Recortes

Soraya Sáenz de Santamaría, ha adelantado que se incrementará «notablemente» la partida destinada a la atención a la dependencia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016

Soraya-Saenz-de-SantamariaLa vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha adelantado que se incrementará «notablemente» la partida destinada a la atención a la dependencia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, que serán presentados este martes por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

En rueda de prensa en Moncloa, Sáenz de Santamaría ha indicado que uno de los pilares sobre los que se fundamentan los Presupuestos que se presentarán este martes es el afianzamiento del Estado del Bienestar, de forma que «más del 53 por ciento del gasto de los presupuestos es gasto social».

Concretamente, ha precisado que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, «a diferencia de otros, verá incrementado el volumen de sus cuentas en un 5,3 por ciento» lo que le permitirá «incrementar alguna de sus partidas notablemente como la de la dependencia».

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya anunció el pasado viernes que habría un aumento «significativo» de fondos para la atención a las personas en situación de dependencia.

«Sí que habrá una subida importante en I+D y una subida significativa en los temas de atención a la dependencia», indicó el líder del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tras aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, que comienzan ahora su tramitación parlamentaria.

Rajoy, que no quiso concretar ninguna partida alegando que las presentará este martes el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en el Congreso de los Diputados, indicó que el aumento de los fondos para dependencia «ayudan a los temas de familia».

El año pasado, el 60% del dinero destinado a acción social, 1.177 millones, fueron para Dependencia. De ellos, 1.087 millones, la misma cuantía que el año anterior, constituían el nivel mínimo de financiación (la aportación del Estado al sistema); y 5 millones eran para apoyar el desarrollo de infraestructuras. El nivel acordado (cantidad que se transfiere a las comunidades), eliminado hace dos años, siguió sin dotación en 2015.

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En el 2014 la facturación de las residencias para mayores baja un 0,7% respecto al 2013

melancolia_residenciasEl volumen de negocio agregado de las empresas gestoras de residencias para la tercera edad experimentó de nuevo un leve descenso en 2014, hasta situarse en 4.070 millones de euros. La leve recuperación de la demanda privada ha permitido suavizar la caída del mercado.

Según el último estudio presentado por Dbk sobre el sector, la facturación agregada de las empresas gestoras de residencias para la tercera edad experimentó de nuevo un ligero descenso en 2014, hasta situarse en 4.070 millones de euros, un 0,7% menos que en 2013, año en el que disminuyó un 1,4%.

La leve recuperación de la demanda privada durante la última parte del ejercicio, el aumento del número de plazas concertadas con las administraciones públicas y la estabilización de las tarifas permitieron suavizar la caída del mercado.

En los últimos años la participación del negocio derivado de la explotación de plazas concertadas ha aumentado, de manera que en 2014 alcanzó el 30% de la facturación de las empresas gestoras de residencias privadas. No obstante, la gestión de plazas privadas puras siguió concentrando la mayor parte de los ingresos (58,5%), mientras que la gestión privada de plazas en residencias públicas supuso el 11% restante.

A finales de 2014 el número total de plazas en residencias para la tercera edad (incluyendo públicas y privadas) se situó en 374.900, lo que supuso un crecimiento del 1,4% respecto a 2013. El 75,1% de la dotación total se encontraba en residencias privadas, mientras que el 24,9% restante correspondía a centros de titularidad pública.

Así, el número de plazas en residencias privadas se situó en 281.642, un 1,3% más que en 2013. Las plazas concertadas crecieron un 1,8% hasta situarse en 91.504, mientras que las plazas privadas puras se incrementaron un 1%, totalizando 190.138 plazas.

En 2014 se identificaban 4.108 residencias privadas, mientras que el número de residencias públicas se situó en 1.332.

El grado de concentración del sector se ha incrementado en los últimos años, de forma que los principales operadores han ido ganando cuota de mercado. Así, en 2014 los cinco primeros competidores reunieron una participación conjunta del 15,2% sobre el valor del mercado total, participación que se elevó hasta el 21,7% al considerar a los diez primeros.

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Por fin los dependientes grado I entran en el sistema, fin de la moratoria que los excluía

dependienteEn Catalunya, un total de 58.864 personas con un nivel de dependencia moderado –de grado uno– se incorporarán progresivamente desde el miércoles 1 de julio al sistema de protección que garantiza la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (Lapad).

El departamento destinará inicialmente 18 millones de euros para que estos pacientes opten a centros diurnos para mayores y personas discapacitadas, atención domiciliaria, ayudas económicas para cuidadores no profesionales y viviendas para personas con enfermedades mentales y personas con discapacidad.

Se trata de personas que ya están diagnosticadas por los Equipos de Valoración de la Dependencia, y se priorizarán los expedientes más antiguos y las personas en riesgo de exclusión social.

En declaraciones a las medios este martes, la secretaria de Inclusión Social y Promoción de la Autonomía Personal de la Conselleria de Bienestar Social y Familia, Carmela Fortuny, ha indicado que «estaba previsto que en el 2011 la totalidad de las personas dependientes entraran en la Ley de la dependencia pero el Gobierno español aplazó la entrada del grado uno hasta el 2015».

Según los datos del Ejecutivo catalán, el año pasado asumió el 82,52% del gasto en dependencia, mientras que el Estado se hizo cargo del 17,48%, «aunque, según está establecido, la Generalitat y el Estado deben finanzarlo a partes iguales», ha precisado Fortuny.

Concretamente, el Estado proporciona 44,33 euros por persona y mes a las personas beneficiarias del grado uno, cantidad que, según Fortuny, es «claramente insuficiente si se tiene en cuenta que, por ejemplo, un servicio de prestación diurna supone casi 300 euros por persona y mes».

Según Fortuny, «sería muy atrevido concretar exactamente cuándo estarán en el sistema todos los beneficiarios porque se desconoce la situación real de todas estas personas», pero lo que sí ha asegurado es que a partir del próximo miércoles se irán incorporando progresivamente al sistema.

La Generalitat ha destacado que aunque la legislación estatal no prevé que se puedan simultanear diferentes prestaciones para estos dependientes, el Govern lo hará «y asumirá el coste integro de esta compatibilidad».

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Los mayores que viven solos son los más castigados por los recortes y la crisis

Paquita-Miguelez-Monroy-Solidarios-Desarrollo_EDIIMA20150217_0159_13Paquita tiene 86 años y es murciana. Vive sola en una pequeña casa de un popular barrio madrileño «desde hace mucho tiempo». No recuerda exactamente cuánto. A la capital se trasladó para trabajar en un hospital militar junto a otras dos mujeres de la familia. Ella es una de las más de un millón y medio de personas mayores de 65 años que viven solas en España, según calcula la Fundación Amigos de los Mayores, y contra las que la crisis económica y las políticas de austeridad han impactado con mayor dureza.

Los recortes en servicios sociales y en el sistema de atención a la dependencia, la congelación de las pensiones y el copago farmacéutico deterioran el bienestar de los mayores y, en mayor medida, el de aquellos que no cuentan con apoyo familiar. De quienes viven solos y se enfrentan cada día al riesgo de exclusión.

Esa soledad que muchos experimentan de forma más intensa por las noches, o los fines de semana –según los últimos datos del IMSERSO, hasta un 25% de los mayores reconoce sentirse solo en ocasiones especiales– es una situación que no dejará de aumentar en los próximos años, debido al progresivo envejecimiento de la población.

«La crisis me ha afectado, claro que sí», sostiene desalentada Paquita, que se rompió el brazo hace año y medio. Se desenvuelve con cierto grado de autonomía, pero hay cosas que no puede hacer por sí misma. Por ello cuenta con un servicio de ayuda y comida a domicilio y teleasistencia; prestaciones que actualmente, y por la crisis, exigen el copago del beneficiario. «Antes no pagaba nada por la teleasistencia, ahora pago seis euros al mes, más 40 de la ayuda a domicilio y 5,29 diarios de la comida», enumera enfadada. Las cuentas no le cuadran.

Este tipo de servicios permiten que la persona mayor pueda continuar viviendo en su casa habitual y consiguen satisfacer sus necesidades asociadas a la edad sin desvincularse de su entorno. Álvaro Crespo, responsable del programa de Acompañamiento a Mayores de la ONG Solidarios para el Desarrollo, considera que estos recursos evitan su institucionalización, es decir, que tenga que acudir a una residencia.»Si el mayor no tuviera a nadie que le ayudara con las tareas básicas como la comida y la limpieza, o no contase con la seguridad que da la teleasistencia, tendría más posibilidades de tener recurrir a ello», señala.

La importancia de las prestaciones públicas

Sin embargo, estas prestaciones se enmarcan en la cartera de servicios que concede la Ley de Dependencia y la que ofrecen los Ayuntamientos, que se han venido recortando desde el inicio de la crisis. Según los datos que maneja la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el presupuesto para esta partida se redujo entre 2011 y 2013 en 2.200 millones de euros al año. La dependencia, por su parte, sufre una  situación de colapso que ha provocado la pérdida de más de 47.000 dependientes solo en 2014. Las restricciones del gasto se unen ahora a una nueva preocupación: la reforma de la Administración Local, que según los trabajadores sociales puede provocar la desaparición o reducción drástica de los servicios municipales.

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En el XIV Dictamen de la Dependencia solo aprueban 8 Comunidades Autónomas

La reducción de la financiación estatal del sistema de dependencia, además de incrementar el copago de los usuarios en 2012, ha conllevado un quebranto acumulado para las comunidades autónomas de 1.409 millones de euros en los tres últimos años.

Esta desinversión ha provocado que algunas autonomías presenten graves deficiencias en la atención a las personas dependientes. Si tomamos como referencia el número de beneficiarios, personas con derecho o el gasto público por habitante y año, entre otros doce indicadores, las comunidades que peor posición ocupan durante el último año son Aragón, Canarias y la Comunidad Valenciana. Así se desprende del XIV Dictamen de la Dependencia, aplicado por comunidades, que la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha presentado este jueves.

En 2014, la Comunidad Valenciana ha incrementado ligeramente (un 0,3%) el número de personas atendidas, sin embargo, hay 8.339 personas valoradas menos y el número de personas con derecho se ha reducido en 6.281. Además se han perdido casi 1.700 atenciones en plaza residencial. Tras ocho años de implantación de la ley, la comunidad no ha activado ningún servicio de Ayuda a Domicilio.

Canarias ha aumentado el número de atendidos un 10,7% y un 6,3% las personas valoradas, lo que de acuerdo con el informe denota un importante esfuerzo. Aun así, descienden las personas con derecho y el sistema presenta una desatención cercana al 50%. «Canarias muestra un gravísimo retraso en la implantación del sistema», según los autores del estudio.

En Aragón, comunidad que ocupa la tercera peor posición, también caen los principales indicadores: mantiene un grado de desatención superior al 20%. Al igual que la Comunidad Valenciana, tampoco ha puesto en marcha ningún servicio de Ayuda a Domicilio y registra un importante número de bajas sin reposición de personas que cobraban la prestación económica por cuidados familiares: 1.566.

Si atendemos al indicador de gasto público en dependencia por habitante y año, las tres comunidades se sitúan por debajo de la media, que alcanza los 104,49 euros. La Comunidad Valenciana, 57,95 euros; Canarias, 39,20; y Aragón, 83,52. Por el contrario, las autonomías mejor valoradas, Castilla y León, País Vasco y Andalucía, superan con creces la media e invierten 139, 160 y 121 euros anuales por habitante, respectivamente. A nivel nacional, la reducción de la financiación pública ha provocado que las personas dependientes ya aporten más al sistema que el Gobierno.

Según se desprende del informe, estas últimas son comunidades que han resistido relativamente bien el impacto de las reformas y las restricciones presupuestarias. Los autores señalan que Andalucía acumula un deterioro del sistema desde mediados de 2012 pero destaca que se ha frenado e invertido la pauta en 2014.

Respecto a Ceuta y Melilla, el estudio informa de que se situarían por detrás de Aragón a causa de la falta de servicios. Sin embargo, debido al tamaño de las ciudades autónomas y considerando que el sistema depende directamente del Imserso, no se han incluido como uno de los tres territorios donde peor se ha desarrollado la ley.

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ACRA pide que el fondo extraordinario de la Generalitat de Cataluña se destine a los dependientes severos

ACRA_25anysACRA pide que el fondo extraordinario de la Generalitat de Cataluña se destine a los dependientes severos.

Los 17 millones de euros previstos de urgencia para los presupuestos del 2015 permitirían dar cobertura a una parte de las 7.000 personas en situación de grado II.

La Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) quiere que el fondo extraordinario de los presupuestos 2015 se destine a la reapertura de las Prestacions Econòmiques Vinculades al Servei (PEVS) de grado II. Esta medida permitiría cubrir la prestación de una parte de las 7.000 personas en situación de dependencia severa que existen en Cataluña y evitar que se queden un año más fuera del sistema de atención a la dependencia. “Desde ACRA celebramos que exista esta aportación y consideramos que los 17 millones de euros tienen que ir a parar a los más necesitados, unos dependientes severos que llevan demasiado tiempo esperando una ayuda que les toca por ley”, ha explicado la presidenta de ACRA, Cinta Pascual.

El presupuesto público destinado a las PEVS se ha reducido un 35% en tan solo dos años o lo que viene a ser lo mismo, de los 120 millones de euros del 2012 a los 73 millones de euros del año pasado, sin contar con los quince meses que esta prestación quedó suspendida por problemas de tesorería de las arcas públicas catalanas. ACRA siempre ha considerado que los presupuestos de 2015 tienen que convertirse en un impulso a las políticas de dependencia, puesto que se ha comprobado reiteradamente que su promoción cohesiona socialmente e impulsa la economía con la creación de nuevos puestos de trabajo.

Tenemos 17.000 personas que esperan una plaza pública y 8.000 plazas vacías en el sector privado. En consecuencia, una reapertura de las PEVS se puede traducir en un aumento en la contratación de personal en las residencias.

ACRA, la Associació Catalana de Recursos Assistencials, es una organización empresarial que agrupa el 70% de las entidades de recursos asistenciales (residencias, centros de día, servicio de ayuda a domicilio, centros socio sanitarios y tele asistencia) para gente mayor en toda Cataluña. En total cuenta con más de 400 entidades asociadas, que representan casi unos mil servicios y 34.000 plazas que dan trabajo a unos 27.000 trabajadores de forma directa y más de 10.000 de forma indirecta.

AERTE solicita toda la información relativa al procedimiento de nulidad de algunas de las adjudicaciones, presuntamente irregulares, a determinadas empresas de atención a la dependencia

aerteDesea informarse en calidad de parte codemandada en los seis contenciosos presentados ante el TSJ de la Comunidad Valenciana por este tema. También solicita la suspensión de todas las actuaciones relativas a este procedimiento hasta que salgan a la luz todos los documentos.

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha reclamado por escrito a la conselleria de Bienestar Social, al Consell Jurídic Consultiu y a la Abogacía General de la Generalitat Valenciana toda la información y documentos relativos al procedimiento de nulidad de algunas de las adjudicaciones, presuntamente irregulares, a determinadas empresas del sector de atención a la dependencia de la Comunidad Valenciana, en concreto, relacionadas con el contrato de accesibilidad social (plazas concertadas).

 Esta decisión ha sido tomada con el fin de conocer todos los documentos, informes y dictámenes de cada uno de los órganos consultivos preceptivos, ya que AERTE no es sólo la patronal mayoritaria del sector, sino que además, está personada como parte codemandada en los seis contenciosos presentados en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por este tema. AERTE ha solicitado también  la suspensión de todas las actuaciones relativas a este procedimiento hasta que salgan a la luz todos los documentos.

 AERTE entiende que, tanto la conselleria de Bienestar Social como el Consell Jurídic Consultiu, deberían haber dado audiencia a la patronal de la dependencia de cara a informarle sobre los contenidos, resoluciones y posturas adoptadas en cada uno de los procedimientos. Recuerda que el TSJ de la Comunidad Valenciana, en sentencia de febrero de 2014, reconoció a AERTE su derecho a tener audiencia en todos los procedimientos relacionados con el sector que afectaran tanto a la asociación como a las organizaciones empresariales que representa e instó a la conselleria de Bienestar Social a darle audiencia en estos casos.

A la espera del acuerdo marco desde hace meses

 Ya han pasado dos meses desde que la conselleria de Bienestar Social anunciara la inmediata puesta en marcha de un acuerdo marco en el que iban a participar todos los operadores del sector y que, según sus propias palabras, iba a “finalizar con los privilegios a determinadas empresas” dando las mismas oportunidades a todos los centros, fomentado así la libre competencia y la calidad en los servicios.

 No obstante, “a fecha de hoy, todavía no sabemos nada del nuevo programa”, apunta María José Mira, directora general de AERTE, “un programa que debería agilizarse y ser prioritario en las políticas del Consell, no sólo porque permitiría alcanzar, cuanto antes, el deseado equilibrio en el sector, sino que haría que se respetase la libertad de elección, al igual que, según manifestó el presidente Fabra en su discurso de Año Nuevo, el Gobierno valenciano quiere implantarlo en otros servicios como la educación o la sanidad”.

 AERTE recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana reconoció en diciembre de 2013, mediante sentencia, que los dependientes con ayuda pública para residencia tienen derecho a elegir libremente una modalidad distinta a la de las plazas públicas y concertadas, no como ha ocurrido durante años durante los cuales estas personas iban derivadas a los centros sin tener derecho a elección.

En Holanda las personas dependientes pasan a ser una obligación moral para familiares, amigos y vecinos

holandaHolanda introduce una polémica medida, la “Sociedad participativa”, para ahorrar 2.300 millones de Euros, el 10% del coste de este tipo de atenciones. Pero la razón es más profunda. Se trata de acostumbrar a la sociedad a otra visión de las relaciones comunitarias y sobre todo familiares. La causa radica en el envejecimiento creciente de la población y la multiplicación que comporta en el número de personas que no poseen una autonomía personal suficiente, que necesitan de una acierta atención. Y esto sucede en un país donde funciona la eutanasia, una vía de reducción de ancianos que perciben que son de “descarte”, y de un generoso aborto, totalmente libre hasta los 24 meses (aunque, eso sí, severamente prohibido y penado después, con rigor calvinista, bajo la acusación de infanticidio). Los Países Bajos además cuentan con una sólida tradición de estado del bienestar, unos ingresos fiscales importantes por parte del Estado, un fraude fiscal mucho menor que el español, y una afectación por la crisis de un nivel escasamente perceptible, con una tasa de paro del 6,5%, y de menos del 10% para los jóvenes menores de 25 años.

La medida holandesa nos permite subrayar unos fundamentos menospreciados por nuestros partidos, instituciones y cultura mediática: (1) Sin sociedad del bienestar no hay estado de tal naturaleza, y Europa se aleja de las condiciones que lo hacen posible. (2) Los efectos de no tener hijos unido al envejecimiento son demoledores y los serán todavía más. (3) La familia sin disfunciones, que no genera costes sociales, formada por un padre y una madre, hijos, capacidad educadora, y red de parentesco estable, es la institución básica del sistema de bienestar, porque es su fundamento y su principal agente realizador; es la única que hace más con menos.

El problema de Holanda, como el de nuestro país, es si después de hacer creer a la gente durante tanto tiempo que el Estado podía suplir a la familia y a la comunidad, ahora el cambio va a ser fácil. Quizás por esto, los holandeses anticipan su reforma, a pesar de que tienen algo que a España le falta, tiempo. Aquí, en una peor situación en todos los parámetros básicos: nacimientos, envejecimiento, ocupación y productividad, solo se plantea el cuento de la lechera o la carta a los Reyes negando la evidencia y prometiendo más y más gasto público.

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AERTE emprenderá acciones judiciales si el Consell no abona de forma equilibrada la deuda pendiente

AerteSolicita que se incluya dentro del próximo pago a proveedores, a través del FLA, a centros que ofrecen el sistema BONO, y a aquellos que atienden a las personas que sufren de algún tipo de trastorno mental, entidades que están pendientes de cobrar las cantidades correspondientes a todo el año 2014. Así como a aquellos centros que estén pendientes de recibir el 40 % de su subvención anual cuando otros ya cobraron la totalidad del año 2014.

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha enviado esta mañana dos cartas a las consellerias de Hacienda y Bienestar Social para solicitar al Consell que incluya en el próximo pago a proveedores, a través del FLA, a toda la tipología de centros de atención a la dependencia, para evitar un trato desigual en el sector.

 En concreto, solicita que en el pago se incluya especialmente a aquellos centros que ofrecen el sistema BONO y aquellos que atienden a personas que sufren algún tipo de trastorno mental, muchos de ellos tutelados por la propia Generalitat, entidades que están pendientes de cobrar las cantidades correspondientes a todo el año 2014. Así como también a aquellos centros pendientes de recibir el 40 % de la subvención anual.

 Aerte ha puesto en conocimiento del conseller Moragues y de la consellera Sánchez-Zaplana la desesperación y angustia que están sufriendo algunas de las entidades ante la posible exclusión de su deuda en los pagos incluidos en el próximo FLA. Y apunta que no puede consentir que se vuelvan a cometer errores en la gestión de los pagos aunque ello suponga tener que llevar a cabo cualquier tipo de acción, judicial o no, que logre terminar con estas injusticias y desigualdades en el trato a los operadores del sector en la Comunidad Valenciana.

 Con más de 80 millones de deuda acumulada y una media de 8 meses de impagos, seis más que el resto de comunidades, la valenciana es la última comunidad en resolución de pagos a los centros y profesionales de atención a la dependencia. Unos pagos que cuando se producen lo siguen haciendo de forma desigual, sin equidad en los centros, provocando que los recursos económicos existentes sólo se centren en una parte del sector, mientras que la gran mayoría del mismo sufre esta desigualdad sin que exista ningún tipo de explicación al respecto.

 Reunión con Alberto Fabra

 Por otro lado, AERTE solicitó la semana pasada por carta una reunión con Alberto Fabra, para que interceda en la resolución del grave problema que la política sociosanitaria y los continuos impagos del Gobierno valenciano están generando en el sector de atención a dependientes, trabajadores, profesionales y a los propios usuarios. Esta petición se suma a la que ya solicitó AERTE hace un año y sobre la que no obtuvo ninguna respuesta.

 Por otro lado, existe desde hace años un abandono por parte de las Consellerias de Bienestar Social y Hacienda a la hora de establecer un calendario de pagos, imprescindible para que los centros puedan realizar, al menos, una planificación adecuada a medio plazo para evitar una incertidumbre constante sobre su viabilidad.

 La situación provocada por esta política ha llevado, durante los últimos años, al cierre de más de 11 centros, con una pérdida de más de 900 plazas y 500 puestos de trabajo y que inevitablemente va a conllevar un incremento considerable de cierres si esto no cambia.

AERTE vuelve a solicitar una reunión con Alberto Fabra

Aerte– Reclama la atención del President para liderar la puesta en marcha de mecanismos urgentes que permitan acabar con la situación insostenible de la atención a la dependencia en la Comunidad Valenciana, que se agrava ahora con la Ley de Tasas.

– La Comunidad Valenciana, mantiene una media de ocho meses de impagos desiguales a los centros y profesionales de atención a la dependencia, seis meses más que las otras comunidades, alcanzando más de 80 millones de deuda.

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) solicitó ayer por carta una reunión con Alberto Fabra, para que interceda en la resolución del grave problema que la política sociosanitaria y los continuos impagos del Gobierno valenciano, está generando en el sector de atención a dependientes, trabajadores, profesionales y a los propios usuarios. Esta petición se suma a la que ya solicitó AERTE hace un año y sobre la que no obtuvo ninguna respuesta.

Con más de 80 millones de deuda acumulada y una media de 8 meses de impagos, seis más que el resto de comunidades, la valenciana es la última comunidad en resolución de pagos a los centros y profesionales de atención a la dependencia. Unos pagos que cuando se producen lo siguen haciendo de forma desigual, sin equidad en los centros, provocando que los recursos económicos existentes sólo se centren en una parte del sector, mientras que la gran mayoría del mismo sufre esta desigualdad sin que exista ningún tipo de explicación al respecto.

Por otro lado, existe desde hace años un abandono por parte de las Consellerias de Bienestar Social y Hacienda a la hora de establecer un calendario de pagos, imprescindible para que los centros puedan realizar, al menos, una planificación adecuada a medio plazo para evitar una incertidumbre constante sobre su viabilidad.

La situación provocada por esta política ha llevado, durante los últimos años, al cierre de más de 11 centros, con una pérdida de más de 900 plazas y 500 puestos de trabajo que inevitablemente va a conllevar un incremento considerable de cierres si esto no cambia.

Menos liquidez para centros sin fondos con la nueva Ley de Tasas.

Todo ello se agrava con la regulación de la Ley de Tasas, lo que supone el cambio de recaudador pasando de los centros a la propia Administración. A partir de enero, el pago se hará directamente a la Administración que lo gestionará directamente y se convertirá en la recaudadora. Esta modificación se espera con miedo e incertidumbre por parte del sector porque hasta ahora, y a falta de pagos de la Generalitat, los centros podían seguir funcionando con la liquidez que les aportaban estas tasas. A partir de enero, se agravará el atraso de pagos, haciendo peligrar la situación de los centros, ya de por si delicada.

Respuesta al presidente Fabra

En referencia a las declaraciones realizadas ayer por el Presidente Fabra en la entrega de los Premios al Mayor, en los que “reconoció públicamente a las personas y entidades cuyo trabajo ha contribuido a mejorar la vida de las personas mayores”, AERTE quiere expresar que “si verdaderamente reconoce esta labor, la apoye de forma activa, liderando el desarrollo urgente de mecanismos que permitan solucionar los problemas reales existentes que permitan solventar a largo plazo la situación actual, de forma que la Comunidad Valenciana deje de estar en la cola en asistencia sociosanitaria y vuelva a ser una región pionera en este ámbito”.

Así mismo, AERTE ve positiva la apertura de seis nuevos centros, como ayer anunció el Presidente, pero subraya “la necesidad de acometer medidas para que los más de 200 centros y más de 15.000 profesional salgan de una situación de asfixia constante”.

 
 

El Gobierno Valenciano tarda tres meses más en pagar a la dependencia que el resto de la comunidades

plano_de_España_comunidades - copia– La Comunidad Valenciana, la primera en impagos, en tiempo y forma. Mantiene una media de entre cinco y seis meses en abonar las cantidades pendientes, en algunos casos más de un año. La deuda acumulada de la Generalitat valenciana con la dependencia alcanzará más de 80 millones de euros a finales de este mes si no se efectúa ningún pago

 – Es la única comunidad que incumple con la Ley de la Dependencia en los plazos de resolución de expedientes. Algunos sin resolver desde 2011, cuando la ley establece un máximo de seis meses. Más de 10.000 personas dependientes a la espera de recibir, al menos, una contestación

 – Sigue incumpliendo la sentencia de diciembre de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de libertad de elección de las personas

El Gobierno valenciano triplica el plazo medio de pago a los centros de atención a la dependencia respecto al resto de los gobiernos autonómicos, según los datos aportados por distintas asociaciones autonómicas de centros de atención a dependientes consultados por AERTE.

 La mayoría de las comunidades tardan entre 40 y 60 días en abonar las cantidades pendientes, es el caso de Madrid, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Aragón, Cantabria, Asturias, Extremadura o Murcia. En cambio, Andalucía tarda una media de 120 días y Castilla la Mancha 90.

 No obstante, ninguna llega al caso de la Comunidad Valenciana, que tarda como mínimo una media de 165 días, entre cinco y seis meses, en abonar las partidas mensuales a los más de 200 centros y servicios de atención a la dependencia. Una situación insólita en toda España, ya que llega a triplicar el plazo medio de pago respecto a la mayoría de las Comunidades. Así, la deuda acumulada con el sector valenciano a finales de noviembre se situará en más de 80 millones de euros si el Consell sigue sin abonar este mes las cantidades pendientes. Las partidas más afectadas siguen siendo:

– Las plazas concertadas más de 25 millones de deuda acumulada, entre  siete y ocho meses sin cobrar.

– Las plazas de atención a la discapacidad de titularidad pública, 17,4 millones de deuda, entre  cinco y seis meses de impagos.

– Las plazas de personas mayores, superan los 23 millones, entre  cinco y seis meses de impagos.

– La deuda por las prestaciones económicas de atención a personas que sufren algún tipo de trastorno relacionado con la salud mental o a personas tuteladas por la Generalitat supera los 8 millones de deuda, con un impago en la mayoría de más de un año

– El sistema Bono residencia, centro de día o respiro: más de dos millones. La mayoría de las cuales no se han abonado cantidad alguna durante un año.

– Los centros que funcionan bajo el sistema de subvenciones: más de cuatro millones, acumulados durante seis meses.

María José Mira, directora general de AERTE, “los centros de esta comunidad no pueden estar más tiempo anclados en una situación que se remonta a más de 4 años, por la ineficacia del Gobierno autonómico para establecer un plan de pagos y cumplirlo. Por una parte, la incapacidad de ponerse al día en los pagos asfixia al sector desde hace años, y por otro, la falta de respuesta a la petición ya histórica de  un plan de pagos equilibrado que permita  normalizar una situación básica, como es su derecho a cobrar todos los meses y atender los aplazamientos de deuda con los préstamos que las empresas están solicitando a la banca para seguir sobreviviendo, y atender a más de 22.000 personas”.

 Con respecto a la situación de los tutelados, Mira apunta además, “que los tutelados sean prioritarios para una Conselleria de Bienestar Social, que tiene los mismos problemas sin resolver que hace años es un mal que debe mirarse con urgencia. Todo el año sin abonar estos servicios dice mucho de la prioridad de la Administración valenciana en este ámbito”.

10.000 personas dependientes, continúan sin recibir prestación.

 El Gobierno valenciano sigue incumpliendo la Ley de Dependencia en la resolución de expedientes. La ley fija su resolución en un plazo máximo de seis meses, mientras la Comunidad Valenciana mantiene bloqueados, en algunos casos desde 2011, más de 10.000 expedientes de personas que ya han sido reconocidas dependientes graves o severas y que esperan la resolución de un expediente que parece que nunca llega.

 La Comunidad Valenciana es la sexta con más personas pendientes de recibir la prestación, (23,63% dependientes a la espera), según datos del IMSERSO de septiembre de este año, situándose casi cuatro punto por de bajo de la media nacional. Aun así, es la única comunidad que no cumple con el plazo máximo de 6 meses legalmente establecido.

 Así mismo, se sigue sin cumplir la sentencia de diciembre de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en la que recuerda que las personas tienen derecho a elegir, dentro de la prestación residencial, una modalidad distinta de las plazas concertadas (actualmente sólo existentes en los centros de 8 empresas de las más de 200) como son las relativas a Prestación Vinculada al Servicio (PVS), ayuda directa, con el fin de poder escoger el centro o el profesional que ellas o sus familias consideren más adecuado a sus necesidades.

 Mira apunta,  “casi cuatro años después de estar reclamando su resolución, muchos familiares o han desistido o han visto fallecer a la personas dependiente sin ver su expediente resuelto. Muchos también han desistido en poder elegir centro ya que es la única forma que tienen de ver su expediente resuelto en menos de dos meses. Todo ello, a pesar de tener una sentencia judicial sobre sus espaldas en las que el juez obliga a la Conselleria a resolver respetando la libertad de elección del dependiente”.

La deuda acumulada del Gobierno valenciano con el sector de atención a la dependencia alcanza más de 70 millones

Aerte_logoLos servicios a tutelados y enfermos mentales, un año sin cobrar. Las plazas concertadas 7 meses, centros de mayores y discapacidad de titularidad pública 5 meses de impagos.

Muchos centros no podrán pagar a sus trabajadores la nómina de diciembre. Peligra la atención profesional sociosanitaria a personas dependientes.

AERTE ha solicitado, por cuarta vez en dos años y sin recibir respuesta, una reunión de urgencia al Conseller de Hacienda para resolver la situación crítica y delimitar el esperado plan de pagos equilibrado.

El sector de atención a personas dependientes de la Comunidad Valenciana vuelve a estar en una situación crítica debido a la escalada de continuos impagos por parte del Gobierno valenciano, y vuelve a sufrir agravios comparativos en los pagos al no ejecutarse, otra vez, de forma homogénea.

La deuda acumulada de la Generalitat con los centros y la prestación de servicios supera los 70 millones de euros. Afecta a todo el sector, tanto a grandes centros como a pequeños y residencias familiares. Algunos de los más perjudicados son: las plazas concertadas padecen una deuda acumulada de más de 21 millones con una media de entre seis y siete meses sin cobrar; las plazas de atención a la discapacidad de titularidad pública sufren una deuda de 14,9 millones, mientras que las correspondientes a personas mayores superan los 20 millones, ambos servicios entre cuatro y cinco meses de impagos. La atención residencial a más de 10.000 personas está nuevamente en peligro por las tensiones de liquidez generadas.

La deuda por las prestaciones económicas de atención a personas que sufren algún tipo de trastorno mental o a personas tuteladas por la Generalitat supera los siete millones de deuda. El Gobierno valenciano no abona la mayoría de estas prestaciones desde todo el año, al igual que en el caso del sistema Bono residencia, centro de día o respiro, que alcanzan más de dos millones.

Tampoco los centros que funcionan bajo el sistema de subvenciones se salvan de la dramática situación: más de cuatro millones de impagos, acumulados durante seis meses, el 60% de la subvención.

Reunión de urgencia con Hacienda

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas en Situación de Dependencia (Aerte) solicitó ayer una reunión de urgencia a Juan Carlos Moragues, conseller de Hacienda, ante la escala de impagos que de nuevo se está produciendo por parte del Gobierno valenciano. Esta es la cuarta vez que la patronal pide al Conseller que no dé la espalda a un sector que atiende a personas de una vulnerabilidad e indefensión extremas.

María José Mira, directora general de AERTE, “esperamos que en esta ocasión nos pueda recibir, llevamos más de un año intentado reunirnos con el conseller Moragues. Más de 12.000 profesionales, más de 200 centros y servicios, y más de 22.000 personas en situación de dependencia necesitan alguna respuesta por parte del Gobierno valenciano. La Comunidad Valenciana es la única que mantiene estos niveles de deuda”.

Mira apunta además que “llevamos más de cuatro años padeciendo continuos impagos. Una situación que desequilibra a todo el sector, generando total y absoluta incertidumbre sobre el futuro del sistema de atención sociosanitaria. A medida que se extiende en el tiempo, crece la dificultad de los centros y profesionales para poder prestar los servicios. Ya hemos solicitado en varias ocasiones una solución al  conseller de Hacienda, y no hemos obtenido respuesta, ni de los plazos de pago, ni de si se abonará la deuda, ni tampoco del plan de pagos equilibrado que desde AERTE llevamos reclamando desde hace más de un año”.

El Gobierno valenciano debe 60 millones al sector de atención a la dependencia

AerteMantiene una media de seis meses de deuda acumulada. Tras años de impagos, Aerte recuerda a la Administración valenciana que todavía no ha establecido un plan de pagos equilibrado, lo que impide que los centros funcionen con normalidad y sigan en una constante incertidumbre sobre su futuro.

 La falta de criterio en la contabilidad de las facturas y los continuos impagos a los centros está minando al sector desde hace años.

La deuda de la Administración valenciana con el sector de atención a la dependencia vuelve a registrar una deuda acumulada de 60 millones de euros, con una media de seis meses de impagos. Una media que de seguir así, sitúa de nuevo a las empresas y profesionales en una situación de fragilidad absoluta sobre su futuro.

Tras más de tres años de impagos continuados, Aerte alerta de nuevo al Gobierno valenciano de que volver a estas cifras de deuda todos los meses hace peligrar la subsistencia del sector. María José Mira, directora general de AERTE, “un año después de solicitarlo, seguimos a la espera de reunirnos con la Conselleria de Hacienda para determinar un necesario plan de pagos equilibrado que resuelva de una vez esta situación que afecta directamente a la viabilidad del sector”. Cada mes de impagos supone 15 millones de euros lo que conlleva una continua espiral de deuda que alimenta la gravísima situación del sistema de atención a la dependencia en la Comunitat, generando una perenne incertidumbre sobre el futuro de los centros, sólo en AERTE más de 200; los más de 14.000 empleos directos que genera y los servicios que ofrecen a los más de 22.000 personas dependientes que necesitan cuidados sociosanitarios diarios y profesionales.

 Además, la asociación ha recordado que los pagos deben de efectuarse de forma equilibrada y sin diferencias por programas, tal y como ha ocurrido en otras ocasiones.  En este sentido, Mira apunta “la falta de criterio en este sentido tiene como consecuencia que unas partidas se cobren y otras no. Unas facturas estén contabilizadas y otras no; unos tutelados tengan sus expedientes correctamente resueltos y cobrando, y otros no; unos ayuntamientos pueden ir pagando poco a poco los servicios que contratan y otros no. Tenemos una Comunidad que funciona a diferentes velocidades en este sector”.

 A día de hoy, todos los programas de asistencia padecen la deuda de la Administración, por ejemplo: los centros de atención a personas que sufren algún tipo de discapacidad, de titularidad pública pero que gestionan las empresas, 12,4 millones de deuda acumulada, entre tres y cuatro meses sin cobrar; los mismos tipos de centros pero que atienden a personas mayores, 16,9 millones, entre tres y cuatro meses sin cobrar; las plazas concertadas, 20 millones, entre cinco y seis meses sin cobrar; los bonos residencia, centros de día y respiro, donde algunos centros no han cobrado nada en todo el año, alcanzan los 3,5 millones o los centros que atienden a personas con problemas relacionados con la salud mental e incluso a personas tuteladas por la Generalitat, 3,5 millones.

 Por último, Mira ha insistido en la necesidad de que la Conselleria de Bienestar Social contabilice toda la deuda al día, de modo que no vuelva a ocurrir como con el Bono de Alicante, el cual no se ha cobrado todavía porque la dirección territorial parece que no había contabilizado a tiempo las facturas al tener personal de vacaciones.

 

AERTE, la falta de recursos frena la rehabilitación psicosocial de las personas con trastorno

jornada 2octubre-La cuestión farmacológica debe de ir de la mano de la rehabilitación psicosocial para que el tratamiento sea completo y efectivo.

-Prioridades: la coordinación entre las consellerias de Sanidad y Bienestar Social que permita garantizar una continuidad en la atención a los afectados y la colaboración público-privada.

-AERTE estima que en la Comunidad Valenciana alrededor de 50.000 personas (según OMS el 1% de la población) sufren algún tipo de esquizofrenia, mientras que alrededor de 75.000 personas padecen trastorno bipolar (según la OMS, el 1,5% de la población).

AERTE ha alertado hoy que la falta de recursos de calidad necesarios para el tratamiento en rehabilitación psicosocial a personas que padece algún tipo de trastorno mental, está empezando a frenar los avances que poco a poco en esta materia se han logrado durante muchos años.

Así, si esta tendencia continúa, AERTE prevé un aumento de la cronicidad de los pacientes en cuanto a la necesaria recuperación de su vida cotidiana. David Taroncher, coordinador de la Comisión de Salud Mental y Discapacidad de la asociación “si no se revierte los recursos habrá un empeoramiento tanto de sus habilidades cotidianas autónomas (la convivencia, las relaciones familiares, la cuestión laboral, etc.)  como, en los casos más graves, conseguir al menos la deseada calidad de vida”. Taroncher ha recodado además que “la cuestión farmacológica debe de ir de la mano de la rehabilitación psicosocial para que el tratamiento sea completo y efectivo”.

AERTE ha reconocido que la Conselleria de Bienestar Social está trabajando con interés en este ámbito. No obstante, ha resaltado la necesidad de hacer un esfuerzo para desarrollar un mayor abanico de recursos de calidad que cubran las necesidades en el tratamiento psicosocial. Se ha puesto como ejemplo: habilitar más espacios de ayuda profesional (residencias, centros especializados para atender aquellos casos más graves…); generar políticas para mejorar el apoyo a diversos servicios sean CRIS, centros de día o residencias, o la necesaria coordinación entre todos los agentes que intervienen en su rehabilitación, sean jurídicos, administrativos, sociales o sanitarios.

En este sentido, José María Moreno, presidente de AERTE, ha insistido en “la necesaria   coordinación entre las consellerias de Sanidad y Bienestar Social que permita garantizar una continuidad en la atención a los afectados y en la absoluta necesidad de la colaboración público-privada entre la administración, las entidades que gestionan diversos tipos de recursos en el sector, los profesionales y las familias, una colaboración enfocada no sólo a la rehabilitación, sino a la reinserción del paciente, que acompañe al proyecto de vida de las personas dependientes con trastorno mental”.

AERTE estima que en la Comunidad Valenciana alrededor de 50.000 personas (según OMS el 1% de la población) sufren algún tipo de esquizofrenia, mientras que alrededor de 75.000 personas padecen trastorno bipolar (según la OMS, el 1,5% de la población). Según la OMS en torno al 25% de la población sufrirá algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida.

Más de 500 personas.

AERTE ha reunido a más de 500 personas de distintos puntos del país en esta segunda edición, que se consolida como punto de reflexión anual sobre la asistencia a personas dependientes que padecen algún tipo de trastorno mental con el objetivo final de sentar las bases de su atención en la Comunidad Valenciana.

Como preludio a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre), la jornada ha puesto la atención sobre la tendencia dirigida a centrar el proyecto terapéutico de la  recuperación del proyecto de vida, mediante un acompañamiento especializado en el ámbito psicosocial. Es decir, que la persona deje de estar excesivamente dirigida o institucionalizada, para poder recuperar su vida cotidiana y social conforme a su criterio y decisión.

 

Amplio programa

La jornada ha contado con la presencia institucional de Manuel Escolano, secretario autonómico de Bienestar Social; Pilar Collado, directora general de Personas con Discapacidad y Agustín Domingo, director de la UIMP Valencia. Con la ausencia de la Conselleria de Sanidad.

Dividida en cuatro mesas de debate. En primer lugar, desde el ámbito jurídico, se ha abordado un punto clave en la rehabilitación social: el usuario como agente principal y los límites de las tutelas e incapacidades, así como los nuevos horizontes que se plantean en lo que respecta a las decisiones íntimas de las personas.

A continuación, la mesa “Interacciones farmacológicas en psiquiatría” ha reflexionado sobre los riesgos que supone la aparición de una interacción farmacológica en función del número de fármacos administrados al mismo tiempo a un paciente. Seguidamente, se ha analizado la importancia que supone la reinserción laboral para las personas afectadas por trastornos relacionados con la salud mental.

En la primera sesión de la tarde, distintos profesionales han hecho una valoración de la aplicación de terapias alternativas en salud mental. Terapias como la  musicoterapia, la terapia asistida con animales, o el mindfullness. Por último, se ha tratado el “Acompañamiento social personalizado como respuesta innovadora a necesidades sociosanitarias”.

El próximo 21 de Septiembre celebraremos el día mundial del Alzheimer

El Alzheimer será el protagonista el próximo día 21 de Septiembre, Día Mundial del Alzheimer. Los familiares de enfermos de Alzheimer de Navarra, asociados en AFAN (Asociación Familiares Alzheimer de Navarra), se quejan de la disminución experimentada en las prestaciones debida a la crisis. “La atención debería ser más intensa. Con la crisis, en Navarra se ha notado un bajón. El diagnóstico del Alzheimer es lento y, luego, hay problemas sociosanitarios”. La asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Navarra, Afan, lamenta el descenso de calidad asistencial que se ha notado en la Comunidad Foral, que ha dejado de estar a la cabeza en cuestiones como la aplicación de la Ley de Dependencia. Por ello, reclaman, por ejemplo, un protocolo de actuación en Urgencias, un fomento de la detección precoz, la creación de un referente médico para las familias afectadas y, en general, una recuperación de las ayudas tanto para las familias como para la propia asociación.

La presidenta de la entidad, Aurora Lozano, y la trabajadora social Victoria Erice han expuesto estas medidas pendientes durante una conferencia de prensa con la que han adelantado los actos que tendrán lugar en Pamplona este 21 de septiembre, cuando se celebra el Día Mundial del Alzheimer. En la capital navarra habrá diversas actividades de sensibilización y celebración (música, hinchables, ludoteca…) entre las 11:00 y las 14:00 horas en el parque de Antoniutti.

La asociación ha recordado, a través de un comunicado, “el impacto social y económico que genera la enfermedad”. Así, el coste medio que supone atender a una persona con Alzheimer asciende a unos 31.980 euros anuales. Por ello, entre las diversas medidas reivindicadas con motivo del Día Mundial del Alheimer (como mejoras en protocolos, formación de profesionales, más recursos humanos o apuesta por la investigación), Afan se dirige en general a las administraciones para llamarles a la “responsabilidad”: tienen que “garantizar unas condiciones básicas de calidad de vida de las personas afectadas”, también exigen que los centros de salud ofrezcan la atención pertinente y que se vele por que los centros residenciales y sociosanitarios mantengan “unos estándares mínimos de calidad”.

Alzheimer

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Migración forzada por dependencia: Juan tiene que abandonar Cartagena buscando una comunidad que atienda su discapacidad

Juan de Dios López Torres es cartagenero, tiene 28 años y un 88% de discapacidad reconocida. Juan se ha visto obligado a emigrar a Andalucía, ya que la política de aplicación de la ley de dependencia en la Región de Murcia le ha dejado sin opciones, asegura. Desde que murió su madre, los únicos ingresos familiares son la pensión de su padre, de 70 años de edad y con 33% de discapacidad, y la subvención que ahora le ha otorgado el Gobierno andaluz. «A Mariano Rajoy llegué a enviarle una carta. Es muy duro verse en esta situación por culpa de gente que ha robado y despilfarrado tanto», resume.

Juan de Dios

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En Castilla-La Mancha más de 45000 pensionistas han dejado sus tratamientos desde que entró en vigor el copago

Desde la llegada de Cospedal a la Junta de Castilla-La Mancha ha habido un ahorro de 900 millones en el gasto sanitario. Esto se ha conseguido despidiendo a casi 4000 profesionales sanitarios y cerrando más de 500 camas permanentemente. Por otra parte, el copago farmacéutico ha hecho que más de 45000 pensionistas hayan abandonado sus tratamientos.

 

CLM

 

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