. “En estos momentos es pequeño, y yo todavía me puedo manejar bien, pero me imagino que con el paso del tiempo, que yo vaya cumpliendo años y él vaya ganando peso, necesitaré otro tipo de ayudas”, explica su madre. “Si hay un poco de voluntad por parte de los gobiernos venideros, espero que todo esto pueda ser viable”.
Fuente: El Confidencial
AERTE presenta propuestas a PP, PSPV- PSOE, A LA VALENCIANA Y CIUDADANOS para mejorar la aplicación de la Ley de la Dependencia
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha cerrado esta semana una ronda de reuniones con representantes en la Comunidad Valenciana de los cuatro partidos políticos y coaliciones más representativos que acuden a las elecciones generales del próximo domingo, 26 de junio.
El objetivo de dichos encuentros ha sido plantear propuestas relativas a la mejora de la aplicación de la Ley de la Dependencia así como al tratamiento fiscal de los servicios asociados a dicha Ley. En concreto, el documento entregado a todas las formaciones políticas propone:
– La aplicación general del IVA del 4% a todos los servicios sociales, independientemente de la financiación de los mismos y la naturaleza de la entidad.
– Reducir la incompatibilidad de las prestaciones con el objetivo de mejorar la atención a las personas en situación de dependencia, adaptándose mejor a las circunstancias de cada una de ellas. Por ejemplo, AERTE plantea que se puede compatibilizar un servicio de ayuda a domicilio con un centro de día o una prestación de cuidador en el entorno familiar.
– Mejorar la financiación de la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. En este sentido, propone recuperar los niveles de financiación previas al RD Ley 20/2012 al nivel acordado, recuperar el nivel mínimo de aportación del Estado y mejorar la aportación hasta un 50% establecido legalmente mediante la aplicación de fondos de carácter finalista.
– Aumentar las intensidades máximas de protección de los servicios del catálogo. Por ejemplo, las horas máximas establecidas de atención mediante los servicios de ayuda a domicilio son escasas para prestar un servicio completo en el ámbito domiciliario.
– Incrementar las cuantías máximas de las prestaciones económicas vinculadas al servicio.
– Continuar con la apuesta por los servicios profesionales como garantía de la calidad del servicio prestado a las personas en situación de dependencia.
Las reuniones se han llevado a cabo con: Àngela Ballester de la coalición A la Valenciana, Ana Botella del PSPV-PSOE, Elena Bastidas del PP y Vicente Ten de Ciudadanos. A dichos encuentros también acudieron Concha Andrés, diputada de Les Corts por el PSPV; Susana Camarero, secretaria de estado en funciones de Servicios Sociales e Igualdad y Fernando Mula, cabeza de lista de Ciudadanos al Senado por Valencia.
Presentan más de 300 escritos solicitando resolver de forma inmediata expedientes de asistencia a la dependencia
-Reclaman que con carácter de urgencia les sea reconocida la prestación económica Vinculada al Servicio de atención residencial.
-Además solicitan que la Conselleria publique una lista ordenada y baremada de solicitantes de ayudas a la Dependencia
– De los 2.351 expedientes resueltos en los cuatro primeros meses, 2.105 corresponden a cuidadores no profesionales. En la Comunidad Valenciana hay más de 40.000 personas a la espera de resolución.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) y diversos familiares han presentado esta mañana a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas más de 300 escritos de personas solicitando que, de forma urgente, se les resuelva la prestación económica, de carácter personal, vinculada al servicio de atención residencial.
Los escritos presentados reclaman, además, que mientras se verifica la petición asistencial principal que cada persona solicitó en su momento, la Conselleria publique una lista ordenada y baremada de los solicitantes de ayudas a la dependencia y que la misma sea accesible de forma permanente, de modo que se pueda verificar públicamente que se siguen criterios objetivos en la concesión de dichas ayudas.
En estas solicitudes se recuerda además que el usuario tiene derecho, según dictaminan diferentes sentencias (Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2015 y Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 20 de diciembre de 2013) a elegir entre una plaza pública o concertada y una prestación vinculada al servicio, siempre bajo la garantía del criterio profesional de las trabajadoras sociales recogido en el informe correspondiente.
Por tanto, el tiempo de espera debería ser el mismo para las solicitudes de uno u otro servicio. Sin embargo, los datos indican que para la resolución de una plaza pública se requiere aproximadamente un año y medio, sin embargo las de prestación vinculada al servicio se alargan hasta los tres años.
AERTE ha trasladado esta situación a la Conselleria en distintas ocasiones y pensaba que, con el objetivo de acabar con la lista de espera, se podría solucionar esta cuestión. Y más teniendo en cuenta que, al dejar de contar con 2.500 plazas del Plan de Accesibilidad Social, tras las dos sentencias de febrero que las declaraba contrarias a derecho, se está produciendo un cierto colapso en la resolución de estos expedientes. Con la resolución de estas prestaciones se podría ayudar a desbloquear la situación hasta que se apruebe el nuevo modelo de plazas concertadas.
Aunque se ha aumentado el número de expedientes resueltos sobre los del anterior gobierno, aún queda mucho trabajo que llevar a cabo, ya que se ha pasado de priorizar las plazas concertadas a priorizar la prestación de cuidadores no profesionales. Éstas últimas han supuesto el 89.53% de las 2.351 prestaciones resueltas en lo que va de año según los datos disponibles en el portal de la dependencia del SAAD del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
AERTE esperaba que pudiera cambiar la situación estos meses pero sigue habiendo expedientes que llevan tres años para ser resueltos, por lo que ha decidido llevar a cabo esta iniciativa pública para dar visibilidad a esta situación e instar a la Administración para que acelere la resolución de los expedientes pendientes.
A la asociación más representativa del sector de atención a personas dependientes le consta la voluntad de la Conselleria de reducir la lista de espera lo antes posible, para que los expedientes se resuelvan en un plazo razonable de tiempo, pero se debe hacer respetando el criterio cronológico, de igualdad entre las distintas solicitudes, independientemente de las prestación solicitada, y en el menor plazo posible ya que las personas en situación de dependencia deben ser atendidas sin demora.
Podemos reclama que las ayudas por dependencia se otorguen en un máximo de seis meses
“En los últimos cuatro años, 125.000 personas dependientes han fallecido sin llegar a recibir la prestación o servicio que les correspondía por derecho”, afirma Ana Terrón, diputada de Podemos en el Congreso, encargada de presentar una Proposición No de Ley junto a la también diputada Marta Domínguez. Entienden que el procedimiento para obtener las prestaciones y servicios de la llamada Ley de la Dependencia “es lento, farragoso e ineficaz, se pueden tomar medidas para agilizarlo acortando los tiempos de espera”.
Por ello el grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea eleva a la cámara Baja un propuesta para que las ayudas por la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y la atención a las Personas en Situación de Dependencia sean materializadas en un plazo máximo de seis meses. Es decir, que no pase más de medio año desde que se formaliza la solicitud hasta que se recibe la ayuda económica o el servicio del Programa Individual de Atención que corresponda a cada dependiente.
En el texto de la PNL también se recuerda que “cuando una persona necesita apoyo para desenvolverse en el día a día, cada mes de espera para recibir los servicios y prestaciones adecuados repercuten en el empeoramiento de su calidad de vida y en la de su entorno familiar y/o de apoyo”. Por ello, la iniciativa pide incluir en la Ley la priorización de la gestión directa del Servicio de Ayuda a Domicilio por parte de la Administración Local y deje de estar en manos del nivel autonómico, como hasta ahora.
“Las comunidades autónomas en su mayoría hablan de 6 meses como plazo de resolución de todo el proceso, sin embargo, en muy pocas ocasiones se cumplen, llegando a retrasarse la prestación hasta un año”, señala la diputada granadina Ana Terrón. Entiende que los tiempos reales en varias comunidades son “inasumibles”, como el caso de Castilla y León, Andalucía, Aragón y País Vasco. También están por debajo de la media autonomías como Murcia, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana o Canarias.
Sobre el Servicio de Ayuda a domicilio, Domínguez apunta que “cuando éste no se pueda municipalizar, solicitamos que incluya cláusulas sociales que eviten la precarización del mismo, que afecta mayoritariamente a las mujeres”.
Fuente: El Boletín
El termalismo social de Castilla La Mancha se recupera tras graves recortes y el «abandono» del PP
Balnearios
El nuevo programa promovido por la Consejería de Bienestar Social ha bajado el precio de las estancias desde los 315 euros impuestos por el Gobierno anterior a 115 euros.
El Ejecutivo de María Dolores de Cospedal anunció la supresión del programa de termalismo y turismo social en 2011, lo que redujo de forma «drástica» los beneficiarios de los mismos.
La Consejería de Bienestar Social ha anunciado las bases reguladores del Plan de Termalismo Social de Castilla-La Mancha, que establece estancias cortas a un precio «mucho más asequible», de 115 euros, mucho más económicos que los ofertados por el anterior Ejecutivo, que llegaban a los 315 euros, o los del IMSERSO. «El programa se adapta muchísimo más a sus necesidades, es una opción más cómoda y flexible para quienes consideran las estancias del Imserso demasiado largas», ha afirmado Nacho Hernando, portavoz del Gobierno regional.
Hernando ha señalado que las ayudas suman un total de 324.000 euros y ha incidido en que se trata de una manera de ayudar a los usuarios y mejorar su calidad de vida, tras el «abandono» que sufrió la iniciativa en los últimos cuatro años. «Casi todo el gasto corría a cargo de los participantes lo que redujo de forma drástica los beneficiarios», afirmó el portavoz regional. En este sentido, Hernando señaló que en 2011 los usuarios llegaban a los 14 mil, los que se redujeron a 190 en 2015, un recorte del 99%.
Las ayudas están destinadas al acceso de personas mayores dependientes y «con graves dolencias», para quienes se ofertarán tres mil plazas. Actualmente, hay nueve balnearios en Castilla-La Mancha que participan en el programa y ofrecen alojamiento, manutención y tratamiento termal. El programa forma parte de la estrategia de envejecimiento activo que ofrecerá más de 120.000 plazas para las actividades, con un incremento del 20% respecto a 2015.
2012, la supresión del termalismo social
María Dolores de Cospedal anunció en 2012 como parte de su gran plan de ahorro, que ha sido cuestionado por el Tribunal Supremo, la eliminación del programa de termalismo social, que estaba en funcionamiento desde el año 2000. Con la medida, el anterior Ejecutivo del PP pretendía ahorrar unos 8 millones de euros.
La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados criticó duramente la medida, señalando que no se había tenido en cuenta el diálogo con los agentes sociales y tampoco los beneficios que el programa suponía a las personas de edad más avanzada. La UDP llegó a calcular que la eliminación del programa podría llegar a afectar a unos 40.000 jubilados a lo largo de la región.
Fuente: eldiario.es
Los recortes en dependencia dejan sin servicios a más de 250.000 personas
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales afirma que 252.929 personas mayores dejaron de recibir servicios básicos para la convivencia durante el año 2013, último balance disponible del Ministerio de Sanidad sobre plazas residenciales, centros de día y ayuda a domicilio.
Conforme explican, los recortes impactaron también en esta población, para la que se contaron 10.068 plazas públicas de residencia menos, 43.273 usuarios menos del Servicio de Ayuda a Domicilio, 2.774 atendidos menos en Centros de Día con financiación pública y 196.814 menos con Teleasistencia en sus domicilios.
«Estas son algunas consecuencias de los recortes en el gasto que se produjeron con especial intensidad en los años 2011, 2012 y 2013. Al recorte de aportaciones estatales (especialmente en Dependencia) se sumaron unos objetivos de déficit durísimos e incompatibles con el mantenimiento adecuado de los servicios sociales para personas mayores en un momento de incremento exponencial de la demanda», dice la organización.
En este sentido, señala que durante 2013, las plazas de financiación pública en residencias se redujeron un 6% (10.068 plazas menos) y las en Centros de Día cayeron un 5% (2.774 plazas menos).
Mientras, en el total de Centros residenciales (incluidos privados) una de cada tres plazas está sin ocupar, con 134.959 vacantes y 34.967 usuarios menos que había durante el año anterior y en los de Día, la ocupación es del 56% con 38.456 plazas sin ocupar y 10.593 atendidos menos.
«Los datos constatan, asimismo, que existe una gran disparidad y una enorme brecha entre territorios», dice la asociación, que destaca la diferencia en la cobertura del servicio de Teleasistencia (usuarios atendidos/población mayor de 65 años) de Madrid, con un 13,6% y Andalucía, con un 12,9% frente a Galicia, de «tan solo el 0,7%», Canarias, que presenta un 2% o La Rioja, deñ 3,3%.
En el Servicios de Ayuda a Domicilio el índice de cobertura en Madrid alcanza un 5,8%, en Castilla y León un 5,7% y La Rioja 5,6%; mientras en la Comunidad Valenciana se queda en un 2%, en las Islas Baleares un 2,1% y en Murcia en un 2,3%. En cuanto a la Intensidad horaria mensual Andalucía alcanza la mayor intensidad con 32,8 frente a Cataluña que llega a 9,9.
Respecto a los Centros de Día, el índice de cobertura en Galicia es del 1% en Cantabria del 0,9%, y en el País Vasco del 0,83%; mientras que en Extremadura solo alcanza el 0,05%, en Aragón el 0,15% y en Navarra el 0,3%.
En plazas de financiación pública, el índice de cobertura es de 4,3% en Extremadura, 4,1% en Castilla La Mancha y un 3,4% en Cantabria, mientras en Galicia es un 0,9% en Galicia, y un 1,2% en Murcia y Canarias.
Las plazas residenciales de financiación pública se han reducido un 6% en un solo año (10.068 plazas menos). Las plazas de financiación pública en Centros de Día se han reducido un 5% en un año (2.774 plazas menos).
Fuente; informativostelecinco.com
El CERMI insiste en el Congreso en la necesidad de reformar la Constitución y mejorar las políticas sobre discapacidad
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, compareció este martes en la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados.
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha insistido este martes en el Congreso de los Diputados en la necesidad de reformar la Constitución Española para que se recojan derechos sociales como fundamentales, incluyendo los de las personas con discapacidad, amén de mejorar las políticas públicas, para que la vida de este grupo social sea algo “decente, digno y sugestivo”.
Así se manifestó Pérez Bueno durante su comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Baja a petición del PSOE y del grupo catalán Democracia y Libertad (DYL). Dicha comparecencia sirvió para hacer una radiografía general de la situación de la discapacidad en España en la actualidad y para presentar las principales demandas de la entidad en esta materia para los próximos años.
El máximo representante de la plataforma de la discapacidad destacó que para el CERMI, una de las prioridades es “la revisión del ordenamiento jurídico estatal para acomodarlo a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el gran marco referencial político e ideológico”.
En este sentido, a fin de que se cumpla la Convención en España, urgió a los grupos políticos a reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para revertir la situación que sufren 80.000 personas que no pueden ejercer su derecho al voto por razón de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo. “Esto es contrario a la Convención y a los derechos humanos reconocidos por la ONU”, añadió el presidente del Cermi, quien además pidió que se garantice la plena igualdad de las personas con discapacidad ante la ley, puesto que “ninguna persona debe no ser titular de sus derechos”.
Además, aprovechó su comparecencia para pedir que la Comisión de Discapacidad goce de carácter legislativo, y que por tanto pueda aprobar leyes, yendo más allá del carácter permanente que ya ha adquirido.
Asimismo, el responsable de la entidad exigió que pese a los avances en los últimos años, “hay que acabar con prácticas que consideramos inhumanas como la esterilización forzosa a las que se puede someter a algunas personas con discapacidad, fundamentalmente mujeres, porque hay aquí también discriminación de género”. En esta línea, alertó de que las mujeres se encuentran en una situación de mayor riesgo de exclusión, como a su juicio prueba el hecho de que tengan una menor inserción laboral o sufran en mayor medida violencia de género.
Por otro lado, Pérez Bueno urgió a todos los partidos políticos a que se recuperen y mejoren los recursos en materia de servicios sociales que se han visto mermados como consecuencia de la crisis económica, dado que “los imperativos constitucionales de igualdad no quedan en suspenso porque haya crisis. Siguen vigentes y existen los mismos mandatos y obligaciones de actuar”.
Así, pidió el voto afirmativo a todos los partidos a la iniciativa legislativa popular (ILP) presentada por el CERMI cuando sea sometida a votación para la toma en consideración del texto “y en todo caso, que sea corregido y mejorado”.
Como recordó Pérez Bueno, la ILP pretende que se modifiquen los criterios actuales de copago en materia de dependencia, aunque pidió que no se confunda la terminología entre discapacidad y dependencia, puesto que sólo uno de cada cinco ciudadanos con discapacidad está en situación de dependencia.
Educación inclusiva
El presidente del CERMI se refirió durante su comparecencia en Comisión a la necesidad de apostar plenamente por un sistema de educación inclusiva que sustituya a la segregación que todavía se practica con algunas personas con discapacidad. En este sentido, recordó que en los años 80 se consiguieron “importantes avances”, pues se pasó del 20% de los alumnos con discapacidad en la enseñanza inclusiva al 80%, pero en los últimos 15 años se ha producido un estancamiento, “nos hemos quedado en zona de confort”.
Por otro lado, el presidente del CERMI exigió que se siga avanzando en materia de accesibilidad universal en bienes y servicios de interés público, y aunque no se cumplirá el tope legal de 2017 para que estos entornos sean accesibles, pidió a los partidos que no modifiquen este límite, a fin de que sirva de presión para quienes no han cumplido esta normativa.
La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos sufraguen el coste de reformas por barreras arquitectónicas, puesto que el 70% de las viviendas presentan problemas de este tipo, fue otra de las reivindicaciones del Cermi, junto a propuestas encaminadas a fomentar “la activación” de las personas con discapacidad, que a su juicio, está directamente ligada a la empleabilidad.
Apoyo de los partidos
Por su parte, los portavoces de todos los grupos parlamentarios de la Comisión sobre Políticas Integrales para la Discapacidad del Congreso de los Diputados mostraron su disposición a atender las demandas del CERMI. De esta forma, la portavoz del PP en la Comisión de Discapacidad, Silvia Valmaña, declaró que escuchar al representante del movimiento de la discapacidad “es la mejor forma de empezar una legislatura”, y destacó el importante trabajo que a su juicio se ha llevado a cabo en colaboración con el Cermi durante los cuatro años del Gobierno de Mariano Rajoy.
Por parte del Grupo Socialista, Joan Ruiz hizo hincapié en los logros que se alcanzaron durante los años del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, y mostró su deseo de que la legislatura siga adelante para que se continúe avanzando en materia de discapacidad y “para recuperar derechos perdidos”.
Mientras, la diputada de Podemos Miriam Alba Goveli, mostró su deseo de que la Comisión de Discapacidad adquiera carácter legislativo, y manifestó también su preocupación por la doble discriminación que sufren las mujeres y niñas con discapacidad.
En términos similares se manifestó también la diputada de Ciudadanos Orlena Miguel, quien subrayó que “esta será seguramente la Comisión que más consenso consiga entre los partidos políticos”. Además, mostró su apoyo a la iniciativa del Cermi de modificar la Constitución, y explicó que a su juicio, también debería recoger la dotación presupuestaria de los servicios sociales, “porque si eso no se hace, puede pasar como con la Ley de Dependencia, que haya buena intención y se quede sólo en el papel”.
Por su parte, el portavoz de UPN, Íñigo Alli, afirmó que “tenemos muy claro cómo tiene que ser el modelo que tiene que tener este país y Navarra en relación con las personas con discapacidad”, y enumeró la atención temprana, la sensibilización social o la igualdad como ejes fundamentales en esta materia.
Por último, la diputada del PNV Pilar Ardanza puso como ejemplo de inclusión para las personas con discapacidad al País Vasco, y celebró que en estos años de crisis no se hayan hecho recortes en este ámbito por parte de la administración autonómica. Mientras, las parlamentarias Ester Capella (ERC) y Elena Ribera (DYL) pusieron de relieve de contribuir a mejorar la situación de la discapacidad en el conjunto de España “pese a que nosotros queremos hacer la independencia”.
Fuente: Diario La Comarca de Puertollano
Más de 22.500 catalanes han muerto esperando la prestación de la dependencia
22.588. Esta es la cifra de ciudadanos de Catalunya que han fallecido desde el 2011 al 2015 esperando percibir la prestación de la Ley de Dependencia, la “cuarta pata” del estado del bienestar. Una demora que ha obligado a la Generalitat a abonar 105 millones de euros a los herederos de los solicitantes que no llegaron a percibir la prestación.
Así lo indica una respuesta parlamentaria de la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies a una pregunta de Ciutadans sobre el balance de la prestación por la dependencia. La respuesta, firmada por la consellera Dolors Bassa, detalla las defunciones de solicitantes por años e incluso sino se llegó a tiempo de realizar la valoración del solicitante.
En el 2011 fallecieron 3213 solicitantes sin valoración; 2057,en el 2012; 1487, en el 2013; 1577 en el 2014 y 1697 en el 2015. Cifras un tanto similares a los que finaron pendientes de su Programa Individual de Atención (PIA), es decir, con la valoración pero sin establecer la prestación o servicio. Así en el 2011, los solicitantes que murieron sin tener el PIA fueron 4566; en el 2012, 3287; 1632 en el 2013; 1423 en el 2014 y 1649 en el 2015.
Medidas de mejora
La consellera, pero, insiste en que su departamento ha implementado medidas para mejorar la gestión de la tramitación de la Ley de Dependencia, como el incremento de equipos interdisciplinarios de valoración o las situaciones de alto riesgo.
Según el mismo informe, hasta el uno de enero de 2016 se han resuelto un 97,1% de las solicitudes iniciables valorables. También se han cerrado un 93,7% de las peticiones de revisión de grado así como un 80,8% de los programas individuales de atención realizables, que suponen 258.311 solicitudes.
La lentitud en la resolución de los casos no ha eximido a la administración catalana de pagar las prestaciones que correspondían a los solicitantes que han fallecido esperando. Hasta el 31 de diciembre de 2015, la Generalitat ha abonado un montante de 105 millones de euros a los herederos.
La Ley de Dependencia, el ‘cuarto pilar’ del Estado de bienestar está siendo boicoteado por el Gobierno y varias autonomías
“Todos, en algún momento de nuestra vida, vamos a ser una persona dependiente o vamos a vivir con una dependiente”. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (AEDGSS), trata de humanizar el discurso al hablar de las cifras que se desprenden de casi una década de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia (Lapad), más conocida como Ley de Dependencia. Porque las cifras deshumanizan.
Un total de 1.180.435 personas está en situación de dependencia reconocida en España. Eso supone que el 2,5% de la población precisa “de la atención de otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria”, según enuncia la propia ley. Sin embargo, entre 2012 y 2015, 125.915 personas pertenecientes a este grupo han fallecido sin haber obtenido ninguna prestación, según los datos del último Dictamen del Observatorio Estatal de Dependencia que elabora la organización que preside Ramírez. “Es lo que se conoce como el ‘limbo de la dependencia’: todas aquellas personas que tienen una prestación reconocida por ley pero que todavía no se ha hecho efectiva”, remarca Aurelia Jerez, presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia. “Dicen que bajan las listas de espera, pero lo que no te dicen es que ahora hay un plazo de tres años y medio para hacer efectiva la retroactividad de una prestación, y en tres años y medio lo normal es que un gran dependiente de 80 años se muera”.
Y no son pocos. El 54% de las personas dependientes en el Estado español son mayores de 80 años. “Son gente con una vulnerabilidad terrible, el problema es gravísimo, y hay comunidades autónomas con listas de espera muy altas”, explica Ramírez. Muchos de ellos están entre los 384.326 dependientes –una tercera parte del total– que a comienzos de 2016 no recibía ninguna prestación. Y la situación se agrava en los 37.764 grandes dependientes de Grado III, el nivel donde más necesaria es la ayuda de los tres que reconoce la ley, que no reciben prestación alguna.
Moratorias y boicot
La ampliación del plazo para hacer efectiva una prestación, que inicialmente era de seis meses y que se ha multiplicado por siete, es sólo una de las medidas de boicot que Gobierno central y algunas comunidades autónomas han establecido para impedir el desarrollo del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), el conjunto de prestaciones y servicios que debían desarrollarse tras la aprobación de la Lapad para crear el ‘cuarto pilar’ del Estado de bienestar. “Nos han tomado como mero gasto. El recorte que se hizo hace dos años, algo más de mil millones, coincidió con el pago adelantado de la deuda. No puedes hacer eso y luego dejar a los que tienes en casa sin atender”, denuncia Jerez, madre de un niño de ocho años, gran dependiente, que padece el síndrome de Pitt-Hopkins, una rara enfermedad de la que sólo hay cuatro casos en España.
En noviembre de 2011, el entonces aspirante a presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, avisaba a cuatro días de las elecciones generales: “La dependencia no es viable”. Un mes después comenzaba lo que Ramírez califica de “demolición programada” de la Lapad, con el Real Decreto Ley 20/2011. Entre la complicada maraña de decretos, moratorias y leyes autonómicas que modifican el sistema que debía desarrollar la ley, tres ordenamientos estatales destacan por sus drásticas consecuencias. El 20/2011 fue el primero. “Modificó el calendario y quitó el derecho a los dependientes moderados, lo que supuso que a 35.000 personas se les usurpó el derecho a ser atendidas”, relata Ramírez. Una moratoria que se amplió progresivamente para las afectadas en Grado I , el nivel menos severo de dependencia: hasta julio de 2015 no entraron al sistema. Pero para la presidenta de la Coordinadora esto no es un triunfo: “Debían haber entrado en enero de 2012, pero Rajoy lo retrasó cuatro años, hasta que no pudo hacerlo más”.
El segundo ordenamiento, “la auténtica derogación encubierta de la Ley de Dependencia”, tal como lo describe Ramírez, fue el RDL 20/2012, titulado “de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”. El decreto supuso una nueva moratoria para los de Grado I y simplificó el sistema de valoración de grados, lo que en la práctica endureció las condiciones para acceder a las ayudas. Pero habría más. Recortó drásticamente la aportación del Estado a los presupuestos de dependencia, redujo un 13% el llamado ‘nivel mínimo de protección’ –el dinero que reciben las comunidades autónomas por cada dependiente en función de su gravedad– y redujo en un 15% la prestación económica de los cuidadores familiares, dejando además la puerta abierta para que las comunidades pudieran reducir más esta cifra. El recorte llegaba así a uno de los pilares del sistema, ya que casi la mitad del total de personas atendidas lo está a través de un cuidador familiar, una figura doblemente atacada por el PP, ya que también les dejó sin cotización a la Seguridad Social. Desde aquel momento sería voluntaria. “Hasta entonces había un acuerdo entre el Gobierno y la Seguridad Social por el que éste pagaba por los cuidadores del entorno familiar 56 euros para darles, simplemente, el derecho a una pensión de jubilación. Cuando la cotización fue voluntaria, este convenio se rompió y ahora, si quieren cotizar, son 200 euros que, lógicamente, tienen que coger de la prestación económica que recibe su familiar dependiente. En el mejor de los casos son 387 euros. Si de ahí quitas 200, dejas a los dependientes con 187”, relata Jerez. La conclusión: “Más del 90% nos dimos de baja”.
Recorte brutal y sexista
La supresión de la cotización afectó a 182.021 cuidadoras, mujeres en el 92% de los casos. Tal como indica la profesora de Derecho de la Empresa en la Universidad del País Vasco Isabel Otxoa, “entre quienes estaban cuidando, algo menos de la mitad eran mujeres mayores de 51 años, una parte de las cuales probablemente no tenían un historial largo de cotización en otras actividades”. Sin embargo, relata, “hubo otras mujeres, sobre todo entre las menores de 50, que habían dejado un empleo de pocos ingresos y pasado a cuidar a algún familiar en la tranquilidad de que, si no una remuneración decente, al menos continuaban generando el derecho a la pensión de jubilación”.
En su opinión, el recorte no sólo fue brutal, también fue sexista: “Desde el feminismo criticamos la prestación de cuidados familiares de la ley porque ahondaba en la división sexual del trabajo; defendimos el reparto del cuidado y la ampliación de los servicios externos a la familia. Pero cuando el PP justificó el recorte por la conveniencia de reducir el recurso al cuidado familiar y promover la utilización del resto de las prestaciones de la Ley de Dependencia, cuya escasez y lentitud son bien conocidas, resultó insultante”.
El tercer gran hachazo legislativo al sistema fue el RD 1051/2013, que establece incompatibilidades entre los diferentes servicios y prestaciones que otorga la ley, así como la intensidad de los mismos. “Antes una persona iba a levantar de la cama a un dependiente y lo llevaba a un centro de día para que pudiese estar haciendo talleres de fisioterapia, alzheimer o lo que necesitase, pero a partir de ese decreto hay que elegir una u otra prestación”, apunta Ramírez. La creación de incompatibilidades buscaba rebajar la factura de la dependencia, al igual que lo hacía la disminución de la intensidad de los servicios. El presidente de la AEDGSS lo ilustra con un ejemplo: “Antes un dependiente podría tener hasta 90 horas al mes de ayuda a domicilio, ahora son 70”.
A todo lo anterior hay que añadir la supresión del llamado nivel acordado de financiación, que se eliminó a través de Ley de Presupuestos Generales del Estado: 283 millones anuales que se distribuían entre las comunidades con criterios consensuados de reparto.
Así, el balance que se puede hacer tras la última legislatura es que la Administración General del Estado sólo aporta el 22,6% del gasto público, lo que incumple la propia Ley de Dependencia, en la que se afirma que esa cifra debería llegar al 50%. La carga recae en las comunidades autónomas, que cubren el 77,4% del montante público, “lo que unido a la obligación de ajustarse al déficit hace que estén completamente asfixiadas”, resalta Jerez. Además, a día de hoy los propios dependientes aportan más que el Estado, ya que un 19,9% del total de aportaciones al sistema proviene de ellos mediante la fórmula del copago, establecida por el Consejo Territorial del SAAD, un copago que sigue vigente e incluso ha aumentado, a pesar de ser declarado ilegal por la Audiencia Nacional, fallo ratificado por el Supremo.
Tal como indica Ramírez, muchas de las personas que iban a un centro de día han renunciado ante la carga del copago: “Una persona con enfermedad mental que cobra una pensión no contributiva de 400 euros, si va al centro de día tiene que aportar 200 euros por el copago. ¿Cómo va a pagar eso? Lo mismo la gente que renuncia a la ayuda a domicilio porque no puede aportar el 20 o el 30% de su pensión. El copago ha sido definitivo”.
Con todo ello, los recortes a la dependencia acumulados ascienden, según el último Dictamen del Observatorio de Dependencia, a 2.865 millones de euros, entre la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la eliminación de las cotizaciones de cuidadores familiares. Además, las diferencias entre comunidades son abismales, en prestaciones, presupuesto y desarrollo del sistema, y la Coordinadora que lidera Aurelia Jerez lleva años reclamando que se unifiquen los criterios para ser reconocido como dependiente. Ramírez, por su parte, es muy claro comparando sistemas autonómicos: “Si una persona vive en una comunidad como Canarias o Valencia tiene muchas posibilidades de fallecer sin que le llegue la Ley. Además, aunque haya cambiado de Gobierno, como en Valencia, poco se puede hacer salvo pequeñas cosas, porque no se pueden recuperar nueve años de desidia en todo el desarrollo de la Ley”. Por el contrario, continúa, “si vive en Castilla-León, País Vasco, La Rioja o Andalucía es muy probable que sea atendido en un plazo razonable, que puede estar en torno a un año”.
Por último, desde la Aedgss resaltan las posibilidades de creación de empleo del desarrollo del sistema de dependencia. Según esta organización, si se atendiera a las 384.000 personas en lista de espera actuales, y con un incremento del gasto público de 2.643 millones de euros –de los cuales se recuperarían 1.012 mediante impuestos, seguridad social, etcétera– se generarían más de 92.500 empleos directos. “Si no creen en la justicia social que cojan la calculadora, no hay una inversión pública más rentable e inteligente que la Ley de Dependencia”.
Fuente: Periódico Diagonal
La cantidad de dependientes atendidos en Aragón descendió un 23 % con el último Gobierno del PP
La regulación de la atención a la dependencia en Aragón sigue siendo un problema de lenta y complicada solución. El anterior Ejecutivo autonómico (PP) tuvo el dudoso honor de hacer que la Comunidad fuera la que “mayor retroceso registró durante la pasada legislatura”. Esto provoca que, a pesar de que el número de beneficiarios subiera en 2015 (752 más, 4,44 %), en Aragón se siga hablando de un muy preocupante 44,5 % de dependientes reconocidos que no reciben ningún tipo de atención. Por detrás únicamente de Canarias (53,8 %).
En 2015 se ha conseguido virar el rumbo y evitar la caída libre, sin embargo, era tan crítica la situación que pasará mucho tiempo hasta que esté medianamente normalizada. Aragón es la tercera Comunidad peor valorada en esta materia según el XVI Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Un 2,1 sobre 10 es su nota; solo están peor Valencia y Canarias.
Se ha pasado de un descenso de 1.313 personas beneficiarias en 2014 (-7 %), a un incremento de 752. Un leve crecimiento que, si bien ayuda a exornar las cifras, no es suficiente para voltear la delicada situación de la dependencia en una Comunidad en la que solo el 4,99 % de la población potencialmente dependiente recibe atenciones del Sistema, por debajo de la media estatal, que se sitúa en el 7,15 %.
A 31 de diciembre de 2015 había en Aragón 43.141 solicitudes, 39.011 personas valoradas, 32.130 personas con derecho a prestación y solo 17.828 atendidas. La evolución en el número de atendidos desde 2011 es definitoria: 2011: 22.207; 2012: 20.527; 2013: 18.502, y 2014: 17.076.
En el global del país, hay 1.180.435 personas en situación de dependencia reconocida; de las cuales, tras nueve años de implantación de la Ley de Dependencia, un tercio no recibe ninguna prestación o servicio.
Recortes
En el dictamen señalan directamente a los recortes perpetrados en la anterior legislatura como la causa principal. Aragón, dice el estudio, tiene un gasto de 83,07 euros por habitante, “muy inferior a la media estatal que es de 113,15 euros”. Confían en que “el incremento del 11 % en los presupuestos sociales del Gobierno autónomo en 2016 pueda compensar estos recortes”.
También hacen mención a que Aragón tiene un “grave problema estructural en la gestión del Sistema, por el elevado componente de las prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar frente a la prestación de servicios”. El 87,3 % del total de las nuevas atenciones en 2015, informan, han sido prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar, y solo un 12,7 % han sido nuevos servicios.
Fuente; ELDIARIO.ES
El Tribunal Constitucional refrenda los recortes en Dependencia
El Gobierno central sí tenía derecho a reformar la Ley de Dependencia y establecer los recortes en la financiación que fijó a través del Real Decreto Ley 20/2012. Así lo ha dicho el Tribunal Constitucional en una sentencia que recoge el BOE de este lunes sobre el recurso que presentó Cataluña contra los recortes en dependencia introducidos por este decreto. Concretamente, la citada norma estableció en varios de sus artículos una reforma que implicó, entre otras medidas, el retraso de las ayudas a los dependientes moderados de grado I hasta 2015, la reducción de la cuantía de prestaciones por cuidados familiares, la eliminación de los niveles intermedios de dependencia dentro de cada grado, la incorporación de nuevos copagos por dependencia y el establecimiento de incompatibilidades en el cobro de distintas ayudas.
Contra estas medidas Cataluña presentó un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias autonómicas en el que alegó además que la vía por la que se habían establecido estas medidas, el Real Decreto Ley 20/2012 exigía de una situación de urgencia que no se daba en la práctica. Cataluña argumentaba que las competencias estatales «cuando se incide en un ámbito material de exclusiva competencia autonómica como la asistencia social» la regulación estatal «ha de tener una menor intensidad o grado» y no menoscabar las competencias de las autonomías.
A esta argumentación, el Abogado del Estado contestaba en la sentencia explicando que parte del objetivo de la reforma legal era «perseguir una homogeneidad en los servicios que reciban las personas dependientes» lo que «evitará desigualdades entre comunidades autónomas y supondrá sin duda un ahorro».
Vistas las dos argumentaciones, el Tribunal Constitucional ha concluido que efectivamente el Gobierno central sí tenía competencias para los recortes acometidos y ha detallado en su sentencia que «desde la perspectiva el control externo que nos corresponde, podemos concluir que la definición de la extraordinaria y urgente necesidad, que fundamenta la aprobación de las normas controvertidas, es explícita, razonada y concreta, no se realiza mediante fórmulas rituales o genéricas, aplicables de modo intercambiable a todo tipo de realidades, sino por referencia a una situación de recesión y de crisis económica y financiera, real y conocida, y a la exigencia de cumplimiento de unos compromisos internacionales de déficit igualmente notorios, que tienen por objeto atender a lo que cabe calificar como una coyuntura económica problemática, -en los términos expresamente aceptados por la doctrina constitucional».
Además, el Constitucional estima que «sin adentrarnos en el juicio político que este Tribunal tiene vedado, debemos apreciar la conexión de sentido de las medidas impugnadas con la situación de urgencia definida, pues todas ellas buscan, de uno u otro modo, redefinir el sistema de atención a la dependencia en la forma que el Gobierno ha considerado necesaria para asegurar su sostenibilidad, pues se orientan, fundamentalmente, a generar ahorros inmediatos en el gasto público dedicado a dependencia».
Fuente: Diario Médico
Casi 400.000 dependientes están a la espera de recibir las prestaciones reconocidas por la Ley
Nueve años después de que se aprobara la Ley de Dependencia (LAPAD) un tercio de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio. Además, desde el año 2012, más de 125.000 personas han fallecido sin recibir la ayuda reconocida por el Estado. Así lo certifica el XVI Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, presentado esta mañana por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Según este informe, en España hay más de 1.180.435 personas en situación de dependencia reconocida, 100.000 menos que hace cinco años. Del total de las personas que se encuentran en esa situación, solo dos tercios están recibiendo la atención indicada en la Ley, mientras que el resto se encuentra desatendida a la espera de recibir las prestaciones.
«La dependencia es un problema de Estado al que el Partido Popular le ha dado la espalda» ha afirmado Jose Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación, quien asegura que las medidas adoptadas por el último Gobierno han supuesto un retroceso en el desarrollo de la Ley de Dependencia.
No obstante, en el año 2015, se ha producido un incremento significativo de las personas atendidas, dato que coincide con la entrada al sistema de los dependientes «moderados», quienes después de ocho años de espera fueron incluidos en la Ley el pasado 1 de Julio.
Se incumple la financiación
En cuanto al modelo de financiación, el dictamen señala que la Administración General del Estado ha incumplido lo previsto en la Ley, según la cual debería de aportar el 50% del gasto público destinado a la dependencia. La Asociación acusa a la Administración de «abandono» y considera que el sistema de financiación es «insostenible» para los gestores autonómicos, quienes aportan el 77,4% del gasto, frente al 22,6% del gasto estatal. La aportación de los usuarios se estima en un 20% sobre el total del gasto, lo que provoca una situación de copago, que no está al alcance de muchas familias.
El informe destaca el gran impacto de las medidas de recorte de la última legislatura que ascienden a 2.865,3 millones de euros. Frente a estos datos, Luis Barriga Martín, socio fundador de la Asociación, asegura que la Ley de Dependencia es «absolutamente rentable desde el punto de vista económico» debido a su sorprendente capacidad de creación de empleo. Los datos demuestran que la Ley ha generado 35 empleos directos por cada millón de gasto público y una tasa de retorno del 38,3%.
Respecto a las comunidades autónomas, se mantienen grandes desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Andalucía, Castilla y León y Cantabria mantienen altos porcentajes de personas beneficiarias de la Ley, frente a comunidades como Aragón, Canarias, o la Comunidad Valenciana, cuyo porcentaje de beneficiarios se sitúa separado más de tres décimas de la media estatal. Además, únicamente seis comunidades autónomas aprueban en la escala de valoración de la dependencia elaborada por este organismo.
«Debe de haber un Pacto de Estado concreto que incluya a la Ley de Dependencia» han señalado los ponentes en relación al acuerdo firmado el pasado miércoles entre Ciudadanos y el Partido Socialista. Para la asociación, las medidas del acuerdo en relación a la dependencia son demasiado genéricas. «El sufrimiento de los dependientes es de tal magnitud que ya no valen sólo las palabras» afirma su presidente quien exige que el primer punto del pacto sea el verdadero cumplimiento de la Ley de Dependencia.
Fuente: eldiario.es
Ana Isabel Esteban: «Cada vez hay menos personas con edad de cuidar a los mayores»
Ana Isabel Esteban, Presidenta de Solidaridad Intergeneracional, «La Junta de Castilla y León está potenciando la figura del asistente personal con la idea de generar empleo».
Ana Isabel Esteban considera que el jaque mate ha llegado a la prestación social principalmente para el cuidado en el entorno familiar «ya que hay familias que no cobran más de 40 euros, aunque el dependiente sea de grado tres».
–¿En qué punto está la Ley de Dependencia con las modificaciones?
-Muy rebajada de dotación económica y ha variado bastante. Las mayores reformas se han producido desde 2011, cuando la administración ha priorizado los servicios a través de empresas a la prestación directa a las familias. Los grados siguen siendo 1, 2 y 3, pero han desaparecido los niveles por cada grado y queda establecido como leve, severo y gran dependiente. Para el grado 1, siempre que no se tenga más que la pensión contributiva, la administración le puede llegar a pagar 300 euros, 426 al grado 2 y 715 al gran dependiente, que necesita atención las 24 horas del día. Con lo cual todo el mundo tiene que realizar un copago porque no es suficiente. Desde 2012 no ha habido modificación alguna, antes estas cuantías se iban revalorizando con el coste de la vida, pero ahora el IPC no sube.
-¿En los últimos años, gente que con familiares en residencias ha prescindido de esta atención porque no puede pagarla?
-Hubo muchas personas que valoraron el coste de la residencia y decidieron prestar ellos mismos la atención. Pero ¿qué pasó? Que el Estado dio el jaque mate a la prestación para el cuidado en el entorno familiar. Un cuidado que mayoritariamente corre a cargo de las mujeres de la familia y fuera de ella pues son las que prestan los servicios de atención a domicilio y la dependencia. La gente tiene que saber cómo está el asunto. Porque si estás en una residencia y no estás valorada puede ser que la deuda que se acumula le pase luego factura a la familia porque pagas el importe de la pensión, pero el coste real es mayor, se va acumulando una deuda y al fallecer se mira el patrimonio y se cobra. Hay facturas que llegan a los 25.000 euros. Antes estaba prohibido generar deuda a los familiares y ahora hay gente que no sabe con qué se puede encontrar una vez fallecido el dependiente.
–¿Hay alguna alternativa nueva a la residencia para cuidar al dependiente en casa?
-Sí. La Junta está potenciando la figura del asistente personal. Tu te das de alta como autónomo y es el beneficiario de la prestación el que te paga por los servicios prestados. En Castilla y León hay 188 y en Zamora una decena. Sí que es un revulsivo para crear empleo ya que va orientado a la asistencia de todos los grados, tienes que estar registrado en la Junta de Castilla y León y cotizas como autónomo mensualmente. También puede ser que una empresa te contrate o trabajar de autónomo para esa empresa.
–Antes de 2007 cuando comienza a desarrollarse la ley de dependencia, ¿qué asistencia había?
-Estaban los servicios sociales, que fueron transferidos a las comunidades autónomas. A partir de que entra en vigor la dependencia es un derecho subjetivo de la ciudadanía que se puede reclamar en el juzgado.
– El gran reto es mantenerla con la merma de ingresos por falta de población activa y el coste que supone.
-Hay más de 10.000 centenarios en la actualidad en España, el 5,4% de la población tiene más de 80 años. Y es a partir de esa edad cuando yo creo que en un futuro se va a necesitar asistencia. Porque envejecer es lo mejor que nos puede pasar y yo creo que estamos cada vez más concienciados de que es un reto llegar bien a esa edad. Aprendemos cómo cuidarnos, estar activos y relacionarnos. Lo que está claro es que debe establecerse una coordinación sociosanitaria distinta a la que tenemos. Una plaza de hospital tiene un coste de 500 euros diarios, mientras que una de residencia son 50, con lo cual tiene que haber un servicio intermedio que favorezca el ahorro económico. Y cada vez hay en las familias menos personas con edad de cuidar a la gente mayor. Esto está pasando ya ahora mismo, porque las cuidadoras tienen entre 45 y 64 años. El envejecimiento en los pueblos es alarmante.
Fuente: La Opinión de Zamora.
Aurelia Jerez: «Necesitamos un gran Pacto de Estado por la Dependencia para volver a poner en marcha algo que está casi destruido»
Aurelia Jerez tiene un hijo de ocho años, uno menos de los que ha cumplido la Ley de Dependencia en enero. Su pequeño Alberto padece el síndrome de Pitt-Hopkins, una mutación del cromosoma 18 de la que sólo hay cuatro casos en España y 150 en todo el mundo. «No anda, no habla, no tiene control de esfínteres y es prácticamente ciego», confiesa su madre. La lucha en casa es diaria, pero también lo es fuera de ella.
Acaba de asumir la presidencia de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha y de la Coordinadora Estatal en sustitución de José Luis Gómez-Ocaña. ¿Qué testigo recoge de su antecesor en el cargo?
Ha dejado el listón muy alto. Fue el creador de la plataforma en Castilla-La Mancha y se ha dejado el alma y la piel en este proyecto. Lo conseguido hasta ahora ha sido, en gran medida, gracias a su esfuerzo. Espero estar a la altura y agradezco al resto de representantes de las plataformas agrupadas en la coordinadora estatal que hayan depositado su confianza en mí para continuar con esta labor.
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia está destinada a ser el cuarto pilar del Estado de bienestar pero, a juzgar de algunas situaciones, la realidad es que ha estado cerca de convertirse en un derecho en vías de extinción. ¿En qué punto nos encontramos?
La Ley de Dependencia surgió en un primer momento como un derecho subjetivo hacia las personas más vulnerables que tiene la misma consideración legal que las pensiones de los jubilados, los subsidios de los desempleados y los sueldos de los funcionarios. Desafortunadamente, el Gobierno de Rajoy no lo entendió así y, a unos meses antes de llegar al poder, en el año 2011, ya decía que no era viable. Efectivamente, la acabó haciendo prácticamente inviable. No la derogó, porque le daba vergüenza hacerlo y porque, ante la opinión pública, hubiera quedado bastante mal. Pero ha ido recortando los presupuestos a la espera de que le ley muriera sola. Esperamos en el futuro un Gobierno central con una sensibilidad social distinta para que vuelva a ocupar el lugar que no debió dejar nunca.
De hecho, la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español presentó en agosto una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra Rajoy por incumplir la norma.
Así fue, pero la Fiscalía General del Estado entendió que no había ningún tipo de delito y la echó atrás. Acatamos su decisión, aunque a veces la Justicia no nos parezca justa.
Con tres años de retraso sobre lo previsto, los dependientes moderados se incorporaron al sistema el pasado mes de julio. Y eso ha aumentado de manera considerable la lista de espera. Pero, en el llamado «limbo de la dependencia» sigue habiendo personas cuya situación revista mayor gravedad sin su programa de atención individual (PIA). ¿Tiene solución este atasco?
Tenían que haberlo hecho en enero de 2012. Más de 400.000 personas que han sido valoradas con grado I han entrado a formar parte del sistema de Dependencia en el mes de julio de 2015 con una incorporación más o menos dudosa, según la región en la que viven. Están en el limbo, sin saber que hacer con ellas. Hay muchísimos dependientes grado II (severos) y III (grandes dependientes) que aún no han recibido una prestación económica o un servicio pese a tenerlo reconocido. A todos ellos hay que sumar los 127.000 que durante la pasada legislatura fallecieron esperando. No queremos acusar al Gobierno de haber provocado sus muertes, pero sí es cierto que podrían haberse ido de una manera mucho más digna.
La Consejería de Bienestar Social ha contratados a nueve profesionales (dos valoradores, tres auxiliares administrativos y cuatro técnicos PIA) para engordar la plantilla hasta los 34 trabajadores. ¿Son suficientes?
Es el paso para desatascar las lista de espera, porque la verdadera herencia que nos ha dejado el Gobierno de Cospedal son miles de expedientes sin siquiera mecanizar. El ejecutivo actual lo tiene que solucionar, pero con unos presupuestos tan complicados le va a resultar lento y farragoso. A, pesar de ello, la diferencia con los anteriores, en cuanto a Dependencia se refiere, es abismal. Será de 166,2 millones de euros, 70 más que los 96 millones del presupuesto de 2015. Casi se ha duplicado y eso es una grata noticia.
¿Le parece farragoso el protocolo que se sigue desde la presentación de la solicitud a la concesión de la ayuda?
Uno de los planteamientos que hemos hecho a la Consejería de Bienestar Social es que, ante una enfermedad degenerativa o una gran dependencia, lo primero que hay que hacer es valorar un grado de discapacidad que no tiene nada que ver con el de dependencia. En los casos en los que esa discapacidad genera una clara dependencia, el expediente debería de iniciarse en el mismo momento en el centro base, donde hay médicos, trabajadores sociales, psicólogos…
Están trabajando para devolver los derechos a los dependientes cuyas prestaciones o grados han sido rebajados como consecuencia de una legislación que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha declaró nula. ¿Eso le complica aún más al Gobierno de García-Page?
Ese es otro problema. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) declaró nula de pleno derecho la Orden del 29 de julio de 2013 de la Consejería de Sanidad y Asuntos sociales . Y eso le lleva a tener que revisar los miles de expedientes (más de 20.000) que se vieron afectados a la baja.
Los recortes llevaron a un sistema de atenciones low cost, que los dependientes empezaron a denunciar ante una retirada de la prestación económica, que trataban de compensar con un aumento de las horas de asistencia a domicilio. ¿Había informes técnicos que así lo avalaran?
No. Por fortuna, el TSJCM nos dio la razón, porque llevaban años haciendo revisiones de oficio ilegales con el único fin de eliminar derechos al bajarles de grado o reducirles la ayuda, cuando las circunstancias de la mayoría no habían variado ni un ápice.
¿Cuáles son los casos más sangrantes con los que se ha encontrado?
Para mí el más sangrante ha sido el de Jomian Leonel, un niño de 13 años con un grado de minusvalía del cien por ciento para el que el Gobierno de Cospedal no le reconoció el derecho a la prestación económica por ser cuidado en su domicilio. Su madre tenía que justificar el agua que bebía para poder llegar a una ayuda económica de 387 euros. Al final, fue obligada a trabajar a más de cien kilómetros de su hijo, al que no vio ni siquiera morir. A la primera persona a la que llamó fue a mí.
¿Qué recortes ha llegado a sufrir en su caso?
Mi hijo es gran dependiente y tiene una prestación de cuidados en el hogar que, en un primer momento, era de 520 euros. A esa cantidad había que unir mi cotización a la Seguridad Social. Con la llegada al poder del Gobierno del PP, la ayuda se vio reducida en un 15 por ciento, a 442 euros, y dejé de cotizar como tantas otras personas. Ahora la cotización es voluntaria. También se eliminó un acuerdo por el que cotizaban por nosotros 56 euros para darnos derecho a la pensión mínima de jubilación. Ahora si nosotros la queremos pagar son 200. Y el 90 por ciento de los cuidadores pues nos hemos negado (en la provincia había 156 a finales de 2015). Lo que no podemos hacer es coger ese dinero de las prestaciones que recibimos y que van orientadas al pago de pañales, terapias, medicinas…
¿Qué opinión le merece el nuevo Decreto del Catálogo de Prestaciones, Intensidades y Compatibilidad del Sistema de Protección de la Dependencia en Castilla-La Mancha?
Nos hubiera gustado que hubiera profundizado más en la eliminación de incompatibilidades, pero para nosotros es un paso bastante importante porque hasta este momento todas las ayudas eran compatibles entre sí a excepción de la prestación de cuidados en el entorno familiar, con la paradoja de que podías encontrarte un grado un grado III (gran dependiente) que, tras los recortes de Cospedal, tuviera una ayuda económica de 190 euros sin derecho a una prestación vinculada al servicio para poder recibir terapias.
Entonces, ¿hay una buena sintonía con el nuevo Gobierno regional? ¿Cuáles son sus sensaciones?
El primer Consejo de Gobierno que se hizo en Castilla-La Mancha después de las elecciones fue un monográfico de Dependencia al que nos invitaron. Nos hemos sentido arropados desde un primer momento y hemos mantenido varias reuniones con la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, y la directora general de Atención a la Dependencia, Ana Saavedra. Presentamos 25 adendas y, aunque algunas no han sido aceptados, el simple hecho de poder sentarte en una mesa y dialogar ha sido un gran avance. En la última reunión, el pasado día 4, nos dijeron que nos van a hacer llegar los datos por provincias, porque el Imserso sólo los ofrece por regiones. Y el 22 nos incluyeron en una reunión del grupo de trabajo de Mayores, Discapacidad y Dependencia.
«Nuestra sociedad aún no se ha dado cuenta de que dependientes vamos a ser el cien por cien de la población», aseguraba recientemente en una entrevista. ¿Por qué cree que aún falta sensibilidad?
Por edad, accidente o enfermedad vamos a ser dependientes todos, a excepción del que tenga una muerte instantánea. La sociedad no lo termina de entender. Ve la dependencia como algo que le pasa siempre al otro y no lo vive en carne propia. Pero eso con el tiempo va a ir cambiando. Falta sensibilidad y sensibilización, porque es una ley muy nueva y no está tan arraigada como puede ser la educación y la sanidad pública y universal. Hacerla llegar a la sociedad son años.
Como presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español, ¿qué le pide al nuevo Gobierno central?
Hace unos días hicimos público un comunicado en el que se pedía a los partidos políticos altura de miras para empezar a revertir todos los recortes sociales efectuados en una legislatura que todos tenemos ganas de olvidar. Ha sido un verdadero desastre para las personas en situación de dependencia. Esperamos una mayor equidad entre el Gobierno central, que aporta en estos momentos aporta el 17 por ciento del presupuestos, y las distintas autonomías, que están asfixiadas. Necesitamos un gran Pacto de Estado por la dependencia para acabar con las desigualdades existentes entre regiones. Queremos una cartera de servicios unificada, los mismos criterios para las valoraciones en todas las autonomías y la recuperación de la cotización de los cuidadores familiares, a los que hay que formar. En definitiva, que se vuelva a poner en marcha algo que está casi destruido.
¿Cómo está Castilla-La Mancha con respecto al resto de autonomías de España?
El Gobierno de Cospedal inició la legislatura con un 9,5, mérito del equipo de Barreda. Según el Observatorio de la Dependencia estábamos a la cabeza del país, pero la última nota concedida fue un suspenso. No llegamos ni al cinco. El recorte presupuestario y la aplicación de la Orden del 29 de julio de 2013, que sólo ha traído sufrimiento, la ha dejado por los suelos.
¿Qué metas se ha fijado al frente de las plataformas de la región y del país?
En la región espero que se vayan ampliando progresivamente los presupuestos destinados a servicios sociales, porque hay zonas rurales con muchísimos dependientes. En el conjunto del país mi meta es conseguir un gran Pacto de Estado por la dependencia, en la que todos los partidos y las autonomías se vean implicados para que la dependencia cale en la sociedad como un derecho social y no como una ayuda que cuando hay dinero, se da, y cuando no lo hay, se quita.
Fuente: LaTribunadeCiudadReal.es
El Gobierno quiere ocultar información sobre el Sistema de Dependencia, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad quiere ocultar información sobre el Sistema de Atención a la Dependencia con una nueva estadística y pide al nuevo Congreso de los Diputados y a las comunidades autónomas que lo eviten.
Según indica esta organización en un comunicado, el nuevo sistema no incluye información «tan básica» como las altas y bajas que se producen, especificando sus motivos, los tiempos de espera para la resolución de las solicitudes o los datos económicos de financiación del sistema y del copago. «Con ello se oscurece por completo información relevante, impidiendo constatar los efectos de los recortes que se han llevado a cabo en la actual legislatura», alerta.
Para esta asociación, la nueva estructura y contenidos de la Estadísticas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con los datos que presentará el ministerio en este mes de febrero, se basa en un acuerdo del año 2014 que aprobó la Comisión Delegada, en la que participan las comunidades autónomas.
Sin embargo, estos directores y gerentes recuerdan que los representantes autonómicos «han cambiado desde mediados del año pasado», y, desde entonces, «el ministerio no cuenta con mayoría en esta comisión» y «se ha limitado a informar por carta» a las comunidades sobre cómo serán publicados los datos correspondientes a este mes.
El Consejo Territorial de la Dependencia, según recuerda, «rechazó» la Evaluación del Sistema de Atención a la Dependencia en 2014 que presentó el ministerio porque «no ofrecía los datos reales» de gestión económica –aportación de las CCAA a través de certificado de gasto– o los datos de bajas en el sistema –solo se publican las altas–, entre otros.
En la nueva propuesta, esta organización asegura que se presenta «prácticamente la misma información» que ya fue rechazada, con nuevos gráficos y «de forma absolutamente sesgada y tendenciosa para presentar una interpretación positiva del balance del Sistema».
El Sistema de Atención a las personas en Situación de Dependencia se encuentra en un estado «preocupante» y de «incertidumbre»
El Sistema de Atención a las personas en Situación de Dependencia se encuentra en un estado «preocupante» y de «incertidumbre» debido a la falta de recursos y los recortes por la crisis económica, las largas listas de espera o la desigual aplicación de la ley en las distintas comunidades autónomas, entre otras causas, según el primer informe del Observatorio anual del Sistema de Atención a la Dependencia, publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
El trabajo de Sergi Jiménez-Martín y Cristina Vilaplana de la Universidad Pompeu Fabra y la de Murcia, respectivamente, señala que el Sistema de Dependencia fue «una buena idea» pero «pésimamente implantada», en especial tras los decretos de recortes aprobados por el Gobierno en 2012 y 2013. Asimismo, asevera que aunque el sistema haya crecido en un periodo corto, España sigue por debajo de la media de los países de la OCDE en el porcentaje de personas mayores de 65 años atendidas.
Los autores del documento ven «debilidades» más destacadas la brecha desigual entre personas con derecho a prestación y las que sí la reciben entre las comunidades autónomas; la composición de las prestaciones y el mayor peso otorgado al cuidado en el entorno familiar; el creciente copago de los beneficiariso; o la incertidumbre los gestores directos del sistema que no saben con qué recursos cuentan y que condiciona la oferta de servicios.
También alertan del «estancamiento» del empleo y la caída de los salarios en el sector desde 2010; el incremento «alarmante» del ‘limbo de la dependencia’ tras la incorporación de los dependientes moderados en julio de 2015; y las carencias del sistema de evaluación y de valoración del SAAD por parte de los ciudadanos.
Uno de los aspectos «más preocupantes» de la dependencia en España es, según el estudio, la «gran disparidad» regional en todos los indicadores de cobertura del sistema. Así, en términos de personas con derecho a prestación como de personas con prestación, a finales de 2014, en Murcia, Andalucía y Cantabria la cobertura teórica se situaba entre el 14 y 18 por ciento, el doble que la Comunidad Valenciana, Asturias y Navarra, entre el 6 y 7,8 por cient.
Además, indica que la probabilidad de acceder al SAAD es de más del doble en unas regiones que en otras, algo que para los responsables del informe es «inaceptable» y evidencia que el sistema de financiación y valoración de la dependencia «no está bien resuelto».
EL LIMBO DE LA DEPENDENCIA
En cuanto a la lista de espera para recibir la prestación quienes tienen derecho a ella, el estudio apunta que a finales de 2015, a nivel nacional, un 1,7% de las personas de 65 años o más se encontraba a la espera de recibir las prestaciones y a nivel autonómico hay «importantes diferencias» de cobertura.
En Murcia este dato se eleva al 5,5%, seguida de Andalucía (3,7%), Aragón (2,5%), Galicia (2,3%), Cantabria (2,1%) y Castilla La Mancha (2%), que superan la media nacional. Otras como Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura, País Vasco y La Rioja la proporción de personas de 65 años o más que están a la espera de recibir prestaciones se sitúa cerca de la media nacional, entre el 1,5% y el 1%; Canarias, Navarra, Madrid, Ceuta y Melilla y Asturias, dicha proporción se sitúa entre 0,5% y 0,8%; y Castilla y León no llega al 0,1%.
Sobre la financiación el sistema y cómo se materializan los copagos, los autores apuntan a que éste se determinaba en algunas comunidades en función de la capacidad económica del beneficiario mientras en otras se opta por combinar información sobre renta y patrimonio, «lo que ha dado lugar, ante la ausencia de un marco legal común, a una pléyade de regímenes de copago».
Por otra parte, advierten de que las reducciones del importe mínimo acordado introducidas a partir de 2012 han impactado sobre la cuantía de las prestaciones y la contribución de los individuos al pago de los servicios, «haciéndolos prácticamente insostenibles».
De cara al futuro, y con el objetivo de que se sostenga el Sistema de Dependencia, Jiménez-Martín y Vilaplana apuntan que será necesario inyectar más recursos al sistema para poder ofrecer una cobertura razonable, así como diversificar las fuentes de financiación –pública vía impuestos y contribuciones que garanticen un mínimo de atención para todos los ciudadanos y fórmulas de aseguramiento privado complementario–.
Fuente: Europapress.
¿Puede vivir un anciano por 6 euros al día en una residencia?
El sector valenciano de las residencias se ha convertido durante los dos últimos años en una gran subasta. A diferencia de lo que ocurre en el resto de España, en la Comunidad grupos de empresas han logrado la gestión de centros públicos por debajo coste necesario para cubrir los servicios básicos de los ancianos.
Ante estas ‘subastas’ surge la pregunta ¿puede vivir un anciano con 6 euros al día en una residencia? La respuesta: obviamente no. Prueba de ello es que los menús de los comedores escolares suelen superar los 5 euros sólo para una comida, mientras que la partida que destinan algunas residencias para la supervivencia de los mayores sólo supone un euro más para la alimentación de todo el día. Un dato que se demuestra claramente insuficiente para las tres comidas y resto de gastos de suministros que genera la estancia de un jubilado. Dietistas consultados por este diario aseguran que para mantener un menú equilibrado, como mínimo hay que asignar entre 300 y 330 euros al mes por persona, o lo que es lo mismo 10 ó 11 euros al día únicamente en alimentación.
Esta realidad ha motivado a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra, a exigir a las firmas concesionarias que justifiquen cómo logran, con el escaso dinero que reciben, pagar el gasto de personal de los centros -oscila entre el 80% y el 85%- y poder cubrir las necesidades básicas de los ancianos que incluso se reduce hasta poco más de 6 euros, después de aplicar sus bajadas ‘temerarias’ en las ofertas finales de licitación.
Según las cuentas que estudia la Administración valenciana, si el precio por día de las plazas en las residencias oscila entre los 60 (las grandes) y los 70 euros (las pequeñas) y de esta cuantía el 85% se destina a gastos fijos, sólo queda un 15% para gastos variables.
Estos costes variables son sobre los que las concesionarias aplican sus bajadas para lograr los concursos y ajustan al máximo los gastos en los aprovisionamientos (alimentos y productos de limpieza, productos de oficina, uniformes), suministros (agua, luz, gas y gasoleo, teléfono, seguros, vehículos), mantenimiento (contratos con empresas de ascensores, instalación eléctrica, incendios, calderas, reparaciones y averías), gastos de explotación (contrato de vigilancia), y gastos financieros (IBI, tasas municipales, dinero de caja).
En estas partidas se halla la trampa, porque del coste total de la plaza por día para los ancianos, la Administración considera que hay que dejar -tras suprimir los gastos fijos- unos 20 euros de gastos variables. Sin embargo, las empresas acaban por dejar sólo entre 8 y 6 euros para la asignación de los servicios mínimos de la asistencia de los ancianos, en los que, además, se debe incluir los beneficios para su explotación. Unas cuentas imposibles que han alertado tanto al Consell como al sector de la dependencia.
Perplejidad en la patronal
A la patronal Aerte -compuesta por cerca de 200 empresas- le causa perplejidad comprobar que la media de las bajadas en las adjudicaciones de residencias públicas es del 14,76% pero en muchos casos supera el 18%. Esta situación obliga a las empresas a ofrecer cada vez bajadas más importantes o a quedarse fuera de todos los concursos y provoca «una espiral muy arriesgada para el servicio que reciben los residentes». De ahí que la patronal considere que «las licitaciones se están convirtiendo en verdaderas subastas en las que sólo acaba importando el precio cuando en estos servicios es muy importante priorizar el proyecto de atención que se va a prestar».
Las reducciones en las licitaciones afectan a otras empresas que han optado últimamente a los concursos pero que no han logrado la concesión de los centros al no estar dispuestas a reducir los costes por debajo del límite peligroso. Entre las firmas afectadas están: la Fundación Samu, Clece S.A., Gerocleop S.L., Valoriza Servicio a la Dependencia S.L.; Gesmed S.L., Eulen Servicios Sociosanitarios S.A., Amma Recursos Asistenciales S.A.U., SAR Residencial Asitencial S.A.U., Aralia Servicios Sociosanitarios S.A.; Fundación Diagrama, UTE Fundación Diagrama, UTE Fundación Salud y Comunidad-Lagunduz S.L. y Albertia Servicios Sociosanitarios S.A.
Para evitar los agravios detectados en la adjudicación de centros residenciales, la Conselleria de Igualdad ha creado una comisión de expertos que revisarán los pliegos y las ofertas. La secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Sandra Casas, que participó el viernes en la primera reunión, señaló que el objetivo es «desmercantilizar» el sector. Casas, que durante estos meses se ha reunido con las empresas del sector para recoger sus propuestas, destacó que la revisión de la política de contratación es una cuestión «prioritaria» para el Consell que quiere evitar que los concursos de adjudicaciones se conviertan en «subastas».
La puntuación del actual sistema de contrataciones contempla en un 50% el coste de los servicios y en el otro 50% cuestiones valorativas, que según Casas, no se ajustan a parámetros actuales, y por lo tanto es necesario revisar y actualizar para que realmente se prime «la calidad» en la atención de los usuarios: personas mayores, con diversidad funcional, menores, etc.
Los Presupuestos para el 2016 «abandonan» a 455.000 dependientes en lista de espera
El presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha alertado de que los Presupuestos Generales del Estado para 2016 «abandonan» a 445.000 personas dependientes que están en la lista de espera pues considera que para atenderles no es suficiente el incremento de 75 millones que recoge el proyecto de PGE.
El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha asegurado que la organización está estudiando presentar un contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional (AN) para forzar al Gobierno a aportar los recursos necesarios para «cumplir la Ley de Dependencia«, particularmente en lo referente a la atención a los dependientes moderados.
Según ha explicado, en el marco de la presentación del XV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, la organización está en proceso de «buscar sinergias y alianzas» con otras entidades y con abogados con el fin de «plantear una acción colectiva» para reclamar el cumplimiento de la ley según los plazos de implantación del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), según los cual, a partir del 1 de enero de 2016 deberían estar atendidos tanto los dependientes graves como los moderados con derecho reconocido.
Ramírez ha indicado que «por benevolencia» no se planteará la demanda hasta enero del año que viene, pero ha asegurado que, con los actuales presupuestos y con los Presupuestos Generales del Estado que el Ejecutivo ha presentado este martes para 2016, los recursos «no dan» para atender a los dependientes que tienen derecho a ello.
Así, ha criticado particularmente las aportaciones del Estado al SAAD debido a que, a su juicio, suponen el «incumplimiento» por parte del Gobierno de la obligación legal de cofinanciar el sistema en igual proporción a las administraciones autonómicas.
En este sentido, ha recordado que desde el pasado 1 de julio ha entrado en vigor el derecho de las personas en situación reconocida de dependencia moderada a recibir prestaciones y cifra el número de dependientes de este tipo que se han incorporado al sistema en 314.570.
En total, sumando las 130.694 personas dependientes con derecho pero desatendidas a las que se han incorporado desde el pasado mes de julio, el número de personas en esta situación se sitúa en una cifra cercana a las 445.000 personas.
Para la asociación, cumplir con el derecho de todas estas personas a recibir prestación exigiría una aportación total (entre el Estado y las comunidades autónomas) de 3.100 millones de euros. Sin embargo, denuncia que la cantidad destinada por el Estado para estas prestaciones es de370 millones de euros, un 12% del total necesario.
Según ha explicado Ramírez, el actual nivel de financiación supone una «asfixia financiera» para las comunidades autónomas que «se ven obligadas» a compensar la falta de aportaciones por parte del Estado, lo que a su vez da lugar a «desigualdades» en el desarrollo del SAAD según la comunidad autónoma. De hecho, ha asegurado que en algunas regiones la aportación de los usuarios (debido al copago) al sistema «prácticamente iguala» a la del Estado.
LOS NUEVOS GOBIERNOS NO PODRÁN MEJORARLO
En la actualidad, la media de aportación se sitúa en un 78% por parte de las administraciones autonómicas y en un 22% por parte del Estado, según ha explicado.
«Si al ataque económico que se produce a las arcas de las comunidades autónomas se le añade la obligación de cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, podemos entender que las comunidades autónomas no pueden soplar y sorber a la vez«. ha manifestado.
De este modo, ha subrayado que la aportación de las administraciones regionales al sistema supone ya «un quebramiento económico» al que ahora se añade la obligatoriedad de atender a los dependientes moderados, por lo que se ha mostrado convencido de que, para los nuevos gobiernos autonómicos, «por mucho que busquen la eficiencia, el presupuesto para el año que viene no da» lo necesario para responder a las obligaciones legales.
En este sentido, ha calificado de «fraude» el incremento presupuestario anunciado por el Gobierno este martes para 2016 y que finalmente se quedará en 70 millones de euros, según consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016.
Ramírez ha asegurado que, a ese ritmo de incremento, «se tardaría 25 años en llegar a atender a todas las personas con derecho a prestaciones» y ha acusado al Ejecutivo de «haber hecho una canallada al levantar expectativas».
De hecho, asegura que, incluso Castilla y León, que hasta ahora tenía una lista de espera del 0.8%, con el actual marco presupuestario y la incorporación de los dependientes moderados al sistema (que añade al sistema en torno a 20.000 personas con derecho a recibir prestaciones en esta comunidad) no va a poder hacer frente a la obligación de cumplir la ley.
37% DE DEPENDIENTES SIN ATENDER
En cuanto al informe presentado hoy, señala que en España hay un total de 1.191.406 personas dependientes con derecho reconocido a recibir prestaciones, de las cuales en torno a 750.000 reciben prestaciones, y, a fecha del pasado 30 de junio, 75.646 personas están a la espera de valoración. Así, cifra en un 37% el porcentaje de personas que, pese a tener reconocido su derecho, no reciben prestación de ningún tipo.
Además, señala que, pese a que se ha reducido la lista de espera para recibir prestaciones en un total de 175.000 personas, ello «no se debe a un incremento en el número de personas atendidas» sino al fallecimiento tanto de personas en lista de espera como personas que estaban recibiendo prestaciones.
Según ha asegurado Ramírez, la media de edad de las personas con derecho a prestaciones por dependencia supera los ochenta años y la lista de espera para comenzar a recibir prestaciones es de en torno a dos años.
Asimismo, ha indicado que, de acuerdo con los datos que aporta el informe, se ha reducido en 68.424 el número de expedientes de tramitación de valoraciones de personas que solicitan el reconocimiento de un nivel de dependencia de grado III (gran dependencia) y en 27.400 el número de personas que solicitan un nivel II, respecto a junio de 2012.
«El procedimiento (solicitud, valoración, resolución PIA y acceso real a servicios o prestaciones) sigue siendo lento, farragoso, ineficaz y una auténtica tortura para las familias», denuncia la organización.
